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Emilia G. Morales

Ahmed huyó de El Fasher (Sudán) a finales de octubre de 2025. La metralla de una bomba mató a su mujer, el caos lo separó de sus hijos y una emboscada a la salida de la ciudad acabó con la vida de dos hombres que se le habían unido en la huida. Según explica a Amnistía Internacional, por razones que Ahmed desconoce, las Fuerzas de Apoyo Rápidas (RSF por sus siglas en inglés) solo le dejaron con vida a él y a dos niñas pequeñas. Tuvo que ocurrir una matanza de este calibre en El Fasher para que el Norte Global comenzara a mirar hacia Sudán.

Pese a que este episodio se integra dentro de la guerra civil sudanesa, la violencia de los milicianos arabizados de las RSF contra la población no árabe o africana de El Fasher no es genérica. El ensañamiento de la milicia contra los civiles que se refugiaban en la ciudad encaja con la definición de genocidio. Acuñado por primera vez en 1944 por el judío-polaco Raphael Lemkin como aquellos actos dirigidos a acabar con los fundamentos mismos de la vida de un grupo étnico, nacional o religioso, incluyendo la destrucción de su lengua, el secuestro de mujeres y niños o la apropiación de sus tierras.

Júlia Nueno Guitart, coordinadora del ensayo Genocidios. Una arquitectura forense (Galaxia Gutenberg, 2025) recuerda que, cuando la recién creada ONU estableció su propia definición de genocidio en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948, lo hizo sobre la base de la aniquilación física de millones de judíos europeos durante el Holocausto o Shoah, olvidando la dimensión procesual de este fenómeno.

Antes de que se produzca la aniquilación de un grupo humano, los genocidios suelen pasar por fases anteriores de persecución, humillación y destrucción de sus formas de vida. El observatorio Genocide Watch ha detectado diez etapas del genocidio que, pese a no ser lineales, suelen darse de forma sucesiva. La primera fase es la clasificación de un grupo humano como "lo otro", su simbolización (fase dos), la discriminación de dicho grupo (fase tres) y su deshumanización (fase cuatro).

El quinto estadio supone la organización de el grupo dominante frente al discriminado, la aprobación de normas que contribuyan a la polarización de la sociedad (fase seis). La preparación, la persecución y el exterminio del grupo discriminado corresponden a las fases siete, ocho y nueve. La décima y última fase es la negación de los hechos, así como de cualquiera de las fases anteriores.

Genocide Watch lanza alertas de emergencia cuando un grupo ha llegado a la fase nueve de exterminio. En 2025, lo hicieron en relación a la violencia ejercida contra cinco comunidades diferentes. Entre ellos están los grupos étnicos no arabizados de Sudán, como los zaghawa o los fur. También los hutus en República Democrática del Congo (RDC), los uigur en China, los rojinyas en Myanmar y los palestinos en la Franja de Gaza y Cisjordania.

Sudán: un genocidio dentro de una guerra civil

Cuando los británicos y los egipcios se marcharon de Sudán en 1956, lo hicieron dejando en el país su impronta colonial. Para ganar influencia en la región, los europeos se habían apoyado en los grupos étnicos que consideraban dominantes. En el caso de Sudán, estos eran los grupos arabizados -los baggara, los zaghawa o los danaglas-, mientras que a los no arabizados o africanos -grupos como los fur, los nubios o los masalit- se les presuponía de una clase social inferior. A día de hoy, los grupos árabes suponen, aproximadamente, un 70% de la población sudanesa, mientras que los no arabizados o africanos son el otro 30%. Estos porcentajes varían en función de la región. Así, en el suroeste del país, como en la región de Darfur del Norte, esta proporción se invierte.

La retirada de los europeos no acabó con el predominio de los grupos arabizados frente a los no árabes. Aquella herencia, sumada a las injerencias extranjeras de quienes desean hacerse con los recursos naturales del país -principalmente oro y petróleo-, ha alimentado varias guerras civiles y dos genocidios recientes. Los grupos más oprimidos se han organizado en diferentes momentos de la historia reciente de Sudán reclamando ciertos derechos y un ligar relevante dentro del poder político. Así fue como los grupos africanos de Darfur del Norte crearon el Movimiento de Liberación de Sudán (SLA/SLM), una milicia que atacaba objetivos gubernamentales del gobierno dictatorial de Omar Al Bashir.

En represión por el ataque de las SLA/SLM al aeropuerto de Al Fasher en 2003, los yanyauid, árabes aliados del dictador que controlaban militarmente el sureste de lo que ahora es Sudán, entraron la ciudad y asesinaron a miles de personas de grupos no árbes del pueblo zaghawa y fur, mayoritaria en dicha urbe. Aquella matanza recibió la condena de las Naciones Unidas y fue rápidamente descrita como genocidio contra los no árabes. Sin embargo, sus asesinos nunca fueron procesados. Algunos de ellos ahora forman parte de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR).

En 2019, el ejército sudanés y otras milicias armadas del país, entre las que se encontraban las FAR, se unieron para derrocar al dictador Omar Al-Bashir con el compromiso de llevar al país hacia la democracia. En 2023, la frustrada transición llevó a un nuevo enfrentamiento bélico en el que las FAS y las FAR se enfrentaron por el control del poder en una guerra que dura más de 1.000 días y que ha dejado a 160.000 fallecidos y 13 millones de desplazados. En junio de 2025, las FAR, que controlan Darfur del Norte, lograron entrar en su capital, Al Fasher, tras dos años de asedio.

Tal y como ocurriera en 2003 con los yanyauid, los milicianos de las FAR, pertenecientes a diversos grupos étnicos arabizados, entraron en la ciudad asesinando brutalmente a cientos de sus habitantes, incluidos niños, ancianos y enfermos. Según EFE, el ejército nacional de Sudán estimó que fueron 2.000 las personas asesinadas, si bien la cifra no ha sido contrastada. Además, varios reportes de organizaciones como la Oficina de Derechos Humanos de la ONU dieron cuenta de agresiones sexuales masivas por parte de miembros de las FAR a las mujeres y niñas de Al Fasher.

República Democrática del Congo y la herencia del genocidio ruandés

En 1994 tuvo lugar el genocidio de Ruanda, en el que cientos de miles de tutsis fueron masacrados a manos de sus vecinos hutus. Tras la matanza, el revuelo internacional obligó al Gobierno ruandés -otrora cómplice del genocidio- a investigar los hechos, lo que llevó al derrocamiento y posterior migración de muchos de los hutus que habían participado en la matanza. Algunos de ellos se asentaron en Kivu, una región al este de la República Democrática del Congo (RDC) -que por aquel entonces se llamaba Zaire-, donde también vivían tutsis. En Kivu, los hutus continuaron hostigando a los tutsis congoleños y lanzaron varios ataques contra Ruanda, lo que cronificó el enfrentamiento étnico de Ruanda a RDC.

Frente a la violencia organizada de los hutus, los tutsis crearon el Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo (CNDP), que el 23 de marzo de 2009 alcanzaron un acuerdo con el ejército de RDC para integrarse en sus filas. Tres años después, aquella fecha sirvió para bautizar a una nueva milicia tutsi, escisión del CNDP, que consideraba que el gobierno congoleño no había cumplido con el acuerdo: el M23.

Esta es la parte de la historia que explica la creación del grupo que ahora desafía al ejército congoleño. La otra parte es la que añade a esta tensión étnica la lucha por el control de los recursos naturales del país, principalmente el coltán, abundante en Kiuv. Los informes de la ONU aseguran que Ruanda es el principal financiador del M23 y su Consejo de Seguridad ha exigido al país que cese en su apoyo. Como medida de presión, EEUU y la UE han impuesto sanciones a Ruanda.

En junio de 2025, la RDC y Ruanda firmaron un alto el fuego que todavía no ha sido secundado por el M23. Mientras los estados tratan de no hacer descarrilar el acuerdo, las milicias hutus continúan ejecutando a tutsis y todo aquel que desafíe el control de la milicia sobre áreas mineras de la RDC. En abril de 2025, UNICEF aseguró que había documentado hasta 10.000 casos de violencia sexual, de los que el 45% eran niños y niñas. El portavoz de la organización en Goma, James Elder, explicó que en los puntos más álgidos del conflicto la proporción era de un menos violado cada 30 minutos.

Palestina: un genocidio que comenzó hace 70 años

Uno de los mayores consensos populares de los dos últimos años ha sido que Israel está cometiendo un genocidio contra la población palestina. Los ataques que Hamás y otros grupos armados palestinos llevar a cabo contra civiles y militares israelíes el 7 de octubre de 2023 y que dejaron alrededor de 1.200 asesinados y 250 secuestrados, fueron el causus belli perfecto para que Tel Aviv avanzara en su limpieza étnica. En estos dos años de genocidio Israel ha logrado ampliar el su dominio colonial sobre los territorios palestinos.

Varios organismos internacionales, como la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia han visto en esta guerra evidencias de genocidio contra la población palestina. Actualmente, tanto el Estado de Israel como su primer ministro, Benjamín Netnayahu, y el extitular de Defensa, Yoav Gallant, están siendo investigados por posibles delitos de genocidio.

El de palestina es un buen ejemplo sobre cómo este fenómeno es un proceso que puede llevar décadas hasta alcanzar la fase de aniquilación. El genocidio iniciado en 2023 es resultado de una acumulación de creencias y normas que han estallado violentamente de formas cada vez más macabras y complejas. Muchos los que fechan el inicio del genocidio en paralelo a la creación del Estado de Israel en 1948. Para que aquello fuera posible fue necesaria la expulsión de 700.000 palestinos de sus tierras y el asesinato y desaparición de aldeas enteras.

Las autoridades del nuevo Estado aprobaron entonces normas para legalizar la anexión de tierras a Israel que posteriormente se convirtieron en parques naturales, campos de entrenamiento militar, o viviendas para israelíes. La matriz de esta desigualdad estaba en la Ley de Propiedad de los Ausentes, que permitió a los ciudadanos del nuevo Estado quedarse con las tierras de quienes habían sido expulsados.

Según el lugar en el que vivan, los palestinos pueden hacer un uso u otro de la tierra y tienen derechos diferentes para moverse de un lugar a otro. Es en la Franja de Gaza donde la restricción a la movilidad de los palestinos se ha vuelto más extrema a lo largo de los años. Así, una lectura del genocidio como proceso permite encontrar la raíz de la matanza actual de Gaza en el bloqueo por tierra, mar y aire que Israel impuso al enclave en 2007.

La inexistencia del matrimonio civil, que permitirían las uniones entre musulmanes y judíos, es otra de las muchas decisiones políticas que han fomentado la división entre estos grupos humanos. Sin duda, una de las normas que muchos consideran como un punto de inflexión en el camino hacia el genocidio fue la creación en 2018 de la Ley Básica del Estado-Nación, en la que se establecía que Israel era la patria histórica del pueblo judío. Esto abría la puerta a que quienes hubieran sido criados en otras confesiones, fueran considerados extranjeros en su propia tierra.

Los rojinyas de Myanmar: el hambre como arma

En 2017, las autoridades budistas de Myanmar llevaron a cabo un genocidio contra minoría rohinyá -musulmanes-. Alrededor de 7.000 personas fueron asesinadas en menos de un mes, según Médicos Sin Fronteras, mientras que otros 700.000 rohinyás huyeron hacia Bangladesh. Allí también han sufrido persecuciones y deportaciones que actualmente están siendo investigadas por la Corte Penal Internacional. Unos 600.000 rohinyas permanecen actualmente en el país, principalmente en la región de Rakhine, donde continúan expuestas a la persecución, discriminación y violencia de las autoridades de birmanas.

En 2025, Genocide Watch alertó de que la esta violencia se estaba reactivando en Rakhine. Allí, las autoridades budistas están matando de hambre a la población musulmana debido al bloqueo de la ayuda humanitaria, y a la privación de medicinas para enfermedades curables. Esto tiene efectos especialmente devastadores entre niños y niñas, que según las informaciones del Burmese Rohingya Organisation UK (BROUK). Esta forma de exterminio ha devuelto a los rohinyás, de nuevo, a la fase nueve de genocidio según Genocide Watch: el exterminio del grupo humano minoritario.

Los uigures y los campos de reeducación chinos

Aproximadamente 12 millones de los 1.400 millones de ciudadanos chinos son uigures. Esto supone menos del 1% de la población del país. Esta etnia se diferencia de la han, a la que pertenece en tono al 91% del país, en la religión y en la lengua, entre otras muchas cuestiones. Mientras la mayoría de los chinos no profesan ninguna religión o practican religiones tradicionales asiáticas como el taoismo o el budismo, los uigures son musulmanes suníes. Además, no hablan mandarín o cantonés con el grueso del país, sino una lengua similar al árabe.

Pese a la fragmentación de las minorías étnicas chinas -muchas de ellas suponen menos de un 1% de la población-, el Gobierno de Xi Jinping no ha cejado en su empeño de despojar a estas etnias de sus rasgos culturales para adaptarlos a los que se consideran específicos de la identidad nacional china. Esto es lo que se conoce como asimilación forzada. En la última década, los uigures han sufrido un incremento de los intentos por hacer desaparecer sus rasgos culturales. Según las informaciones recopiladas en la alerta de Genocide Watch, desde 2017 han sido recluidos en campos de "reeducación" entre 800.000 y 2 millones de uigures. En ellos, la tortura y violencia sexual es habitual. Otros son enviados a realizar trabajos forzados.

Además, el Gobierno chino ha acudido a las esterilizaciones forzadas de mujeres uigures con la intención de reducir su población. Según un estudio del investigador Adrian Zenz, citado en el informe de Genocide Watch, estas políticas han logrado disminuir el crecimiento de los uigures en un 84% entre 2015 y 2018. Los niños que logran nacer, son separados de sus familias y enviados a internados donde únicamente se habla mandarín, privándoles de su lengua materna y haciéndola desaparecer poco a poco. Todos estos actos constituyen un delito de genocidio, según el artículo 2 de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de la ONU.

Fuente: https://www.publico.es/internaciona...

Aunque para la mayoría de los comentaristas oficiales el tema del rearme y de la propagación de la guerra a la escala en que lo hace actualmente parece que no va con nosotros y que es cosa del malismo americano o, a lo sumo, del choque entre americanos y sus enemigos, lo cierto es que nuestro papel guerrerista es enorme y al mismo no es ajeno ni nuestro enorme gasto militar, ni el rearme emprendido en España (fundamentalmente para armamento destinado a provocar la guerra de la mano de nuestros socios de la OTAN y bajo los dominios de EEUU como cabeza de león), ni la topología de armamento que el gobierno promilitar y atlantista de PSOE-SUMAR han protagonizado en los años anteriores, ni el despliegue de los 19 lugares donde España tiene tropas haciendo injerencia militar, ni tampoco los múltiples lugares a los que estamos enviando armas como octava potencia mundial en el comercio de las mismas.
Por activa y por pasiva España promueve la guerra y participa de la consolidación del dominio imperial de EEUU, a cuyos intereses, mal disimuladamente, se pliegan nuestros serviles políticos de todo signo.

Hoy nos centraremos en los programas de armas y su papel en el militarismo y la expansión de la guerra.

Los programas de armas en ejecución.

El gobierno ha publicado recientemente un listado de los principales programas de armas actualmente en ejecución, nada menos que 79 programas de armas por un importe total de más de 94.000 millones de euros (94.157,27 millones de euros), un 6.3 del PIB español.

Debo advertir que el cuadro, el más actualizado de carácter oficial del que disponemos, no refleja, no obstante, la totalidad de los programas de inversión en armas, aunque sí la mayoría.

¿Qué no refleja?

• - No refleja (de hecho creo que no existe o si existe no es público) el inventario histórico de armamento ya totalmente pagado (una millonada que nos permitiría ver con mayor precisión la brutalidad del gasto en armas que no necesitamos y en desarrollar las políticas de sumisión a la OTAN desde los tiempos de Felipe González a la fecha).
• - Tampoco el gasto de mantenimiento y reparaciones de este armamento ni los programas que aunque están previstos (por ejemplo en el Plan Industrial y Tecnológico de Seguridad y defensa), no tienen expediente específico. Un ejemplo de gasto no contemplado es el nuevo satélite espía que costará al menos 1.000 millones y que sustituirá al que han mandado hace días al espacio y se ha escacharrado en la operación de ponerlo en órbita (la chapuza es un clásico de nuestra industria militar, dicho sea de paso).

Se trata de programas a pagar en diferido, no en este año, pero se trata de una abultada deuda militar que España asume y cuyo pago «aplazado» supondrá además pago de intereses y otros costes.

Pero vayamos por partes.

Tres tipologías de contratos y un sobrecoste aplastante.

Contamos con tres grandes bloques de programas contemplados en el listado proporcionado por el gobierno:

1. Programas contemplados en el Plan estratégico Industrial Tecnológico de Seguridad y defensa, en total 35 programas con un coste final de 33.936 millones de euros en cifras redondas (y un 161.38 % de sobrecostes desde sus teóricos costes iniciales hasta las ampliaciones que se han acordado por el consejo de ministros en sus diversos acuerdos de «sumaysigue militar»).
2. Programas Especiales de Modernización, en total 21 programas más, con un coste final de 55.192 millones de euros (y su respectivo sobrecoste del 356,04%).
3. Programas de Obtención de capacidades, con 22 programas más y otros 5.029,6 millones de euros de coste (aquí el sobrecoste es menor solo del 14,11% con la salvedad de que hay uno, cofinanciado con Francia, el SEOT NG SEOT VIS e IR que vale para observación desde el espacio, del que de momento no se tienen cuentas pero que no creemos que cueste menos de 66 millones de euros antes de que les de por autorizar sobrecostes).

Aportamos un cuadro elaborado por mi a partir de los datos proporcionados por Defensa para mayor claridad:

Para mayor claridad, acompaño una representación de estos datos mediante un cuadro de barras:

Llama la atención, en primer lugar, el desmesurado sobrecoste de estos programas del 267,5% en total.

O una de dos: los que calculan el gasto son unos mantas o Defensa, como nos tiene acostumbrados en otras de sus actuaciones económicas, hace una ración de cuentos y otra de cuentas ocultando el gasto final para que parezca más pasable a los ojos de la concurrencia.

También llama la atención un segundo detallito sin importancia: 25.086 millones de euros del total de estos programas están «prefinanciados» a interés cero por el Ministerio de Industria, con lo que no aparecen en las cuentas oficiales como gasto militar, sino como gasto de industria, el viejo truco del abejaruco al que Defensa nos tiene acostumbrados en sus manejos de maquillaje del gasto militar.

Programas conforme al Plan Industrial tecnológico de Seguridad y defensa.

El listado de estos programas incluye 34 programas, que se han acordado por medio de diversos Reales Decretos durante 2025, aunque algunos proceden de acuerdos del Consejo de ministros de 2023.

La suma de los importes iniciales de estos acuerdos era de 12.983,2 millones de euros en números redondos, pero, ¡oh alegría! ya suponen un gasto de 33.936 millones de euros, nada menos que 20.952,8 millones de euros «de más» que ha aumentado el bobalicón consejo de ministros como quien no quiere la cosa, con un sobregasto del 161% sobre el precio inicialmente previsto.

¿Se os queda, como a mi, cara de tontos? Pues todavía hay más.

Aquí ofrezco un cuadro de estos a programas para regocijo del personal:

La revisión de estos programas de armas nos puede permitir sacar varias conclusiones:

• 1) Una primera, referida a la alta militancia militarista del gobierno PSOESUMAR que en este año se ha acabado de atizar más menos que casi 34000 millones de euros de programas de armas sofisticadas, lo que equivale a más del 2% del PIB
• 2) Dos, que además esto supone una hipoteca para las generaciones futuras, pues se pagarán en próximas legislaturas y, aún en el hipotético caso de que a este gobierno militarista le suceda otro de menor ardor guerrero, heredará esta enorme hipoteca con el alto coste que implicará denunciar estos contratos.
• 3) Tres, que (aunque el cuadro no lo recoge) además el gobierno ha autorizado créditos a interés cero que Industria dará a los mercaderes de la muerte por importe de casi 13.000 millones de euros que se disfrazan en el presupuesto de industria para que no computen con claridad como gasto militar.
• 4) Cuatro, que se trata de armas que no necesitamos para la defensa de nuestra sociedad ni aún en la hipótesis (para la que hay que hacer un verdadero esfuerzo de realismo mágico y mendicidad) de que para ello necesitáramos armamento militar.
• 5) Cinco, que estas armas son, por el contrario, exigencias de capacidades de la OTAN y para la política de donación violencia colonial e imperialista en la que actúa como brazo militar subordinado de EE.UU.
• 6) Seis, que consolidan una apuesta de nuestra élite insolidaria por una política de injerencia militar que no ha sido objeto de debate social y que no ha sido consultada (ni es querida por ella) con la sociedad.
• 7) Y siete, que además, alguien está haciendo el caldo gordo con los sobrecostes multimillonarios, de un 161% de estos programas.

