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Pues ya lo tenemos.

El Gobierno ha dado su respuesta a las manifestaciones de los últimos días en contra del rearme y la militarización. Más madera para el militarismo.

En el último Consejo de Ministros se han comprometido gastos militares con cargo a presupuestos de años futuros por importe de 15.635 millones de euros para comprar 12 nuevos programas de armas que no necesitamos.

Por hacernos una idea más o menos aproximada de lo que supone este dineral, podemos calcular que es aproximadamente la mitad del presupuesto de la Comunidad de Cataluña, algo más de la mitad de la de Madrid, casi la totalidad de la de País Vasco o algo más del 75% de la de Valencia. O si queremos ejemplos más de andar por casa, para multiplicar por 78 veces el déficit que las universidades públicas de Madrid dicen que les provocan los recortes de la malcarada Ayuso, o para algo más que doblar todo el presupuesto de investigación y ciencia del estado.

Si comparamos lo aprobado por el Consejo de Ministros desde enero al pasado martes 10 de junio con lo gastado hasta el 30 de junio de 2024, resulta que ya hemos superado en tres veces todo lo aprobado el año anterior, para situarnos en un gasto aprobado en lo que va de año de 32,871,16 millones de euros, gran parte, como las partidas aprobadas ayer, para pagar en sucesivos años e hipotecar con ello a las sucesivas generaciones, que sin arte ni parte se verán con el compromiso de pagar unas armas comprometidas por el gobierno más militarista y no menos cínico de los que le precedieron (porque sus ministros de la minoría dicen que si aumenta el gasto militar se irán del gobierno pero bien que se aferran como lapas a las poltronas desde las que se aprueba ese gasto), de los que tengo recuerdo.

A estas cifras podemos sumar otras, como los rendimientos atípicos que consigna en su ultima estadística de ejecución de gasto IGAE referida al mes de abril de 2025, en la que aparecen más de 200 millones que se han calzado en Defensa (probablemente por ventas de bienes que hace el INVIED; segundo terrateniente del estado, para reinvertirlos en armas e instalaciones militares).

Mientras el crecimiento desmesurado de lo militar sigue en aumento acelerado, ya se notan recortes presupuestarios en otros ministerios, como es el caso de educación (más de 1000 millones restados a su exiguo presupuesto, con singular impacto en cualificación laboral con -450 millones, innovación e internacionalización, con - 200 de FP y educación infantil con -140, como especiales damnificados) o de ciencia e innovación, que también palma lo suyo.

Y eso sin contar con que lo que ahora aprueban para pagar luego cargará de deuda los ejercicios futuros y, por si fuera poco, blindará los intereses militares y de esta recua de creyentes en el keynesianismo militar para el caso -¡no lo quiera Dios!- de que en algún momento haya un gobierno transformador y dispuesto a poner por encima de la seguridad militar y sus bandidajes la seguridad humana y sus esperanzas.

Los lobbies militares y la banca se estarán frotando las manos con esta inclinación gravitatoria del gobierno político militar, mientras algunos nos volvemos a preguntar, como en su día hacía Agustín de Hipona (de moda ahora por eso del papa de su logia) en qué se diferencia un gobierno de una banda de malhechoras, cuando unos y otros usan las mismas tretas y tratan del mismo modo, como el orín de los perros, que dijo León Felipe, a la idea de la justicia y esas cosas en las que, a pesar de todo, sigue siendo preferible depositar nuestras confianzas, aunque sean poéticas.

De modo que en nuestras manos está rendirnos a la evidencia de que estos chorizos se van a zampar todo el pan, nos pongamos como nos pongamos, y encima pitorreándose de todas nosotras con ese mantra de que peor sería si gobernaran los «hotros» o armar la de dios es cristo para que les pase factura su sedicente preocupación por que nadie se quede atrás.

Porque para hacer lo que las derechas rancias harían, no parece que lo lógico sea depositar confianza alguna en esta panda de atorrantes dirigidos por un pirómano, y bien que estaría que los manden a todos al carajo de la vela.

Danilo Albin

Bilbao-06/06/2025 21:35

Los agentes antidisturbios de Túnez tienen capacitación española. En febrero pasado, tres miembros de la Brigada de Paracaidistas (BRIPAC) del Ejército acudieron a ese país del norte de África, cuyas autoridades han sido señaladas en reiteradas ocasiones por vulnerar los derechos humanos, para adiestrar a las tropas locales en técnicas de represión contra multitudes.

"La misión consistió en instruir a una selección de cuadros de mando de diferentes unidades tunecinas en tácticas, técnicas y procedimientos de control de masas", señala el brigada Ignacio González Frutos, integrante de este cuerpo militar, en un informe publicado en el último número de Boina Negra, la revista oficial de la unidad de paracaidistas del Ejército que se edita bajo la responsabilidad del Ministerio de Defensa.

González relata que "a lo largo de dos semanas, el equipo de instructores formado por tres miembros de la Sección de Policía Militar de la BRIPAC, fue desarrollando un plan de instrucción sobre la materia combinando sesiones teóricas con ejercicios prácticos, de forma que abarcara los aspectos más relevantes de este tipo de actividad".

Los alumnos seleccionados para participar en el curso ofrecido por los agentes españoles provenían del Cuerpo de Policía Militar del Ejército tunecino y de diversas brigadas de infantería, mientras que el Batallón del Cuartel General de dicho Cuerpo ejerció como "unidad anfitriona".

El adiestramiento incluyó "desde nociones de psicología de masas, hasta el despliegue y maniobra en diferentes formaciones, pasando por las técnicas de lanzamiento de medios antidisturbios". De esta manera, "los alumnos fueron aprendiendo y practicando los procedimientos básicos propios de este campo de actuación", señala González.

Tiradores de precisión

Este curso coincidió con otra formación ofrecida en esas mismas fechas por militares españoles a efectivos tunecinos. Durante la primera semana de febrero de este año, miembros de la Compañía de Reconocimiento Avanzado (CRAV) del Regimiento de Infantería de Nápoles número 4, con sede en Paracuellos de Jarama (Madrid), instruyeron a tiradores de precisión en la Arms Basic Training School de la localidad de Al-Hamma.

Según otra reseña publicada por la revista oficial de la BRIPAC, participaron 14 oficiales y suboficiales tunecinos. En este curso, señalan los militares españoles, hubo "diversos ejercicios de fuego real".

Público contactó con el Ministerio de Defensa para consultar si estaba al corriente del curso sobre "control de masas" ofrecido por los miembros de la BRIPAC en Túnez. De momento no ha habido respuesta.

Violaciones de derechos humanos

Estas acciones de formación militar a agentes tunecinos tuvieron lugar pese a las denuncias de vulneraciones a los derechos humanos que se registran en ese país. Según el último informe anual de Human Rights Watch (HRW), en 2024 "las autoridades tunecinas intensificaron la represión de la oposición política y otras voces críticas llevando a cabo detenciones masivas, encarcelando a periodistas y atacando a grupos de la sociedad civil".

La organización de derechos humanos señala que durante 2024 "más de 80 personas fueron detenidas por motivos políticos o por ejercer sus derechos fundamentales, incluidos opositores políticos, activistas, abogados, periodistas, defensores de derechos humanos y usuarios de redes sociales".

Por su parte, Amnistía Internacional señala en un documento que el año pasado "las autoridades utilizaron reiteradamente cargos infundados de 'obstrucción', término carente de claridad jurídica, para detener arbitrariamente, procesar y declarar culpables a personas por el mero hecho de ejercer su derecho a la libertad de reunión pacífica, incluido el derecho a fundar sindicatos o afiliarse a ellos y a organizar huelgas o participar en ellas".

El 20 de junio de 2024, "la policía de la ciudad de Tabarka citó a la defensora ambiental y de los derechos humanos Rania Mechergui para interrogarla en relación con una protesta pacífica celebrada el 11 de junio en demanda de acceso al agua".

Posteriormente, entre el 12 y el 16 de agosto, los agentes citaron a 23 sindicalistas y trabajadores y trabajadoras para someterlos a interrogatorio en relación con una serie de manifestaciones pacíficas en la capital de Túnez "para exigir mejores condiciones laborales, salarios y acceso a la seguridad social".

Asimismo, HRW denunció que "las fuerzas de seguridad tunecinas continuaron cometiendo abusos contra migrantes, solicitantes de asilo y refugiados con impunidad". Pese a ello, "la Unión Europea continuó sus esfuerzos para fortalecer la cooperación migratoria con Túnez a pesar de las continuas violaciones", señala el organismo de derechos humanos.

Público

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El movimiento de Insumisión fue una gran campaña de desobediencia civil en contra del ejército y la militarización de la sociedad, impulsado por el Movimiento de Objeción de Conciencia (MOC) y otras organizaciones antimilitaristas como el Colectivo Antimilitarista Pro Insumisión (CAMPI), Milikk o Kakitzat.

Los insumisos eran aquellos que, tras la aprobación de la Ley de Objeción de Conciencia de 1984, se negaban a realizar el Servicio Militar Obligatorio y la Prestación Social Sustitutoria, y se organizaban por la abolición de la ley y la institución militar. Alrededor de 1.500 jóvenes fueron encarcelados al negarse a cumplir estas obligaciones.

