News aggregator

Ver también:
¿Vuelve la mili? (1)

Rafael Ajangiz, para Tortuga.

En el capítulo anterior ya concluíamos que estamos ante la vuelta del servicio militar obligatorio en Europa. En este segundo, vamos a repasar las decisiones que están tomando los distintos países europeos que hoy por hoy no tienen mili obligatoria, prestando una especial atención a este nuestro país ibérico.

Países sin servicio militar obligatorio

Empezamos por un clásico europeo del servicio militar voluntario. El Reino Unido abolió la mili obligatoria en 1960. Lo hizo, aunque en aquel momento tenía déficit de reclutamiento, en función de su historial de solo acudir a la leva en tiempos de guerra. Y lo hizo al revés de Estados Unidos, que intentó prolongar la mili obligatoria para alimentar sus guerras en otros continentes, algo que le salió mal, porque se encontró con una fortísima resistencia interna cuando Vietnam hasta el punto de evitar desde entonces cualquier intención de volver al reclutamiento obligatorio. No hay vuelta atrás. Es tal la tradición histórica en el Reino Unido que cuando, en las elecciones de 2023, sobre la base de un evidente déficit del reclutamiento voluntario, el gobierno conservador de Sunak propuso la vuelta a la mili obligatoria, hubo tal reacción contraria de las generaciones jóvenes que el Partido Laborista reaccionó firmemente en contra y, poco después, los analistas militares confirmaron que recuperar la obligatoriedad no era la manera de resolver el déficit de reclutamiento voluntario.

Seguimos por los primeros países que, en 1992-93, decidieron abolir la mili obligatoria: Bélgica y Holanda. Bélgica, que lo hizo en 1992, es uno de los modelos adaptativos más mencionados hoy en día. Este país ofrece a quienes cumplen 17-18 años un servicio militar de doce meses con una paga mensual de 2.000 euros, en la esperanza de que se queden en las fuerzas armadas; si no lo hacen, quedarán como reservistas durante otros diez años. Con este programa, también abierto a mujeres, Bélgica espera incorporar a 1.000 voluntarios en el primer año y hasta 7.000 nuevos voluntarios en cada año posterior hasta llegar a disponer de una fuerza de hasta 40.000 reservistas no profesionales en 2030. Un programa que, en palabras del Gobierno, pretende disponer de suficientes efectivos sin tener que recurrir a la recuperación del servicio obligatorio, algo a lo que se oponen la mayoría de fuerzas políticas e incluso los propios militares, que insisten en que no tienen ni presupuesto, ni infraestructura ni equipamiento para formar a reemplazos de conscriptos.

Holanda pretende más que doblar sus efectivos militares, de los actuales 70.000 hasta unos 200.000, para 2030. Un primer paso es mandar a quienes cumplan 17 años, hombres y mujeres, un cuestionario voluntario donde deben dar cuenta de su formación, capacidades y motivaciones, así como cercanía o afinidad con la política de defensa. El objetivo es ofrecerles un “año de servicio” para que prueben la carrera militar. Simultáneamente, el Gobierno está promoviendo un servicio comunitario voluntario de 80 horas, en el que ya participan unos 25.000 jóvenes cada año, con ánimo de incorporar unos 110.000, la mitad de la cohorte anual. Podría entenderse como el camino para establecer un servicio nacional obligatorio equivalente al de Suecia.

Francia evitará imponer un servicio militar obligatorio mientras siga funcionando la incorporación de jóvenes al servicio nacional en sus dos variantes civil y militar, es lo que dijo el presidente Macron en 2018. El objetivo del Gobierno es asegurar suficientes efectivos militares y para ello necesita incorporar al servicio militar voluntario entre 60.000 y 70.000 jóvenes cada año. Un primer paso para ello fue la creación en 2019 del “Service National Universel” (SNU). El SNU, coordinado con las fuerzas armadas, está dirigido a jóvenes entre 15 y 17 años y dura un mes. En 2023 participaron 40.135 voluntarios, la mayoría de ellos en servicios comunitarios.

El SNU sería una primera toma de contacto para promover el servicio militar voluntario. En realidad, según documentos oficiales, el Gobierno está trabajando con cuatro escenarios: 1) un servicio militar voluntario que incorpore a esos 60.000-70.000 al año, algo que mejoraría la incorporación al ejército profesional, así como el reclutamiento de la Guardia Nacional; 2) un servicio civil obligatorio de cinco meses, seguido de tres meses de formación militar voluntaria; si 600.000 jóvenes (el 75% de la cohorte anual) hicieran ese servicio civil, bastaría con que un 10% de ellos realizase también el servicio militar voluntario para cumplir con las cifras; 3) un servicio obligatorio que empezase con un tronco común de 12 días y luego se dividiese en cinco meses de servicio civil o bien tres meses de servicio militar; 4) la recuperación del servicio militar obligatorio con un servicio civil de mayor duración. Como podemos ver, es muy posible que Francia recupere el servicio obligatorio en sus dos vertientes civil y militar.

En julio de 2025, hemos asistido en Alemania a un intenso debate sobre la recuperación del servicio militar obligatorio, incluso incluyendo a mujeres. Esta propuesta fue impulsada por el ministro de Defensa Boris Pistorius sobre la base de que Alemania debe incrementar los efectivos militares. Haciendo referencia al modelo sueco, propuso concretamente que, al cumplir 18 años, todos los jóvenes con pasaporte alemán recibieran una invitación formal para incorporarse a un entrenamiento militar básico de 6 meses que luego podría ampliarse hasta 17 meses de servicio. La idea no fue bien recibida por los neoliberales del Freie Demokratische Partei y también llegaron críticas desde su propio partido, el Sozialdemokratische Partei. En cambio, la Christlich Demokratische Union, cuya ex-líder Angela Merkel fue precisamente quien decidió el fin de la mili en 2011, se posicionó a favor de recuperar el servicio obligatorio.

El debate ha durado meses y, finalmente, este mismo noviembre, el Gobierno de coalición ha aprobado la propuesta de Pistorius de enviar, a partir de 2027, un cuestionario digital obligatorio para registrar datos de capacidad física y mental, así como motivación e interés, para identificar quienes podrían incorporarse al servicio militar. Un servicio militar en principio voluntario pero que contempla la posibilidad de un alistamiento parcialmente obligatorio e incluso un sorteo para elegir quintos en caso de que no se logren los objetivos de reclutamiento. Nos encontramos con un medio camino entre los modelos belga y sueco y, aparentemente también, con una futura vuelta al servicio obligatorio.

En mayo de 2024, la Lega propuso una ley para recuperar en Italia un servicio civil o militar obligatorio de seis meses de duración para los jóvenes entre 18 y 26 años, con implantación o gestión regional en vez de nacional. La propuesta fue registrada en el Congreso pero aún no se ha aprobado. Al actual ministro de Defensa, Guido Crosetto (Fratelli d'Italia), no le convence la propuesta a pesar de que, como hemos visto más arriba, los votantes de su partido estarían a favor en casi un 70%. El problema es que el 73% de los jóvenes a quienes se impondría la obligación está rotundamente en contra.

Llegamos a España. Partimos de un déficit histórico en el reclutamiento militar voluntario así como de efectivos militares (ver reciente artículo en Tortuga) a pesar de la “buena imagen” de las fuerzas armadas españolas en las encuestas del CIS y a pesar de la aprobación de medidas “compensatorias” para hacer más ventajosa la profesión militar (al respecto, es interesante consultar los estudios e informes del Observatorio de la Vida Militar). Así las cosas, no hemos oído, como pasa en los países del entorno, ninguna voz proponiendo la recuperación de la mili obligatoria, ni tan siquiera VOX ha dicho esta boca es mía, y eso teniendo en cuenta que, como hemos visto más arriba, casi el 70% de sus votantes apoyaría esa vuelta a la mili. Como dijo la ministra Margarita Robles en marzo de 2024 en la Comisión de Defensa del Senado: “en España no va a haber servicio militar obligatorio, ni creo que se le haya pasado por la cabeza a nadie”.

Aunque a veces nos cueste decirlo, el mayor logro del movimiento antimilitarista en este país fue la abolición del servicio militar obligatorio. Cuando en 1996 el candidato Aznar prometió el fin de la mili, el SMO era ya un cadáver viviente debido a una masiva objeción de conciencia espoleada a su vez por una exitosa desobediencia civil insumisa sin parangón mundial (solo podríamos encontrar equivalente en la resistencia norteamericana a la guerra de Vietnam y eso que era una guerra a morir en país lejano). De aquellas lluvias, estos lodos. Margarita Robles se las ve y se las desea para legitimar socialmente a las fuerzas armadas. Tal como lo atestiguan estudios propios, ni tan siquiera el envío de fuerzas españolas a misiones internacionales, esa gran apuesta que comenzó con el despliegue en Bosnia-Herzegovina en 1995, ha servido para mejorar su imagen. Hasta los desfiles militares suenan mal. De ahí que hoy su mejor baza sea la UME. Mientras, quien sin duda se ha beneficiado de la mayor inversión en Defensa de los últimos decenios ha sido una industria de defensa que ha cooptado los espacios de decisión gubernamental.

Con todo, como hemos visto más arriba, hay algún dato que nos avisa de que esa renta está perdiendo fuerza con el cambio generacional. El 27% de los jóvenes españoles entre 18 y 29 años estaría hoy a favor de recuperar el servicio militar obligatorio, algo impensable en nuestros buenos tiempos de movilización insumisa. De esto no se habló en el reciente encuentro de Basoa pero, sin duda, habría que darle una vuelta.

En abril de 2024, algunos líderes militares reclamaron la vuelta del servicio militar obligatorio en Portugal. A favor estaba la ultraderechista Chega y en contra el Partido Comunista. Tanto el Partido Social Demócrata como el Partido Socialista guardaron silencio. Las encuestas arrojaron entonces un 47% a favor frente a un 37% en contra, pero sigue sin hablarse de ello.

La República Checa es unos de esos países donde el apoyo a un servicio militar obligatorio ha crecido desde la invasión de Ucrania. De todas maneras, el apoyo a esta idea está todavía por debajo del 50% y ningún partido la ha propuesto en serio. En septiembre de 2024, el ministro de Defensa de Bulgaria, Atanas Zapryanov, anunció que su país no recuperaría el servicio militar obligatorio pero que estaban valorando diversas maneras de entrenamiento militar de la población.

Países con servicio militar obligatorio

Podemos identificar tres modelos principales entre los países que han seguido manteniendo o bien han recuperado recientemente la mili obligatoria: 1) servicio obligatorio en el que se llama a filas a una mayoría de los quintos, el caso de Austria, Suiza, Estonia, Finlandia o Grecia; 2) obligación por sorteo, donde se llama a quienes dicte el bombo, el caso de Dinamarca, Letonia o Lituania; 3) servicio obligatorio selectivo, donde se elige a los quintos en función su nivel formativo y su motivación o interés por lo militar, el caso de Suecia y Noruega. En la práctica, como hemos visto más arriba, el porcentaje de quienes finalmente cumplen con la mili cambia mucho de país a país y va desde el 8% de Suecia hasta el 90% de Austria; entre medio quedan Dinamarca y Noruega (13%), Suiza (43%), Lituania (43%), Estonia (50%), Finlandia (70%) y Grecia (83%). Letonia empezará en 2026.

Entre estos, los cuatro países nórdicos son los más mencionados hoy en día como posibles modelos a emular. Tres de ellos incorporan también a mujeres: Noruega desde 2015, Suecia desde 2018 y Dinamarca desde 2025. Incorporar a mujeres se está convirtiendo en tendencia, muy evidente ya en los casos de Bélgica y Holanda, pero con Francia, Alemania y Grecia dispuestas a ello. Todo por la igualdad (y asegurar un reclutamiento suficiente). Además, los cuatro países nórdicos están incorporando como criterio de reclutamiento selectivo el hecho de tener conocimientos informáticos avanzados.

Entrando más en detalle, Finlandia es el ejemplo emblemático de país con servicio militar obligatorio. El reclutamiento implica a 27.000 hombres cada año, aproximadamente el 70% de la cohorte de edad, a los que hay que sumar otras 1.500 mujeres como voluntarias. En Dinamarca, la mayoría de las 4.700 incorporaciones anuales son “voluntarias” y el resto hasta completar aforo resultan de un sorteo que incluye por igual a hombres y mujeres desde este año 2025. El Gobierno quiere llegar a reclutar un mínimo de 7.000 para el año 2033, así que es bastante probable que año tras año vayan aumentando lxs elegidxs por sorteo.

