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Un informe demoledor elaborado por Juan Carlos Rois y el Grup Antimilitarista Tortuga desvela que el gasto militar real del Estado español alcanzará los 80.000 millones de euros en 2026. Bajo el título “La política del miedo”, el documento expone con detalle cómo este gasto se esconde tras una compleja arquitectura presupuestaria y recae desproporcionadamente sobre las clases populares, mientras se sacrifica la inversión en sanidad, educación y servicios sociales.

REDACCIÓN CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

Descarga del informe: https://www.grupotortuga.com/La-pol...

España enfrenta un ciclo de rearme que ha transformado profundamente sus prioridades presupuestarias. Según el informe de Juan Carlos Rois y el Grup Antimilitarista Tortuga, la política del miedo: 80.000 millones de gasto militar para 2026” el gasto militar real crecerá hasta 80.000 millones de euros para 2026, si se suman partidas oficiales, ocultas y deuda asociada, lo que convertiría el esfuerzo militar en uno de los pilares económicos del Estado. Esta cifra —muy superior a los presupuestos reconocidos oficialmente— sitúa el gasto en un nivel comparable a casi el 4,5 % del PIB o más según diversos escenarios de estimación.

Este crecimiento no es una anomalía: el informe señala que, desde 2018, el presupuesto militar se ha incrementado de manera sostenida y acelerada, sin importar la orientación política del gobierno —sea de izquierda o derecha— y con un déficit de debate social proporcional al crecimiento del gasto. El gasto militar real superó en 2025 los 66.000 millones de euros, de los cuales más de 33.000 millones son ocultos fuera del Ministerio de Defensa en partidas no transparentadas. El uso de deuda pública, créditos extraordinarios y pagos plurianuales hace que la cifra real, en efecto, se asemeje más a esos 80.000 millones proyectados para 2026 que a los presupuestos oficiales anunciados.

Más allá de las cifras oficiales: gasto oculto, deuda y “matrioshka” presupuestaria

Una de las principales tesis del informe es que las cifras oficiales ofrecidas por el Estado sobre gasto militar —habitualmente alrededor de 2 % del PIB, en línea con compromisos de la OTAN— son profundamente insuficientes para comprender la dimensión real del rearme. Según datos de la propia OTAN y del gobierno español, España busca alcanzar el 2 % del PIB en gasto militar en 2025 tras aprobar un incremento extraordinario de más 10.000 millones de euros para este objetivo.

Sin embargo, el informe de Rois y el Grup Tortuga demuestra que estas cifras oficiales no contabilizan una parte considerable del gasto militar real. Más allá de los presupuestos reconocidos por el Ministerio de Defensa, existen partidas dispersas en otros ministerios, créditos extra presupuestarios, fondos de contingencia y, sobre todo, compromisos plurianuales que obligarán a pagar más deuda en el futuro. Esta estructura de presupuesto es descrita por los autores como una “matrioshka presupuestaria”: capas de gastos que se esconden unas dentro de otras hasta elevar sustancialmente la verdadera factura militar.

En 2025, por ejemplo, el gasto reconocido oficialmente fue de 33.123 millones de euros, pero sólo con partidas ocultas, fondos extraordinarios y deuda imputable a Defensa, se alcanza la cifra de 66.078 millones. Y para 2026 el informe estima que, incluso en el escenario “bajo”, el gasto militar superará los 71.000 millones de euros, llegando a más de 90.000 millones en el escenario alto.

¿Quién paga el rearme? La carga recae sobre los de siempre

No es solo la dimensión del gasto lo que preocupa a los autores del informe, sino cómo se financia y quién lo soporta. Rois y el Grup Tortuga señalan que el sistema fiscal español tiene una baja progresividad, de forma que el esfuerzo fiscal necesario para sostener un gasto militar creciente recae desproporcionadamente sobre los hogares de menor renta.

El análisis detallado por deciles de ingreso muestra que el 30 % más pobre de la población realiza un esfuerzo mayor que el 1 % más rico para sostener el gasto militar y las rentas de capital. Según el informe, los aumentos de 0,1 % del PIB dedicados a gasto militar implican una carga fiscal hasta cinco veces mayor para los estratos de menor renta que para los más ricos. Es decir, los sectores que menos tienen pagan más en proporción a sus ingresos para financiar un aparato militar que, paradójicamente, les ofrece pocos beneficios sociales directos.