Con la abolición del Servicio Militar Obligatorio en 2001 y la retirada de los antecedentes a los condenados, el movimiento alcanzó su objetivo principal y dejó un legado en los movimientos sociales antimilitaristas en todo el estado.

Con el objetivo de difundir la memoria fotográfica de estos colectivos sociales pioneros en la defensa de ideales pacifistas, se ha realizado la actividad de refotografía titulada ‘Insumisión. La memoria desobediente”

Fuente: https://ladigitalizadora.org/colecc...

Aristóteles Moreno Villafaina

Casi 60.000 asesinados y 20 meses después de bombardeos sistemáticos que han reducido Gaza a cenizas, el Ministerio de Ciencia e Innovación mantiene plena vigencia de sus acuerdos de cooperación académica e institucional con el Gobierno de Benjamín Netanyahu. Su principal instrumento público, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que agrupa a 121 institutos por toda España y cuenta con más de 15.000 empleados, conserva inalterada su agenda de colaboración con Israel y sus instituciones pese al creciente malestar interno por su pasividad ante una operación militar escrutada por la Corte Internacional de Justicia como posible genocidio.

El mutismo del Ministerio de Ciencia contrasta drásticamente con la inmediata reacción mostrada hace tres años tras la invasión de Ucrania el 24 de febrero de 2022. En aquella ocasión, el departamento que dirige Diana Morant tardó exactamente 14 días en suspender indefinidamente todo tipo de relaciones académicas y científicas con la Rusia de Putin. En un firme y contundente comunicado, el Ministerio subrayó que la cooperación científica solo es posible si existen unos "valores comunes mínimos" y calificó de "inaceptable" la "agresión" ordenada por Moscú.

Esa doble vara de medir ante dos casos flagrantes de violación del derecho internacional, Ucrania y Palestina, es lo que ha empujado a un creciente número de científicos e investigadores españoles a exigir al Gobierno la adopción de medidas efectivas contra el Ejecutivo israelí, objeto de una orden de arresto internacional por cometer crímenes de guerra y lesa humanidad. Una campaña impulsada por CSIC x Palestina en la plataforma Change.org exige el fin de la colaboración científica con Israel en los mismos términos en que se decretó con Rusia.

El manifiesto recuerda que el Ministerio de Ciencia actuó con "extremada rapidez" tras la invasión de Ucrania en la imposición de sanciones y la suspensión de "todas las relaciones de colaboración científica, académica e institucional". Y subraya que Israel ha desatado una ofensiva "aún más brutal", que incluye crímenes documentados, que suponen un "claro y horrible genocidio". En estos veinte meses de ofensiva militar, señala el texto, "el CSIC ha permanecido callado y sin actuar para desesperación de miles de sus trabajadores". La petición superaba días atrás las 1.350 firmas.

No es la primera iniciativa protagonizada por la comunidad científica. En junio de 2024, una declaración firmada por decenas de investigadores y técnicos del CSIC exigía el fin de las operaciones militares, deploraba la destrucción de los centros de investigación palestinos y solicitaba la "revisión" y, en su caso, "suspensión" de los acuerdos de colaboración del CSIC con universidades y entidades israelíes que "no hayan expresado un firme compromiso con el cumplimiento del derecho internacional humanitario".

Otros organismos integrados en el CSIC también han manifestado públicamente su rechazo a la ofensiva contra Gaza y han demandado la adopción de medidas firmes por parte del Ministerio de Ciencia. Es el caso de la Escuela de Estudios Árabes, el Instituto de Ciencias del Patrimonio (Incipit) y de otros centros de investigación. También la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) se pronunció formalmente contra las operaciones militares y se comprometió también a "revisar" y, en su caso, "suspender" los convenios de cooperación con las universidades de Israel. Un año después, el CSIC sigue sin expresar ningún posicionamiento oficial. Público ha planteado varias preguntas por correo electrónico al Ministerio de Ciencia y al CSIC y no ha recibido hasta ahora respuesta.

En noviembre de 2023 ya instaron al CSIC a que se pronunciara. Fue un mes y medio después de los atentados terroristas de Hamás que costaron la vida de casi 1.200 israelíes y la devastadora respuesta de Tel Aviv. En el consejo rector de la entidad, la representante de CCOO, Alicia Durán, investigadora del Instituto de Cerámica y Vidrio, presentó un escrito denunciando el "terrible genocidio" de Gaza y reclamando la cancelación de la cooperación científica con Israel "financiada con fondos propios".

El CSIC evitó pronunciarse entonces bajo el argumento de que el Ministerio de Ciencia no había emitido una posición al respecto. "Yo indiqué que en el caso de Ucrania la respuesta fue inmediata y se rompieron todas las relaciones con Rusia", asegura la investigadora en conversación telefónica. La presidenta del organismo estatal, Eloísa del Pino, siempre según la representante de CCOO, aludió a una reunión del conocido como G6, que agrupa a los grandes centros de investigación europea. En aquel encuentro no solo no se estudió ninguna medida de sanción contra Israel sino que hubo que frenar a Alemania, que propuso reforzar la colaboración científica con el Gobierno de Tel Aviv.

Un año después, en noviembre de 2024, Durán volvió a presentar una propuesta ante el consejo rector del CSIC, con decenas de miles de muertos más sobre la mesa y la orden de detención internacional de Netanyahu por presuntos crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Tampoco hubo reacción entonces por parte del máximo órgano científico de España.

"Es una vergüenza total que estemos asistiendo todos los días por televisión a la matanza de niños y civiles y no esté pasando nada", lamenta. En el caso de Ucrania se produjo una "unidad monolítica" del espacio europeo frente a Moscú, recuerda la investigadora y representante sindical.

Ella propuso, al menos, que las convocatorias internas financiadas directamente por el CSIC, en relación a i-LINK y i-COOP, excluyeran a las instituciones israelíes. En la última convocatoria, sin embargo, Israel fue consignado como "socio preferente". "Escribí inmediatamente a la Presidencia del CSIC y se excusaron diciendo que se trataba de un error", indica.

El movimiento internacional BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones) también plantea la necesidad de activar un bloqueo académico de las instituciones israelíes. A su juicio, las universidades del país hebreo son "cómplices importantes, intencionales y persistentes" de la ocupación militar de los territorios palestinos, así como del "colonialismo de asentamiento" que practica Israel desde su fundación y el "régimen de apartheid". Además, están involucradas en el desarrollo de sistemas de armamento y doctrinas militares desplegadas en los "crímenes de guerra cometidos en Líbano y Gaza". BDS, sin embargo, es partidario de aplicar el boicot a las instituciones israelíes pero no a los individuos.

"Hay una doble moral y una doble vara de medir evidente si se compara con Rusia y Bielorrusia, con las que el Ministerio vetó cualquier colaboración científica tras la invasión de Ucrania", asegura Miguel Camblor, investigador del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, vinculado al CSIC. "No tiene el más mínimo sentido seguir manteniendo la colaboración con Israel, sobre todo, después de que Pedro Sánchez haya reconocido que se trata de un genocidio", señala Camblor, activo en la defensa del derecho internacional conculcado en los territorios ocupados.

El químico cree que la disparidad de criterios usados por el Gobierno responde al hecho de que Rusia ha sido siempre un "potencial enemigo" mientras que Israel tiene una "gran influencia en el mundo occidental" y su industria armamentística goza de una enorme penetración comercial en España. Sobre la utilidad de este tipo de acciones de boicot, Camblor duda de que vaya a doblar el brazo de Netanyahu, empeñado en "acabar con Gaza y evitar que los palestinos vuelvan a su tierra", pero al menos logrará "sacar los colores al Gobierno y el CSIC" por seguir colaborando con Israel. "No podemos quedarnos en silencio mientras vemos lo que está pasando", clama el investigador.

No todos los científicos del CSIC comparten esa idea. Lucas Oro Hershtein, filósofo investigador del Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo (ILC), sostiene que el boicot "no tiene sentido" en tanto y cuanto descansa sobre una serie de "errores conceptuales y metodológicos". El primer equívoco, según su prisma, es "confundir Gobierno con Estado y Estado con país". Y, por tanto, la sociedad no tiene por qué hacerse cargo de las políticas desarrolladas por los diferentes gobiernos.

"Cuando uno boicotea a las universidades, está boicoteando al conjunto de la sociedad. No está boicoteando a un Gobierno ni a un ministro", argumenta el profesor Oro, que con anterioridad ha investigado en las universidades de York (Reino Unido) y Hamburgo (Alemania). El pasado 22 de mayo, Oro inició como coordinador un ciclo de conferencias sobre Resonancias Judeo Islámicas en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales de Madrid. El primer invitado fue Ehud Krinis, profesor de la Universidad Ben Gurion (Israel) y voluntario en proyectos de cooperación con familias palestinas al sur de Hebrón "para mejorar sus condiciones de vida", aclara Oro.

"Como judío me rompe el alma ver muchísimas cosas que pasan y que se hacen en mi nombre", explica por videoconferencia. El filósofo del CSIC está convencido de que el conflicto se puede solucionar. Y cita el modelo de los dos Estados, una confederación o un ente plurinacional como posibles salidas a la sangrienta espiral que martiriza Oriente Medio. "Lo que hay que hacer es invertir tiempo, energía y recursos económicos en apoyar a la gente que trabaja por la paz" y que, a su juicio, es mucho más numerosa de lo que comúnmente se cree. "He dedicado mi vida a estudiar el vínculo entre judíos, árabes y musulmanes", asegura.

