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Juan Carlos Rois, Tortuga.

La movilización de recursos realizada por el consejo de ministros durante el año 2025 para el gasto militar español resulta brutal.

Según mis cuentas, y sumadas las aprobaciones de gasto ya presupuestado más todas las autorizaciones de gasto realizadas por Hacienda y todos los compromisos, contratos celebrados, ejecutados o en distintas fases administrativas o de ejecución de los diversos ministerios donde, además de defensa, se esconde gasto militar encubierto, en lo que llevamos de año llevamos involucrados más de 80.000 millones de euros que han pasado por delante de las narices del consejo de ministros para su aprobación, unas veces y para algunos de sus miembros suponemos que más entusiastas que otras.

Esta cifra es la cifra movilizada en bruto que ha pasado por delante del consejo de ministros, pero no es el gasto militar extraordinario (también incluye gasto presupuestado en lo presupuestos congelados desde hace años y gasto autorizado en años anteriores y pagado ahora) ni todo el gasto contable autorizado. Parte de esta elevada cantidad (más de 82.000 millones hasta el 18 de noviembre) pasa por diversas fases: se aprueba por Hacienda, pasa al ministerio correspondiente que realiza los diferentes acuerdos y contratos, se ejecuta este o en sucesivos años. Y por el camino le vamos perdiendo el rastro, a no ser que estemos pendientes de los diversos vericuetos por los que pasa y de las variopintas trampas por las que desaparece de unas cuentas que deberían (¿y por qué esas fuerzas de izquierda tan rotundas nunca lo han pedido hasta ahora en serio?) ser auditadas, suficientemente transparentes y comprensivas de todo el gasto militar, lo ejecute el ministerio o departamento y con cargo al programa o partida que lo ejecute.

Para la aprobación y ejecución material del gasto militar se acude a distintas figuras de despiste; autorización llana y transparente, créditos extraordinarios (que el tribunal de cuentas y el tribunal constitucional han dicho que no son nada legales) autorizaciones extra con cargo a los fondos de contingencia, subvenciones y ayudas a las industrias militares, encomiendas de gestión, ampliaciones de créditos previos y toda una retahíla de trucos que se sacan de la chistera para desesperación de quienes intentamos aclarar las cosas.

Importa destacar este dato que acuñamos como «movilización de recursos» porque con el mismo ponemos de manifiesto el deliberado colaboracionismo de los distintos ministros con el gasto militar: estas sumas, en las distintas fases señaladas, pasan por las narices del consejo de ministros para su autorización sin que se sepa que haya protestas o resistencias (y probablemente de haberlas se sabría, porque cuando el gobierno quiso hacer tributar el Salario mínimo le faltó tiempo a los ministros de Sumar para hacer pública su protesta a la salida de la sesión del consejo de ministros donde se abordó la cosas) por parte de nadie.

Hasta ahora la aprobación de gasto militar por el consejo de ministros seguía la tónica de la agosticidad en la aprobación. Es decir, que la mayoría se aprobaba en período previo y cercano a las vacaciones de agosto para despiste del respetable. Pero este año la cosa tiene sus picos y repuntes fuera del estío como pongo en este cuadro.

Para que no quepa dudas, acompaño al presente el cuadro de aprobación de gasto militar en las sesiones del consejo de ministros (pinchando aquí) hasta 18 de noviembre.

Se trata de autorizaciones de gasto que, como se dice, no sólo van a Defensa. También las pensiones militares que gestiona Hacienda, la guardia civil que pertenece a Interior, Industria, Exteriores, los organismos autónomos militares, Transición Ecológica, Ciencia e Innovación, y otros se llevan una parte del pastel.

La distribución anterior no es moco de pavo, Demuestra la transversalidad del gasto militar aprobado y, por decirlo así, la militancia militarista de muchos ministerios.
Por otra parte, la evolución de los avances de la IGAE sobre gasto ejecutado nos permite sacar otra conclusión aparatosa.

Hasta septiembre (ultimo avance publicado por IGAE) el gasto militar contabilizado en el ministerio de defensa supone ya un aumento sobre el gasto previsto de más de 6.567 millones de euros que Defensa se calza por encima de lo presupuestado (hasta septiembre).

El dato es llamativo no solo por el enorme pelotazo que recibe, sino porque lo podemos comparar con otros rubros han visto disminuidos sus ingresos y cuentan con «descuentos» significativos. Lo vemos en el cuadro siguiente.

IGAE nos da otras malas noticias en septiembre. Esta vez referidas a la deuda acumulada y a los créditos plurianuales que Defensa tiene comprometidos.
En este caso contamos con una cantidad retenida para pago de compromisos de Defensa de más de 56.000 millones de euros y con cantidades autorizadas y cantidades comprometidas de más de 32.000 millones respectivamente.

Se trata de compromisos de pago a futuro que funcionan como una patada hacia adelante que Defensa contrae para pagar a futuro. Supone una hipoteca para nuestro futuro y, dicho sea de paso, una hipoteca que nos reporta cero beneficios y que, comparada con los gastos plurianuales de cualquier otro ministerio, supone un evidente agravio comparativo y una muestra más de nuestra militarización económica, porque ningún ministerio cuenta con una deuda plurianual tan alta como la de defensa y ninguno agrava tan abusivamente las costillas del contribuyente, como muestro en el siguiente cuadro.

Ya tenemos una primera pista de quién paga el pato del rearme. El resto del gasto público a costillas del contribuyente que, dicho sea de paso, recibe un doble perjuicio de todo ello: uno, porque el coste de oportunidad del gasto militar evita que el dineral comprometido en créditos plurianuales de defensa se destine a cosas mas sensatas y mejores para la población y dos, porque a cambio recibimos menos seguridad ambiental, menos seguridad humana, menos de todo lo deseable y más inestabilidad mundial, más dosis de militarismo y más inseguridad global. Todo en el mismo «kit de defensa» como quien dice.

Estos datos de la IGAE sobre los créditos plurianuales de defensa y de la deuda pública (además de estos pagos) que tiene España y que debe amortizar y pagar (capital más intereses) anualmente según el calendario programado, nos valen también para poder estimar que el año 2026 las cantidades que por deuda pública asignada a defensa deberá computarse en el cálculo de gasto militar de 2026 (5.399,7 por gasto plurianual más 14.527,8 millones de deuda pública, pero eso lo explicaremos en otro momento).

• ¿Quién paga el pato?

Ya que hemos empezado a desentrañar quién paga el pato del gasto militar vamos a seguir por estos derroteros.

Empecemos por afirmar una obviedad: el peso del gasto militar no es neutro desde el punto de vista distributivo. Como se financia por medio de los presupuestos generales del Estado, su peso recae de forma desigual sobre los distintos estratos de renta, porque también su «esfuerzo» en términos de carga fiscal, de tipo efectivo de carga fiscal, mejor dicho, es distinto según se pertenezca a los más pobres, los del medio o los más ricos.

En una primera aproximación hemos acudido a los datos de Hacienda y del INE para segmentar la población en diez tramos, de mayor pobreza a mayor riqueza. Al tramo más pobre le hemos llamado D1 y al más rico D 10.

Ahora hemos tenido en cuenta dos parámetros: el gasto militar per cápita (lo que nos tocaría acoquinar por persona y año) en 2018 y 2023. Hemos elegido 2018 como arranque del nuevo ciclo de rearme y porque es el año en que asumió el poder Sánchez y sus alianzas. Y hemos elegido 2023 porque es el último año del que tenemos datos estadísticos asentados tanto de gasto militar liquidado por el estado, como de producto interior bruto global, de esfuerzo fiscal por cada decila (esto es, lo que les implica a desde el 10% más pobre al más rico de esfuerzo fiscal tanto en términos cuantitativos como en relación con su nivel de renta).

Usaré dos mediciones: una con el gasto reconocido por el estado en 2018 y 2023 y otra, como son las cosas si en vez de los datos oficiales usamos el gasto militar real, esto es, el que calculamos nosotros teniendo en cuenta tanto el gasto oculto en otros ministerios como el que estimamos de gasto plurianual, deuda pública imputable a Defensa, uso del fondo de contingencia y sobregasto de defensa. He hecho lo mismo con los datos de los cálculos de Delás y los del SIPRI, pero no los vamos a presentar aquí porque, a los efectos de lo que nos interesa, saber el gasto militar per cápita por decilas de mayor a menor esfuerzo fiscal, sigue el mismo comportamiento, quedándose en un intermedio entre nuestras estimaciones y las de Defensa.

Bueno, vamos a ello.

Si comparamos el gasto militar per cápita (acuñamos este término para entendernos) según el gobierno en 2018 (375,1 euros/persona) y el de 2023 (511,06 euros/persona) y lo aplicamos proporcionalmente a los tramos del primer centil (los más pobres) y del último, nos resulta que mientras a los pobres en el año 2018 les implica un 10´05 % de su renta y a los más ricos el 0´91 (más de 10 puntos de mayor esfuerzo de los pobres que de los ricos, hay que joderse), en 2023 a los pobres les supuso el 10,31 (creció su mayor esfuerzo) y a los ricos solo el 1,05, con lo que, además, la diferencia de esfuerzo en contra de los más pobres fue del 0´14 respecto a los más ricos. Cuanto mas aumenta el gasto militar, más perjudica a los más pobres, que encima por su menor capacidad les supone mayores problemas y (dado que el rearme se financia con una mayor concentración de la deuda en el sector militar y una mayor necesidad de ajustes y recortes) les impacta más por los recortes previsibles

La conclusión es una putada, pero empeora si usamos nuestras estimaciones. Veamos el cuadro que queda entonces.

Es decir, que no sólo es que la distancia es mucho mayor y el agravio más enojoso, pues pagan en términos de esfuerzo los pobres entre 16 y 25 veces más que los ricos en términos de esfuerzo, sino que a medida que el gasto militar crece, perjudica más las economías más pobres, que encima reciben de postre un deterioro de sus capacidades económicas, una merma de los servicios comunes y, para postre, el estigma de que los pobres consumen mas recursos, tienen paguitas y todas las chorradas que dice esa derrochona cada vez más ultra, satisfecha, malista y cutre que nos ha tocado en suerte.

Indice de iniquidad fiscal del gasto militar

Si hacemos una proyección, como sugerimos en este trabajo, de un aumento previsible del gasto militar hasta situarse por encima del 4% en 2026 y tal vez de seguir aumentando hasta el 2030, estaríamos hablando de una detracción de recursos sólo por el aumento del gasto militar (es decir, congelando el que tuvimos en 2018) de más de 90.000 millones de euros, con un impacto muy elevado en los deciles de menores ingresos en términos de perdida de oportunidades y posiblemente de erosión de servicios comunitarios básicos para poder sostener este dispendio.

Desde otro punto de vista vamos a preguntarnos cuánto beneficio social le aporta a cada quintil la carga fiscal que soportan. Se supone que los impuestos financian bienes y necesidades comunes y por tanto aportan un beneficio social relativo en relación con la carga fiscal soportada por cada quintil. Este beneficio es proporcional a la carga soportada, de forma que los quintiles de mayor poder adquisitivo tendrán en teoría un beneficio social relativo bajo con relación a su carga impositiva, y los más pobres más alto, pues gran parte de los impuestos financia necesidades de evidente necesidad para los más pobres y de las que los más ricos pueden prescindir por su poder adquisitivo.

Ahora bien, en teoría, en la medida en que una redistribución del gasto público pueda suponer estancamiento o merma de servicios públicos en detrimento de gasto con alto coste de oportunidad, se produce una pérdida de beneficio social relativo, que impactará de forma desigual sobre los diferentes quintiles, menos en los más ricos (porque consumen menos servicios públicos y porque par a los más pobres los que consumen son más básicos y su impacto vital superior) y más grave en los demás quintiles.

De esta forma podríamos representar el desigual impacto de la pérdida de beneficios así

Sobre estos parámetros, he elaborado una tabla de cómo impactará la evolución de un aumento del gasto militar en términos de presión presupuestaria regresiva sobre el conjunto de la población, lo que nos da una aproximación de la correlación con la reducción general de beneficios sociales para el conjunto de la población y una conclusión evidente: aunque haya quien se beneficie de ello, todos perdemos como sociedad.

Se aprecia el aumento de una curva de presión presupuestaria regresiva en la media en que aumenta el % del PIB empleado para gasto militar sobre el conjunto de la presión fiscal.

