News aggregator

Iñigo Sáenz de Ugarte

El vuelo de un avión espía U2 en 1958 da a Estados Unidos la primera pista de que algo está ocurriendo en Dimona, Israel. Las fotografías no son una prueba definitiva porque lo que se ve en superficie no permite llegar a una conclusión clara. Es posible que para entonces ya exista un complejo subterráneo para el procesamiento de plutonio. El programa nuclear israelí se había iniciado antes con la firma de un pacto con Francia, por el que París acordaba vender a su aliado en la guerra de Suez un reactor nuclear capaz de producir grandes cantidades de plutonio y la tecnología necesaria para separar el plutonio del combustible irradiado del reactor.

En el último año de su mandato, el presidente estadounidense Eisenhower no abre un conflicto a causa de unas revelaciones aún no confirmadas. La Administración de John F. Kennedy adopta una posición muy diferente. La política de no proliferación nuclear es uno de los objetivos básicos del nuevo presidente y eso le coloca en rumbo de colisión con el primer ministro israelí, David Ben Gurion. El político que dominó los primeros quince años del Estado israelí no permitirá que JFK le arranque una concesión más de la necesaria. Ya ha comenzado el proceso por el que Israel se hará con la bomba nuclear. Actualmente, se calcula que el Estado judío cuenta con al menos noventa cabezas nucleares.

Entonces, tanto el Departamento de Estado como la CIA reciben informaciones o rumores sobre la colaboración de Israel y Francia. En junio de 1960, la Embajada de EEUU en Tel Aviv pide explicaciones por primera vez. Recibe la respuesta de que se trata de una planta de investigación metalúrgica. En diciembre, Washington descubre gracias al Gobierno británico que Noruega ha vendido a Israel veinte toneladas de agua pesada y las dudas empiezan a disiparse. El 8 de diciembre, el director de la CIA, Allen Dulles, informa a la Casa Blanca de que Israel está construyendo una gran central nuclear.

La opinión pública no tarda mucho tiempo en enterarse. El 16 de diciembre, el diario británico Daily Express anuncia que Israel está desarrollando “una bomba nuclear experimental” en Dimona, una pequeña localidad situada en el desierto del Negev.

La primera reacción israelí es la habitual en todos los países que han conseguido la bomba. Dimona ha sido “diseñada exclusivamente con fines pacíficos”, dice el Gobierno de Ben Gurion. Como Israel no cuenta oficialmente con uranio, promete que entregará a EEUU cualquier cantidad de plutonio que se produzca en el proceso de fisión nuclear. No es que estas promesas tengan mucha credibilidad en el Congreso de EEUU en un principio. “Mienten como ladrones de caballos”, dice con lenguaje pintoresco el senador republicano Bourke Hickenlooper.

La presión de Washington es incesante. Kennedy aún alberga esperanzas de que el presidente Gamal Abdel Nasser no coloque a Egipto en el bando soviético y cree compatible la alianza con Israel con un rechazo radical a la bomba nuclear israelí. En una reunión en la suite 28A del Waldorf Astoria de Nueva York, el 30 de mayo de 1961, se produce la confrontación entre los dos hombres.

Ben Gurion se mantiene firme en la defensa del uso pacífico de Dimona. Israel necesita la energía nuclear para mantener plantas desalinizadoras con las que suministrar agua potable a zonas necesitadas, dice. Kennedy no se conforma con explicaciones plausibles. Exige una serie de inspecciones anuales de Dimona con la presencia de científicos neutrales para darles más credibilidad. Ben Gurion comienza a desconfiar.

BG: “¿Qué quiere decir con neutrales?”.

JFK: “¿Cree, como Jruschov, que ningún hombre puede ser neutral? Pensemos en Nehru” (primer ministro de India).

BG: “Sí, Nehru es neutral, aunque tras su experiencia con China, no diría que es tan neutral”.

JFK: “Sí. O Suiza, Suecia o Dinamarca. ¿Se opondría a que enviáramos a un científico neutral?”.

Ben Gurion está acorralado. Negarse a esas inspecciones demostraría que tiene algo que ocultar, que es precisamente lo que está ocurriendo. Acepta, pero a partir de entonces se embarca en una serie de maniobras de obstrucción y consigue retrasar las visitas. Una inspección anterior no había arrojado ningún resultado. En una segunda ocasión, los científicos sólo pueden pasar 40 minutos en Dimona y no reciben permiso para visitar el edificio principal. Todo está preparado para que no encuentren nada.

Kennedy podría haber aumentado la presión hasta niveles insoportables impidiendo la venta de los misiles antiaéreos Hawk en 1962. Por otro lado, sin ellos es probable que Ben Gurion no hubiera autorizado ningún tipo de inspección. Y eso es todo lo que podía conseguir EEUU en ese momento.

Los Hawks son la mejor línea de defensa con la que Dimona puede contar ante un hipotético ataque preventivo egipcio, como de hecho ya había amenazado Nasser. En la primera oleada de ataques para destruir a las fuerzas aéreas egipcias en la Guerra de los Seis Días (1967), Israel sólo pierde ocho aviones. Uno de ellos vuelve dañado a su base manteniendo el silencio de las comunicaciones ordenado para la misión. Entra en el espacio aéreo de Dimona y es derribado por un Hawk.

Kennedy no ceja en su empeño hasta que arranca un compromiso en una reunión con Shimon Peres –entonces viceministro de Defensa e implicado en el programa nuclear desde el primer momento–, que termina convirtiéndose en la respuesta estándar israelí para las décadas siguientes. “Puedo asegurarle con total claridad que no introduciremos las armas nucleares en la región, y que ciertamente no seremos los primeros en hacerlo”, dice Peres en la Casa Blanca. Como se verá más tarde, las palabras tendrán un significado muy peculiar a la hora de encubrir las evidencias sobre la bomba israelí.

La resistencia de Ben Gurion a aceptar inspecciones reales termina enfureciendo a Kennedy. En la historia de la relación entre ambos aliados, pocas veces EEUU ha enviado a Israel un ultimátum tan claro como el que aparece en la carta de JFK al primer ministro israelí del 18 de mayo de 1963. “Este compromiso [con la seguridad de Israel] y este apoyo estarían en serio peligro para la opinión pública de este país y para Occidente si este Gobierno [de EEUU] fuera incapaz de obtener información fiable sobre un asunto tan vital para la paz como el carácter de los esfuerzos israelíes en el campo nuclear”.

Dos hechos inesperados contribuirán a que la tormenta amaine: la dimisión de Ben Gurion y el asesinato de Kennedy.

Una primera respuesta del primer ministro a la carta de Washington contiene las promesas habituales, pero también ciertas salvedades ambiguas que hacen ver a los norteamericanos que el israelí no ha entendido el mensaje. Un mes después, Kennedy envía una segunda carta en términos similares, si cabe más duros, y reitera la amenaza de que el apoyo a Israel está “en serio peligro”.

Ben Gurion está tensando la cuerda al límite, pero no tendrá que afrontar las consecuencias. Antes de que el embajador norteamericano pueda entregarle la segunda carta, presenta la dimisión de forma inesperada. La noticia causa un gran impacto en Israel. El político más poderoso del país se retira de todos sus cargos: primer ministro, ministro de Defensa y líder del partido Mapai (que luego será el Partido Laborista).