El boicot académico y científico a Israel tiene como modelo el que se organizó en los 90 frente al régimen racista de Sudáfrica. Muchos activistas están convencidos de que este tipo de sanciones provocan una erosión significativa en el sistema de apartheid. Es también la opinión de José Cristóbal Carvajal, investigador del Instituto de Ciencias del Patrimonio (Incipit), con sede en Santiago de Compostela. "Tenemos que suspender las relaciones institucionales y académicas con Israel hasta que no se produzca un cambio significativo del Estado israelí o de sus entidades científicas", asegura.

Carvajal es partidario de las directrices marcadas por el movimiento BDS, particularmente escrupulosas a la hora de focalizar el boicot en las instituciones y no en los investigadores. "El comité del BDS está controlado por organizaciones palestinas de base y establece unos límites claros al boicot además de un respeto sagrado a la libertad individual de los académicos", razona el experto en arqueología islámica.

Y lamenta el doble rasero utilizado por la UE con Rusia e Israel. "Yo creo que hay un cierto racismo inherente en esta cuestión. Parece que las víctimas palestinas son menos víctimas por el hecho de ser palestinas. La UE no aplica los derechos humanos con el mismo rasero", protesta. Bajo su percepción, en la comunidad científica española hay muchos investigadores "horrorizados" con la masacre de Gaza, aunque otro sector defiende que la ciencia debe mantenerse al margen de la política.

Fuente: https://www.publico.es/internaciona...

Nathalie Schils

Puerto Rico, oficialmente el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, es un territorio no incorporado de los Estados Unidos que cuenta con autogobierno democrático.

Puerto Rico cuenta con 13.792 km² y una población de 3'2 millones de habitantes.

Los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses desde 1917, cuando el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley Jones. Aunque su relación con Estados Unidos es similar a la de un estado de la Unión ​y se le permitió la redacción de una Constitución para el manejo de asuntos internos, está sujeto a los poderes plenos del Congreso estadounidense mediante la Cláusula Territorial. Esto significa que el poder de ejercer su soberanía recae en el Congreso de los Estados Unidos. Los ciudadanos estadounidenses residentes en Puerto Rico no pueden votar en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, a menos que dispongan de residencia oficial en alguno de los cincuenta estados o en el Distrito de Columbia. Si es así, pueden trasladarse a su lugar de residencia y votar presencialmente o utilizar el procedimiento de voto a distancia (ballot absentee).

Desde 1938, la Armada de los Estados Unidos ha ocupado una parte significativa de la isla puertorriqueña de Vieques, una isla de 137 kilómetros cuadrados ubicada a 13 kilómetros al este de Puerto Rico continental. A finales del siglo XX, la Armada de los Estados Unidos controlaba más del 70 % de la isla. Miles de sus 10.000 habitantes fueron desalojados forzosamente de sus hogares y reubicados en la parte central, rodeada de campos de entrenamiento, depósitos de armas y emplazamientos de bombas a ambos lados.

Según la BBC: La Marina de EE.UU. llegó a Vieques, un pueblo que en la actualidad tiene unos 9.000 habitantes, a principios de la década del 1940. Miles de personas sufrieron expropiaciones y fueron desplazadas. Los militares ocuparon el 75% del territorio.

«Por los problemas defensivos de la Segunda Guerra Mundial y luego de la Guerra Fría, Vieques jugó un papel importante como base militar de adiestramiento para el ejército estadounidense, pero también como un puente muy estrecho desde el Caribe hacía las instalaciones más grandes que tenía EEUU. en América Latina», explica Carlos Severino Valdés, un doctor en geografía que fue el representante de Vieques ante el gobierno central de Puerto Rico.

La llegada del ejército a Vieques, así como a Culebra, otra isla municipio que fue usada como base militar, fue un suceso «traumático» para los locales, continúa el profesor, quien además fue rector del principal campus de la Universidad de Puerto Rico en San Juan.

«El ruido era terrible [el de los bombardeos] a cada momento y obviamente muchas personas sufrían crisis nerviosas, estrés prolongado y otras enfermedades de salud mental».

Pero el daño, han denunciado activistas y expertos, también llegó el medio ambiente y a la salud física de los habitantes locales. «El paisaje terrestre y submarino también sufrió por las constantes detonaciones de armamento vivo», explica el académico.

Además, entre los residentes de la Isla Nena, como se conoce también a Vieques, se han registrado altas tasas de cáncer, hipertensión y condiciones respiratorias, en comparación con el resto de Puerto Rico. Un estudio epidemiológico citado por el periódico británico The Guardian señala que los viequenses tienen un 30% de mayor probabilidad de morir de cáncer.

Algunos en vieques alegan que estos registrosse relacionan a la exposición de la población a armamento que presuntamente contenía químicos como napalm, uranio empobrecido y plomo.

Según la Armada de los Estados Unidos, la isla se utilizó para prácticas con fuego real, bombardeos aire-tierra, bombardeos de buque a costa y otras maniobras. Otros países también la utilizaron con fines de entrenamiento. Durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, Vieques y otras islas del Caribe sirvieron como importantes bases militares para las fuerzas armadas estadounidenses. En 1998, se lanzaron 23.000 bombas sobre la isla y se realizaron entrenamientos reales 180 días al año. Además, el municipio enfrentaba una tasa de desempleo superior al 50 % y más del 70 % de la población vivía por debajo del umbral de pobreza. Una campaña para desalojar a la Marina de los Estados Unidos dos décadas antes había fracasado tras el estallido de violencia, y el gobernador puertorriqueño se vio obligado a firmar un acuerdo de buena vecindad con Estados Unidos para garantizar la continuidad del apoyo financiero (véase “Puertorriqueños protestan contra la presencia de la Marina de los Estados Unidos en la isla de Vieques, 1977-1983”).

Tras el colapso de la Unión Soviética a finales del siglo XX, Estados Unidos comenzó a reevaluar su presencia en diversas bases militares alrededor del mundo. Los habitantes de Vieques esperaban que las dos bases de la Marina en la isla se encontraran entre las clausuradas. Cuando Vieques no fue incluida en la lista, el movimiento popular se revitalizó en su lucha por expulsar a la Marina estadounidense y devolver el control de la isla a los ciudadanos puertorriqueños. En las dos décadas transcurridas desde la campaña de los pescadores contra Estados Unidos, la conciencia sobre los peligros de la contaminación tóxica había aumentado considerablemente. Las preocupaciones de los residentes ahora giraban en torno a los desechos químicos, el daño ambiental causado por los bombardeos, la contaminación del agua y el aumento de las tasas de cáncer.

Aunque el Comité pro Rescate y Desarrollo de Vieques (CPRDV) y otros protestaron contra la presencia de la Marina de los Estados Unidos en la isla durante la década de 1990, no fue hasta un grave accidente en abril de 1999 que la campaña comenzó a ganar un apoyo más amplio. El 19 de abril de 1999, David Sanes Rodríguez, un guardia de seguridad civil, murió cuando dos aviones F-18 fallaron dos bombas de 500 libras. Un año después de su muerte, se habían establecido catorce campamentos de protesta en Vieques y en otras bases navales de Puerto Rico. Los manifestantes, actuando como escudos humanos, lograron detener las maniobras militares durante un año escalando cercas y viajando en barco para ocupar bases militares cerradas. La Alianza de Mujeres Viequenses (AMV), formada en mayo de 1999 en respuesta a la muerte de Rodríguez, organizó manifestaciones a las puertas de las bases navales de Vieques, golpeando cacerolas y distribuyendo cintas blancas para simbolizar su deseo de paz. En junio, la AMV organizó una procesión de 100 vehículos que llegó a las puertas del Campamento García, en la costa este de la isla. Los vehículos bloquearon el tráfico y miembros de la AMV ataron cientos de cintas a la cerca. Lemas como «ni una bomba más» y discursos pidiendo el cese inmediato de los bombardeos y los ejercicios de entrenamiento continuaron durante el verano y el invierno de 1999 y 2000. En julio, también se produjeron protestas en Roosevelt Roads, una base militar en Puerto Rico continental. En diciembre de 1999, los manifestantes construyeron el Campamento Paz y Justicia a las puertas del Campamento García. Se realizaron vigilias de oración los sábados por la noche con el apoyo de la Iglesia Católica hasta que el campamento de protesta fue derribado y 224 activistas fueron arrestados en mayo de 2000. En febrero de 2000, 150.000 personas participaron en la Marcha por la Paz para Vieques en San Juan.