Programas especiales de modernización

El segundo gran capítulo de programas innecesarios se compone por los 21 programas especiales de modernización en vigor.

De nuevo aporto el cuadro de los mismos

¿Qué nos dicen estos programas?

Como vemos, suponen de nuevo armamento de invasión, pensado para proyectar poder militar en el exterior y para las políticas de injerencia militar que España actualmente realiza con 19 operaciones militares en activo y cerca de 25.000 millones de euros gastados hasta la fecha en ellas (se prevé que en 2026 gaste no menos de 1800 millones de euros en operaciones militares sin contar con la más que previsible intervención en Groenlandia y la promesa de otros 1.000 millones de euros en compra de armas para Ucrania.

De nuevo estamos ante un sobregasto sobre lo presupuestado de más de 31.000 millones de euros y un porcentaje del PIB de más del 3.45%.

Recordemos que, en este caso, industria, como en el anterior, ha dado a la industria militar créditos a interés cero (es decir, cuyo coste final del dinero va a cargo de los presupuestos) de otros 12.102 millones de euros.

Otra actuación de Defensa en favor del militarismo y que repercute negativamente en las clases más populares, como hemos demostrado en anteriores entradas de este blog, sin incrementar (al contrario, perjudicando) la seguridad humana y ecológica tanto en España como en el resto del globo.

Programas de obtención de capacidades

El tercer capítulo armamentista se compone por los llamados programas de obtención de capacidades.

Se trata de los restantes 22 programas de adquisición de armamento inmoral con las que el militarismo patrio, de la mano del gobierno servil que tan bien representa sus intereses, completan el saqueo a las cuentas públicas en beneficio de los señores de la muerte y los halcones de occidente.

De nuevo aportamos el cuadro de los mismos.

Una somera mirada sobre estas capacidades militares nos da una idea del tipo de ejército que quieren configurar: Estas capacidades configuran unas fuerzas armadas altamente tecnificadas, muy integradas en OTAN, con fuerte énfasis en mando control, defensa aérea, proyección expedicionaria y vigilancia espacial y de información, que no necesitan muchos soldados, pero sí una alta sofisticación y un empleo de tecnologías de guerra exterior brutales.

¿Han preguntado a alguien si queremos tener este tipo de presencia en el mundo? ¿si la mejor bandera, junto a estrellas de la catadura de Julioiglesias, Placidodomingo, Juancarlosdebobon, Isabelayuso, Arturoperezreverte,Rafanadal, Carlitosalcaraz, el dúo González-Aznar o Deguindos, por ejemplo, con que presentarnos al mundo debe ser un ejército agresor e intervencionista?

Programas por aprobar

Como he dicho más arriba, España tiene en la recámara otros programas de armas aún no aprobados pero que forman parte de las aspiraciones militares y del Plan Estratégico Industrial de la Seguridad y Defensa:

Nuevos vehículos ATP de cadenas y de ruedas, VACIM, VAC, VERT,
Sistemas C‑UAS,
Comunicaciones tácticas, mando y control para el ejército de tierra.
Nuevas fases del programa del ejército del aire FCAS/NGWS (demostradores, drones acompañantes, sensores avanzados).
Sustitución y ampliación de flotas de entrenamiento y transporte táctico (nuevos entrenadores, reemplazo de C‑212, helicópteros multipropósito adicionales).
El futuro avión de combate europeo o el que lo sustituya si el proyecto no fragua.
Más submarinos S-81-Plus.
EL satélite espía que han mandado al espacio y se ha roto en su lanzamiento.
Los famosos aviones F 35 que niegan que quieren pero con la boca pequeña.
Barcos F-110
Componente anfibia del carro de combate europeo
Las ampliaciones de SPAINSAT NG,
Satélite PAZ‑2
Programas de vigilancia espacial (CCSE, SECOMSAT)
Refuerzo de capacidades ciberdefensa / SCOMCE / CYBER‑RANGE, donde ya existe financiación pero quedan fases de desarrollo por contratar

Lo que nos cuesta hacer la guerra

Armarnos para hacer la guerra nos costará unos 94.157 millones de euros, si no más, conforme a las tablas que el gobierno ha ofrecido.

Si sumamos las estimaciones (ciertamente fragmentadas y opacas) de lo que nos han costado los sucesivos programas de armas que desde Felipe González en adelante se han comprometido y la se han cancelado, debemos sumar a estas cifras entre 60.000 y 67.000 millones de euros más que España se ha gastado en adquirir las capacidades militares con las que ha participado en más de 120 conflictos internacionales (19 en la actualidad).

Los aproximadamente 2.000 millones gastados para la ayuda militar a cronificar la guerra en Ucrania deben computarse en la cuenta de exportación de la guerra Made in Spain.

Tampoco son moco de pavo los más de 23.469 millones de euros que España lleva gastados en operaciones en el exterior hasta la fecha, a los que habrá que sumar al menos los 2.000 millones que se prevén de gasto para 2026.

¡Qué horror! La suma de todos estos números es apabullante, cercana a los 180.000 millones de euros invertidos en aportar nuestro granito de arena a la construcción de la paz armada, casi el 12 de nuestro PIB o el 91% del techo de gasto planteado en 2025 para el gasto público estatal de todo un año.

¿Nos podemos permitir destinar el gasto público estatal de uno de cada 36 años a fomentar la guerra en el exterior?

Texto del libro de Pablo San José "El Ladrillo de Cristal. Estudio crítico de la sociedad occidental y de los esfuerzos para transformarla", de Editorial Revolussia.

Índice y ficha del libro

Ver también:

Ciudades, ruralidad y tecnología (I): El triunfo del modelo urbano

Puede decirse que hay un modelo de persona que corresponde a la actual ciudad de Occidente. Destaco algunos rasgos:

La artificialidad. Que viene a ser lo mismo que la ausencia de naturaleza directa que trataba de describir en las líneas precedentes. Casi cualquier función corporal, incluida la alimentación, se atiende con el concurso de máquinas y de productos obtenidos industrialmente. Sea para desplazarse, sea para lavar la ropa, la vajilla o el cuerpo, sea para obtener determinadas condiciones climáticas y «de confort» en la vivienda. Cada vez más, también, para comunicarse y realizar intercambios. Incluso para divertirse. Todo ello en un marco de mercado: es decir, el individuo que consume tales cosas no las produce él mismo, sino que las adquiere a cambio de dinero. Esto es, carece de soberanía —la capacidad de satisfacer de forma directa sus necesidades básicas— alimentaria, habitacional etc. De libertad real por tanto, ya que depende de terceros —que, además, le son ajenos— para obtener tales cosas. Es dependiente del dinero que ha de conseguir de algún modo en cantidad suficiente.

La vida artificiosa, lo decíamos a colación de la metáfora del país de los pozos, profundiza la personalidad materialista. La vida y las relaciones humanas se reifican (se cosifican), la dimensión ético-moral se difumina; las personas viven más pendientes del «tener» que del «ser», llenas de proyectos de consumo, presas de un deseo que nunca se sacia, del miedo a perder su capacidad adquisitiva y al consiguiente fracaso social. Quizá por algún tipo de pensamiento inconsciente que les recuerda la vulnerabilidad que acarrea la citada falta de autonomía. Este mecanismo, por cierto, pudo observarse de forma muy clara en la primera generación del «éxodo rural», la cual tuvo en el concepto «ahorro» y en generar propiedad de bienes raíces una importante razón de ser. De ahí la búsqueda incesante de ventajas económicas dentro del mercado asalariado (y el éxito de las loterías y empresas de apuestas). Aunque sea a costa de sacrificar el propio tiempo al trabajo.

Vivir vidas materialistas, tan dependientes de objetos artificiales (un gran apagón en una ciudad, por ejemplo, provoca el pánico) y hacerlo en sociedad, por mecanismos de retroalimentación, alienta la dinámica del consumismo: el impulso, a menudo compulsivo, de adquirir y consumir más y más objetos materiales y servicios con independencia de su grado de necesidad. Hacer de lo material un fundamento de tal entidad de la vida, opino, tiene no poco que ver con el predominio de la actitud individualista (5) —el hombre hecho a sí mismo, el sálvese quien pueda— y la asunción de la ideología del progreso en todas sus facetas: la vida como carrera, o escalera, hacia el triunfo personal (que es, obviamente, de carácter material e individual), y la necesidad y deseo de evolución social, también en lo material: más urbanizaciones, más autovías, más trenes de alta velocidad, más puestos de trabajo, mayores redes wifi, más subvenciones del estado... Como puede advertirse, este tipo de identidad, o de personalidad, que es inherente a la moderna vida urbana, adopta un carácter de cerrado círculo vicioso del que resulta poco menos que imposible escapar.

La masificación. El humano es un animal social que siempre tendió a vivir agrupado. La manada, el clan, la familia. Y su actualización histórica: el pueblo (en todos sus sentidos). A partir de ahí, cuando nos referimos a concreciones posteriores de la sociabilidad —la ciudad, la cristiandad, la nación, el mundo civilizado...— estamos hablando de constructos políticamente identitarios que tienen su razón de ser en la dinámica concentración-expansión de la que hemos venido hablando en capítulos anteriores. Una vez rotos los lazos que relacionaban la demografía a una economía directamente vinculada al medio, el sistema puede expandirse poblacionalmente, prácticamente sin limitación alguna. La ciudad, como hemos dicho, es su paradigma en esta cuestión. Lugar donde concentrar la población en expansión. Esta dinámica, en los lugares de Occidente en que avanza a mayor ritmo, ha terminado por generar, por primera vez en la historia, una sociedad fundamentalmente urbana.

Mantener la población concentrada en torno al poder facilita la dominación, optimiza su ejercicio. Ahorra sistemas de control social e incluso servicios. Aunque podría pensarse lo contrario, cuanto más apretada vive la gente, menos lazos desarrolla entre sí; en dicho contexto vaciado de recursos para la autonomía, todos dependen del poder político-económico, del dinero y el acceso a servicios que dicho poder les proporciona, para sobrevivir. Así, en lugar de cooperantes, se convierten en competidores por las mejores oportunidades. La sociedad se desvertebra, el apoyo mutuo se vuelve imposible y lo comunitario es sustituido por la dependencia hacia el estado y el empleador.

Por ello, los habitantes del territorio, por efecto centrípeto, son arrastrados hacia los polos habitacionales que son las ciudades. Tal realidad da lugar a espacios de convivencia de gran densidad y, así, la ciudad ha de crecer en altura, llenando su espacio tridimensional de grandes bloques de nichos residenciales que llamamos edificios de viviendas. Éstas, perfecto ejemplo de la artificialización de la vida (véase el proceso de «domotización» y robotización) estarán lo más aisladas que sea factible —según economías— del espacio exterior (aislamientos, muros, cancelas, puertas blindadas...).

La amplia concentración de gente residiendo en la urbe ensancha ampliamente también sus dimensiones horizontales, haciendo del desplazamiento maquinizado una necesidad. Pocos tienen su centro de trabajo, los puntos donde se abastecen de alimento y servicios, la residencia de sus familiares y amigos o sus lugares de ocio dentro de un círculo que —en caso de desearlo— puedan recorrer cotidianamente a pie. Ello sin nombrar las necesidades, generadas por la mentalidad consumista, cuando no por la pura saturación, de viajar o de «salir» los fines de semana. Por tal causa, el coche y resto de transportes maquinizados constituyen un elemento definitorio de la actual ciudad, la cual se configurará en torno a su centralidad: calles, semáforos, rotondas, autovías, circunvalaciones, redes de tranvía o metro, aparcamientos —creciendo así también tridimensionalmente hacia el subsuelo—.

Esta forma ampliamente predominante de desplazarse, y el hecho de su inexorabilidad dentro del tipo de vida urbana, aporta a ésta ciertas características: la polución, de gases ambientales pero sobre todo en forma de ruido, acabará por constituir un elemento plenamente normalizado. Existen estudios contrastados y reconocidos que relacionan las emisiones de los hidrocarburos consumidos por los motores con el cáncer y otras enfermedades. También los hay que hablan de la contaminación acústica como agente de trastornos diversos. Nada de esto parece importar demasiado, o al menos lo suficiente, a quienes han —hemos— nacido en este contexto y lo tenemos perfectamente asumido.

Otra de las consecuencias, tanto de vivir en espacios comprimidos, rodeados de bullicio y de personas extrañas en su mayoría, como de la necesidad permanente de desplazamiento óptimo, es la velocidad; el ritmo, la prisa. En su punto álgido, aunque para nada infrecuente, se denomina estrés. Causa también de enfermedades y disfunciones. El estrés, moderno y universal trastorno, propio de la vida en la ciudad, terminará por afectar toda faceta vital de sus moradores. Éstos, cuya personalidad está en gran parte determinada y modelada por el frenesí que es inherente a toda ciudad, sumando la permanente exigencia de cumplimiento rentable en el trabajo asalariado —bien atinó en esto Byung Chul Han—, necesitan estar haciendo cosas de forma permanente. No soportan ni la pausa ni el silencio. Pendientes de sus comunicaciones virtuales, en cualquier entorno (incluso si hacen una escapada a la naturaleza) siempre tendrán algún aparato multimedia (televisión, radio, música, apps...) conectado. El momento festivo, hay un consenso en ello, exige un volumen musical por encima de toda lógica de disfrute. Todo el que se pueda según los recursos disponibles y la legalidad. Los periodos en que no son prisioneros del trabajo —casi siempre indeseado— los pasarán haciendo una cosa tras otra: compromisos sociales, cumpleaños, locales de ocio, viajes, visitas a espectáculos, compras... Desbordantes de «positividad», se reincorporarán al ciclo laboral más cansados de lo que lo dejaron. Los tiempos muertos entre actividad y actividad que transcurren en casa los pasarán, invariablemente, delante de alguna pantalla.

No me dedico a ningún tipo de estudio clínico, pero no dejo de leer artículos que hablan de problemáticas derivadas de todo esto: depresiones, trastornos alimenticios, neurosis, adicciones, tasas de suicidio, gente a la que se le va la pinza e incurre en crímenes carentes de toda lógica (6)... Es obvio que no todo habitante de una ciudad es así. De hecho, abundan quienes parecen estar perfectamente integrados en su seno y expresan satisfacción y, acaso, felicidad. Tampoco es idéntica la forma de habitar una ciudad pequeña a la de una gran capital, desde luego. Pero creo que, de las tasas significativamente altas que parecen tener las nocividades expuestas y otras que podríamos añadir, cabe colegir que el tipo de vida urbano, en general, no es especialmente sano o que, al menos, no garantiza el logro de la realización existencial humana en forma comparativamente superior a la de otros modelos.

La heteronomía es el tercer rasgo que quiero nombrar. Es el tipo de identidad ideológica contraria a la autonomía; esto es, generada de forma externa y asumida por el individuo con pocos o ningún filtro crítico. No es algo exclusivo de la ciudad. Las sociedades preurbanas también eran ampliamente heterónomas y sus integrantes solían recibir la mayoría de su pensamiento y comprensión de la realidad de su propia tradición colectiva. La diferencia consiste en que, en el contexto urbano, quien proporcione los datos significativos que componen el imaginario social no será la propia tradición, sino el poder. Y lo hará, cómo no, a su interés. Ya hablamos en el capítulo anterior de los mil y un recursos implementados para ello. Hoy, no hay mejor canal para la circulación de los discursos hegemónicos, el pensamiento único, la violencia simbólica, como se le quiera llamar, que el vivir en la colmena: en la ciudad. Por mero mimetismo de aquello que piensan y hacen quienes conviven alrededor, por temor a ser diferente, por simple necesidad de adaptación a pautas de las que resulta sobremanera difícil disentir, el pensamiento heteronómico, como una máquina de troquelar, produce individuos acríticos, deliberadamente ignorantes del modelo en que viven en cualquiera de sus facetas de importancia.

En las cuestiones accesorias, en cambio, está permitido, y aun se alienta, el disenso y la diferencia. Permisividad que juega un importante papel a la hora de ocultar el andamiaje de la real falta de libertad. En su mayoría, de hecho, las dicotomías (la más evidente es la de derecha/izquierda) tendrán más de falso, de impostado, que de real. Para el caso de la juventud, puede contemplarse en la cuestión de las modas y tribus urbanas. Cómo, por ejemplo, manifiestan comportamientos paralelos, obedecen a las mismas necesidades psicológicas y se expresan de forma parecida, los «alternativos» que, en una feria de arte callejero, recorren el centro de la ciudad, malabaristas al frente, a ritmo de batucadas, que los tradicionalistas que, en distinta fecha, con ocasión de otro evento público, La Legión al frente, desfilan por las mismas calles portando un trono de Semana Santa.

Una magnífica forma de neutralizar pensamientos originales y rebeldías es la de integrar a los individuos en identidades diferenciadas de carácter inocuo para el sistema (por contra, las que le son contrarias se reprimen). El individuo perteneciente a este tipo de colectividades, de forma paradójica, experimenta una sensación de libertad y originalidad a pesar de estar adoptando heterónomamente los valores referenciales del grupo. Éstos, por su falta de crítica real y el desvío de energías vitales hacia lo banal que suponen, en el fondo, vienen a ser, también, los del poder. Finalmente, la ciudad contemporánea occidental se convierte en un colorido mosaico de estéticas y sensibilidades más o menos tolerantes entre sí; mestizaje, multiculturalismo, barrios underground junto a barrios de gitanos o magrebíes. Locales de hostelería y diversión para todas las tendencias. Fútbol. Festejos públicos para toda minoría diferenciada: desde el colectivo gay, al católico, pasando por fiestas regionales de la comunidad local andaluza o aragonesa (extiéndase el ejemplo a cada caso concreto). Viva la fiesta. Qué mejor válvula de escape para la tensión acumulada por la aglomeración y el absurdo del trabajo —y el estudio— sin sentido objetivo. Panem et circenses. Ciudadano, no pienses; diviértete y consume. Disfruta de tu libertad.

Consumir, es decir, adquirir bienes producidos por instancias ajenas a cambio del dinero obtenido mediante el trabajo, el subsidio o la ganancia en un sistema de mercado, por efecto de la heteronomía, se convierte en un patrón fundamental del comportamiento. En su faceta material tanto como en la ideológica. Una estructura estructurante. Llega un momento en el que lo autoproducido —la fiesta de cumpleaños en casa con tarta hecha por la abuela, la limpieza de la vivienda, el estofado de lentejas— se considera socialmente inferior a lo adquirido a cambio de dinero: la misma fiesta en un parque infantil de bolas, la asistenta que viene a limpiar, la comida precocinada. No solo es una cuestión de comodidad: yo cultivo verduras en mi pequeño huerto familiar, que suelo ofrecer a personas de mi entorno. No siempre son apreciadas y aceptadas. Tengo la impresión de que hay a quienes, de alguna manera, les descuadra —o les desmotiva— el hecho de obtener alimentos de forma gratuita, fuera del supermercado o el restaurante.