El aumento del PIB aplicado al gasto militar, en tanto que repercute sobre unos PGE con recursos limitados, perjudica a todos, pero a unos más que otros.
Pero esto no es lo que vamos buscando. Precisamente intentamos señalar como pierden más quien menos tienen y como somos la inmensa mayoría los paganinis de los desmanes de unos pocos y de los una «seguridad» que lo es para los más privilegiados de la sociedad, que no solo hacen un menor esfuerzo para «defenderse», sino que nos transfieren el esfuerzo de la defensa del statu quo a las clasesmediasytrabajadoras que cacarea Sánchez, obligadas a pagar contra sus intereses y al coste social de pérdida de beneficios sociales.

Ahora sí estamos en la oportunidad de repartir, cual buenos hermanos, el resultado desigual del peso del gasto militar entre pobres y ricos en función de esfuerzo, impacto, pérdida de beneficios sociales y, en fin, lo de seguridad humana. Lo vemos en el cuadro siguiente:

El impacto neto de la iniquidad que provoca el gasto militar es significativamente diferente y demuestra quien son los paganinis de los desmanes de los de arriba.

El impacto neto de la iniquidad que provoca el gasto militar es significativamente diferente y demuestra quien son los paganinis de los desmanes de los de arriba.

Y si revertiéramos el rearme ¿qué seguridad garantizaríamos?

Acabamos esta reflexión con otra proyección.

Si atendemos a los datos del estado, desde 2018 a 2025 la diferencia de gasto militar (es decir, el fruto teórico del rearme considerando el gasto de más entre lo que se gastaba en 2018 y lo que se va a gastar en 2025) asciende a unos 15.000 millones de euros (diferencia entre lo que se reconoció en 2018 y lo que se ha reconocido por Sánchez para 2025.

Este dineral, aplicado a las rentas mas bajas, por ejemplo, supondría la posibilidad de incrementar sus ingresos anuales (y su seguridad humana) en mas de 3000 euros y de aumentar su capacidad económica en más del 50% actual.

Si usamos las cifras de gasto militar consignadas por nosotros, las diferencias son más enojosas aún, pues entonces el precio del rearme se eleva a más de 90.000 millones de euros y las capacidades de actuación para reducir la iniquidad podrían ser de otro calado.

Naturalmente podemos hacer otro tipo de proyecciones, ya sea incorporando al cálculo partidas de gasto militar que ya estaban consolidadas en 2018, o estimando todo el gasto militar como indeseable y proyectando qué supondría en términos de cambios estructurales usarlo para fortalecer la seguridad humana.

Como bien sabemos, los de Ucrania e Israel no son los únicos conflictos bélicos que asolan a la humanidad. Queremos aprovechar estas convocatorias para recordar otros escenarios igualmente destructores de la vida y dignidad humana y la naturaleza, que no se suelen nombrar en los medios de comunicación.

Hoy vamos a regresar a un conflicto del que ya hemos hablado antes, pero que en las últimas semanas presenta desoladoras novedades: Sudán

Como ya habíamos referido las veces anteriores que hemos hablado de Sudán, el país arrastra endémicas guerras civiles. En 2011 concluyó una larga y sangrienta guerra que dividió el país en dos estados, proclamándose la independencia de Sudán del Sur. Desde entonces ha sido una constante la pugna entre facciones y líderes militares, interesados en hacerse con el control del gobierno del país, muy rico en recursos naturales. También hay otro conflicto militar, que se da entre la mayoritaria población sudanesa de etnia y lengua árabe, y la población de Darfur, al Oeste del país, mayoritariamente de etnia negra y lengua nilo-sahariana. Este último conflicto ha provocado varias matanzas calificadas internacionalmente como genocidio.

En 2023 se inició una nueva fase de la guerra civil, entre las tropas gubernamentales, dirigidas por el general Abdel Fattah al-Burhan y las milicias llamadas Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR o RSF), dirigidas por otro militar: Mohamed Hamdan Dagalo, conocido como «Hemedti». En la base de esta guerra hay que ver el deseo de potencias internacionales, deseosas de generar inestabilidad en el país, secesionarlo en estados más pequeños o hacerse con el control del gobierno. Todo ello para apoderarse de la riqueza natural de Sudán, uno de los países de mayor tamaño, población y poseedor de recursos naturales y posición estratégica de África.

Rusia, China e Irán apoyan a la facción gubernamental, mientras que EEUU, Israel y especialmente Emiratos Árabes Unidos financian y arman a las milicias rebeldes. Es muy importante el papel de éste último país; Emiratos Árabes Unidos, que ha creado un importante ejército de mercenarios, dirigido por personal de la antigua empresa estadounidense Blackwater e integrado por soldados profesionales reclutados en numerosos países, especialmente Colombia, que opera defendiendo los intereses de la monarquía petrolífera en Libia, Yemen y especialmente Sudán. Están perfectamente documentados los constantes envíos de armamento emiratí a las tropas de Hemedti.

Fruto de este apoyo, las tropas rebeldes de las Fuerzas de Apoyo Rápido, recientemente, han logrado hacerse con casi toda la región de Darfur. El pasado mes de octubre se apoderaron de la ciudad de El Fasher, capital de Darfur del norte, donde ajusticiaron a sangre fría a varios miles de civiles en solo dos días. La violencia ha sido tan extrema que las manchas de sangre en la ciudad eran visibles desde satélites espaciales. Este modus operandi se repite en las localidades de etnia no musulmana que van conquistando estas tropas financiadas por Emiratos Árabes, por lo que ya se habla de un nuevo genocidio en la región.

En estos dos años se calcula que unos doce millones de personas han tenido que desplazarse huyendo de la guerra y los asesinatos. Hay que añadir tres millones más, exiliados a los países vecinos. Según la UNICEF, 24 de los 52 millones de habitantes de Sudán pasan hambre y más de 15 millones de niños precisan ayuda urgente. Solo un 30% de los centros sanitarios están abiertos y 20 millones de niños no pueden acceder a la escuela. En cuanto al número de muertes en este periodo, no hay cifras claras, pero los diferentes estudios calculan la mortalidad de esta fase de la guerra en una horquilla entre 65.000 y 150.000 muertos.

En Sudán, como en Ucrania y Palestina, es urgente el cese de toda acción armada, de toda violencia sectaria, étnica o política sobre seres humanos. Es imperioso el abandono del país de todo combatiente extranjero, el cese de financiación, entrenamiento y suministro armamentístico externo a ninguno de los contendientes. La entrada de ayuda humanitaria y solidaria para paliar las consecuencias más graves de la situación y, por último, el inicio de un diálogo, respetuoso, sereno y empático, entre todas las personas, étnias y pueblos de Sudán, que puedan alumbrar un futuro justo y armónico para todas las personas que habitan ese gran país.

Por un mundo sin guerras. Con respeto al medio ambiente, a la vida. Por un mundo en Paz.

Ver también:

Lo que está ocurriendo en Sudán (explicado para entenderlo)

Los rebeldes matan al menos a 460 personas en un ataque contra un hospital materno en Sudán

Sudán: La catástrofe humanitaria que no importa

Ejércitos en la sombra: Las guerras encubiertas de Emiratos Árabes en Sudán, Yemen y Gaza

La otra guerra que también recordamos (y denunciamos) este mes: Darfur (Sudán)

La otra guerra que también recordamos (y denunciamos) este mes: Sudán

Otras guerras que también recordamos: Guerras y conflictos de los que no suele hablarse en los informativos

Es inaceptable formar a seres humanos para la lucha y la guerra a estas alturas de la Civilización o la Cultura, mientras se debería trabajar por el fomento de la paz, como cantara el desaparecido beatle John Lennon.

Por Pepe Aguza

A estas alturas del siglo XXI, es incomprensible el lamentable retorno intelectual de la mente y la conciencia de la sociedad europea al proponer e instaurar nuevamente la prestación obligatoria del servicio militar a los jóvenes. El miedo y preocupación por invasiones bélicas junto al interés comercial de venta de armas del imperialismo americano, propician la necesidad de ampliar los ejércitos, especialmente europeos, en los que hacía décadas se venían reduciendo.

Dicho servicio a la patria, solo implica un brutal entorpecimiento en la vida laboral o la interrupción de las carreras profesionales o estudios universitarios de los jóvenes, que pueden suponer el fracaso o abandono futuro. Por otra parte, significa un innecesario gasto económico a los Presupuestos Generales del Estado, que bien podría dedicarse a la mejora de los servicios públicos, construcción de centros de salud y hospitales, escuelas o universidades públicas.

Es inaceptable formar a seres humanos para la lucha y la guerra a estas alturas de la Civilización o la Cultura, mientras se debería trabajar por el fomento de la paz, como cantara el desaparecido beatle John Lennon, en aquellos temas pacifistas “Give peace a chace” (Dad una oportunidad a la paz), o “Imagine” que decía:

“Imagina que no hay países,

no es difícil hacerlo.

Nada por lo que matar o morir,

tampoco ninguna religión.

Imagina a toda esa gente

viviendo la vida en paz…”

O recordar ahora que se aproxima la Navidad aquel “Happy Xmas (War is over)” – Feliz Navidad (La guerra ha terminado).

Después de décadas en que la juventud trabajara por la objeción de conciencia o la insumisión, que en muchos casos supondría años de prisión, y los gobiernos suprimieran la obligatoriedad de prestación militar, hoy diferentes países como Letonia, que tras dieciséis años de haberlo suprimido, lo vuelve a restablecer en 2023, Suecia que lo hace en 2018, tras ocho años suprimido, Lituania que los restablecería en 2015 o Dinamarca, que no solo ha ampliado su duración, sino que lo hace obligatorio para las mujeres, igual que ocurre con Croacia, que también lo ha reintroducido haciéndolo extensible voluntariamente a las mujeres, o Alemania, donde fue suspendido en 2011, que pretende aprobar un plan de reclutamiento a partir de 2026.

De los 27 países que conforman la Unión Europea, diez de ellos tienen en activo la prestación del servicio militar obligatorio (Austria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Letonia, Lituania y Suecia), mientras otros de los que hay que decir toman la decisión de reintroducirlo, sus políticos y líderes estarían fuera de la edad militar, se proponen volver a activarlo, como sería el caso de Polonia, Francia o Alemania.

Varios de estos países que pretenden reactivar la prestación militar, intentan estimular la conciencia de los jóvenes con promesas de remuneración salarial y otros incentivos económicos, como el caso de Bélgica, que ha enviado una carta a 150.000 jóvenes próximos a cumplir 18 años, prometiéndoles un salario de 2.000 Euros mensuales.

Sin embargo, dependiendo de la zona en la Unión Europea, existen grandes diferencias de opinión sobre la recuperación de dicha prestación militar y así en la Europa Occidental, la posición es mayoritariamente contraria, sobrepasando el 52 %, mientras en la Europa del Este, esta cifra alcanza el 39 %, según estimaciones del pasado año de la empresa americana de consultoría, encuestas y recursos humanos, Gallup, que reconoce que casi la mitad de la población, el 47 % no estaría dispuesta a luchar por su país en caso de conflicto bélico, mientras el 32 % sí lo haría y el 21 % que no sabe o no contesta.

Para los jóvenes españoles está claro su rechazo a la prestación del servicio militar obligatorio superando el 58 % de los encuestados, mientras otros países de nuestro entorno como italianos, franceses o alemanes se muestran divididos.

España, tras más de dos siglos de permanencia, puso fin al reclutamiento obligatorio con el gobierno de José María Aznar, a través del Real Decreto del 9 de marzo de 2001 y a pesar del decreciente número de militares profesionales en las Fuerzas Armadas, (aproximadamente 13.300 efectivos en los últimos quince años, hasta 2025), el gasto de defensa para este año, se calcula que superará el 2´1 % del PIB destinado principalmente a los 147.134 militares profesionales en activo y gastos militares. Ello supone que una enorme cantidad de dinero irá destinada a formación para un modelo más competitivo, tecnológico y profesional, con tropa altamente cualificada y especializada, que a soldados voluntarios de reemplazo como mano de obra sin capacitación.

Los motivos de quienes rechazan la recuperación están desde la objeción de conciencia por motivos éticos, morales o laborales que pueden afectar a relaciones familiares, de paternidad o económicas, así como otras relacionadas con la salud por enfermedades mentales, cardíacas, diabetes, asmáticas o problemas graves, incluso otros motivos relacionados con estudios universitarios o profesionales.

Por otra parte, para casi ese 40 % de españoles que apoyan la reinstauración del servicio militar, entre los que por supuesto deberían quedan exentos los que por diversos motivos, edad, patologías o intereses militares de alta graduación, pretenden implantar dicha prestación aumentando la participación de la mujer, dificultando la posible prestación sustitutoria de objetores o penalizando dentro de un marco jurídico la insumisión, valoran de forma positiva ideas fascistoides como el reforzamiento de la conciencia nacional, defensa y respeto de los símbolos patrióticos o los valores humanos.