La población en los campamentos de protesta demostró el gran atractivo de la lucha contra la presencia de la Marina de los Estados Unidos. Amas de casa, ambientalistas, activistas independentistas, grupos religiosos, pescadores, estudiantes y miembros de diversos partidos políticos se unieron. Tanto el Partido Independentista Puertorriqueño como el Partido Socialista Puertorriqueño apoyaron el retiro de la Marina de los Estados Unidos de Vieques y otros lugares de Puerto Rico. La Federación Puertorriqueña de Maestros colaboró ​​proporcionando educación y literatura sobre desobediencia civil, y el Colegio de Abogados de Puerto Rico ofreció asesoría legal gratuita y asistencia a los manifestantes arrestados. Celebridades como los artistas musicales Ricky Martin y Rosie Pérez, los campeones mundiales de boxeo Félix Trinidad y José Torres, y la Miss Universo Denise Quiñones, visitaron los campamentos en solidaridad con los manifestantes. Partidarios de la desobediencia civil, como el Dalai Lama, el reverendo Jesse Jackson y Rigoberta Menchú, también visitaron los campamentos de protesta en 1999 y 2000. Por último, varios políticos estadounidenses apoyaron la lucha de Vieques, aunque lo más probable es que esto consiguiera el apoyo del electorado puertorriqueño.

Miembros del AMV y del CPRDV enviaron delegados a Washington, D.C. y a otras ciudades de Estados Unidos para obtener mayor apoyo en su lucha. La diáspora puertorriqueña se unió a los manifestantes y exigió acciones a sus representantes en el Congreso. Un ejemplo de este apoyo fue el Desfile del Día de Puerto Rico del año 2000, dedicado a la lucha de Vieques y que incluyó lemas, pancartas y consignas contra la Marina de los Estados Unidos. Además, la Red de Apoyo a Vieques, con sede en Washington, y el Comité de Solidaridad con Puerto Rico ayudaron a forjar alianzas entre los habitantes de Vieques y sus simpatizantes en Estados Unidos. El apoyo internacional provino de las conexiones que el CPRDV había establecido al asistir a reuniones internacionales, recibir a delegaciones de comunidades que libran batallas similares con las fuerzas armadas estadounidenses (Hawái, Guam, Ecuador, Corea) y hablar ante el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas. La CPRDV actuó con el apoyo del Consejo Nacional de Iglesias y de diversas organizaciones de paz y derechos humanos, como el Proyecto Caribeño de Justicia y Paz, la Comunidad de Reconciliación y la Operación PUSH.

Incluso después de que las fuerzas de seguridad desmantelaran los campamentos, los piquetes continuaron en las puertas y los puertorriqueños lucieron cintas blancas para demostrar su apoyo. A finales del año 2000, los manifestantes realizaron una sentada frente a la oficina del Secretario de Salud de Puerto Rico, exigiendo información sobre las tasas de cáncer en Vieques. En marzo de 2001, los viequenses se negaron a reunirse con funcionarios de la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades (ATSRC) que realizaban una investigación sobre el impacto ambiental de la actividad militar en la isla. Los residentes se negaron a hablar con los funcionarios porque creían que los resultados estarían sesgados en su contra. En cambio, se llevaron sesenta cruces a la sala donde se encontraban los funcionarios para conmemorar los sesenta años de presencia de la Marina de los Estados Unidos.

En respuesta a las protestas generalizadas, el presidente Clinton creó dos comités para informar sobre el impacto de la Marina en Vieques. Con base en los resultados de estos estudios, Clinton ofreció hasta 90 millones de dólares como incentivo económico para permitir el uso indefinido de la isla con fines militares. Se iba a celebrar un referéndum que daría a los residentes la opción de elegir entre el apoyo financiero y la retirada de la Marina estadounidense en un plazo de tres años. Los activistas rechazaron esta oferta y continuaron exigiendo la retirada inmediata. Un referéndum informal en julio de 2001 mostró que el 70 % de la población deseaba la retirada inmediata de la Marina. El presidente Bush revirtió los intentos de Clinton de negociar con Vieques y declaró que la Marina suspendería los ejercicios militares en febrero y abandonaría la isla en mayo de 2003. El cierre de ambas bases militares en Vieques fue recibido con una celebración y una manifestación de apoyo en toda la isla. El terreno fue cedido al Departamento del Interior para la construcción de un refugio de vida silvestre. Se ha mantenido el debate sobre el alto coste de la limpieza, así como sobre los problemas de control y propiedad de los antiguos emplazamientos militares.
Influencias

La campaña para expulsar a la Armada estadounidense de Vieques se inspiró e influyó en una campaña similar en Culebra, Puerto Rico (véase «Puertorriqueños expulsan a la Armada estadounidense de la isla de Culebra, 1970-1974»), así como en una campaña fallida que tuvo lugar dos décadas antes en Vieques (véase «Puertorriqueños protestan contra la presencia de la Armada estadounidense en la isla de Vieques, 1977-1983»). (1)

Fuentes

Aponte, Carmen I. «La Marina de los EE. UU. contra Vieques, Puerto Rico: Justicia social a través de la desobediencia civil». Journal of Poverty. Octubre de 2008. http://dx.doi.org/10.1300/J134v08n04_04.

Baver, Sherrie. «La paz es más que el fin de los bombardeos: La segunda etapa de la lucha en Vieques». Perspectivas Latinoamericanas. Enero de 2006.

McCaffrey, Katherine T. Poder militar y protesta popular: La Marina de los EE. UU. en Vieques, Puerto Rico. New Brunswick, Nueva Jersey: Rutgers University Press, 2002.

McCaffrey, Katherine T. Seguridad desarmada: Perspectivas críticas sobre género, raza y militarización. Editado por Barbara Sutton, Sandra Morgen y Julie Novkov. «Capítulo 9: Porque Vieques es nuestro hogar: ¡Defendámoslo!». Nuevo Brunswick, Nueva Jersey: Rutgers University Press, 2008.

McCaffrey, Katherine T. «Lucha social contra la Marina de los Estados Unidos en Vieques, Puerto Rico: Dos movimientos en la historia. Perspectivas latinoamericanas». Enero de 2006. http://www.jstor.org/stable/27647907.

Murillo, Mario. Islas de resistencia: Puerto Rico, Vieques y la política estadounidense. Nueva York: Seven Stories Press, 2001.

Reals, Fernando. Vieques: Isla bajo asedio. ¡Primero la Tierra!, 31 de julio de 1999.Yates, Larry. «Vieques: Ni una bomba más, ni una bala más». El patio trasero de todos. Otoño de 2001.

Yelin, Joel, y Miller, Demond. «Breve historia de la inequidad ambiental y el colonialismo militar en la isla de Vieques, Puerto Rico». Justicia ambiental. 2009.

Notas adicionales

En 2005, Vieques fue agregado a la lista Superfondo de Estados Unidos, que asigna fondos para la limpieza de desechos tóxicos.

Tomado de: https://www.politicanoviolenta.org/...

Trump exige “que entren las tropas” en Los Ángeles mientras California denuncia el despliegue “ilegal” de la Guardia Nacional

El presidente de EEUU recurre a tropas federales ante las movilizaciones contra las redadas masivas de migrantes y reclama que se detenga a las personas con la cara tapada sin explicar con qué precepto legal, mientras el gobernador de California denuncia la injerencia de la Administración Trump y la “violación de la soberanía” del Estado

Andrés Gil
Corresponsal en Washington

Tercer día consecutivo de protestas y movilizaciones contra las redadas masivas contra migrantes en Los Ángeles y primer día de gran bronca política en Estados Unidos por el envío de la Guardia Nacional a la ciudad. Dos mil efectivos equipados con material militar han sido desplegados para imponer “la ley y el orden”, en palabras del presidente Donald Trump: “La situación es muy mala, ¡que entren las tropas!”. En otro post exige: “¡Arresten a las personas con máscaras ya!”

Tanto el gobernador de California Gavin Newsom como la alcaldesa de Los Ángeles Karen Bass han protestado contra lo que consideran una injerencia del Gobierno federal al desplegar tropas de manera unilateral en sus territorios. “Que me detenga”, dijo en relación al zar antimigración de Trump, Tom Homan, que había amenazarlo con hacerlo previamente, y al propio presidente de EEUU. “Que venga por mí y me arreste. Que lo haga de una vez. La verdad, me da igual. Me importa mi comunidad. ¿Qué demonios están haciendo? Estos tipos tienen que madurar. Tienen que parar, y nosotros tenemos que plantarles cara”.

Newsom ha afirmado que presentó una solicitud formal a la administración Trump para que revoque el despliegue “ilegal” de la Guardia Nacional en Los Ángeles y devuelva el control de las tropas al estado. La presencia de la Guardia Nacional “alimenta las tensiones” en la ciudad, según una carta enviada por Newsom a Trump. “Lo que estamos viendo en Los Ángeles es un caos provocado por la administración”, declaró Bass. “Esto responde a otra agenda. No se trata de seguridad pública”.

“No hemos tenido ningún problema hasta que Trump se involucró”, dijo Newsom en X. “Esto es una grave violación de la soberanía estatal que agrava las tensiones y desvía recursos de donde realmente se necesitan. Revoquen la orden. Devuelvan el control a California”.

En una declaración conjunta varios gobernadores demócratas condenaron el despliegue como “un alarmante abuso de poder” y afirmaron: “Los gobernadores son los comandantes en jefe de su Guardia Nacional y que el Gobierno federal la active dentro de sus territorios sin consultar ni coordinarse con ellos es ineficaz y peligroso”.