Por ejemplo, el gasto militar per cápita oficial en 2018 equivalía a 10,05 % de la renta promedio del primer decil, frente al 0,91 % para los más ricos. En 2023 esta brecha se mantuvo, y con las cifras reales ampliadas hasta 2025, el 30 % más pobre soporta una carga media cinco veces superior a la del 10 % más rico en términos absolutos, y entre 70 y 170 veces más en términos del esfuerzo sobre la renta.

Este tipo de regresividad fiscal pone en evidencia lo que el informe llama un alto coste de oportunidad: cada euro dedicado al gasto militar es un euro que no se invierte en servicios sociales, sanidad pública, educación, vivienda o políticas ecológicas. Para las capas populares, este coste es ofensivo porque profundiza desigualdades preexistentes.

Gasto militar y control social: una alianza peligrosa

El análisis de Rois y el Grup Tortuga no se queda en las cifras económicas; también subraya cómo el aumento del gasto militar va acompañado de un crecimiento paralelo del gasto en control social, entendido como las partidas destinadas a interior, policía, orden público y seguridad autonómica. En 2025, este gasto extra militar cuantificable superó los 12.100 millones de euros, elevando el gasto en seguridad y defensa casi al 5 % del PIB.

Este auge del gasto securitario acompaña una lógica de militarización de la vida civil: tecnologías de vigilancia, doctrinas de control social y presencia de fuerzas armadas en funciones que van más allá de la defensa tradicional. El informe sostiene que esta lógica no produce una mayor seguridad humana, sino mayor inseguridad al priorizar la militarización sobre soluciones sociales y comunitarias.

Despejando mentiras: propaganda, miedo y legitimación del gasto

La narrativa dominante en la política oficial sostiene que España necesita incrementar su gasto militar por motivos de seguridad ante amenazas internacionales. Según el reporte, esta narrativa forma parte de una “política del miedo” que justifica el rearme como respuesta necesaria a peligros hipotéticos. Sin embargo, el informe cuestiona esta narrativa, señalando que España ya ocupa puestos relevantes en rankings de potencia militar (17º a nivel mundial en gasto militar si se consideran rankings oficiales), y que no existe una correlación clara entre mayor gasto y mayor seguridad real de la población.

Además, los autores ponen en contexto las operaciones militares en el exterior: con más de 100 operaciones desde los años 90, España destina alrededor de 1.800 millones de euros al año a este tipo de despliegues, y mantiene una presencia estratégica en regiones como el Sahel, en coordinación con políticas militares de la OTAN y los Estados Unidos. Este activismo militar internacional contrasta con las necesidades sociales internas no cubiertas, y forma parte de una lógica geoestratégica que favorece al complejo militar-industrial.

El mito del rearme económico: ¿estimula o drena la economía?

En el debate público es común escuchar que el gasto en defensa puede estimular la economía —una idea a veces llamada “keynesianismo militar”. El informe desmantela esta idea, señalando que el aumento del gasto militar no necesariamente produce un crecimiento económico equilibrado ni empleo sustentable. El dinero invertido en armamento y tecnologías militares se concentra en sectores específicos con retornos limitados para la economía general, mientras que agrava el endeudamiento público y estrecha el margen fiscal para medidas sociales y climáticas.

Además, la relación entre gasto militar y empleo es menos vigorosa de lo que a menudo se presenta: muchas inversiones militares se destinan a compra de material en el extranjero o a empresas tecnológicas que exportan armamento, reduciendo el impacto positivo en el empleo nacional.

¿Qué se podría hacer con 80.000 millones? El coste de oportunidad del militarismo

Uno de los aspectos más contundentes del informe de Juan Carlos Rois y el Grup Antimilitarista Tortuga es el que se refiere al coste de oportunidad de destinar 80.000 millones de euros al gasto militar. No se trata solo de cifras abstractas: ese dinero, si se orientara hacia necesidades sociales, podría transformar radicalmente la realidad del país.

Para ponerlo en perspectiva, esa suma equivale a casi todo el presupuesto público anual de la Sanidad española, que ronda los 99.000 millones de euros. Es decir, un solo año de gasto militar real podría financiar casi por completo el funcionamiento del sistema sanitario durante doce meses, incluyendo atención primaria, especializada, hospitalaria y urgencias.