Noruega y Suecia tienen un sistema semi-obligatorio centrado en encontrar perfiles concretos. El objetivo no es entrenar a grupos enteros de edad sino reclutar solamente a quienes cumplan con las necesidades operativas de las fuerzas armadas. A los 17 años, todo joven, hombre o mujer, tiene que rellenar un cuestionario sobre su salud física y mental, antecedentes criminales, e interés o motivación para incorporarse a las fuerzas armadas. Sobre estos datos iniciales y algunas entrevistas después, las fuerzas armadas “invitan” a quienes consideran candidatxs más idónexs. En Noruega, de los 60.000 jóvenes del reemplazo anual, alrededor de un 13% termina haciendo la mili, dos tercios son hombres y un tercio son mujeres. En Suecia, que suspendió el servicio obligatorio en 2010 pero lo recuperó en 2017, aproximadamente un 8% del reemplazo termina haciendo la mili, de los que una cuarta parte son mujeres. Además, desde 2023, se incluye también un servicio civil en sectores sensibles como servicios de emergencia y de mantenimiento o soporte en el suministro de energía eléctrica. Empieza a haber análisis técnicos sobre la solvencia del modelo.

Tradiciones diferentes, tendencias convergentes

Estamos en un contexto de incremento del gasto militar y de los efectivos militares para hacer frente a las “nuevas amenazas” a nuestra soberanía, ahora pensando más en la defensa del territorio y sus fronteras que hace algunos años; habría que añadir también la defensa de intereses de todo tipo, económicos sobre todo. Se empiezan a oír voces recordando el contrato social, los derechos y valores ciudadanos, las libertades que nos hemos dado, también la patria. Nos encontramos, sin duda, en un escenario de preparación de la guerra, de una gran guerra, hay que decirlo.

El reclutamiento sigue siendo esencial para el sostenimiento de las fuerzas armadas de todo país europeo, pero ahora más, porque el que tenemos se revela insuficiente para los nuevos tiempos pre-bélicos. Por eso mismo, el discurso oficial apela a la participación y cooperación ciudadana para hacer posible un nuevo modelo de reclutamiento. Los modelos que más se escuchan en Europa son el belga y el sueco. El primero es voluntario, el segundo es obligatorio, pero ambos son selectivos, buscan incorporar gentes con las capacidades, habilidades y motivaciones que necesitan las fuerzas armadas. Ambos, también, incluyen tanto a hombres como mujeres.

La tendencia es clara: es muy posible que termine imponiéndose la obligatoriedad, cuya forma y grado dependerá de la realidad de cada país. Y ello frente a una juventud, escasa por la baja tasa de natalidad, que respira de otra forma, que reclama independencia, que valora las ofertas en función del mercado, que no va a ser tan fácil de convencer. Y ahí es donde entramos nosotras las antimilitaristas.

Israel confisca decenas de piezas arqueológicas en Cisjordania y los traslada a un museo israelí

Joan Cabasés Vega

Una comitiva de soldados y representantes civiles israelíes se desplegó el jueves en un municipio al noreste de Ramala, en Cisjordania, y confiscó decenas de piezas arqueológicas. Las autoridades israelíes, que procedieron a trasladar los restos a un museo israelí ubicado en territorio ocupado, aseguran que la operación forma parte de un esfuerzo para proteger el patrimonio histórico de la zona.

La expropiación se produce en un momento de tensión alrededor de las intenciones israelíes sobre las antigüedades en Cisjordania, puesto que Israel tiene en marcha una operación similar que los expertos advierten que sería la mayor apropiación de tierras arqueológicamente relevantes en su historia.

Los hechos sucedieron en una colina ubicada en Al-Mazra Al-Sharqiya, un poblado cercano a Ramala, la capital administrativa de Cisjordania. Según han reconocido las autoridades israelíes, la confiscación incluyó capiteles, monedas y columnas de piedra —testimonios afirman que fueron alrededor de cinco—. Los vestigios han terminado en el Museo del Buen Samaritano, impulsado por las autoridades israelíes en el este de Cisjordania, uno de los tres territorios palestinos ocupados por Israel junto con la franja de Gaza y Jerusalén Este.

La Administración Civil, la autoridad israelí que se encarga de los asuntos civiles en Cisjordania, justificó el jueves la extracción mediante un comunicado. En la nota, la institución alega que residentes palestinos habían construido una villa en la colina que acoge el lugar histórico conocido como Burj Lasana, que estuvo habitado durante alrededor de 2.000 años entre la Edad de Hierro (desde el 1200 antes de Cristo) y el periodo de las Cruzadas (hasta el 1200 después de Cristo). La Administración asegura que esa construcción causaba daños en los restos arqueológicos de la zona, donde también se encuentran una fortaleza del tiempo de las Cruzadas, una iglesia bizantina y un baño antiguo.

El actual Gobierno israelí, el más derechista en la historia del país, puso al mando de la Administración Civil a Bezalel Smotrich, un israelí que no esconde su deseo de expandir la soberanía de Israel sobre el conjunto de la Palestina histórica, que reside en una colonia judía en Cisjordania y que lidera al mismo tiempo el Ministerio de Finanzas. Este Ejecutivo ha impulsado un nuevo esfuerzo para poner las antigüedades de Cisjordania bajo el control de las instituciones civiles israelíes, algo que choca con el derecho internacional al tratarse de un territorio ocupado militarmente. Muchos ven la maniobra como un paso más en la anexión de facto del territorio, en este caso a través de la arqueología.

El incidente del jueves en Burj Lasana es parte de una tendencia mayor. El mes pasado, la Administración Civil anunció su intención de expropiar grandes partes de Sebastia, un importante yacimiento arqueológico de la era romana cercano a la ciudad de Nablus, en el norte de Cisjordania, y asociado a la capital del antiguo reinado israelita de Samaria. La organización israelí Peace Now, contraria a la ocupación israelí, denuncia que la operación representaría la mayor confiscación de tierras arqueológicamente significativas en la historia de Israel.

“El plan se apropiaría de 180 hectáreas que pertenecen a los pueblos palestinos de Burqa y de Sebastia, incluyendo miles de olivos”, escribió Peace Now en un comunicado. La orden israelí para esa expropiación, que fue publicada el 12 de noviembre y a la que accedió la agencia The Associated Press, solo concedió a los propietarios palestinos de algunas de aquellas tierras 14 días para presentar alegaciones.

Como en el caso cercano a Ramala, las autoridades israelíes vinculan el proyecto en Sebastia con la protección y el desarrollo de los lugares antiguos. En 2023, el Gobierno liderado por Benjamín Netanyahu inició los planes para convertir el lugar en una atracción turística bajo control de Israel y en beneficio de la sociedad israelí, algo que desplazaría a los residentes palestinos del territorio y que pondría fin al turismo liderado por la población local de la zona.

“Preservar los lugares antiguos es una parte central de nuestro trabajo y de nuestra responsabilidad para proteger la historia de la región”, expusieron el jueves representantes de la Unidad Arqueológica israelí, que es parte de la Administración Civil, según declaraciones recogidas por el medio de comunicación israelí i24News. “Cualquier daño a un lugar antiguo no solo afecta el artefacto en sí, sino también la capacidad de entender y documentar la historia que el lugar refleja”.

El ministro de Turismo y Antigüedades, Hani al-Hayek, ha denunciado esta semana la destrucción de puntos arqueológicos a manos israelíes. Según declaraciones recogidas por agencias de noticias palestinas, la ofensiva israelí en Gaza iniciada en 2023 habría dañado total o parcialmente 226 de los 316 lugares antiguos en el enclave, algo que el ministro ha descrito como un “ataque para eliminar la identidad palestina y la memoria colectiva”.

Fuente: https://elpais.com/internacional/20...

Juan Carlos Rois
Tortuga.

Mientras esperamos a que el Gobierno presente el presupuesto del Ministerio de Defensa que se prevé para 2026 (y de paso nos permita indagar en sus tripas para seguir detectando el gasto militar que dispersa en partidas fuera del presupuesto de defensa y que el gobierno no reconoce como gasto militar) desde aquí seguimos indagando en visibilizar en lo posible el efecto demoledor que el mismo tiene sobre nuestras vidas y nuestro día a día.

En un anterior texto hemos explicado como el gasto militar, en un contexto general de carga fiscal más regresivo e injusto que en los países de nuestro entorno (según los expertos hasta un 7% más injusto, porque Spain es diferente), impacta más a las clases más pobres que a las más ricas. Los pobres pagan más que nadie las armas con las que los ricos protegen su posición de poder y privilegio. Y a juzgar con la pasividad ante este desafuero lo hacen con gusto.

Tal vez, al menos ese es el propósito, retratar lo idiotas que somos al soportar un gasto que nos perjudica y que perpetua la situación que nos lo impone sirva para despertar la indignación más que decirle a la gente que con no sé cuantos mil euros que vale un misil podríamos comprar no sé cuantos lapiceros o hacer otros tantos hospitales.
Y es cierto. ¡la de cosas que podrían hacerse bien! Pero ¿a quién le importa?

Añadamos antes de ir a lo que nos importa que además, mientras usted paga esta situación con todos sus ingresos, los ricos tienen la doble suerte de poder usar los «beneficios» que ofrecen las deducciones y rendijas legales pero, sobre todo, de tributar con una gran parte de su riqueza no como usted, sino por impuestos más beneficiosos y «baratos» como el de sociedades u otros que graban las rentas.
El hecho de que usted o yo, aunque nos consideremos de la clase media, estemos entre los tres o cuatro tramos de menos ingresos de renta, supone además que pagamos más el gasto militar que los que están en el 1% más rico, pongo por caso ¿no le parece motivo para la protesta? Pues le doy otro: destinar un 0.1% de la riqueza nacional (unos 1.600 millones de euros) a gasto militar le supone a usted una pérdida de «escudo social» o servicios comunitarios como sanidad o educación gratuita que en algún momento va a necesitar, de unas 170 veces más que a los ricos que le pisan el cuello y que no necesitan ese escudo. ¿le parece poco? Pues siga leyendo, porque, como le intentaré explicar, pagamos como idiotas, pensamos como hormigas y nos tratan como siervos. Y puede que todo ello sea parte de una misma cadena de dominaciones.

Ahora nos vamos a intentar centrar en el coste de oportunidad del gasto militar.

Coste comparativo

El coste de oportunidad mide lo que una inversión en algo tan improductivo (e inmoral) como el gasto militar (o el rearme) supone en términos de mejores alternativa que se podrían realizar con un gasto equivalente en cuestiones relacionadas con, por ejemplo, la seguridad humana y ecológica, la aplicación a políticas productivas socialmente útiles (porque otro problema es que no todas las actividades «productivas» lo son) o a políticas de lucha contra la iniquidad. La vieja idea de los cañones y la mantequilla que ha llevado habitualmente al desastre a los pueblos.

En nuestro caso, y usando los datos que proporcionan FEDEA, la AIREF o las propias cuentas estatales, hemos elaborado un cuadro que nos va a servir de puto de partida para hacer nuestras estimaciones.

Sería algo complejo explicar cómo hemos llegado a este cuadro pero, para simplificar, están avalados por las fuentes utilizadas y miden, por decilas de riqueza de la población (cada decila unos 4.7 millones de personas) la renta media, el tipo de carga fiscal que soporta cada decila sumando impuestos directos, indirectos, cotizaciones, etc.) y las diferencias entre carga militar y beneficio social que obtienen de las políticas publicas, y el impacto porcentual del gasto militar en su renta.

Comparamos ahora cómo se comporta por tramos de riqueza la carga adicional de gasto militar que implica un aumento hipotético del mismo comparándolo con el beneficio social perdido (coste de oportunidad) y con el impacto en la renta bruta de tal evolución.

Ahora hemos elaborado un nuevo cuadro en que hemos consignado distintos escenarios de incremento del PIB del gasto militar (incremento % PIB) para verificar como al aumentar la carga militar adicional por decilas, provoca una pérdida de beneficios sociales global (es decir, a todos los deciles), pero también desigual (en perjuicio de los más pobres y de las clases medias).

Sobre este escenario podemos ver cómo varían los impactos sociales para cada decil si aumentamos por ejemplo un 0,05%, 0,10%, 0,15%, 0,20%, 0,30%, 0,50% y 1,00% del PIB.