La alcaldesa de Los Ángeles por su parte dijo que el despliegue de la Guardia Nacional es “lo último que necesita Los Ángeles” y aseguró que ha recibido poca información sobre cuánto tiempo permanecerán las tropas en la ciudad. Bass afirmó que había intentado disuadir a la administración federal de enviar a la Guardia Nacional. “Esperaba evitar que esta situación ocurriera nuestra ciudad todavía está intentando recuperarse de los incendios forestales”.

“No necesitamos ver nuestra ciudad destrozada” añadió señalando que la población está “aterrada”. La alcaldesa pidió que las protestas se mantengan pacíficas. “Hago un llamamiento a todos los angelinos para que sigan expresando su derecho su indignación su enfado pero de forma pacífica”.

El presidente por su parte afirmó en sus redes sociales: “Una ciudad estadounidense que alguna vez fue grandiosa Los Ángeles ha sido invadida y ocupada por inmigrantes ilegales y delincuentes. Ahora turbas violentas e insurreccionales están atacando a nuestros agentes federales para intentar frenar nuestras operaciones de deportación. Pero estos disturbios sin ley no hacen más que reforzar nuestra determinación. He dado instrucciones a la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem al secretario de Defensa Pete Hegseth y a la fiscal general Pam Bondi en coordinación con todos los departamentos y agencias pertinentes para que tomen todas las medidas necesarias con el fin de liberar Los Ángeles de la invasión migrante y poner fin a estos disturbios. Se restablecerá el orden los inmigrantes ilegales serán expulsados y Los Ángeles será liberada”.

En otro post ha cargado de nuevo contra Newsom y Bass: “Deberían pedir disculpas al pueblo de Los Ángeles por el trabajo absolutamente desastroso que han hecho, que incluye los disturbios que continúan en Los Ángeles. Estas no son protestas, son alborotadores e insurreccionistas. Recuerden: ¡SIN MÁSCARAS!” En efecto, Trump el sábado por la noche afirmó que las “máscaras no estaban permitidas” en las protestas, sin decir por medio de qué ley o decreto eso era así.

Las tensiones aumentaron este domingo en Los Ángeles cuando miles de manifestantes salieron a las calles en respuesta al despliegue extraordinario de la Guardia Nacional ordenado por Trump. Los manifestantes bloquearon una autopista principal e incendiaron vehículos mientras las fuerzas policiales locales respondían con gases lacrimógenos balas de goma y granadas aturdidoras para dispersar a la multitud.

Los enfrentamientos ocurrieron en el tercer día de manifestaciones contra la ofensiva migratoria de Trump en la región mientras la llegada de unos 300 soldados federales desató indignación y temor entre algunos residentes.

A mediodía cientos de personas se congregaron frente al Centro Metropolitano de Detención en el centro de Los Ángeles donde permanecen detenidas algunas de las personas arrestadas en redadas migratorias anteriores. Los manifestantes coreaban “vergüenza” y “váyanse a casa” a los miembros de la Guardia Nacional que se mantenían en formación hombro con hombro portando armas largas y escudos antidisturbios.

Cuando algunos manifestantes se acercaron a los soldados otro grupo de agentes uniformados avanzó contra la multitud y lanzó botes de humo a la calle.

Minutos después el Departamento de Policía de Los Ángeles disparó proyectiles de control de multitudes para dispersar a los manifestantes que según las autoridades se encontraban reunidos de forma ilegal. Gran parte del grupo se desplazó entonces a bloquear el tráfico en la autopista 101 hasta que agentes de la Patrulla de Caminos de California los desalojaron de la vía a última hora de la tarde, según informa Associated Press.

Fuente: https://www.eldiario.es/desalambre/...

El Mundo Today

Kike García

El presidente norteamericano, Donald Trump, lanzó anoche un contundente mensaje de concordia a California, que lleva dos días siendo escenario de protestas ciudadanas contra las redadas migratorias de su administración, y exigió a todos los manifestantes seguir los “CAUCES DEMOCRÁTICOS” y protestar contra el Gobierno asaltando el Capitolio, como hicieron sus simpatizantes después de que él les animara a ello en enero de 2021. “PUEDE NO GUSTAR, PERO EL ESTADO DE DERECHO TIENE UNAS NORMAS Y UNAS VÍAS DE PROTESTA CONTEMPLADAS QUE HAY QUE RESPETAR”, ha escrito el presidente en su perfil de Truth Social, recordando que mostrar oposición al Gobierno es un asalto a los derechos fundamentales del presidente.

“YO HACE AÑOS VI ALGO QUE NO ME GUSTABA. ¿QUÉ HICE, SALIR A LA CALLE A ENFRENTARME A LA POLICÍA? NO, MOVILICÉ A MI GENTE PARA TOMAR EL CONGRESO POR LA FUERZA”, ha proseguido Trump intentando convencer a sus opositores. “SI NO TE GUSTA UNA POLÍTICA, NO PROTESTAS EN LAS CALLES: TE PONES TU CABEZA DE BISONTE, TE VAS A WASHINGTON, IRRUMPES EN EL CONGRESO, PONES LOS PIES ENCIMA DEL ESCRITORIO DE LA PRESIDENTA DE LA CÁMARA… EN FIN, SE LLAMA HACER POLÍTICA Y ENTIENDO QUE A LOS IGNORANTES LES PAREZCA DIFÍCIL, PERO ASÍ ES EL MUNDO ADULTO, LO SIENTO”.

Trump entiende que haya ciudadanos a los que su política pueda molestar, pero ha querido recordarles que manifestarse “NO ES LA VÍA PARA MOSTRAR EL DISENSO”: “LO QUE TIENEN QUE HACER ES ESPERAR A LAS SIGUIENTES ELECCIONES Y, CUANDO YO RESULTE VENCEDOR DE MI TERCER MANDATO, NO RECONOCER LOS RESULTADOS. ESO ES LO DEMOCRÁTICO, SEÑORES, ASÍ ES COMO SE HAN HECHO SIEMPRE LAS COSAS EN ESTE GRAN PAÍS”.

Trump ha reconocido también que, en última instancia, si los ciudadanos que están manifestándose se oponen a emplear el procedimiento democrático del asalto violento a las instituciones, siempre le quedará la opción de recurrir al ejército para hacer uso del diálogo de la fuerza.

Fuente: https://www.elmundotoday.com/2025/0...

Enrique Díez Mayo

«El arma más poderosa en manos del opresor es la mente del oprimido» — Steve Biko

Europa, con la justificación de la «preparación ante crisis», está introduciendo en las escuelas programas de adoctrinamiento militar y propagandístico, disfrazados de simulacros de emergencia. Lo que se vende como un plan de seguridad es, en realidad, un lavado de cerebro institucionalizado, diseñado para normalizar la guerra, el miedo y la sumisión ante un futuro de conflictos fabricados por las élites en guerra por los recursos (tierras raras en Ucrania) para sus empresas.

La militarización de la educación: simulacros que inculcan obediencia

En países como Alemania, Francia, España y los países nórdicos, los gobiernos conservadores y socialdemócratas están implementando «simulacros de guerra y desastres» en colegios, con ejercicios que incluyen alarmas, refugios anti-bombardeos y protocolos de evacuación. Lo que pretenden es la normalización del Estado Bélico: los niños y las niñas crecerán asumiendo que la guerra es un fenómeno inevitable, en lugar de una consecuencia de decisiones políticas. Como denunció Noam Chomsky: «La propaganda es a la democracia lo que la violencia al estado totalitario.»

Y simultáneamente generar una psicología del miedo: la campaña del miedo ha llegado a los colegios utilizando la misma estrategia de los gánsteres y de la empresa de seguridad Securitas Direct: expanden el miedo y nos venden seguridad. Según un estudio de la Universidad de Cambridge (2023) la exposición constante a simulacros de emergencia aumenta la ansiedad infantil y la predisposición a aceptar medidas autoritarias. Como dijo el famoso periodistan, Ryszard Kapuściński (2002), «las guerras siempre empiezan mucho antes de que se oiga el primer disparo, comienzan con un cambio del lenguaje en los medios». En este caso, en las aulas. Es puro adoctrinamiento.

Manipulación histórica y propaganda de guerra: enseñar «quiénes son los buenos y los malos»

En el franquismo ya se usó la escuela para enseñar quiénes eran los buenos (los golpistas y quienes dirigieron la dictadura durante cuarenta años) y los malos (los demócratas que defendieron la democracia republicana). Esto se está repitiendo en los nuevos materiales pedagógicos y en las narrativas que se repiten constantemente en los medios de comunicación para legitimar el rearme europeo. Este injustificable gasto de casi un billón de euros en armamento supondrá el recorte en inversión social, en educación, sanidad y servicios públicos, como ya ha anunciado el gobierno laborista inglés. Esta política al dictado de Trump y servil, como si fuéramos una colonia norteamericana, a los intereses de la industria armamentística de Estados Unidos, a las que reflotaremos y enriqueceremos con los impuestos de la clase trabajadora de los países europeos. Además, en países como Polonia y Ucrania ya incluyen narrativas maniqueas donde se les enseña a los niños y niñas que Rusia es el «enemigo absoluto», la OTAN es la «fuerza protectora» y cualquier disidencia respecto a estos mantras es «desinformación» y traición. Ya advirtió Hiram Johnson que «la primera víctima de la guerra es la verdad.»