El hecho de consumir, tal como lo acabamos de definir, viene a ser el punto principal de sujección al sistema. Dado que nadie está en posición de obtener bienes por si mismo (en la ciudad menos que en ningún otro lugar), habrá de recurrir irremediablemente al consumo para satisfacer sus necesidades básicas: alimentación, techo, transporte, acceso a agua, energía, comunicaciones multimedia... Por si esto fuera poco —no en balde uno de los nombres que se le da al actual orden de cosas es «sociedad de consumo»—, el sistema ha logrado que la masa precise consumir, con la misma o mayor compulsividad, una larga lista de bienes que nada tienen que ver con satisfacer necesidades reales, y sí deseos inducidos. La publicidad juega un papel fundamental en ello. La retroalimentación hace el resto (7). Decía Jesús Ibáñez: «Los consumidores son enredados por la publicidad en un laberinto sin salida real pero con salida imaginaria. La topología del capitalismo de producción era el panóptico: una columna central y unas alas radiales, para vigilar a los productores (cárcel, escuela, hospital, factoría). La topología del capitalismo de consumo es el laberinto: microsalida a mano sin macrosalida, para que los consumidores circulen sin salir (centro comercial, autopista, red de urbanizaciones para vacaciones semanales en la montaña o anuales en el mar). El laberinto es un rizoma: los caminos interiores son practicables, pero no hay camino al exterior.» (8).

En opinión de Ibáñez, resumo de una cita más larga, la de consumo, a pesar de la gran cantidad de bienes en circulación, viene a constituir una sociedad de la escasez. Ello se comprende al definir «abundancia» no como un tipo de consumo elevado sino como la plena satisfacción de las necesidades. En sociedades primitivas, afirma Ibáñez apoyándose en el antropólogo Marshall Sahlins, las necesidades eran escasas y se resolvían mediante la cooperación del grupo. Ello daba lugar a jornadas de trabajo descansadas —tres o cuatro horas, según Sahlins— que se desempeñaban en un contexto placentero de juego. Había abundancia en ellas, pues. En la sociedad de consumo, en cambio, la necesidad —gracias a la publicidad— está siempre por delante de los bienes en circulación. El producto estrella en esta sociedad no es el propio bien, sino la necesidad o deseo de él. Por mucha capacidad de consumo que logre cualquiera, siempre tendrá por delante nuevos objetos y servicios que desear. Deseo que obliga a más trabajo para obtener el dinero preciso, y así sucesivamente. «En la sociedad de consumo lo que se produce es consumo: cuantos más regalos hagamos, mejor cumpliremos nuestra obligación; lo importante es comprar, da lo mismo para qué y para quién».

Notas

5- «...Los hombres siempre han vivido en sociedad y han sentido la necesidad de cooperar. El individualismo es comparativamente una creencia reciente, una secuela de una forma determinada de organización social.» George Lichtheim, en el capítulo primero de su obra «Breve Historia del Socialismo».

6- Según apunta Theodore Kaczynski en «La Sociedad Industrial y su Futuro»: «En las sociedades primitivas, vinculadas a la naturaleza, todo evolucionaba despacio, lo cual proporcionaba una estructura estable a sus miembros y, a consecuencia de ello, sensación de seguridad. En el mundo moderno, por el contrario, es la sociedad humana la que domina la naturaleza. La preeminencia tecnológica provoca rápidas y permanentes transformaciones, con lo que no se da una estructura de carácter estable». Podemos comprender esta circunstancia como factor concasual de las patologías descritas.
Aprovecho para añadir que, dadas las numerosas deficiencias que encuentro en la traducción al castellano de la obra de Kaczynski que circula por internet, he procedido a realizar —cada vez que cito un texto de la misma— una re-traducción, intentando darle cohesión gramatical y semántica.

7- Pensemos, por ejemplo, en la Navidad. Acontecimiento social de carácter anual en el que el aprovechamiento comercial devoró hace mucho su origen religioso. El imaginario de la gran mayoría al respecto —inducido por los recursos publicitarios— mezcla la añoranza con la depresión, emociones que favorecen el consumo compulsivo. Navidad es sinónimo de comilonas y regalos. Muchos regalos. De gastar dinero. Si hay niños de por medio, la cosa adopta unos tintes fuera de toda medida. Las viviendas de la ciudad se quedan sin espacio donde guardar las ingentes cantidades de juguetes que reciben los infantes (y con los que apenas juegan). Ni que decir tiene qué tipo de patrón consumista y materialista se les está inoculando sistemáticamente con este hecho. Particularmente vomitivas me resultan las campañas que se hacen en estas fechas para «que ningún niño pobre se quede sin su juguete». Sentimientos de fácil autosatisfacción que hacen olvidar momentáneamente a los donantes la falta de sentido de sus vidas, al tiempo que el sistema se asegura de que ningún nuevo miembro de la sociedad, por muy bajo que sea el poder adquisitivo de su familia, se queda —merced al objeto de plástico que se le da— sin recibir su correspondiente píldora de educación para el consumo. Donde esté una mercancía industrial que se quite la creatividad. Ese es el mensaje. La Navidad, no hay ni que recordarlo, pertenece a las grandes empresas de comercio. Al poder, de hecho, y no al pueblo. En cualquier país, serán El Corte Inglés de turno y los anuncios de la televisión quienes dicten su definición estética y su periodo de duración, cada vez más largo y más anticipado. Véase el «Black Friday», el último engendro consumista importado de los EEUU.

8- En otra parte de «Por una Sociología de la Vida Cotidiana» afirma que «el capitalismo de consumo es un sistema especializado en la producción de mierda pura. (…) Eso pasa con la información. Circula tanta información y está tan adulterada que, o bien no podemos asimilarla, o bien si la asimilamos nos intoxica. Las diferencias que fundaban los valores han sido abolidas: la diferencia entre lo bello y lo feo por la moda, la diferencia entre verdadero y falso por la publicidad, la diferencia entre lo bueno y lo malo por la política. La televisión y las revistas del corazón son el pasto habitual de la mayoría de nuestros conciudadanos.» Cabría añadir a la enumeración las redes sociales de internet, muy adictivas y de las que (casi) nadie escapa. No existían cuando Ibáñez escribió estas líneas, pero, a buen seguro, le hubieran dado mucho de qué hablar.

-Bien, sigamos adelante con la conciencia, a la que tanta importancia damos. Ya ve que por mi parte no me asusto. Porque la trasciendo. Ahora, analicemos el concepto y observémoslo con atención. No vale hacer trampas. Así que su conciencia dice: no robarás, honrarás a tu padre y a tu madre. En primer lugar, hay personas que no honran a su padre y a su madre y, en segundo lugar, hay ciertos ejemplares de padres y madres que no merecen que se les honre. Pero eso solo entre nosotros. Como profesor, usted sabe algo de esto. También hay gente que roba.

La conciencia está débilmente desarrollada en algunas personas -observó impaciente Becker.

-Indudable. Pronto sabrá otra cosa. ¿De dónde hemos sacado los oráculos de esa conciencia? ¿De dónde sale eso de no robarás, honrarás a tu padre y a tu madre, etcétera, etcétera? Como es lógico suponer, no nos interesa la leyenda, que tiene una finalidad determinada y la cumple. Pero no es la que perseguimos, que es averiguar la verdad pura. Así que preguntemos, de manera fría y objetiva, como el científico, el jurista: ¿cui bono? ¿A quien beneficia la conciencia?

Becker apoyó un codo en un estante de la biblioteca y recostó la cabeza en la mano. Su mirada era distraída y atormentada. La rata se acercó. Ahora estaba sentada en la tarima. No cedía.

-Tienes que prestar atención. Ya has sido víctima de demasiadas órdenes. Sin duda puedes recordar la orden de movilización, a la que te has dedicado especialmente. La cosa tiene su sistema. Tú quieres tu Yo, tu Yo responsable... pero los otros no lo quieren. Veamos a qué llamas conciencia y qué se ensalza en ti como el Yo de tu Yo. Representémosla como un químico haría con un elemento, eliminando todas las impurezas. Se te ha educado. Se te ha acostumbrado a determinadas cosas y se te ha quitado la costumbre de otras. Ahora consideras que eso es tu naturaleza. Como profesor, tú sabes cómo se hace eso. Tu conciencia no es más que una sensibilidad aprendida, inculcada. ¿Sensible a qué? A que sepas qué hay que preferir y qué hay que evitar. Eso es así en toda la naturaleza, en el reino animal. Se llama adiestramiento. Hay prohibiciones, mandamientos, cinco o diez. Se implantan, para poder estar completamente seguros de ti, en tu interior, en tu Yo de profesor, de gobernante, de predicador, de juez. ¿Me sigue, doctor Becker? ¿Vamos a utilizar nuestro entendimiento? Tengo el presentimiento de que estoy a punto de ofrecerte un broma grandiosa. Ya te oigo reirte y preguntar: ¿Y por eso he estado a punto de volverme loco?

-Siento curiosidad, siento curiosidad -susurró Becker.

La rata:

Te han educado así. El resultado no se ha hecho esperar. El padre ha hablado, la madre ha exhortado, el maestro ha amenazado, el cura ha tronado, y tú te has convertido en un muchacho dócil, y el muchacho dócil en un hombre dócil, y lo que se ha dicho, susurrado y amenazado está guardado en ti, y ahora enlazas las manos y crees que la voz de tu conciencia clama, y tu Yo más íntimo dice lo que antes te han quitado.

-¿Dónde está la gracia? ¿Qué motivo hay para reir?

¡Por qué sigo oyéndote hablar! ¡Aún! ¿Todavía no está lo bastante claro? Querías ser libre, querías emplear tus propios brazos, y ahora, para ser libre, tienes que volverte precisamente a tu conciencia, al cura, a tu señor padre, a tu señora madre. ¿No advierte usted la comicidad, señor mío? Sí, señor mío, así han moldeado su Yo dentro de usted, así le han estafado su Yo. El engaño ha sido tan logrado que aún no se da cuenta, señor mío.

Extractado de la novela de Alfred Döblin "El regreso de las tropas del frente" (Vol II de la segunda parte de la trilogía "Noviembre de 1918"). Publicado originalmente entre 1939 y 1949.
Pocket Edhasa, Barcelona 2017

Cristina Buhigas

En 1951 se inició el proceso de creación de lo que ahora es la Unión Europea con la pretensión de convertir el continente que había sido el escenario de dos guerras terribles en una especie de Arcadia feliz, en paz, con un respeto absoluto a los derechos humanos y la garantía de un nivel de vida alejado de la pobreza para todos sus ciudadanos, que recorrerían su territorio en libertad. Tres cuartos de siglo después el invento avanza hacia su autodestrucción, armándose para una guerra contra un enemigo incierto por imposición de Estados Unidos, olvidando los derechos más elementales de los seres humanos, especialmente de los inmigrantes, abandonando la lucha contra el cambio climático y sometiéndose a los dictados de las grandes corporaciones industriales y financieras. La firma del tratado entre la UE y Mercosur en Paraguay el próximo sábado 17 de enero es un nuevo paso para convertir aquella ilusión en catástrofe.

“No todo son aranceles, amenazas y malas noticias. Algunos tendemos nuevos puentes y alianzas para forjar una prosperidad compartida”, decía el pasado viernes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez en X, al valorar el acuerdo que acababa de suscribir la UE con Mercosur tras 25 años de negociaciones. Siguiendo su relato habitual, aseguraba que con el acuerdo “las empresas españolas podrán entrar en nuevos mercados, exportar más y generar más empleo” y asumía el tradicional mantra de España como puente entre la UE y Latinoamérica, “esa región hermana y estratégica”. Según el Ministerio de Economía, la firma supone “el compromiso de ambos bloques con el orden internacional basado en reglas, el multilateralismo y la cooperación”. El ejecutivo español trata de oponer la bondad europea a la maldad del actual presidente de EEUU que actúa contra el derecho internacional. El problema es que olvida que Europa se ha comprometido a realizar el mayor gasto en armas de su historia comprándolas precisamente a ese país.

Mercosur lo integran Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay desde 1991, es un mercado de 270 millones de habitantes, que con la UE supondrá la mayor zona de libre comercio del mundo, con más de 700 millones de consumidores y cerca del 25% del PIB mundial. El pacto suprime más del 90% de los aranceles en los intercambios de bienes y servicios con la zona, lo que, según la Comisión Europea, ahorrará a las empresas comunitarias más de 4.000 millones de euros anuales. España realiza el 9% de las exportaciones y el 18% de las importaciones de la UE a Mercosur y es el primer inversor en Uruguay, segundo en Brasil y Argentina y el quinto en Paraguay, superando en total los 100.000 millones de euros en 2023, el 13% de las inversiones españolas directas en el exterior, fundamentalmente en energía, infraestructuras, telecomunicaciones, banca y transporte.

Estos datos parecen augurar un futuro idílico, pero no es así porque las cifras macroeconómicas suelen estar alejadas de la realidad que viven los ciudadanos de a pié y en este caso concreto porque quienes se ahorrarán esos miles de millones y rentabilizarán sus inversiones son mayoritariamente grandes empresas, muy en especial los fabricantes alemanes de automóviles, mientras que los pequeños agricultores europeos sufrirán la competencia de los productos de unos países donde no rigen las mismas exigencias de calidad que en los Veintisiete.

La Comisión Europea presume de más de 40 acuerdos comerciales suscritos con países terceros, pero la verdad es que son una pesadilla para los agricultores, víctimas del desplome de los precios y de que los países de Mercosur, Marruecos y otros no cumplen las normas fitosanitarias europeas, especialmente en el uso de fertilizantes y pesticidas, lo que además es un peligro para los consumidores. Bruselas asegura que el acuerdo incorpora compromisos “firmes” en materia de sostenibilidad y establece mecanismos de protección para los sectores más sensibles, en particular el agrícola. Los agricultores no se fían, ni en España ni en Francia; aunque acaben realizando un ejercicio de resignación y dejen de cortar carreteras ante las promesas de políticos como el president de la Generalitat, Salvador Illa, de realizar un seguimiento de las importaciones para “minimizar” los efectos del acuerdo. Por si Illa no lo sabe: Catalunya no está rodeada de un muro fronterizo frente al resto de la UE, así que le será muy difícil cumplir esa promesa.

Actualmente los países comunitarios están acabando de poner en marcha la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) para 2023/2027, que fue contestada por los pequeños agricultores españoles y repartirá en este periodo 47.724 millones de euros en nuestro país, el tercero más beneficiado tras Francia y Alemania. Las ayudas europeas son el 20% de los ingresos del campo español. Pero las pequeñas y medianas explotaciones están disminuyendo progresivamente en toda Europa, son el 76% las de menos de cinco hectáreas, mientras que las de más de cien hectáreas detentan el 21% de la superficie cultivada total y por tanto son quienes más se benefician de las ayudas. Solo empresas cada vez más grandes pueden invertir en grandes explotaciones con tecnología moderna que optimizan la mano de obra. En lenguaje común: el campo bucólico que Francia intentó establecer en Europa al inventarse la PAC está desapareciendo a favor de grandes inversores que sirven a la industria alimentaria. Las macrogranjas son el exponente más siniestro de un proceso contrario al bienestar animal, la defensa del medio ambiente y la alimentación sana de los seres humanos.

“Todo lo que es susceptible de empeorar lo hará”, dice la famosa Ley de Murphy, y en el caso de la PAC está destinada a cumplirse. En 2028 se pondrá en marcha una nueva reforma destinada a “simplificarla”, que el Parlamento Europeo aprobó justo antes de Navidad y que muchos expertos aseguran que supondrá el desmantelamiento de la que fue pionera de las políticas comunes destinadas a acabar convirtiendo las naciones europeas en una unión política, una utopía que la realidad actual desmiente. La clave de la futura PAC es la “flexibilidad”, al dejar en manos de los gobiernos nacionales decisiones fundamentales de protección del medio ambiente, de los suelos, pastizales y hábitats agrarios, abriendo la puerta a prácticas que “degradarán aún más el campo y la naturaleza, poniendo en riesgo los recursos naturales que hacen posible producir alimentos de calidad y garantizar el futuro del campo europeo”, afirma SEO/BirdLife.

“Si los Estados miembros tienen pleno control sobre la distribución del dinero de la PAC, sin objetivos de gasto para las medidas medioambientales, es probable que disminuyan los incentivos para que los agricultores protejan la naturaleza. Y sin normas claras sobre el gasto, los gobiernos podrían sucumbir a la presión política y canalizar los fondos en beneficio de sistemas agrícolas explotadores de las personas y la naturaleza”, asegura la organización ecologista internacional WWF (World Wildlife Fund, Fondo Mundial para la Naturaleza). En román paladino: el triunfo en las elecciones en cualquier país de la ultraderecha —en España un gobierno PP/Vox— significaría el olvido de cualquier norma para hacer frente a la emergencia climática, permitiría la explotación salvaje del suelo y lo vendería a multinacionales explotadoras, que se beneficiarían de las ayudas, y condenaría a la pobreza a la población rural. No es un futuro distópico de una novela de ciencia ficción, puede estar a la vuelta de la esquina.

Volvamos al acuerdo comercial con Mercosur. La presión de la industria alemana, muy especialmente la del automóvil, ha sido definitiva para que la gran defensora de los intereses de los europeos, la presidenta de la Comisión, la alemana —¡qué casualidad!— Ursula von der Leyen se disponga a rubricar el acuerdo. No olvidemos que la economía de Alemania lleva años con un crecimiento muy débil —se estima un incremento del PIB del 0,2% en 2025—, que la producción de automóviles es su primera actividad, pero atraviesa una profunda crisis. En los últimos años sus fábricas han eliminado 50.000 puestos de trabajo (cuentan actualmente con 770.000). El gobierno del canciller Friedrich Merz ya consiguió hace poco que la Comisión permita que se sigan fabricando vehículos de gasolina y diesel después de 2035 y que se reduzca hasta el 90% el objetivo de emisiones de CO2 en lugar de alcanzar las cero emisiones. Se confirma que Alemania es el motor de combustión de la UE.

El tratado no ha sido aprobado por todos los estados miembros, sino que cuenta con la oposición de Francia, Polonia y Hungría. Italia también estaba en contra, de hecho fue la causa de que se pospusiera la firma prevista para el 20 de diciembre; pero Giorgia Meloni cambió de opinión, según ella porque consiguió garantías para los agricultores, como un refuerzo de los controles fitosanitarios y el bloqueo de los precios de los fertilizantes. La primera ministra italiana asegura que se mantendrá “en alerta” para garantizar que los productos que entren desde los cuatro países latinoamericanos no hacen competencia desleal a los italianos. Habría que preguntarse si otros gobiernos, como el español, aceptaron antes un compromiso que desprotegía a sus agricultores.

Gracias a la fascista Meloni el Consejo de la UE aprobó el acuerdo por mayoría cualificada —el procedimiento de voto que se utiliza en los asuntos que afectan a las políticas comunes— porque Emmanuel Macron, presidente de Francia, primer país productor agrícola europeo, no consiguió una minoría de bloqueo para impedirlo. Los agricultores franceses siguen movilizándose y el líder de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, ha presentado una moción de censura contra el Gobierno del primer ministro, Sébastien Lecornu, como protesta ante la “humillación de Francia”. "¿Cómo podemos luchar contra los precios bajísimos de los productos de las inmensas granjas industriales de Brasil o Argentina, que no tienen los mismos niveles salariales ni los mismos estándares de salud, medio ambiente y bienestar animal?”, se pregunta la formación de izquierdas, en sintonía con los movimientos ecologistas.

A pesar de que el sábado se firma, solo entrará en vigor de forma provisional cuando lo ratifique un país de Mercosur. Más adelante debe ratificarlo la Eurocámara y después los parlamentos de todos los estados miembros en un procedimiento largo y complicado. Bruselas ha intentado hacerlo más rápido recurriendo a un truco técnico legislativo, dividiendo el tratado en dos, lo que facilita que la parte comercial entre en vigor provisionalmente, mientras que la más política, que incluye la cooperación y es la que deben aprobar los parlamentos de los Veintisiete la sustituya cuando termine el proceso. Las cámaras de Francia o Hungría seguramente votarán en contra y las de otros países con gobiernos en minoría también podrían oponerse, como sucedió en el suscrito con Canadá, con lo que quedaría en suspenso. Además de toda esta maraña queda la posibilidad de que en algunos países los sectores afectados retrasen de hecho su apertura comercial, con lo que los efectos negativos o beneficiosos no se experimentarían en su totalidad y no se sabe cuando.

Lo que sí sabemos es que la economía y el comercio internacional no son ciencias exactas, están sujetas a imprevistos. ¡Qué nos van a decir a quienes acabamos de empezar 2026!

Fuente: https://www.diario-red.com/articulo...