El resultado es esclarecedor de la pérdida de beneficios sociales y del enorme coste de oportunidad, en general y específicamente para los más pobres, a medida que aumentamos la carga militar.

Si comparamos los deciles 1 a 3 (los tres más pobres) con el D 10, más rico, encontramos que el 30% más pobre paga 5 veces más en euros absolutos que el 10% más rico y que la ratio de impacto relativo (de 84x) representa para ellos casi 100 veces más esfuerzo porcentual de su renta que en el decil más rico.

Lo representamos en la siguiente gráfica, que muestra cómo en cualquier hipotético escenario de crecimiento del gasto militar, la carga y esfuerzo relativo son mucho mayores para el 30% más pobre de la población a razón de 5 veces más de carga y unas 80 veces de esfuerzo relativo.

Aparece ahora que a medida que se incrementa el PIB en gasto miliar (del 0,05% al 1% PIB) suben las distancias entre lo que cada decil asume de carga nominal a razón aproximada de 5 veces en contra de los deciles mas pobres (147 euros frente a 731).
E igualmente, en las líneas de impacto sobre la renta la de los deciles 1 a 3 pasan de 0,25 a 4,99, lo que supone, como hemos dicho, un esfuerzo relativo de 80 veces mayor peso en los deciles más pobres que en el decil más rico.

El impacto relativo para el decil más pobre es del orden de 150 a 170 veces mayor que al más rico en tanto por ciento de sus rentas, aunque el incremento per cápita de gasto militar sea igual para todos (60 euros/hab en este tramo). Mientras que con el incremento de gasto militar del 0,05% el decil pobre 36,7 euros (0,42% de su renta renta) el más rico pierde aproximadamente 7,3 euros (el 0,00% de renta) en D10. Si el incremento es de 0.10% los más pobres perderán 73,3 euros (0,84%) frente a 14,6 euros (0,01%) los más ricos.

Existe una pauta clara: el mismo euro empleado en militarización implica sacrificios sociales mucho más altos, en proporción a la renta, para los deciles pobres que para los ricos. Es la economía, idiota, que dijo el otro.

La columna «Beneficio Social Perdido» es pequeña en euros (0,1 a 0,4 euros/año por persona) porque estamos contabilizando solo una fracción marginal de retorno social directo que implican los impuestos (el que se refiere a retornos en términos de prestaciones sociales dado que si no será imposible de representar el resultado en el cuadro), pero el mensaje estructural es bastante potente: la carga militar adicional per capita (que supone por ejemplo el 0,1% PIB en gasto militar) en términos de coste de oportunidad afecta a todos los deciles, el beneficio social alternativo regresivo (o que deja de producirse), pero se concentra en los deciles más pobres (del 1 al 3) que son los que dependen más de los servicios públicos (y que son los usuarios principales de estos).

Por eso cada euro sustraído a favor del gasto militar tiene una productividad social perdida mucho mayor que el que se retrae de servicios usados por los deciles altos.
Estamos hablando de una «doble regresividad» de cada punto de aumento del gasto militar: en cuanto a su financiación «desigual» en contra de los mas pobres y por los beneficios perdidos par financiar políticas más beneficiosas parra el conjunto de la población.

Un uso alternativo de la cantidad aumentada por Sánchez en el gasto militar que heredó de Rajoy (aunque podríamos extender los períodos a los anteriores ardores de modernización de Aznar o incluso de Felipe González) hasta nuestros días, utilizado para políticas sociales reales y no cosméticas de «escudo social» o para construir políticas estructurales, habría sido un verdadero revulsivo para el cambio estructural que se necesita para responder a los retos de seguridad humana que tenemos. Solo en términos redistributivos, por ejemplo, en términos de renta, podrían haber supuesto un aumento de rentas de la decila más pobre de 3.878 euros anuales en 2025, más de 1/3 de su renta.

Coste social

Vamos a dar un segundo paso. ¿Podemos establecer una correlación matemática que nos permita calcular el coste de oportunidad del gasto militar? Se nos ha ocurrido esta propuesta provisional que esperamos poder afinar en el futuro.

Para nuestro ejercicio teórico vamos a intentar calcular el coste de oportunidad de cada 0,1 % del aumento del PIB en gasto militar, en términos, como hemos dicho de gasto social alternativo sacrificado (por ejemplo en educación, sanidad, prestaciones sociales, etc) en un escenario de recursos fiscales limitados.

Para hacerlo usamos una metodología que se usa en economía para este tipo de cosas. Se llama Frontera de posibilidades de producción y mide el uso alternativo eficiente de dos bienes y el coste de oportunidad.

Aunque resulta farragoso, lo explicamos de forma más o menos matemáticas. Sin trampa ni cartón.

El coste de oportunidad básico (CO) por tanto mide el sacrificio social con esta razón o fórmula:

En ella

sería = 0,001PIB (porque queremos verificar el coste para cada 0,1% PIB de aumento del gasto militar)

sería el gasto reasignado, ponderado por distribución progresiva del gasto público (como hemos visto en páginas anteriores, con mayor peso en las decilas más bajas).

Así las cosas, para el impacto por decil «d» nuestra fórmula sería:

En este galimatías matemático con el que queremos dar consistencia a nuestros cálculos, explicamos la nomenclatura que vamos a usar:

d quiere supone cada decil (D1, D2, etc).
pd refleja la proporción de beneficio social del decil d,
Rd para la renta media per cápita del decil
y Pd a la población de la decil (más o menos 4,8 millones en la población española).

Aplicadas estas fórmulas de brujería matemática a nuestro propósito en el escenario español, donde estimamos un PIB del año 2025 de 1,65 billones de euros (1.650 millones cada 0,1%). La reasignación de estos 1.650 millones de euros de gasto social progresivo (70% a los deciles 1-5 aproximadamente si usamos los cuadros que hemos visto más arriba) nos ha llevado a confeccionar el siguiente cuadro de distribución del impacto.

Aplicadas estas fórmulas de brujería matemática a nuestro propósito en el escenario español, donde estimamos un PIB del año 2025 de 1,65 billones de euros (1.650 millones cada 0,1%). La reasignación de estos 1.650 millones de euros de gasto social progresivo (70% a los deciles 1-5 aproximadamente si usamos los cuadros que hemos visto más arriba) nos ha llevado a confeccionar el siguiente cuadro de distribución del impacto.

Si ahora calculamos el coste de oportunidad de un aumento del 1% del PIB en gasto militar (en lugar de 0,1%), multiplica las fórmulas anteriores por 10: y el incremento del gasto militar =0,01 PIB, asumiendo el mismo gasto social alternativo progresivo reasignado.

Es decir,

Con PIB 2025 1,65 billones de euros, equivale a 16.500 millones de euros reasignados.

En este caso, el cuadro de impacto aparece terrorífico:

El tercio más pobre de la población, aquel sobre el que mayor impacto tienen las políticas redistributivas y los servicios colectivos, pierde 8.750 millones de euros sin mover una pestaña.

Las clases más pobres (deciles 1-3) pierden 8.750 millones de euros en prestaciones, un 4,5-15,3% de su renta per cápita, amplificando desigualdad al erosionar subsidios que mitigan pobreza en 32,5% vía gasto público progresivo.

Para mear y no echar gota.

Los puntos unidos por la línea representan combinaciones máximas posibles: si sube el gasto militar, baja el máximo gasto social alcanzable, ilustrando el enorme coste de oportunidad entre gasto militar y políticas sociales.

Todo esto no hace sino mostrar claramente el significado antisocial del gasto militar dentro de una política fiscal redistributiva no suficientemente progresiva y no enfocada principalmente para luchar contra la pobreza o reducir la iniquidad.

La distribución del mismo, ya sea total, ya sea de las diferencias que establezcamos desde el año que elijamos al presente, o de cualquier otra partida, distribuidas entre la población en general o sobre alguno de sus tramos, supone capacidades y oportunidades vitales elocuentes que el aumento del gasto militar impide.

Acudiendo a los datos oficiales que ofrece FEDEA sobre la estructura de nuestra carga social, y haciendo una proyección del aumento porcentual de un 1% del gasto militar, podemos afirmar que cada 1% del PIB adicional en gasto militar (cuya financiación en hipótesis se realiza en un 50% con más impuestos indirectos y en un 50% con recortes proporcionales de prestaciones monetarias y de gasto en sanidad y educación) la regresividad del sistema fiscal aumenta, al elevar la carga relativa sobre los deciles de menor renta.

También reduce la capacidad redistributiva global del Estado en varios puntos porcentuales (subiendo el índice de Gini de la renta disponible extendida en torno a unas pocas milésimas) y supone para los hogares de D1 una pérdida de oportunidades del orden de varios cientos de euros por persona al año (del entorno del 2 a 3% de su renta), con caídas también relevantes, de alrededor del 1,5 a 2,5% de su renta, para D2 y D3.

Como de aquí a la presentación de los presupuestos quedará un mes (o más), en próximas entregas iremos explicando más sorpresas que nos acarrea el creciente e indeseable gasto militar en el que se han empeñado los propagadores de la nueva/vieja fe militarista.

La defensa del joven que fue agredido recurre el auto de sobreseimiento tomando como base el documento que realizó la unidad de este Cuerpo de Seguridad del Estado.

Los hechos ocurrieron durante la celebración del ascenso de Córdoba CF a Segunda División, en junio de 2024.

Alejandra Luque

El 24 de junio de 2024, centenares de personas y aficionados acompañaron a los jugadores del Córdoba CF en su celebración por el ascenso del equipo a Segunda División. El fin de fiesta se produjo en la plaza de Las Tendillas, donde, en un momento dado, la Policía Nacional cargó alegando “una pelea entre ultras y el lanzamiento de objetos a sus vehículos” que se saldó con una persona detenida. El joven pasó aquella noche en el calabozo y después ingresó en el Hospital Reina Sofía debido a las lesiones que sufrió. Decidió denunciar y, cerca de un año y medio después, la jueza de Instrucción número 7 de Córdoba ha archivado la causa contra el policía denunciado, pese, incluso, al informe de Asuntos Internos de la Policía Nacional que ratifica hasta cuatro delitos que habría cometido el agente: lesiones, detención ilegal, torturas y falsedad documental durante la detención del joven.

El recurso de la defensa, al que ha tenido acceso este periódico y que avanzó ABC Córdoba, rebate en su integridad el auto de archivo, que se ha basado en que el agente -que es subinspector y jefe de Subgrupo de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR)- “no participó en la detención al encontrarse en una calle aledaña realizando otras diligencias”, según un boletín de denuncia firmado por el propio agente. La jueza instructora ha atendido que no existían indicios sólidos para continuar el procedimiento contra este policía.

En primer lugar, el letrado Francisco Poyatos muestra su sorpresa con la afirmación de que no existe “indicio” de comisión de los delitos, y recuerda que según el informe elaborado por Asuntos Internos apuntaba que el policía habría sido el presunto autor de cuatro delitos cometidos tras la detención del joven durante la madrugada del 25 de junio de 2024. Así, el informe le atribuía un delito de lesiones agravadas y otro de detención ilegal, “porque el joven permaneció -injustificadamente y de forma prohibida- 15 minutos en el furgón de la UPR con el único propósito de agredirle y porque no había denuncias interpuestas por rotura de escaparates o mobiliario urbano necesarias para indemnizaciones y resarcimientos de los afectados”.

En tercer lugar, dicho informe recoge un delito de torturas al apuntar la investigación interna que el joven, “ya privado de libertad, habría recibido golpes en la cara y la cabeza tanto con la defensa como con los puños”. En cuarto y último lugar, se le atribuye a este subinspector un delito de falsedad documental “por atribuirle al detenido un delito de atentado, por obviar la retención en el furgón y por referir daños en escaparates y mobiliario urbano” que, según la defensa, no constan en ninguna denuncia presentada en los siete días posteriores.

El recurso afirma, asimismo, que ningún comercio o particular denunció tales daños, pese a que serían imprescindibles para solicitar indemnizaciones, circunstancia que, a juicio de la defensa, pone en cuestión la versión policial reflejada en el atestado.

Sobre el argumento de la magistrada relativo a que el policía estaba en una calle aledaña a donde ocurrieron los hechos, el abogado de la defensa sostiene que la hora consignada en los boletines policiales es aproximada, que el propio investigado pudo modificarla y que basar el archivo en ese extremo es “improcedente” dada la gravedad de los hechos que describía Asuntos Internos.