Las cifras también permiten imaginar el impacto en infraestructura sanitaria: con ese dinero, según estimaciones recogidas en medios especializados, se podrían construir alrededor de 80 hospitales de tamaño medio, con unas 200 camas cada uno. Esto implicaría duplicar o triplicar la capacidad hospitalaria en muchas comunidades autónomas, especialmente en áreas rurales o desatendidas.

Además, si se distribuyera ese gasto en otros sectores, los efectos serían igualmente transformadores: reforzar plantillas educativas, multiplicar los servicios sociales, o financiar a gran escala políticas públicas para enfrentar la emergencia climática. Frente a ello, el uso de estos recursos en armamento, tecnologías de control o despliegue militar no solo restringe el margen de inversión en justicia social, sino que prioriza la lógica del miedo sobre la de los cuidados.

Militarismo, desigualdad y el futuro de la seguridad

El informe de Juan Carlos Rois y el Grup Antimilitarista Tortuga presenta un diagnóstico claro: el rearme español no solo ha elevado el gasto militar a niveles sin precedentes, sino que ha ocultado gran parte de su coste real detrás de estructuras presupuestarias opacas. La carga de este gasto recae desproporcionadamente sobre las clases populares, mientras que restringe severamente la capacidad del Estado para invertir en bienestar social y ecológico.

Frente a la narrativa oficial que justifica el gasto militar como respuesta necesaria a un mundo inseguro, el informe propone una reorientación hacia una seguridad humana que coloque a las personas y sus necesidades en el centro de las prioridades políticas y económicas. En última instancia, la pregunta que plantea no es solo cuánto gastamos en armas, sino quién paga, quién se beneficia y qué tipo de sociedad queremos construir.

Fuente: https://canarias-semanal.org/art/39...

Antonio M. Vélez

De la cúpula de Defensa a “asesor” de un consorcio privado de empresas de defensa; de participar en el ministerio en el diseño del mayor programa de la historia del Ejército de Tierra, como adjunto a la dirección de Compras del departamento de Margarita Robles, a firmar ahora contratos en nombre de su adjudicataria.

Es el periplo del general retirado Javier Abajo, que en 2021 dejó la dirección general de Armamento del Ministerio de Defensa y fichó como “asesor” de Tess Defence, consorcio de Indra, Escribano, General Dynamics y Sapa.

En 2020, con él en esa unidad clave del ministerio, la empresa que luego le fichó se adjudicó el programa del Vehículo de Combate sobre Ruedas (VCR) 8x8 Dragón, uno de los más importantes del Ejército, valorado en más de 2.000 millones de euros.

Ahora, Abajo está firmando contratos en nombre del consorcio. Su firma digital figura en las dos últimas licitaciones disponibles en la plataforma de Contratación del Estado que Defensa ha adjudicado a Tess Defence.

Es el caso del acta de formalización del contrato “Fase arranque OTACV 8X8”, adjudicado a Tess Defence el pasado 11 de noviembre por la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico del Ministerio de Defensa por 743.628,1 euros, más IVA. En el documento figura Javier Abajo en calidad de “representante” del contratista, como “adjunto” al director general del consorcio. Es una de las dos personas que firman el contrato en representación de Tess. La otra es su directora Financiera, Pilar García Santos.

Ambos ya firmaron la proposición económica que Tess Defence presentó el 2 de agosto de 2024 para otro contrato de Tess, el de “fase de arranque de la Oficina Técnica de Apoyo al Ciclo de Vida del VCR 8x8 Dragon”, adjudicado al consorcio en octubre del año pasado por 1.950.158,6 euros, más IVA.

Se desconoce si la firma de Abajo también figura en el acuerdo que, según explicó el pasado martes en una comparecencia en el Congreso de los Diputados la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, firmó el pasado 28 de noviembre el ministerio con Tess Defence para revisar “aspectos técnicos del contrato” del 8x8 Dragón, tal y como esperaba la adjudicataria en sus últimas cuentas anuales.

