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El gigante del fast fashion se hizo presente en el centro comercial más grande de Israel, que se inauguró esta semana en el centro del país.

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Redacción

La española Zara, uno de los gigantes globales del fast fashion, presentó esta semana su nueva y «enorme» tienda insignia en Israel, instalada en el centro comercial más grande del país.

Como no podía ser de otra manera, Zara se hizo presente en el centro comercial Glilot, un mall especializado en vestimenta y moda que está abriendo sus puertas en la periferia de Tel Aviv con una superficie de 44.000 metros cuadrados.

El local de la firma española cuenta con dos pisos y combina sus tradicionales líneas de ropa con los productos de Zara Home en 4.500 metros cuadrados, informó la prensa israelí.

Se trata de «un complejo enorme», dijo Maariv al comentar la presentación del local. «No es una tienda habitual más de la exitosa cadena española, sino de un concepto innovador«, elogió el diario.
Una tienda muy ecológica

Maariv destacó que, «como parte del compromiso de Zara de diseñar, construir y gestionar tiendas de forma eficiente, la tienda en el Big Fashion Glilot está equipada con los últimos sistemas ecológicos».

Esos sistemas «incluyen calefacción y refrigeración eficientes, iluminación LED de bajo consumo y el uso de materiales respetuosos del medio ambiente«.

Voceros del coloso español aseguraron que Zara «trabaja continuamente para reducir el impacto ambiental de sus operaciones y promueve programas de reciclaje y reutilización para apoyar una economía circular y reducir el consumo de nuevas materias primas».

«Nuestro objetivo -adelantaron- es completar la revolución verde para el 2040» como parte de una «visión global» en materia de sostenibilidad y responsabilidad medioambiental.

El reporte del diario apuntó que la apertura de el nuevo flagship store en el Glilot «enmarca en la expansión de las actividades del Grupo Inditex en Israel«, que opera, además de Zara, las marcas Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho y Zara Home.

Inditex, considerado el grupo más grande de mundo en el sector del fast fashion, opera en más de 7.200 locales en noventa y tres países.

Tomada del medio sionista Israeleconómico, cuyo enlace no vamos a poner aquí (Tortuga).

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Esteban García Marcos

Geoffrey Hinton es una de las grandes mentes que han dado luz a inteligencias artificiales (IA) como ChatGPT o Claude. Su análisis del aprendizaje profundo y su capacidad de entender la lógica detrás de todas estas cuestiones le han granjeado el título honorífico de ser el 'Padrino' de la Inteligencia Artificial (IA). Sin embargo, también ha visto el gran peligro existencial que la IA entraña, por lo que se ha retirado de este mundo.

Su nivel de compromiso a la hora de entender el mundo de la IA le granjeó en su momento el Nobel de Física junto con John Hopfield por su aportación a este campo. Esto es lo que hace todavía más interesante el hecho de que su visión sobre el mismo sea tan negativa. Al fin y al cabo, prácticamente nadie conoce la IA y las redes neuronales como él, por lo que sienta un extraño precedente de genio consciente del impacto que puede tener su creación.

Ahora, Hinton parece que va a señalar otro peligro que corre la humanidad por culpa de la IA, y no es ni más ni menos que el auge del fascismo.

La IA como garante del fascismo

Geoffrey Hinton ha querido advertir sobre el peligro que supone el ascenso de la IA en el mundo actual. No tanto por los daños que puede causar la propia IA. De hecho, no plantea un apocalipsis porque esta se salga de control. Todo lo contrario, el problema sigue siendo el ser humano y el modelo económico imperante en la actualidad. Para Hinton, el verdadero problema es la sociedad capitalista.

Teniendo un gran aumento de la productividad debería haber un aumento de bienes y servicios para todo el mundo y la gente viviría mejor. El problema es que realmente está pasando lo contrario porque vivimos en una sociedad capitalista.

El problema para Hinton está en que, está convencido de que la IA va a generar una gran cantidad de dinero con el paso de los años, y eso en teoría debería ser bueno para todo el mundo. Aumentaría la riqueza global y ayudaría a alcanzar una cierta igualdad. Pero el punto no es cierto, sino que simplemente hará más ricos a los ricos y pobres a aquellos que pierdan su salario. Estas personas se verán abocadas a abrazar el extremismo debido a su pérdida absoluta de poder adquisitivo, tal y como ocurrió en la Europa de Entreguerras.

Este aumento enorme de la productividad le va a dar más dinero a las grandes empresas y a los ricos, aumentando todavía más el hueco entre los ricos y la gente que va a perder su trabajo. Tan pronto como aumentes este espacio, más terreno fértil queda para el auge del fascismo.

La postura de Hinton es clara en lo que se refiere a los peligros de la IA. No es tanto lo que puede causar la propia Inteligencia Artificial al ser humano, sino los efectos devastadores que el propio humano puede generar en su propia economía al adoptarla:

Es triste porque solo estamos haciéndolo peor y peor, y es una locura porque podría ser algo que ayudara a todo el mundo. Pero si los beneficios van solo para los ricos, la sociedad será claramente peor.

Así, no es el único en mostrar una visión pesimista de las cuestiones y problemáticas que plantean este tipo de situaciones, ya advertía el MIT sobre la capacidad que tiene la IA para mentir. Pero él va un paso más allá y critica al propio modelo productivo, el capitalismo, como principal problema que hará que el fascismo acabe creciendo debido al gran cisma económico entre clases que se producirá.

Fuente: https://www.lavanguardia.com/andro4...

Alejandro Pozo Marín

En un artículo la semana pasada en elDiario.es identificamos diez ámbitos de relaciones armamentísticas entre España e Israel, uno de ellos es la adjudicación en España de contratos públicos para la adquisición de productos de defensa israelíes. Con una sola medida, ninguno de esos ámbitos sería posible: un embargo integral.

Solo hace una falta una medida, esa, y no otra, una fórmula sobre la que aparentemente existe un apoyo mayoritario en el Congreso. Pero los ministros de Defensa y Exteriores ya la han objetado. José Manuel Albares defiende un embargo de las exportaciones, sin que afecte a las adquisiciones de material de defensa israelí. Defensa “pide realismo y no engañar a los ciudadanos con falsas expectativas”. Ambos argumentan que ya existe un “embargo de facto”. Pero no se trata de una medida formal, sino política, una donde la propia subjetividad del Ejecutivo determina cada criterio y lo modula en función del interés del momento: “Una cosa son licencias de determinada tecnología y otra cosa es armamento, y España no compra armas a Israel”, dijo la ministra Margarita Robles.

Eso no es un embargo de armas, ni de iure ni de facto, ni una medida acorde con lo que requiere la coyuntura actual en el territorio palestino.

Desde el 7 de octubre de 2023 el Gobierno ha tomado decisiones que le singularizan, en positivo, entre el conjunto de sus aliados de la Unión Europea y la OTAN. Sin embargo, los datos públicos disponibles sugieren que, desde aquella fecha, las relaciones armamentísticas entre España e Israel han sido más prolíficas que nunca, en particular en lo relacionado con la cooperación industrial y la adjudicación de contratos. Ese volumen no responde a una intención deliberada de aumentar esas relaciones gracias a lo que acontece en Gaza, sino a una herencia del pasado asumida acrítica e interesadamente; la continuación de esas relaciones va en aumento a pesar de las atrocidades cometidas en la Franja.

Aquí reside la primera reflexión que cabe hacerse: cómo ha sido posible generar semejante dependencia con quien nunca ha sido de fiar en cuanto a lo que hace con el mismo material de defensa que adquirimos. Sin rendición de cuentas, difícilmente se podrá aprender cómo mejorar.

Los misiles Spike

El misil Spike forma parte de los arsenales españoles desde hace cerca de dos décadas. Su propietaria es la empresa pública israelí Rafael Advance Defense Systems y lo ha publicitado desde el primer momento como “probado en combate”. Los medios de comunicación españoles suelen definir ese misil como “antitanque”. Sin embargo, Rafael lo califica de “multipropósito”. El Spike se utiliza en Gaza, con mucha asiduidad, pero las organizaciones armadas palestinas no tienen tanques. Ese misil ha sido usado para matar a civiles.

Recordarán que las Fuerzas de Defensa de Israel asesinaron a siete trabajadores de la ONG fundada por el cocinero español José Andrés, World Central Kitchen, en abril de 2024: un palestino, tres británicos, un australiano, un polaco y un canadiense-estadounidense. Los mataron con un dron de Elbit Systems, el Hermes 450, que disparó tres misiles que, con “mucha probabilidad”, eran los Spike de Rafael. Esa utilización contra civiles viene de lejos. Según Human Rights Watch, ese misil también fue disparado por los drones israelíes en 2009 durante los ataques a Gaza en la operación Plomo Fundido, matando al menos a 48 civiles.

El martes empezamos el día con la noticia de que algo había sido revocado en relación con las adquisiciones del misil Spike. Pero no quedó claro qué se había revocado exactamente. La primera sensación fue que había sido una licencia de importación: el 23 de mayo, el Gobierno había denegado la entrada en España por el puerto de Cartagena al buque “Danica Violet”, que transportaba “componentes” para fabricar los misiles Spike LR2. Es como si uno hace un pedido online –y lo paga– y echa al repartidor cuando llama al timbre. Ese proveedor merecía un rechazo, pero ese caso es paradójico y merece una explicación que todavía no ha sido proporcionada.

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, aclaró que “se ha iniciado el proceso de revocación de la licencia tecnológica, y en este momento se está buscando cómo reorientar el programa e, incluso, se están estudiando los efectos de esa medida de cancelación”. Remarquemos: “iniciado el proceso de revocación de la licencia tecnológica”. Esa declaración rememora la que hizo el Ministerio del Interior el 29 de octubre de 2024 en relación con el famoso contrato para adquirir munición de 9 mm para la Guardia Civil. El titular de la noticia de Interior fue: “Interior inicia el proceso para rescindir el contrato de compra de munición a una empresa israelí”. Remarquemos: “Inicia el proceso para rescindir”.

¿Cómo interpretaron entonces muchos medios de comunicación esa noticia? Muchos dieron por hecho que la anulación ya se había producido: “Interior cancela la compra”, “Interior cancela el contrato”, “Interior anula la compra” o “Interior cancela la compra de munición”. Más tarde, se formalizó un contrato que nunca se había cancelado y esa situación continúa hoy, a pesar de los anuncios sobre su rescisión. No es tan fácil y no es tan rápido.

El martes, muchos medios volvieron a dar por hecho el fin del contrato para el suministro del Spike: “se cancela la compra”, “prescinde ya de misiles Spyke” (sic) o “Defensa revoca un contrato con una empresa israelí”. Esos medios afirmaron haber consultado a fuentes de Defensa. Para algunos, Pap Tecnos, la adjudicataria del contrato para el suministro de los misiles Spike, era una empresa “española”; para otros, “israelí” (se trata de una filial de Rafael establecida en España). Mientras que en España muchos medios han recogido la noticia de manera desigual ante la confusión, los medios de comunicación internacionales han dado por cancelado el contrato, en muchos casos citando a los medios españoles. También lo han hecho en Israel, al menos en una docena de medios de ese país.

La realidad es que ese contrato no está revocado. Al menos, eso es lo que han asegurado fuentes de Defensa a los medios que han preguntado. En la página web del Ministerio no aparece noticia alguna sobre este asunto y no existe ningún documento formal. Asimismo, Pap Tecnos comunicó a la agencia Associated Press que “no ha sido informada de ninguna cancelación” y lo mismo dijo en Israel la empresa Rafael. Tampoco Elbit Systems –propietaria del modelo en el que se basa el SILAM, un segundo contrato del que se ha informado sobre una eventual revocación– ha publicado nada en su web.