El recurso también subraya que el subinspector figuraba en el encabezamiento del atestado de detención del joven, algo que, según el letrado, no puede quedar relegado a un “protocolo” como sostiene la resolución judicial.

Otro de los puntos criticados es la valoración de la identificación del agente. Según el recurso, la jueza considera relevante que el policía negara haberse quitado el casco, lo que dificultaría reconocerlo. La defensa reprocha que dé por válida esa afirmación y la eleve “a categoría de verdad”, pese a tratarse de su propia versión de los hechos.

Por último, la defensa califica de “penoso y sangrante” que se archive la causa contra el agente inicialmente investigado mientras se mantiene la acusación contra su defendido por un delito de atentado“. El Juzgado de Instrucción número 7 deberá resolver sobre el recurso, y en caso de desestimarlo, será la Audiencia Provincial quien decida si procede o no la imputación del policía.

Fuente: https://cordopolis.eldiario.es/cord...

Jaime Luján

El alto el fuego en Gaza no ha frenado los ataques de Israel contra los palestinos. No lo ha hecho en la propia Franja, ni en el otro territorio palestino, también ocupado, de Cisjordania. Los habitantes de esta región limítrofe con el río Jordán han sufrido desde el 7 de octubre de 2023 el recrudecimiento de las agresiones de los colonos israelíes hacia ellos. Palizas, robos e incendios son algunas de estas acciones que, además, en muchas ocasiones, cuentan con la connivencia de la Policía y el Ejército israelíes.

El periodista A. A. y la activista R. R. –ambos palestinos– han descrito la dramática situación de su tierra, Cisjordania, en el encuentro Palestina. Defender la vida, defender la tierra, organizado por la Alternativa Antimilitarista-MOC. A. A. es cofundador de la organización Youth of Sumud, que se dedica a ofrecer ayuda y protección en la región de Masafer Yatta: tanto a pastores en su actividad como a niños en su ruta hacia el colegio. Por su parte, R. R. es una joven activista que participa en Ikhilia, una cooperativa agrícola formada por mujeres palestinas en el valle del Jordán. infoLibre ha sido el único medio escrito que ha podido conversar con ellos durante su visita a España.

Ellos mismos han asegurado a este periódico que han sufrido personalmente el acoso de los colonos. “Intentaron robar un rebaño de ovejas de mi tío. Él, su esposa y yo intentamos impedirlo y me rompieron la pierna. Este año, en enero, atacaron mi casa y quemaron mi coche”, cuenta A. A. En cuanto a la Policía israelí, los entrevistados sostienen que “no hace nada” ante estos ataques. “Si llamamos a la Policía, esta dice que es una zona militarizada y que no es nuestra tierra. O te vas o nos dejas de llamar”, explica A. A.

En Cisjordania, según relata, la situación de las mujeres es especialmente alarmante ya que la asistencia médica es escasa, al igual que el acceso a la educación. “La mayoría de estas zonas no tiene centro médico, por eso cuando una mujer está enferma o embarazada tiene que ir en coche, que son atacados por los colonos”, explica R. R. Además, la activista señala que “la mayoría de las mujeres no pueden ir a la escuela porque tienen miedo de ellos. Muchas son asesinadas mientras caminan para ir a la universidad o a trabajar”, añade.

Ambos palestinos están de acuerdo en que, tras el alto el fuego en Gaza del pasado octubre, la situación en Cisjordania ha empeorado: “Los colonos creen que la guerra no debería parar y que deben continuarla ellos mismos”. Tampoco se muestran satisfechos con el reconocimiento a Palestina por varios países occidentales: “Primero, salvar vidas. Luego hablamos de los Estados”.

A.A. proviene de la aldea de Tuba, en la zona de Masafer Yatta, mientras que R. R. es del valle del Jordán. Ambos lugares se encuentran en la sección C de Cisjordania –bajo control civil y militar israelí– y donde se ubican los asentamientos de colonos, declarados ilegales por el derecho internacional. El área C supone alrededor del 60% de Cisjordania y cuenta con una población de unos 300.000 palestinos, según el Observatorio Mundial sobre Finanzas y la Inversión de los Gobiernos Subnacionales (SNG-WOFI, por sus siglas en inglés). En 2020, Cisjordania albergaba a más de 2,8 millones de palestinos y a 450.000 israelíes.

Parte de Masafer Yatta ha sido considerado por Israel como zona militarizada, lo que supone para los palestinos la imposibilidad de construir y, además, la demolición de algunas de sus viviendas. Los residentes de la región han acudido en varias ocasiones a la Justicia israelí para revocar esta calificación del suelo, sin éxito. “A día de hoy, las personas que viven en esta zona están aisladas y el ejército no permite a nadie entrar allí. Ni familiares, ni periodistas, ni profesores, ni médicos”, explica A. A.
La resistencia no violenta

Ambos palestinos han elegido la vía pacífica para luchar por los derechos de la población en Cisjordania, en un momento en el que ser activista en la región de Oriente Medio no es fácil. “No tenemos la protección para contar la verdad”, afirma R. R, que hace hincapié en el caso de Ayman Ghrayeb.

“Estuvimos sin saber de él durante tres días y después nos dijeron que estaba en el hospital. Ahora está detenido por seis meses y no tiene abogado”, prosigue. Este activista fue arrestado por el Ejército israelí el pasado 17 de noviembre mientras grababa con una cámara el ataque de unos colonos a la aldea de Fasayil.

Precisamente, Ghrayeb es el fundador de Ikhilia, que pretende “dar a los agricultores y las mujeres algo para continuar con sus vidas”, según R. R. Sin embargo, otra labor que llevan a cabo organizaciones como esta es la de documentar las distintas formas de acoso por parte de los israelíes. “Sirve para luego escribir sobre ello en las redes sociales o ir a los tribunales y comisarías israelíes; aunque eso no ayude, hay que intentarlo”, afirma A. A. Además del apoyo legal, Youth of Sumud también colabora con organizaciones de derechos humanos para ofrecer ayuda humanitaria a la población.

Para los dos activistas, lo esencial es “fortalecer la resiliencia de la gente para que pueda permanecer en sus tierras”. “Si estas personas no permanecen en sus casas, será un desastre más grande”, concluye A. A.

Según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus iniciales en inglés), desde el pasado 7 de octubre, 200 palestinos –52 de ellos eran niños– han sido asesinados por las fuerzas israelíes en Cisjordania. En este mismo periodo de tiempo, 2.803 palestinos han sido heridos, de los cuales al menos 355 son niños; y se han registrado 254 ataques de colonos contra la población palestina.

Los palestinos A. A. y R. R., junto con el nepalí Subhash Kattel –miembro de la Internacional de Resistentes en la Guerra (IRG)– han participado en el encuentro Desarmar el militarismo: Resistir la guerra, construir la paz, organizado por la Alternativa Antimilitarista-MOC e IRG, y celebrado a finales de noviembre en Barcelona. También han visitado Valencia y Madrid, este último acto acogido por la Fundación Anselmo Lorenzo.

Fuente: https://www.infolibre.es/internacio...

Diana Serrano

El jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional en Valladolid ha sido detenido este jueves, a las 09.00 horas, en una operación antidroga dirigida por el departamento de Asuntos Internos de Madrid.

Fuentes próximas al caso han confirmado a EFE que el inspector está acusado de quedarse con parte de los alijos de droga intervenidos en distintos operativos. Estos apuntan también a que el detenido mantenía un "alto tren de vida".

EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León ha confirmado que el detenido es marido de la procuradora de las Cortes de Castilla y León por Ciudadanos y actual concejala del Partido Popular en el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda.

Junto a este inspector se ha detenido a varias personas más, que no son agentes de policía, pero que estarían implicadas en delitos de tráfico de drogas, según aseguran a este medio fuentes oficiales.

El dispositivo ha incluido el precinto de varias zonas de la Comisaría de Delicias, donde trabajaba el arrestado. Los agentes de Asuntos Internos han accedido a dependencias internas para asegurar material y documentación vinculada a la investigación.

Asuntos Internos ha tomado contacto con varios agentes del grupo para tomarles declaración como testigos y conocer el alcance del caso.

La operación continúa abierta y sigue bajo secreto de sumario, según ha confirmado a este periódico la Delegación del Gobierno de Castilla y León. Por lo que no han trascendido más datos sobre el volumen de sustancias supuestamente sustraídas ni sobre las posibles conexiones del detenido con redes externas.

Fuente: https://www.elespanol.com/castilla-...

Maxi de Diego: Teatro antimilitarista (contra las guerras y sus secuaces)
Selección de poemas y pequeñas obras teatrales de temática antimilitarista.

Villancico de las madres que tienen a sus hijos en brazos

¡Dulce Jesús, que estás dormido!
¡Por el santo pecho que te ha amamantado,
Te pido
que este hijo mío no sea soldado!

¡Dulce Jesús, que estás dormido!
¡Por el santo pecho que te ha amamantado,
Te pido
que este hijo mío no sea soldado!

María Lejárraga

La muerte agradecida

Despacho lujoso.

LA MUERTE: Gracias por recibirme.
EMPRESARIO: Es un placer atender a una gran accionista.
LA MUERTE: Vaya, veo que tienen información contrastada.
EMPRESARIO: No puede ser de otra manera, somos una empresa puntera en el sector.
LA MUERTE: Nuestro sector.
EMPRESARIO: ¿Cómo dice?
LA MUERTE: Digo nuestro sector porque yo también formo parte de él.
EMPRESARIO: Claro, como accionista que es...
LA MUERTE: No solo como accionista. Precisamente para presentarme y mostrarle mi agradecimiento quería hablar con usted, con ustedes.
EMPRESARIO: Claro, claro. Usted dirá.
LA MUERTE: Estoy pensando ampliar mi... ¿Cómo se dice en términos empresariales? Mi... ¡campo de negocio! Eso es. Creo que se dice así. Discúlpeme, pero es que yo no soy experta en negocios.
EMPRESARIO: No se preocupe, la entiendo. Pero necesitaría que me explicara con más detalle a qué negociado se dedica su empresa.
LA MUERTE: Bueno, empresa, empresa, lo que se dice empresa, no es. Más bien un negocio personal.
EMPRESARIO: Bien, pero como le digo, para analizar de qué manera mi empresa puede contribuir a la mejora de su cuenta de resultados...
LA MUERTE: ¿Cuenta de resultados?
EMPRESARIO: Bueno, sus beneficios, para entendernos.
LA MUERTE: No, si yo en realidad no me beneficio. (Rectifica después de una pausa. Se da cuenta de que no va por buen camino.) Bueno, en parte sí, porque sobre todo a mí me gusta hacer bien mi cometido en esta vida.
EMPRESARIO: ¿Y su cometido es...?
LA MUERTE: (Cambiando de asunto.) Su fábrica, me han dicho, fabrica misiles inteligentes y drones con capacidad de ataque.
EMPRESARIO: Entre otras armas. En nuestra web puede ver parte de nuestros productos.
LA MUERTE: ¿Parte?
EMPRESARIO: Bueno, hay artefactos que por motivos de seguridad no se pueden presentar públicamente.
LA MUERTE: Bien, no se preocupe. Si a mí solo me interesa, y este es el motivo de mi entrevista con usted, como con otros empresarios del sector, proponerles o pedirles que sus sistemas armamentísticos amplíen o refuercen, no sé cómo decirlo, su capacidad destructiva, especialmente, la mortífera. ¿Me entiende?
EMPRESARIO: Bueno, claro. Ese es nuestro objetivo. De hecho, contamos con un departamento de investigación que lo que busca es perfeccionar la capacidad selectiva de los hipotéticos ataques con el objetivo de que nuestro armamento sea más productivo. De esta manera, nuestros compradores pueden extender su capacidad destructiva. Por poner solo un ejemplo, Arabia Saudí (6) sigue siendo uno de los principales compradores de armas españolas, a pesar de ser una monarquía absolutista, allí la guerra con su vecina Yemen ha provocado al menos 250.000 muertes.
LA MUERTE: (Al oír la última palabra sufre un estremecimiento, como una ligera convulsión que finaliza con una perceptible cara de placer.) Interesante, desconocía ese dato. Nunca se me ha dado bien mi propia contabilidad. Me consuela usted, de verdad. Sin duda mi sensación de que los antimilitaristas y pacifistas estaban consiguiendo parar las guerras debe ser errónea.
EMPRESARIO: Efectivamente. Tenga usted en cuenta que nuestra actividad cuenta con el apoyo de todos los gobiernos y de sus campañas publicitarias a favor de nuestro negociado. Sin ir más lejos, nuestro Ministerio de Defensa acaba de hacer público un argumentario que ensalza nuestra labor frente a aquellos que prefieren los gastos sociales (7)
LA MUERTE: ¡Qué bien! Pues me voy mucho más tranquila. Ya no le molesto más, que tendrá mucho que hacer. Bueno, ya no tanto.
EMPRESARIO: Ya no tanto, ¿por qué? No la entiendo.
LA MUERTE: No se preocupe, son cosas mías.