Pero en las aulas no hay espacio para el pensamiento crítico. Se elimina el contexto histórico (como la expansión de la OTAN hacia el Este o las guerras impulsadas por Occidente en Irak y Libia) para crear una generación que no cuestione las futuras intervenciones militares y el aumento de gasto militar a costa del recorte social.

Doble moral geopolítica: ¿por qué no se enseñan los crímenes de Occidente?

Mientras a los niños y niñas europeos se les adoctrina sobre los peligros de Rusia o China no se mencionan los 4 millones de muertos en Oriente Medio por guerras y masacres de EE.UU. y los aliados (según Brown University, 2023), ni hay simulacros para prepararse contra el hambre o la pobreza, a pesar de que la UE destruye alimentos para mantener los precios en continua alza, mientras 33 millones de personas en Europa pasan necesidad (Eurostat, 2024). «Cuando los ricos hacen la guerra, son los pobres los que mueren», afirmó el filósofo Jean-Paul Sartre. Mientras, la ministra alemana de Educación del partido liberal FDP, Bettina Stark-Watzinger, se ha mostrado a favor de que en los colegios se realicen ‘ejercicios de defensa'.

El objetivo real: crear ciudadanía dócil para un futuro bélico ininterrumpido

El Foro Económico Mundial (WEF) ya habla de «la necesidad de resiliencia frente a guerras prolongadas». Klaus Schwab advirtió en 2022: «La era de la paz estable ha terminado». Pero ¿por qué asumir que la guerra es inevitable en lugar de evitar sus causas?

En primer lugar, por intereses económicos de la industria armamentística europea y estadounidense que ha aumentado sus beneficios un 200% desde 2022 (SIPRI, 2024).

En segundo lugar, por la necesidad de “control social” ante la nueva crisis que se avecina y que supondrá una quiebra aún mayor del Estado de bienestar en la Europa occidental. Como escribió Aldous Huxley: «La dictadura perfecta tendrá la apariencia de una democracia, una prisión sin muros donde los prisioneros no soñarán con escapar.»

Resistir y educar para la paz

Las comunidades educativas deben armarse…, para la paz. Armarse de argumentos, información, análisis crítico, pedagogía del desarme. Familias, alumnado y profesorado de las escuelas y de las universidades deben rebelarse contra este adoctrinamiento. Exigir transparencia sobre quién diseña estos programas de adoctrinamiento en las aulas, promover el pensamiento crítico, formando en geopolítica con rigor, no con propaganda y denunciando la hipocresía: si realmente importara la seguridad infantil, los gobiernos lo que deben invertir es en sanidad, educación, servicios sociales y vivienda, no en más armas y guerras.

No olvidemos que «en tiempos de engaño y propaganda, mostrar la verdad es un acto revolucionario» (George Orwell). No dejemos que conviertan las aulas en cuarteles. La guerra no es un juego, ni un «simulacro». Es muerte, miseria y destrucción de otros seres humanos. Usar la educación para normalizarla es un crimen contra la infancia y la democracia. Europa no necesita niñas y niños adoctrinados, sino ciudadanos libres capaces de cuestionar la guerra y su propaganda. Porque el mayor peligro no son solo las bombas, sino la manipulación que las justifica.

NO A LA GUERRA

NO A LA OTAN

NO AL REARME

Enrique Díez

Profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de León. Autor de “Pedagogía del Decrecimiento” (2024), "Pedagogía Antifascista"(2023) y “La Historia Silenciada” (2022)

Fuente: https://eldiariodelaeducacion.com/2...

Los tripulantes del barco que navegaba rumbo a Gaza, entre ellos la activista sueca y un español, han sido retenidos y conducidos por las fuerzas israelíes a su territorio, mientras que Tel Aviv afirma: “El show ha terminado”.

España solo convoca al encargado de negocios de Israel en Madrid para protestar por el asalto a la Flotilla de la Libertad. No constan denuncias en la Audiencia Nacional por la piratería ni por el secuestro de un español en aguas internacionales. Nota de Tortuga.

elDiario.es

La coalición Flotilla de la Libertad denunció en la madrugada del lunes que los tripulantes del barco de ayuda humanitaria Madleen, con doce activistas a bordo, entre ellos Greta Thunberg, fueron “secuestrados por las fuerzas israelíes”. En una publicación en X, la organización humanitaria escribió: “¡SOS! Los voluntarios del Madleen han sido secuestrados por las fuerzas israelíes. Presionen a sus ministerios de Asuntos Exteriores y ayúdennos a mantenerlos a salvo”.

El grupo hizo varias publicaciones con mensajes grabados en vídeo previamente por cada uno de los activistas que integran la tripulación del barco. En un vídeo a bordo del Madleen, la activista sueca Greta Thunberg solicitó ayuda internacional: “Soy de Suecia (...) Si ven este video, estamos siendo interceptados y secuestrados en aguas internacionales por las fuerzas de ocupación israelíes o fuerzas que apoyan a Israel. Insto a todos mis amigos, familiares y compañeros a que presionen al Gobierno sueco para que nos liberen a mí y a los demás lo antes posible”.

Entre los activistas que viajaban en la flotilla se encuentra un español, Sergio Toribio, quien ha pedido al Gobierno que actúe para la liberación de los detenidos. El Ejecutivo, a través del Ministerio de Exteriores, ha llamado a consultas a la representación de Israel en España para protestar por esta intervención contra la embarcación.

La relatora de la ONU para los Derechos Humanos en los Territorios Palestinos, Francesca Albanese, escribió minutos antes en su red social que había perdido comunicación con la nave y pidió al Gobierno de Reino Unido, cuya bandera lleva el Madleen, “solicitar urgentemente una aclaración completa y asegurar la liberación inmediata del buque y su tripulación”.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores Israelí afirmó que “todos los pasajeros del 'yate selfie' están sanos y salvos. Les han dado sándwiches y agua. El show ha terminado”, en una publicación acompañada de un video con los activistas.

Exteriores también difunció una foto de Thunberg en la que se ve a la activista con un chaleco salvavidas recibiendo un bocadillo y el Ministerio afirmó que está “a salvo y con buen ánimo”.

En un comunicado anterior, el Ministerio acusó a Greta y a los otros tripulantes –de Francia, Alemania, Turquía, España, etc.– de “organizar una provocación mediática con el único propósito de ganar publicidad” y alegó que el barco navegaba con ayuda humanitaria equivalente a “un camión”, mientras que “más de mil doscientos camiones de ayuda han entrado a Gaza desde Israel en las últimas dos semanas”. “Esta pequeña cantidad de ayuda que estaba a bordo del barco y que no fue consumida por las 'celebridades' va a ser transferida a Gaza a través de verdaderos canales humanitarios”, concluyó Exteriores.

Por su parte, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, felicitó al Ejército por la “rápida y segura toma de control” del Madleen e informó que los activistas que viajaban a bordo fueron llevados al puerto de Ashdod, donde se les mostrarán vídeo de los ataques de Hamás del 7 de octubre contra el sur de Israel, en los que murieron unas 1.200 personas y 251 fueron secuestradas. Katz dijo en X que “es apropiado que la antisemita Greta y sus compañeros de Hamás vean exactamente a qué organización terrorista de Hamás vinieron a apoyar y para quién trabajan, qué atrocidades cometieron contra mujeres, ancianos y niños, y contra quién lucha Israel para defenderla”.

El barco, que lleva bandera británica y forma parte de la coalición Flotilla de la Libertad, zarpó de Sicilia (Italia) hace siete días con el objetivo de alcanzar la Franja para “entregar ayuda humanitaria, romper el bloqueo israelí y visibilizar el sufrimiento continuo en el enclave palestino”, después de más de 20 meses de genocidio cometido por Israel, que ha matado a casi 55.000 personas.

Las autoridades israelíes habían advertido en los pasados días de que no permitirían a la embarcación llegar a Gaza, pero no han empleado la fuerza brutal para impedirlo, a diferencia de otras ocasiones en las que barcos de la Flotilla de la Libertad han intentado romper el bloqueo por mar. Buques del Ejército rodearon el barco, después de haber interrumpido las comunicaciones algunas horas antes, pero no dispararon contra los tripulantes ni lo bombardearon. El pasado 2 de junio, otro barco de la Flotilla fue atacado por drones supuestamente israelíes en aguas internacionales y se vio obligado a suspender su viaje.

Fuente: https://www.eldiario.es/internacion...

El cáncer en jóvenes y la invasión química: la alarma del Dr. Nicolás Olea. Contaminación del planeta humano y del ser humano. Evidencia científica

El Dr. Nicolás Olea, catedrático de Medicina de la Universidad de Granada y reconocido experto en disruptores endocrinos, ha lanzado una seria advertencia: el cáncer en jóvenes está aumentando a un ritmo alarmante. Algunos datos globales sugieren un incremento de hasta el 80 % en ciertos tipos de cáncer en las últimas décadas. Para el Dr. Olea, esta preocupante tendencia no es casual; está directamente relacionada con nuestra exposición masiva y constante a químicos tóxicos y plásticos que nos rodean a diario.