Según el portal defensa.com, ni siquiera se estaría iniciando proceso alguno para esa revocación: la licencia se renueva cada año, el martes expiraba la que se encontraba en curso y no habría sido renovada. Esa licencia, según el portal, era necesaria para la “importación de ciertos componentes que integran el misil que se fabrica en España, según el plan industrial liderado por Pap Tecnos, en el que participan empresas españolas como Tecnobit – Grupo Oesia, EM&E Group o FMG, empresas con las que se han cumplido los compromisos de transferencia tecnológica por parte del tecnólogo [Rafael]”. También identifica un “contrasentido” en suspender las licencias y mantener el programa. En una situación similar parece encontrarse el programa del lanzacohetes SILAM, del que se afirma que no usará tecnología israelí, sino íntegramente española, tanto en los lanzadores como en la munición.

Una eventual cancelación de los contratos adjudicados conllevaría algunas derivadas: la modificación drástica del programa, alterando costes, plazos y logística; la búsqueda de alternativas sin tecnología israelí; la sustitución de un estándar del Ejército desde hace muchos años, que también forma parte del equipamiento de vehículos como el Dragón 8x8 o el helicóptero de ataque Tigre –la logística está adaptada, los operadores han sido instruidos y los técnicos han recibido la formación que necesitan–. Un cambio de modelo tendrá implicaciones económicas. Gratis no es, pero no se debe poner precio a la colaboración con quien está acusado de cometer los crímenes más horrendos que hemos sido capaces de tipificar.

Sin licencia, ¿no hay programa?

Sin licencias, no hay programa. ¿O sí lo hay? Habrá que leer la letra pequeña cuando esté disponible. Existe una manera de conciliar todos esos asuntos, una especie del gatopardismo imaginado por Giuseppe Tomasi di Lampedusa, aquel que consistía en un “cambiar todo para que nada cambie”. Seguir con los mismos productos, pero reetiquetarlos; utilizar la misma tecnología o similar, pero deslocalizarla de Israel; o simplemente prescindir de más transferencias desde Israel si lo realmente imprescindible ya ha sido transferido o se ha encontrado una alternativa para obtenerlo.

En el caso del SILAM, por ejemplo, el Ministerio de Defensa “ha comprado la Propiedad Intelectual del diseño”. ¿Ya no tiene entonces nada que ver con el sistema PULS que Israel está utilizando actualmente en Gaza? Otra opción es adquirir esas mismas licencias basadas en tecnología israelí de un fabricante europeo. En cualquier caso, cualquier tecnología o empresa involucrada, por muy filial que sea o muy relacionada que esté con la industria o el producto israelí será denominada “española”.

Compárese el esquema de la construcción del Spike de 2023 de Pap Tecnos (la primera imagen) con el que ofrece hoy la compañía en su página web (la segunda), donde destaca el “elevado grado de nacionalización”.

En el esquema actual desaparece la referencia a Rafael en relación con la fibra óptica, sin especificar cuál será la alternativa. Sin embargo, continúa la presencia de Pap Tecnos, como no podría ser de otra manera: el producto es el mismo y es suyo, de Rafael. De Israel.

La garantía que se pide al Gobierno es que la industria israelí, su Ejército o su Estado no se beneficiará de ninguna manera –ni en términos económicos, ni políticos, ni empresariales ni reputacionales– de las decisiones relacionadas con el material de defensa adquirido.

Sea cual sea la explicación –que se espera– de todo este embrollo, los contratos no están cancelados ni revocados, ni lo estarán en mucho tiempo, en el caso de que eso llegue a producirse. A no ser, claro, que se decrete un embargo. El 23 de octubre de 2024, la ministra de Defensa respondió a la solicitud por escrito del ministro de Derechos Sociales de cancelar los contratos vigentes con empresas armamentistas israelíes afirmado que se había dejado en suspenso todos los contratos de adquisición de armamento israelí, salvo los relacionados con el arreglo de piezas.

Sin embargo, no tenemos noticias de que eso esté sucediendo con la mayoría de los contratos identificados y todo parece apuntar a que siguen su curso, como el de la adquisición de designadores POD para sistemas de combate aéreo del que informaba este lunes este diario, un contrato formalizado en abril de 2024 con Rafael y que tiene su ejecución prevista hasta finales de 2027. De aquel anuncio de la ministra hace más de ocho meses, pero se dice que empieza ahora la búsqueda de cómo reorientar los programas y el estudio de los efectos de una eventual cancelación.

De la búsqueda a la cancelación hay un trecho, que esperemos que se recorra. Con todo, este ritmo pausado con vistas al largo plazo contrasta fuertemente con la urgencia que requiere cualquier medida tomada en relación con la situación en la Franja de Gaza. El Gobierno español podría adoptar de inmediato un embargo integral a través de un Decreto Ley y facilitar, además, la revocación de contratos, porque formaliza las razones para hacerlo.

Un contrato se anula por la vía administrativa y, a día de hoy, desde el 7 de octubre de 2023, España no ha adoptado ninguna medida formal administrativa que obligue, restrinja, prohíba o condicione las relaciones armamentísticas con Israel. Ninguna.

Fuente: https://www.eldiario.es/internacion...

Álvaro García Sánchez

La fábrica de armamento que la multinacional alemana Rheinmetall Expal Munitions dirige en la pedanía murciana de Javalí Viejo se encuentra en el centro de una pormenorizada investigación policial. El pasado 30 de enero una deflagración en sus instalaciones provocó la muerte de un trabajador y dejó varios heridos, en un contexto marcado, se sabe ahora que las pesquisas avanzan, por una elevada carga de trabajo y por una serie de “irregularidades” en materia de seguridad laboral.

Asimismo, a nivel político, desde Podemos se ha denunciado que la “alta producción” de la planta está relacionada con la fabricación de armamento para Israel, al ser la compañía alemana una fuente confirmada de suministro a las tropas israelíes en su ofensiva sobre Gaza, tal y como destacó en octubre de 2024 un informe del Centre Delàs de Estudios por la Paz. Los datos públicos de Comercio del Gobierno de España revelan que la Región de Murcia ha recibido desde comienzos del 2024 una gran cantidad de explosivos. Se trata de una situación inusual hasta la fecha en esta comunidad autónoma.

Según confirman fuentes consultadas de UGT muy próximas a los delegados sindicales de la fábrica, ésta operaba con “una elevada carga de trabajo” y “a un ritmo fuerte”. “El volumen de actividad y producción que llevaban”, detallan las fuentes sindicales, “era alto desde hace mucho tiempo, y se había convertido en algo normal”.

Pero ese intenso ritmo de trabajo va un poco más allá. Un trabajador de la fábrica explica a este periódico que, desde finales de 2023, la producción en la planta de Rheinmetall murciana ha aumentado “al menos un 70%” de lo que era habitual. “Cuando pasó el accidente, ese taller que deflagró, y también el resto del complejo, se encontraba fabricando armamento al límite, a todo lo que podía dar”, señala.

En el marco de la investigación policial del suceso, la Policía Nacional ha detectado, sostienen fuentes del cuerpo armado, “irregularidades” en seguridad y salud laboral que motivaron la detención, el 27 de mayo, de dos responsables de Rheinmetall Expal Munitions, que ahora afrontan presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores, delitos de homicidio imprudente y también de lesiones por imprudencia. Asimismo, prosiguen las fuentes policiales, otros tres empleados de la fábrica están siendo investigados por su posible implicación en la deflagración, cuya llamarada tuvo la furia suficiente como para calcinar una extensión de tres kilómetros cuadrados de matorral hacia las afueras de la pedanía.

Tal y como informó El Español, el trabajador fallecido, de 42 años, acabó con el 70% de su cuerpo quemado y pasó doce días ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia, sin que se pudiera finalmente salvar su vida.

“La empresa era consciente de que había peligro y no lo solucionó”

“Las condiciones de seguridad eran inadecuadas y totalmente obsoletas. Las instalaciones, además, son muy antiguas”, trasladan desde UGT a través de los delegados sindicales de la fábrica.

El trabajador de Rheinmetall consultado por este diario afirma que el taller que ardió “necesitaba una remodelación urgente” para “reducir el peligro”, pero que la compañía no acometió dicha remodelación de seguridad en ningún momento. “La empresa era consciente de que había peligro y no lo solucionó. Querían fabricar a tope, y eso están haciendo, pero en esas instalaciones no se puede fabricar a tope”.

Por su parte, UGT manifiesta también que Rheinmetall Expal Munitions obligó a los trabajadores del turno inmediatamente posterior al de la deflagración, que se produjo el 30 de enero sobre las 16.30 horas, a acudir a su puesto de trabajo. “Pero no hubo producción durante aquel turno”, matizan. Los empleados, sostienen las fuentes sindicalistas, tuvieron que pasar las ocho horas de rigor en su puesto cuando la llamarada se había producido tan solo unos momentos antes, hiriendo de gravedad a varios de sus compañeros.

En Javalí Viejo los vecinos miran de reojo y con recelo a la fábrica tras los dos accidentes acaecidos en los últimos doce meses -hubo otro el 25 de enero de 2024 que causó dos heridos-. El complejo es grandísimo, y la pedanía, tan pequeña, está construida en gran parte junto a las tapias, que abarcan varios kilómetros en línea recta. Hay casas separadas de las instalaciones por apenas un par de metros. En cualquier momento temen que sobrevenga otra deflagración y ésta les pille cerca. La última se produjo más lejos, en el límite último de la planta, en la falda de la sierra.

Podemos vincula la producción de la fábrica con Israel

A medida que avanzan las pesquisas sobre las causas y las responsabilidades de la llamarada vuelve a salir a la palestra la vinculación de Rheinmetall con la exportación de armamento y municiones con destino Israel desde que comenzó su asedio sobre Gaza. En septiembre de 2024, una denuncia pública del diputado murciano en el Congreso, Javier Sánchez Serna, de Podemos, ponía el foco directamente en la fábrica de Javalí Viejo y en la llegada de material explosivo al puerto de Cartagena con rumbo a dicha planta. La empresa ha sido señalada reiteradamente en Alemania por su implicación en la exportación de armamento al ejército israelí, aunque también produce equipo militar para Ucrania, España y varios países de la OTAN.

Ya en enero de 2024, el diario Der Spiegel informó que Alemania accedió a la solicitud de Israel de entregar 10.000 cartuchos para tanques de 120 mm producidos por Rheinmetall. La firma alemana también aparece en un informe del Centre Delàs de Estudios por la Paz publicado por este diario en octubre de 2024, en el que se reportan datos de ataques a civiles y a edificios en Gaza con armas y munición de artillería proporcionadas por la compañía, cuya sede central está ubicada en Düsseldorf.

En su página web, la multinacional asegura que Rheinmetall Expall Munitions, que es el nombre que poseen las fábricas de la empresa en España, incluida la de Murcia, “es la responsable de la fabricación y entrega de cohetes que tienen un alcance máximo de 300 km”. La compañía cuelga en su página notas de prensa sobre pedidos por valor de decenas de millones de euros para suministrar munición de lanzacohetes del calibre 155mm a “clientes internacionales”, sin entrar en detalles sobre cuáles son esos destinatarios.

El trabajador de la fábrica murciana cuenta a elDiario.es que allí se produce armamento “para la OTAN, y para lo que recomienda la OTAN”. “Fabricamos para Ucrania, para España, para Alemania, Holanda o Eslovenia, entre otros. A Israel directamente no va lo que se hace aquí, aunque puede ser que una parte acabe allí de forma indirecta, con terceros países”, reconoce.