Pero también podemos encontrar detractores como la Ministra de Defensa, Margarita Robles, contraria a su implantación, frente a políticos como Josep Borrell, Alto Representante para Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea, que defiende la idea de un servicio militar obligatorio que integrara a los jóvenes en la disciplina de un ejército europeo, cuyo servicio se prestara lejos del lugar de nacimiento del recluta y bajo el mando de un país diferente de su nacionalidad, lo que supondría una auténtica afrenta y falta de respeto a los derechos individuales del ciudadano.

Por ello y como apuntaba al principio, una decisión de tal trascendencia, debería ser tomada por personas cuya edad se vea afectada por dicho servicio y no por quien ya queda fuera de tal resolución, que en definitiva no solo afectaría a sus vidas, sino a la estabilidad y futuro del país.

Pepe Aguza es miembro del Colectivo Prometeo.

Fuente: https://nuevarevolucion.es/no-a-la-...

Texto del libro de Pablo San José "El Ladrillo de Cristal. Estudio crítico de la sociedad occidental y de los esfuerzos para transformarla", de Editorial Revolussia.

Índice y ficha del libro

Ver también:

Un anillo para gobernarlos a todos (I): ¿Qué es el poder?

Un anillo para gobernarlos a todos (II): Coacción

Un anillo para gobernarlos a todos (III): Adoctrinamiento

Un anillo para gobernarlos a todos (IV): Ingeniería social

Seducción

«Toda la comunidad de Israel partió de Elim y llegó al desierto del Espino, entre Elim y Sinaí, el día quince del segundo mes después de salir de Egipto. La comunidad de los israelitas protestó contra Moisés y Aarón en el desierto diciendo:
—¡Ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en Egipto, cuando nos sentábamos junto a la olla de carne y comíamos pan hasta hartarnos!»
Ex, 16, 1-3.

Decía Clastres que, a menudo, la forma de reconocer al jefe de una tribu amazónica es distinguir a la persona que menos propiedades tiene. Esto es así porque uno de los requisitos para mantener el necesario prestigio de la jefatura es la generosidad: la obligación de agasajar continuamente al resto de miembros del grupo con regalos. Todo poder desde que es tal ha tenido la necesidad del prestigio y, aunque hay casos en los que una tiranía odiada por todos ha logrado perdurar brevemente, la tendencia predominante ha sido la de tratar de obtener el respeto, incluso un cierto acuerdo o contrato con los gobernados, mayor o menor según épocas y situaciones. Las constituciones de los estados actuales, de hecho, vienen a dar carta de naturaleza a ese pacto. El rey no solo desea reinar; también ser amado por sus súbditos. Al igual que el político piensa en cómo mantener el voto de sus electores cuando gobierna. Incluso el poder económico, que lo tiene más difícil para ser amado y respetado —¿quien va a amar a aquél que ha concentrado egoístamente para sí la riqueza que habría de ser de todos?— busca lavar su imagen mediante la beneficencia. Los huérfanos ayer, los derechos humanos, la lucha contra el cáncer o el cambio climático hoy, son objeto de la limosna de los Gates, Soros, Zuckerberg o Amancio Ortega.

El poder político y económico, en cualquiera de sus formas, no deja de ser una sanguijuela que despoja a las personas de una sociedad de propiedad y capacidad de autogobierno. Por ello, si desea encubrir este hecho capital, o cuando menos hacerlo aceptable —incluso inexorable en último caso— para las víctimas, habrá de desplegar numerosos y sofisticados recursos de seducción. El prestigio que, en las sociedades sin estado, se obtenía por la actitud de generosidad, la habilidad en la obtención de recursos, en la palabra o por la capacidad de gestionar conflictos ajenos, en las sociedades de poder concentrado se consigue, en primer lugar, por la exhibición de grandeza, por mostrar las diferencias cuantitativas entre gobernantes y gobernados. Así, la riqueza de los detentadores del poder y su capacidad de decidir sobre la condición de sus súbditos, en lugar de ser motivo de desafección y resentimiento, será reciclada en causa de temor, admiración y reverencia. Para ello el gobernante se separará físicamente de sus gobernados. Rodeado de una guardia de corps y alojado en una residencia especial y magnífica vedada al común del pueblo —sea un palacio, sea un parlamento, sea un complejo turístico en Davos, Suiza—, hará de la distancia e inaccesibilidad un elemento de prestigio.

La grandeza, asociada el lujo y el exceso, incluso a una mayor cercanía del gobernante a la divinidad sancionada por la respectiva a autoridad religiosa, tratará de mostrar una apariencia de solidez, inexorabilidad, invulnerabilidad... con la que conjurar posibles desafíos y deserciones. Ayer y hoy, la arquitectura y la ingeniería serán los mejores escaparates de la publicidad del poder: pirámides, palacios, catedrales, mansiones, rascacielos, puentes, trenes de alta velocidad y canales de Panamá.... Por su parte, sus servidores inmediatos, como una clase diferenciada e interpuesta entre el propio poder y los comunes mortales, serán revestidos con un reflejo de brillo del prestigio que custodian. Es lo que Bourdieu llamaba «capital simbólico». Éste alcanzará a policías y militares —piénsese en la dinámica de distinciones públicas y condecoraciones, en la propaganda permanente que los medios de comunicación hacen de estas instituciones, en los funerales de estado...—, pero también al resto de funcionarios de los cuerpos de vigilancia y adoctrinamiento: jueces, catedráticos universitarios, etc.

Además de vigilar, castigar, adoctrinar, dirigir y asombrar, el poder también es capaz de buscar y obtener el acuerdo con los gobernados. Y si la idea es emplear la seducción para lograr un buen pacto, siempre será más efectivo el don que el fasto. El regalo pocas veces es gratuito y, por lo común, encubre algún tipo de transacción. El jefe amazónico lo realiza a cambio de prestigio, el conquistador europeo obsequia baratijas y espejos al indígena en búsqueda de la cooperación de la tribu, el emperador romano ofrece pan y espectáculo a la plebe a cambio de paz social y sujección a la tarea de la defensa militar del imperio. Incluso quien regala en un cumpleaños o a su ser amado, lo hace pretendiendo algún tipo de compensación. Aceptar un obsequio viene a suponer, en la mayoría de los casos, quedar en deuda con quien hizo el regalo.

Trasladando el principio a la sociología contemporánea, podemos recordar ese momento, entre finales del siglo XIX y principios del XX, al que nos referíamos al estudiar la historia del movimiento obrero, en el cual los grandes capitalistas europeos y norteamericanos deciden invertir una parte de sus ingentes beneficios en mejorar algo las condiciones de sus trabajadores y en sobornar a buena parte de la dirigencia política y sindical obrera. Ese, llamémosle, reparto de beneficios entre asociados subordinados, no supone el nacimiento de lo que luego será el Estado de Bienestar, el cual es distinto en lo cualitativo y en lo cuantitativo, pero sí su precedente ideológico y material.

David Graeber en «La Utopía de las Normas» (2015), va más lejos y ubica el origen del Estado de Bienestar en la Alemania de Bismarck (en ejercicio de gobierno entre 1862 y 1890). El canciller (quien, por cierto, mantuvo una fluida comunicación, que incluía mutuos elogios, con el socialista Ferdinand Lassalle), según refiere Graeber, tenía una idea clara de la cuestión: «como le dijo a un visitante estadounidense por aquella época: mi idea era sobornar a las clases trabajadoras, o mejor dicho, ganármelas, que vieran al Estado como una institución creada para ellos e interesada en su bienestar. (…) Es útil tener en mente esta cita dado que me parece que la argumentación principal (que el Estado de Bienestar se creó en gran medida para evitar que las clases trabajadoras se volvieran revolucionarias) suele acogerse con cierto escepticismo y la exigencia de pruebas de que ésta fuera la intención consciente de las clases gobernantes. Pero aquí tenemos el primer gran esfuerzo en este sentido, descrito por su fundador de manera totalmente explícita.»

Esa es la idea: dado que el sistema económico es de carácter mundial, global, asociemos a una minoría significativa de la población planetaria al disfrute, aunque sea a pequeña escala, de lo obtenido y, por lo tanto, a la defensa del modelo de expolio. Es perfectamente constatable que la naturaleza colectiva humana responde con mayor prontitud al estímulo material que al espiritual. Sobre todo si lo que se pretende es pasividad y anuencia. Dame pan y dime tonto, afirma el dicho, en la misma línea que el texto del Éxodo: ¿para qué la libertad habiendo pan abundante y ollas con carne? La relación entre el poder económico y las clases asalariadas de Occidente se afirmará, en forma creciente, a lo largo de todo el siglo XX sobre este principio.

Como decíamos, una vez el capitalismo se ha consolidado en tanto sistema mundial y puede trasladar la parte más dura de la explotación laboral a la periferia dando lugar a nivel local a pequeñas sociedades de consumo, la clase obrera, a grandes rasgos, se aleja de la aspiración revolucionaria. Con excepción de 1917, hecho acaecido en un país social y económicamente atrasado (y quizá de algunos episodios en el contexto de la guerra civil española y sus previos), a partir de este momento no habrá movimientos revolucionarios de entidad en Occidente. Hay también una motivación económica al hacer este reparto: el capitalismo necesita consumidores de sus productos, precisa tener un mercado. Así, en virtud de la concurrencia entre la búsqueda de paz social y la necesidad de dotarse de mercados internos, surge la moderna sociedad de consumo, cuya magnitud no dejará de aumentar hasta nuestros días. Su concreción más acabada es el oficialmente denominado «Estado de Bienestar», un tipo concreto de sociedad de consumo de gran abundancia material, intervenida y tutelada por el poder estatal, que es quien se encarga de administrar servicios que se entienden básicos, como la sanidad, la escolarización o las pensiones.

El Estado de Bienestar surge en los países del norte de Europa tras la Segunda Guerra Mundial y, paulatina aunque discontinuamente, se extiende al resto del continente y a otros lugares del mundo rico. Los habitantes de este tipo de sociedad, más cuanto mayor abundancia se da en ella, tienden a perder cualquier asomo de opinión crítica hacia los fundamentos de la misma. Dejándose llevar por la corriente del pensamiento hegemónico, solo cuestionan aspectos accesorios. Y éstos en el seno del marco de debate que el poder, ¡oh magnanimidad democrática!, concede. En esta corraliza ideológica es donde tiene lugar el omnipresente debate entre las «opciones» representadas por los partidos políticos; una confrontación que, no por crispada en ocasiones, logra ir más allá de su carácter vacuo e inocuo. También es el terreno en el que se ubican las demandas, casi siempre autolimitadas, del activismo de los llamados movimientos sociales. En todo caso, la gran mayoría solo se esfuerza en mostrar preocupación por estas cosas en las tertulias de sobremesa y en sus «grupos» de relación virtual telefónica. El resto del tiempo su vida consiste en trabajar, consumir y tratar de divertirse en su periodo de ocio. Sus aspiraciones no son políticas; como mucho la mejora de su poder adquisitivo personal o familiar, para más y mejor seguir consumiendo en las diversas formas que el sistema ofrece.

Cuando era adolescente, en la parroquia nos pusieron alguna vez un montaje de diapositivas protagonizado por unos pozos antropomorfizados que vivían felices en su país, compartiendo las limpias y frescas aguas de un manantial subterráneo. Los pozos son asaltados por la publicidad de la sociedad de consumo y empiezan a vivir hacia fuera, adquiriendo todo tipo de artilugios tecnológicos que ésta les ofrece. El resultado es que su brocal se colma de objetos y, de esa forma, pierden el contacto con el manantial. Su vida se vuelve ruidosa y artificiosa; inauténtica. Además, quedan desconectados los unos de los otros. La comparación resulta evidente. Y también su razón de ser. ¿Qué más puede desear el poder que rodearse de gente así? Individuos que apenas levantan las narices por encima de su teléfono móvil. Porque, más allá de retóricas hueras e impostadas, lo cierto es que a la gente de esta sociedad, y cuando digo la gente, digo toda la gente, la sociedad de consumo, el Estado de Bienestar, les parece mejor que bien (22). Como ya se dijo en capítulo anterior, hoy no hay mayor y mejor herramienta de sujección al régimen que el consumo: el deseo de acrecentarlo y el miedo a perderlo. «Vuestro Dios, el Dinero, esa mierda», que decía García Calvo. Afirmaba, también, Pasolini en la obra anteriormente citada que: «el verdadero fascismo es lo que los sociólogos han llamado demasiado alegremente sociedad de consumo.(…) este nuevo fascismo, esta sociedad de consumo, ha transformado profundamente a los jóvenes, les ha tocado en lo íntimo de su ser, les ha dado otros sentimientos, otros modos de pensar, de vivir, otros modelos culturales. Ya no se trata, como en la época mussoliniana, de un alistamiento superficial, escenográfico, sino de un alistamiento real que les ha robado y cambiado el alma. Lo que significa, en definitiva, que esta civilización del consumo es una civilización dictatorial. Si la palabra fascismo significa prepotencia del poder, la sociedad de consumo ha realizado cabalmente el fascismo.» Realmente este es el techo con el que topa toda aspiración revolucionaria en Occidente; que solo lo puede ser de unas pocas personas. Éstas han de ser capaces de anteponer con honestidad la aspiración colectiva ética al deseo individual materialista. Además, tratar de llevar a cabo su proyecto remontando una fuerte corriente.