Varios políticos e historiadores creen que el conflicto con Washington es lo que ha originado la dimisión. Incluso algunos opinan que fue forzada por Kennedy. Sin embargo, no parece que sea así. En el libro 'Support Any Friend. Kennedy's Middle East and the Making of the U.S.-Israel Alliance', el historiador Warren Bass sostiene que la razón no hay que buscarla en el programa nuclear. La posición de Ben Gurion dentro de su partido era insostenible. La vieja guardia del Mapai “estaba convencida de que Ben Gurion iba a pasar por encima de la vieja generación de líderes y colocar a (Shimon) Peres y (Moshe) Dayan al frente del partido”. No iban a permitirlo.

Sin el carácter indomable de Ben Gurion, muchos creen que el sucesor, Levi Eshkol, será un líder de transición. Pero en el caso del conflicto nuclear con EEUU, su perfil bajo y alergia a los grandes enfrentamientos le resultan muy útiles.

Eshkol no tiene la menor intención de correr riesgos en la relación con Washington. Es demasiado valiosa como para adoptar una actitud obstruccionista. Bass cuenta en su libro un viejo chiste israelí en el que unos agricultores se presentan en el despacho del primer ministro para quejarse de los efectos de una terrible sequía. “¿Dónde?”, pregunta un alarmado Eshkol. “En el Negev, por supuesto”, le dicen. “Menos mal”, comenta Eshkol, mucho más aliviado. “Pensaba que era en EEUU”.

Donde Ben Gurion había sido intransigente, su sucesor es flexible y conciliador. Acepta la idea de inspecciones regulares sin concretar demasiado. En ese momento, la prioridad es reducir al mínimo las tensiones en una relación que es estratégica para Israel. Ya habrá tiempo de ocuparse de que el programa nuclear siga oculto. Kennedy se da de momento por satisfecho.

Su muerte en noviembre de 1963 no provoca un giro completo en las relaciones con Israel. Sí acelera la profundización de la alianza. Lyndon Johnson no está tan comprometido con la idea de no proliferación. Nunca permite que el programa nuclear israelí interfiera en su diálogo con Eshkol. Y da inicio a una etapa que se prolonga hasta nuestros días de venta del mejor armamento a Israel. 210 tanques M-48 en 1965. 48 bombarderos Skyhawk en 1966, la primera gran venta de aviones. 50 bombarderos F-4 Phantom en 1968.

Las inspecciones de Dimona –Kennedy quería que fueran dos al año– se reducen a una sola. Los norteamericanos ven lo que los israelíes quieren que vean. En junio de 1966, The New York Times informa de que la última visita confirma a Washington “la conclusión inicial de que la central no se está utilizando para fabricar armas atómicas”. Lo que no conoces no te puede hacer daño.

En algún momento de la presidencia de Johnson, Israel concluye los trabajos de su primera bomba nuclear. Según el historiador israelí Avner Cohen, cuando llega la guerra de 1967, el país ya cuenta con “capacidad armamentística nuclear, rudimentaria pero operativa”, probablemente dos bombas nucleares.

La Administración Johnson nunca se ve en la tesitura de tomar una decisión al no poder ignorar que Israel tiene la bomba. Nixon no tiene esa posibilidad. Cuando plantea en varias ocasiones al Gobierno de Golda Meir que la aparición de armas nucleares en Oriente Medio es “una amenaza directa a la seguridad nacional de Estados Unidos” porque supondría un grave revés para los intentos de impedir la extensión de esas armas en todo el mundo, Israel comienza a dar forma a la política de ambigüedad calculada que persiste hasta nuestros días. Para ello, es necesario retorcer la verdad, aplicar a ciertos conceptos un significado discutible y hacer creer a Washington que estaría dispuesta a firmar el Tratado de No Proliferación.

Al final, Richard Nixon y Henry Kissinger deciden que la capacidad de presión de su Gobierno sobre Israel es limitada y que llevarla hasta sus últimas consecuencias sería incluso contraproducente para la política de no proliferación.

Tras la llegada de Nixon a la Casa Blanca, la bomba israelí es ya el fantasma del que todos hablan en los Departamentos de Estado y de Defensa en Washington, aunque los hay que harán todo lo posible por ocultarlo. Entre ellos, está el embajador norteamericano en Tel Aviv, Walworth Barbour, en el cargo desde 1961 (lo fue durante doce años).

Barbour asiste a una reunión en el Departamento de Estado al comenzar 1969 donde recibe un informe sobre lo que los servicios de Inteligencia conocen del programa de armas nucleares israelíes. En un momento dado, el embajador se levanta y da por zanjada la cuestión: “Caballeros, no me creo ni una palabra de esto”.

Hay una persona que no da crédito a lo que escucha, quizá porque sólo unos meses antes había dado a Barbour esa información sin que se produjera la misma reacción. Fuera de los oídos de los demás, le dice: “Señor embajador, usted sabe que esto es cierto”. El diplomático le deja claro cuáles son sus prioridades: “Si yo lo reconociera, tendría que ir al presidente [para informarle]. Y si él lo admite, tendría que hacer algo al respecto. El presidente no me envió para meterle en problemas. No quiere que le den malas noticias”.

Todas las claves de lo que termina siendo la luz verde de EEUU a la bomba israelí están en un informe que Kissinger envía a Nixon en julio de 1969, desclasificado en 2001, poco antes de una visita de Golda Meir a la Casa Blanca. El consejero de Seguridad Nacional presenta ahí el consenso existente entre los principales departamentos implicados y hace sus propias recomendaciones.

El texto es en sí mismo un manual de la realpolitik. Se establecen unos principios claros de la política exterior norteamericana pero, al mismo tiempo, se admite que hacerlos cumplir perjudicaría por otras razones a los intereses del país. El silencio es la forma con que se salva esa contradicción. Si los israelíes quieren tener algo, la única alternativa viable es que no se sepa. Golda Meir no podría estar más de acuerdo.

Kissinger establece que la presencia de armas nucleares en Oriente Medio va contra los intereses de EEUU. Acto seguido, detalla el potencial israelí: “Israel tiene 12 misiles superficie-superficie entregados por Francia. Ha puesto en marcha una cadena de producción y planea tener para finales de 1970 una fuerza total de 24-30, diez de los cuales están programados para llevar cabezas nucleares”.

¿Cuál es la principal y única baza con la que cuenta EEUU para presionar, dado que nadie se imagina que vaya a imponer sanciones a su aliado? La venta de los bombarderos F-4 Phantom, prometida por Johnson y que está previsto que se inicie en septiembre. Kissinger apunta que, cuando se firmó ese contrato, Israel se comprometió a “no ser el primero en introducir armas nucleares en Oriente Medio”. Hay que recordar que los F-4 pueden adaptarse para lanzar una bomba nuclear.

Para salvar el salto entre el lenguaje y la realidad, los israelíes tienen su propia definición de la palabra introducir. Según ha contado Yitzhak Rabin a sus interlocutores (entonces embajador israelí en Washington), es lícito contar con armas nucleares mientras no hagan una prueba nuclear, desplieguen esas armas o hagan pública su posesión. Si no hacen nada que sirva al mundo para ser consciente de que existe una nueva potencia nuclear, en ese caso no estarían introduciendo las nuevas armas en la región.

“Al firmar el contrato [de venta de los F-4], escribimos a Rabin para decirle que creemos que la simple 'posesión' constituye una 'introducción', y que la introducción de armas nucleares por Israel sería para nosotros causa suficiente para cancelar el contrato”, prosigue Kissinger.

Con ser peligrosa, la posesión de armas nucleares no lo es tanto como el hecho de que trascienda. Podría hacer que la URSS extendiera su paraguas nuclear sobre los países árabes y reforzar su control sobre ellos. Kissinger se pone en la piel del Politburó para afirmar que los soviéticos también preferirían no saber y no tener por tanto que cumplir los compromisos con sus aliados.