Sin ir más lejos, Rheinmetall arrastra acusaciones de exportar armas a Israel saltándose las restricciones alemanas y comunitarias por medio de intermediarios ubicados en otros países con políticas comerciales menos estrictas.

Cuando la Policía Nacional hizo pública el 27 de mayo la detención de los dos responsables de la planta de Javalí Viejo, el diputado de Podemos en la Asamblea Regional, Víctor Egío, reiteró el posible uso de la fábrica por parte de Rheinmetall “con el objetivo de abastecer de pólvora a las tropas israelíes”. La multinacional adquirió la planta en agosto de 2023 a la empresa Expal (Explosivos Alaveses). En octubre de ese mismo año comenzó la ofensiva de Israel sobre Gaza. Desde esa fecha, Egío sostiene que aumentó “significativamente la circulación de explosivos en el puerto de Cartagena”.

Flujo al alza de explosivos que recalan en Cartagena

El creciente tránsito de armamento en las terminales portuarias de Cartagena ha sido, asimismo, denunciado en varias ocasiones por la Campaña Fin al Comercio de Armas, integrada por más de 500 organizaciones. Los datos públicos revelan que ese incremento es un hecho constatable. Según la información accesible en la base de datos de Comercio del Gobierno de España, la Región de Murcia importó en 2024 explosivos preparados por valor de 1,2 millones de euros. En los años anteriores, en concreto 2021, 2022 y 2023, el volumen total de importaciones de dicho material había sido de 0 euros.

Desde el 1 de enero de 2024, según las cifras recopiladas por la Campaña a través de la información disponible en la web de la Autoridad Portuaria de Cartagena, al menos 23 barcos han descargado explosivos en el puerto de Cartagena. Muchos de ellos han estado vinculados a la venta de armas a Israel. La cantidad total de explosivos que han recalado en la ciudad portuaria en el último año y medio, coincidiendo con ese aumento en la producción de la fábrica, es de 258 toneladas.

Como sucedió, por ejemplo, con el buque Danica Sunrise en febrero, los contenedores con explosivos se descargan en la terminal cartagenera, y éstos salen a continuación del puerto en camiones que los transportan por carretera hasta la planta murciana. El buque Danica Violet, cuyo desembarco fue paralizado el pasado 23 de mayo después de que la Campaña lo asociara al comercio con Israel -el barco procedía directamente del puerto israelí de Haifa-, pretendía descargar una tonelada de explosivos en Cartagena.

La Campaña ha apuntado, asimismo, desde 2024, a la India como uno de los grandes exportadores de munición al puerto de Cartagena. Varios barcos, como el Borkum, que también fue denunciado por su relación con Israel, o como el Marianne Danica, al que el Gobierno le impidió la escala en la ciudad por el mismo motivo, descargaron explosivos en Cartagena procedentes del país asiático. Una investigación de Progressive International sacó a la luz que en diciembre de 2024 el propio Danica Violet entregó más de 18 toneladas de explosivos desde la India hasta Israel.

El portal de datos comerciales global Panjiva posee registros que enlazan directamente la importación de explosivos en Cartagena procedentes de la India con destino la fábrica de Rheinmetall en Javalí Viejo. En lo que llevamos de 2025 se han contabilizado un total de nueve referencias de exportación de explosivo de India a Cartagena para la planta de armamento murciana. En 2024, la cifra computada fue de 32 referencias de exportación.

Para la Campaña Fin al Comercio de Armas, los datos dejan claro que en la Región de Murcia se está produciendo munición en las instalaciones de Rhienmetall con destino y procedencia dudosos. Víctor Egío solicita desde Podemos “saber si en Javalí Viejo ese armamento se está fabricando para Israel”. “Si se quiere ser coherente”, añade, “el Gobierno debería negar a la multinacional alemana operar en España. No podemos permitirnos en Murcia una fábrica que comercia armas con un estado genocida”, señala el diputado.

Este periódico se ha puesto en contacto con Rheinmetall Expal Munitions y con el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa sin obtener respuesta.

Fuente: https://www.eldiario.es/murcia/soci...

Efe

La Plataforma Canaria por la Paz, contra la OTAN y por la Neutralidad ha calificado la decisión celebrar este año en las islas los actos centrales del Día de las Fuerzas Armadas de “provocación” y de “humillación” al pueblo canario por parte del Gobierno de España.

Así lo han asegurado sus portavoces, Carmelo Suárez y Koldobi Velasco, en declaraciones a los periodistas en una concentración frente al palacio militar del parque San Telmo de Las Palmas de Gran Canaria, en la que han recordado que Canarias “dijo no a la OTAN” en el referéndum de 1986 y ha mantenido “siempre una posición de compromiso por la neutralidad”.

Este rechazo se suma al de más de 400 personas que conforman medio centenar de colectivos de Canarias que han expresado también su disconformidad a la celebración del Día de las Fuerzas Armadas en las islas, “ni en ningún lugar”.

Este sábado, 7 de junio, Santa Cruz de Tenerife será el epicentro de la celebración del día de las Fuerzas Armadas, donde se espera contar con la presencia de los Reyes de España, Felipe VI y Letizia Ortiz, pero desde toda la semana previa se han organizado eventos y ferias para acercar el ejército a la ciudadanía.

Actividades todas estas que han sido rechazadas desde la Plataforma Canaria por la Paz, ya que, a su juicio, buscan “un maquillaje del verdadero papel de los ejércitos, una legitimación que intenta ocultar que solo buscan que los ricos sean todavía más ricos y los pobres, más pobres”.

Koldobi Velasco ha detallado que desde la plataforma no quieren que Canarias sea “un paraíso militar” en el que hay un soldado por cada 169 habitantes, ni tampoco que se use el territorio insular para “ensayos de guerra”.

“Queremos una Canarias donde la seguridad real sea la neutralidad, la seguridad humana, la defensa de los derechos, de las libertades, de la satisfacción de las necesidades para todas las personas”, ha insistido la portavoz de la plataforma, quien ha agregado que en la actualidad el Gobierno de España se gasta 164 millones de euros al día en gasto militar.

Por su parte, Carmelo Suárez ha acusado de “complicidad” al Gobierno de Canarias (CC y PP) con el Ejecutivo estatal por permitir que estas jornadas “provocativas y humillantes” se celebren en el archipiélago y, especialmente, del alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez (CC).

“La lógica de la guerra en la que está metida hoy el capitalismo internacional es una lógica suicida que responde a los intereses de los grandes monopolios en su confrontación por el control de los recursos y las rutas comerciales y económicas, y nada tiene que ver con los intereses del pueblo canario”, ha apuntado Suárez.

Según el portavoz de la plataforma, en un territorio como Canarias “no es posible desarrollar ninguna acción de guerra defensiva” al no haber prácticamente superficie para ello, por lo que se está usando al archipiélago como una “diana” y centro logístico para desde aquí atacar.

Para denunciar estas jornadas de “exaltación militarista”, desde la plataforma han convocado sendas manifestaciones para el mismo sábado, tanto en San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) como en Las Palmas de Gran Canaria, así como otras acciones a lo largo de la semana en repulsa a que se intente “humillar” al pueblo canario con esta celebración del día de las Fuerzas Armadas.

Fuente: https://www.eldiario.es/canariasaho...

Diego Díaz Alonso

Un grupo de personas ha bloqueado este miércoles por la mañana, durante hora y media, los accesos a la fábrica de armas de Trubia, Oviedo/Uviéu para exigir el embargo total de armas a Israel y el fin del comercio con este país.

Encadenados a las puertas de la histórica factoría armera, los activistas bloquearon el paso a camiones y trabajadores hasta que la Guardia Civil intervino y autorizó al personal de la fábrica a cortar las cadenas. Tras esto se realizaron identificaciones pero ninguna detención a los manifestantes, que portaban una pancarta con el lema “El xenocidiu entama equí”.

La elección de la fábrica de Trubia no es casual. En la actualidad la factoría se encarga del montaje de los blindados Dragón, un vehículo que incorpora tecnología de tres proveedores israelíes: Plasan, Elbit Systems y Rafael Advanced Defense Systems.

Las tres empresas se encuentran directamente implicadas en el genocidio de Gaza como proveedores del Ejército de Israel. En el caso de Rafael Advanced Defense Systems se trata de una empresa de capital público cuyo origen está directamente en el Ministerio de Defensa de Israel.

Con esta acción de desobediencia civil pacífica los activistas han querido presionar al Gobierno de España para que cumpla íntegramente su promesa de no comerciar con armas israelíes, uno de los mayores fabricantes mundiales de armamento. Aunque el Gobierno ya ha roto algunos contratos con Israel, todavía persisten otros como el vigente en la fabricación de los Dragon por el consorcio TESS Defence, integrado por las empresas privadas Escribano M&E, Sapa Placencia, Santa Barbara Sistemas, propiedad de la norteamericana General Dynamics, y la semipública Indra, esta última con una importante participación del Estado a través de la SEPI.

Fuente: https://www.nortes.me/2025/06/04/bl...

Santiago F. Reviejo

La plataforma ciudadana La Digitalizadora, compuesta por profesionales audiovisuales y de la archivística, ha digitalizado decenas de cintas de vídeo doméstico, grabadas durante las protestas del movimiento antimilitarista que llevó a prisión a más de 1.500 jóvenes entre 1989 y 2001 por negarse a hacer el servicio militar obligatorio y su prestación social sustitutoria (PSS).

La colección se ha abierto con la memoria de los insumisos de Sevilla, pero prevén ampliarla a otras ciudades españolas para recordar las aportaciones del mayor movimiento de desobediencia civil de este país, justo cuando ha emprendido un rearme militar con un notable incremento de la inversión en defensa.

La colección Insumisión-Movimiento de Objeción de Conciencia (MOC) Sevilla se ha hecho mediante la digitalización de las cintas que grabaron con cámaras domésticas de vídeo familiares de insumisos y alumnos de estudios audiovisuales durante las manifestaciones, juicios y entrevistas a jóvenes a quienes les pedían dos años, cuatro meses y un día de prisión por negarse a hacer la mili o su alternativa, la PSS.

Es una selección de más de 70 horas de grabación que recogen en torno a una década de protestas antimilitaristas sin parangón en Europa, las cuales no cesaron hasta que el Gobierno de José María Aznar, en 2001, acabó con un servicio obligatorio solo para los hombres, impuesto durante más de 200 años.

El movimiento antimilitarista cristalizó en España entre febrero y junio de 1989, cuando se presentaron de forma voluntaria en los juzgados de diferentes capitales españolas cerca de 200 jóvenes que se negaban a hacer ninguno de los dos servicios que estaban obligados a realizar al cumplir los 19 años.

Pero ya había precedentes, como el de Pepe Beunza, el primero en declararse objetor en España por razones éticas y políticas, que estuvo preso entre 1971 y 1974 y que en un artículo publicado en 2014 explicaba así sus convicciones: "La persona que dice no a lo que considera una obligación injusta, lo hace públicamente y acepta las consecuencias, desarrolla una fuerza más poderosa que un Estado, un dictador o una ley. Así entiendo yo la objeción de conciencia. Siempre se paga un precio, a veces pequeño, pero, según en qué circunstancias, puede significar la libertad o la vida. En este caso, el efecto dominó puede ser tan importante que consiga que las leyes injustas desaparezcan o los tiranos caigan".