El poder de la seducción también resulta una herramienta de primer orden para la expansión cultural de Occidente a costa de otras sociedades. Es la llamada globalización cultural, continuación natural de la económica y llave que facilita la implantación de ésta última en todo lugar. En siglos anteriores, las culturas no occidentales de carácter complejo eran, primero, conquistadas militarmente y, a continuación, asimiladas por la fuerza o directamente eliminadas. Pensemos, por ejemplo, en el caso de los moriscos. Hoy no se hace preciso tal esfuerzo coactivo. La simple abundancia material de Occidente, publicitada por medios de comunicación de carácter planetario, es un potente agente de fascinación. El mundo rico, por el hecho de serlo, es la tierra de las oportunidades; el lugar donde ponen sus miradas, tanto quienes están en la pobreza extrema o sufren las consecuencias de la guerra, como quienes simplemente aspiran a un tipo de vida como el que a diario contemplan en sus pantallas. Vida que —efecto de la publicidad— creen que va a ser mejor que la que disfrutan en sus lugares de origen. Como es sabido, tal cosa no siempre se cumple. Entre otras razones (muchas veces la persona migrante acaba en la marginalidad o habiendo de retornar) porque no solo lo material proporciona la realización. Quien abandona su tierra, a los suyos, deja atrás no pocas dimensiones vitales que difícilmente obtendrá en el lugar extraño al que llega. Más si cabe si viaja al reino de la individualidad. En la actualidad los fenómenos migratorios en dirección Sur-Norte, entre otras muchas consideraciones que pueden hacerse, juegan un importante papel en la propagación de la homogeneización cultural. Las personas migrantes, que —en una o dos generaciones— acaban por integrarse en las ciudades del primer mundo, se convierten en embajadoras de la cultura dominante, en correa de transmisión. El impacto de la publicidad de una pretendida superioridad cultural de Occidente, retransmitida mediante cine y televisión, y el acercamiento entre grupos humanos que proporciona la multiculturalidad (y las modernas facilidades de transporte) logra que haya gente en cualquier rincón del planeta, sobre todo de edades jóvenes, esforzándose en imitar los paradigmas occidentales. Sea ropa, sea fútbol y música, sea laicidad, libertad sexual, libre comercio o parlamentarismo. La ola de revueltas acaecida en países árabes entre 2010 y 2013 puede leerse en esta clave. Precisamente por ello fue tan favorablemente acogida por la opinión pública occidental.

A día de hoy, la penetración cultural avanza inexorable, si bien encuentra algunas resistencias. Éstas, como se hacía en el género western del cine clásico, se presentan al público de forma incompleta y frecuentemente sesgada, provocando indiferencia, cuando no rechazo. Por citar un ejemplo: los jóvenes del movimiento 15M español que, en su día, alentaron, jalearon y se solidarizaron con los jóvenes egipcios que se manifestaron pacíficamente en una plaza de El Cairo hasta provocar la caída del dictador Mubarak, poco o nada dijeron cuando, poco después, un movimiento islamista nada occidentalizante ganó ampliamente los comicios, evidenciando que la mayoría de esa sociedad deseaba mantener en pie su propia tradición. Aún más callados siguieron cuando un feroz golpe de estado por parte del ejército (aliado de Occidente, dicho sea de paso) depuso al gobierno islamista emanado de las urnas y masacró a gran número de sus seguidores.

Notas

22- Herbert Marcuse, en «El Hombre Unidimensional» (1964), argumenta bastante en esa dirección: «Se hace tanto más difícil traspasar esta forma de vida en cuanto que la satisfacción aumenta en función de la masa de mercancías. La satisfacción instintiva en el sistema de la no-libertad ayuda al sistema a perpetuarse. Ésta es la función social del nivel de vida creciente en las formas racionalizadas e interiorizadas de dominación. (…) La conciencia feliz —o sea, la creencia de que lo real es racional y el sistema social establecido produce los bienes— refleja un nuevo conformismo que se presenta como una faceta de la racionalidad tecnológica y se traduce en una forma de conducta social. Esto es nuevo en tanto que es racional hasta un grado sin precedentes. (…) El poder sobre el hombre adquirido por esta sociedad se olvida sin cesar gracias a la eficacia y productividad de ésta. Al asimilar todo lo que toca, al absorber la oposición, al jugar con la contradicción, demuestra su superioridad cultural. Del mismo modo, la destrucción de los recursos naturales y la proliferación del despilfarro es una prueba de su opulencia y de los altos niveles de bienestar. ¡La comunidad está demasiado satisfecha para preocuparse! [Marcuse señala que la última exclamación la toma del libro de John K. Galbraith «Americam Capitalism»]. (…) La naturaleza, comprendida y dominada científicamente, reaparece en el aparato técnico de producción y destrucción que sostiene y mejora la vida de los individuos al tiempo que los subordina a los dueños del aparato.»

Correo Tortuga

Palestine Action, condenada como grupo terrorista en el Reino Unido, ha adoptado la destrucción de propiedades como medio para socavar el suministro de armas a Israel.

Christopher Ketcham

Traducción CSCA

Según los registros de la Freedom of Information Act (FOIA), la ministra del Interior del Partido Conservador, Priti Patel, se reunió con el director ejecutivo de Elbit, Martin Fausset, en 2022 para «asegurarle [a Fausset] que el Gobierno se toma muy en serio los actos de protesta criminales contra Elbit Systems UK» y para «agradecer a Martin el trabajo que Elbit realiza en apoyo de las Fuerzas Armadas Británicas». (El agradecimiento se debía a que Elbit suministró el vehículo aéreo no tripulado Watchkeeper y el sistema de gestión de combate MORPHEUS al ejército británico, además de proporcionar asistencia técnica a una flota de 38 aviones). Un acta muy censurada de una reunión con Fausset y un representante del Ministerio del Interior en 2023 reiteraba la necesidad de «tranquilizar a Elbit Systems UK y al sector en general afectado por Palestine Action asegurándoles que el Gobierno se preocupa por el daño que el grupo está causando al sector privado».

Los funcionarios del Gobierno británico también expresaron su preocupación por el hecho de que los jurados de todo el país estuvieran mostrando demasiada simpatía por Palestine Action. «Aunque se han llevado a cabo con éxito procesos judiciales contra miembros de Palestine Action», decía un memorándum, «ha habido múltiples casos en los que se han retirado los cargos y los jurados han absuelto a los acusados».

«Los jurados escuchan las pruebas y dicen: «Nos gusta»», afirmó Tim Crosland, abogado de derechos humanos en Londres que dirige la organización sin ánimo de lucro Defend Our Juries, dedicada a la vigilancia de la fiscalía. «Eso es realmente desconcertante si eres Elbit Systems. Se dicen a sí mismos: «Mierda, el público está en contra nuestra en esto.

En una cálida noche de septiembre de 2020, en lo que se convertiría en el primero de cientos de actos de sabotaje y vandalismo, miembros del grupo de protesta Palestine Action (PA), con sede en el Reino Unido, ocuparon el techo de una fábrica en la ciudad de Shenstone, en Staffordshire, y comenzaron a golpearlo con mazos. El objetivo era destruir el techo, inutilizar el sitio y detener la producción durante el mayor tiempo posible. Gestionada por Elbit Systems, el mayor fabricante de armas de Israel, la planta de Shenstone se especializaba en la fabricación de drones que incluían las llamadas «municiones merodeadoras», también conocidas como unidades suicidas. El objetivo de las municiones merodeadoras, un híbrido entre un dron y un misil de crucero, es flotar el mayor tiempo posible detrás de las líneas enemigas, esperar a encontrar el objetivo y autodestruirse al caer sobre él. Las municiones merodeadoras se han utilizado con efectos horribles en el genocidio de Gaza.

Los activistas habían pasado semanas estudiando los puntos débiles de las instalaciones de Shenstone. La fábrica no tenía guardias por la noche y se podía acceder a la azotea del edificio de dos plantas simplemente colocando una escalera de seis metros contra su lateral. En la oscuridad de la madrugada del 13 de septiembre de 2020, con la escalera colocada, subieron su equipo al tejado para una ocupación que tenía previsto durar cinco días. Llevaban tiendas de campaña, colchonetas, provisiones de comida, muchos litros de agua, pancartas, pintura en spray y mazos.

Una vez instalados en el tejado, los activistas se pusieron manos a la obra con los martillos. Abrieron agujeros en el asfalto, rompieron ventanas y destrozaron aparatos de aire acondicionado. Colgaron banderas palestinas en la fachada del edificio junto a una pancarta que decía «CERRAD ELBIT». Al amanecer, cuando el sol empezó a calentar con fuerza, el tejado expuesto se convirtió en un horno y los asó. Aguantaron tres días, negociando con la policía que rodeaba las instalaciones.

Huda Ammori, de 31 años, cofundadora de Palestine Action e hija de un emigrante palestino en el Reino Unido, fue una de las ocupantes de Shenstone. «Apenas dormimos», me contó. «Es muy surrealista cuando piensas: «¡Hemos conseguido cerrar una fábrica de armas israelí!». Es el mejor lugar en el que se puede estar, realmente, el más liberador como ser humano». Ammori creció en un pequeño pueblo al norte de Manchester, escuchando las historias de la huida de su padre al exilio en Inglaterra tras la guerra de 1967, que terminó con la ocupación israelí de Cisjordania y Gaza. Desde su adolescencia, organizó protestas pacíficas en favor de Palestina. Presionó al Parlamento, redactó peticiones y participó en campañas de boicot y desinversión en la Universidad de Manchester, donde estudió empresariales y finanzas. Pero sus esfuerzos no dieron lugar a ningún cambio sustancial.

Cuando se unió a Richard Barnard, un activista de izquierda con una larga trayectoria en el Reino Unido, para fundar Palestine Action en 2020, decidió recurrir a la destrucción de propiedades. «Nuestro objetivo era poner fin a la complicidad británica en la colonización y el apartheid», afirmó Ammori. Sin embargo, al mismo tiempo que el grupo aspiraba a un cambio ambicioso, también se «centró en lograr victorias sólidas y tangibles». Ammori y Barnard se decidieron por Elbit Systems como objetivo sólido cuya destrucción supondría una victoria tangible. «La sociedad nos ha condicionado para que, incluso cuando vemos que suceden cosas que están mal, nos sintamos impotentes para cambiarlas», me dijo Ammori. «Pero eso no es cierto. Tenemos el poder de cerrar Elbit y eso es lo que vamos a hacer».

La empresa tenía al menos nueve filiales en el Reino Unido y estrechos vínculos con contratistas de defensa y el ejército británicos. Elbit, que se autodenomina «la columna vertebral» de la flota de drones de las Fuerzas de Defensa de Israel, suministraba el 85 % del equipo terrestre de las FDI, desde cohetes y bombas de precisión hasta misiles aire-tierra, munición de artillería de última generación y estaciones de armas controladas a distancia, pasando por sistemas de guía para aviones de combate, helicópteros de ataque y unidades terrestres blindadas. (Tras el estallido de la guerra de Israel contra Gaza en 2023, Elbit se jactó ante sus clientes de que sus productos estaban siendo «probados en combate» en tiempo real, lo que constituía la parte genocida de su argumento de venta).

No hay un recuento exacto de los incidentes de sabotaje, vandalismo, protestas callejeras y bloqueos atribuibles a Palestine Action. Según Ammori, miles de personas han participado en los últimos cinco años en cientos de actos de desobediencia y perturbación bajo la bandera de PA en el Reino Unido. Han atacado repetidamente la fábrica de drones de Elbit en Shenstone, por ejemplo, en diciembre de 2024, cuando unos activistas intentaron derribar los muros de la fábrica con herramientas de demolición. Vandalizaron y bloquearon otra fábrica de armas de Elbit en la ciudad de Tamworth media docena de veces. El grupo ha llevado a cabo numerosas incursiones en tejados, incluida una en una planta de drones propiedad de Elbit en Leicester en 2021, cuando cuatro activistas de PA resistieron durante seis días mientras destrozaban el tejado.