La evidencia del aumento del cáncer en jóvenes

La observación del Dr. Olea está respaldada por una creciente cantidad de estudios a nivel mundial. Múltiples investigaciones han documentado un incremento en la incidencia de cáncer en adultos jóvenes (menores de 50 años). Este aumento se ha notado particularmente en tipos como el cáncer colorrectal, de mama, tiroides, páncreas y próstata. Aunque la magnitud exacta puede variar según la región, la tendencia general es clara y motivo de grave preocupación para la comunidad científica.

Un estudio clave publicado en la revista BMJ Oncology en 2023, basado en los datos del Global Burden of Disease 2019 Study, confirma esta tendencia a escala global. Este análisis, que examinó 29 tipos de cáncer en 204 países entre 1990 y 2019, reporta un aumento del 79 % en la incidencia de cánceres de aparición temprana en menores de 50 años, pasando de 1,82 millones de casos en 1990 a 3,26 millones en 2019.

Los cánceres de tráquea (nasofaringe) y próstata mostraron los mayores incrementos, con tasas anuales de aumento del 2,28 % y 2,23 % respectivamente, mientras que el cáncer de mama representó la mayor carga de casos (13,7 por cada 100 000 personas) y muertes asociadas. Los autores del estudio señalan que, además de factores genéticos, los estilos de vida poco saludables (como dietas ricas en carne roja y sal, consumo de alcohol, tabaquismo, inactividad física, obesidad e hiperglucemia) y la exposición a factores ambientales podrían estar contribuyendo a esta tendencia. Sin embargo, reconocen limitaciones, como la variabilidad en la calidad de los registros de cáncer entre países, lo que podría subestimar la magnitud real del problema.

Disruptores endocrinos: químicos tóxicos en nuestro día a día

El Dr. Olea enfatiza que la clave de este problema reside en los disruptores endocrinos. Estas sustancias químicas, una vez en nuestro organismo, pueden alterar el delicado funcionamiento del sistema hormonal. Las hormonas son mensajeros químicos cruciales para el desarrollo y la correcta función de innumerables procesos biológicos. Una interferencia con ellas puede tener graves consecuencias para la salud, incluyendo una mayor predisposición al cáncer.

El problema es la omnipresencia de estos compuestos en nuestro entorno moderno.

Alimentos envasados en plástico. Un foco principal para el Dr. Olea. La mayoría de los plásticos usados en envases alimentarios contienen disruptores como los bisfenoles (por ejemplo, BPA) y los ftalatos. Estas sustancias no permanecen en el plástico, sino que pueden migrar a los alimentos, especialmente con el calor, el contacto con grasas o aceites, o el desgaste. El BPA, un conocido disruptor que imita los estrógenos, se ha relacionado con un mayor riesgo de cáncer de mama, próstata y ovarios. Los ftalatos, usados para flexibilizar el plástico, también interfieren con el sistema hormonal y se asocian con problemas reproductivos y un posible aumento de ciertos cánceres hormonales. Además, los plásticos se degradan en microplásticos y nanoplásticos que también podemos ingerir.

Neumáticos y tubos de escape. El aire que respiramos está cargado de contaminantes del tráfico. El desgaste de los neumáticos libera microplásticos y una mezcla compleja de químicos, incluyendo hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP). Estos pueden contaminar suelos y cultivos, llegando eventualmente a nuestros alimentos. Los tubos de escape emiten partículas ultrafinas, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, compuestos orgánicos volátiles y HAP. Muchos de estos son carcinógenos conocidos o disruptores endocrinos. La exposición crónica a estos contaminantes, incluso a bajas dosis, puede acumularse y aumentar el riesgo de varios tipos de cáncer, especialmente los respiratorios y sanguíneos (leucemias).

Champús, geles, cremas, protectores solares y otros productos de cuidado personal. Nuestra piel, el órgano más grande del cuerpo, es una vía significativa de absorción. Lo que aplicamos a diario —champús, geles de ducha, cremas hidratantes, protectores solares, maquillajes, desodorantes y perfumes— puede contener una variedad de disruptores y otros químicos problemáticos:

Parabenos: conservantes que imitan el estrógeno y se han vinculado al cáncer de mama.

Ftalatos: presentes en muchas fragancias sintéticas, interfieren con la producción hormonal.

Triclosán: antimicrobiano que puede alterar la regulación hormonal y la tiroides.

BHT y BHA: antioxidantes sintéticos con potencial como disruptores.

Filtros UV químicos (como oxibenzona y octinoxato): comunes en protectores solares, pueden actuar como disruptores endocrinos.

Fragancias sintéticas: a menudo son mezclas complejas con potencial alérgeno y disruptor.

Ropa sintética, reciclada y colorantes textiles. La industria textil es otra fuente importante de exposición.

Fibras sintéticas: prendas de poliéster, nailon o acrílico no solo liberan microplásticos al lavarse, sino que implican el uso de químicos durante su fabricación. El Dr. Olea ha señalado que "el polvo de hace cincuenta años era pelo y ácaros; ahora es fibra textil y compuestos químicos".

Ropa reciclada: aunque sostenibles, los textiles reciclados pueden retener químicos originales o añadir nuevos, como en el caso de ropa hecha con botellas PET recicladas.

Colorantes y aditivos textiles: las prendas de colores vivos utilizan tintes y aditivos que pueden ser carcinógenos o disruptores. También se emplean tratamientos antiarrugas o impermeables que contienen sustancias como formaldehído o compuestos perfluorados (PFAS), conocidos como “químicos eternos”.

El Dr. Olea ha insistido en que "el cien por cien de los niños españoles mea plástico cada día", evidenciando la saturación de nuestro entorno y la presencia generalizada de metabolitos de plásticos en niños, resultado de la exposición por ingestión, inhalación y absorción dérmica.

La conexión directa con el cáncer en jóvenes.

La preocupación del Dr. Olea se basa en varios puntos clave relacionados con la exposición química:

Vulnerabilidad en el desarrollo. Los jóvenes, especialmente los niños y fetos, son extremadamente sensibles a los efectos de los disruptores. Sus sistemas hormonales están en formación, y cualquier interferencia puede predisponer al cáncer en la adultez temprana.

Exposición acumulada y crónica. Desde antes de nacer hasta la adultez, estamos continuamente expuestos por múltiples vías. La acumulación de dosis bajas de muchos compuestos crea un cóctel tóxico que puede superar la capacidad del cuerpo para desintoxicarse o reparar el daño.

Mecanismos hormonales. Muchos cánceres que aumentan en jóvenes son hormono-dependientes, como los de mama, próstata o tiroides. Los disruptores pueden imitar o bloquear hormonas, favoreciendo el desarrollo de tumores.

Mutaciones y daño celular. Sustancias como los HAP y otros químicos presentes en productos de consumo pueden causar mutaciones genéticas y daño al ADN, lo que es un precursor del cáncer.

La perspectiva del experto y el respaldo científico

El Dr. Nicolás Olea ha dedicado su carrera a investigar los disruptores endocrinos y su impacto en la salud. Dirige un equipo de investigación en la Universidad de Granada, integrado en el Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada (ibs.GRANADA) y el Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP). Este grupo analiza la presencia de disruptores endocrinos en el medio ambiente y su impacto en la salud humana, especialmente en poblaciones vulnerables como niños y mujeres embarazadas. Han realizado estudios pioneros sobre la detección de bisfenol A y ftalatos en muestras biológicas, contribuyendo a la evidencia global sobre los riesgos de estas sustancias.

Sus afirmaciones se basan en años de investigación y en la creciente evidencia científica que conecta la exposición a estos químicos con diversas patologías, incluido el cáncer. Ha publicado libros como Libérate de tóxicos. Guía para evitar los disruptores endocrinos, donde ofrece pautas para reducir la exposición diaria.

Aunque el cáncer es una enfermedad multifactorial, con influencia de la genética y el estilo de vida, la exposición a químicos tóxicos es un factor de riesgo cada vez más reconocido.

La visión del Dr. Nicolás Olea es una llamada de atención crucial. La modernidad, con su dependencia de plásticos, combustibles fósiles y productos químicos complejos, ha creado un entorno saturado de sustancias tóxicas que actúan como disruptores endocrinos.

Estos compuestos, al interferir con nuestros sistemas biológicos más sensibles desde edades muy tempranas, contribuyen significativamente al aumento del cáncer en las generaciones más jóvenes. La exposición crónica y acumulativa a estas sustancias, presentes en envases, aire contaminado, productos de higiene y la ropa que usamos, es un factor de riesgo que no puede seguir siendo ignorado.

La solución, desde la perspectiva de expertos como el Dr. Olea, implica una mayor concienciación, decisiones de consumo informadas, optar por alternativas más naturales y exigir una regulación más estricta y transparente.

Fuente: https://www.facebook.com/photo/?fbi...

Joaquín Urias
Profesor de Derecho Constitucional y exletrado del Tribunal constitucional

Que un tribunal proteja los derechos fundamentales de un ciudadano no debería ser noticia. Ésa es, en teoría, una de sus funciones constitucionales. Sin embargo, cuando se trata del derecho que nos permite expresar en voz alta críticas a las actuaciones de la policía, no es habitual que lo hagan. Es verdad que la Constitución exige que exista una comunicación pública libre, en la que la ciudadanía pueda expresar sus opiniones sobre el funcionamiento de las instituciones sin miedo a ser molestados por ello. Sin embargo, ese derecho, en la práctica, suele quedarse en agua de borrajas.