Según explicó Valcarce, el acuerdo implica “incorporar más tecnología y sobre todo más modernización”, lo que implica “el correspondiente reajuste en las anualidades y en las entregas” de los 348 vehículos previstos en el primer tramo de este programa, que acumula importantes retrasos, lo que ha provocado una insólita reprimenda pública de la ministra Robles.

elDiario.es preguntó al ministerio, sin obtener respuesta, por la contraprestación de este nuevo contrato y la intervención de Abajo en esas contrataciones con Tess. El socio mayoritario del consorcio desde este año es Indra, de la que el Estado es primer accionista con el 27%, y que ha pasado de tener el 24,67% de Tess a tomar el 51% al comprar acciones al resto de socios.

Un portavoz de la cotizada resta importancia a que en esos contratos figure la firma de este asesor. Según explica, en Tess “el único órgano que tiene facultades ejecutivas para todo lo relevante, incluidos contratos como este, es el Consejo de Administración”, del que Javier Abajo no es miembro.

Según sus últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil, Tess tenía en 2024 unos 25 empleados, con un gasto de personal medio de unos 70.000 euros por cabeza.

Ese portavoz de Indra indica que Abajo “se incorporó en septiembre de 2021 con el cargo de adjunto al director general” de Tess y no ha ascendido desde entonces. “No tiene ni ha tenido facultades ejecutivas y, por tanto, su función es más de asesoría. No hay incompatibilidad porque no era alto cargo”.

“El Consejo es quien aprueba y apodera en este caso para la ejecución o firma del contrato al adjunto al Director General. Por tanto, quien lo eleva a público no es relevante en realidad”, explica. El exgeneral Abajo “no tiene poderes ejecutivos”, insiste, y “es la práctica común” que su firma aparezca en estos contratos, asegura.

Boom el sector

“Estoy acostumbrado a mandar”, le dijo Abajo a La Voz de Galicia en una entrevista concedida en 2013, cuando estaba destinado en A Coruña como Jefe de la Fuerza Logística Operativa. El nombre del ex general es uno más en la larga lista de medio centenar de militares y ex altos cargos fichados por empresas y lobbies de defensa desde que estalló la guerra en Ucrania, en un contexto de boom del sector por el rearme que impulsa la UE ante la agresión rusa.

La contratación de Abajo por parte de Tess causó revuelo en su momento. Tras un breve paso por la reserva, y desde 2016 hasta que se jubiló en junio de 2021, el ex general había sido el director adjunto en la Dirección General de Armamento y Material (DGAM), la unidad del ministerio que en 2020 gastó más de 2.000 millones en el contrato original de blindados adjudicado a Tess Defence, uno de los mayores de ese departamento.

La DGAM es responsable del desarrollo de la política de armamento y su ejecución, una posición muy estratégica dentro de las Fuerzas Armadas por sus atribuciones y el alto presupuesto que maneja, y la responsabilidad de realizar los pliegos de condiciones y evaluar a los diferentes licitadores.

Algo que no ocurrió en el caso del megacontrato a Tess Defence, ya que la empresa era “la única opción con capacidad industrial suficiente para atender el objeto del contrato sin poner en riesgo la protección del interés esencial asociado a la decisión específica de contratación”, explica en sus cuentas.

Tras las noticias en prensa que se hicieron eco de cómo Abajo pasó de la dirección de Compras del ministerio a Tess con un lapso de tres meses, el Gobierno indicó en una respuesta parlamentaria que el fichaje del exgeneral por ese consorcio no estaba bajo su control.

Según explicó el Ejecutivo, “su contratación por una empresa privada no estaba sometida a la necesidad de autorización o informe previo” y el cargo de adjunto al director general de Armamento y Material no se encuentra entre los puestos definidos en la Ley de Altos Cargos, por lo que no se encontraba sometido a la incompatibilidad y regulación de los conflictos de interés.

El pasado martes, la secretaria de Estado de Defensa aseguró que en el programa del blindado 8x8 Dragon que desarrolla este consorcio de Indra, EM&E (primer accionista privado de esta última, con el que la cotizada planea fusionarse), General Dynamics (Santa Bárbara) y Sapa, se van a finalizar las entregas “en 2028” y “todas las previsiones se cumplen”.