El grupo también atacó otras empresas armamentísticas y a inversores institucionales que respaldan a Elbit, instalaciones militares británicas y al menos una propiedad de la cartera de Trump. En Southampton, en 2023, «escalaron la fábrica de armas Leonardo UK [y] ocuparon la azotea, paralizando la producción en las instalaciones [mientras comenzaban] a desmantelar el edificio», según un comunicado de Palestine Action. En Shipley, el pasado mes de enero, estrellaron una furgoneta cargada con hormigón contra las puertas de una fábrica gestionada por Teledyne Defence and Space, que suministra piezas de misiles a Israel. Ese mismo mes, en una serie de ataques coordinados en toda Europa, destrozaron 15 propiedades del gigante alemán de servicios financieros Allianz SE, que ha invertido en Elbit y ha proporcionado seguros para sus instalaciones. En febrero, los activistas atacaron la BBC en Londres, rociando pintura roja sangre y rompiendo ventanas en su sede en «protesta contra el arraigado sesgo proisraelí de la BBC». En marzo, irrumpieron en el campo de golf Trump Turnberry, pintando «GAZA NO ESTÁ EN VENTA» en el césped, destrozando la casa club y destrozando el green, «incluidos los hoyos más prestigiosos del campo». En lo que el Daily Mail del Reino Unido describió como una «enorme brecha de seguridad», dos activistas irrumpieron el pasado mes de junio en la mayor base de la Royal Air Force británica, montados en patinetes eléctricos para maniobrar rápidamente hacia los aviones militares aparcados, a los que pintaron con spray y destrozaron con palancas. Ambos autores escaparon, evadiendo su detención.

Una de las acciones más dramáticas tuvo lugar la noche del 6 de agosto de 2024, en los suburbios industriales de Bristol, cuando siete personas en una furgoneta penitenciaria reconvertida atravesaron a toda velocidad las puertas de seguridad de una fábrica de drones de Elbit. Tras derribar las puertas, giraron el vehículo hacia la puerta del garaje de las instalaciones y la atravesaron hasta llegar a la planta de producción. Los siete activistas saltaron del vehículo con mazos y hachas y comenzaron a golpear. Según diversas informaciones, destruyeron piezas de drones en la cadena de montaje, junto con una serie de equipos de fabricación, causando daños por valor de más de un millón de dólares y obligando a cerrar las instalaciones durante varios meses. También habrían herido a dos agentes de policía y a un guardia de seguridad. Los autores, de entre 20 y 51 años, fueron detenidos en el lugar de los hechos y acusados de daños criminales, desórdenes violentos y robo con agravantes, y, si son declarados culpables, podrían cumplir diez años de prisión.

Las incansables incursiones han sido eficaces. En septiembre, Elbit cerró repentinamente otra instalación en Bristol que el grupo había atacado en decenas de ocasiones. En 2022, tras 18 meses consecutivos de acciones de la PA —incluidos allanamientos, bloqueos, vandalismo y ocupaciones de tejados—, Elbit vendió su filial de piezas para drones Ferranti Technologies' Power and Control en Waterhead. Tras sufrir numerosos ataques de la PA, la fábrica de Elbit en Tamworth cerró definitivamente en marzo de 2024 debido a «la caída de los beneficios y el aumento de los costes de seguridad», según un comunicado de la empresa. «Los nuevos propietarios», informó The Guardian, «afirmaron que no tendrían ninguna relación con Elbit y que cancelarían sus contratos de defensa». En 2022, Elbit perdió una serie de contratos con el Gobierno británico por valor de unos 340 millones de dólares, una pérdida de la que PA se atribuyó el mérito. Debido a sus constantes interrupciones, según el grupo, Elbit era ahora un «proveedor poco fiable».

En algunos casos, la opinión pública británica se puso del lado de los activistas cuando fueron llevados a juicio. En 2024, el jurado se negó a condenar a cuatro miembros de PA que causaron daños por valor de 920 000 dólares a Teledyne, mientras que otros dos fueron absueltos de los daños criminales causados a la fábrica de Elbit en Leicester. El público se había dado cuenta, me dijo Huda Ammori, de que Palestine Action «valoraba más las vidas de los palestinos que las propiedades y las herramientas utilizadas para masacrarlos». El sabotaje y la destrucción de propiedades estaban bien si se interpretaban como actos contra la maquinaria del genocidio.

Elbit contra el pueblo
En 2022, estos ataques habían causado tal consternación entre los ejecutivos de Elbit que iniciaron reuniones de alto nivel con la administración del primer ministro Keir Starmer. Según los registros de la FOIA, la ministra del Interior del Partido Conservador, Priti Patel, se reunió con el director ejecutivo de Elbit, Martin Fausset, en 2022 para «asegurarle [a Fausset] que el Gobierno se toma muy en serio los actos de protesta criminales contra Elbit Systems UK» y para «agradecer a Martin el trabajo que Elbit realiza en apoyo de las Fuerzas Armadas Británicas». (El agradecimiento se debía a que Elbit suministró el vehículo aéreo no tripulado Watchkeeper y el sistema de gestión de combate MORPHEUS al ejército británico, además de proporcionar asistencia técnica a una flota de 38 aviones). Un acta muy censurada de una reunión con Fausset y un representante del Ministerio del Interior en 2023 reiteraba la necesidad de «tranquilizar a Elbit Systems UK y al sector en general afectado por Palestine Action asegurándoles que el Gobierno se preocupa por el daño que el grupo está causando al sector privado».

Los funcionarios del Gobierno británico también expresaron su preocupación por el hecho de que los jurados de todo el país estuvieran mostrando demasiada simpatía por Palestine Action. «Aunque se han llevado a cabo con éxito procesos judiciales contra miembros de Palestine Action», decía un memorándum, «ha habido múltiples casos en los que se han retirado los cargos y los jurados han absuelto a los acusados».

«Los jurados escuchan las pruebas y dicen: «Nos gusta»», afirmó Tim Crosland, abogado de derechos humanos en Londres que dirige la organización sin ánimo de lucro Defend Our Juries, dedicada a la vigilancia de la fiscalía. «Eso es realmente desconcertante si eres Elbit Systems. Se dicen a sí mismos: «Mierda, el público está en contra nuestra en esto. El público se alegra de ver nuestras fábricas destrozadas y nuestras ventanas rotas. Esto se está poniendo serio».

Crosland defiende el derecho de Palestine Action a participar en acciones directas contra la propiedad como forma de desobediencia civil. Los documentos internos que Defend Our Juries y otros grupos de libertades civiles han sacado a la luz muestran que las reuniones informativas legales con los ministros del Ministerio del Interior, previas a las reuniones con el director ejecutivo de Elbit, Martin Fausset, se celebraron específicamente en respuesta a las absoluciones del jurado de Palestine Action. «Hay reuniones entre Elbit, el ministro del Interior, el Gobierno israelí y el fiscal general británico en las que se expresa una gran preocupación por las absoluciones», me dijo Crosland.

Starmer solicitó el asesoramiento de un lobista de la industria de los combustibles fósiles y las armas llamado John Z. Woodcock, conocido como Lord Walney, que se hizo famoso tras su nombramiento en 2019 como «asesor independiente del Gobierno sobre violencia política y disturbios». El informe especial de Walney, publicado en mayo de 2024, se centró en dos grupos de protesta: Palestine Action y Just Stop Oil (JSO). Al igual que Palestine Action, Just Stop Oil había organizado actos disruptivos de desobediencia civil. Su objetivo declarado era poner fin a todos los nuevos proyectos de combustibles fósiles operados bajo los auspicios del Gobierno y las empresas del Reino Unido.

Tanto Palestine Action como Just Stop Oil eran hostiles a las industrias que habían pagado a Lord Walney millones de dólares en concepto de honorarios de cabildeo a lo largo de los años. No fue ninguna sorpresa, entonces, que Walney aconsejara al Reino Unido que designara a ambos grupos como terroristas y emitiera órdenes de proscripción contra ellos, es decir, una prohibición de su existencia y la declaración de sus miembros, simpatizantes y defensores como delincuentes terroristas.

Cediendo al consejo de Walney, Starmer ordenó que la proscripción entrara en vigor el 5 de julio y Palestine Action fue designada como grupo terrorista según la legislación inglesa, uniéndose así a Al-Qaeda y a la neonazi Atomwaffen Division. Se cerró el sitio web del grupo y se suspendieron sus cuentas de Instagram y otras redes sociales. Todos los ciudadanos británicos que expresaran públicamente su apoyo a Palestine Action de cualquier forma también serían considerados terroristas.

Los partidarios de PA, incluido Crosland, se pusieron en marcha para organizar una respuesta. En la mañana del 5 de julio, cuando llegó la hora de la proscripción, 29 voluntarios de Defend Our Juries se reunieron bajo la estatua de Gandhi en Parliament Square para sostener carteles que decían: «ME OPONGO AL GENOCIDIO, APOYO A PALESTINE ACTION». Su demanda implícita era que se levantara la prohibición. Los 29 fueron arrestados y acusados en virtud de la Ley contra el terrorismo del Reino Unido de 2000. Una semana más tarde, 86 personas que sostenían las mismas pancartas en Londres, Manchester, Leeds y Kendal —entre ellas cuatro vicarios, numerosos funcionarios y la hija de un combatiente de la resistencia polaca en la Segunda Guerra Mundial— fueron detenidas por los mismos cargos.

El 5 de julio, Crosland, de 55 años, se encontraba entre los que sostenían las pancartas. Fue filmado mientras se quedaba sin fuerzas tras su detención, arrastrado por la Policía Metropolitana desde su asiento bajo la estatua de Gandhi.

«¿Algo que decir?», le preguntó el anónimo autor de las imágenes.

Crosland sonrió mientras cuatro policías lo llevaban al furgón policial que lo esperaba. «Bueno, esto es lo que pasa en la Gran Bretaña actual por oponerse al genocidio», dijo. «Es increíble, ¿no? Quiero decir, por eso se promulgaron las leyes después de 1945. El Convenio Europeo de Derechos Humanos tenía por objeto impedir que se produjera un genocidio, y ahora está ocurriendo de nuevo. La gente tiene poca memoria. La madre de todas las democracias, amigos». Luego lo metieron en la furgoneta, rodeado de agentes, y el vídeo se cortó.

Extralimitación y efecto boomerang
Los estudiosos de la desobediencia civil han señalado la «paradoja de la represión», cuando los gobiernos intentan aplastar una revuelta pacífica, pero se extralimitan en su autoridad y se ven abrumados por el efecto boomerang de la repulsa pública y el creciente apoyo al movimiento. Esto, a su vez, anima a más personas a arriesgarse a la ira del Estado y unirse a la revuelta. La Marcha de la Sal de 1930 en la India, la masacre de Sharpville de 1960 en Sudáfrica, Bull Connor en 1963 soltando perros y mangueras contra los manifestantes en Birmingham: estos son ejemplos históricos clásicos del efecto contraproducente. La prohibición de Palestine Action también ha demostrado ser un ejemplo paradigmático de esta dinámica.

Después del 5 de julio, el movimiento para desclasificar Palestine Action adquirió un nombre, Lift the Ban (Levantad la prohibición), y atrajo a un número cada vez mayor de personas a las calles de ciudades de todo el Reino Unido. Se reunieron todos los fines de semana durante el verano, con las mismas pancartas, esperando ser detenidos, apilados en furgones policiales y llevados a la cárcel. El sábado 9 de agosto, la Policía Metropolitana de Londres estableció un récord de detenciones durante una sola protesta política en el municipio, al detener al menos a 522 personas que portaban pancartas con el lema «ME OPONGO AL GENOCIDIO, APOYO A PALESTINE ACTION». La cifra superó el récord anterior de 1990, durante las manifestaciones contra el impuesto sobre el censo, cuando los agentes de la Policía Metropolitana detuvieron a 339 personas en Trafalgar Square por oponerse al intento de Margaret Thatcher de privar de derechos a los pobres.

Casi todos los sábados entre el 5 de julio y hoy, miles de personas han portado esas pancartas como parte del movimiento Lift the Ban (Levantad la prohibición), y durante ese tiempo más de 2000 manifestantes han sido acusados en virtud de varios artículos de la Ley contra el terrorismo. Dos artículos de la ley son los más pertinentes. El artículo 12 se dirige a quienes presuntamente han apoyado directamente a una organización terrorista mediante esfuerzos «materiales». El artículo 13 es menos grave y se aplica a quienes llevan o exhiben objetos o comparten material —una camiseta, una gorra, un cartel de cartón, un folleto, una publicación en línea— que pueda interpretarse como apoyo a una organización terrorista.