Vivimos en un país en el que aún hay demasiadas personas empeñadas en impedir que circule la más mínima crítica a cualquier cuerpo policial. Es comprensible que la facción política que cree que la solución a todo son más ley y orden insista en proteger la legitimidad de quienes la ejecutan. Sin embargo, la obsesión por silenciar estas ideas va más allá y es seguramente un vestigio de la dictadura franquista, cuando la impunidad de las fuerzas del orden era la mejor garantía de su inquebrantable adhesión al régimen y de que, así, actuaran como policía política represora.

La impunidad policial aún existe. Numerosas sentencias europeas y españolas evidencian que nuestros jueces no investigan suficientemente las denuncias de abusos policiales. Cuando lo hacen, dan sistemáticamente más credibilidad a la versión de los agentes que a las pruebas en su contra. De ese modo, no puede decirse que exista realmente un contrapeso eficaz que evite cualquier exceso en el ejercicio la manifestación más violenta del poder estatal. En este estado de cosas, a quienes creemos en el imperio de la ley solo nos queda, al menos, el derecho a expresar públicamente dudas sobre actos sospechosos o criticar los sesgos autoritarios de demasiadas acciones policiales. Pero hasta eso nos intentan quitar. Imbuidos de la herencia de la dictadura, es frecuente que en el debate social se intente silenciar cualquier posicionamiento que ponga en duda la legitimidad de acciones policiales. Muchos medios de comunicación son incluso reacios a informar de abusos policiales demostrados. Y jueces y fiscales intentan, con demasiada frecuencia, prohibir y castigar tales expresiones legítimas.

Es lo que ha estado a punto de pasar en Andalucía. En diciembre pasado un vecino de Sevilla con su residencia y permiso de trabajo perfectamente en regla pero de origen inmigrante y raza negra estaba vendiendo sin autorización camisetas en la calle para complementar su sueldo. Ante la llegada de la policía local, huyó llevando con él la decena de camisetas que ofrecía. Fue perseguido durante varios kilómetros por agentes, motos y otros medios. Finalmente intentó ocultarse colgado de una amarra del puerto pero cayó al río, donde se ahogó por no saber nadar. Varias personalidades públicas, entre ellas un parlamentario andaluz, expresaron su perplejidad por estos hechos. El diputado, Ignacio García, de Adelante Andalucía, dijo -en concreto- que se había tratado de un acto de racismo institucional, violencia policial y represión. Ante ello, la Fiscalía Superior de Andalucía, instada por un sindicato de policías locales, no tuvo otra ocurrencia que presentar una querella contra él, acusándolo de un delito de injurias a la policía. En un acto de chulería institucional, dos agentes policiales entraron sin permiso en el Parlamento de Andalucía para entregársela personalmente en su despacho.

La fiscalía buscaba así lanzar un aviso a navegantes y silenciar cualquier crítica a la policía con la amenaza del derecho penal. Un ataque frontal a la libertad de expresión que sido contundentemente frenado de raíz por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Y ahí está la noticia. El máximo órgano judicial de la comunidad autónoma ha dictado un Auto que es un brillante alegato a favor de la libertad de expresión, en la línea del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de nuestro propio Tribunal Constitucional. Algo muy poco habitual, pero exigido por la idea misma de Estado de Derecho. Empieza abordando la acusación de racismo institucional. Dice que se trata de un concepto político de muy larga tradición en la lucha contra las desigualdades. Entiende que con ella se buscan cambios en la legislación o prácticas habituales, por lo que está protegida por el derecho constitucional a la crítica política. Así que concluye que, tomen nota, "nada impide desde el punto d vista penal a un ciudadano español sostener en público que perseguir policialmente a inmigrantes manteros es expresión de un racismo institucional".

Respecto a la "violencia policial" estos jueces vienen a decir que se trata de una obviedad. En efecto las fuerzas y cuerpos de seguridad ejercen el monopolio del uso legítimo de la fuerza. Son el brazo del poder estatal autorizado para recurrir a la violencia y recordarlo no puede ser ilegítimo. Tampoco abrir un debate público sobre la proporcionalidad con que se utiliza el recurso a dicha violencia. Por último entra en el quid de la cuestión, que es la legitimidad de expresar dudas o sospechas sobre la causa de la muerte del sevillano. En este sentido es importante señalar que ni el diputado andaluz ni otras personas que han opinado en público sobre el tema han afirmado jamás que fuera asesinado por la policía. Se trata de una acusación grave que no está respaldada por ninguna prueba y carecería de protección constitucional por no cumplir con el requisito de la veracidad que impone el artículo 20.1 de la Constitución. Sin embargo, no puede prohibirse dudar públicamente del efecto que la persecución policial tuvo sobre la muerte de Mahmoud, que así se llamaba la víctima. Mal iría la nuestra democracia si, como piensa la fiscalía, el mero hecho de pedir una investigación supusiera una ofensa a la policía.

El auto judicial resulta interesante para dejar en su justo espacio el delito d e injurias a la policía, reservado para expresiones deliberadamente desligadas de la crítica política o social y emitidas con la única intención de herir a los cuerpos de seguridad o sus miembros. Se desmonta así una nueva amenaza contra la libertad de expresión y se avanza en el camino hacía una policía democrática sometida a la crítica pública.

El único borrón en esta resolución impecable lo causa la irrefrenable tendencia de nuestros jueces a marcar sus escritos con valoraciones morales que no son en absoluto de su competencia. Cuando un ciudadano ejerce su libertad de expresión al amparo de la Constitución, no corresponde a ningún magistrado valorarla moralmente. Aún así, el auto -se supone que para no molestar a la policía- califica varias veces las declaraciones del parlamentario de irrespetuosas e imprudentes y se "hace cargo" del malestar que deben haber producido entre los agentes. Una pena que jueces con conocimientos suficientes para conocer el régimen de la libertad de expresión no sepan que su papel es el de aplicar la ley y no el de valorar en el ejercicio de su jurisdicción las legítimas expresiones políticas de los ciudadanos.

Nada es perfecto, y mientras logramos tener jueces conscientes de sus límites debemos al menos alegrarnos de que algunos de ellos dejen también claro nuestro derecho como sociedad a expresar críticas, aunque molesten. Debería ser obvio, pero en los tiempos que corren, no es poco.

Fuente: https://www.publico.es/opinion/legi...

Por Redacción NR

El Ministerio de Defensa español ha lanzado un programa de propaganda en la Comunidad Valenciana dirigido a profesores de secundaria, bachillerato y formación profesional. La Conselleria de Educación de la Generalitat valenciana está ‘animando' a los docentes a asistir a un curso de ‘Cultura de Paz, Seguridad y Defensa' que cuenta con la homologación por parte de la Generalitat y sumará puntos en su currículum.

El curso, de tipo presencial y de una duración total de 20 horas, se impartirá del 1 al 4 de julio en las sedes provinciales de la Delegación de Defensa de la Comunidad Valenciana y contará con la participación de miembros de las Fuerzas Armadas. El contenido, claramente propagandístico, habla de ‘riesgos y amenazas en un mundo globalizado', recurriendo (sin citarlo explícitamente) al fantasma de una amenaza militar existencial por parte de Rusia, y planteando la necesidad de una ‘defensa compartida con nuestros aliados' en referencia a la Unión Europea y la OTAN. El curso también brinda información sobre la posibilidad de desarrollar una carrera profesional en las Fuerzas Armadas con el objetivo de fomentar el reclutamiento de adolescentes en futuras charlas con el alumnado.

Llama la atención que el remitente del correo recibido por los docentes sea directamente de las Fuerzas Armadas. Tanto en el propio correo usado como en el ‘asunto' se aprecia la palabra ‘reclutamiento', y en el cuerpo del mensaje se habla de ‘exponer las diversas ofertas de desarrollo profesional que ofrecen las Fuerzas Armadas dirigido fundamentalmente a los alumnos de bachiller y FP'. La idea es clara: formar primero a los profesores para que se familiaricen con el ámbito militar para posteriormente venderlo como algo atractivo para los estudiantes, hasta el punto de que lo vean como una salida laboral. Detrás de ese título amable del curso: ‘Cultura de Paz, Seguridad y Defensa', se esconde un objetivo primordial: el reclutamiento militar de jóvenes.

La Comunidad Valenciana está siendo el laboratorio en el que se está implantando este programa piloto del Ministerio de Defensa, que probablemente se termine extendiendo al conjunto del país. Es importante remarcar que esta maniobra de propaganda y reclutamiento se lanza en el sector educativo en un contexto de militarización sin precedentes impulsado por la Unión Europea y la OTAN y que el gobierno de España ha asumido con entusiasmo. En los próximos años, el ejecutivo español quiere llevar a cabo una transferencia masiva de dinero público a los bolsillos de la industria armamentística bajo el pretexto de la ‘amenaza rusa'. Y este programa que desembarca en los centros educativos es un elemento más en esta peligrosa deriva militarista que solo beneficia a la burguesía y que busca que estudiantes y trabajadores sean su carne de cañón.

Fuente: https://nuevarevolucion.es/la-comun...