(La MUERTE le da la mano. Al tocarla, el EMPRESARIO recibe una especie de descarga eléctrica que se traduce en un fuerte dolor en el pecho. Se retuerce de dolor hasta que cae fulminado, muerto.)

LA MUERTE: ¡Qué pena! Con lo simpático y eficaz que parecía. Menos mal que no era un ingeniero especialista en misiles inteligentes. Estos encargados de comunicación se encuentran a montones hasta debajo de las piedras. ¡Uy, qué expresión más bonita utilizan estos humanos! ¡Debajo de las piedras! Me encanta. (Sale. Oscuro.)

Notas:

6 https://www.publico.es/politica/gob...

7 https://www.elsaltodiario.com/opini...

Gorka Castillo

La ética humanitaria se extingue en el altar de los beneficios económicos. Así ha quedado claro incluso para la justicia española, que investiga a tres altos cargos de la empresa siderúrgica vasca Sidenor por la venta de al menos 4.587 toneladas de aceros especiales a la multinacional israelí IMI (Israeli Military Industries), propiedad de Elbit Systems, dedicada a la fabricación de armamento promocionado con la garantía de haberse probado en Gaza. Es la misma corporación con la que el Ministerio del Interior tenía firmado un contrato para el suministro de munición a la Guardia Civil, que en septiembre fue cancelado a causa de la tormenta política que levantó. Para Sidenor, en cambio, su relación comercial con uno de los gigantes de la tecnología armamentística israelí ha sido un negocio redondo. La policía que investiga el caso calcula que entre febrero de 2023 y junio de 2025 la empresa vasca se embolsó casi seis millones de euros. El problema es que su nombre ya aparecía subrayado en rojo en los informes que diversas organizaciones civiles elaboran periódicamente sobre las entidades que se lucran de la política segregacionista y criminal practicada por el Gobierno de Netanyahu en Palestina. Aunque Sidenor no esté expresamente señalada en el exhaustivo informe de Francesca Albanese “De la economía de la ocupación a la economía del genocidio” ni en la base de datos de la ONU sobre los grandes beneficiarios de la ocupación y la maquinaria de guerra israelí, algo que sí sucede con la Compañía Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), su prolongada actividad comercial con IMI encaja en una de las pautas que contribuyen a la destrucción de la vida palestina, según la relatora de Naciones Unidas.

Por este motivo, los negocios de Sidenor han acabado sobre la mesa de un juzgado, en este caso del magistrado de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge, gracias a la querella interpuesta por la Comunitat Palestina de Catalunya contra tres de sus principales directivos, entre ellos su presidente José Antonio Jainaga. Está investigado por exportar, a un país que perpetra horrendos crímenes, material imprescindible para la construcción de armas pesadas y ligeras sin autorización de la Junta Interministerial de Material de Defensa y Doble Uso (JIMDDU). Jainaga, que hace apenas un mes era elevado al olimpo financiero tras ganar la subasta por el control de la empresa de trenes Talgo al holding húngaro Magyar Vagon, declaró el pasado 12 de noviembre ante el juez De Jorge que el acero vendido a IMI en plena masacre en Gaza cumplió con la legislación vigente, ya que cuando se realizó la venta no existía ninguna limitación a las relaciones comerciales con Israel. Efectivamente, Sidenor suspendió sus exportaciones el 5 de julio, dos meses antes de que se oficializara el embargo de armas, pero lo hizo después de que la organización Prou Complicitat Amb Israel denunciara que el barco ZIM Luanda atracado en el puerto de Barcelona se disponía a cargar 40 bloques de barras de acero adquiridas por la insaciable compañía IMI para mantener su producción a pleno rendimiento.

El envío fue cancelado, pero la demanda judicial contra tres directivos de Sidenor siguió su curso. Hay indicios de que traficó durante meses con mercancías especiales, infringiendo la Ley Orgánica de Represión de Contrabando, además de participar “por complicidad” en un crimen de lesa humanidad y genocidio, tal y como se recoge en los artículos 29, 607 y 607 bis del Código Penal. Según los datos manejados en la causa, Sidenor transfirió 4.587 toneladas de acero en 42 ocasiones, 33 de ellas después del 7 de octubre de 2023. El último envío fue de 356 toneladas el pasado mes de mayo. Una investigación del diario Berria ha descubierto que tenía comprometidos otros dos cargamentos, para finales de junio, que no se llegaron a enviar: uno de 18.718 kilos y otro de 104.230.

El empresario vasco ha quitado hierro al hecho de encontrarse bajo la lupa de la justicia, asegurando que nunca fue consciente de que este negocio alimentaba el mercado de la muerte que Israel tiene abierto en tierras palestinas. Sin embargo, ahora se ha sabido que la siderúrgica vasca, que cuenta con plantas productivas en Euskadi, Cantabria y Catalunya, y delegaciones comerciales en Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, no solicitó la autorización necesaria al Gobierno español para la venta de materiales especiales, como el acero de aleaciones precisas que necesitan los fabricantes de armas, ni inscribió su nombre en el registro correspondiente, una condición sine qua nonpara comercializar este tipo de componentes con países que vulneran los derechos humanos. David Aranda, que actúa como acusación popular en nombre de la Comunitat Palestina de Catalunya y de la campaña ‘Fin al Comercio de Armas con Israel', considera que la instrucción del caso Sidenor es algo más que un procedimiento administrativo. “Es un hito importante, porque las denuncias contra las grandes corporaciones suelen contar con un amplio margen de impunidad. La causa manda un mensaje claro a todas aquellas empresas que se están lucrando con el genocidio”, afirma.

Tras digerir el trago de comparecer ante un juzgado, Jainaga y los otros dos altos directivos de Sidenor aguardan ahora la fase decisiva de la compra de Talgo al fondo Pegaso, una inversión comprometida para su futuro financiero que debe producirse antes del 31 de enero. La curiosidad es grande por comprobar si el costurón judicial abierto termina pasándole factura. “Que propietarios tan celosos de su imagen y de su compromiso empresarial como José Antonio Jainaga sufran por su mala imagen pública no se puede negar, pero aquí hay una apuesta de país, una iniciativa estratégica para Euskadi”, afirman a CTXT fuentes cercanas al departamento de Industria del Gobierno vasco. El coste de la operación para adquirir Talgo asciende a 156,7 millones de euros, de los que 47 millones serán aportados por el propio Jainaga a través de la sociedad de inversión Clerbil que él mismo fundó en 2016 para comprar Sidenor a la multinacional brasileña de aceros Gerdau. Como socios aparecen el fondo Finkatuz del Ejecutivo vasco y la fundación BBK, que invertirán otros 47 millones de euros cada uno, y la fundación Vital, que aportará 20 millones. En conjunto, adquirirán el 30% de las acciones de Talgo, suficientes para controlar la empresa, ya que más de la mitad del resto de las participaciones están en manos de pequeños inversores. El Gobierno español también será accionista a través de la SEPI. Invertirá 45 millones de euros en una ampliación de capital y otros 30 millones mediante un préstamo convertible que los acreedores bancarios exigen para aceptar la refinanciación de los 400 millones de euros de deuda que acompaña a una compañía ferroviaria en bancarrota.

El Gobierno vasco no ha ocultado su inquietud por la investigación abierta en la AN pero, tras escuchar las explicaciones de Jainaga sobre su venta de acero a IMI Systems en pleno genocidio, ha pedido que no se realicen “juicios paralelos”. También ha insistido en que la imputación del empresario no debe afectar a la operación de compra de Talgo. Hace unos días, el vicelehendakari, el socialista Mikel Torres, echó un último capote público al dueño de Sidenor al ratificar que sus declaraciones en sede judicial, junto a la documentación que aportaron sus abogados, son pruebas suficientes para descartar cualquier duda sobre sus maniobras comerciales en Israel. “Yo desde un primer momento puse de manifiesto la presunción de inocencia y, conociendo a Jainaga y su compromiso con la industria vasca, pensaba que no pondría en peligro la empresa por comercio ilegal”, confesó Torres.

Una certidumbre que colisiona frontalmente con las investigaciones que prestigiosas organizaciones civiles como el Centre Delàs, el Observatorio de Derechos Humanos en España (ODHE) y toda la constelación de movimientos organizados a nivel internacional bajo el paraguas de BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones contra Israel), incluida la relatora de la ONU Francesca Albanese, sobre los nefastos impactos que tienen las operaciones comerciales con Israel en el exterminio palestino.

“Cualquiera que haya evaluado de forma independiente la situación ve no solo violaciones de derechos humanos sino también crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio. Si las empresas con conocimiento de esto continúan con sus actividades de todos modos, pensando que no tienen influencia sobre las decisiones de Israel, eso es una flagrante violación de sus responsabilidades en materia de derechos humanos”, afirma la profesora de Derecho en la Universidad St. Mary's de Texas y experta en las directrices de la OCDE, Tara Van Ho, en una detallada información elaborada por la plataforma de investigación ‘Follow the Money'.

La propia Francesca Albanese no ha dejado de denunciar que sostener el genocidio requiere de un apoyo permanente a nivel internacional. Una cobertura política, económica y cultural que pasa por lo más elemental: el suministro de los recursos materiales que hagan posible mantener la masacre y el apartheid para una economía que empieza a presentar grietas. Entre 2022 y 2024, el presupuesto militar de Israel aumentó del 4,2% al 8,3% del PIB. El déficit del país se incrementó un 6,8% y el Gobierno de Netanyahu lo trata de minimizar con la emisión de bonos a inversores, incluidos 8.000 millones de dólares en marzo de 2024 y otros 5.000 millones de dólares en febrero de 2025, además de emisiones en shekels, la moneda oficial, en el mercado interno. Estos bonos están en el foco crítico de atención mundial, desde Irlanda –el país que asignó Tel Aviv para vender sus bonos en Europa tras la salida de Reino Unido de la UE– y Luxemburgo, sede del Banco Europeo de Inversiones, hasta la Asamblea General de las Naciones Unidas. En el informe de Francesca Albanese del pasado mes de julio se cita que esta manera de obtener liquidez por parte del Gobierno israelí está jugado “un papel crítico en la financiación del ataque en curso contra Gaza”. El comercializador de los bonos de Israel en Estados Unidos, Israel Bonds, afirma haber obtenido más de 5.500 millones de dólares en inversiones globales en los últimos dos años, el doble de lo habitual, según el canal económico Bloomberg.

La Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos también considera que existe una base sólida “para establecer la responsabilidad civil y penal de las corporaciones que facilitan crímenes de lesa humanidad”. En 1947, los directivos de las compañías industriales Flick, I. G. Farben y Krupp fueron juzgados en Nuremberg por el uso de prisioneros de guerra, el trabajo esclavo para la producción de armas, el saqueo de propiedades públicas y privadas, y su pertenencia a una organización criminal. Sin embargo, por el genocidio palestino apenas hay ejemplos de denuncias que hayan prosperado, pese a que todas las pesquisas internacionales apuntan a que un millar de empresas siguen lucrándose con el exterminio. En el informe Albanese se detalla la actividad de 45 grandes sociedades mercantiles que apoyan y financian la ocupación israelí. Uno de los sectores más beneficiados es la banca. Además de poderosas entidades estadounidenses de inversión que se han lanzado a la compra de bonos israelíes como Vanguard, Wellington Management, Franklin Resources y Capital Group, hay otros cuatro compradores europeos: la italiana BPER Banca, la francesa Crédit Agricole y las alemanas Allianz y DZ Bank. La brasileña Itaú Unibanco es la única entidad no estadounidense o europea en la lista confeccionada por ‘Follow the money' tras una larga investigación. El Centre Delàs, por su parte, ha identificado hasta 12 entidades financieras españolas, entre ellas Santander, BBVA y CaixaBank, pero también otros bancos estatales como Ibercaja, Banco Caminos o Banca March, que han financiado a siete de las 15 empresas que proveen de armas y municiones a Israel: Boeing, Day & Zimmerman, General Dynamics, Oshkosh Corp, Leonardo, Rheinmetall y MTU Friedrichshafen. De estas entidades financieras, Santander y BBVA son los principales bancos que han financiado a los fabricantes de las armas que utiliza el ejército de Israel para cometer el genocidio en Gaza, con más de 2.442 y 1.500 millones de dólares, respectivamente.