La aplicación de la Sección 13 ha degenerado en absurdos, ampliando el círculo de objetivos para incluir a aquellos cuyo único delito aparente era que apoyaban el derecho a reunirse y ser escuchados. Un ministro laico llamado Martin Clay, de Southborough, un barrio de Londres, fue acusado en virtud de la Sección 13 simplemente por sostener una pancarta que decía: «No apoyo a Palestine Action, pero apoyo el derecho a apoyarlos». Un hombre de Glasgow fue detenido por llevar un cartel que decía «Genocidio en Palestina, es hora de actuar». Su delito fue que las palabras «Palestina» y «actuar» estaban impresas en una fuente más grande que el resto del texto del cartel.

Ginny Kingsmill, una simpática dentista de 52 años de South Downs, ha sido detenida y acusada cuatro veces en virtud del artículo 13. Según la ley, ahora es una simpatizante del terrorismo por llevar un cartel escrito a mano en el que expresaba su oposición al genocidio y su apoyo a Palestine Action. Conocí a Kingsmill cuando me dejó quedarme en su casa durante una visita al Reino Unido este año. «Me gusta pensar que la mayoría de la gente es pacífica, que la mayoría de la gente no quiere guerras», me dijo Kingsmill. «Pero si ves que hay guerras, enfádate y mantén esa emoción».

El suyo fue uno de los nombres registrados en el récord de detenciones del 9 de agosto. Ese día hacía un calor y una humedad agobiantes en Londres. «La gente repartía botellas de agua, fruta y crema solar. Había una mujer repartiendo rosas a los que estaban sentados con carteles», me contó Kingsmill. «Muchas personas estaban allí solo para dar las gracias. Vi a un hombre ciego en silla de ruedas al que metían en una furgoneta policial. Una hermosa anciana sonriente que dijo que pronto cumpliría ochenta años me habló mientras la arrestaban. Había viajado desde una zona remota de Gales para estar allí y había permanecido de pie en silencio con los ojos cerrados bajo el calor, toda una imagen de serenidad y dulzura».

Otra rebelde con la que Kingsmill habló ese día fue la reverenda Sue Parfitt, de 83 años, una sacerdotisa anglicana ordenada que también fue acusada de simpatizante terrorista en virtud del artículo 13. Parfitt formó parte de la primera generación de mujeres que fueron ordenadas en 1994, cuando la Iglesia de Inglaterra permitió que el sacerdocio se extendiera a las mujeres. Parfitt comenzó su andadura en la desobediencia civil con el movimiento de protesta por el clima a finales de la década de 2010. Había sido detenida un total de treinta veces en la última década, veintisiete por protestas climáticas y tres como simpatizante de Palestine Action. En su calidad de terrorista, había estado dos veces en Parliament Square, bajo la estatua de Gandhi, y una vez en Trafalgar Square. En 2024, ella y otro manifestante golpearon con un martillo y un pico la vitrina de cristal de la Biblioteca Británica de Londres que alberga una de las copias originales de la Carta Magna, el documento fundacional de las libertades civiles en la tradición angloamericana. «Abollamos la carcasa exterior, pero, por supuesto, la Carta Magna nunca corrió ningún peligro», me contó Parfitt. «Unas semanas antes, nuestro Gobierno había sido llevado ante el Tribunal Supremo y declarado culpable de infringir sus propias leyes climáticas, que exigían la reducción de las emisiones. Y esto no tuvo ninguna publicidad». El simbolismo de atacar la Carta Magna, dijo Parfitt, era «desenterrarla», sacarla a la luz pública.

El 12 de noviembre, el día en que entrevisté a Parfitt, se reveló que cuatro relatores especiales de la ONU sobre derechos humanos habían enviado una carta al Gobierno del Reino Unido exactamente dos meses antes, el 12 de septiembre, advirtiendo que la proscripción de Palestine Action violaba los derechos humanos. «Los daños materiales por sí solos no son suficientes para constituir terrorismo según las normas internacionales», decía la carta. Los funcionarios de la ONU condenaron la proscripción como «innecesaria» y afirmaron que daba lugar a «restricciones desproporcionadas» de los derechos de libertad de expresión, reunión pacífica y asociación. Observaron que «el abuso de las leyes para proscribir como terroristas a organizaciones que no lo son realmente es más frecuente en los Estados autoritarios».

Le pregunté a Parfitt qué opinaba sobre las acciones de su Gobierno. «No puedo imaginar por qué alguien no consideraría legítimo intentar detener la fabricación de armas o el uso de aviones para lanzarlas», respondió. «Por eso me opongo a la idea de que Palestine Action sea considerada una organización terrorista. Y el hecho de que ahora me llamen terrorista es ridículo».

Los rebeldes no se desaniman. Lift the Ban anunció esta semana una serie de protestas terroristas con pancartas previstas para finales de este mes que, según el grupo, constituirían «la desobediencia civil más extendida en la historia del Reino Unido».

El Plan de paz se aprobó en un momento de máxima movilización social por el fin del genocidio y con una imagen de Israel a nivel internacional claramente erosionada.

Ainhoa Ruiz Benedicto
@BretxaOBS @CentreDelas

El 5 de octubre de este año, Israel y Hamás aceptaron el “Plan de Paz para Gaza”, impulsado por Trump, aunque con muchos puntos a revisar por ambas partes. El plan de 20 puntos propuesto dista enormemente de ser una solución para un conflicto que se remonta a 1948. El acuerdo, aunque plantea la posible autodeterminación del Estado palestino, no se acerca a aportar una solución inmediata, sino un horizonte hipotético y lejano. Desde luego, es un acuerdo sin duda efectivo para dar un respiro a la población de Gaza. Pero, con poco significado de futuro para la comunidad palestina que, tras demasiadas décadas bajo ocupación y apartheid ve, una vez más, sus aspiraciones emancipatorias, pospuestas.

El Plan, de inicio, compra el relato de que todo empezó hace dos años. Por tanto, la narrativa que se desplegó sobre “implementar” una paz en Oriente Medio estaba lejos de ser un análisis certero de la situación. Con todo, hay que reconocer como necesario cualquier esfuerzo de intentar frenar un genocidio como el que se estaba dando. En este sentido, entre los puntos establecidos se incluía la aceptación del fin de la guerra por todas las partes, se aprobaba la entrada de ayuda humanitaria y se establecía que Gaza sería reconstruida y que las personas residentes podrían quedarse en —lo que quedase de— su hogar.

Estos puntos eran necesarios, pero forman parte de un listado que, en su conjunto, plantea grandes errores de análisis, que lo conducirían al fracaso que estamos viendo apenas un mes después. Por un lado, plantear el conflicto como si el problema de fondo fuese la existencia de Hamás, vinculando el éxito del acuerdo a una desintegración de la organización. Y volvemos a la cuestión estructural de fondo, deshabilitar Hamás sólo servirá de manera puntual porque Hamás es un síntoma.

En este mismo sentido, no se planteaba ningún punto que hiciese a Israel frenar su dilatado historial de agresividad hacia la población palestina o hacia sus vecinos. Sin esto último, cualquier plan de paz está destinado a fracasar. Por no hacer mención de la gravedad de algunas de sus acciones, que constituyen crimen de guerra, y que el tratado no plantea sancionar. Tal es el caso del bombardeo de instalaciones civiles básicas, el asesinato de periodistas y agentes humanitarios, o utilizar ayuda humanitaria como un arma de guerra para matar de hambre a la población.

Por otro lado, y enlazado con lo que se acaba de puntualizar, el acuerdo plantea conseguir una “coexistencia pacífica”. En el papel está muy bien, pero no tiene en cuenta la situación de violencia estructural que dura décadas, con las ocupaciones y anexiones territoriales ilegales, los bulldozers destrozando casas y cultivos para levantar muros fronterizos y otras vulneraciones de derechos humanos que vive la población palestina.

Pero, sobre todo, lo que hace esa “coexistencia” imposible, es revestir de cierta normalidad la propia existencia de un territorio como es la Franja de Gaza —una prisión al aire libre, con entradas y salidas controladas por Israel—. La mera existencia de Gaza es de una violencia extrema, que requiere en sí misma de un replanteamiento territorial completo, si se quiere, de verdad, consolidar un plan de paz.

En este sentido, el Plan sólo concreta todo aquello que podría hacer posible volver a la situación de dos años atrás, sin Hamás y con un grupo internacional supervisando el gobierno y la reconstrucción de la Franja de Gaza. Pero ¿qué hacemos con los muertos? ¿qué hacemos con las pérdidas emocionales y materiales? ¿con los agravios mutuos? ¿Con las dolencias físicas y psicológicas de la guerra? Es muy ingenuo pensar y esperar que la gente simplemente olvide. Hace falta implementar medidas de justicia restaurativa, como mecanismo de prevención de las violencias que pueden volver.

Dos meses después, los bombardeos sobre Gaza no han cesado y su población cuenta con otras doscientas sesenta pérdidas humanas. Ya se han detectado avances del ejército de Israel más allá de la “línea amarilla”, donde debía retirarse. Y conociendo el historial de Israel con, por ejemplo, la Línea Verde, todo apunta a que no será tan fácil que se retire de esta posición, devolviendo territorio a las personas de Gaza como estipula el plan.

Pero ¿qué sí ha conseguido este plan? Desde luego, no se le puede negar su gran ingenio estratégico. El plan se aprobó en un momento de máxima movilización social por el fin del genocidio, con gobiernos avanzando en el reconocimiento de un Estado palestino, con el foco mediático sobre la situación y, sobre todo, con una imagen de Israel a nivel internacional claramente erosionada —como debía estarlo hace décadas—.

El Plan no ha logado la paz y está lejos de lograr algo semejante. Apenas ha dado un respiro de días, sin bombardeos y con ayuda humanitaria llegando a la población de Gaza. También, ha conseguido mostrar una supuesta “estabilización” de la situación y, con ello, la narrativa se ha desplazado de lo urgente y necesario a la espera de si todo vuelve a un estado que podamos aceptar. Es decir, volver a la relativa calma en la que vive la comunidad internacional ante la extrema y brutal violencia rutinaria en la que vive la comunidad palestina. Lo que mejor ha hecho el plan es sacar a Palestina del foco mediático, de los despachos y de las calles.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/plane...

Bruselas propone un “Schengen militar” para facilitar el traslado de tropas ante la amenaza de Rusia

Rodrigo Ponce de León

La amenaza militar de Rusia va a dar un vuelco a las fronteras europeas. La Comisión Europea pretende crear un área de movilidad militar en toda la UE para 2027, un paso más hacia un Schengen (tratado de libre circulación de personas, bienes y servicios) pero para tropas y equipamiento militar. El objetivo es que no haya necesidad de esperar meses para que las tropas de un país puedan responder a una amenaza externa de Europa teniendo que esperar por trabas burocráticas para atravesar otro país.

Bruselas va a sacar adelante un nuevo reglamento sobre movilidad militar para facilitar el traslado rápido y fluido de tropas y equipos militares por toda Europa. La propuesta es que se simplifiquen las formalidades aduaneras y las normas de transporte militar de manera que los permisos para movimientos transfronterizos se otorguen en un máximo de 3 días hábiles y haya un único procedimiento de autorización para los 27 Estados miembros. “La infantería gana batallas, pero la logística gana guerras”, ha comentado el comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius, en la presentación del plan.

En caso de emergencia, se pondrán en marcha procedimientos acelerados para que en horas se otorguen permisos y las tropas tengan accesos prioritarios al acceso de las principales infraestructuras.

La propuesta ha visto la luz en un momento de máxima tensión ante los ataques de guerra híbrida que se atribuyen a Rusia. El primer ministro polaco, Donald Tusk, acusó este martes a Rusia de estar detrás del sabotaje en una línea ferroviaria clave para el envío de ayuda a Ucrania.

Polonia hizo despegar a cazas de combate durante la madrugada en respuesta al bombardeo ruso en el oeste de Ucrania, que ha causado nueve víctimas civiles, mientras que el Ministerio de Defensa de Rumania informó de que había movilizado cuatro aviones, dos cazas Eurofighter Typhoon alemanes y dos F-16 de la Fuerza Aérea Rumana, tras la incursión de drones a unos kilómetros del espacio aéreo rumano.

El ministro de Defensa de Italia, Guido Crosetto, ha pedido esta semana una respuesta más contundente ante el creciente número de “catastróficos” ataques híbridos rusos . “La guerra híbrida es continua y ataca la infraestructura crítica, los centros de toma de decisiones, los servicios esenciales y el tejido de cada país, con riesgos diarios y crecientes de daños catastróficos. Estamos bajo ataque y las bombas híbridas siguen cayendo: El momento de actuar es ahora”, ha escrito el ministro italiano en un documento titulado 'Contrarrestando la guerra híbrida: una estrategia activa', según ha publicado Politico.