Otro de los referentes del movimiento de la insumisión en España, Adrián Collado, fallecido en 2023 en Sevilla, fue el principal instigador de la recuperación de la memoria audiovisual del antimilitarismo, de la que tenía guardadas en su casa varias cajas con un total de 150 cintas de vídeo en viejos formatos analógicos. Un día se presentó con las cajas en la casa del realizador audiovisual Oscar Clemente y le propuso hacer algo para conservar toda esa memoria antes de que los avances tecnológicos hicieran completamente obsoletas e inservibles las viejas cintas VHS.

Aquello fue el germen de La Digitalizadora como una plataforma ciudadana que colabora con colectivos sociales para preservar su memoria audiovisual registrada en formatos analógicos. Desde su creación, en 2019, La Digitalizadora ha creado, entre otras, colecciones de la memoria audiovisual de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y la lucha jornalera de Diamantino García, de tres barrios de Sevilla, del Colectivo de Cine Polans y de una novedosa experiencia de reforma educativa en Riotinto.

Sin embargo, la que había sido su embrión, la antimilitarista, se quedó postergada por diferentes circunstancias, según explica a Público Oscar Clemente. Y es ahora, cuando el rearme militar ha vuelto a la primera plana, cuando será presentada en un acto en Sevilla previsto para el próximo 17 de mayo.

La colección recoge momentos muy relevantes del movimiento antimilitarista de Sevilla. La declaración, por ejemplo, del cantante del grupo de rock Los Reincidentes, Fernando Madina, cuando se presentó voluntariamente en el juzgado para declararse insumiso.

O la entrega el 6 de mayo de 1991 de uno de los primeros insumisos condenados en España por negarse a hacer la prestación sustitutoria, Francisco Javier Batres, Frasco, acompañado por una multitud desde su facultad, Ciencias de la Educación, hasta los juzgados, y luego el momento de su salida de la prisión.

Otro de los vídeos recogidos en la colección muestra el salto de la valla de la Base Aérea de Morón, realizado el 19 de febrero de 1996 por cuatro antimilitaristas que desplegaron una pancarta dentro del recinto contra los ejércitos, cuando se cumplían siete años del comienzo de la campaña de insumisión.

Aquello tenía su riesgo, porque se exponían a una condena de hasta tres años de prisión por entrar sin permiso en una propiedad militar. Fueron detenidos por la policía de la base y luego entregados a la Guardia Civil.

Manuel Soriano es uno de los insumisos que participó en esa protesta. "La insumisión fue una de las campañas de desobediencia civil más importantes a nivel internacional. Con ella se forzó a cambiar algo tan consolidado como el reclutamiento forzoso para el servicio militar. Conseguimos derrocar una tradición castrense después de una dictadura y una transición. Eran mogollón de jóvenes los que estaban dispuestos a sufrir las consecuencias de la lucha", explica a Público.

Enrique Luna es otro de los insumisos sevillanos que organizó y participó en decenas de protestas para acabar con el servicio militar. A su entender, el grupo del MOC de Sevilla fue uno de los grupos más fuertes y mejor coordinados de Andalucía y de toda España.

Y tuvo una responsabilidad muy importante, añade, en un momento en el que el movimiento antimilitarista sufrió una crisis, un ataque de pánico, a causa de los primeros encarcelamientos de insumisos a la prestación sustitutoria, entre ellos el de Francisco Javier Batres, fallecido hace unos años.

“Desde Sevilla fuimos capaces de plantarle cara a la represión y no venirnos abajo tras el encarcelamiento de Frasco, proponer actos de protesta y, de algún modo, tomar la delantera", detalla Enrique Luna, quien resalta el enorme apoyo con el que contaba entonces el movimiento antimilitarista en todo el país.

"Por cada insumiso, había cuatro personas que se autoinculpaban del mismo delito. Y después estaban los grupos de apoyo que se creaban en torno a cada uno de ellos. Si hablamos de que había 15.000 insumisos en toda España, pues podían ser ocho, diez veces más los que lo apoyaban desde todos los ámbitos".

Hubo otros momentos muy destacados en la lucha antimilitarista en la capital andaluza. Manuel Soriano recuerda uno de los primeros, la protesta que llevaron a cabo durante el último sorteo de quintos que se celebró en nuestro país, un sorteo en el que se asignaban los destinos para los jóvenes que iban a cumplir el servicio militar obligatorio.

Era noviembre de 1989 y en la Plaza de España, donde se encontraba la sede de Capitanía General, atacaron por tres frentes: unos desplegaron detrás del escenario una pancarta contra la mili y los ejércitos, otros se subieron a una grúa y colgaron una pancarta a favor de la insumisión y otros, camuflados entre el público asistente, hicieron una sentada de protesta. La respuesta fue una dura intervención de los agentes antidisturbios de la época, cinco de cuyos miembros fueron expedientados por las cargas.

Otras protestas relevantes fueron el tapiado de lo que era el centro de reclutamiento para el servicio militar en unas dependencias del ayuntamiento; una concentración frente a una sede electoral del PSOE, partido que gobernaba con la mayoría absoluta de Felipe González, que también acabó con porrazos de los antidisturbios, o los carteles con los que cubrieron los rótulos de las calles de Sevilla que tenían nombre de militares y que renombraron como "Ningún ejército defiende la paz".

El servicio militar obligatorio desapareció en España en 2001, pero el ejército no, ni aquí ni en ninguna otra parte del mundo. La guerra en Ucrania y la nueva estrategia del presidente de EEUU, Donald Trump, entre otras razones, han movilizado de nuevo el discurso militarista en Europa, donde varios países han anunciado la reimplantación del servicio militar y un aumento del gasto militar.

El Gobierno español, de momento, ha aprobado una inversión adicional de 10.471 millones de euros para cumplir con el objetivo de destinar a defensa el 2% del PIB nacional.

Los insumisos que lucharon contra los ejércitos en la década de los noventa ven con preocupación este repunte militar. Por eso creen que la presentación de la colección de la memoria audiovisual de lo que se hizo en España hace poco más de 30 años puede ser un acicate para que las nuevas generaciones conozcan cuáles son los caminos a seguir.

Críticas al papel de la izquierda

"Es otra vez la sinrazón. La guerra no soluciona nada. Con solo hacer un análisis de la historia de la humanidad, vemos que únicamente empeora los conflictos. Y ahora estamos viendo lo que supone una guerra en Gaza, en Yemen, en Ucrania", se lamenta Manuel Soriano, que critica el apoyo de los grandes medios de comunicación al incremento del gasto militar, publicando encuestas con resultados favorables a esa posición. "Todos se han apuntado como un disco rayado. Volvemos a lo mismo", apostilla.

Enrique Luna también critica el papel que están desempeñando en este tema las fuerzas de izquierda: "La gente de todo el ámbito de la izquierda, política, sindical, social, tiene que reflexionar sobre cómo hemos llegado a esta situación, cómo teniendo responsabilidades de gobierno, de poder, han ido poco a poco debilitando la sociedad civil, la red de asociaciones, movimientos sociales, espacios de libertad, para crear conciencia y una sociedad libre y participativa. Todo eso se lo han ido cargando, mermando, por intereses políticos. Y eso es lo que ha dejado espacio para una ideología reaccionaria frente a una sociedad muy debilitada para hacer frente a un conglomerado de intereses militares y económicos".

Estos veteranos integrantes del movimiento sevillano de insumisión confían, sin embargo, en que la exposición de los vídeos con la colección de La Digitalizadora sirva de ejemplo para "estructurar una sociedad que avance, esté más empoderada y sea capaz de hacer frente a estructuras poderosas y militaristas" como a las que se enfrentaron ellos al final del siglo XX.

Julia Cortegana de la Fuente, archivista audiovisual, trabaja en un proyecto de la Filmoteca Española y es, junto a Eduardo Montero, una de las responsables de la colección antimilitarista de La Digitalizadora. Ella, nacida en 1995, aunque no conoció de primera mano el movimiento de la insumisión, sí tenía referencias.

Ahora, ha quedado encantada de haber participado en este novedoso proyecto. "Ha sido muy gratificante el trabajo con los insumisos y las insumisas, cómo se emocionan al contar lo que vivieron", apunta Julia a este periódico.

El trabajo ha sido laborioso. No solo han tenido que digitalizar y seleccionar las imágenes de 71,5 horas de cintas analógicas contenidas en 58 cintas de vídeo VHS, 11 de Vídeo 8, seis de formato Hi8, tres VHS-C y 35 DVD. También han tenido que localizar a las personas que las grabaron y a las que salían en las imágenes para poder contextualizarlas y describirlas correctamente.

Además, las cintas que Adrián Collado le había llevado a Oscar Clemente eran copias y tuvieron que buscar las originales. Eran vídeos que había grabado Manuel Pino para la televisión comunitaria del barrio sevillano de San Diego; Ángela Collado, la hermana de Adrián, que estudiaba formación profesional audiovisual; su padre, Manuel Collado, o Mariano Agudo y Pablo Coca cuando estaban también estudiando, antes de hacerse directores de documentales.

La colección, sin embargo, continúa abierta, recalca Julia Cortegana. Siguen subiendo vídeos y se han propuesto llegar hasta los 60 archivos audiovisuales de la historia del movimiento antimilitarista sevillano. Pero tampoco se quedarán ahí. Ya han abierto una colección del MOC de Tenerife y pretenden crear otra de El Puerto de Santa María y de Bilbao.

La Digitalizadora se ha convertido de esta manera en un referente de la recuperación de la memoria colectiva audiovisual en España. Su objetivo fundamental es rescatar la proliferación de formatos de cine y vídeos domésticos que empezaron a proliferar a partir de los años 70, cuando dejaron de ser un privilegio de la élite y permitieron que colectivos sociales y ciudadanos pudieran documentar el mundo que les rodeaba y las actividades que ellos llevaban a cabo.

"Hoy, esas miles de horas de grabaciones corren riesgo de desaparición, debido a la caducidad de los soportes y la obsolescencia de los formatos en los que fueron registradas", advierte esta plataforma ciudadana de profesionales audiovisuales y de la archivística creada en Sevilla.

La colección va acompañada de unas fotografías realizadas por Antonio Pérez, tituladas Insumisión, la memoria desobediente, en la que se recrean escenas de las protestas y de los lugares donde tuvieron lugar en Sevilla en la década de los 90.
El donativo oculto que inició el proyecto

Todo empezó en 2019 con aquella caja de cintas que Adrián Collado y Manuel Soriano le llevaron un día a Oscar Clemente, entre las que se escondían, sin él saberlo, 500 euros que le habían hecho como donativo para poner en marcha el proyecto. Con ese dinero, compraron el primer equipo de La Digitalizadora, una capturadora de vídeo y un magnetoscopio de súper VHS.

Pero como no disponían de más dinero para convertirse en una prestadora de servicios autosuficiente, los fundadores de La Digitalizadora decidieron seguir el camino de la colaboración y acompañar a las asociaciones interesadas en conservar su memoria audiovisual analógica, creando junto a ellas las colecciones que ahora conforman el proyecto y adjuntando a cada documento una descripción a la altura de cualquier archivo público.

Para esa labor, han contado también con los espigadores, es decir, los descubridores de colecciones audiovisuales, colaboradores que encuentran cintas y otros materiales de interés de iniciativas sociales destacadas que consideran deben ser conservadas, explica Oscar Clemente. Así es cómo, por ejemplo, han creado la colección de Cine Polans o la experiencia educativa de Riotinto.

"Y con todo el furor militarista actual, nos parecía muy oportuno recuperar ahora la memoria de la lucha antimilitarista, que fue, precisamente, el primer material que nos llegó a través de Adrián", afirma Clemente.