A EEUU le interesa “como mínimo” que Israel firme el TNP. Con una mezcla de cinismo y realismo, Kissinger admite que quizá sea irrelevante. “No es que firmar suponga alguna diferencia en el programa nuclear israelí, porque Israel podría fabricar las cabezas nucleares de forma clandestina”. Al menos, la firma les daría la opción de tratar el asunto abiertamente con el Gobierno de Golda Meir.

Los objetivos norteamericanos planteados a Nixon son que Israel firme el TNP, que se comprometa por escrito a no ser el primer país en introducir las armas nucleares en Oriente Medio, quedando claro que posesión es sinónimo de introducción (aunque Kissinger dice que podrían darse por satisfechos siempre que no se concluya hasta el final el proceso de ensamblaje de una cabeza nuclear o su instalación en un misil); y que detenga la producción y despliegue de los misiles Jericó o cualquier otro misil capaz de transportar una cabeza nuclear.

De inmediato, Kissinger plantea a Nixon por qué estos tres objetivos son de hecho inalcanzables. Este “dilema” se basa en que “Israel no nos tomará en serio” si no estamos en condiciones de amenazar con cancelar la venta de aviones o incluso toda la relación militar entre los dos países, incluida la venta de armamento. Se puede realizar esa presión, pero no será efectiva si no se está dispuesto a llegar hasta el final.

Y lo que Kissinger le dice a Nixon es que no pueden. Negar a Israel los aviones provocaría una “enorme presión pública” sobre el Gobierno –hay que suponer que por la probable protesta de la comunidad judía norteamericana y del Congreso–. “Estaríamos en una posición indefendible si no pudiéramos declarar por qué hemos retirado los aviones. Pero si explicamos nuestra posición en público, seríamos nosotros los que estaríamos desvelando la posesión de armas nucleares por Israel, con todas las consecuencias internacionales que eso conlleva”.

El resultado de la reunión entre Nixon y Golda Meir en septiembre de 1969 no se conoce con el mismo detalle. Parece claro que EEUU e Israel llegaron a un acuerdo secreto en los términos que deseaba Meir. No se harían pruebas nucleares que trascendieran y no habría una declaración pública sobre el nuevo arsenal. EEUU no reconocería en público que Israel contaba con armamento nuclear.

En octubre, Rabin informa a Kissinger de que Israel “no se convertirá en una potencia nuclear”. Es una simple mentira o una aplicación de la adaptación del lenguaje a las circunstancias. Las bombas nucleares existen pero, al no hacerse pública su existencia, en realidad no existen.

Además, comunica que su país estudiará firmar el TNP después de las elecciones de noviembre. Al año siguiente, el mismo Rabin confirma que no habrá tal adhesión. Ya da igual. EEUU abandona toda idea de presión y pone fin a las inútiles inspecciones de la central de Dimona. No es necesario continuar con el teatro de las inspecciones que nunca iban a encontrar nada.

Desde entonces, Israel mantiene una política a la que se llama de ambigüedad nuclear. Ni confirma ni desmiente que tenga las armas nucleares que todo el mundo sabe que tiene. Si es necesario, reitera los términos expresados años atrás por Rabin. En 1986, un técnico de Dimona llamado Mordejái Vanunu se puso en contacto con The Sunday Times para contar lo que sabía del arsenal atómico y aportar pruebas fotográficas. El periódico lo llevó al Reino Unido, pero el Mossad consiguió engañarle después y lo secuestró. Fue juzgado en secreto en Israel y condenado. Pasó 18 años en prisión, de los que once fueron en confinamiento solitario.

El entonces primer ministro, Ehud Olmert, cometió un desliz en una entrevista con una televisión alemana en 2006 al dar a entender que Israel contaba con armas nucleares. Recibió muchas críticas de la oposición entre las que destacó la del exministro de Exteriores Silvan Shalom, del Likud. “Siempre nos enfrentamos a la misma cuestión cuando nuestros enemigos preguntan: ¿por qué se permite a Israel tener la bomba y no a Irán?”. Esa es la pregunta que todos los presidentes norteamericanos posteriores a Nixon no han querido responder en público.

Fuente: https://www.eldiario.es/internacion...

El cuartel de Juan de Garay (Bilbo) representa un modelo de ciudad que prioriza la lógica de la guerra sobre la vida cotidiana de sus habitantes. El barrio reclama su espacio para ponerlo al servicio de la ciudadanía

Asamblea #BotaKuartela

El cuartel militar de Juan de Garay, ubicado en el corazón del barrio de Irala (Bilbo), es un espacio que simboliza la militarización de nuestras ciudades y la desconexión con las necesidades reales de las personas. Se trata de un enclave de uso militar de 6.500 metros cuadrados que desde la asamblea #BotaKuartela se reclama como un espacio a recuperar para la vida del barrio, en lugar de perpetuar su legado militarista.

La historia de esta reivindicación no es nueva. Desde los años de la insumisión, el antimilitarismo ha cuestionado la presencia de infraestructuras militares en nuestras ciudades. En el caso de Bilbao, el cuartel de Juan de Garay ha sido blanco de múltiples acciones directas noviolentas, algunas de ellas protagonizadas por el MOC de Bilbao; representa un modelo de ciudad que prioriza la lógica de la guerra sobre la vida cotidiana de sus habitantes.

El legado de la insumisión como herramienta transformadora

Durante los años de la insumisión, la desobediencia civil fue una de las formas de resistencia política más significativas en el Estado español. Más de un millón de objetores de conciencia rechazaron colaborar con el ejército, lo que llevó a 1.700 de ellos a ser encarcelados. Este movimiento, que terminó con el servicio militar en el año 2001, dejó lecciones organizativas y éticas que inspiran hoy a la asamblea #BotaKuartela.

En esta línea, las acciones realizadas contra el cuartel de Juan de Garay son una continuación de ese legado. Como ejemplo de estas acciones, en 2018 varias personas llevaron a cabo una Acción Directa Noviolenta, utilizando mazas para comenzar a derribar el muro, maza en mano, de esta instalación militar, mientras denunciaban la presencia de un cuartel en un barrio que carece de equipamientos básicos. Estas acciones derivaron en juicios donde se solicitaban penas de hasta 18 meses de prisión; sin embargo, las implicadas fueron finalmente absueltas. Este episodio reafirmó la fuerza del movimiento antimilitarista y destacó la necesidad de cuestionar las estructuras que perpetúan el militarismo en los entornos urbanos.

La asamblea #BotaKuartela surge con un objetivo claro: recuperar el cuartel de Juan de Garay. Esta lucha trasciende la denuncia de la ocupación militar del terreno; se trata de una propuesta transformadora para crear espacios que prioricen el cuidado, la convivencia y la justicia social. Es una reivindicación que no solo busca desmontar estructuras físicas, sino también desmantelar la lógica militarista que las sostiene, proponiendo alternativas basadas en la vida comunitaria. Debido a ello, la asamblea #Botakuartela trabaja dentro diferentes actividades del barrio, como la Ogi festa, en la que entrelaza el contenido antimilitarista con las diferentes sensibilidades sociales propias del barrio.

Defensa Popular Noviolenta: una alternativa al militarismo

Frente al modelo tradicional de defensa armada, la Defensa Popular Noviolenta (DPNV) propone una alternativa que pone en el centro a la ciudadanía organizada. Este paradigma plantea que la verdadera defensa de un territorio no necesita armas ni ejércitos, sino la acción colectiva y noviolenta para proteger los derechos sociales, económicos y culturales.