Este fin de semana, el ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, advirtió que Rusia podría ser capaz de lanzar un ataque contra un estado miembro de la OTAN en 2028 o 2029.

Según el informe elaborado por la Comisión, en la actualidad algunos países exigen un aviso previo de 45 días para permitir el paso de equipo militar de otro país de la UE por su territorio.

Kaja Kallas, alta representante de Asuntos Exteriores de la Comisión Europea, ha declarado que “el rápido movimiento de los ejércitos europeos es esencial para la defensa de Europa. La preparación defensiva depende fundamentalmente de si puedes llevar tus tanques y tropas a donde los necesitas, cuando los necesitas. Estamos proponiendo un sistema de emergencia para el transporte militar transfronterizo y una iniciativa para agrupar el transporte de los países miembros para facilitar el movimiento de tropas por todo el continente cuando Europa se enfrenta a amenazas de seguridad sin precedentes”.

Además, la propuesta pasa por la preparación para que las infraestructuras tengan doble uso, civil y militar. Para ello, se van a dedicar 17.650 millones de euros en el próximo presupuesto plurianual (2028–2034) para adecuar las infraestructuras a la movilidad militar y poner en marcha 500 proyectos para eliminar cuellos de botella a lo largo de los corredores prioritarios.

El comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius, ha señalado que “así nos aseguramos de que Europa pueda moverse como una sola, con la velocidad y coordinación que exigen nuestras demandas de seguridad. Nuestro objetivo es lograr una zona de movilidad militar en toda la UE para 2027 – un 'Schengen Militar', que permitiría un movimiento efectivo de transporte militar, el intercambio de sus activos por parte de los Estados miembros y la ayuda mutua en situaciones de emergencia”.

El plan también aboga por un único sistema de información de Movilidad Militar que permita a los países conocer las capacidades del resto de los países de la UE para que se puedan utilizar equipos de forma compartida.

Más inversión en tecnología militar

La comisaria europea de Tecnología y Seguridad, Henna Virkkunen, ha añadido que alrededor del 10% de la inversión en defensa debería destinarse a tecnologías como la inteligencia artificial y la computación cuántica que pueden tener aplicaciones militares y desarrolladas en la UE.

Las normas de adquisición de defensa se actualizarán el próximo año para que sea más rápido y fácil para las empresas más pequeñas ganar contratos y favorecer a más empresas europeas. La UE quiere que haya más proyectos de colaboración entre las startups de tecnología con los fabricantes tradicionales de armas, teniendo como ejemplo cómo se está desarrollando la guerra en Ucrania y teniendo en cuenta las amenazas hibridas que sufre Europa en la actualidad.

En la Comisión Europea destacan que “más de 230 startups de tecnología de defensa se han fundado en Europa desde la invasión de Ucrania en febrero de 2022 y la inversión privada en startups de defensa alcanzó un récord histórico en 2024”. Ahora es el momento de aprovechar este empuje y desarrollar una industria que, según la Comisión, es “de doble uso”.

Fuente: https://www.eldiario.es/internacion...

Miguel Moreno Mena

Un Guardia Civil ha sido detenido en Bilbao tras ser sorprendido con cerca de 120 kilos de cocaína mientras viajaba en el coche patrulla, según ha adelantado El Correo y ha podido confirmar Infobae España. Ha ocurrido en las inmediaciones del puerto. La investigación sigue su curso y la Comandancia de Bizkaia no ha querido precisar más detalles. EFE ha añadido que el detenido ingresará en prisión provisional.

Se trata de un agente veterano del área de Fiscal y Fronteras, pero que existía la sospecha en la comisaría desde hace tiempo, lo que hizo que iniciaran la investigación. No es el primer caso de un miembro de un cuerpo de seguridad que acaba en los juzgados por aprovechar su posición para unirse a una organización criminal.
Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Guardia Civil, han desarticulado un grupo criminal que introducía grandes partidas de cocaína ocultas en bolsas de ropa sucia por el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, ha informado este viernes la Jefatura Superior de la Policía de Madrid.

Según señala el periódico vasco, la investigación comenzó hace tiempo, bajo la dirección de la Guardia Civil, que obtuvo autorización judicial para intervenir sus comunicaciones y realizar labores de seguimiento. El agente fue detenido en el Puerto cuando circulaba en un coche oficial y transportaba 120 kilos de cocaína. Había recogido la droga dentro de las instalaciones portuarias y actuaba con la aparente seguridad de su condición de agente de la autoridad.

La noticia ha generado un gran revuelo al tratarse de un agente años de experiencia y con tiempo de servicio en el Puerto. Las fuentes consultadas por El Correo sostienen que empezó trasladando pequeñas cantidades de droga para un grupo criminal y que con el tiempo aumentó el volumen, facilitando así el tráfico ilícito desde el interior del recinto portuario.

La Comandancia ha confirmado que una cantidad de droga cercana a la comentada ha sido la encontrada en el coche. También han explicado que la investigación sigue en curso, de manera que no han querido dar más detalles sobre la detención de un compañero, al que las pruebas dificultan su futuro judicial.

Fuente: https://www.infobae.com/espana/2025...

Sánchez anuncia 615 millones para armar a Ucrania y 202 más para la reconstrucción.

Miguel González

España movilizará 817 millones de euros en apoyo a Ucrania, incluidos 100 millones para la compra “urgente y acelerada” de armamento estadounidense —fundamentalmente misiles antiaéreos para proteger las infraestructuras energéticas de los bombardeos rusos— a través de la OTAN. Así lo ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una comparecencia conjunta en La Moncloa con Volodímir Zelenski, con la que ha culminado la tercera visita a España del presidente ucranio.

De los 817 millones, el 75% (615 millones) corresponde a equipos militares que se entregarán antes de final de año: 300 millones en un lote de armamento de fabricación nacional; otros 215 a través del programa SAFE de la Unión Europea, que permitirá la producción de sistemas de defensa “muchos de ellos desarrollados por empresas españolas”, en palabras de Sánchez; y el resto, los citados 100 millones, a armamento estadounidense en el marco del programa PURL (siglas en inglés de “Lista de Requisitos Prioritarios para Ucrania”) de la OTAN. Estas cantidades ya estaban previstas en el acuerdo de cooperación en defensa y seguridad que, por valor de 1.000 millones anuales, firmaron Sánchez y Zelenski en mayo del año pasado.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, durante una rueda de prensa posterior a su reunión en el Palacio de la Moncloa, a 18 de noviembre de 2025, en Madrid (España).Foto: Fernando Sánchez (Europa Press) | Vídeo: EPV

Además, el Gobierno pondrá en marcha una línea de crédito para financiar con 200 millones la participación “directa y competitiva” de empresas españolas en la reconstrucción de sectores como los de agua energía y transporte; y aportará dos millones a un proyecto de Naciones Unidas para restablecer la calefacción en la localidad de Sammar, con 28.000 vecinos.

Consciente de que la financiación de la compra de armamento estadounidense es la parte más controvertida de la ayuda española, Zelenski ha calificado este apoyo de “muy importante” y ha subrayado que se trata de “un paquete urgente para afrontar el invierno”, con un coste total de unos 300 millones que serán sufragados por varios países de la OTAN e incluirá 40 misiles [antiaéreos Patriot] Block III”, capaces de interceptar los misiles balísticos rusos.

Por la mañana, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, había pedido a Pedro Sánchez que desista de su “deriva militarista” y no compre armas americanas para Ucrania, asegurando que la Administración de Donald Trump es la única beneficiada por la guerra y no quiere un proceso de paz, sino un “reparto colonial” del país.

Acompañado por la ministra de Defensa, Margarita Robles, Zelenski ha visitado la sede Indra, empresa líder de la industria militar española, donde ha mantenido una “reunión muy fructífera” con de directivos de las 13 principales compañías españolas del sector. El presidente ucranio se ha mostrado especialmente interesado por el radar desplegable de largo alcance LTR-25, producido por la tecnológica española, “sin parangón, único de su clase”, según ha destacado; y por los sistemas de defensa antidron; y ha abogado por impulsar la producción conjunta de armamento de alta precisión entre los dos países. Antes de la rueda de prensa se han firmado una serie de acuerdos, incluido uno entre la empresa ucrania Praktica y las españolas Tecnove y Escribano Mechanical & Engineering (EME) para producir en Ciudad Real vehículos blindados 4x4 con estaciones de armas por control remoto.

Procedente de París, donde este lunes acordó con el presidente francés, Emmanuel Macron, la compra de 100 aviones de combate Rafale durante la próxima década, Zelenski, vestido completamente de negro, ha llegado a primera hora de la mañana a Madrid. Su primera parada ha sido en el Palacio de las Cortes. Rodeado por un fuerte dispositivo de seguridad, ha sido recibido en el patio de la Cámara baja por los presidentes del Congreso, Francina Armengol, y del Senado, Pedro Rollán. Tras un breve saludo, el mandatario ha firmado en el libro de honor y antes de pasar al hemiciclo, donde ha contemplado los orificios causados por los disparos de los golpistas del 23-F, informa Paula Chouza.

A continuación, ha sido recibido en La Zarzuela por Felipe VI, quien le ha reafirmado el apoyo español a Ucrania en todos los ámbitos, diplomático, financiero y militar, y por todo el tiempo en que sea necesario, señalan fuentes de la Casa Real. Además, el Rey ha reiterado el apoyo de España al proceso de adhesión de Kiev a la Unión Europea y ha destacado los grandes progresos que ha realizado en ese camino, como reconoce el informe de ampliación de la Comisión Europea del pasado día 4, informa Belén Domínguez Cebrián.

Antes de acudir a La Moncloa, Zelenski ha visitado el Museo Reina Sofía donde, acompañado por Sánchez, ha podido contemplar el Gernika de Picasso, un cuadro al que se refirió durante una intervención por videoconferencia ante el Congreso y el Senado al inicio de la guerra, cuando comparó la invasión rusa de su país con el bombardeo de la villa vasca por la aviación nazi durante la Guerra Civil. “Estamos en abril de 2022, pero parece que estamos en abril de 1937″, dijo entonces.

Preguntado por el debate abierto en la UE sobre la forma de financiar la ayuda a Ucrania, Sánchez ha recordado que la posición española es que “los activos rusos congelados [en bancos europeos] tienen que ser utilizados para la reconstrucción del país que está siendo invadido”. Por su parte, Zelenski, que este miércoles viaja a Turquía, se ha mostrado muy cauto sobre el resultado de su conversación con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

Fuente: https://elpais.com/espana/2025-11-1...

Ana Oliveira Lizarribar

Más de 162 grupos de música de Euskal Herria han decidido eliminar su música de Spotify, por los intereses de la plataforma en la industria armamentística, y unirse, así, a la iniciativa Musikariak Palestinarekin.

"Han pasado más de dos años desde que el estado sionista de Israel intensificó violentamente la ocupación que hace tiempo lleva a cabo sobre el pueblo palestino. Esto, que se ha convertido en ruido de fondo, es nada menos que un genocidio. En este contexto, el pasado junio tuvimos noticia de algo que para muchas fue la gota que colmó el vaso: el dueño de Spotify, Daniel Ek, había hecho una inversión de casi 700 millones de euros en Helsing Defense, una empresa armamentística que desarrolla drones militares.". Así lo han expresado desde Musikariak Palestinarekin en una rueda de prensa celebrada en la librería Katakrak de Pamplona.

Más de 650 miembros

Este colectivo se creó a principios de agosto, de la mano de miembros de un par de grupos de música. En septiembre crearon el grupo motor y comenzaron a diseñar un plan de acción. "Empezando con amigas, acercándose a conocidas y llegando a conocidas de conocidas, las/os miembros del grupo notor se han reunido con gente muy diversa a través de correos electrónicos, llamadas de teléfono o un café", comentan.

"Compartiendo dudas y miedos, en el camino también se han encontrado con ilusión y agradecimiento", agregan. Tejer redes también ha sido lo que "ha dado sentido al boicot". Hace tres meses eran 7, hoy son más de 650. De todos modos, "tenemos muy claro que todavía no somos tantos como quisiéramos, tenemos muchas capas que atravesar. De esta forma, queremos aprovechar estas líneas para decir a todo el que quisiera meterse en la organización que tiene las puertas totalmente abiertas", indican.

Además, quieren dejar claro que la iniciativa Musikariak Palestinarekin "no ha nacido para hablar desde la moral", mucho menos para señalar a compañeras/os del gremio; pues "somos conscientes de que las prioridades y la casuística de las músicas de Euskal Herria son diferentes en cada caso".