Redacción El Salto

A la espera del juicio y encarcelados preventivamente por delitos relacionados por su participación en las acciones de Palestine Action, tres de los activistas presos han decidido abandonar la huelga de hambre. Una de ellas. Heba Muraisi, de 31 años, llevaba más de 70 días en huelga. Muraisi ha sido trasladada de prisión a una más cercana a su entorno familiar. Esta ha sido la mayor huelga de hambre coordinada desde 1982, cuando los presos republicanos irlandeses se negaron a comer para hacer valer sus reivindicaciones.

Otros de los cuatro activistas que también estaban en huelga de hambre, habían decidido pausar la protesta por motivos de salud. Ahora, no la reanudarán. Desde hace días se temía por la vida de estas personas, que han llevado su reivindicaciones al límite. Algunos de ellos habían tenido que ser hospitalizados por estar en riesgo de muerte. Solo una persona, Umer Khalid, que lleva en huelga un mes, es la única persona que mantiene la protesta. “Solo pudimos hablar pocos minutos cuando entró alguien a sacarle el teléfono. No tenemos contacto desde entonces, no sabemos nada de él”, afirma a El Salto Francesca Nadin, portavoz de Prisioners 4 Palestine, desde Londres.

Desde esta organización aseguran que los y las huelguistas han permanecido firmes en sus demandas y sabían que el sacrificio era muy grande. “Y no lo hicieron preocupadas por su propia salud, todo lo contrario. Estaban muy, muy claras con todo esto, siempre lo decían y lo repitieron hasta el final: que iban a seguir hasta ganar las demandas”, explica Nadin.

“Una victoria rotunda”

El motivo para abandonar la protesta ha sido el paso dado por el gobierno británico, que da respuesta a una de las demandas del grupo: no adjudicar un nuevo contrato —por valor de 2.000 millones de libras— que estaba previsto a Elbit Systems UK, una filial de Elbit Systems, uno de los mayores fabricantes de armas israelíes.

Prisoners 4 Palestine asegura que se trata de “una victoria rotunda para lxs huelguistas de hambre, que resistieron con sus cuerpos, tras los muros y los barrotes de las prisiones, para sacar a la luz el papel de Elbit Systems, el mayor fabricante de armas israelí, en la colonización y ocupación de Palestina”. Puntualizan que la pérdida de este contrato de 2000 millones de libras esterlinas marca “un punto de inflexión significativo” en esta “sórdida alianza estratégica” y auguran que “los días de Elbit en Gran Bretaña están contados”.

En palabras de Francesca Nadin, “Está claro que esta huelga, además de otras campañas, ha aumentado la presión sobre el Gobierno británico con todo lo que está haciendo con respecto a la represión de activistas y lo que éste sigue haciendo en Palestina. Esto se suma al contexto más grande de la huelga, el poner el foco en eso, y tener a toda la gente de este país hablando de lo mismo”.
Vulneración de derechos básicos

Desde que entraron en prisión, los activistas vienen denunciando una serie de vulneraciones básicas. En primer lugar, no hay que olvidar que el sistema de prisión preventiva británico prevé una pena de seis meses, pero si nada cambia, para cuando se lleve a cabo el juicio de estos activistas, estos habrán pasado más de un año en prisión preventiva. En segundo lugar, Palestine Action ha asegurado que hasta ahora, los detenidos han vivido sometidos a restricciones comunicativas y a interferencias por parte de las administraciones penitenciarias.

También esta situación parece que va a empezar a cambiar. Según Prisioners 4 Palestine, “a pesar de la cruel y constante negligencia médica que sufrieron lxs huelguistas de hambre, como la denegación de ambulancias en casos de emergencia vital y los tratos degradantes en el hospital”, los y las responsables de la atención sanitaria en prisiones se habrían reunido con la organización, “a petición del Ministerio de Justicia”, detallan. Los y las activistas presas también han podido empezar a recibir paquetes y correo que antes se les había retenido.

Palestine Action pedía también la documentación que acredite las relaciones entre los funcionarios del Estado británico con Israel —algo que habría podido suceder—, se exige que se publiquen los registros gubernamentales de todas las exportaciones de Elbit Systems UK de los últimos cinco años y que se rescindan todos los contratos pendientes con la filial. Por último, también se pide la retirada de cargos de los activistas presos y que se elimine a Palestine Action de la lista de “organizaciones terroristas”.

Una clasificación “desproporcionada”

Palestine Action es una organización que fue clasificada como “organización terrorista” por el gobierno británico en julio de 2025, después de que varios de sus activistas allanasen una base aérea en Oxfordshire y vandalizasen una fábrica, cerca de Bristol, de Elbit Systems. Esta clasificación ocasionó gran malestar entre las organizaciones internacionales de derechos humanos por considerarla “desproporcionada”. Incluso el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó a las autoridades del país a revocar la decisión y consideró que gobierno británico estaba confundiendo “la libertad de expresión con actos de terrorismo”. Türk advirtió que la decisión le parecía “desproporcionada”, “innecesaria” e “inadmisible” y que contravenía “las obligaciones internacionales del Reino Unido en materia de derechos humanos”.

Además de encarcelar a estos activistas de manera preventiva por “daños criminales, robo y disturbios violentos”, el gobierno británico ha arrestado a unas 1.600 personas relacionadas con la organización. El Reino Unido prohibió Palestine Action bajo la Ley de Terrorismo del año 2000. Según esto, ser miembro de la organización o expresar apoyo de manera pública puede ocasionar sanciones penales, incluyendo multas y penas de prisión de hasta 14 años.

A pesar de este panorama, Nadin defiende que la situación de los presos ha animado a la gente en muchos lugares a tomar acciones muy parecidos a las de Palestine Action, y que ha habido decenas durante el tiempo que ha durado la huelga. “Sabemos que han empezado grupos como Palestine Action en cerca de 24 países, porque claro, en otros países no es ilegal”, indica. Admite con orgullo que este miércoles la noticia del fin de la huelga salió en todos los medios masivos de Reino Unido, “de manera que reconocieron esta victoria. Entonces, algo ha cambiado desde el principio al final de esta huelga porque al principio, durante semanas, nos ignoraron por completo”, concluye la activista.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/reino...

Por Ricardo Guerrero

La oposición venezolana ha repetido incansablemente que el chavismo ha llevado al país a la ruina absoluta, pintando la Venezuela pre-bolivariana como un paraíso terrenal de prosperidad y estabilidad. Esta narrativa, sin embargo, dista mucho de la realidad. Antes de la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, Venezuela enfrentaba graves problemas estructurales: una desigualdad social profunda, altos niveles de pobreza y una economía dependiente del petróleo que beneficiaba principalmente a una élite corrupta y a empresas extranjeras. Si analizamos con seriedad la situación político-social de aquellas décadas podremos entender que el ascenso de Chávez no fue un accidente, sino la culminación de un proceso de toma de conciencia popular ante una realidad insostenible.

Lejos de ser un edén económico, Venezuela en las décadas de 1980 y 1990 registraba niveles alarmantes de pobreza y desigualdad. Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo, la pobreza aumentó drásticamente al inicio de los años 80, con un incremento del 150% respecto a 1980 en términos de incidencia, exacerbado por recesiones económicas. Para finales de la década de 1990, más de dos tercios de la población vivía por debajo del umbral de pobreza, según informes de la época. Un estudio del Banco Mundial confirma que la incidencia de la pobreza creció significativamente durante los años 80 y 90, pasando de alrededor del 50% en 1992 a cifras aún más altas hacia finales de la década, antes de la llegada de Chávez. En 1999, aproximadamente el 67% de la población se encontraba en situación de pobreza, con un 35% en pobreza extrema, de acuerdo con fuentes del Departamento de Estado de EE.UU.

En cuanto a la desigualdad, el coeficiente de Gini —un indicador estándar que mide la distribución del ingreso, donde 0 representa igualdad perfecta y 1 desigualdad absoluta— se mantenía en niveles elevados. En 1998, justo antes de las elecciones que llevaron a Chávez al poder, el Gini era de 0.495 según la CIA Factbook, y de 0.498 según el Banco Mundial, lo que posicionaba a Venezuela como uno de los países más desiguales de América Latina. Durante los años 80 y 90, este índice fluctuaba entre 0.47 y 0.55, reflejando una concentración extrema de la riqueza. Estas cifras desmienten la idea de una prosperidad generalizada: mientras una minoría se enriquecía con los ingresos petroleros, la mayoría de la población trabajadora luchaba por sobrevivir en un contexto de desempleo alto —que alcanzaba el 14.5% en 1999— y falta de acceso a servicios básicos.

La noción de que Venezuela era un «país próspero» antes de Chávez ignora el colapso económico que sufrió desde finales de los años 70. Aunque en la década de 1970 el país disfrutaba de altos precios del petróleo y era considerado el más rico de América Latina en términos per cápita, esta «prosperidad» era ilusoria y dependiente de un recurso volátil. El PIB real per cápita alcanzó su pico en 1977, pero entre 1978 y 2001 —antes y durante los primeros años de Chávez— el PIB no petrolero cayó casi un 19%, y el petrolero un asombroso 65%. La caída de los precios del petróleo en los años 80 provocó una contracción económica, inflación galopante y una deuda externa acumulada que asfixiaba al país.

Esta supuesta bonanza beneficiaba principalmente a una élite corrupta y a multinacionales extranjeras que controlaban gran parte de la industria petrolera. Los recursos del petróleo no se traducían en bienestar social: la economía estaba orientada a exportaciones, con poca diversificación, lo que dejó al país vulnerable a shocks externos. Venezuela era un país desigual donde la mayoría era pobre a pesar del petróleo, desmontando el relato de una «prosperidad» compartida. En realidad, el sistema político bipartidista de Acción Democrática y COPEI perpetuaba esta inequidad, con corrupción rampante y exclusión de las masas populares.

La insatisfacción acumulada estalló en eventos como El Caracazo, el 27 de febrero de 1989, una oleada de protestas, disturbios y saqueos que comenzó en Guarenas y se extendió a Caracas y otras ciudades. Este levantamiento popular, que dejó cientos de muertos, fue una respuesta directa a las políticas de ajuste estructural impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. Bajo el gobierno de Carlos Andrés Pérez, se implementó un paquete liberal que incluía liberalización de precios, eliminación de subsidios a combustibles y alimentos, y devaluación de la moneda, todo bajo las directrices del FMI.

Estas medidas provocaron un aumento inmediato en los precios de transporte y bienes básicos, afectando duramente a la clase trabajadora y los sectores pobres urbanos. La inflación alcanzó el 81% en 1989, exacerbando la pobreza. El FMI había condicionado préstamos a estas reformas, que Venezuela adoptó en 1989 como parte de un programa de estabilización macroeconómica. El Caracazo representó el rechazo masivo a décadas de políticas que priorizaban el pago de deuda externa sobre el bienestar social, dejando a la población en una situación insostenible. Este evento marcó un punto de quiebre, evidenciando la fragilidad del sistema y allanando el camino para alternativas políticas.

El ascenso de Hugo Chávez en 1999 no fue fortuito, sino la respuesta a un largo proceso de conciencia colectiva contra la exclusión y la corrupción. Intentos previos, como el golpe fallido de 1992 liderado por Chávez, reflejaban el descontento generalizado. En un país donde los ingresos petroleros enriquecían a una élite aliada con intereses extranjeros, mientras la mayoría sufría, el chavismo surgió como una alternativa que prometía redistribuir la riqueza y empoderar al pueblo. Por ello, el proceso bolivariano ha mantenido un apoyo popular significativo y una base social sólida, a pesar de los desafíos posteriores.

Fuente: https://nuevarevolucion.es/la-venez...

Feliz año 2026 a tod@s, y salam aleikum.

Es una buena idea iniciar el año renovando el apoyo a una lucha en la que hemos participado y participamos: acabar con el polígono de tiro de Bardenas.

Manifiesto de Bárdenas Libres Ya

Para ello y para información general, recogemos algunos párrafos del manifiesto del movimiento Bárdenas Libres Ya:

Bardenas Reales es un territorio perteneciente a Navarra y Aragón, considerado Reserva de la Biosfera y Parque Natural. Siempre se ha utilizado como parte del comunal propio de esta tierra, dedicada al pastoreo y la agricultura, conformando con ello un importante legado de nuestra historia y una manera de gestión del espacio desde la base de las poblaciones. Este terreno es regido hoy día por la Junta de Bardenas. Desde 1951, como imposición de la dictadura militar franquista y de los acuerdos con los EE.UU., tiene en el centro un campo de tiro y de entrenamiento militar, transformándose, lo que era una zona agrícola y de pastoreo, en una zona explotada y maltratada, sólo por y para la guerra que, como bien sabemos, actúa en pos de una minoría arrasando la vida de much@s.

En los últimos años hemos visto cómo ha aumentado la actividad militar en el polígono de tiro de Bardenas y el aeródromo de Ablitas, al mismo tiempo que se extendían las guerras imperialistas de la OTAN, y se aceleraba el gasto en armamento y la militarización de nuestra sociedad.

La Junta de Bardenas intenta legitimar la presencia de los ejércitos y el uso militar de las Bardenas a cambio de una contraprestación económica, buscando hacer dependientes de ese dinero a los pueblos de la zona. El dinero se reparte de forma oscura entre los 19 pueblos “congozantes”, dos valles y el monasterio de la Oliva. Con ello se quiere acallar la voz de la población y de todos los municipios bardeneros. Desde la imposición de este polígono de tiro, han protestado por su instalación, movilizándose y manifestándose tanto en la calle como institucionalmente; presentando diferentes iniciativas y posicionándose en contra del polígono y sus maniobras militares. La movilización de la población no ha sido escuchada.

En diciembre del 2008 se firmó el último contrato entre la Junta de Bardenas y el Ministerio de Defensa para continuar con el uso ilegítimo y vergonzoso de parte de las Bardenas como un campo de tiro, por un plazo de 20 años divididos en dos periodos; los 10 primeros se recibió un canon de 7 millones de €. Y a partir de 2018 y pese a las protestas sociales y posiciones políticas en contra de estas instalaciones, no conseguimos evitar la prórroga por otros 10 años más, durante los cuales se está recibiendo 14 millones de € al año, buscando comprar de nuevo la voluntad de la gente. Sin embargo, en 2028 finaliza este contrato y volveremos a encontrarnos con la posibilidad de evitar una nueva firma. Esta fecha tiene que servirnos para recuperar las Bardenas para toda la población del entorno, tanto de Navarra como de Aragón, y poder decidir de forma transparente su utilización.

Reivindicamos

1.- La desmilitarización total y permanente de Las Bardenas. La no colaboración con el uso y la experimentación de armamento y ejercicios militares, que hacen peligrar nuestra seguridad, la del medio ambiente y la de otros pueblos del mundo que hoy están siendo bombardeados.

2.- No consideramos representativa, ni legitimada a la Junta de Bardenas para decidir por nosotr@s. Son los pueblos en su conjunto los que deben decidir cómo gestionar las Bardenas y qué hacer con ellas.

3.- Rechazamos el dinero que se recibe, por estar manchado de sangre, porque perpetúa las guerras y la violencia estructural de este sistema capitalista, sirve a los intereses de la industria militar y genera dependencia local del militarismo.

El bienestar local no puede estar sufragado por la explotación militar de las Bardenas. Para ello proponemos realizar una desconexión programada del canon económico, adecuándose a las realidades y posibilidades de cada municipio.

4.- Exigimos el desmantelamiento inmediato del campo de tiro y el aeródromo de Ablitas, siendo el Ministerio de Defensa quien se encargue de la descontaminación del terreno. Rechazamos su traslado a otro territorio y proponemos un uso alternativo, como por ejemplo un Centro de Interpretación para la Paz.

Noticia recogida en Naiz el 29 de diciembre de 2025

Complementamos el manifiesto de Bardenas Libres Ya con el resumen de una noticia recogida por Naiz:

Mientras se celebraba este lunes (2 de diciembre de 2025) la reunión anual de la Junta General de Bardenas, en Tutera ha tenido lugar este lunes una concentración para exigir que no se renueve el contrato del polígono de tiro, que expira en 2028, y así conseguir que se ponga fin a esa instalación militar.

Durante el acto convocado por Bardenas Libres Ya, se ha recordado que en manos de la Comunidad de Bardenas «está la decisión sobre el contrato de arrendamiento que cede nuestro territorio al Ministerio de Defensa y la OTAN para prácticas de guerra».

Se ha puesto el acento en que «su objetivo consiste en allanar el camino para una nueva renovación en 2028, y que convierte este parque natural en un campo de pruebas para la OTAN».

Los convocantes han pedido que «no nos dejemos engañar otra vez. Recordemos que en 2001, el Ministerio de Defensa de José María Aznar prometió buscar un emplazamiento alternativo y firmar un contrato de desmantelamiento, creando la ilusión de un fin cercano. Pero nadie quería unas instalaciones como estas cerca de sus hogares o en sus entornos naturales, lo que supuso llegar al final de ese contrato sin alternativa real».

Así se llegó a 2008, cuando «la ministra de Defensa del PSOE, Carme Chacón, impuso 20 años más de bombardeos ignorando el voto en contra del Parlamento de Navarra y las protestas populares contra estas instalaciones militares. Aunque la ministra intentó firmar por 30 años, finalmente se firmó un contrato de 20 distribuidos en dos periodos de 10 años cada uno, en los que se doblaba la cantidad de dinero que recibía la Comunidad de Bardenas, y que también pretendía la desmotivación y desmovilización popular».

A prácticamente dos años de que expire ese plazo, «hoy con el rearme de la OTAN, el riesgo es mayor y pretenderán firmar un contrato aún más largo para blindar el polígono durante décadas».

«Chantaje que compra silencios y voluntades»

Han calificado el contrato de «chantaje que compra silencios y voluntades. En los últimos años más de 100 millones de euros se han repartido entre los 22 entes congozantes, como el monasterio de la Oliva, que no parece velar por la paz en el mundo. (En concreto, desde 2008 los congozantes han recibido casi 158 millones de euros). Este dinero es el 84 % del presupuesto de la Comunidad, no es desarrollo en infraestructuras, es un pago por callar ante la destrucción de nuestro territorio y nuestra complicidad con las guerras imperialistas y los genocidios, como el de Palestina o Sudán».

Han añadido que «no aceptamos que la guerra sea un recurso económico para nuestros pueblos. Ni queremos un ‘progreso' manchado por el ensayo de las armas que sirven para asesinar a pueblos como el palestino. ¡Esta vez, la respuesta debe ser más fuerte!»

En este sentido, han insistido en que «si en 2008 la movilización no pudo evitar la imposición, ahora sabemos que no basta con protestar: hay que impedirlo con todas nuestras fuerzas y con todos los mecanismos que tenemos a nuestro alcance, articulando la unidad en torno a objetivos comunes, poniendo por delante lo que nos une: el rechazo a que nuestra tierra sea moneda de cambio y escenario de guerra».

Y, al mismo tiempo, «deslegitimando a la Comunidad de Bardenas para tomar una decisión como esta, por ser un ente medieval completamente ajeno a las necesidades de este territorio y sus habitantes, que hace ya tiempo se sometió al chantaje millonario de la guerra, sin importarles las consecuencias para el futuro de las siguientes generaciones, ni la protección ambiental de este espacio natural».

Han concluido señalando que «la ventana de oportunidad se abre hasta 2028. No dejemos que la cierren con otro contrato largo».

Aleikum salam.

Fuente: https://www.politicanoviolenta.org/...

Más info

Fabian Scheidler

Es un autor independiente. Su libro El fin de la megamáquina. Historia de una civilización en vías de colapso ha sido traducido a numerosos idiomas y será publicada en español en otoño por Icaria (Barcelona) y Abya Yala (Ecuador). Fabian Scheidler recibió el Premio Otto Brenner de Periodismo Crítico. www.fabianscheidler.com

La Unión Europea, el Reino Unido y otros miembros europeos de la OTAN han emprendido una militarización masiva, cuya velocidad y ambición no tienen precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. Si bien la mayoría de los miembros de la OTAN se habían mostrado reacios o incapaces de cumplir el objetivo de destinar el 2% de su PIB al ejército, fijado en 2014, en la cumbre de la OTAN de 2025 se apresuraron repentinamente a comprometer el 5% anual, cediendo a la presión de Donald Trump. Solo el gobierno español se negó a cumplir.