En una entrevista publicada en 1993 en El Correo de Andalucía, Adrián Collado contestaba así, con 26 años, a la pregunta sobre si existía realmente la paz: "La paz claro que existe, pero no se trata de que los militares estén tranquilos y no haya guerra. La paz es algo mucho más profundo y se da cuando no existe una injusticia, cuando los conflictos se pueden resolver sin tener que oprimir, sin tener que machacar a otra persona. Pero siempre hay conflictos, aunque no haya militares pegando tiros. Ahora mismo, yo creo que no estamos en paz, porque cuando hay tres millones de parados, cientos de personas marginadas, desechadas de la sociedad, cuando las cárceles están llenas de gente sin recursos, cuando hay racismo y los inmigrantes son tratados como perros, cuando se abandona a un montón de gente, no, no puede existir la paz".

Fuente: https://www.publico.es/sociedad/col...

Luis Faci

Cuenta que su último intento de suicidio fue en noviembre. Entonces la salvó su marido: avisó a tiempo a una ambulancia y Débora pudo expulsar a tiempo las pastillas que había ingerido. Su historia viene de años atrás y tiene un nexo común: una misma unidad del cuartel de San Fernando de Zaragoza donde al menos tres mujeres militares han sufrido tales situaciones de acoso que o bien han acabado recibiendo la incapacidad psicológica para el puesto –la forma más habitual de quitar de en medio a las profesionales que denuncian– o bien han decidido abandonar el Ejército. En el trasfondo de su calvario aparece el papel del Ministerio de Defensa y de los órganos puestos en marcha para proteger frente al acoso a las mujeres. Los testimonios recabados por este periódico coinciden en que no funcionan.

El origen del suplicio que ha vivido Débora en las Fuerzas Armadas se sitúa, sin embargo, en Barcelona. Destinada en Zaragoza, se desplazó en 2012 a la ciudad condal para un curso de tres meses de administradora de redes. Allí fue agredida sexualmente por un brigada que la manoseó repetidas veces, que la acosó y que la amenazó con no aprobarle si no transigía a sus intenciones. No fue la única: otra compañera de Débora denunció al mismo mando por idéntica situación.

El militar –que acabó ascendiendo de brigada a subteniente en ese periodo, con una acusación formal de por medio por abusos sexuales– fue condenado a dos años de prisión y una multa conjunta de 5.000 euros; pero solo por abuso de autoridad, pese a que la sentencia reconoce como hechos probados los tocamientos.

“Cuando se conoció la sentencia en mi unidad, comenzó mi pesadilla”, recuerda Débora. Su relato –que hace unos días dio ya a conocer en Artículo 14– se entrecorta por momentos debido a las lágrimas. La víctima por abusos no solo no fue resarcida, sino que sufrió en Zaragoza un acoso aún más intenso. Algo que vincula con el hecho de que en esa unidad de San Fernando hubo un relevo de subtenientes. El que se iba le advirtió: “Me dijo que hablara con el capitán para explicarle mi situación, porque me esperaban tiempos duros. Entonces no entendí su mensaje”. Su sucesor, compañero de promoción del brigada condenado en Barcelona, se convirtió en epicentro de su nueva realidad de acoso; esta vez, “laboral”.

En la misma unidad del cuartel zaragozano de San Fernando llevaba ya un tiempo Ana, una cabo que por entonces acumulaba tres menciones honoríficas y dos medallas al mérito militar. “Estuve ocho años sufriendo un acoso continuo. Me quedé físicamente consumida, en los huesos”, revela.

Uno de los motivos de su situación fue, precisamente, que defendió a Débora. “Todo lo que cuenta es cierto”, explica Ana sobre su antigua compañera. “Me llegó a decir en el cuartel que se iba a pegar un tiro. Yo misma también llegué a pensarlo, estaba en una situación límite. Ahora que he salido de todo y estoy bien, lo pienso y digo: si volviera atrás, me enfrentaría a todos ellos. Pero en aquel tiempo estaba anulada”, describe.

¿En qué consistía el acoso? La antigua cabo explica con detalle todo lo que le hacían. A medida que recapacita, va recuperando más escenas enterradas en la memoria. “Estábamos en formación ante bandera por la mañana y me escupían, me llamaban 'puta' o 'zorra'. Me ridiculizaban. Difundieron el bulo de que a saber quién era el padre de mi hija. Llegaron a poner un anuncio de contactos con mi nombre y mi teléfono diciendo que era prostituta”, recuerda. De esto último hay constancia de denuncia ante la Policía Nacional, como ha comprobado este periódico.

“Yo he llegado a ver cómo escupían en una botella de Ana. De nuevo, fue antes de que llegara la sentencia. Me llegué a emparanoyar tanto que cada vez que dejaba una botella abierta la tiraba a la basura. Le abrían la ventana a propósito para que pasara frío. Hacían comentarios de que su hija no era de su marido”, corrobora Débora, a la que este periódico ha contactado por separado.

“Vi –cuenta Ana en referencia su excompañera– cómo le quitaban una rueda de la silla en la que se sentaba cuando estaba embarazada de cinco meses, y cómo llegó a caerse”. Los ejemplos que denuncian de acoso son tan numerosos que es imposible reproducirlos todos.

La situación de ambas militares llegó a tal límite que su propia condición física estuvo en peligro. Sus quejas y denuncias ante la Unidad de Protección frente al Acoso (UPA ), de las Fuerzas Armadas, resultaron todas infructuosas. “Escribí y llamé a la UPA en torno a 2016 o 2017, cuando llevaba ya cinco o seis años en esa situación. Era ya insostenible, estaba tocando fondo. Entonces yo no era como ahora: me callaba todo, asumía los insultos, y ellos se crecían; estaba anulada, no sabía cómo enfrentarme a esa situación”, recupera.

Este periódico se ha puesto en contacto con el Ministerio de Defensa para recabar su versión ante estos hechos, pero aún no la ha recibido.

Débora aún guarda un diario con los sucesivos episodios del vacío y del rechazo por sus compañeros –y compañeras– de unidad. Con una agravante: la militar afrontó dos embarazos en esa situación. En el segundo de ellos, de riesgo, es cuando empezó a tener las primeras ideas suicidas. “Me sucedió con un cuchillo en la mano o cuando estaba frente a una ventana. Me daba cabezazos contra la pared, me autolesionaba. Llegué a tomar ansiolíticos, aunque en el embarazo no están recomendados”.

¿Denuncias por acoso? Las interpuso, pero quedaron en nada. “Lo archivaron sin practicar más diligencias: argumentaron que sí que había hechos sancionables, pero que había que ir por la vía administrativa porque no se advertía una continuidad”, relata aún con sorpresa, pese al paso de los años.

Dio a luz, pasó el tiempo, logró cambiar de unidad y recuperó la estabilidad y la confianza, pero la llegada de un nuevo capitán le devolvió sus pesadillas. “Lo peor que recuerdo del acoso es el tener que demostrar mi valía cada vez que llegaba un jefe nuevo, algo que no le pasaba al resto. Una y otra vez: demostrar que eres de confianza, trabajadora, con iniciativa. Ya no sabía qué hacer, estaba desesperada. Lloraba de impotencia”. Y, por fin, ya pasada la pandemia, dijo basta: “Decidí que no quería seguir siendo militar. Tenía demasiados traumas ya”.

Un cabo primero también accede a hablar con este periódico para corroborar lo que sucedió en esta unidad del acuartelamiento de San Fernando. Sobre lo vivido por Ana, reconoce que es la “praxis habitual” y afirma gráficamente: “Lo más fácil es barrer la basura debajo de la alfombra”. Él mismo dice que trató de apoyar a la soldado, pero que la situación se volvió “insostenible” para ella. “El ambiente era tóxico, a mí mismo me cogieron tirria por contagio, por apoyarla. Pero conmigo no podían, no me afectaba. Falta mucha concienciación”, admite.

No solo fueron ellas dos: al menos una tercera soldado optó por dejar la unidad –y el Ejército– a los seis meses de entrar por el ambiente creado por uno de los mandos. Esta persona prefiere mantener el anonimato, ya que ha conseguido rehacer su vida.

La Unidad de Protección frente al Acoso (UPA) del Ministerio de Defensa es, según consta en la página web del Departamento, “un órgano ajeno a la cadena orgánica de mando creado con el fin de garantizar la prevención y eliminación del acoso sexual y del acoso por razón de sexo”. Los testimonios recabados por este diario reflejan las carencias que han observado en este órgano. Y lo mismo con el Observatorio Militar para la Igualdad entre mujeres y hombres de las Fuerzas Armadas. “Denuncié muchas veces, expliqué lo que sucedía. Pero me dijeron que al no tener carácter sexual no se podía hacer nada”, lamenta Débora.

Fuente: https://www.eldiario.es/aragon/soci...

El rabino que predica el fin de Israel: “Está usando con los palestinos la misma lógica que emplearon los nazis contra los judíos”

Francisco Carrión

Los judíos no son un bloque monolítico. Y tampoco todos los judíos del mundo apoyan a Israel y la élite política que lleva 20 meses condenando al plomo y al hambre a la población de la Franja de Gaza. Contra los lugares comunes y el intento israelí de mostrarse como portavoz de todos los creyentes de la Torá del planeta se rebela el rabino Yisroel Dovid Weiss, el rostro visible del movimiento Neturei Karta, un grupo que denuncia al sionismo, la doctrina que en 1948 sirvió de combustible para la creación del Estado de Israel y que mantiene contra viento y marea un sistema que organizaciones de derechos humanos consideran un modelo de apartheid y violencia política.

“Los sionistas se adhieren al judaísmo, pero son como un cáncer, un tumor para el judaísmo. Porque no es judaísmo. El judaísmo es cumplir las leyes de la Torá. El sionismo es un movimiento nacionalista que decidió crear su hogar nacional. Son los peores enemigos de los judíos”, replica Dovid Weiss en una extensa entrevista con El Independiente, en mitad de una nueva ofensiva terrestre israelí en la martirizada Gaza y con la creciente presión internación sobre el Gobierno de Netanyahu.

Weiss es un rabino judío haredi (ultraortodoxo) estadounidense. Nacido en 1952 en Estados Unidos, sus raíces familiares se hallan en Polonia y Hungría, donde perdió a buena parte de su familia durante el Holocausto. Incasable y disidente del relato que defiende la necesidad de un Estado judío, Weiss es portavoz de Neturei Karta (“guardianes de la ciudad” en arameo), un grupo judío ultraortodoxo fundado en Jerusalén en 1938. Su férrea oposición al sionismo y su creencia de que los judíos tienen el mandato divino de permanecer en el exilio y no deben intentar establecer la soberanía en la Tierra de Israel mediante esfuerzos humanos son los motores del movimiento.

P.- La Franja de Gaza sigue, por desgracia, en primera línea informativa…

R.- Lo que ocurre en Gaza es una extensión de los 76 años de ocupación de Palestina, que ha alcanzado su punto máximo con la matanza sistemática que el mundo está viendo en tiempo real. Están exterminando a un pueblo, día tras día, con excusas falsas. Incluso los niños y bebés, que son inocentes por definición, están siendo asesinados y el mundo lo permite. La comunidad internacional observa, y en lugar de detener esta barbarie, a veces incluso legitima al responsable, el primer ministro Benjamín Netanyahu. En Estados Unidos, a Netanyahu se le recibe y agasaja. Debería ser expulsado. Es incomprensible que se permita esto. Se está torturando a toda una sociedad. Se les priva de agua, de atención médica, de alimentos; es impensable. Lo que está sucediendo es obra del mal, es realmente satánico. No hay justificación alguna.