La DPNV, basada en la resistencia activa y en la organización comunitaria, se presenta como una forma de enfrentar las amenazas desde la sociedad civil. Es un modelo que, como defiende la asamblea #BotaKuartela, no sólo cuestiona la presencia de estructuras militares como el cuartel de Juan de Garay, sino que apuesta por construir espacios de construcción comunitaria. Derribar los muros del cuartel y abrir ese espacio al barrio no sólo es una acción simbólica contra el militarismo, sino un ejemplo práctico de cómo la ciudadanía puede autogestionar su defensa y bienestar sin recurrir a la violencia.

Un llamamiento a la acción colectiva

La historia del cuartel de Juan de Garay es, en última instancia, la historia de la lucha antimilitarista y por un mundo sin ejércitos ni guerras. Desde #BotaKuartela, la lucha se plantea como un acto de justicia: recuperar lo que siempre debió ser para la vida y no para la muerte.

Pero esta campaña no solo mira hacia el barrio de Irala. Es un llamamiento a todas las personas que habitan en Bilbao a repensar el uso de los espacios públicos, a cuestionar las prioridades militares y a imaginar una ciudad más humana y solidaria. Como expresan desde la asamblea: “Derribar los muros del cuartel no es solo una metáfora; es una necesidad urgente para construir un futuro que ponga la vida en el centro.”

Desde la asamblea #BotaKuartela hacemos un llamamiento al barrio de Irala y a las personas que habitan en Bilbao a movilizarse a favor de la Paz y contra la guerra, sumándose a la denuncia de la existencia del cuartel de Juan de Garay.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/plane...

Y con los berenjenales bélicos que está creando nuestra clase política, es de creer que en los próximos años poca gente se va a animar a firmar un contrato que supone el riesgo de ser enviado a una de las guerras de la OTAN y la UE a ser despanzurrado por un dron de uno de esos países que nos dicen que tenemos que odiar. Nota de Tortuga.

Las Fuerzas Armadas españolas tienen 227 generales, pero faltan 9.500 oficiales y 3.000 soldados: “El esfuerzo es ampliar armas, no personal”

El personal militar en activo es de 116.739 efectivos, solo 329 profesionales más que un año antes. El Observatorio de la Vida Militar lamenta que el actual debate geopolítico parece volcar actualmente el esfuerzo en modernizar y ampliar medios y sistemas de armas.

David Fernández

El personal militar en activo en España es de 116.739 efectivos (a 1 de enero de 2025), solo 329 profesionales más que un año antes. No es una buena cifra. De hecho, el Observatorio de la Vida Militar (OVM), un órgano asesor dependiente de las Cortes cuyos miembros son elegidos por los plenos del Congreso y el Senado, alerta en su último informe de que hay un déficit de personal que “debe considerarse crónico”, pues desde el año 2010 la evolución de los efectivos de las Fuerzas Armadas resulta claramente decreciente y, en 2025, “acumula una pérdida de 13.300 militares profesionales”.

Para el Observatorio, “debe ser ineludible mantener los efectivos de personal militar de modo que no sea posible la pérdida progresiva de estos durante más de una década”. Especialmente cuando su número está expresamente recogido mediante una ley. “Los recursos humanos exigen una planificación que no puede quedar nunca al albur de coyunturas diversas de cada presupuesto anual”, denuncia este organismo, que argumenta que haces falta más militares porque “las estructuras orgánicas, los compromisos internacionales y, en consecuencia, la operatividad de las unidades, no han dejado de aumentar, demandando mayor disponibilidad y un mayor sacrificio y exigencia que recae sobre el personal de los ejércitos”.

La ley que regula el número de militares

Esa ley es la ‘Ley de la Carrera Militar'. Su artículo 16 establece que el número máximo de militares profesionales en servicio activo se fija entre 130.000 y 140.000 efectivos. Luego, en los Presupuestos Generales del Estado, se determina el objetivo de militares de tropa y marinería para cada ejercicio. “De lo anterior se observa que existe un déficit de entre 13.000 y 23.000 militares en servicio activo. Para tomar conciencia de lo que ese déficit representa, considerando el extremo superior de esa horquilla (23.000), equivaldría aproximadamente al total del personal que compone la Armada o el Ejército del Aire”, señala el Observatorio, que acaba de presentar una minuciosa radiografía de la situación de las Fuerzas Armadas españolas en un informe de 496 páginas. De los 116.700 efectivos, 73.000 está en el Ejército de Tierra; 20.300 en la Armada y otros 20.300 en el Ejército del Aire.

La ley también establece un tope de 50.000 oficiales y suboficiales. Hay 40.656. Si se restan los 227 generales, “existiría un amplio margen de 9.571 efectivos entre oficiales y suboficiales que no existen”. El Observatorio lamenta que el actual debate geopolítico parece volcar actualmente el esfuerzo en modernizar y ampliar medios y sistemas de armas. “Sin embargo, no contempla con el mismo énfasis, ni en número ni en su preparación, al personal militar que deberá emplearlos”. Los cuadros de mando solo han crecido en 51 efectivos. Y cada vez son más veteranos: el 33% de los oficiales y suboficiales son varones de más de 50 años. Hay que recordar que el Gobierno español se ha comprometido a elevar el presupuesto de Defensa al 2,1% del PIB.

¿Cuántos debería haber?

El organismo pide una reflexión: cuál debería ser, tras 17 años del escenario que plantea la Ley de la Carrera Militar, el número de militares con que deberían contar las Fuerzas Armadas españolas en relación con su actual población. Actualmente, es de 2,4 militares por cada 1.000 habitantes. Lejos del 3,6 de la Unión Europea y del 6 de la OTAN. Y es que los Presupuestos Generales vienen limitando desde el año 2014 un tope de 79.000 militares de tropa y marinería. Actualmente, hay 76.083 soldados, solo 278 más que hace un año. Lo que supone un déficit de 3.000 efectivos. El récord se alcanzó en el año 2010, con 86.112. La condición de militar de tropa y marinería se adquiere al obtener el empleo de soldado o marinero tras superar unas pruebas selectivas y un periodo de formación. El compromiso inicial de permanencia es de dos o tres años, según se determine en la convocatoria. Ese compromiso inicial podrá renovarse hasta un tiempo máximo total de seis años.

Cumplidos cinco años de servicio, estos profesionales pueden suscribir otro compromiso de larga duración, también previa evaluación y declaración de idoneidad. En esta situación se podrá permanecer hasta cumplir 45 años, pudiendo entonces adquirir, si al menos se han cumplido 18 años de servicio, la condición de reservista de especial disponibilidad (RED). Unos 35.400 soldados y marineros tienen este compromiso de larga duración. El Observatorio denuncia que esta escala se está envejeciendo y que esto solo se puede paliar con más convocatorias de ingreso.

El año 2024 finalizó con un incremento de 119 mujeres respecto a 2023, lo que modifica ligeramente la ratio: el 13,1% de los efectivos son femeninos. Estamos hablando de 15.291 mujeres. De todas ellas, 429 son oficiales mayores de 50 años y 441 tienen menos de 32 años. Al menos una decena de mujeres han ascendido ya al generalato. Otro dato importante es el de reservistas. Hay 12.970. La cifra ha ido descendiendo año tras año. En 2014, por ejemplo, había 16.300. La situación de reserva es la condición administrativa previa al pase a la situación de retiro. Los militares pasarán a esta situación, obligatoriamente, por haber cumplido un determinado periodo de tiempo de servicios en ciertos empleos (general, coronel, teniente coronel...) o al cumplir una edad concreta (los oficiales y suboficiales, a los 61 años, y la tropa y marinería al cumplir 58 años). También es posible pasar a la reserva con carácter voluntario, dentro de los cupos que fije el Ministerio de Defensa para los distintos empleos.