Lo que la OTAN, sus estados miembros y los principales medios de comunicación no comunican es que el 5% del PIB corresponde a aproximadamente el 50% de los presupuestos nacionales. Si los estados realmente cumplieran esos compromisos, tendrían que reducir drásticamente el gasto en bienestar social, incluyendo educación y sanidad, y al mismo tiempo incrementar sus déficits nacionales. El Financial Times resumió la agenda en un titular de marzo de 2025: “Europa debe recortar su Estado de bienestar [wellfarestate] para construir un Estado de guerra [warfarestate]”. En otras palabras, la militarización planificada es una lucha de clases desde arriba. Aunque los gobiernos han suavizado un poco sus compromisos, afirmando que solo se destinará directamente al ejército el 3,5 %, mientras que el 1,5 % se destinará a modernizar las infraestructuras para uso militar, incluso el 35% de los presupuestos nacionales seguiría siendo un duro golpe para lo que queda del modelo europeo de bienestar.

En la agenda de la mayoría de los países europeos están los recortes masivos del gasto público para canalizar fondos al complejo militar-industrial. El gobierno alemán es uno de los más entusiastas en este sentido. El ministro de Finanzas, Lars Klingbeil, del Partido Socialdemócrata (SPD), se comprometió a triplicar el presupuesto militar, desde los 52.000 millones de euros en 2024 a la cifra sin precedentes de 153.000 millones en 2029, mientras que el canciller Friedrich Merz (CDU) ya ha anunciado drásticos recortes en las prestaciones por desempleo para cubrir parte de este déficit.

La resistencia en el Bundestag es inquietantemente débil. Los Verdes han sido durante mucho tiempo unos de los defensores más fervientes del rearme y, en marzo de 2025, votaron a favor de una enmienda constitucional que eliminó todas las restricciones presupuestarias para los servicios militares y de inteligencia, manteniendo la austeridad para todos los demás tipos de gasto. El partido de derechas Alternativa para Alemania (AfD), que ha liderado algunas encuestas recientes, está igualmente comprometido con el refuerzo militar y la reducción del estado del bienestar. Aunque Die Linke se opone oficialmente a esta agenda, sus representantes en la segunda cámara federal, el Bundesrat, han votado a favor de la enmienda constitucional, lo que ha generado malestar en el partido. Para algunos observadores, la falta de oposición parlamentaria ha evocado siniestros recuerdos de los créditos de guerra de 1914, aprobados por unanimidad en el Reichstag con los votos del SPD.

En otros países europeos, sin embargo, ha surgido más resistencia. En el Reino Unido, Keir Starmer se enfrentó a una férrea oposición a sus planes de recortar las prestaciones sociales, incluso dentro de su propio Partido Laborista, y se vio obligado a dar marcha atrás. En Francia, el primer ministro François Bayrou fue destituido por una moción de censura a raíz de un plan de recorte presupuestario de 44.000 millones de euros. En España, las manifestaciones multitudinarias contra el genocidio han ejercido una presión considerable sobre el primer ministro Sánchez.

Si bien aún no está claro hasta qué punto los gobiernos europeos podrán impulsar su agenda de “todo para las armas, nada de mantequilla”, la embestida contra los servicios públicos y la clase trabajadora es continua y generalizada. La militarización descontrolada se ha convertido en el proyecto clave de la Unión Europea, que intenta reparar sus fracturados cimientos forjando una unión militar.

La militarización de la sociedad alemana

En Alemania, una ola de militarización impensable hace unos años se extiende por todo el país. Afecta a escuelas, universidades, medios de comunicación y espacios públicos. Los tranvías están pintados con camuflaje militar. Enormes anuncios del ejército presentan la guerra como una gran aventura que fortalece el espíritu de equipo. La Bundeswehr está reclutando agresivamente a jóvenes en las calles, en las escuelas y en las universidades. Incluso menores de 18 años están siendo reclutados, en violación de los principios de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, como han señalado organizaciones como Terre des Hommes. Se envía a oficiales juveniles a las aulas, donde publicitan el ejército ante estudiantes que, a veces, apenas tienen 13 años. En lugar de fomentar debates en las escuelas sobre el ejército, se les da vía libre. La administración también planea introducir ejercicios de defensa civil en las escuelas, con la intención explícita de preparar mentalmente a los estudiantes para la guerra.

En los medios de comunicación, la cadena pública alemana ARD ha empezado a promocionar el ejército y sus preparativos para la guerra en su programa infantil “9 ½”, con recomendaciones sobre cómo involucrarse. El programa no plantea preguntas críticas sobre el ejército ni menciona que el despliegue en zonas de guerra puede causar muertes y traumas. Lo mismo ocurre con la segunda cadena ​​pública, que promociona al ejército como una fuerza de paz amable y caritativa en su programa infantil ZDFtivi.

Las universidades se ven cada vez más obligadas a cooperar con el ejército. Si bien algunos Estados federales aún prohíben la investigación militar en las universidades públicas y unas 70 universidades se han comprometido voluntariamente a dedicarse exclusivamente a la investigación civil, Robert Habeck (Los Verdes) declaró a principios de 2025, cuando era vicerrector, que “necesitamos replantearnos la estricta separación del uso y desarrollo militar y civil” en el ámbito académico. En Baviera, la administración ya ha prohibido cualquier cláusula civil en las universidades, eliminando así la posibilidad de rechazar la investigación militar. Además, el Ejército alemán ha desarrollado un exhaustivo y clasificado “Plan de Operaciones Alemania” para subordinar las instituciones civiles a los objetivos militares.

Estos esfuerzos concertados para crear un Estado de Guerra buscan, entre otras cosas, transformar la actitud de la población alemana, que en su mayoría se ha mostrado escéptica respecto a las fuerzas armadas, y en particular respecto a la intervención en el extranjero, durante décadas. Desde finales de la década de 1960 y a lo largo de las décadas de 1970 y 1980, el auge de los movimientos pacifistas logró superar las arraigadas tradiciones militaristas en Alemania. En 1981, al menos 300.000 personas se manifestaron en Bonn contra el rearme nuclear de la OTAN. El Partido Verde, fundado un año antes, desempeñó un papel clave en este movimiento. Su manifiesto fundacional exigía la inmediata “disolución de los bloques militares, especialmente la OTAN y el Pacto de Varsovia”. En el apogeo de la Guerra Fría, exigió “el desmantelamiento de la industria armamentística alemana y su reconversión a la producción pacífica”.

Sin embargo, con su primera participación en un gobierno federal en 1998, el partido dio un giro de 180 grados a estas posturas, impulsando la guerra ilegal de la OTAN contra Serbia, que carecía de mandato de la ONU. Desde entonces, el partido ha sido uno de los principales defensores de la expansión de la OTAN y las intervenciones extranjeras, mientras que sus líderes han sido cooptados por centros de investigación transatlánticos como el German Marshall Fund y el Atlantik-Brücke.

Un desarrollo similar se observa en el SPD, que bajo el canciller Willy Brandt y su asesor Egon Bahr fue en su momento una fuerza destacada en las políticas de distensión. Sus esfuerzos contribuyeron decisivamente a la creación de la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa (CSCE) en 1973 y sentaron las bases para el fin pacífico de la Guerra Fría y la reunificación alemana después de 1990. Con la invasión rusa de Ucrania, la facción dominante dentro del SPD renunció a las políticas de distensión e incluso culpó a esas políticas de la guerra en Ucrania, en una notable distorsión de la historia. Mientras que una pequeña minoría en torno al exlíder parlamentario Rolf Mützenich aún exige negociaciones de paz sinceras y límites a la escalada militar, los halcones han tomado el control casi total del partido.

El “orden internacional basado en reglas” y el genocidio de Gaza

El proyecto del Estado de Guerra y los sacrificios que la población debe hacer para su creación son presentados por líderes políticos tanto en Alemania como en la UE como algo para lo que no hay alternativa. El argumento que justifica esta postura se basa en dos pilares. El primero es la afirmación de que se requiere un rearme masivo para defender la democracia, los valores occidentales y el derecho internacional contra un estado despótico y rebelde dispuesto a desmantelar el orden internacional basado en normas. Si bien la invasión rusa fue, sin duda, un delito grave y una violación masiva del derecho internacional, la idea de que grandes potencias occidentales como Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y Alemania sean defensores del derecho internacional resulta poco convincente, ya que precisamente estos países han participado en guerras ilegales de agresión, desde Serbia hasta Iraq y más allá, así como en operaciones neocoloniales de cambio de régimen durante décadas. Con la complicidad de estos Estados en el genocidio en curso en Gaza, el mito del Occidente virtuoso que lucha por el derecho internacional se ha derrumbado irrevocablemente.

En Europa, los gobiernos alemanes se han destacado especialmente por pisotear el derecho internacional en lo que respecta a Palestina. Tras el inicio de la ofensiva israelí, el gobierno alemán multiplicó por diez sus exportaciones de armas a Israel, que alcanzaron un total de 326 millones de euros solo en 2023. Eso lo convierte en el segundo mayor proveedor mundial de armas a Israel, solo por detrás de Estados Unidos. En noviembre de 2023, cuando ya hacía tiempo que existían pruebas abrumadoras de los crímenes de guerra sistemáticos cometidos por Israel, el canciller alemán Olaf Scholz (SPD) declaró que Israel “está comprometido con los derechos humanos y el derecho internacional y actúa en consecuencia”. Incluso después de que la Corte Internacional de Justicia considerara plausible la demanda sudafricana por genocidio contra Israel en enero de 2024, el gobierno alemán no modificó su postura. En octubre de 2024, cuando ya habían muerto más de 40.000 palestinos, la ministra de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock (Verdes), declaró ante el Bundestag alemán: “Si los terroristas de Hamás se esconden tras la gente, tras las escuelas, entonces [...] los lugares civiles también pueden perder su estatus de protección [...]. Alemania lo mantiene firme; para nosotros, esto significa la seguridad de Israel”. Con estas palabras, desestimó efectivamente las Convenciones de Ginebra, que obligan a los firmantes, incluidos Israel y Alemania, a priorizar la protección de los civiles sobre los objetivos militares y prohíben el castigo colectivo.

Después de que Amnistía Internacional, Human Rights Watch y muchos renombrados estudiosos del genocidio, incluido el historiador israelí Omer Bartov, declararan que Israel estaba cometiendo genocidio en Gaza, el comisionado del gobierno alemán para combatir el antisemitismo, Felix Klein, proclamó en mayo de 2025: “Llamar a esto genocidio es antisemita”.

Bajo el canciller Friedrich Merz (CDU), quien inmediatamente después de su elección se comprometió a invitar a Benjamin Netanyahu a Berlín a pesar de la orden de arresto de la Corte Penal Internacional, Alemania ha sido la principal fuerza en la UE que bloquea todas las iniciativas para sancionar a Israel por su comportamiento. Por ejemplo, ha impedido la suspensión del Acuerdo de Asociación UE-Israel. Las autoridades e instituciones alemanas también han participado en la supresión de la libertad de expresión a una escala sin precedentes en la historia reciente de Alemania, incluyendo intentos de impedir que la Relatora Especial de la ONU para los Territorios Ocupados, Francesca Albanese, hablara en Berlín.

Con esta conducta, las autoridades alemanas han ignorado abiertamente a las Naciones Unidas, el derecho internacional y los derechos humanos fundamentales para permitir que Israel continúe su genocidio. Dado este historial —que coincide en gran medida con el comportamiento de Estados Unidos, el Reino Unido y Francia—, la idea de que estos países se comprometan a defender la Carta de la ONU es simplemente absurda.

La amenaza rusa

Si bien el argumento de que la nueva carrera armamentística se centra en la defensa de un orden internacional basado en normas y la inviolabilidad de las fronteras (que Israel, por cierto, viola a diario) ha perdido credibilidad, y con la disminución de las posibilidades de Ucrania de recuperar sus territorios, ha surgido otra narrativa para justificar el aumento de la presencia militar: la amenaza de una invasión rusa de los países de la OTAN. En junio de 2024, el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, declaró que Alemania debe estar “preparada para la guerra” porque Rusia podrá invadir la OTAN en 2029.

Sin embargo, no hay indicios de que Rusia tenga intención de atacar a países de la OTAN, y mucho menos a Alemania. Incluso el informe anual de inteligencia estadounidense afirma claramente que el Kremlin “casi con toda seguridad no está interesado en un conflicto militar directo con las fuerzas estadounidenses y de la OTAN”. El almirante Sir Tony Radakin, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas británicas y todo menos un títere ruso, confirmó: “Vladimir Putin no quiere una guerra directa con la OTAN”. De hecho, no existen motivos plausibles para un ataque a la OTAN, que sumergiría a Rusia en un conflicto devastador con la alianza militar más poderosa de la historia de la humanidad. Incluso si los líderes rusos fueran completamente dementes y suicidas (de lo cual no hay pruebas), carecerían de los medios para emprender semejante empresa. Durante años, Rusia solo ha logrado avances lentos contra un ejército ucraniano exhausto. El presupuesto militar de la OTAN sigue siendo diez veces mayor que el de Rusia, y solo los estados europeos de la OTAN gastan más del triple y son abrumadoramente superiores a Rusia militarmente.

Dado que la amenaza rusa a la OTAN es claramente exagerada, incluso a ojos de la inteligencia occidental, surge la pregunta de por qué el gobierno alemán, junto con otros líderes europeos, sigue difundiendo la narrativa de una invasión inminente. La pregunta cobra aún más pertinencia dado que la UE y sus Estados miembros más poderosos están socavando activamente las negociaciones de paz serias, aumentando así el riesgo de una confrontación grave con Rusia. La propuesta de enviar tropas de la OTAN a Ucrania tras un posible alto el fuego, por ejemplo, aumenta los incentivos para que Rusia continúe combatiendo, ya que impedir el despliegue de tropas de la OTAN en Ucrania fue un motivo clave para iniciar la guerra. Si bien la UE debería tener un claro interés en apagar el fuego a sus puertas, sigue echándole más leña, comprometiendo tanto sus propios intereses de seguridad como los de Ucrania. ¿Qué impulsa este comportamiento aparentemente irracional?

La agitación geopolítica y la “división internacional de la humanidad”

Una posible respuesta a este enigma es que un sector destacado de las élites políticas y económicas de Alemania y la UE considera el proyecto de militarización desenfrenada como un medio para contrarrestar las enormes convulsiones que amenazan su poder a nivel geopolítico, nacional y económico. Y para ello, es indispensable mantener una amenaza importante, un enemigo aterrador que no desaparecerá rápidamente. Si la amenaza rusa, por el contrario, resultara menos grave de lo que se describe, y si Rusia pudiera ser complacida con un acuerdo de paz que incluyera la neutralidad ucraniana, todo el sistema de justificación para el aumento de la presencia militar se desmoronaría.

Para analizar este argumento con mayor detenimiento, es necesario analizar con mayor detenimiento el contexto histórico. Geopolíticamente, Occidente está perdiendo la posición dominante en el sistema mundial que ha ocupado durante siglos, un proceso que ha provocado graves turbulencias y fracturas dentro del bloque occidental. Estados Unidos está desplegando todas las estrategias posibles para recuperar su otrora posición hegemónica, sin dudar en desacreditar a la UE si es necesario. Tras el fracaso de la estrategia del gobierno de Biden de debilitar a Rusia mediante la guerra de Ucrania, que llevó a Rusia a los brazos de Pekín, el gobierno de Trump ha intentado desesperadamente retirarse de Ucrania para centrarse en Asia y contener a su principal rival, China. Por esta razón, Estados Unidos intenta trasladar la carga financiera de la guerra a Europa.

Para los gobiernos europeos, y en particular para la administración alemana, que han seguido al pie de la letra las instrucciones estadounidenses, subordinando sus propios intereses, este cambio de rumbo ha provocado un caos y una confusión considerables. En primer lugar, cedieron a la presión estadounidense para cortar todos los lazos con Rusia. Si bien esto no contribuyó a poner fin a la guerra en Ucrania, causó graves problemas económicos, especialmente a Alemania. Bruselas y Berlín también han adoptado una postura agresiva hacia Pekín e incluso están dispuestos a reducir sus lazos económicos con China para complacer a Washington. Pero cuando Trump asumió el cargo en enero de 2025, resultó que la recompensa por esta obediencia fue una bofetada en forma de aranceles masivos a las exportaciones europeas, que, de nuevo, resultan especialmente dolorosos para Alemania. Desde entonces, los europeos se encuentran cada vez más aislados y rodeados de potencias más o menos hostiles, sin apenas socios fiables. Para colmo, el apoyo de países como Alemania al genocidio en Gaza ha distanciado profundamente a gran parte del Sur Global.

Si bien esto podría haber sido una llamada de atención para que Europa cambiara de rumbo y se reposicionara en un nuevo mundo multipolar, para que se desvinculara de un imperio estadounidense en decadencia y cada vez más errático, y actuara como una fuerza moderadora de la paz entre las grandes potencias, los líderes de la UE han optado por un camino diferente. Al comprometerse a aumentar masivamente su gasto militar, intentan apaciguar a Estados Unidos, reparar la fractura de la alianza transatlántica e impedir que Washington imponga más cargas económicas. Al mismo tiempo, los líderes europeos ven una oportunidad para rehabilitar su menguante posición en el sistema mundial por medios militares. En Alemania, este proyecto se remonta a la época de la Guerra contra el Terror, cuando las administraciones alemanas intensificaron los despliegues en el extranjero para defender los intereses alemanes en el Hindukush y en todo el mundo. La invasión rusa ha proporcionado una justificación aún más sólida para este esfuerzo, que permite a Alemania superar parte de la desconfianza histórica que otras naciones occidentales han albergado hacia el desarrollo militar alemán.

A pesar de la rivalidad y las luchas internas entre las naciones occidentales, la nueva ola de militarización tiene al menos un denominador geopolítico común: el mantenimiento de lo que Vijay Prashad ha llamado la “división internacional de la humanidad”. El sistema mundial capitalista se ha basado durante siglos en el dominio de las naciones occidentales blancas sobre los pueblos del Sur Global mediante la colonización y el régimen neocolonial. Este orden se ve amenazado por el auge del Sur Global y los BRICS, y Alemania, al igual que otras potencias europeas, no está dispuesta a permitir que las “naciones más oscuras” tengan la misma voz en los asuntos mundiales como tampoco a renunciar a su posición privilegiada entre los principales depredadores de la cadena alimentaria. Dado que la influencia económica y el poder blando de Alemania están en declive, sus líderes parecen creer que pueden revertir las tendencias mediante una mayor militarización.

Decadencia económica y remilitarización

A nivel económico y nacional, Alemania se ha convertido, como muchos otros países occidentales, en una sociedad en decadencia. Uno de cada cinco niños vive en la pobreza. Gran parte de las infraestructuras se encuentran en un estado lamentable, y algunas se están desmoronando, incluyendo escuelas y puentes. El ferrocarril alemán, que en su día fue un modelo para muchos países, se ha convertido en un símbolo de mala gestión y decadencia. La inversión en educación y sanidad está rezagada, y la desigualdad de ingresos y riqueza ha aumentado drásticamente desde mediados de la década de 1990, manteniéndose elevada durante más de una década.

Esta situación es el resultado de décadas de austeridad y privatización, promovidas por socialdemócratas, verdes, conservadores y liberales por igual. Además, desde el bombardeo de los gasoductos Nord Stream y la imposición de sanciones contra Rusia, los precios de la energía se han disparado, lo que supone una carga significativa para las industrias alemanas. Durante los dos últimos años, Alemania ha atravesado una grave recesión, la más larga de la historia de la República Federal. Esto solo se conoció después de que la Oficina Federal de Estadística tuviera que admitir, en julio de 2025, que había circulado previamente datos falsos y edulcorados. Para empeorar las cosas, la industria automovilística alemana, otrora un motor de la economía, ha perdido rápidamente fuerza, especialmente en la competencia con China. Los aranceles estadounidenses están socavando aún más la posición del antiguo líder exportador.