“En la práctica, no hay ninguna ventanilla jurídica a la que dirigir estas demandas. La cuestión fundamental, en contraste con la fuerza de la armadura jurídica de la ‘lex mercatoria', es que sigue habiendo un enorme hueco en el derecho internacional por donde se escapa la responsabilidad realmente existente de las grandes corporaciones que colaboran con el genocidio o el apartheid”, explica Juan Hernández, especialista del Observatorio de Multinacionales de América Latina (OMAL). Es el caso de Edreams, una de las principales plataformas españolas de viajes online, que sigue vendiendo turismo en su web mientras contribuye a sostener a las colonias y excluye a los palestinos, con narrativas que omiten la anexión ilegal de los territorios. Su nombre está desde 2020 en la base de datos elaborada por la ONU sobre empresas cómplices de los asentamientos israelíes. También CAF, la Compañía Auxiliar de Ferrocarriles con sede en Beasain, responsable de la expansión de las líneas de tranvía entre la parte ocupada de Jerusalén y las colonias ilegales próximas. La empresa acaba de anunciar que logró un beneficio neto de 100 millones en el tercer trimestre de este año gracias al incremento del 8% en el volumen de ventas que le han proporcionado ingresos por valor de 3.165 millones de euros. CAF tiene suscrito un contrato desde 2019, compartido con la constructora israelí Shapir, para desarrollar las obras, la venta de unidades, el mantenimiento y la gestión de las líneas roja y verde del tranvía durante 15 años, ampliables hasta 25 años, que asciende a 1.800 millones. Entre el accionariado de la constructora de trenes figura el Gobierno vasco, Kutxabank y la Fundación BBK. El resto de accionistas se completan con una importante participación de la plantilla, que tiene un 24,9%, la familia Domínguez, propietaria de la firma de moda Mayoral, y el exaccionista de la farmacéutica Almirall, Daniel Bravo Andreu.

Fuente: https://ctxt.es/es/20251101/Politic...

Miguel Flores.

En Palestina ya sabían que este otoño iba a ser difícil. Lo fue el pasado y también el de 2023, cuando la guerra en Gaza hizo estallar a su vez una campaña masiva de colonización de Cisjordania. Aunque los 116 puestos de avanzada que se han fundado desde entonces son ilegales, según la ley israelí, el gobierno de Benjamin Netanyahu ha permitido, incentivado e incluso financiado la construcción de este tipo de asentamientos.

En estas microcolonias ha proliferado un perfil de israelí más extremista y convencido de que los árabes que viven a su alrededor ‘violan' la Tierra de Israel que la Biblia les prometió a los judíos. La Juventud de las Colinas —como se hacen llamar, por su disposición estratégica en cada cima del territorio— está dispuesta a quemar, golpear, herir e incluso matar cuanta vida palestina se les ponga por delante. Y, pese a que el propio Shin Bet —el servicio interno de inteligencia israelí— los ha declarado terroristas, han podido operar libremente sin que el gobierno les pusiera límites. Al menos hasta ahora.

Este mes de octubre, la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) ha registrado 264 ataques de colonos israelíes contra palestinos, coincidiendo con la cosecha de la aceituna en Cisjordania, con la festividad judía de Succot, con el aniversario de los atentados de Hamás y con la firma del acuerdo de alto el fuego en Gaza. Eso son ocho incidentes al día, 56 a la semana. Un récord absoluto desde que la ONU empezó a contar este tipo de agresiones en 2006, y que ha obligado al gobierno más derechista de la historia de Israel a condenar el "terrorismo" de la Juventud de la Colina por primera vez.

El 12 de noviembre, una horda de entre 50 y 60 de estos jóvenes vandalizó una importante fábrica de lácteos en el pueblo de Beit Lid. El ejército israelí mandó a sus antidisturbios a la nave en llamas y, según el portavoz militar, los colonos atacaron a los soldados. El presidente Isaac Herzog salió a la palestra pocas horas después y advirtió que aquellos "individuos violentos y peligrosos" acababan de cruzar "una línea roja".

Más tarde, el propio Netanyahu prometió que los "alborotadores" cargarían "con todo el peso de la ley" y convocó una reunión con las autoridades, algo que no se había visto en estos dos años. "Avergüenzan al judaísmo y dañan el proyecto de asentamientos", dijo también el ministro de Exteriores, Gideon Saar, refiriéndose a los responsables de ataques contra palestinos y contra el ejército. Israel Katz, ministro de Defensa, calificó a los mismos de "criminales".

Estos alegatos parecían llegar a deshora. Las principales voces del gobierno israelí no habían salido a denunciar la violencia colona durante el mes más violento desde que se tienen registros y, sin embargo, el presidente hablaba ahora de una ‘línea roja'. "Una de las motivaciones [tras la condena pública] es la brutalidad de los últimos ataques", explica Yonatan Mizrachi, codirector del proyecto Settlement Watch en el movimiento pacifista israelí Peace Now. Para Mizrachi, lo de Beit Lid había traspasado varios límites: "Es un pueblo donde no había habido muchos problemas antes, y de repente entraron decenas de colonos a perpetrar un ataque de gran escala", explica a El Confidencial.

La ‘línea roja' a la que se refería Herzog responde también a que la violencia de los colonos contra palestinos haya empezado a salpicar a las tropas del ejército israelí. Sobre todo, en un momento en el que el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, ha advertido que Israel podría tener una capacidad de acción más limitada "en los frentes de Líbano, Gaza y Siria si no detenemos a los alborotadores judíos".

Las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) están intentando decir basta pese a que han tenido un papel vital a la hora de posibilitar estos ataques, suministrar armas a los asentamientos e incluso acudir a la llamada de los colonos para abrir fuego contra la población palestina —según la OCHA, las fuerzas israelíes han matado a más de 200 árabes en Cisjordania en lo que va de año—. Tras los ataques de octubre, el jefe del Comando Central de las FDI, Avi Bluth, dijo haber dado una directiva "clara" a sus soldados: "No os quedéis de brazos cruzados. Haced todo lo que esté en vuestras manos para impedir cualquier crimen nacionalista".

Pero que el ejército quiera detener esta crisis no significa que los comentarios del gobierno israelí vayan a marcar un cambio de rumbo. Junto a Netanyahu, Katz, Herzog y Saar, hay al mando del país dos figuras íntimamente ligadas a la colonización por la fuerza de Cisjordania: el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, y el de Finanzas, Bezalel Smotrich —apodado también el ‘ministro de Asentamientos'—. Ambos viven en colonias israelíes en Cisjordania, y entraron en el gobierno de coalición de 2022 con la condición de promover y desarrollar el asentamiento en cada rincón de la Tierra de Israel.

Con los mayores instigadores del proyecto colonial en su frágil gobierno, no se espera que las palabras de Netanyahu vayan a detener al monstruo que él mismo ha alimentado. "Existe una simbiosis entre este gobierno y los asentamientos ilegales. Creo que, simplemente, Netanyahu es listo y ha aprovechado los últimos ataques al ejército para distanciarse de estos grupos anarquistas", explica Mizrachi. "No son tantos, no tienen tanto poder. El ejército podría acabar con ellos en un par de semanas. Pero, claro, el ejército no puede hacer nada sin el gobierno", añade el analista de Peace Now.

En la reunión que el primer ministro convocó para abordar la crisis de la Juventud de las Colinas, se propuso atajar el problema con programas educativos y diálogo. No hay mención de que asistiera Smotrich, cuyo ministerio formula la política de asentamientos, ni tampoco Ben Gvir, que supervisa la policía. Sí estuvo presente David Zini, jefe del Shin Bet desde junio, cuando Netanyahu despidió a su predecesor —el mismo que había calificado de grupo terrorista a la Juventud de las Colinas—.

En lugar de revertir una orden de hace un año que prohíbe a las autoridades israelíes detener sin cargos a sospechosos judíos, Zini —colono él mismo en Cisjordania— propuso usar pulseras electrónicas de vigilancia para los que atacaran a palestinos. Así, en palabras de Avner Barnea, ex alto funcionario del Shin Bet, Israel seguirá practicando una "aplicación selectiva de la ley". "La propuesta de Zini parece ser un intento de evitar que los sospechosos sean llevados ante la justicia", explicaba Barnea, también investigador en la Universidad de Haifa, en un artículo en Haaretz.

Parte del problema no es solo que las autoridades no detengan a los colonos, sino que la propia Justicia israelí desestime la mayoría de los casos. Según la organización israelí de derechos humanos Yesh Din, cerca del 94% de las investigaciones abiertas por la Policía israelí en torno a la violencia de colonos entre 2005 y 2024 concluyeron sin una acusación. Solo el 3% de los expedientes abiertos resultaron en condenas totales o parciales. Como explica Barnea, "existe abundante evidencia contra los perpetradores del terrorismo judío, principalmente proveniente de cámaras palestinas y otras cámaras sobre el terreno. Este material no se recopiló de manera ordenada ni se utilizó para investigaciones ni procesamientos".

Mahmud Daghamin, que el pasado mes de octubre grabó cómo ocho jóvenes colonos encapuchados mataban a sangre fría a diez de sus corderos y rociaban gas pimienta a sus cuatro hijos pequeños en el pueblo de Al-Samúa, cuenta a El Confidencial: "Hemos contactado a la policía varias veces, y no han movido un dedo. Ni siquiera han pedido los vídeos de las cámaras de seguridad". Mahmoud Fatafta, portavoz del Ministerio palestino de Agricultura, explica a este diario: "Todos estos discursos parecen más un ejercicio coordinado de simulación para la opinión pública, y no van a servir para nada más que distraer".

Desde que el gobierno israelí prometió "mano dura" contra los colonos, las autoridades han desmantelado Givat Hatilim, una extensión del puesto de avanzada Givat Tzur Misgabi, parte de la constelación de asentamientos de Gush Etzion. Según la policía israelí, desde que se fundó hace dos años, Givat Hatilim se había convertido en un punto de encuentro para jóvenes de extrema derecha involucrados en actividades violentas. Aquella demolición fue dramática: decenas de personas habían acudido a protestar, llamadas de todas partes del territorio por voces como Daniela Weiss, fundadora de la ONG Nachalat y conocida ya dentro y fuera del país como la ‘abuela de los colonos'. En otros rincones de Cisjordania, se veían grafitis sobre casas árabes que rezaban: "Un judío no desahucia a otro judío".

Yonatan Mizrachi, de Peace Now, vio la escena. "Es un juego. Había gente gritando y llorando. El ejército ni siquiera demolió todas las casas del puesto de avanzada", explica. "Es todo un teatro, y nada de esto va a traer cambio a la política israelí de asentamientos. Para ello, Netanyahu tendría que evacuar y demoler decenas, si no cientos, de asentamientos ilegales. Hasta que el gobierno no envíe a cientos de colonos de vuelta a Israel, no habrá un cambio", cuenta el codirector de Settlement Watch.

Fuente: https://www.elconfidencial.com/mund...

4.808 EUROS POR DENUNCIAR QUE LAS ARMAS MATAN

Delegación de Gobierno notifica multa a 8 activistas de ADNV-Alternativa Antimilitarista.MOC por la denuncia de las guerras y los genocidios, en la exhibición de armas de Junio del 2025 en el Arsenal, de Las Palmas de Gran Canaria.

El 5 de Junio se realizó, para conmemorar el día de las Fuerzas armadas, un acto de exhibición de armas, abierto a todo tipo de público, en un intento más de naturalización de la violencia y militarización de toda la población.

Como acto de denuncia contra las guerras y los genocidios en curso (Palestina y Sudán), activistas de ADNV-Alternativa Antimilitarista.MOC, expresaron con el lema “Las armas matan”, el verdadero papel de los ejércitos y las consecuencias de las armas expuestas. Rociándose de pintura roja y tirándose al suelo, quisieron visibilizar el daño que los artilugios de matar expuestos hacen a la población y al resto de la naturaleza.

Fueron rodeados por militares con el fin de ocultar la acción e identificados en la misma Base Naval.