Fuente: https://www.infobae.com/espana/2025...

Francesco Vignarca

No se trata de un espectro que aceche a Europa, sino de un Moloch que hipoteca su futuro: la militarización tanto del discurso político como de la economía.

Esta tendencia está empezando a configurar decisiones a largo plazo, vendidas de antemano y presentadas como «naturales» mediante una retórica implacable que transforma el miedo en apoyo político y hace que la industria militar parezca un futuro inevitable. Ya no se trata de una mera «deriva» militarista, sino de una elección política lúcida, brutal y peligrosa, cuyas consecuencias recaerán sobre los ciudadanos de Europa.

Nos enfrentamos, como nos indican los datos, más allá de los anuncios públicos, a un rearme planificado y estructural, y no solo a un aumento temporal del gasto militar.

En 2021, el gasto militar total de los países de la Unión Europea fue de 218.000 millones de euros; en 2024, ascendió a 343 000 millones de euros, y las previsiones consolidadas para el año en curso se sitúan en 392.000 millones de euros (muy cerca del umbral psicológico de los 400.000 millones de euros). Esto basta para demostrar que la supuesta «infrafinanciación de la defensa» que proclaman la Comisión y el Consejo de la UE no es más que una construcción ideológica. No sólo porque el gasto militar ya se encuentra en máximos históricos y crece más rápido que cualquier otra partida del presupuesto público, sino porque la idea que se promueve es que, para defendernos, debemos armarnos. En realidad, la mejor manera de construir una vida colectiva más segura es garantizar los derechos y trabajar para mitigar los conflictos.

La verdadera magnitud del militarismo europeo se revela si observamos el futuro que se está trazando. Andrius Kubilius, comisario de Defensa de la UE, ha sido explícito: «Los europeos invertiremos alrededor de 6,8 billones de euros en el sector militar para 2035, y el 50 % de esa cantidad se destinará a la adquisición de armamento. Será un auténtico big bang financiero». También aclaró que el 90 % de esta carga recaerá sobre los presupuestos de los Estados miembros.

El verdadero objetivo no es fortalecer la Unión en el plano militar, sino beneficiar a los intereses armamentísticos. Así lo demuestra también el enésimo cambio de nombre del plan de rearme de la Comisión, que ahora se ha sometido a un cambio de imagen y se promociona como Hoja de Ruta para la Preservación de la Paz y la Preparación para la Defensa 2030. Una vez más, se recurre a un llamamiento orwelliano a la «paz» para convencer a una opinión pública reacia al belicismo abierto. En cada etapa, se ha cambiado el nombre para hacerlo más comercial, pero el fondo sigue siendo el mismo: construir una Europa armada antes de construir una verdadera política exterior común. Sin embargo, esto último es lo único lógico y sensato, incluso para quienes desean una «Europa fuerte» en el sentido militar.

Así pues, se supone que primero debemos conseguir las armas de guerra y luego, tal vez algún día, la política real. Se trata de un abuso de la lógica y la democracia que solo favorece a una parte: los fabricantes de armas.

Porque esta es la cuestión: la aceleración no está diseñada para la defensa de los pueblos europeos, sino para alimentar los beneficios. Así lo demuestran los programas ya en marcha, como el Fondo Europeo de Defensa y el programa ASAP, así como los propios datos de Bruselas. Estos instrumentos no han conducido a una integración real de la producción armamentista europea. Cada país sigue comprando y produciendo por su cuenta, siguiendo la lógica del poder mezquino y la influencia de pequeños intereses industriales, lo que garantiza que el mercado siga fragmentado y sometido a la preeminencia tecnológica de los Estados Unidos.

Esta enloquecida carrera se justifica por el miedo a las amenazas externas, avivado deliberadamente para suspender el pensamiento crítico y clausurar el debate democrático. Pero se trata de un engaño. Lo que ellos llaman «defensa» se refiere únicamente a la arquitectura militar, mientras que la verdadera defensa —social, civil, diplomática, informativa— ni siquiera es objeto de debate. Y lo más importante es que cada mil millones que se gastan hoy en armas son mil millones que se le substraen a la educación, la sanidad, la transición ecológica y las políticas sociales: una economía de guerra permanente.

Aquella parte de la sociedad civil que aboga por la paz y el desarme lleva años denunciando esto: el aumento de la inversión militar no traerá más seguridad, sino más inestabilidad y más crisis. Sobre todo, hipotecará nuestro futuro. El rearme europeo se está construyendo sobre la deuda pública y compromisos de gasto plurianuales que se transmitirán como una soga al cuello a los futuros gobiernos y generaciones.

Ahora, ante esta escalada masiva, quizá ya no baste con vigilar o denunciar. Necesitamos alternativas estructurales a la guerra. Necesitamos políticas de seguridad que no requieran armas, así como una defensa civil europea. Necesitamos una diplomacia autónoma y multilateral. Necesitamos desmantelar el papel central de la industria armamentista en la economía europea. Porque no es cierto que no haya alternativas. El problema es que nadie quiere debatirlas.

Lo que nos espera no es un breve interludio. Es una encrucijada histórica. O permitimos que Europa se convierta en una fortaleza armada al servicio de los beneficios militares, o construimos otro modelo de seguridad: un modelo que parta de las personas, no de las armas.

Francesco Vignarca
es coordinador de campañas de la Rete Italia Pace e Disarmo, de la que fue coordinador nacional. Estudió Astrofísica en la Università dell´Insubria (Varese y Como) y ha trabajado para la ONG Emergency y la página de economía solidaria Altreconomia. Especialista en información militar e industria de armamento, entre sus libros se cuentan “Mercenari S.p.A.” (Rizzoli, 2004), “Armi, un affare di Stato. Soldi, interessi, scenari di un business miliardario” (Chiarelettere, 2012) o “Disarmo nucleare” (Altreconomia, 2023).

Fuente:
il manifesto global, 19 de octubre de 2025

Tomado de: https://www.sinpermiso.info/textos/...

Deva Mar Escobedo

La empresa fabricante de armas española Escribano M&E cumplirá en breve un año de funcionamiento en Córdoba. El periodo en activo de la fábrica en el parque tecnológico Rabanales 21, a las afueras de la capital cordobesa, ha estado salpicado por protestas en la calle o reclamaciones en sede municipal. El motivo principal es el acuerdo de colaboración de la española con Elbit Systems, una armamentística israelí que presume de tecnología probada en combate, léase en el genocidio en curso en la Franja de Gaza. Tras el embargo de armas a Israel aprobado por el Gobierno el pasado septiembre, el Ministerio de Defensa mantiene que el trabajo de Escribano con Elbit ha cesado, pero el silencio de la empresa española y la ausencia de documentos clave hace pensar a activistas y especialistas que la colaboración no ha terminado realmente.

Mientras no se demuestre el fin de las relaciones de Escribano con Israel, la sociedad cordobesa se seguirá movilizando, según explican en Juventud Córdoba por Palestina (JCxP). El colectivo propalestino convocó la mañana del lunes 3 de noviembre una concentración frente al Rectorado de la Universidad de Córdoba (UCO) para denunciar la “complicidad” de la institución educativa y su rector en el genocidio del pueblo palestino como forma de presionar hacia el fin de la actividad de Escribano en la ciudad.