Esta grave situación económica tiene consecuencias sociales y políticas de gran alcance. Con la contracción económica, la contradicción entre los intereses del capital y los del trabajo se acentúa y los capitalistas adoptan, como ha expresado Nancy Fraser, métodos caníbales para asegurar el crecimiento continuo de sus ganancias. La especulación inmobiliaria está elevando aún más los alquileres, haciendo que la vida en las grandes ciudades sea inasequible para muchos. Al mismo tiempo, el gasto en servicios públicos e infraestructura se está recortando aún más drásticamente.

Todo esto agrava la frustración de gran parte de la población, que está perdiendo la confianza no solo en esta o aquella administración en particular, sino en el sistema político en su conjunto. Las encuestas muestran que solo el 21 % de los alemanes aún confía en el gobierno, mientras que la cifra en el caso de los partidos políticos es de tan solo el 13 %. Además, el declive social y económico se percibe como parte de una cadena interminable de malas noticias y desastres para los cuales la política no solo no tiene respuestas, sino que, de hecho, las exacerba. Con nuevas calamidades a causa de las guerras, el caos climático y la inteligencia artificial desatada que se avecina, la gran narrativa de que las cosas están mejorando, al menos a largo plazo, se vuelve cada día menos convincente. La promesa central de progreso continuo que ha mantenido unido al mundo occidental en todos los bandos políticos durante siglos se está desmoronando ante nuestros propios ojos, tanto en Alemania como en la mayoría de las demás naciones occidentales. En la medida en que la modernidad capitalista ya no puede cumplir sus promesas centrales, la cohesión ideológica y política se está volviendo cada vez más frágil y las fuerzas centrífugas están en auge.

El desarrollo militar puede aportar soluciones útiles a este caos desde la perspectiva de las fuerzas políticas y económicas dominantes, que intentan mantener su poder, privilegios y riqueza en medio de la crisis sistémica. En primer lugar, impulsar el complejo militar-industrial podría considerarse una forma de keynesianismo militar para impulsar las industrias nacionales y reactivar el crecimiento. Sin embargo, es dudoso que un proyecto de este tipo funcione a nivel macroeconómico. Es cierto que los productores de armas alemanes están en pleno auge: solo Rheinmetall espera pedidos adicionales por valor de entre 300.000 y 400.000 millones de euros y el valor de las acciones de la empresa se ha multiplicado por quince en los últimos años, pero gran parte del armamento que el gobierno alemán pretende comprar se producirá en Estados Unidos, incluidos los aviones F-35, los helicópteros Boeing Chinook y los sistemas de misiles antibalísticos Arrow 3.

Si este programa pretendía efectivamente reactivar la economía nacional mediante la creación de demanda interna, cabe preguntarse por qué los gobiernos alemanes, al igual que en otros países occidentales, han sido y siguen siendo tan reacios a invertir más en educación, sanidad y otros servicios públicos, que generarían demanda interna de forma mucho más eficaz. La enmienda constitucional de marzo de 2025 aborda el núcleo de esta paradoja: si bien mantiene la austeridad para la sociedad en general, ha permitido un gasto y un endeudamiento ilimitados para el ejército y el Estado profundo.
Policrisis y estado de excepción permanente

Noam Chomsky comentó en una ocasión que el desmantelamiento del estado de bienestar en favor del complejo militar-industrial es un viejo proyecto que se remonta a la época del New Deal. Según Chomsky, las prestaciones sociales estimulan el deseo de la gente de mayor autodeterminación y derechos democráticos, obstaculizando así el autoritarismo. El gasto militar, en cambio, genera grandes beneficios sin el “peligroso” beneficio de los derechos sociales. Las fuerzas neoliberales de la UE llevan décadas presionando para recortar el bienestar público y aumentar el gasto militar. Mantener viva la amenaza rusa contribuye enormemente a legitimar este proyecto.

La respuesta completa, sin embargo, podría ser aún más profunda. Con el desmoronamiento de la coherencia ideológica en Occidente, el Estado de Guerra puede proporcionar un sentido de dirección y unidad entre las élites gobernantes. Además, la amenaza de un enemigo abrumador, ya sea real o ficticio, permite la imposición de un estado de excepción a la sociedad en su conjunto. “Soberano es quien decide sobre el estado de excepción”, escribió Carl Schmitt, el teórico estatal alemán de la derecha, ya en 1922. Ante una policrisis en escalada, el estado de excepción es una opción para introducir un régimen autoritario y eliminar la disidencia sin tener que abandonar formalmente las instituciones de una democracia representativa. Si el mundo está, como se nos dice, en medio de una batalla existencial entre el bien y el mal, entonces no hay espacio para la deliberación, y la disidencia se convierte en traición.

El estado de excepción también permite una redistribución masiva hacia arriba, canalizando billones de dólares a manos de la clase multimillonaria sin mucha supervisión democrática. Presupuestos especiales como los “Sondervermögen” (fondos extrapresupuestarios) alemanes y una legislación ad hoc de gran alcance son típicos de esta estrategia de choque. De hecho, se puede argumentar que el capitalismo occidental, que lleva décadas en crisis de acumulación, solo puede mantenerse a flote con estas inyecciones masivas de dinero público. Esto es aún más cierto en una economía alemana estancada e incluso en contracción.

Además, el estado de guerra, latente o manifiesto, es un medio perfecto para distraer a una población cada vez más escéptica y evitar que considere las causas sistémicas de la creciente policrisis. Ya sea la desigualdad o el caos climático, la lógica de la guerra nos llama a dejar de lado estos problemas para defender la civilización occidental contra los Sauron y los Voldemort del bárbaro Oriente. Esta estrategia recuerda a la Guerra contra el Terror, que, además de ser un desastre para el mundo, logró desviar la atención de los problemas sociales y ecológicos, al tiempo que convertía a musulmanes y migrantes en chivos expiatorios.

Hoy, como entonces, la guerra parece ser la única opción para un cuerpo político que no tiene respuestas para nada, ya sea la pobreza generalizada, el caos climático, la ira popular o los desafíos geopolíticos. Si bien se suele decir que la política se centra en la solución de problemas, el proyecto del Estado de Guerra busca distraer la atención de los problemas reales hipnotizando al público y centrando su atención en una amenaza externa.

¿Autodestrucción o seguridad común?

Las consecuencias del proyecto de Estado de Guerra son devastadoras a todos los niveles. Sobre todo, la situación de seguridad de la UE en general, y de Alemania en particular, se deteriorará significativamente si se continúa la vía del rearme y la confrontación, y se sabotea la diplomacia efectiva. Una de las lecciones más importantes de la primera Guerra Fría es que el mayor riesgo de una guerra nuclear no se deriva de que una de las partes presione el botón rojo de improviso, sino de malentendidos y amenazas inminentes percibidas, que aumentan significativamente cuando se suspende el diálogo y se agitan las banderas en las fronteras. Alemania, que ha anunciado que permitirá el estacionamiento de nuevos misiles estadounidenses de alcance medio en su territorio, sería uno de los primeros países en ser aniquilados en caso de una conflagración.

Además, al negar las nuevas realidades geopolíticas e intentar mantener su posición privilegiada en el sistema mundial mediante el rearme, Alemania solo aumentará su aislamiento en el escenario mundial. El proyecto de Estado de Guerra también exacerbará la crisis social al desviar fondos de inversiones muy necesarias en servicios públicos, una política que, a su vez, generará mayor inestabilidad política. La extrema derecha se verá beneficiada aún más, mientras que la UE podría correr el riesgo de desintegrarse bajo el peso de intereses contrapuestos y de la indignación pública.

Para Alemania y sus aliados, solo hay una salida razonable a esta espiral de autodestrucción: aceptar que ya no tienen la última palabra, que un orden multipolar es inevitable y, de hecho, ya es una realidad. Si Alemania fuera capaz de aceptar este hecho, podría desempeñar un papel constructivo en la mediación entre las grandes potencias. De hecho, cuenta con una impresionante tradición de distensión que podría invocar. En la década de 1970 y principios de la de 1980, políticos alemanes como Willy Brandt y Egon Bahr fueron clave en el desarrollo del concepto de “seguridad común”. Como expresó el exsecretario de Estado estadounidense Cyrus Vance en su prólogo al emblemático Informe Olof Palme de 1982: “Ninguna nación puede lograr una seguridad real por sí sola. [...] Porque la seguridad en la era nuclear…” es sinónimo de seguridad común.

En otras palabras, la cooperación con adversarios geopolíticos es un requisito previo para la supervivencia. En este enfoque, la clave para la paz reside en respetar los intereses de seguridad de todos los actores. No solo israelíes, ucranianos, alemanes y estadounidenses tienen derecho al respeto de sus intereses de seguridad, sino también palestinos, rusos, iraníes, chinos y colombianos. Si bien el gobierno alemán, junto con gran parte de Occidente, se opone hoy al mismo concepto que en su día ayudó a crear, la gran mayoría del Sur Global desea un orden multipolar basado en la seguridad común, no en la confrontación. Alemania debe decidir de qué lado de la historia quiere estar.

Bienestar, no guerra

La convergencia de movimientos en torno a la cuestión de la paz desempeñará un papel clave para determinar si se puede detener la carrera hacia el abismo. Los ataques a las ayudas sociales para financiar el aumento de armamentos ya han incitado una resistencia popular masiva en países como Gran Bretaña, España, Francia e Italia. Si bien los movimientos pacifistas alemanes siguen siendo históricamente débiles debido a las divisiones internas, una serie de importantes manifestaciones este otoño, tanto en torno a los problemas de Gaza como de Ucrania, podrían indicar un punto de inflexión.

Detener el aumento de la presencia militar y la nueva confrontación de bloques es una cuestión clave para la izquierda europea, ya que todos los posibles logros progresistas en materia de derechos laborales, democracia y justicia ambiental se verían destruidos si los líderes de la UE se salen con la suya con la agenda del Estado de Guerra. Después de todo, hoy más que nunca se trata de ayudas sociales, no de guerra.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/anali...

elDiario.es

Tres carros de combate israelíes atacaron a cascos azules españoles este lunes por la tarde en el sur de Líbano, según ha informado el Estado Mayor de la Defensa, que precisa que ningún militar español resultó herido y se encuentran “a salvo”.

En un comunicado, el EMAD detalla que sobre las 16:30 del lunes, tres carros de combate israelíes tomaron posición al norte de la buffer zone en el área de responsabilidad del Batallón Español de la Brigada Este de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (FPNUL, llamada UNIFIL en inglés), la “zona de seguridad en torno a las posiciones que las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, por sus siglas en inglés) mantienen en territorio libanés”.

“Como reacción, una patrulla española se dirigió hacia el lugar —al sur de la localidad de El Khiam— para monitorizar a dichos carros, puesto que estaban fuera de la citada buffer zone. En ese momento, los carros israelíes efectuaron tres disparos con su arma principal (cañón), y los proyectiles cayeron a 150 metros y 380 metros de la patrulla”, prosigue.

El Estado Mayor de la Defensa indica que, a continuación, la patrulla española “fue replegada a una zona segura, retrocediendo los carros israelíes posteriormente hasta su base de retaguardia. Sin más incidentes, la patrulla regresó a la base Miguel de Cervantes en Marjayoun”.

“Las fuerzas de UNIFIL, entre las que se encuentran nuestros militares españoles, están contribuyendo a la paz y estabilidad en el sur del Líbano, siempre en coordinación tanto con las Fuerzas Armadas Libanesas como con las israelíes. Cualquier acción hostil contra ellas representa una seria violación de la Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 1701, además de poner en peligro su seguridad”, concluye el texto.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores de España ha condenado en otro comunicado “los continuos e inaceptables ataques israelíes contra las posiciones de FINUL, el último de los cuales amenazó otra vez más la integridad física del contingente español”. “El Gobierno de España urge a Israel a respetar las fuerzas de paz y a cumplir con sus obligaciones en materia de derecho internacional y con el acuerdo de alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024”, dice el texto.

Se trata del último incidente de este tipo. La FPNUL ha denunciado numerosos ataques de Israel contra sus posiciones y personal en el sur de Líbano, calificándolos de violaciones graves de la Resolución 1701, que tiene como objetivo mantener la paz en la zona desde hace casi 20 años.

La misión de cascos azules de la ONU en el sur de Líbano ha sido prorrogada por el Consejo de Seguridad solo hasta finales de 2026 debido principalmente a la insistencia de Estados Unidos, aliado de Israel, para poner fin a estas fuerzas establecidas con diferentes nombres desde 1978, lo que las convertía en unas de las más longevas de cascos azules en el mundo.

Pese a que Hizbulá dejó de bombardear el norte de Israel, zona a la que lanzaba misiles y drones durante la guerra de 2024, el Gobierno israelí del primer ministro Benjamín Netanyahu ha intensificado sus ataques en el sur del país alegando que el movimiento chií está intentando rearmarse.

Esta escalada de ataques tiene lugar en un momento en el que el Ejército libanés ha anunciado la finalización de la primera fase del plan de desarme de Hizbulá en cumplimiento con los objetivos del Gobierno para lograr la exclusividad de las armas en manos del Estado.

Fuente: https://www.eldiario.es/internacion...

Braulio García Jaén

Cuando Marina L. despertó aquel mediodía de diciembre de 2016, estaba desnuda en una habitación a oscuras. Consiguió abrir la puerta a tientas y llegar a un salón en el que se encontró con su amiga. “Estaba en el sofá, con dos chicos, parecía medio ida”, recuerda. Ella no los conocía y le llamó la atención la “ausencia de efectos personales” del piso. Preguntó de quién era la casa. Su amiga tampoco lo sabía. Se vistieron y apenas hablaron con ellos. Uno de ellos llamó a un taxi y ellas bajaron a la calle a esperarlo. “Nos sentamos en una acera y fue cuando [ella] me dijo: tienes el cuello marcado”, recuerda Marina L. Dos semanas después, en una comisaría de Pamplona, su amiga declaró que de ...

aquella madrugada solo recordaba los gritos de Marina y que ella misma tenía “flashes” en los que se veía manteniendo relaciones sexuales, sin saber por qué.

A falta de recuerdos, con el paso de los días afloraron otras huellas: dolores vaginales en el caso de su amiga; en el de Marina, dolor en la mandíbula y moratones en un costado y en el cuello. “Yo me puse un pañuelo para que mi marido no me viera las marcas”, recuerda. Marina y su amiga habían conocido a los dos jóvenes del piso, David y Raúl, en un bar del Casco Viejo de la capital navarra sobre las dos de la mañana, según se supo más tarde con las imágenes de las cámaras del local donde habían estado aquella noche. Era jueves, 7 de diciembre de 2016. Ninguna recordaba nada más allá de eso.

Nacidos en Pamplona, David tenía 29 años, Raúl, 31. Comentando sus rutinas de entrenamiento, David le envió días después de los hechos un audio a Raúl, alias Rulo, hablando de una de las chicas, según un informe policial. “Ah, Rulo, que... Te quieres poner en forma para pegarle a la tía esa si vuelves a verla, no... La última vez te quedaste con las ganas [...] y ahora lo que quieres es reventarla a puñetazos, no”. Raúl respondió al minuto. “Si te sirve, hoy he hecho tríceps y bíceps, así que a puñetazos”. Raúl, según la versión que ellos mismos dieron ante el juez de guardia, fue quien estuvo con Marina. La jueza de instrucción sostuvo para descartar el procesamiento, sin llamar a declarar a los detenidos y sin citar en su auto la respuesta de Raúl, que no había “ningún indicio” que apuntara a su responsabilidad.

Nueve años después, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España por no investigar realmente aquellas dos denuncias por violación mediante sumisión química —Marina tenía 30 años; su amiga, 19— y por una sucesión de graves irregularidades cometidas en ese procedimiento: “La pérdida y manipulación sistemáticas de pruebas potencialmente cruciales mientras se encontraban bajo custodia policial, las insuficientes garantías de independencia de la investigación y la respuesta manifiestamente inadecuada a estas deficiencias”. Uno de los acusados era cuñado de uno de los policías encargados de la investigación.

No se investigó lo necesario, no se custodiaron las pruebas y esa “estrecha relación familiar” del policía y uno de los acusados violó “el estándar de independencia mínima exigida” por el Convenio Europeo de Derechos Humanos. La corte de Estrasburgo dictaminó por unanimidad que las autoridades policiales y judiciales españolas violaron el derecho de Marina y su amiga a no sufrir un trato degradante y a que se respetara su vida privada (artículos 3 y 8 del Convenio).

Más allá del marco legal e institucional español, que el tribunal consideró “en principio” adecuado para abordar denuncias como las de Marina y su amiga, ni la policía —más allá de la inspectora jefa, María Mallén, y parte de su equipo al inicio del caso—, ni la fiscalía, ni la justicia actuaron para corroborarlas. El Estado debe indemnizar con 20.000 euros a cada una, y 5.000 por los gastos conjuntos del proceso.

Las violaciones de La Manada en un portal de la capital navarra habían ocurrido solo cinco meses antes, en los sanfermines de 2016. “Está claro que nuestro caso quedó a la sombra de La Manada”, lamenta Marina en el despacho de su abogado, José Luis Beaumont, en Pamplona. En su procedimiento, la jueza ni siquiera citó a declarar a los encausados y la fiscal no acudió a la declaración de las víctimas. Durante nueve años, denuncia el abogado Beaumont, “nadie del Gobierno regional ni del ayuntamiento” los apoyó en nada.

EL PAÍS reconstruye la historia desde el inicio, desde aquel mediodía en el que las dos mujeres se despertaron en un piso desconocido sin saber qué había pasado, a través de entrevistas con sus protagonistas y la documentación judicial y policial del caso. A través de una portavoz, la Policía Nacional ha rechazado responder preguntas.

El 8 de diciembre de 2016 era viernes. Tras despertar sin entender nada en el piso de David, Marina y su amiga se fueron a casa. El sábado por la noche, volvieron a salir juntas. Quedaron a la misma hora, fueron a los tres mismos bares, tomaron las mismas dos copas de vino y repitieron los dos chupitos que habían tomado la noche del jueves, para ver si el alcohol explicaba por sí solo el socavón en la memoria de ambas. Pero no lo hizo. “Nos dieron las cinco de la mañana hablando”, recuerda Marina L.

El lunes, Marina volvió al trabajo y su amiga, a los estudios, que cursaba en otra comunidad autónoma. Tras varios días con dolores, la amiga acudió a urgencias y la médica que la atendió hizo un parte por “sospechas de agresión sexual” que remitió a la policía en esa otra comunidad autónoma. El 19 de diciembre, el parte llegó a la Unidad de Familia y Mujer de la Policía Nacional de Pamplona, cuya inspectora jefa se hizo cargo del caso. María Mallén habló con las víctimas y agentes a su cargo recuperaron las imágenes del último bar en el que habían estado las chicas y el móvil desde el que se llamó al taxi.

De lo ocurrido en ese bar, el Otano, lo poco que se sabe es gracias a una diligencia de visionado —un resumen de secuencias— de las imágenes de sus cámaras, que un policía hizo sobre la marcha los primeros días de la investigación. En el fotograma 16 “se ve cómo el individuo de barba [un amigo de los encausados] saca algo de su bolsillo y se lo da a David, no llegando a poder apreciar [...] lo que le entrega”, según la diligencia. El amigo de barba es un policía foral.

Eran las 2.16 de la madrugada. Las dos mujeres no recordaban “nada a partir de aproximadamente esa hora”, según el atestado de la policía. Tras hablar con un abogado amigo del padre de una de ellas y con la inspectora Mallén, Marina y su amiga decidieron denunciar y declararon en comisaría el día de Nochebuena de 2016. Tres días después, la policía detuvo a Raúl y a David, cada uno en su casa. A los agentes les pareció que los “estaban esperando”, según el atestado.

Pasado el mediodía, David abrió la puerta en pijama y bostezando, sin saber que desde un coche de vigilancia discreta de la policía lo habían visto llegar a su domicilio 15 minutos antes. Animó a los agentes que lo conducían a que fueran revisándole el móvil si querían, cosa que hizo la inspectora Mallén. Ella encontró una foto de la hija de un agente de su mismo grupo de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM). “Es mi sobrina”, aclaró David. “Asombrado de que [la inspectora] conozca a la niña, el detenido reconoce ser cuñado de este policía”, recoge el atestado. El policía era Borja Vázquez Fernández y había ocultado su relación con el investigado desde hacía días a pesar de que había estado trabajando.