Según explicó Valcarce, se han aplicado las penalidades correspondientes por los retrasos acumulados hasta ahora, que las empresas “han desistido de recurrir”. Y las modificaciones que acaban de acordarse afectan a configuraciones, actualización de requisitos de simuladores o del entrenador del sistema de armas, y no van a implicar nuevas demoras.

“La fecha límite es 2028”, se han entregado 11 unidades a principios de este año y “la compañía ha informado a la oficina de programa que tiene previsto la entrega de una agrupación táctica de 57 vehículos”. “Todo esto no implica ninguna reducción, ninguna supresión de las penalidades que legalmente correspondan”. La secretaria de Estado no precisó qué sobrecostes va a implicar el nuevo acuerdo.

En sus últimas cuentas, Tess Defence confiaba en que este año “se materialice para el programa VCR8X8 una ampliación del techo de gasto del programa del 20% para cubrir una serie de posibles modificaciones solicitadas por el cliente entre las que se encontrarían” pasar los vehículos “en configuración simple a completa”, la adquisición de simuladores para entrenamiento y la contratación “del sistema de conciencia situacional LSAS”.

Según explicó Valcarce, “los primeros vehículos entregados son de altísima calidad y fiabilidad” y “lo importante” es que se está trabajando para “agilizar” las entregas y “reforzar tecnológicamente” unos vehículos que “tienen que ser seña de identidad del Ejército de Tierra”. Valcarce defendió la legalidad de los préstamos a dedo al 0% que ha concedido el Gobierno al sector en los últimos meses por importe de más de 14.200 millones.

Entre sus beneficiarios están, entre otras, las integrantes de Tess Defence y el propio consorcio, al que Defensa (a través del Ministerio de Industria) va a prestar 788 millones entre este año y 2028 para desarrollar el vehículo de apoyo Cadenas (VAC). Para el VAC el Consejo de Ministros aprobó un compromiso de gasto de 1.628 millones en diciembre de 2013.

Se trata de una actuación “prioritaria” de las Fuerzas Armadas, que consiste en dotar al Ejército de Tierra de una familia de vehículos cadena multipropósito capaz de llevar a cabo las misiones operativas y logísticas que actualmente realizan las unidades del Transporte Oruga Acorazado (TOA), “que han superado ampliamente su ciclo de vida previsto”.

Fuente: https://www.eldiario.es/economia/ex...

Jaime Luján

El alto el fuego en Gaza no ha frenado los ataques de Israel contra los palestinos. No lo ha hecho en la propia Franja, ni en el otro territorio palestino, también ocupado, de Cisjordania. Los habitantes de esta región limítrofe con el río Jordán han sufrido desde el 7 de octubre de 2023 el recrudecimiento de las agresiones de los colonos israelíes hacia ellos. Palizas, robos e incendios son algunas de estas acciones que, además, en muchas ocasiones, cuentan con la connivencia de la Policía y el Ejército israelíes.

El periodista A. A. y la activista R. R. –ambos palestinos– han descrito la dramática situación de su tierra, Cisjordania, en el encuentro Palestina. Defender la vida, defender la tierra, organizado por la Alternativa Antimilitarista-MOC. A. A. es cofundador de la organización Youth of Sumud, que se dedica a ofrecer ayuda y protección en la región de Masafer Yatta: tanto a pastores en su actividad como a niños en su ruta hacia el colegio. Por su parte, R. R. es una joven activista que participa en Ikhilia, una cooperativa agrícola formada por mujeres palestinas en el valle del Jordán. infoLibre ha sido el único medio escrito que ha podido conversar con ellos durante su visita a España.

Ellos mismos han asegurado a este periódico que han sufrido personalmente el acoso de los colonos. “Intentaron robar un rebaño de ovejas de mi tío. Él, su esposa y yo intentamos impedirlo y me rompieron la pierna. Este año, en enero, atacaron mi casa y quemaron mi coche”, cuenta A. A. En cuanto a la Policía israelí, los entrevistados sostienen que “no hace nada” ante estos ataques. “Si llamamos a la Policía, esta dice que es una zona militarizada y que no es nuestra tierra. O te vas o nos dejas de llamar”, explica A. A.