Además de esta denuncia, exigieron que el derroche de todo el gasto militar se invierta en servicios públicos que ofrezcan seguridad, como en alimentación, vivienda, educación, sanidad, servicios sociales, cultura; así como reivindicaron una Canarias libre de ejércitos, un archipiélago zona de Paz. También se exigía la paralización del rearme en el que está participando el Gobierno de España.

Una vez más, la aplicación por parte de la Delegación del Gobierno de la ley Mordaza se plantea como un recurso contra el derecho a la libertad de expresión y reivindicación, como amenaza a la participación y expresión colectiva y crítica, y para desalentar la movilización ciudadana.

Ante estas ocho multas, de 601 euros cada una, notificadas en el mes de octubre, la organización antimilitarista ha presentado alegaciones y pruebas testificales, y la Delegación de Gobierno hace prevalecer la presunción de veracidad aunque se han presentado múltiples pruebas que demuestran lo contrario de lo que se denuncia por parte de la Guardia Civil.

La ley mordaza sigue violando derechos básicos, los ejércitos siguen contribuyendo a matar por defender los intereses de los más ricos, la infancia sigue siendo el colectivo más afectado por las guerras y los genocidios y el negocio de la guerra sigue creciendo a costa de miles de asesinatos directos en el Sur Global y tantos otros en el Norte Global a través de favorecer las desigualdades y miserias de la mayoría de la población. Las armas matan y la ley mordaza nos quiere silenciar y secuestrar derechos. No vamos a permitirlo con nuestra colaboración y silencio. Seguimos diciendo que queremos un archipiélago desarmado, desmilitarizado y zona de Paz.

El enlace de vídeo de la acción con un resumen de esta denuncia: https://youtu.be/Tv7TEnvsUpo?si=7cw...

Miles de estudiantes y escolares alemanes se preparan para una huelga estatal el viernes 5 de diciembre, una acción que podría paralizar aulas en más de 40 ciudades como Berlín, Múnich, Hamburgo y Colonia. Bajo el lema "No queremos convertirnos en carne de cañón", los jóvenes rechazan los planes del gobierno de coalición liderado por el canciller Friedrich Merz para reactivar el servicio militar obligatorio a partir de 2026. Según recogen medios locales como Frakfurter Runschau, la convocatoria, organizada por la alianza "Huelga Escolar contra el Reclutamiento", incluye paros escolares, marchas y concentraciones frente a sedes gubernamentales, y ha ganado apoyo de sindicatos docentes. El Ministerio de Educación, por su parte, ha advertido de que las ausencias no podrán ser justificadas.

El anuncio del plan ha "despertado" al movimiento estudiantil alemán en un contexto de remilitarización acelerada, donde el gobierno estima contactar a al menos 700.000 jóvenes nacidos en 2008 y generaciones posteriores mediante un cuestionario obligatorio sobre su disposición a alistarse "voluntariamente" en la Bundeswehr. En ciudades como Leipzig y Frankfurt, comités estudiantiles han coordinado paros con respaldo sindical, ampliando las protestas que crecen desde marzo, cuando se filtraron los borradores iniciales.

Si el reclutamiento no alcanza los 5.000 efectivos anuales, el Parlamento podría activar un sistema de servicio obligatorio por sorteo, con revisiones médicas generalizadas. Organizaciones juveniles antimilitaristas como la Internationaler Jugendverband (IJV) o la DFG-VK (Deutsche Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen) advierten que, en caso de crisis, el gobierno podría reinstaurar el reclutamiento obligatorio y general con aprobación rápida del Bundestag, y ven en los anuncios sobre la "voluntariedad" una farsa para evitar el debate público sobre la cuestión.

Una encuesta de Forsa para la revista Stern de octubre de 2025 indica que alrededor del 63% de los jóvenes se oponen a la reintroducción del servicio militar obligatorio, alcanzando el 76% el rechazo específico al sistema de lotería para seleccionar reclutas. Otros sondeos, como uno de YouGov, sitúan el apoyo a la movilización plena y obligatoria entre los 18-29 años en cerca de un tercio (33%), mientras que solo el 17% afirmaron que personalmente tomarían las armas para defender Alemania.

Fuente: https://diariosocialista.net/2025/1...

RTVE se reafirma en su decisión y se marcha del certamen de la canción después de casi 65 años como uno de sus concursantes estrella, siendo miembro del 'Big Five'. Países Bajos, Eslovenia e Irlanda se suman a España y tampoco participarán.

Elian Vayá

Israel participará en el Festival de Eurovisión 2026. Así lo ha confirmado la votación sobre las normas que buscan rebajar la influencia de los gobiernos en las votaciones de Eurovisión, con 738 síes, 265 noes y 120 abstenciones. Esto significa que 34 países han apoyado las medidas, 11 no y 5 se han abstenido.

Por lo tanto, España no participará en el Festival de Eurovisión del año que viene, ya que RTVE ha optado por retirarse del Festival por la participación de Israel. Por su parte, las televisiones públicas holandesas e irlandesas han indicado que Países Bajos e Irlanda no participarán tampoco en el Festival de Eurovisión 2026.

España no participará en la 70ª edición de Eurovisión. RTVE se planta ante la participación de Israel en el concurso y no llevará ninguna propuesta a Viena (Austria) para intentar alzarse con el micrófono de cristal. Lo hará después de 64 años de participación en un festival donde pertenece al grupo de referencia, al Big Five, y dejando atrás un legado de artistas de la talla de Massiel, Sergio Dalma, Pastora Soler, Ruth Lorenzo, Paloma San Basilio, Salomé, Karina o Mocedades. RTVE tampoco emitirá ni la final de Eurovisión 2026 que se celebrará en Viena (Austria) el próximo 16 de mayo ni las semifinales previas del certamen de la canción, que serán el 12 y 14 de mayo.

El secretario general de la Corporación RTVE, Alfonso Morales, ha trasladado a la Asamblea que las medidas adoptadas por la UER son "insuficientes". La corporación pública había solicitado junto a otros 7 países por escrito la votación secreta, mientras la presidencia de la UEER ha denegado a RTVE la realización de una votación específica sobre la participación de Israel.

Por su parte, el presidente de RTVE, José Pablo López, ha indicado que "Eurovisión no es un concurso de canciones, sino un festival dominado por intereses geopolíticos y fracturado". El presidente de la Corporación confirma la retirada del festival de RTVE.

La Unión Europea de Radiodifusión (UER), organizadora del certamen, ha celebrado este jueves y viernes su Asamblea General de invierno con la participación de Israel como foco principal del encuentro entre los Estados miembros. En un principio y ante la presión de varios países, la UER adelantó a noviembre su encuentro para votar la participación de Israel en medio del genocidio que comete en Gaza. Sin embargo, la cumbre de paz organizada por el presidente de EEUU, Donald Trump, logró convencer a Eurovisión para volver a incluirlo en su asamblea de diciembre y de no votar directamente la participación del país, sino que discutir las nuevas normas que implementará en 2026 para limitar las influencias políticas en los resultados.

El próximo 2026, Eurovisión celebrará su séptima década llevando la música por toda Europa sin España, con un Big Four, con el contento de Alemania por mantener el estado que dirige Benjamin Netanyahu y con un festival que, a pesar de la expulsión fulminante de Rusia cuando inició la invasión de Ucrania, ha decidido ponerse una venda en los ojos ante un estado que ha asesinado a más de 70.000 gazatíes desde el inicio de la guerra en la Franja.

La decisión de España es histórica y deja atrás el legado histórico de artistas como Massiel y su La la la, primera ganadora española en el festival en el 1968, o el pegadizo Vivo cantando de Salomé en la única edición del festival que ha acogido el país en la historia del certamen de la canción. Momentos como la irrupción de un espontáneo en medio del Algo pequeñito de Daniel Diges, el torrente de voz de Ruth Lorenzo o Pastora Soler, la casi victoria de Chanel con SloMo en 2022 o la gran repercusión mediática de la Zorra de Nebulossa, con su guerra política interna incluida, o la viralización de Esa Diva de Melody en la que ya es la última candidatura (al menos de momento) de España en Eurovisión.

RTVE, tal y como anunció cuando planteó su salida del festival si Israel seguía en la lista de participantes, mantendrá con vida uno de sus formatos estrella, a pesar de estar ligado a Eurovisión: el Benidorm Fest. La corporación pública busca darle oxígeno y mantenerlo en la programación como programa independiente para fomentar la escucha de nuevos sonidos y en una firme apuesta de la televisión pública por la música española.

Fuente: https://cadenaser.com/nacional/2025...

España rompe con Eurovisión tras la permanencia de Israel

RTVE ejecuta su advertencia y abandona el festival por primera vez en 70 años.

España se retira oficialmente de Eurovisión 2026. La decisión llega tras la votación celebrada este 4 de diciembre de 2025 en la 95ª Asamblea General de la UER, donde se confirmó que Israel seguirá participando pese a las denuncias por su uso político del certamen y en pleno genocidio en Gaza, con más de 70.000 personas asesinadas desde 2023 y 360 nuevas víctimas desde el alto el fuego del 10 de octubre de 2025.

El Consejo de Administración de RTVE había acordado en septiembre que España abandonaría el festival si Israel continuaba. Hoy esa línea roja se hizo efectiva.

RTVE no solo renuncia a concursar. También dejará de emitir la final del 16 de mayo en Viena y las semifinales del 12 y 14 de mayo. Una ruptura total.

La Corporación intentó hasta el último momento introducir una votación secreta que protegiera a los países críticos y reclamó incluso suspender temporalmente a la KAN, la televisión pública israelí. La UER rechazó ambas propuestas.

RTVE habla ya de “presiones políticas”, “dobles raseros” y una crisis interna inédita en la organización.

En su intervención, el secretario general Alfonso Morales advirtió que mantener a Israel en el certamen “hace cada vez más difícil defender Eurovisión como un espacio cultural neutral” y denunció la instrumentalización del televoto, la ausencia de sanciones y la incapacidad de la UER para aplicar sus propias normas.

La votación final aprobó las nuevas reglas con 738 votos a favor, 264 en contra y 120 abstenciones. Con ello, la UER avala que Israel siga utilizando el escenario europeo como escaparate propagandístico, aun cuando continúa ejecutando un asedio que ha devastado Gaza y borrado barrios, archivos y vidas enteras.

RTVE endureció su posición este mismo jueves. Su presidente José Pablo López denunció que la dirección de la UER ha llevado al festival a “la mayor tensión interna de su historia”, insistiendo en que “nunca se debió llegar a este punto”.

España se baja del escenario y deja a la UER frente a su propio espejo. Eurovisión ya no puede fingir neutralidad cuando la música suena sobre los escombros.

Fuente: https://www.facebook.com/photo/?fbi...

La posición de España

En este sentido, el el presidente de RTVE, José Pablo López, aseguró que la presencia de Israel en el certamen era "insostenible" por el "genocidio en Gaza". "Los derechos humanos no son un concurso y esto tenemos que tenerlo en cuenta", manifestó. En segundo lugar, según López, Israel ha incumplido de manera "sistemática" las normas del propio certamen. "Ha tratado de influir en el resultado, al menos en los dos últimos años, y no ha sido sancionado", ha asegurado.

López también expresó que las nuevas "medidas son un avance, pero que no son suficientes" y, sobre todo, "dejan sin sanción la actuación de Israel durante este tiempo". "Son necesarias más medidas y ese va a ser el planteamiento que vamos a llevar a la próxima Asamblea General que se celebrará los días 4 y 5", apostillaba el presidente.

Fuente: https://www.informacion.es/ocio/tv/...

Rafael Ajangiz, para Tortuga.

Bélgica decidió eliminar la mili obligatoria en 1992, Holanda lo hizo en 1993, Francia y España en 1996, Italia y Portugal en 1999, Eslovenia en 2003, la República Checa en 2004, Eslovaquia, Hungría y Rumanía en 2005, Letonia en 2006, Bulgaria en 2007, Lituania y Croacia en 2008, Polonia en 2009, Suecia en 2010, Alemania en 2011. Hace dos décadas, estaba claro el final de la mili en la mayor parte de Europa.

Algunos países se resistieron a esa tendencia manteniendo hasta el día de hoy una obligación más o menos limitada: Austria ha seguido reclutando al 90% de los quintos, que cumplen 6 meses de mili o bien 9 meses de servicio civil; Grecia ha venido obligando al 83% a servir durante un año; Finlandia incorpora al 70% y cumplen 3 meses; Estonia sobre el 50% y cumplen 8 meses; Suiza llama realmente al 43% con un servicio de 8 meses; Noruega se queda en el 13% y son 12 meses; en Dinamarca otro tanto y cumplen 4 meses. Por lo general, hablamos de países con una población inferior a seis millones y compartiendo fronteras complicadas.