P.- ¿Qué papel juega la religión en este conflicto?

R.- El sionismo ha logrado presentar este conflicto como una lucha religiosa entre judíos y musulmanes. Eso es completamente falso. El pueblo judío ha convivido con los musulmanes durante siglos. En Jerusalén, las tres religiones han coexistido. La religión no es una barrera para la paz. El problema es el sionismo, que ha deshumanizado a los palestinos y los presenta como antisemitas. Esta es una estrategia para justificar sus acciones, pero es una completa falsedad. Ellos comparan al pueblo palestino con plagas; como si fueran insectos que deben ser exterminados con insecticida y se justifican diciendo que es necesario eliminarlos. Esto es abominable. Eso es exactamente lo que hacen: deshumanizan al otro para justificar lo injustificable. Es exactamente la misma lógica que usaron los nazis contra los judíos.

P.- ¿Qué es el Estado de Israel para usted?

R.- Israel es el invento de un grupo de criminales. Fue creada por un grupo de herejes, personas que se unieron, muchas de ellas de fe judía, casi en su totalidad al principio, y personas que ya se habían alejado de Dios y habían dicho claramente que eran rebeldes, que no querían aceptar el judaísmo ni la Torá. Se burlaban, despreciaban, escupían y se reían totalmente de la cuestión de la piedad. Eran los llamados sionistas. Era un grupo de personas que simplemente se habían reunido en Europa.

E Israel es una entidad creada por personas que se apartaron de la fe judía. Los primeros sionistas eran herejes que se burlaban de la religión. Decidieron crear un Estado nacional en Palestina, apropiándose del nombre "Israel", un término sagrado, y de Sion, que representa Jerusalén. Esto no tiene nada que ver con el judaísmo verdadero. El judaísmo es una religión de 3.000 años de historia, dedicada a servir a Dios. Nosotros aceptamos la Torá y los mandamientos, y desde la destrucción del Templo hace 2.000 años, hemos estado en el exilio por decreto divino.

P.- ¿Puede explicar ese concepto de exilio desde el punto de vista religioso?

R.- Cuando el Templo fue destruido, Dios impuso al pueblo judío tres juramentos: no regresar en masa a la Tierra Santa, no rebelarse contra las naciones, y no intentar poner fin al exilio. Durante 2.000 años, los judíos han seguido estos mandamientos. Sufrimos la Inquisición, las cruzadas y el antisemitismo en Europa. Pero nunca intentamos crear un estado soberano. Lo aceptamos como voluntad divina. El sionismo rompía con todo esto.

P.- ¿Qué diferencia hay entre judaísmo y sionismo?

R.- Son antítesis. El judaísmo es sumisión a la voluntad divina. El sionismo es nacionalismo. El judaísmo cree en la protección divina; el sionismo dice que nos protegeremos con armas. El sionismo promueve la desobediencia a Dios, presentando una visión secular y materialista. Por eso todos los grandes rabinos del mundo, desde Yemen hasta Polonia, se han opuesto al sionismo. Han dicho que es una rebelión contra Dios.

P.- ¿Son los sionistas enemigos de los judíos?

R.- Lamentablemente, sí. El sionismo ha traído odio al pueblo judío. Nos ha puesto en peligro. Han convertido nuestra religión en un movimiento político. Por eso nos manifestamos. El mundo no debe confundir el judaísmo con el sionismo. Son cosas completamente diferentes. Los sionistas son la personificación del antisemitismo: matan en nombre de los judíos, provocan odio, y ponen en riesgo a los judíos religiosos que nada tienen que ver con sus crímenes.

P.- Mencionó que el sionismo ha transformado el judaísmo. ¿Podría desarrollar esa idea?

R.- El sionismo ha reemplazado la identidad espiritual del judío por una identidad nacionalista. Ahora se mide el orgullo judío por medallas olímpicas, los premios Nobel o el poder militar. Eso no es judaísmo. El judaísmo siempre ha sido humildad, servicio a Dios, estudio de la Torá, compasión. Convertir eso en nacionalismo y orgullo militar es arrancar el alma del pueblo judío.

P.- Israel fue creado en 1948. Hasta ahora los gobiernos occidentales le habían apoyado, con el silencio a menudo cómplice de algunos medios…

R.- Es inadmisible. No solo guardan silencio, sino que muchos gobiernos de Occidente están proporcionando apoyo militar y legitimidad política al Estado de Israel. Las bombas que caen sobre Gaza vienen de países que afirman defender los derechos humanos. Y cuando alguien se atreve a denunciarlo, es acusado de antisemita, lo cual es una táctica cínica para callar la verdad.

P.- Precisamente se use el antisemitismo para denunciar a los críticos del Estado de Israel…

R.- Es una confusión intencionada. El sionismo ha trabajado durante décadas para identificar toda crítica hacia Israel como antisemitismo. Pero eso es falso. Nosotros somos judíos religiosos y estamos en contra del sionismo precisamente por nuestra fe. El verdadero antisemitismo es odiar al judío por su identidad, su religión, por ser quien es. Pero el sionismo ha creado un "falso antisemitismo" como arma política. Así silencian las críticas legítimas y protegen sus intereses. Eso es muy peligroso porque banaliza el antisemitismo real y hace que el mundo se canse de oír esa palabra cuando de verdad se necesite.

P.- Entiendo que ustedes mismos han sido acusados de antisemitas…

R.- Absolutamente. Hemos sido objeto de amenazas, agresiones físicas, campañas de difamación. Uno de nuestros rabinos fue atacado con ácido y perdió un ojo. En muchos lugares, los judíos religiosos antisionistas no se atreven a hablar públicamente por miedo a represalias. Algunos han sido despedidos, acosados o incluso golpeados. Vivimos bajo presión constante, pero seguimos adelante porque sabemos que decir la verdad es un deber religioso. Callar sería un pecado. Hay muchos más que están de acuerdo con nosotros, pero el miedo los paraliza. Por eso es tan importante alzar la voz.

P.- ¿Encuentra paralelismos entre el Holocausto y lo que sucede en Gaza?

R.- Hay similitudes en el sufrimiento y la matanza indiscriminada. Aunque los nazis querían erradicar al pueblo judío, e Israel quiere expulsar a los palestinos, ambos actos implican deshumanización y genocidio. No se puede justificar lo que ocurre en Gaza.

P.- ¿El sionismo explota el Holocausto?

R.- Absolutamente. Los sionistas usan el Holocausto para justificar la creación del Estado de Israel y silenciar las críticas. Incluso se opusieron a rescatar judíos durante la guerra para luego usar su sufrimiento como justificación. Esto es un abuso inmoral del recuerdo de nuestras víctimas.

P.- Qué les diría a los mandatarios occidentales…

R.- Ustedes han sido puestos en posiciones de poder con un propósito. No desperdicien ese don. No se dejen intimidar por la propaganda sionista. No confundan el sionismo con el judaísmo. Hagan lo correcto: denuncien esta ocupación, esta opresión, este genocidio. Solo así podrán decir que hicieron su parte para traer justicia y paz. Y recen. Porque la paz vendrá solo cuando reconozcamos que hay un solo Dios, y que ese Dios nos ordena actuar con compasión, justicia y verdad.

P.- ¿Ha estado en Israel?

R.- Fui una vez a estudiar a una escuela rabínica en Mea She'arim, pero no me quedé. Hoy no volvería porque nuestra comunidad se opone a la legitimidad del Estado de Israel.

P.- Se le critica, a menudo, su encuentro con líderes de Hamás…

R.- Fuimos a Gaza con ayuda médica y nos reunimos con Ismail Haniyeh. Nos abrazó y dijo que no está contra nosotros. También nos relacionamos con muchos palestinos en conferencias internacionales. No somos un movimiento político, sino religiosos que buscamos justicia.

P.- ¿Cómo ve el futuro de Israel?

R.- El Estado de Israel es ilegítimo según la Torá y debe desaparecer de forma pacífica, como el apartheid en Sudáfrica. Rezamos para que el mundo despierte y entienda que el sionismo no representa al judaísmo, y que trae sufrimiento tanto a palestinos como a judíos. El verdadero judaísmo se opone al sionismo. Solo bajo una Palestina libre podremos vivir en paz.

Fuente: https://www.elindependiente.com/int...

Hermanadas en la construcción de la paz, y convocadas por la Asamblea Antipolígono de Tudela y la Plataforma “No a las Guerras” de Exeya, vecinas y vecinos de Aragón y Nafarroa han participado este domingo en la XXXV Marcha por el desmantelamiento del polígono de tiro de las Bardenas bajo el lema “Tierra de Paz, contra el rearme”. Con la actual tensión belicista y la propaganda militarista desatada “no queremos más maniobras con fuego real, más peligro, ni más inseguridad” a la puerta de nuestras casas.

ARAINFO REDACCIÓN

Un año más, la Asamblea Antipolígono de Tudela y la Plataforma “No a las Guerras” de Exeya, ha organizado la Marcha por el desmantelamiento del polígono de tiro de las Bardenas, que se ha celebrado esto domingo 1 de junio desde poco antes de las 12:00 horas partiendo de Los Aguilares hasta la entrada vigilada del polígono de tiro. Siempre con Gladys del Estal en el recuerdo.

El mayor polígono de tiro y bombardeo de Europa

La ya desgraciadamente tradicional Marcha, es “una movilización ciudadana que reclama el desmantelamiento del mayor polígono de tiro y bombardeo de Europa, ubicado en pleno corazón de las Bardenas Reales, un espacio protegido como Parque Natural y Reserva Mundial de la Biosfera”, recuerdan desde la Plataforma No a las Guerras de Ejea y Pueblos.

Desde 1951, esta instalación militar es utilizada por el ejército español y la OTAN para ejercicios con armamento de todo tipo, muchos de ellos peligrosos para la población civil de la zona. Las plataformas convocantes denuncian “que en este terreno no se prepara la paz, sino la guerra, la destrucción y la muerte”, y alertan del impacto que estas prácticas tienen en conflictos reales en todo el mundo.

Además, la protesta se enmarca en un contexto de creciente rearme militar, tanto en Aragón como en el Estado español como en el conjunto de Europa “y se alza como voz crítica frente a la hipocresía internacional, el negocio armamentístico y la militarización de la sociedad”. Los convocantes condenan “de forma rotunda el genocidio en Palestina, así como otras guerras”, y exigen una apuesta firme por soluciones diplomáticas.

¿Por qué nadie más lo quiere a su lado?

“No es un momento cualquiera. El contexto es importante. Llevamos 76 años de polígono de tiro y bombardeo en medio de las Bardenas. El polígono de tiro se instaló allá en pleno franquismo y lo han mantenido los gobiernos de la democracia, incluso en el centro de un Parque Natural y Reserva de la Biosfera ¿Por qué tanto tiempo en nuestro entorno? ¿Por qué nadie más lo quiere a su lado? Hubo dirigentes políticos que se negaron a que el polígono de tiro se trasladara a su autonomía y firmaron que se quedara aquí. Hubo políticos de todo el ámbito parlamentario navarro reclamando en su día el desmantelamiento del polígono de tiro de las Bardenas (Ezponda, Del Burgo, Malón, Chivite, Cuadra, Sanz, Lizarbe, Rubio, Barkos…). En Madrid se han escuchado voces en la misma dirección por parte de algunos de los nombrados y de otros pertenecientes a senadores nacionalistas vascos, CHA, Izquierda Plural, Sumar y EH-Bildu. También numerosas instituciones navarras (Parlamento, ayuntamientos e incluso la propia Junta de la Comunidad de Bardenas) pidieron su desmantelamiento”, explican desde la la Asamblea Antipolígono.