Las fechas son clave. La amiga de Marina había acudido al hospital el 11 de diciembre, pero en otra comunidad autónoma, donde por entonces estudiaba. Hasta el día 19, ocho días después, no se recibió el parte médico en la comisaría de Pamplona. Sin embargo, el 13 de diciembre, el agente Borja Vázquez ya había buscado en la base de datos si había alguna denuncia contra su cuñado, según el registro de sus rastreos. ¿Por qué sospechaba el policía que su cuñado podía estar denunciado, cuando ni siquiera las víctimas habían pensado aún en denunciar? La jueza no llamó a declarar a ninguno de los detenidos, así que no consta ninguna explicación de David. El policía y David han declinado responder a este diario.

Lejos de abstenerse por la relación familiar, el agente había estado trabajando varios días a ambos lados de la calle: por un lado, conociendo la información que su jefa y compañeros iban compartiendo sobre su cuñado y por el otro, rastreando posibles denuncias contra su cuñado en la base de datos. A partir de ahí y a lo largo de dos años, las principales pruebas reunidas por Mallén —las imágenes del bar, un informe forense sobre “lo borrado y lo no borrado” del móvil del cuñado del policía y los archivos del disco duro de la Policía Judicial— fueron desapareciendo una a una.

La primera alarma saltó “a finales de febrero o principios del mes de marzo de 2018”, cuando la inspectora Mallén avisó al juzgado de que el informe forense sobre el móvil del cuñado del policía, analizado en Madrid y remitido a Pamplona, había desaparecido del sistema informático de la comisaría. “La carpeta vacía se correspondía con la del teléfono de David”, informó la propia Mallén tiempo después. La Policía Nacional no ha autorizado a Mallén a atender a este diario.

Mallén informó primero a su entonces jefa, la comisaria Nuria Mazo, y acto seguido a la jueza de instrucción. Advertida de la desaparición de una prueba esencial, la jueza Inés Hualde lo ocultó a las partes del proceso durante meses, algo que Estrasburgo condena expresamente: “La desaparición del material fue revelada tardíamente y las demandantes recibieron explicaciones inveraces durante varios meses”. Contactada por este diario, la jueza no ha querido responder a “ninguna pregunta”.

Mallén dejó poco después la UFAM, en mayo de 2018, y pidió otro destino profesional en Pamplona. Ya sin ella al frente, la policía entregó un informe presuntamente detallado sobre las grabaciones del bar y el abogado de las mujeres advirtió que en el informe faltaba el fragmento clave, las secuencias de las 2.16 de la madrugada que él ya había visto en el atestado inicial. Después de advertirlo en un escrito, desparecieron el resto de las grabaciones.

La desaparición de las pruebas no se limitó a la “pérdida” de las grabaciones del bar y el borrado del informe sobre el móvil de su cuñado David. El disco duro de la Brigada de Policía Judicial donde se había volcado y copiado lo más relevante de la investigación fue borrado también más tarde.

Según una nota interna de la propia policía, el borrado del disco duro lo supervisó la comisaria y actual jefa de la policía judicial de Pamplona, Nuria Mazo, quien, a través de la jefa de prensa de la Policía Nacional de Pamplona ha declinado atender a este diario. Según dicha nota, el 6 de febrero de 2019 se cortaron “los archivos que en él se encontraban a fin de dejarlo vacío”.

Mazo, ya como jefa de la policía judicial, firmó la nota interna del borrado del disco duro en febrero de 2019. Estrasburgo considera especialmente grave este borrado porque existía un requerimiento judicial para que se certificara su “contenido” y su “invariabilidad” desde enero. La jueza se reunió con Mazo un día antes del borrado y archivó la pieza en la que debía investigarse sin llamarla a declarar.

A lo largo de estos nueve años, el abogado de las dos mujeres ha remado “contra viento y marea”, desde el juzgado de guardia de Pamplona hasta el Tribunal Constitucional, que no admitió su recurso de amparo, para mantener a flote los derechos de las denunciantes, según destaca por teléfono el padre de la amiga de Marina. Estrasburgo reconoce que fueron las denunciantes y su abogado quienes lucharon para impulsar una investigación que se iba cayendo a pedazos y que dejó impune, sin procesamiento alguno, tanto las presuntas agresiones como las manipulaciones de las pruebas.

La jueza Inés Hualde no llamó a declarar a los acusados, quienes únicamente declararon ante el juez de guardia: dos declaraciones calcadas de un párrafo sin presencia de la Fiscalía en las que alegaron que las relaciones habían sido consentidas. La fiscal del caso, Pilar Larráyoz, respondiendo por escrito a este diario, dice que “no es infrecuente” que la Fiscalía falte a ese tipo de diligencias por problemas de agenda. ¿Quién, entonces, solicita medidas de prisión o fianza en casos graves como éste? A lo largo de seis años, la fiscal jamás pidió ninguna diligencia y se opuso a la inmensa mayoría de las que solicitaron las denunciantes en los dos procedimientos.

Solo el presunto chivatazo del cuñado policía de uno de los acusados llegó a juicio. Absuelto en primera y segunda instancia el agente Vázquez, que dijo que en realidad estaba indagando sobre otra cuñada (algo que ni el juez que lo absolvió consideró creíble), el Supremo admitió que esa consulta previa era un indicio muy significativo, pero insuficiente para condenarlo por el presunto chivatazo a su cuñado. La sentencia de instancia no había analizado ningún otro indicio —el abogado alegó más de una decena en el juicio— y el Supremo no pudo entrar a valorarlos. “El agente debería haberse abstenido él mismo en lugar de esperar a que una compañera expusiera su relación de parentesco con el sospechoso”, afirma la sentencia de Estrasburgo.

La resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos constata la manipulación de pruebas y las irregularidades, incluido el trabajo en la sombra del policía cuñado de uno de los acusados, pero la realidad deja poco margen para reabrir el caso. “Destruyeron todas las evidencias”, dice el abogado Beaumont. “Nos han dado la razón, pero a qué”, se pregunta ahora Marina en el despacho de su abogado. La duda señala una particularidad que la sentencia también destaca: tratándose de un caso de sumisión química, subraya el tribunal, las imágenes del bar y los mensajes de los acusados eran clave.

Marina L. prefiere que no salgan sus apellidos ni su cara, pero no por vergüenza, sino por seguridad. “Ellos tienen un punto violento que no sé dónde podría llevarlos”, contaba ella en Pamplona. Al principio, le costó decidirse a denunciar y si no hubiera sido por la inspectora Mallén, por el tacto con el que se acercó a ella, y por el abogado Beaumont, que tanto a ella como a su amiga les pidió que pensaran en las mujeres que podían sufrir lo mismo, Marina no habría denunciado.

“Para mí no es un tema tabú”, dice nueve años después. El pañuelo en el cuello se lo puso porque pensó que su marido no iba a creerla. Luego, para protegerlo, porque pensó que tampoco iban a creerlo a él. A pesar del dolor y los moratones, decidió no acudir a ningún ambulatorio ni hospital, sino que consultó con una amiga médico para que nada saliera a la luz. Temía que si iba a la comisaría o al hospital enseñando los moratones, pero diciendo que no recordaba los golpes, pensaran que hubiera sido su marido.

Su amiga tampoco quiso denunciar al inicio, y tardó días en contárselo a su familia. “Llegaron las navidades, estábamos comiendo con los abuelos en casa y en un momento determinado, se emocionó y me fui a su cuarto con ella”, recuerda su padre, Francisco. “Me contó que creía que había sufrido una agresión sexual”, cuenta. Ella, que se fue de Pamplona hace años, ha preferido no participar en este reportaje.

Fuente: https://elpais.com/espana/2026-01-1...

Redacción

A partir del 28 de diciembre de 2025 estalló una nueva ola de protestas en todo Irán, desencadenada por las dificultades económicas y que se intensificó al pedir el derrocamiento del gobierno. Este es al menos el quinto levantamiento de este tipo en una década, que se basa en oleadas anteriores de malestar laboral y resistencia feminista. Sin embargo, dentro de revuelta, el movimiento de base se enfrenta a monárquicos reaccionarios, en gran parte radicados fuera de Irán, que buscan obtener el respaldo de Estados Unidos e Israel para tomar el poder.

Esto ocurre en medio de una situación geopolítica convulsa. El gobierno israelí ha intensificado los bombardeos sobre Gaza y el Líbano, así como la confiscación de territorios en ambos países; por otro lado, se prepara para construir un asentamiento que dividirá Cisjordania en dos para imposibilitar la creación de un Estado palestino. Mientras, Estados Unidos acaba de secuestrar al presidente de Venezuela y a su esposa para apoderarse del petróleo venezolano, lo que indica su disposición a ejercer cualquier tipo de control sobre la población, tanto dentro como fuera de sus fronteras.

En el otoño de 2024, manifestantes en Nepal y otros lugares demostraron que los movimientos sociales aún pueden derrocar gobiernos. Una revolución exitosa en Irán podría desencadenar una ola de cambio en todo el mundo. Pero si dicha revolución fuera secuestrada por fuerzas reaccionarias, los movimientos de liberación podrían retroceder una generación o más.

Hay mucho en juego. Tenemos la obligación con los movimientos de base en Irán de conocerlos y apoyarlos, tanto porque se enfrentan a una situación desesperada como para garantizar que un régimen títere al servicio de Israel y Estados Unidos no pueda llegar al poder. Aquí presentamos tres perspectivas sobre el levantamiento de la última semana y media.

1.- Informe sobre la actual ola de protestas en Irán

Este texto fue aportado por un anarquista radicado en Irán que documenta e informa activamente sobre la situación actual. Debido a graves problemas de seguridad, el autor prefiere mantener el anonimato.

Durante casi una década, la sociedad iraní ha presenciado repetidamente oleadas de protestas callejeras contra el sistema político gobernante, la República Islámica. Si bien estas protestas han surgido como consecuencia de diferentes detonantes inmediatos, todas tienen su raíz en profundas crisis estructurales no resueltas —económicas, políticas y sociales— que siguen condicionando la vida cotidiana en Irán.

A lo largo de estos años, la principal respuesta del Estado a la disidencia pública ha sido la represión sistemática. Los movimientos de protesta se han enfrentado constantemente con fuerza letal, arrestos masivos, encarcelamientos e intimidación generalizada. Lejos de resolver los problemas subyacentes, este enfoque ha contribuido a la acumulación de indignación pública y a una creciente sensación de injusticia en la sociedad.

Las protestas más recientes se desencadenaron inicialmente por el dramático colapso de la moneda nacional iraní y el grave deterioro de las condiciones de vida. La rápida devaluación del rial, sumada a la inflación galopante y la pobreza generalizada, ha dejado a grandes segmentos de la población sin posibilidades de supervivencia económica. Estas condiciones han llevado a muchos a concluir que la crisis no es temporal ni reformable, sino estructural e inseparable del sistema de poder existente.

A diferencia de episodios anteriores, las protestas actuales reflejan un nivel más amplio de conciencia colectiva. Las manifestaciones ya no se limitan a ciudades o grupos sociales específicos, al contrario, se han extendido simultáneamente a múltiples regiones, involucrando a diversos segmentos de la sociedad. Las reivindicaciones económicas se han transformado rápidamente en demandas explícitamente políticas, y los manifestantes exigen abiertamente el fin del régimen autoritario y el desmantelamiento de la República Islámica.

Al mismo tiempo, sectores de la oposición, en particular los grupos monárquicos, intentan capitalizar el movimiento de protesta. A través de medios de comunicación satelitales y plataformas sociales, estos actores buscan presentarse como alternativas políticas viables, recurriendo a narrativas nostálgicas de la era prerrevolucionaria mientras intentan redirigir la ira popular hacia sus propios proyectos de poder.

Mientras tanto, la represión estatal se ha intensificado significativamente. Los informes indican que más de diez manifestantes han sido asesinados y cientos arrestados en los últimos días, aunque es probable que las cifras reales sean mayores. Las fuerzas de seguridad han intensificado el uso de la violencia, la vigilancia y las detenciones arbitrarias, ejerciendo una enorme presión sobre los manifestantes y la población en general.

En general, la situación actual en Irán representa mucho más que un brote espontáneo de malestar. Señala una profunda crisis de legitimidad, el colapso de la confianza pública en las instituciones gubernamentales y una fase crítica en la confrontación entre la sociedad y el orden gobernante. La trayectoria de este momento dependerá del equilibrio entre la resistencia social, la represión estatal y la capacidad de la gente para organizarse de forma independiente al margen tanto del poder estatal como de las élites de la oposición.

2.- Protestas en Irán en medio de un asedio de enemigos internos y externos: Un informe sobre el reciente levantamiento masivo

El siguiente análisis es una contribución de Roja, un colectivo feminista independiente de izquierdas con sede en París. Roja nació después del feminicidio de Jina (Mahsa) Amini, junto con el comienzo del levantamiento “Jin, Jiyan, Azadi” en septiembre de 2022. El colectivo está compuesto por activistas políticos de una variedad de nacionalidades y geografías políticas dentro de Irán, incluyendo kurdos, hazara, persas y más. Las actividades de Roja no solo están conectadas con los movimientos sociales en Irán y el Medio Oriente, sino también con las luchas locales en París en sintonía con las luchas internacionalistas, incluso en apoyo de Palestina. El nombre “Roja” está inspirado en la resonancia de varias palabras en diferentes idiomas: en español, roja significa “rojo”; en kurdo, roj significa “luz” y “día”; en mazandarani, roja significa la “estrella de la mañana” o “Venus”, considerado el cuerpo celeste más brillante por la noche.

I. El quinto levantamiento desde 2017

Desde el 28 de diciembre de 2025, Irán ha vuelto a arder en la fiebre de las protestas generalizadas. Los cánticos de «Muerte al dictador» y «Muerte a Jamenei» han resonado por las calles en al menos 222 lugares de 78 ciudades de 26 provincias. Las protestas no son solo contra la pobreza, el aumento de los precios, la inflación y el despojo, sino contra todo un sistema político podrido hasta los huesos. La vida se ha vuelto insostenible para la mayoría, especialmente para la clase trabajadora, las mujeres, las personas queer y las minorías étnicas no persas. Esto se debe no solo a la caída libre de la moneda iraní tras la guerra de los doce días, sino también al colapso de los servicios sociales básicos, incluidos los repetidos cortes de electricidad; una crisis ambiental cada vez más profunda (contaminación del aire, sequía, deforestación y mala gestión de los recursos hídricos); y ejecuciones masivas (al menos 2063 personas en 2025), todo lo cual se ha combinado para empeorar las condiciones de vida.

La crisis de la reproducción social es el punto central de las protestas actuales, y su horizonte último es la recuperación de la vida.

Este levantamiento es la quinta ola de una cadena de protestas que comenzó en diciembre de 2017 con la «Revuelta del Pan». Continuó con la sangrienta revuelta de noviembre de 2019, una explosión de ira pública contra el aumento del precio del combustible y la injusticia. La revuelta de 2021, conocida como la «Revuelta de los sedientos», fue iniciada y liderada por minorías étnicas árabes. Esta ola alcanzó su punto máximo con el levantamiento «Mujer, Vida, Libertad» en 2022, que puso de relieve las luchas de liberación de las mujeres y las luchas anticoloniales de naciones oprimidas como los kurdos y los baluchis, abriendo nuevos horizontes. El levantamiento actual vuelve a centrar la crisis de la reproducción social, esta vez en un terreno más radical, propio de la posguerra. Las protestas, que comienzan con demandas de sustento, pero con una velocidad sorprendente, se dirigen contra las estructuras de poder y la oligarquía gobernante corrupta.

II. Un levantamiento asediado por amenazas externas e internas

Las protestas en curso en Irán se ven asediadas por amenazas externas e internas. Tan solo un día antes del ataque imperialista estadounidense contra Venezuela, Donald Trump, envuelto en el lenguaje del «apoyo a los manifestantes», lanzó una advertencia: si el gobierno iraní «mata a manifestantes pacíficos, como es su costumbre, Estados Unidos acudirá a su rescate. Estamos listos para actuar». Este es el guion más antiguo del imperialismo, que utiliza la retórica de «salvar vidas» para legitimar la guerra, ya sea en Irak o Libia. Estados Unidos sigue ese guion hoy: solo en 2025, lanzó ataques militares directos contra siete países.

El genocida gobierno israelí, tras haber organizado previamente su asalto de doce días contra Irán bajo el lema «Mujer, Vida, Libertad», ahora escribe en persa en redes sociales: «Estamos con ustedes, manifestantes». Los monárquicos, como brazo local del sionismo, que asumieron la mancha y la vergüenza de apoyar a Israel durante la Guerra de los Doce Días, ahora intentan presentarse ante sus amos occidentales como la única alternativa. Lo han hecho mediante la representación selectiva y la manipulación de la realidad, lanzando una cibercampaña para apropiarse de las protestas, inventar, distorsionar y alterar el sonido de las consignas callejeras a favor del monarquismo. Esto revela su engaño, sus ambiciones monopolísticas, su poder mediático y, fundamentalmente, su debilidad dentro del país, ya que carecen de poder material en Irán. Con el lema «Hagamos que Irán vuelva a ser grande», este grupo dio la bienvenida a la operación imperial de Trump en Venezuela y ahora esperan el secuestro de los líderes de la República Islámica por sicarios estadounidenses e israelíes.

Y, por supuesto, están los pseudoizquierdistas —los autodenominados «antiimperialistas»— que blanquean la dictadura de la República Islámica proyectando una máscara antiimperialista sobre su fachada. Ponen en duda la legitimidad de las protestas actuales repitiendo la manida acusación de que «un levantamiento en estas condiciones no es más que jugar en el terreno del imperialismo», porque solo pueden interpretar a Irán a través de la lente del conflicto geopolítico, como si cada revuelta fuera simplemente un proyecto estadounidense-israelí disfrazado. Al hacerlo, niegan la subjetividad política del pueblo iraní y otorgan a la República Islámica inmunidad discursiva y política mientras masacra y reprime a su propia población.

“Enfadados con el imperialismo” pero “con miedo a la revolución” —para recordar la formulación fundamental de Amir Parviz Puyan— , su postura es una forma de antirreacción reaccionaria. Incluso se nos dice que no escribamos sobre las recientes protestas, asesinatos y represión en Irán en ningún otro idioma que no sea el persa en el ámbito internacional, para no dar a los imperialistas un “pretexto”, como si, más allá del persa, no hubiera pueblos en la región ni en el mundo capaces de compartir destinos, experiencias, conexión y solidaridad en la lucha. Para los campistas, no hay otro tema que los gobiernos occidentales, ni otra realidad social que la geopolítica.

Frente a estos enemigos, insistimos en la legitimidad de estas protestas, en la intersección de las opresiones y en el destino común de las luchas. La corriente monárquica reaccionaria se expande dentro de la oposición de extrema derecha iraní, y la amenaza imperialista contra el pueblo iraní, incluido el peligro de intervención extranjera, es real. Pero también lo es la furia popular, forjada a lo largo de cuatro décadas de brutal represión, explotación y el «colonialismo interno» del Estado contra las comunidades no persas.

No tenemos más remedio que afrontar estas contradicciones tal como son. Lo que vemos hoy es una fuerza insurgente que surge de las profundidades del infierno social de Irán: gente que arriesga su vida para sobrevivir, enfrentándose frontalmente a la maquinaria represiva.

No tenemos derecho a utilizar el pretexto de una amenaza externa para negar la violencia infligida a millones de personas en Irán, ni para negar el derecho a levantarnos contra ella.

Quienes salen a la calle están cansados ​​de análisis abstractos, simplistas y condescendientes. Luchan desde sus propias contradicciones: viven bajo sanciones y, al mismo tiempo, sufren el saqueo de una oligarquía interna. Temen la guerra y la dictadura interna. Pero no se paralizan. Insisten en ser sujetos activos de su propio destino, y su horizonte, al menos desde diciembre de 2017, ya no es la reforma, sino la caída de la República Islámica.