Nacida en Alcalá de Henares hace más de 35 años, Escribano M&E se expandió a Córdoba hace un año escaso. El lugar escogido para asentarse fue el parque tecnológico Rabanales 21, creado como vivero de empresas por un consorcio formado por el Ayuntamiento de Córdoba y la UCO. “Las parcelas son del Ayuntamiento”, señala Juan Hidalgo Hernández, concejal portavoz del grupo municipal Hacemos Córdoba, que apunta que el papel de la Universidad es “buscar sinergias” con las empresas que se asienten en el parque y establecer convenios con ellas “para que el trasvase de conocimientos e innovación haga atractivo” que se instale una compañía. Es por todo esto por lo que en JCxP consideran que ninguna de las instituciones cordobesas puede lavarse las manos ante la polémica presencia de la compañía de defensa en las afueras de la ciudad.

“Estamos más legitimados que nunca para oponernos a Escribano”, sentencia el portavoz del colectivo Mejor sin armas Juan Escribano —“Escribano el bueno”, se refieren a él a veces como broma por el hecho de que comparta apellido con los fundadores de la armamentística—. “Nos vamos a seguir movilizando porque los informes de[l Centro] Delàs [de Estudios por la Paz] y de Amnistía Internacional son cada vez más contundentes en señalar a Escribano como cómplice de la industria armamentística israelí”, continúa el activista de Mejor sin armas.

“Solo queda seguir oponiéndonos y denunciando”, tercia Hidalgo Hernández con respecto a las posibilidades de acción dentro del marco de la corporación municipal. El grupo político al que representa considera que la instalación de Escribano en Rabanales 21 contravino los requisitos técnicos establecidos para la llegada de empresas. “Hay que discernir si Escribano sigue manteniendo relación de cualquier tipo con el régimen israelí. Eso estaría fuera del ordenamiento legal y habría que anular cualquier clase de contrato que tenga con las administraciones públicas”, declara el portavoz de Hacemos.

Un fin de contrato bajo sospecha

En diciembre de 2023, Escribano conformó una UTE con otra fabricante de armas española, Rheinmetall Expal, para desarrollar los lanzacohetes con Sistema Lanzador de Alta Movilidad (Silam). Con el fin de pertrechar al Ejército de Tierra de estos vehículos, las empresas españolas decidieron basarse en la tecnología PULS de Elbit Systems, que se promociona como testada en combate. “Una multinacional está aumentando sus dividendos cuantiosamente a partir de la masacre del pueblo palestino”, analiza Hidalgo Hernández.

Como consecuencia del embargo de armas a Israel, quedan vetadas las tecnologías de defensa procedentes del Estado colonial, entre ellas la PULS. Fuentes del Ministerio de Defensa aseguran que el desarrollo de los lanzacohetes Silam “sigue adelante” y que serán “las empresas adjudicatarias las que han de buscar alternativas y seguir trabajando en el proyecto”.

Sin embargo, Cordópolis cita a varias fuentes expertas para afirmar que la anulación de la publicación del anuncio de adjudicación del contrato en la Plataforma de Contratación del Estado no conlleva la suspensión integral del contrato. En opinión de los analistas citados por ese diario, el contrato seguiría vigente pese al anuncio oficial de suspensión y el programa Silam, incluida la patente de Elbit, se mantendría en activo en la factoría cordobesa de Escribano.

“Según todos los informes en los que nos basamos, es casi imposible suspender una colaboración así en el corto plazo y no es posible cambiar la tecnología de la noche a la mañana. Es imposible interrumpir la inercia de un día para otro”, asevera Escribano, el portavoz de Mejor sin armas. “Puede que sea todo un paripé”, aventura Guillermo Pedrós, portavoz de Juventud Córdoba por Palestina, sobre la supuesta suspensión de las relaciones con Elbit, “que sea una medida estética y que no se lleve a la práctica”. “Ya ha habido otras ocasiones en las que el Gobierno anunció que iba a romper contratos con entidades sionistas y luego se demostró que eran anuncios vacíos”, añade el activista.

Presión a las instituciones

La presión de quienes se oponen a la presencia de Escribano en Córdoba se enfoca en cambiar el actuar del Ayuntamiento y de la Universidad para marginar o expulsar a la armamentística. En la sala de plenos del consistorio cordobés, Hacemos ha argumentado que Escribano, al seguir colaborando supuestamente con Elbit, está lejos de ser una empresa “que cumpla estándares mínimos para una democracia”. También han cursado una reclamación por la letra pequeña de Rabanales 21: el parque tecnológico está pensado para empresas “de innovación e investigación” —Escribano no lo es, dice Hidalgo Hernández— y la fábrica pone en riesgo a la población, argumentan, por manejar materiales peligrosos tan cerca de la comunidad universitaria y de núcleos de población.

En Juventud Córdoba por Palestina ponen el foco sobre la Universidad y su rector, Manuel Torralbo. La institución mantiene un convenio de prácticas con la fábrica de material bélico e invitó a la empresa a un encuentro de estudiantes y empresas relacionadas con la Escuela Politécnica Superior de Córdoba. Adicionalmente, la Universidad ha apoyado el proyecto de Escribano en varias ocasiones, como en octubre de 2024, cuando se invitó al presidente y cofundador de la armamentística como ponente en un congreso, o este verano, cuando el rector de la UCO se mostró favorable a la ampliación de la actividad de la compañía en una entrevista con el diario ABC.

Diversos colectivos se movilizaron durante el curso y año pasado con concentraciones en la Universidad, alguna performance y la petición de paralización de la Feria Internacional de la Seguridad y la Defensa aun antes de que Escribano se asentara a las afueras de Córdoba, aunque con su llegada ya anunciada.

En JCxP prometen no parar “hasta que podamos decir que Escribano paraliza toda su actividad en Córdoba”. El reto es grande y los intereses que batir son cada vez más amplios: hay más empresas de material bélico que quieren sentar base en Rabanales 21, atraídos por el jugoso anuncio de apertura de una base logística del Ejército de Tierra proyectada para 2027. El Ayuntamiento ya ha dado el visto bueno al asentamiento de Santa Bárbara Sistemas, otra compañía de defensa, en el parque tecnológico. Escribano también aspira a ampliar sus instalaciones comprando varias parcelas nuevas al Ayuntamiento.

Además, si hablamos de Escribano, debemos también hablar de Indra, según apunta el portavoz de Mejor sin armas. Ambas empresas de defensa, presididas cada cual por un hermano fundador de Escribano M&E, mantienen una alianza estratégica con la posibilidad en el aire de fusión de sendas corporaciones. Hay otra vertiente más: “El Gobierno de España, a través de la SEPI, es accionista mayoritario de Indra, que a su vez colabora con Escribano, que a su vez colabora con Israel”, señala el rastro de sangre figurado Escribano.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/cordo...

Ver en Tortuga: 'Fue una masacre, no una operación policial': Conmoción en Río de Janeiro por la brutal redada con más de 130 muertos

Naiara Galarraga Gortázar
São Paulo

El gobernador de Río de Janeiro, el bolsonarista Cláudio Castro, está en sintonía con una mayoría de la ciudadanía cuando defiende que la operación policial contra el Comando Vermelho que, el martes pasado, causó 121 muertos fue “un éxito”. Las encuestas realizadas tras el brutal operativo -el más mortal perpetrado por las fuerzas de seguridad de Brasil- indican un alto nivel de aprobación popular a una operación que puso en práctica ese dicho de que Bandido bom é bandido morto (el buen criminal es el criminal muerto). Entre un 57% y un 64% de los encuestados, según los sondeos, aprueba la acción policial frente a un 39% y un 27% que la desaprueba. De todos modos, tampoco lo consideran una gran solución porque más de la mitad también señala que tras la operación no se siente más seguros. Temen las represalias de los criminales. Un 90% abraza la idea de que Río de Janeiro está sumido en una guerra.