Sin embargo, afirman que “todo cambió en 2008. Toda la derecha y el Partido Socialista unieron sus voces para impedir un pronunciamiento en sus filas por el desmantelamiento del polígono de tiro de las Bardenas. Llegaron a la conclusión de que nadie más quería esta instalación en su entorno y renunciaron a la defensa de nuestros intereses, plegándose al decreto Aznar que declaraba Bardenas como Zona de Interés Preferente para la Defensa. En mucha gente se impuso el desánimo. Sin embargo, la Asamblea Antipolígono consideramos importante nuestra movilización porque será lo único que, cuando adquiera mayor relieve, pueda empujar a nuestras y nuestros representantes institucionales a que Bardenas sea Zona de Interés Preferente de las ciudadanas y ciudadanos afectados por el polígono de tiro y no sea preferente para intereses militares que ponen en riesgo nuestra seguridad. Por la Asamblea Antipolígono no va a quedar”, enfatizan.

“La situación internacional lo requiere. Por un lado, la tensión bélica in crescendo en el mundo conlleva más dolor para quienes sufren las guerras, más personas buscando refugio. El genocidio en Gaza y la invasión de Ucrania son dos dramáticos exponentes de esa situación”, aseguran desde la Asamblea, por otro lado, señalan que “en nuestro caso podrá suponer más maniobras con fuego real, más peligro, más inseguridad, más presupuesto para armas. Con el aumento del presupuesto para Defensa y con la opción de Europa por el rearme, que no soluciona nada y que repercutirá de una u otra manera en los presupuestos destinados a necesidades sociales, aumentará el número de veces en las que las Bardenas son bombardeadas con fuego real. Aumentará el número de veces en las que pasarán cerca de nuestras poblaciones aviones cargados de bombas y misiles, con todo el peligro que acarrean. Aumentará el dinero que se quemará entre bombas en las Bardenas. Aumentará la oscuridad, la falta de transparencia sobre cuándo se bombardea con fuego real, qué se utiliza, para qué fines, qué peligros entraña”.

Recuerdan también que “muy a tener en cuenta es el hecho de que el actual convenio finaliza en 2028. Como hemos dicho, nadie quiere a su lado esta instalación militar. Si no lo evitamos, nos la quedaremos quienes menos protestemos, quienes tengamos menos líderes políticos defendiendo nuestra seguridad e intereses ciudadanos. Quienes no tengamos fuerza suficiente para defender pacíficamente un mundo en paz, sin guerras”.

La naturaleza no se protege bombardeándola

Desde la Asamblea Antipolígono aseguran que “por mucho que se repita el medio ambiente no se protege con la existencia del Polígono de Tiro. Uno de los valores a preservar en Bardenas son las grandes rapaces, entre las que se encuentran destacados los buitres o alimoches. La actividad militar destruye la biodiversidad, recordemos que ha habido varios accidentes de aviones por colisionar con buitres. También, las maniobras con fuego real o simulado han generado en varias ocasiones incendios en el polígono de tiro. La actividad militar no protege nada, no se protege nada a bombazos, se mata y se destruye”.

“Por mucho que lo repitan mil veces, el polígono de tiro no contribuye a la defensa de la naturaleza o de la alondra de Dupont -rocín en argonés-. La alondra de Dupont es una especie en peligro de extinción con individuos registrados habitualmente en la ZEC de Ablitas y en la ZEC de Bardenas, dentro del polígono de tiro. Esto no es por la existencia del polígono o la actividad militar, sino porque estos territorios no tienen un fin agrícola porque su suelo es infructuoso por su gran contenido en yesos, por ejemplo, como en Ablitas o porque no han sido roturados, como en Bardenas. En concreto el territorio que ocupa el polígono de tiro no ha sido utilizado para la agricultura desde 1951, y la alondra de Dupont necesita precisamente eso, un territorio con vegetación natural, de una altura y frondosidad determinadas, que se consiguen con el adecuado pastoreo de la ganadería extensiva. Pero el Ministerio de Defensa y la Comunidad de Bardenas se afanan por tergiversar esta realidad, y tratan de vendernos sus bondades en un ejercicio de lavado verde esgrimiendo informes que han realizado y pagado ellos. Insistimos: no se protege nada a bombazos”.

Soluciones complejas a problemas complejos

“La solución frente a estos problemas, en medio de esta escalada bélica, que pone como actores en el tablero de la guerra y la geopolítica a las y los navarros y aragoneses es sin duda compleja. Pero no por ello nuestra apuesta es menos clara.

Por la paz, el medio ambiente y en contra de la actividad militar en las Bardenas hemos llevado a cabo esta marcha antipolígono. Para seguir defendiendo un futuro mejor para nuestra tierra y para el mundo”, concluyen.

Izquierda Unida ha registrado una iniciativa en el Congreso de Madrid con el objetivo de que el Ministerio de Defensa “asuma la demanda del desmantelamiento del polígono de tiro de las Bardenas y, en ningún caso, renovar la concesión de la citada instalación militar”. La proposición no de ley la firman, entre otras, el portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, y la totalidad de diputadas de esta formación en la Cámara Baja -Fèlix Alonso, Toni Valero, Nahuel González, Francisco Sierra y Engracia Rivera- e insta también a “trabajar con los municipios colindantes y con el Gobierno de Nafarroa en la elaboración de un plan de actuación que materialice el desmantelamiento del polígono de tiro de las Bardenas”.

Izquierda Unida entiende que la marcha de este año “tiene un valor aún más destacado y significativo, sobre todo por el contexto nacional e internacional que marcan las exigencias de aumento del gasto militar, que quieren imponer la OTAN, la Administración extremista norteamericana de Donald Trump o las máximas instancias de la Unión Europea (UE), así como las movilizaciones por la paz previstas a lo largo de junio. No se debe ignorar las consecuencias de una escalada inhumana e irresponsable -advierte el texto- y tenemos que frenar una carrera armamentística que nos lleva a una economía de guerra que aumenta las diferencias entre los países, obstaculiza la cooperación, detiene el progreso socioeconómico, cimenta la política de bloques y alimenta a la extrema derecha”.

En una comparecencia ante la Comisión de Defensa del Congreso celebrada el 26 de enero de 2024, la ministra Margarita Robles garantizó la continuidad del polígono de tiro y afirmó que se trata de una instalación militar 'necesaria e imprescindible'. Defensa debe desembolsar hasta 2028 algo más de 14 millones de euros anuales a la Comunidad de Bardenas Reales por el alquiler de los terrenos del polígono. Sin embargo, es importante reseñar que “en la cláusula sexta del contrato se recoge la posibilidad de que el Ministerio de Defensa pueda resolver unilateralmente el mismo y, por tanto, poner fin a la actividad, con el consiguiente desmantelamiento de la instalación militar”.

IU Aragón e IU Federal mantienen “la misma opinión que en las últimas décadas en el sentido de que desmantelar esta instalación militar continúa siendo una cuestión de actualidad permanente, tanto en el ámbito político como de la sociedad civil, que reclama la suspensión del contrato y, por tanto, de la actividad militar”.

Chunta Aragonesista ha respaldado la celebración de la XXXV Marcha por el Desmantelamiento del Polígono de Tiro de las Bardenas, celebrada este domingo 1 de junio, y hace un llamamiento a la ciudadanía aragonesa para secundar activamente las reivindicaciones de esta movilización.

CHA considera “inaceptable que en pleno siglo XXI, un espacio de altísimo valor ecológico, declarado Parque Natural y Reserva Mundial de la Biosfera, siga albergando un polígono de tiro utilizado por el ejército español y la OTAN. Las Bardenas deben ser un lugar de vida, no de destrucción”.

Desde CHA denuncian “la militarización de nuestro entorno, el negocio de la guerra que solo traen sufrimiento a la población civil, como tristemente estamos viendo en Palestina, Yemen o Ucrania” y defiende “una política exterior basada en la diplomacia, el respeto a los derechos humanos y aboga por la protección del medioambiente. Por ello, reiteramos nuestra exigencia al gobierno del Estado español para que suspenda definitivamente las maniobras militares en las Bardenas y proceda a su desmantelamiento inmediato”.

Homenaje a Gladys en Donostia

Tal y como publica NAIZ, al mismo tiempo, en Donostia se ha homenajeado a Gladys del Estal en el 46 aniversario de su muerte por el disparo a bocajarro de un agente de la Guardia Civil cuando participaba en una sentada antinuclear en Tutera. Lo joven, vecina de Egia, tenía entonces 23 años, y cada año se le recuerda en el parque de Cristina Enea. Antes del acto de homenaje en sí se ha llevado a cabo una marcha en bicicleta que ha partido desde el Boulevard.

Fuente: https://arainfo.org/desmantelar-el-...

En enero de 1991 se produjo en Albacete el primer juicio celebrado en España contra jóvenes insumisos que se negaban a participar en el servicio militar obligatorio, pero también en la prestación social sustitutoria. Marcaron una época. Conversamos con varios de los protagonistas, mientras hoy se habla de recuperar la 'mili'.

Carmen Bachiller

Rearme en Europa: aumentar el gasto militar, incluso desviando fondos destinados a la cohesión europea hacia el ámbito de la defensa. Son tiempos “peligrosos” en los que “graves amenazas” se ciernen sobre el continente, según la presidenta de la Comisión Europea.

A finales de marzo, el presidente del Gobierno español Pedro Sánchez cuestionó la retórica belicista de la Unión Europea, pero lo cierto es que la sombra del ‘rearme' propuesto por Ursula von der Leyen planea en el ambiente de un complicado contexto geopolítico mundial. Esta semana Sánchez anunciaba un aumento de 10.500 millones de gasto en Defensa para cumplir los compromisos de la OTAN.

En España, algunos han dejado caer la posibilidad de que vuelva la ‘mili', el servicio militar obligatorio que eliminó el Gobierno de José María Aznar hace ya 24 años. Lo hizo vía Real Decreto que se hizo efectivo a finales de 2001, firmado por el entonces ministro de Defensa, Federico Trillo.

Diez años antes, lo ocurrido en los juzgados de Albacete había marcado la cuenta atrás para la ‘mili'. Seis objetores de conciencia se habían negado a cumplir la llamada Prestación Social Sustitutoria (PSS). Era una forma de esquivar el servicio militar, pero eso obligaba a prestar servicio de “utilidad social” durante año y medio, seis meses más de lo que duraba la propia ‘mili'.

Los protagonistas de esta historia se habían negado a realizar la ‘mili' y la Prestación Social Sustitutoria (PSS) en el Imserso de Albacete a finales de 1989. El 21 de enero de 1991 fueron juzgados y después, condenados a pena de cárcel. Era la primera vez que ocurría en España.

Más de 2.000 jóvenes se desplazaron a la ciudad para apoyarles, entre ellos personajes muy conocidos de la vida social, cultural o política, como se muestra en este vídeo compartido por Manuel Pino.

Julián García Olivares, ‘Juli', se había convertido en objetor de conciencia en 1986. Tenía 20 años. “Después, unos cuantos nos dimos cuenta de que no era suficiente y nos embarcamos en una campaña nacional de insumisión”, aunque él nunca llegó a ser juzgado. “Éramos unos 60 o 70 en Albacete y solo 13 llegaron a ser encarcelados, uno de ellos fue mi hermano”, recuerda.