En Cisjordania, según relata, la situación de las mujeres es especialmente alarmante ya que la asistencia médica es escasa, al igual que el acceso a la educación. “La mayoría de estas zonas no tiene centro médico, por eso cuando una mujer está enferma o embarazada tiene que ir en coche, que son atacados por los colonos”, explica R. R. Además, la activista señala que “la mayoría de las mujeres no pueden ir a la escuela porque tienen miedo de ellos. Muchas son asesinadas mientras caminan para ir a la universidad o a trabajar”, añade.

Ambos palestinos están de acuerdo en que, tras el alto el fuego en Gaza del pasado octubre, la situación en Cisjordania ha empeorado: “Los colonos creen que la guerra no debería parar y que deben continuarla ellos mismos”. Tampoco se muestran satisfechos con el reconocimiento a Palestina por varios países occidentales: “Primero, salvar vidas. Luego hablamos de los Estados”.

A.A. proviene de la aldea de Tuba, en la zona de Masafer Yatta, mientras que R. R. es del valle del Jordán. Ambos lugares se encuentran en la sección C de Cisjordania –bajo control civil y militar israelí– y donde se ubican los asentamientos de colonos, declarados ilegales por el derecho internacional. El área C supone alrededor del 60% de Cisjordania y cuenta con una población de unos 300.000 palestinos, según el Observatorio Mundial sobre Finanzas y la Inversión de los Gobiernos Subnacionales (SNG-WOFI, por sus siglas en inglés). En 2020, Cisjordania albergaba a más de 2,8 millones de palestinos y a 450.000 israelíes.

Parte de Masafer Yatta ha sido considerado por Israel como zona militarizada, lo que supone para los palestinos la imposibilidad de construir y, además, la demolición de algunas de sus viviendas. Los residentes de la región han acudido en varias ocasiones a la Justicia israelí para revocar esta calificación del suelo, sin éxito. “A día de hoy, las personas que viven en esta zona están aisladas y el ejército no permite a nadie entrar allí. Ni familiares, ni periodistas, ni profesores, ni médicos”, explica A. A.
La resistencia no violenta

Ambos palestinos han elegido la vía pacífica para luchar por los derechos de la población en Cisjordania, en un momento en el que ser activista en la región de Oriente Medio no es fácil. “No tenemos la protección para contar la verdad”, afirma R. R, que hace hincapié en el caso de Ayman Ghrayeb.

“Estuvimos sin saber de él durante tres días y después nos dijeron que estaba en el hospital. Ahora está detenido por seis meses y no tiene abogado”, prosigue. Este activista fue arrestado por el Ejército israelí el pasado 17 de noviembre mientras grababa con una cámara el ataque de unos colonos a la aldea de Fasayil.

Precisamente, Ghrayeb es el fundador de Ikhilia, que pretende “dar a los agricultores y las mujeres algo para continuar con sus vidas”, según R. R. Sin embargo, otra labor que llevan a cabo organizaciones como esta es la de documentar las distintas formas de acoso por parte de los israelíes. “Sirve para luego escribir sobre ello en las redes sociales o ir a los tribunales y comisarías israelíes; aunque eso no ayude, hay que intentarlo”, afirma A. A. Además del apoyo legal, Youth of Sumud también colabora con organizaciones de derechos humanos para ofrecer ayuda humanitaria a la población.

Para los dos activistas, lo esencial es “fortalecer la resiliencia de la gente para que pueda permanecer en sus tierras”. “Si estas personas no permanecen en sus casas, será un desastre más grande”, concluye A. A.

Según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus iniciales en inglés), desde el pasado 7 de octubre, 200 palestinos –52 de ellos eran niños– han sido asesinados por las fuerzas israelíes en Cisjordania. En este mismo periodo de tiempo, 2.803 palestinos han sido heridos, de los cuales al menos 355 son niños; y se han registrado 254 ataques de colonos contra la población palestina.

Los palestinos A. A. y R. R., junto con el nepalí Subhash Kattel –miembro de la Internacional de Resistentes en la Guerra (IRG)– han participado en el encuentro Desarmar el militarismo: Resistir la guerra, construir la paz, organizado por la Alternativa Antimilitarista-MOC e IRG, y celebrado a finales de noviembre en Barcelona. También han visitado Valencia y Madrid, este último acto acogido por la Fundación Anselmo Lorenzo.

Fuente: https://www.infolibre.es/internacio...