Cuatro de las víctimas eran policías. Y entre el resto, al menos 78 del centenar identificado por los forenses tenían antecedentes por delitos graves, según las fuerzas de seguridad.

La letal emboscada policial contra los delincuentes del CV probablmente dará un fuerte impulso a la seguridad pública como una de las cuestiones centrales en la campaña electoral que empieza a echar a andar. Brasil elige en octubre de 2026 presidente, gobernadores y las dos Cámaras parlamentarias. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha confirmado que se presenta. Mientras, la derecha busca relevo para el condenado e inhabilitado Jair Bolsonaro.

El desglose de las encuestas realizadas por Datafolha y por Genial/Quaest indica que el apoyo a la política del gatillo fácil es notablemente superior entre los hombres que entre las mujeres. También sugieren las respuestas que no existen grandes diferencias en función del nivel de renta, pero sí de la edad y de la posición ideológica.

Entre el electorado de derechas, el que se define como bolsonarista y el que no, el apoyo supera el 93%, según los resultados de la encuesta de Genial/Quaest detallados este domingo por el diario O Globo. Entre los que se declaran independientes, el apoyo ronda el 60%. Y en la izquierda, el respaldo es mayor entre los que se consideran lulistas (un 35% aprueba y un 59%) que entre los que no son seguidores del actual presidente. Incluso en este último colectivo, el más reacio en general a la mano dura extrema, el apoyo a la operación es casi de un tercio. El rechazo a la operación entre los 16 y 24 años es mayor que en cualquier otro bloque.

La paradoja es que, pese a la mayoría que apoya neutralizar a balazos a los criminales, más de la mitad de los fluminenses (52%) se siente menos seguro que antes de la matanza. Un 35% se declara más seguro tras esta acción para frenar la expansión del poderoso Comando Vermelho, que con 30.000 hombres gana territorio tanto en la Río como a nivel nacional.

Con la sangrienta operación policial, el gobernador Castro, muy debilitado y a punto de ser juzgado este lunes por abuso de poder político, asoma la cabeza en la carrera electoral para 2026. Busca un escaño de senador. Su popularidad ha subido 10 puntos, hasta el 53%, además de haber recibido el apoyo público tanto de los gobernadores de derechas como de algunas patronales empresariales. El gobernador se quejó desde el primer día de la falta de apoyo del Ejecutivo de Lula para combatir el crimen organizado. La política de seguridad del Gobierno federal es vista por un 60% como negativa.

El presidente Lula respondió a las críticas de las autoridades de Río con la creación de una comisión de coordinación entre ambos Ejecutivos, aceleró varias propuestas parlamentarias para luchar contra los grupos criminales, incluido el endurecimiento de penas, y envió a dos ministras a escuchar las demandas de las familias afectadas por la operación en los complejos de favelas de Penha y Alemão.

Fuente: https://elpais.com/america/2025-11-...

Redacción El Salto

El analista y periodista palestino Muhammad Shehada publicó ayer, 4 de noviembre, más detalles sobre el caso de torturas que actualmente está siendo portada en los medios de Israel. Shehada asegura que conoce el nombre de la víctima de una violación grupal por parte de soldados de las Fuerzas Armadas de Israel (FDI) que tuvo lugar en la prisión y campo de concentración de Sde Teiman. Una violación en el que al detenido “le reventaron los intestinos y le destrozaron el recto”, según explica este periodista y que acarreó el traslado de la víctima a un centro hospitalario del mismo recinto penitenciario el 5 de julio de 2024.

Shehada anunció que no divulgará el nombre de esta persona, que se “sometió a 20 operaciones quirúrgicas, incluyendo colostomía y urostomía, y aún sufre complicaciones médicas”, hasta que éste no preste testimonio. Actualmente se encuentra en Gaza, al haber sido liberado en el intercambio de prisioneros que ha tenido lugar como parte del segundo alto el fuego, acordado en octubre entre Israel y Hamás.

“Israel lo liberó hace tres semanas sin que se le imputaran cargos ni se le juzgara. Probablemente lo liberaron para que no pudiera testificar en el juicio contra sus violadores, quienes siguen prófugos”, añade Shehada.

Los hechos están siendo investigados en Israel, cuyas autoridades se han volcado, no obstante en esclarecer las circunstancias en las que se produjo la filtración del vídeo con las torturas. El domingo, 2 de noviembre, fue detenida la ya exfiscal militar Yifat Tomer-Yerushalmi, acusada de haber filtrado esa grabación.

Esta abogada renunció a su cargo el pasado viernes y admitió los hechos de los que se le acusan. Actualmente está en confinamiento solitario, acusada de obstrucción a la justicia, fraude y abuso de confianza y de poder. Antes, estuvo en paradero desconocido durante varias horas y se especula con que se le encontró en la playa porque había ido a deshacerse de las pruebas que se hallaban en su teléfono.

Su caso es la respuesta a la investigación que se lleva a cabo contra cinco reservistas de las FDI; se investiga si la difusión del vídeo, que se emitió el 6 de agosto de 2024 por Channel 12, influye negativamente en el proceso.

La defensa de los acusados que, presuntamente, son los responsables de las torturas y la violación de ese detenido, quieren demostrar que hay un “abuso procesal” provocada por Tomer-Yerushalmi a quien, paradójicamente, se le ha señalado por impulsar investigaciones destinadas a controlar las pesquisas de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre la comisión de crímenes de guerra por parte de Israel.

Los acusados de este caso de “abuso agravado y lesiones corporales graves” se encuentran ahora mismo en libertad y no están sujetos a medidas cautelares de ningún tipo. En julio de este mismo año, un Tribunal Militar pidió que se suspendiera el juicio contra ellos y que en su lugar se llevara a cabo un “proceso de mediación”.

El domingo, algunos de los militares acusados, que pertenecen a la unidad de reserva de la Policía Militar conocida como Fuerza Cien, se tomaron una foto de grupo, aparecieron en programas de televisión y se jactaron de haber violado a palestinos.

Desde su detención a principios del verano de 2024 han recibido el apoyo de ministros y diputados de derecha. Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, se ha referido al caso de la filtración como un problema de reputación internacional. “La violación en la prisión de Sde Teiman es quizás el mayor fracaso mediático de Israel, no recuerdo un escándalo tan poderoso y concentrado”, declaró el 4 de noviembre Netanyahu.

Gobernantes israelíes y torturadores posan juntos con orgullo.

La tortura se ha recrudecido desde el 7 de octubre

El 4 de noviembre, el escritor Nasser Abu Srour, autor de ‘La historia de un muro' (publicado por Galaxia Gutenberg en 2024), relató desde Egipto a The Guardian algunas de las condiciones de vida en prisión. Abu Srour, otro de los prisioneros liberados en el acuerdo de alto el fuego, ha detallado cómo las torturas se recrudecieron desde el 7 de octubre de 2023.

Este escritor ha estado más de tres décadas detenido en cárceles israelíes, fruto de una confesión obtenida bajo tortura. Según su testimonio, los golpes y las vejaciones se hicieron más frecuentes a medida que Israel llevaba a cabo el genocidio en Gaza y se retiró a los prisioneros la posibilidad de tener papel y elementos de escritura.

Cuando se acerca el primer mes desde el alto el fuego, solo un 7% de las desplazadas por el conflicto han logrado regresar a sus hogares en Gaza, según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). Desde el 11 de octubre de 2025, 240 personas han sido asesinadas por las FDI y 607 han resultado heridas pese al alto el fuego.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/israe...