El MOC, un movimiento fraguado durante tres décadas

Pedro Oliver Olmo es doctor en Historia y profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). Fue uno de los encarcelados por insumiso, aunque eso ocurrió tiempo después, en otro de los procesos que se producirían después en cascada.

Uno de sus artículos, ‘El movimiento de objeción de conciencia e insumisión en España (1971-2002)', publicado en la revista Hispania Nova, recoge la historia de tres décadas de movilización en seis etapas desde la dictadura franquista hasta la despenalización de la insumisión.

En sus orígenes fue un movimiento pacifista ligado a razones religiosas -entre ellos centenares de Testigos de Jehová-, que en sus primeros momentos se caracterizó por la desobediencia civil y la creación de redes de apoyo. Entre sus protagonistas estuvieron Pepe Beunza, preso entre 1971 y 1974, o Giuseppe Lanza del Vasto, discípulo de Gandhi y activista de la no violencia.

El MOC se había nutrido al principio del cristianismo social, pero se entrelazaba con el feminismo, el ecologismo o el anarquismo. “En Albacete caló porque había un fuerte movimiento anti OTAN, un grupo de no violencia antes del propio MOC y otro colectivo antimilitarista”, opina Julián García.

La corriente se consolidó con la llegada de la democracia a España. En 1977 se fundó el Movimiento de Objeción de Conciencia (MOC) que rechazó los intentos de regulación de la objeción por parte de los gobiernos de la Transición y que se intensificó a partir de 1983, durante los gobiernos del PSOE.

Pedro Oliver recuerda que durante la etapa de gobierno de Adolfo Suárez, a finales de los 70, “la objeción de conciencia se convirtió en un problema político porque a los objetores de conciencia les confrontaban con el bunkerizado ejército español”, mientras desde otras partes del mundo llegaban los aires pacifistas impulsados por diversos movimientos sociales.

A se sumó, apunta, “el nervio libertario, el anarquismo que se recupera durante la Transición y enlaza con el pacifismo”. En los albores de la vigente democracia, dice el historiador, “la izquierda radical estaba a por uvas y la izquierda nacionalista en la estratosfera”, cuando se habla la objeción de conciencia. Por otro lado, abunda, “ni PSOE ni PCE fueron capaces de valorar que lo que tenían delante era una radicalidad distinta: la de la desobediencia civil. Los despreciaron”.

Ni siquiera en la consensuada Constitución española de 1978 se había reconocido la objeción de conciencia como derecho. “Solo consta como un motivo de exención del servicio militar, pero no se quería molestar a los militares”, recuerda el historiador.

El servicio civil sustitutorio destinado a evitar el servicio militar obligatorio propició la llegada de la “insumisión” de la que surgieron colectivos como ‘Mili KK' -como cantaba Reincidentes- y que en 2025 cumple 40 años.

En el MOC destacó de forma particular el papel de las mujeres. Durante la etapa que Pedro Oliver califica de “consolidación”, entre 1977 y 1982, pasó a denominarse ‘Movimiento de Objetores y Objetoras de Conciencia'. Una de sus ramificaciones fue el colectivo ‘Mujeres de Negro' que sigue activo en la actualidad.

El objetivo, señala el profesor, era “transmitir que su lucha no concernía exclusivamente a jóvenes varones conscriptos, sino a hombres y mujeres con valores antimilitaristas y antiautoritarios que dirigían contra el patriarcado en general y el machismo de los ejércitos en particular”.

“No hubo interferencias de ningún partido político, no se lo permitimos”, explica Pepe Sánchez, insumiso y estudiante de Derecho en aquella época. “No entrábamos en cuestiones como el aborto. Entre nuestros amigos insumisos había curas”, añade Juli. Esta era otra lucha.

La insumisión derivaría en movimiento entre 1989 y 1996, provocando detenciones, juicios y penas de cárcel. Pero no solo eso, también produjo una crisis en el sistema de reclutamiento. Cada vez eran más los que no solo se negaban a hacer la ‘mili', sino también la prestación civil sustitutoria.

“En España se produjo el movimiento social de desobediencia civil al servicio militar obligatorio más importante de la historia, con cifras asombrosas: más de un millón de objetores, además de los 20.000 insumisos a partir de 1989, un movimiento más arriesgado porque nos jugábamos la cárcel”, señala Oliver, que la sufrió en primera persona.

El historiador cuenta cómo ya en las semanas previas al juicio de 1991 a los insumisos en Albacete se había activado una intensa campaña que contó con el apoyo de movimientos políticos, sociales y religiosos y también de los sindicatos UGT, CCOO, CGT y CNT.

“Desde 1988 el MOC le venía anunciando al Gobierno que se iba hacia la insumisión. En febrero de 1989, en Albacete ya había una persona lista para declararse insumiso. A todos ellos se les mantenía en la clandestinidad porque iban a desobedecer el llamamiento a filas. Se presentaron 52 en toda España y solo detuvieron a dos en Vizcaya”, relata el historiador, al recordar que en aquel momento había además otro centenar “en reserva” y que después serían “miles”.

“Pensamos que la estadística iba a impedir al Gobierno aplicar la prestación sustitutoria”, señala el historiador, que había sido regulada mediante la Ley de Objeción de Conciencia, pero entonces llegó la apertura de un macrojuicio a seis insumisos en 1991. “Creo que eligieron Albacete porque pensaron que era una ciudad poco movida. No iban a hacerlo en Bilbao o en Barcelona, donde dos años antes se habían convocado los dos primeros ‘consejos de guerra' porque los primeros insumisos fueron reclutas”.

“No se esperaban que coincidiendo con los juicios de Albacete miles de personas salieran a la calle. Lo preparamos a conciencia y buscando impacto mediático”, recuerda Oliver, quien apunta también que hubo una “suerte loca”. Se refiere a la coincidencia con el inicio de la ‘guerra del Golfo', entre 1990 y 1991. “Surgieron desertores que se bajaban de las corbetas, sin relación con el MOC. Se juntó eso con el ambiente antimilitarista y pacifista. Los periodistas nos dieron voz y lo aprovechamos”.

Pepe Sánchez se colegió en 1993 como abogado en Albacete. Había militado en los movimientos sociales desde la adolescencia, entre ellos en el MOC. “Yo nunca entendí por qué había que hacer la mili, por qué la gente se mataba por órdenes de otros”.

Se ocupó de la defensa de muchos de los compañeros insumisos. “Para un abogado que no estuviese en el movimiento pacifista quizá era difícil de entender que alguien asumiera ir a prisión como acto de responsabilidad. Ni siquiera el fiscal entendía por qué no llegábamos a acuerdos para evitar la cárcel”.

Los juicios que se preveían cortos, se alargaban a instancias de abogados como Pepe Sánchez. “Llevábamos testigos que declaraban que no esto no era un capricho, hablábamos de las trayectorias sociales de los acusados… Se hablaba de derechos humanos o de libertad de conciencia. Los procesos judiciales se convirtieron en ”instrumentos“ para denunciar ”el disparate de la situación belicista“ y ”visibilizar el pacifismo“.

“El impacto de los juicios fue tremendo. Pensábamos que habíamos ganado y que era imparable pero no fue así porque cayeron las condenas previstas de dos años, cuatro meses y un día. Hubo que lidiar con ese vértigo”, explica Oliver. Se crearon grupos de apoyo para cada insumiso preso, más allá de las propias familias.

Hasta 1992 la mayoría de los insumisos recibieron sentencias de menos de un año. Incluso hubo algunas absoluciones. “Muchos no lo aceptaban, se renunciaba incluso al régimen abierto y eso no siempre se entendía”, cuenta Pepe Sánchez.

“Fue un movimiento muy transversal. Creo que hoy sería casi imposible por la polarización que existe”, apunta Pedro Oliver, no sin recordar los intentos de “asociarlo con ETA”. “Para derribarnos, decían que apoyar la insumisión era peligroso. Nos llamaron etarras, gandules o maricones”, apostilla Juli.

“En el MOC no inventamos nada. En realidad, esto es lo que hacía Martin Luther King con la desobediencia civil. Lo imitamos y salió bien”, recuerda Pedro Oliver.

La despenalización del delito de insumisión no llegaría a ser efectiva hasta 2002, con reformas penales retroactivas que afectaban a 4.000 insumisos y “siete desertores”. El anuncio del fin del servicio militar obligatorio, previsto para 2003 y que finalmente se adelantó al 31 de diciembre de 2001, puso fin a todo un ciclo de movilizaciones sociales. “Las cárceles estaban llenas de insumisos y eso era insostenible para el régimen penitenciario”, comenta el abogado.

“Esto no va solo de rearme, sino de la vuelta del servicio militar obligatorio”

Décadas después, los protagonistas de aquel momento contemplan el panorama actual entre el asombro, la indignación y un espíritu de no resignación y hablan de lo que ocurre cuando se reúnen “a comer fritillas” o en un grupo que comparten en Whatsapp.

“La gente cree que la ‘mili' se cayó por los insumisos y hoy nos damos cuenta de que ganamos una batalla, pero hemos perdido todo lo cultivado. El pacifismo no está de moda y los de aquella época estamos metidos en vitrinas”, lamenta Juli, centrado hoy en su trabajo de educación ambiental y gestión cultural. “La sociedad no entiende que el pacifismo no devuelva la hostia que te dan”.

El abogado Pepe Sánchez trabaja hoy en Cáritas Albacete. “Lo que hicimos valió la pena. Decidimos que no era justo y que había que actuar hasta las últimas consecuencias”, comenta el letrado. “Ahora hay una crisis brutal de movimientos sociales. Es un ciclo social que nos toca vivir y en el que vamos a tener que resistir, educando frente a bulos y disparates como los de Trump”.

“Las personas insumisas estamos dispersas hoy. Ojalá alguien levantase la bandera porque ahora somos 'activistas de dedo', desde casa, a través del Goteo, el Verkami... o de vez en cuando voy a una 'mani' o pongo copas en el stand de alguna ONG en la Feria de Albacete. En Bilbao el movimiento antimilitarista no ha decaído ni un gramo y todos los veranos hay un encuentro, pero el pacifismo es hoy un residuo social en este país”, añade Julián García. “Hay que pensar si en lo pequeño podemos hacer algo porque la masa es muy tonta y va detrás del primer loco que se sube a una caja”.

“No soy partidario de la nostalgia, pero llama la atención el contraste de lo que se consiguió con lo que ocurre hoy”, dice Pedro Oliver al recordar la expansión hace un cuarto de siglo de “esa cultura de la ‘puta mili' y a partir de ahí la conciencia antimilitarista”. Cree que quizá “sonaría utópica”, pero también que “generaba debate” y que, aunque no se pueda hablar de “pacifismo militante mayoritario” en la España entonces, sí había “una conciencia pacifista que entroncaba con la guerra civil” y que esa actitud eclosionó en los años 80.

“Es el miedo lo que deriva ahora en la idea de que Europa se tiene que defender y tener más armas. Pero cuando uno tiene armas, se pueden usar”, apostilla Pepe Sánchez.

Hoy, cuando la guerra se percibe más cerca no es posible el consenso antibélico de otras épocas, sostiene el historiador. “Que sea en Ucrania favorece la propaganda de guerra, que es muy mentirosa de por sí”.

En su opinión, “se ha roto el consenso pacifista de 2003 con Irak. Hoy, ese No a la guerra no es posible”, afirma, pero también es contundente al señalar que otra cosa es que la cultura pacifista de base esté muerta. “Sigue ahí y tiene que trabajarse. Aquel magma social de los años 80 no ha desaparecido. No somos solo los que ahora tenemos cincuenta o sesenta años”.

Fuente: https://www.eldiario.es/castilla-la...