III. La propagación de la revuelta

Las protestas se desencadenaron por la caída del rial —que primero estallaron entre los comerciantes de la capital, especialmente en los mercados de telefonía móvil y ordenadores—, pero rápidamente se expandieron hasta convertirse en un levantamiento amplio y heterogéneo que atrajo a trabajadores asalariados, vendedores ambulantes, porteadores y trabajadores del sector servicios de toda la economía mercantil de Teherán. La revuelta se trasladó rápidamente de las calles de Teherán a las universidades y a otras ciudades, sobre todo a las más pequeñas, que se han convertido en el epicentro de esta ola de protestas.

Desde el principio, las consignas apuntaban a la República Islámica en su conjunto. Hoy, la revuelta la llevan adelante sobre todo los pobres y desposeídos: jóvenes, desempleados, población excedente, trabajadores precarios y estudiantes.

Algunos han restado importancia a las protestas porque comenzaron en el Bazar (la economía mercantil de Teherán), que a menudo se percibe como un aliado del régimen y un símbolo del capitalismo comercial. Las han tildado de «pequeñoburguesas» o «vinculadas al régimen». Este reflejo recuerda las primeras reacciones al movimiento de los Chalecos Amarillos de Francia en 2018: dado que la revuelta surgió al margen de la clase trabajadora «tradicional» y las redes de izquierda, y debido a que transmitía eslóganes contradictorios, muchos se apresuraron a declararla condenada a la reacción.

Pero el lugar donde comienza un levantamiento no determina su destino. Su punto de partida no predetermina su trayectoria. Las protestas actuales en Irán podrían haber sido reavivadas por cualquier chispa, no solo en el Bazar. Así que lo que comenzó en el Bazar se extendió rápidamente a los barrios pobres urbanos de todo el país.

IV. La geografía de la revuelta

Si el corazón palpitante de «Jin, Jiyan, Azadi» en 2022 latía en las regiones marginadas —Kurdistán y Baluchistán— hoy, ciudades más pequeñas del oeste y suroeste se han convertido en focos de agitación: Hamedán, Lorestán, Kohgiluyeh y Boyer-Ahmad, Kermanshah e Ilam. Las minorías lor, bakhtiari y lak de estas regiones se ven doblemente aplastadas por las crisis superpuestas de la República Islámica: la presión de las sanciones y la sombra de la guerra, la represión y explotación étnicas, y la destrucción ecológica que amenaza sus vidas, especialmente en los Zagros. Esta es la misma región donde Mojahid Korkor (manifestante lor durante el levantamiento de Jina/Mahsa Amini) fue ejecutado por la República Islámica un día antes del ataque israelí, y donde Kian Pirfalak, un niño de nueve años, murió por un disparo de las fuerzas de seguridad durante el levantamiento de 2022.

Sin embargo, a diferencia del levantamiento de Jina —que desde el principio se expandió conscientemente a lo largo de líneas divisorias de género/sexualidad y etnia— el antagonismo de clase ha sido más explícito en las protestas recientes y, hasta ahora, su propagación ha seguido una lógica basada en las masas.

Entre el 28 de diciembre y el 4 de enero de 2025, al menos 17 personas fueron asesinadas por las fuerzas represivas de la República Islámica con munición real y armas de perdigones, la mayoría de ellas lores (en sentido amplio, especialmente en Lorestán, Chaharmahal y Bakhtiari) y kurdas (especialmente en Ilam y Kermanshah). Cientos de personas han sido arrestadas (al menos 580, incluyendo al menos 70 menores); decenas han resultado heridas. A medida que avanzan las protestas, la violencia policial se intensifica: al séptimo día en Ilam, las fuerzas de seguridad allanaron el Hospital Imán Jomeini para arrestar a los heridos; en Birjand, atacaron una residencia de estudiantes femenina. El número de muertos sigue aumentando a medida que se profundiza el levantamiento, y las cifras reales son, sin duda, superiores a las anunciadas.

La distribución de esta violencia es desigual, por supuesto: la represión es más severa en las ciudades más pequeñas, especialmente en las comunidades minoritarias marginadas que han sido relegadas a la periferia. Los sangrientos asesinatos en Malekshahi, Ilam, y en Jafarabad, Kermanshah, dan testimonio de esta disparidad estructural en la opresión y la represión.

En el cuarto día de protestas, el gobierno, coordinando a través de diversas instituciones, anunció cierres generalizados en 23 provincias con el pretexto del «frío» o la «falta de energía». En realidad, se trataba de un intento de romper los circuitos por los que se propaga la revuelta: el bazar, la universidad, la calle. Paralelamente, las universidades trasladaron cada vez más las clases a la modalidad virtual para cortar los vínculos horizontales entre los espacios de resistencia.

V. El impacto de la Guerra de los Doce Días

Tras la Guerra de los Doce Días, el poder gobernante iraní, buscando compensar el derrumbe de su autoridad, ha recurrido más abiertamente a la violencia. Los ataques israelíes contra instalaciones militares y civiles iraníes militarizaron y securitizaron aún más el espacio político y social, en particular mediante la campaña racista de deportación masiva de inmigrantes afganos. Y mientras el Estado se pronuncia incansablemente en nombre de la «seguridad nacional», se ha convertido en un importante generador de inseguridad: una mayor inseguridad vital mediante un aumento sin precedentes de las ejecuciones, el maltrato sistemático de los presos y una mayor inseguridad económica mediante la brutal reducción de los medios de vida de la población.

La Guerra de los Doce Días —seguida de una intensificación de las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea y la activación del mecanismo de refinanciación automática del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas— aumentó la presión sobre los ingresos petroleros, la banca y el sector financiero, ahogando los flujos de divisas y profundizando la crisis presupuestaria.

Desde el 24 de junio de 2025, cuando terminó la guerra, hasta la noche en que estallaron las primeras protestas en el Bazar de Teherán el 18 de diciembre, el rial perdió alrededor del 40% de su valor. Esta no fue una fluctuación natural del mercado. Fue el resultado combinado de la escalada de sanciones y el esfuerzo deliberado de la República Islámica por repercutir los efectos de la crisis desde arriba hacia abajo mediante la devaluación controlada de la moneda nacional.

Las sanciones deben condenarse incondicionalmente. Sin embargo, en el Irán actual, también operan como un instrumento de poder de clase interno. Las divisas se concentran cada vez más en manos de una oligarquía militar y de seguridad que se beneficia de la elusión de las sanciones y de la opacidad del corretaje petrolero. Los ingresos por exportaciones están prácticamente secuestrados, liberándose en la economía formal solo en momentos puntuales, a tasas manipuladas. Incluso cuando aumentan las ventas de petróleo, los ingresos circulan dentro de instituciones cuasi estatales y un «estado paralelo» (sobre todo el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica), en lugar de integrarse en la vida cotidiana de la población.

Para cubrir el déficit generado por la caída de los ingresos y el bloqueo de las devoluciones, el Estado recurre a la eliminación de subsidios y a la austeridad. En este contexto, la caída repentina del rial se convierte en una herramienta fiscal: obliga a la moneda «rehén» a volver a circular en condiciones estatales, ya que el propio Estado se encuentra entre los mayores tenedores de dólares. El resultado es una extracción directa de los ingresos de las clases bajas y medias, y la transferencia de las ganancias derivadas de la elusión de sanciones y la renta monetaria a una pequeña minoría, lo que profundiza la división de clases, la inestabilidad de los medios de vida y la ira social. En otras palabras, los costos de las sanciones son pagados directamente por las clases bajas y la menguante capa media.

El colapso de la moneda nacional debe, por lo tanto, entenderse como un saqueo estatal organizado en una economía marcada por la guerra y estrangulada por las sanciones: una manipulación deliberada del tipo de cambio en favor de redes de corretaje vinculadas a la oligarquía gobernante, al servicio de un Estado que ha convertido la liberalización neoliberal de precios en una doctrina sagrada.

Los pseudoizquierdistas campistas reducen la crisis a las sanciones estadounidenses y la hegemonía del dólar, borrando el papel de la clase dominante de la República Islámica como agentes activos de despojo y acumulación finenciera. Los campistas de derecha, generalmente alineados con el imperialismo occidental, culpan únicamente a la República Islámica y consideran las sanciones irrelevantes. Estas posturas se reflejan mutuamente, y cada bando tiene claros intereses en adoptarlas. Frente a ambas, insistimos en reconocer la imbricación del saqueo y la explotación globales y locales. Sí, las sanciones devastan la vida de las personas —mediante la escasez de medicamentos, la falta de piezas industriales, el desempleo y el deterioro psicológico—, pero la carga recae sobre la población, no sobre la oligarquía militar y de seguridad que amasa una enorme riqueza controlando los circuitos informales de divisas y petróleo.

VI. Las contradicciones

En la calle, se escuchan consignas contradictorias, desde llamamientos a derrocar la República Islámica hasta nostálgicos llamamientos a la monarquía. Al mismo tiempo, los estudiantes corean consignas dirigidas tanto contra despotismo de la República Islámica como contra la autocracia monárquica. Las consignas a favor del Sha y de Pahlavi reflejan contradicciones reales sobre el terreno, pero también se amplifican y se fabrican a través de las distorsiones de los medios de comunicación de derecha, incluyendo la vergonzosa sustitución de la voz de los manifestantes por consignas monárquicas. El principal autor de la manipulación mediática es Iran International, que se ha convertido en un megáfono para la propaganda sionista y monárquica. Según se informa, su presupuesto anual ronda los 250 millones de dólares, financiado por personas e instituciones vinculadas a los gobiernos de Arabia Saudí e Israel.

Durante la última década, la geografía iraní se ha convertido en un campo de tensión entre dos horizontes sociopolíticos, mediados por dos modelos diferentes de organización contra la República Islámica. Por un lado, se encuentra una organización social concreta e integrada en las líneas divisorias de clase, género/sexualidad y etnicidad, de forma más vívida en las redes entrelazadas forjadas durante el levantamiento de Jina en 2022, que se extienden desde la prisión de Evin hasta la diáspora, y que generan una unidad sin precedentes entre diversas fuerzas, desde mujeres hasta minorías étnicas kurdas y baluchis, que se oponen a la dictadura al tiempo que presentan horizontes feministas y anticoloniales. Por otro lado, se encuentra una movilización populista, organizada como una «revolución nacional», cuyo objetivo es producir una masa homogénea de individuos atomizados a través de las cadenas de televisión por satélite. Con el respaldo de Israel y Arabia Saudita, este proyecto busca conformar un cuerpo cuya «cabeza» —el hijo del Sha depuesto— pueda posteriormente insertarse desde fuera, mediante una intervención con respaldo extranjero, e injertarse en él. Durante la última década, los monárquicos, armados con un enorme poder mediático, han empujado a la opinión pública hacia un nacionalismo racista extremo, profundizando las divisiones étnicas y fragmentando la imaginación política de los pueblos de Irán.

El crecimiento de esta corriente en los últimos años no es un signo de atraso político popular, sino el resultado de la falta de una amplia organización de izquierda y de poder mediático para producir un discurso contrahegemónico alternativo. Esta ausencia y debilidad se debe, en parte, a la represión y la asfixia, lo que abrió espacio para este populismo reaccionario. En ausencia de una narrativa poderosa de fuerzas de izquierda, democráticas y no nacionalistas, incluso lemas e ideales universales como la libertad, la justicia y los derechos de las mujeres pueden ser fácilmente apropiados por los monárquicos y revendidos al pueblo bajo una apariencia progresista que esconde un núcleo autoritario. En algunos casos, esto incluso se presenta en un lenguaje socialista; es precisamente aquí donde la extrema derecha también devora el terreno de la economía política.

Al mismo tiempo, a medida que se intensifica el antagonismo con la República Islámica, también se han intensificado las tensiones entre estos dos horizontes y modelos; hoy en día, la división entre ellos se aprecia en la distribución geográfica de las consignas de protesta. Dado que el proyecto del «retorno de Pahlavi» representa un horizonte patriarcal basado en el etnonacionalismo persa y una orientación profundamente derechista, en los lugares donde ha surgido la organización de base obrera y feminista —en universidades y en las regiones kurdas, árabes, baluchis, turcomanas, árabes y turcas—, las consignas promonárquicas están prácticamente ausentes y a menudo provocan reacciones negativas. Esta situación contradictoria ha dado lugar a diversas maneras de malinterpretar el reciente levantamiento.

VII. El horizonte

Irán se encuentra en un momento histórico decisivo. La República Islámica se haya en una de sus posiciones más débiles de su historia: internacionalmente, tras el 7 de octubre de 2023 y el debilitamiento del llamado «Eje de la Resistencia», e internamente, tras años de reiteradas insurgencias y levantamientos. El futuro de esta nueva ola sigue siendo incierto, pero la magnitud de la crisis y la profundidad del descontento popular garantizan que otra ronda de protestas pueda estallar en cualquier momento. Incluso si el levantamiento de hoy es reprimido, volverá. En esta coyuntura, cualquier intervención militar o imperial solo puede debilitar la lucha desde abajo y fortalecer la posición de la República Islámica para ejercer la represión.

Durante la última década, la sociedad iraní ha reinventado la acción política colectiva desde abajo. Desde Baluchistán y Kurdistán durante el levantamiento de Jina hasta ciudades más pequeñas como Lorestán e Isfahán durante la actual ola de protestas, la capacidad política —sin representación oficial desde arriba— se ha trasladado a la calle, a los comités de huelga y a las redes locales informales. A pesar de la brutal represión, estas capacidades y conexiones se mantienen vivas en la sociedad; persiste su capacidad de retornar y cristalizar en poder político. Pero la acumulación de ira no es lo único que determinará su continuidad y dirección. La posibilidad de construir un horizonte político independiente y una alternativa real también será decisiva.

Este horizonte enfrenta dos amenazas paralelas. Por un lado, puede ser apropiado o marginado por fuerzas de derecha radicadas fuera del país, fuerzas que instrumentalizan el sufrimiento popular para justificar sanciones, guerras o intervenciones militares. Por otro lado, segmentos de la clase dominante, ya sea de facciones militares y de seguridad o de corrientes reformistas, trabajan entre bastidores para presentarse ante Occidente como una opción «más racional», «más económica» y «más confiable»: una alternativa interna desde dentro de la República Islámica, no para romper con el orden de dominación existente, sino para reconfigurarlo bajo una nueva apariencia. (Donald Trump pretende hacer algo similar en Venezuela, doblegando a elementos del gobierno gobernante a su voluntad en lugar de provocar un cambio de gobierno). Este es un cálculo frío de gestión de crisis: contener la ira social, recalibrar las tensiones con las potencias globales y reproducir un orden en el que se niega a los pueblos la autodeterminación.

Frente a estas dos corrientes, el resurgimiento de una política internacionalista de liberación es más necesario que nunca. No se trata de una «tercera vía» abstracta, sino de un compromiso para situar las luchas populares en el centro del análisis y la acción: organización desde abajo en lugar de guiones escritos desde arriba por líderes autoproclamados, en lugar de falsas oposiciones fabricadas desde fuera. Hoy, el internacionalismo significa mantener unidos el derecho de los pueblos a la autodeterminación y la obligación de luchar contra toda forma de dominación, tanto interna como externa. Un verdadero bloque internacionalista debe construirse a partir de la experiencia vivida, solidaridades concretas y capacidades independientes.

Esto requiere la participación activa de las fuerzas de izquierda, feministas, anticoloniales, ecologistas y democráticas en la construcción de una organización amplia y clasista dentro de la ola de protesta, tanto para reivindicar la vida como para abrir horizontes alternativos de reproducción social. Al mismo tiempo, esta organización debe situarse en continuidad con el horizonte liberador de luchas anteriores, y en particular del movimiento «Jin, Jiyan, Azadi», cuya energía aún alberga el potencial de perturbar, de golpe, los discursos de la República Islámica, los monárquicos, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y aquellos antiguos reformistas que ahora sueñan con una transición controlada y la reintegración a los ciclos de acumulación estadounidense-israelí en la región.

Este es también un momento decisivo para la diáspora iraní: puede contribuir a redefinir una política de liberación o puede reproducir la ya desgastada disyuntiva de «despotismo interno» versus «intervención extranjera» y, por lo tanto, prolongar el impasse político. En este contexto, es necesario que las fuerzas de la diáspora avancen hacia la formación de un verdadero bloque político internacionalista, uno que defina claramente tanto el despotismo interno como la dominación imperialista. Esta postura vincula la oposición a la intervención imperialista con una ruptura explícita con la República Islámica, rechazando cualquier justificación de la represión en nombre de la lucha contra un enemigo externo.

3.- La visión desde Siria

Se trata de un extracto de una declaración de los internacionalistas anarquistas en el norte de Siria.

Irán es un actor importante en la geopolítica de Oriente Medio. Su influencia también tuvo un fuerte impacto en Siria durante la era de Assad. El contrabando y otras rutas de transporte pasaban por Siria, abasteciendo a Hezbolá. Tras la caída del régimen de Assad, Irán fue expulsado de Siria y, en general, ha perdido su poder previo en la región. Los daños sufridos durante los ataques israelíes de junio de 2025 se convirtieron en otro factor que afectó la situación de la República Islámica.

Las protestas han estallado con regularidad en Irán. Las protestas de 2022, bajo el lema «Mujer, Vida, Libertad», son famosas en todo mundo. Al igual que entonces, las protestas se extendieron por todo el país. El descontento popular se extendió debido a factores económicos —inflación, aumento de precios y pobreza—, pero finalmente desembocó en un llamado a derrocar al régimen. Los manifestantes se enfrentan a la policía en las calles, y algunos han resultado muertos y heridos.

Durante la escalada entre Israel e Irán en 2025, un detalle interesante fueron las declaraciones de Netanyahu y Trump sobre la desestabilización intencional de Irán con el objetivo de un cambio de régimen. Se trata de una estrategia bastante habitual de Estados Unidos hacia gobiernos «inconvenientes» en las regiones que les interesan: allanar el camino para políticos más cooperativos, como intentaron hacer en Afganistán. Durante la escalada más reciente de la guerra entre Israel e Irán, corrieron rumores de que ya existía una figura gobernante «democrática» provisional, respaldada y preparada por Estados Unidos. Aunque esta información no fue confirmada, podemos imaginar que podría ser cierta, considerando los métodos de Estados Unidos en otros casos (por ejemplo, el reciente secuestro del presidente venezolano). En este contexto, queda claro el significado de la intención declarada de Trump de ayudar a los manifestantes iraníes si Irán «asesina cruelmente a manifestantes pacíficos, como suele hacer».

El Kurdistán iraní, Rojhilat, es una de las regiones rebeldes de Irán. Sus intentos de declarar la autonomía han fracasado durante décadas, pero la lucha guerrillera en el territorio iraní continúa. El PJAK (Partido de la Vida Libre del Kurdistán) ha apoyado a los manifestantes y ha condenado una vez más al régimen actual.

El movimiento de liberación kurdo lucha por la libertad no solo en Siria o en Turquía. Las noticias de Rojhilat ocupan los titulares con menos frecuencia, pero la situación en Irán es especialmente difícil para la lucha de liberación. Las fuerzas del PJAK cuentan con un brazo armado femenino, lo cual es especialmente importante en el contexto de una dictadura que ejerce una «policía moral» sobre la población y, como es habitual, perjudica a los grupos más vulnerables, incluidas las mujeres.

La inestabilidad en Teherán podría beneficiar a la región kurda y debilitar las alianzas imperialistas del eje Rusia-Irán-China. Sin embargo, un gobierno títere instalado por Estados Unidos, Israel o cualquier otro país no abordará la cuestión kurda en Irán. Además, abordar la cuestión kurda en un marco imperialista neoliberal no puede ofrecer una solución verdadera para un Oriente Medio multiétnico y multirreligioso. El confederalismo democrático, ya implementado en el noreste de Siria por el Partido de la Unión Democrática (Partiya Yekîtiya Demokrat, PYD) y promovido por el PJAK en Rojhilat, ofrece una opción mucho más prometedora para lograr la paz.

Nota de los editores de Redes Libertarias: En el momento de preparar este dossier elaborado por CrimethInc, los medios de comunicación informan que las autoridades iraníes restringieron este jueves el acceso a internet al no permitir conexiones o servicios de fuera del país y, al menos, 45 manifestantes, incluidos ocho niños, han muerto y cientos más ha resultado heridos en los primeros 12 días de revuelta. Se calcula que hay unas 2000 personas detenidas.

Fuente: https://redeslibertarias.com/2026/0...