Eso sí, "sabiendo que para Spotify no somos nadie, queremos fomentar esa misma premisa en la dirección contraria: que Spotify no sea nada para nosotras/os". "Somos conscientes de que las/os músicas/os de Euskal Herria no tenemos apenas capacidad de afectar económicamente a una plataforma de esa dimensión"; sin embargo, "creemos en que la mayor aportación que podemos hacer es el boicot colectivo y el mensaje que transmitimos a través de él".

Fuente: https://www.noticiasdenavarra.com/c...

Ángel Robles

El Tribunal Militar Central ha acordado este lunes la apertura del juicio oral contra los cuatro militares procesados por la muerte de dos soldados durante unas maniobras en la base de Cerro Muriano, en Córdoba capital, en diciembre de 2023. Se trata del último paso procesal para la celebración del juicio oral, tras la conclusión del sumario y la aclaración de un error material solicitada por la defensa de uno de los mandos investigados. La Fiscalía Jurídico Militar y las ocho partes personadas en el procedimiento -tanto defensas como acusaciones- tienen ahora un plazo de cinco días para presentar sus escritos de conclusiones provisionales, según consta en el auto judicial, al que ha tenido acceso El Día de Córdoba.

En mayo, el Tribunal Militar Central número 1 de Madrid confirmaba el procesamiento de los cuatro mandos por presuntos delitos contra los deberes del servicio por su presunta implicación en la toma de decisiones que llevó a la maniobra de cruce de lago que el 21 de diciembre de 2023 concluyó con la muerte del cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar, de 34 años, casado y natural de Villafranca de Córdoba, y del soldado Carlos León Rico, de 24 años. Los procesados son un teniente coronel, un comandante, un teniente y el capitán que ordenó la maniobra; en verano, todos fueron cesados por el Ministerio de Defensa.

La tragedia se produjo a primera hora de la mañana del día de autos, cuando un grupo de militares en formación debía cruzar un lago artificial ubicado en el interior de la base de Cerro Muriano. Las maniobras se habrían realizado con unas temperaturas muy frías, cercanas a los cero grados, y en unas condiciones de seguridad cuestionadas por la investigación.

De inmediato, los militares en prácticas se vieron "superados" por la situación y muchos de ellos salieron del agua como pudieron y con evidentes "síntomas de hipotermia". En un principio se dio por desaparecidos a los soldados León y Jiménez, cuyos cuerpos se hallaron a media mañana tras la intervención de submarinistas especializados de la Guardia Civil.

Sin medidas de seguridad "suficientes"

De acuerdo al auto de procesamiento, la maniobra en la que dos militares perdieron la vida carecía de "medidas de seguridad suficientes" y se realizó supuestamente "con unas condiciones de frío en el agua que la convertían en una actividad peligrosa", de acuerdo al auto del Tribunal Militar Central. Así, de las diligencias de instrucciones practicadas hasta el momento se deriva indiciariamente que el capitán "ideó una actividad sin medidas de seguridad adecuadas, con personal que carecía de instrucción y con unas condiciones de frío en el que hacía que hacían de esta práctica una actividad peligrosa".

"No parece que hubiera una adecuada valoración del riesgo ni que el capitán actuara con la pericia que le era exigible", razonaba el tribunal. Entre los motivos esgrimidos, enumera que "la cuerda utilizada no resultó ser apta para la función pretendida, no había experiencia previa de ejercicio militar en condiciones de frío ni se implementaron adecuadas medidas de seguridad para eliminar, reducir o paliar las consecuencias dañosas del riesgo". Todo ello, según el tribunal, sin perjuicio de lo que resulte en el juicio oral, donde se determinará si la conducta del capitán integra o no la figura delictiva que inicialmente se le achaca.

El cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar, de 34 años, casado y natural de Villafranca de Córdoba, ingresó como soldado en el Ejército de Tierra en 2011, siendo destinado al Regimiento de Infantería La Reina 2, donde permaneció tras ascender a cabo en 2019. Había participado en misiones en Letonia y Líbano, y se encontraba en posesión de dos cruces al mérito militar con distintivo blanco.

Por su parte, el soldado Carlos León Rico, de 24 años, soltero y natural de El Viso del Alcor (Sevilla), ingresó en el Ejército de Tierra el 8 de mayo de 2023 y estaba también destinado en el Regimiento de Infantería La Reina 2, con sede en la base militar del Ejército de Tierra en Cerro Muriano.

Fuente: https://www.eldiadecordoba.es/cordo...

La Voz REDACCIÓN
ASTURIAS

El Servicio de Salud del Principado (Sespa) ha decidido no prorrogar los contratos de compra que tiene vigentes con la farmacéutica israelí Teva y sacar a licitación de nuevo los medicamentos que suministra que cuenten con alternativas en el mercado.

Hasta el momento se han finalizado dos contratos, uno el 30 de septiembre, cuando se cumplía la cuarta y última prórroga para el suministro de uno de los principios activos que fabrica la multinacional israelí, y otra el pasado día 14, al vencer otra adjudicación al HUCA y no haberse comunicado la prórroga.

El 31 de enero y el 31 de julio del próximo año vencen los contratos de otros dos medicamentos para los que hay alternativas en el mercado, por lo que no se aplicarán las prórroga.

Manifestantes muestran su apoyo a Palestina y su rechazo a la participación del equipo Israel Tech durante la decimocuarta etapa de la Vuelta ciclista a España que se disputa este sábado sobre 135,9 kilómetros en Asturias con comienzo en Avilés y final en las duras rampas del Alto de la Ferrapona, en los lagos de Somiedo.

En el caso de suministro del Tolvaptan, un medicamento utilizado para tratar enfermedades renales, sólo hay una alternativa por lo que, según la consejera de Salud, Concepción Saavedra, hay que ser «cautelosos» a la hora de tomar una decisión sobre la primera prórroga de este contrato de suministro, que vence el próximo 31 de enero.

El Servicio de Salud del Principado ya remitió en septiembre una carta a la farmacéutica para anunciar su intención de no renovar los contratos vigentes tras su finalización, medida que se ha adoptado frente a la anulación o resolución de contratos porque, según la consejera, es un proceso más ágil y evita pagos añadidos a la administración.

«La opción más eficiente es dejar que los contratos finalicen, lo que evita indemnizaciones y permite al Sespa preparar nuevas licitaciones con tiempo suficiente», ha señalado la consejera en respuesta a una pregunta formulada por la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, en el pleno de la Junta General del Principado.

Tomé había pedido al Gobierno del Principado que resolviese todos los contratos con empresas que, directa o indirectamente, realicen actividades comerciales o económicas «en asentamientos ilegales en territorios palestinos ocupados», como el suscrito por el Sespa con la farmacéutica Teva.

La consejera ha coincido en que «hay que hablar del dolor y rechazo que supone el genocidio en Gaza, que sigue ocurriendo», pero también ha advertido de que, aunque hay que tomar decisiones, y no solo palabras, debe hacerse desde los principios de racionalidad, proporcionalidad y transparencia, y sin comprometer recursos públicos, informa Efe.

Fuente: https://www.lavozdeasturias.es/noti...

Acción directa de Extinction Rebellion en una oficina madrileña de la empresa armamentística Indra

Margarita Robles denuncia un ataque de Israel contra cascos azules españoles de la ONU en Líbano

elDiario.es

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha denunciado que cascos azules españoles de la Fuerza Provisional de Naciones Unidas en Líbano (FPNUL) sufrieron un ataque israelí el domingo mientras patrullaban en el sur del país árabe, donde Israel sigue operando y desplegado en varias colinas a pesar del alto el fuego que está en vigor desde hace casi un año.

En una entrevista en el marco de un foro celebrado por Atresmedia, la ministra de Defensa ha asegura que “los soldados están todos bien” y que España ha transmitido una queja por el ataque que se produjo el domingo en torno a las 06.00 horas de la mañana, mientras patrullaban en su zona, según ha detallado Robles.

La titular de Defensa ha empleado las mismas palabras de condena del comunicado emitido por la propia FPNUL o UNIFIL (por sus siglas en inglés), que exigió a las Fuerzas de Defensa de Israel que “cesen todo comportamiento agresivo y los ataques contra o cerca de las fuerzas de paz, que trabajan para apoyar el retorno a la estabilidad que tanto Israel como Líbano dicen buscar”.

La FPNUL dijo que las tropas israelíes abrieron fuego contra las fuerzas de paz desde un tanque, cerca de una posición israelí en territorio libanés. “Los proyectiles de ametralladora pesada impactaron a unos cinco metros de las fuerzas de paz, que se desplazaban a pie y tuvieron que refugiarse en el terreno”, señaló en el comunicado. “Las fuerzas de paz pudieron retirarse a salvo treinta minutos después, cuando el tanque se replegó”, agregó, destacando que nadie resultó herido.

Por su parte, el Ejército israelí admitió el domingo haber abierto fuego contra cascos azules tras confundirlos por “sospechosos”. “Tras una revisión se determinó que los sospechosos eran soldados de la ONU que realizaban un patrullaje en la zona y fueron clasificados como sospechosos debido a las malas condiciones climáticas”, explicó en un comunicado.

Además, el Ejército afirmó que sus tropas no dispararon “deliberadamente contra los soldados de la UNIFIL” y que “el incidente está bajo investigación”, como siempre dice cuando se producen estos sucesos.

No es la primera vez que las fuerzas israelíes abren fuego contra integrantes de la FPNUL en el sur de Líbano, donde la misión de la ONU está desplegada desde hace años para mantener la paz entre Israel y el grupo chií libanés Hizbulá a lo largo de la denominada “línea azul”. Sin embargo, los cascos azules han estado más expuestos a los ataques israelíes desde que este país lanzó hace un año una ofensiva terrestre en suelo libanés, donde sigue manteniendo presencia militar en cinco puntos consideras estratégicos.

A finales de noviembre del año pasado, entró en vigor un alto el fuego pactado con la mediación de Estados Unidos, pero Israel no ha dejado de bombardear supuestos objetivos de Hizbulá en Líbano y se niega a retirar sus tropas por completo.

Fuente: https://www.eldiario.es/internacion...

Redacción El Salto

Un centenar de activistas del colectivo Extinction Rebellion (XR) ha irrumpido en la sede de la multinacional tecnológica Indra, especializada en seguridad y defensa, en el barrio de San Blas (Madrid) para denunciar la inversión militar frente a la necesidad de destinar fotos para mitigar la crisis climática.

A primera hora de la mañana varios activistas han entrado en el hall de las oficinas desplegado una pancarta en la que se podía leer “Aquí se carga la maquinaria de la muerte“ mientras varias decenas más se concentraban en la puerta del edificio y colocaban réplicas de misiles en el suelo. Asimismo, varias personas simulaban ser ejecutivos de la empresa y arrojaban pintura roja sobre las escaleras de la entrada “representando la sangre de las personas asesinadas por la industria militar”, señalan desde XR.

La organización, centrada en la denuncia de la crisis climática través de acciones de desobediencia civil no violenta, ha querido denunciar cómo en plena Cumbre del Clima (COP30) de Brasil, el mundo está inmerso en una espiral de aumento de gasto militar mientras los fondos necesarios para frenar el cambio climático no acaban de llegar.

“La temperatura global ya ha superado el límite de 1,5ºC del Acuerdo de París, el límite establecido por la ciencia para evitar los peores escenarios”, señala una portavoz del colectivo, “y las emisiones no solo no han bajado, si no que han seguido aumentando en el último año y las consecuencias ya las vivimos aquí, con la DANA que arrasó Valencia o los incendios que han devastado medio país este verano”. Es por ello que XR busca poner el foco en las inversiones en la industria militar, las cuales representan el 5,5% de las emisiones globales, según el Centre Delàs d'Estudis per la Pau, una organización especializada en el análisis de los presupuestos de defensa.

XR denuncia asimismo que Indra, cuyo mayor accionista es el Estado español, “ha sido la gran beneficiada de los más de 14.000 millones de euros del Plan Rearme UE que el Gobierno ha repartido a dedo”. “A la alarmante situación climática y ecológica, sumamos hoy una preocupante militarización de los Estados, la opresión del pueblo saharaui y los genocidios en Palestina, Congo, Sudán y Yemen. La inversión militar solo va a traer más muertes y destrucción de ecosistemas”, lamenta la portavoz del colectivo.

Es por ello que desde el colectivo llaman a la sociedad a organizarse y rebelarse “contra un sistema que le ha declarado abiertamente la guerra a la vida”, exigiendo un cambio de rumbo hacia “un sistema que priorice la vida sobre el beneficio económico”.

https://www.elsaltodiario.com/cop30...