La remilitarización ha hecho que algunos otros países hayan vuelto a sumarse al club: Lituania recuperó la obligatoriedad en 2015 (43% de quintos y 9 meses de mili); Suecia lo hizo en 2018 (6% y 11 meses de mili); Letonia lo ha hecho en 2023 (11 meses de mili, a partir de 2026); y el Parlamento croata acaba de aprobar la ley de vuelta al servicio militar obligatorio en 2027, pagando, eso sí, unos 1.100 euros al mes. Parece que seguimos con lo mismo, países pequeños en la frontera, pero no, porque el debate está llegando a los grandes. Así que la respuesta a la pregunta del titular es sí, está volviendo la mili. Sigue leyendo si quieres saber dónde y cómo.

¿Cómo se está argumentando esta progresiva vuelta a la mili? Se habla de incrementar los efectivos militares por el genérico aumento de la tensión mundial y la amenaza rusa; de poder reclutar a jóvenes con las capacidades cada vez más técnicas que hoy necesitan unas fuerzas armadas que, de natural, no pueden competir con el mercado laboral; de implicar a las nuevas generaciones (demasiado individualistas) en la Defensa; de educar en los valores de solidaridad, igualdad y equidad (sí, mujeres también); de defender la nación y la integridad territorial frente a agresiones enemigas (el pueblo en armas). El Parlamento europeo está calentando motores.

No son muchas las voces que se oyen pero sí son influyentes. Podríamos hablar de un lobby en favor de la vuelta del servicio militar obligatorio en Europa, que es como suelen empezar estas cosas: algunas gentes bien financiadas, conectadas e instaladas en los espacios decisorios van arrastrando al resto a una agenda que algún día será difícilmente rebatible. Una de esas voces es el ministro alemán de Defensa Boris Pistorius (Partido Social-Demócrata): ha dicho hace poco que “aunque había razones para suspender el servicio militar obligatorio, ahora nos damos cuenta de que fue un error”. Él propone, de entrada, que Alemania haga suya la iniciativa del ministro belga de Defensa, Theo Francken (Nueva Alianza Flamenca) de “forzar” el reclutamiento voluntario para, entre otras cosas, aumentar el número de reservistas. Y también se oye al ex-primer ministro finlandés Sauli Niinistö, que insiste mucho en que hay que recuperar la mili obligatoria para mejorar la capacidad de respuesta frente a la amenaza rusa. Niinistö ha dirigido la mayor investigación e informe de la Comisión Europea al respecto. Parte de ello es la encuesta llevada a cabo en 2025 en nueve países europeos que analizamos más adelante.

¿Qué variables entran en la decisión de tener o no una mili obligatoria? En la investigación doctoral que llevé a cabo hace ahora 25 años (Servicio militar obligatorio en el siglo XXI, Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid 2003; también “El fin de la conscripción en Europa”, Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 97, 2002), analicé esta cuestión en doce países europeos sobre la base de una matriz de datos de diez variables, cinco relativas a la “razón de Estado” y otras cinco relativas a la “razón democrática”. En la comparación final, como se puede ver en el siguiente cuadro, Francia decidió el fin de la mili porque era perfectamente prescindible en un contexto de unas fuerzas armadas fuertemente profesionalizadas. España estaba en las antípodas, con una muy baja profesionalización y fuertes déficits, tanto en efectivos como modernización o gasto militar, y fuertemente dependiente de la mili. Aquí fue la alta movilización en términos de resistencia popular (imparable insumisión tirando de una masiva objeción de conciencia) y una firme oposición de la opinión pública y la sociedad civil quienes literalmente obligaron al fin de la mili a pesar de las graves consecuencias que, aún hoy, sufren las fuerzas armadas en términos de reclutamiento.

No vamos a entrar ahora en un detallado y muy tedioso análisis actualizado de las variables de la “razón de Estado”; tan solo apuntar que las “rapid action forces” o fuerzas de acción rápida, tan importantes entonces para justificar el fin de la mili en aras a una “profesionalizada intervención de paz”, se han deslucido mucho ahora al haber aumentado los riesgos propios, y la pretendida eficacia de la intervención, en unos conflictos armados donde mandan potencias militares sin escrúpulos. Lo que toca ahora es una disimulada (y deshonrosa) retirada exterior para pasar a reforzar la defensa del territorio nacional.

Entremos, mejor, en las variables en las que podemos tener algo que decir sobre la base de nuestra experiencia activista. Una de ellas, importante, es la opinión pública sobre la recuperación, hoy en día, de la mili obligatoria. Revisamos el reciente estudio publicado este mismo año 2025 por el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores. El ECFR (en inglés) es, en realidad, un think-tank (en castellano se traduce torticeramente como “grupo de expertos”) creado en 2007 aunando personas influyentes de partidos moderados de centro (digamos centro-derecha y centro-izquierda) en Europa. Por poner un ejemplo, un miembro destacado del Consejo de este organismo es Javier Solana, que fue secretario general de la OTAN y PESC de la Unión Europea.

En este gráfico podemos observar, en términos de población general, cómo Francia y Alemania se ponen a la cabeza a favor de recuperar el servicio militar obligatorio: 61% en Francia y 54% en Alemania. En el otro extremo (quitamos el Reino Unido de la ecuación por razones históricas), están Hungría y España: 32% y 36%. Obviamente, no es lo mismo Hungría, en zona peribélica, que una España en el extremo occidental y con tradición “neutral” en los conflictos mundiales, pero retengamos el dato.

Lo importante es la gran diferencia en apoyo a la obligatoriedad de la mili que hay entre los primeros países a favor y los segundos países en contra. Entrando en detalles que nos podrían aclarar las claves del apoyo a la mili obligatoria, observamos datos que no nos sorprenden: los hombres están más a favor que las mujeres, y la derecha política más que la izquierda. Al respecto de esto último, vemos que en Alemania la derecha del CDU/CSU se posiciona a favor en un 76% mientras que la izquierdista Linke se queda en el 25%; vemos que en Italia Fratelli d'Italia apoya en un 69% mientras que Partito Democratico se queda en un 25%; y vemos que en España VOX está en el 69%, PP en el 44% y PSOE se queda en el 25%. Todos los datos de esta encuesta en función de las distintas variables pueden ser consultados en https://datacollection.ecfr.eu/.

¿Y qué pasa con las generaciones jóvenes, quienes están entre los 18 y los 29 años y pueden ser quienes vivan el propia carne este cambio? Pues este grupo de edad, como parecería lógico, se muestra siempre más refractario a la idea. Pero no tanto como podríamos esperar: están a favor de la mili obligatoria un nada desdeñable porcentaje del 48% en Francia y un 41% en Rumanía. En el otro extremo están Alemania e Italia con un 18% y Hungría con un 19%. Nos sorprende España: 27%. Buscando una explicación a este porcentaje del 27% entre los más jóvenes en relación al 36% que vemos en la población general, cuando es evidente en todos los países que el apoyo a la mili aumenta sustancialmente con la edad, vemos que en nuestro país la oposición mayor está entre quienes hoy tienen entre 50 y 65 años, precisamente quienes vivieron con mayor intensidad la insumisión y objeción de conciencia de los noventa. Esto es algo que debería llevarnos a alguna reflexión como movimiento antimilitarista.

Seguimos en el siguiente capítulo con un repaso detallado a la evolución de esta cuestión en los diferentes países europeos, cuáles son los modelos que se están instalando, y cómo queda nuestro país en este nuevo panorama.

P.M. Espinosa

Un soldado del contingente ucraniano que se entrena en la provincia de Cádiz desertó el pasado sábado después de no volver al acuartelamiento del TEAR, en San Fernando, donde había llegado hace algunos días junto a otros 12 compañeros.

No es la primera vez que ocurre un hecho similar, si bien hasta ahora todas las fugas se habían producido en la Sierra del Retín, adonde decenas de reclutas fueron enviados para recibir formación militar de cara a defender su territorio de la invasión rusa. Sin embargo, en esta ocasión la novedad no sólo es que se haya producido en el TEAR sino que el desertor pertenece al cuerpo de elite del ejército de Ucrania.

Actualmente, como los contingente están siendo menores, se les está dando acogida en el TEAR en vez de en El Retín. Los soldados tienen permiso para salir algunas tardes a pasear, pero el sábado por la tarde uno de ellos no regresó.

Desde ese mismo momento las autoridades competentes dieron aviso tanto a la Policía Nacional como a la Guardia Civil, que iniciaron su búsqueda. Sin embargo, dos días después de su desaparición, siguen sin haber podido dar con su pista.

Un análisis del Center for Strategic and International Studies (CSIS) publicado en 2025 estima entre 60.000 y 100.000 las bajas que han sufrido las fuerzas ucranianas desde 2022. Teniendo en cuenta esto, y la proximidad del frío invierno en el Este, no extrañan las deserciones.

Fuente: https://www.diariodecadiz.es/notici...

Alejandra Luque

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba celebrará este miércoles un juicio contra un policía local de la capital por un delito contra la integridad moral de un cochero y formular contra él una denuncia falsa. La Fiscalía pide para él cuatro años y medio de cárcel, aunque la acusación particular -representada por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA)- solicita una pena superior para este policía y para un segundo sobre el que el Ministerio Público no aprecia responsabilidad penal en los hechos.

Según la información facilitada por la organización, los hechos que han motivado esta acusación tuvieron lugar el 30 de marzo de 2023 en la calle Periodista Eduardo Varo de la capital cordobesa. Dos agentes se trasladaron al lugar para demandar al conductor de un coche de caballos que recogiera los excrementos de sus animales. En ese momento, el cochero fue grabado por uno de los agentes, lo que motivó la queja de un vecino de la zona, quien consideraba que la grabación realizada por el policía local no tenía ningún sentido. El agente, “visiblemente nervioso”, reclamó a este ciudadano su documentación.

Esta persona, asustada y ante la posibilidad de que pudiera ser multado, salió corriendo del lugar. No obstante, este vecino de Córdoba recapacitó rápidamente y no solo detuvo su marcha, sino que regresó para entregarse, de manera siempre pacífica, a los agentes de la autoridad. A pesar de ello, aseguran desde la asociación, uno de los agentes que ahora será juzgado le realizó una llave, lo cogió por la espalda y lo estampó contra la persiana de la puerta de una farmacia, restregándole la cara en la misma, para posteriormente colocarle los grilletes. La violencia no cesó, ya que, a pesar de estar engrilletado y manteniendo una actitud pacífica, el mismo agente le volvió a practicar una llave, lo derribó y estampó su cara contra el suelo, inmovilizándolo durante varios minutos mientras colocaba su rodilla contra la zona lumbar de la persona.

Desde la asociación explican que las imágenes de la cámara de la farmacia resultaron fundamentales, ya que “permitieron no solo desmontar las falsas acusaciones que se realizaron contra el detenido, sino que sirvieron de base para la resolución del Juzgado de Instrucción número 2 de Córdoba”. Dicho juzgado archivó la causa seguida contra el vecino y acordó abrir diligencias contra los dos policías locales por un posible delito de detención ilegal y por faltar a la verdad en su denuncia. “La víctima, de no haber existido estas grabaciones, habría sido probablemente condenada a una pena de prisión de hasta cuatro años”, lamenta la organización.

El informe pericial presentado por la acusación particular, y elaborado por la Red de apoyo terapéutico, jurídico y psicosocial del Grupo de Acción Comunitaria (SIRA), señala que la persona agredida sufrió, además de secuelas físicas, una reacción de estrés agudo que actualmente ha derivado en un trastorno adaptativo mixto con predominio de síntomas ansiosos. La víctima asegura que se sintió “como un animal, como si no fuera una persona, por los golpes y por estar así tirado en el suelo, como si hubiera hecho lo peor del mundo, con la gente pasando y mirando por ahí”.

Mientras que la Fiscalía solicita las penas mencionadas para un solo agente y exime de responsabilidad al otro, APDHA aprecia la comisión de hasta cinco delitos por parte del agente que realizó la detención y otros dos delitos (falsedad documental y denuncia falsa) cometidos presuntamente por el otro policía. APDHA solicita penas de prisión e inhabilitación especial para ambos acusados.

Fuente: https://cordopolis.eldiario.es/cord...