La ultraderecha israelí celebra la detención de la fiscal que investigó la violación a un preso palestino

El video revelado muestra las torturas contra un detenido palestino en el campo de detención Sde Teiman, inaugurado tras el 7-O.

Un experto de Amnistía Internacional califica las torturas a presos palestinos como una práctica "habitual" dentro de las cárceles de Israel.

Emilia G. Morales

Este miércoles 5 de noviembre se cumplen 72 horas desde que Yifat Tomer-Yerushalmi, fiscal general de las Fuerzas de Defensa Israel (FDI) fuera detenida y puesta en aislamiento. La razón, según reconoció la propia militar el pasado 31 de octubre, fue autorizar la filtración del vídeo de las cámaras de seguridad del campo de detención militar Sde Teiman en el que se intuía cómo varios soldados israelíes torturaban y violaban a un prisionero palestino.

Su detención se produjo después de que la alto cargo de las FDI tratara de simular su suicidio con el que, según la prensa israelí, pretendía deshacerse de un teléfono en el que se encontrarían las pruebas de tal filtración. El fallido intento se saldó con su arresto y un importante despliegue policial para localizar el dispositivo móvil.

Los hechos han logrado acaparar el foco mediático de los israelíes en un sentido inesperado. El escándalo se ha convertido en el arma arrojadiza de los partidos y sectores sociales más conservadores de Israel. Como ha recogido en varias columnas el periódico Haaretz, uno de los que mayor rédito político está sacando de los hechos es Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel.

Lejos de prestar atención a la sistemática violación de los derechos humanos por parte de sus fuerzas armadas, el dirigente ultraconservador ha declarado que la filtración del vídeo ha sido "el mayor fracaso mediático de la historia de Israel" que ha causado "un enorme daño a la reputación de Israel, de las FDI y de nuestros soldados".

Breve historia del vídeo filtrado

La noche del 5 de julio de 2024, varios hombres con indumentaria militar y encapuchados eligieron a uno de los muchos detenidos palestinos que se encuentran atados, con los ojos vendados y tumbados boca abajo, en un patio del centro de detención de de Sde Teiman. Una cámara de seguridad grabó cómo el detenido era llevado aparte y acorralado por los militares. Los cuerpos de los soldados impiden que la cámara capte el detalle lo que hacen con él. Posteriormente, de acuerdo a las informaciones recogidas por RTVE, el detenido fue llevado a un centro médico en estado crítico y con signos de haber sido violado y golpeado.

Quién alertó de los hechos fue uno de los sanitarios que atendió al hombre torturado. Su denuncia dio lugar a la primera investigación interna de Israel por un caso de maltrato a un preso palestino, como la definió France 24. La instrucción fue abierta por la fiscalía que dirigía Tomer-Yerushalmi, cuyas pesquisas dieron lugar al arresto de nueve militares, de los que finalmente cinco están siendo procesados. A finales de julio, cientos de ultras israelíes -algunos de ellos reservistas- y los diputados Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich, miembros del Gobierno de Netanyahu, acudieron a las puertas del campo de detención a protestar contra el procesamiento de los soldados. En un momento dado, la turba logró penetrar en Sde Teiman mientras la policía militar registraba las instalaciones.

Días después, el 6 de agosto de 2024, el canal de televisión Channel 12 publicó el vídeo de la cámara de seguridad del centro de detención. Las imágenes recorrieron el mundo y supusieron un escándalo para el Gobierno de Netanyahu, tanto dentro como fuera del país. Pero también avivaron aún más la ira de los sectores más supremacistas de la sociedad israelí, que consideraron la filtración como una estrategia de sabotaje contra Israel. Una asociación de familiares de víctimas del 7-O pidió al Tribunal Supremo que investigara la filtración del vídeo. De acuerdo a France 24, el Alto Tribunal desestimó la denuncia al haber ya abierta una instrucción con los mismos objetivos.

En un giro de los acontecimientos, el Gobierno de Netanyahu ha logrado canalizar el malestar de la extrema derecha y victimizarse por el impacto en el exterior de la filtración. Un año después de que estallara el escándalo, los cinco militares investigados por la violación esperan el resultado de dicha instrucción en libertad. La fiscal, en cambio, permanece en aislamiento y es la protagonista de una campaña de la extrema derecha contra el poder judicial de Israel.

Por otro lado, uno de los implicados en la tortura al detenido palestino, Meir Ben-Shitrit, se ha convertido en un referente de la extrema derecha israelí y se pasea a menudo por los platós de la televisión. La primera vez que lo hizo fue al día siguiente de la publicación del vídeo, el 7 de agosto de 2024. Apareció frente a la cámara con la cara tapada y aseguró que era "imposible" que los militares de Sde Teiman hubieran hecho "algo así". "No somos violadores" afirmó en Channel 14, sino "soldados de las FDI" que lo dejaron "todo" para "lidiar con esta inmundicia". Pocas semanas después, a finales de agosto de 2024, volvió a aparecer en el mismo medio mostrando el rostro y su verdadera identidad. Como recogió elDiario.es, el canal mostró en pantalla un enlace para recoger fondos para la defensa de Ben-Shitrit y sus compañeros.

"Al tercer día de detención nos metieron en una zanja y empezaron a arrojar arena. Un soldado dio dos disparos al aire y dijo que habían ejecutado a mi esposo. Yo me derrumbé y le rogué que me matara a mí también para que acabara la pesadilla". Estas son las palabras de una de las muchas palestinas detenidas desde el 7-O. Su testimonio está recogido en un comunicado de prensa que Amnistía Internacional publicado en julio de 2024, en el que la organización denuncia las detenciones arbitrarias que sufren los palestinos antes incluso de los ataques de Hamás.

Actualmente son 11.100 los árabes encerrados en prisiones en Israel, según los últimos datos de la organización palestina Addameer. "La mayoría" se encuentran en Sde Teiman, según ha confirmado a este periódico Carlos de las Heras, responsable para Europa y Oriente Medio de Amnistía Internacional.

B'Tselem define el sistema penitenciario de Israel como una red de campos de tortura

El centro de detención situado en el desierto del Négev materializó la venganza de Israel por los ataques de Hamás del 7-O. Desde que abrió sus puertas el 1 de diciembre de 2023, varios medios israelíes y organizaciones internacionales han reportado decenas de asesinatos, amputaciones y torturas contra los palestinos detenidos en él. Pero el conocido como el "Guantánamo" de Israel no es el único lugar en el que se han denunciado torturas por parte de las FDI.

Tal y como lo definió en un informe de 2024 la organización israelí de defensa de los derechos humanos, B'Tselem, el sistema penitenciario de Israel funciona como una red de campos de tortura. Dan cuenta de ello los supervivientes de estos abusos. "Hemos visto marcas y hematomas", relata De las Heras a Público, quien asegura que todas las personas detenidas con las que ha podido hablar Amnistía Internacional habían sufrido algún tipo de tortura.

Las pruebas de este maltrato también se han encontrado en los cuerpos de los palestinos asesinados por Israel durante el genocidio y cuyos cadáveres fueron devueltos a Gaza, sin identificar, como parte del intercambio entre Israel y Hamás acordado en el alto el fuego de principios de octubre.

Además del maltrato físico y psicológico -De las Heras asegura haber recopilado testimonios de ex prisioneros a los que siquiera les permitía hablar-, los palestinos detenidos también eran privados de comida, sueño o atención médica. Quienes defienden el derecho del pueblo palestino a existir, como los activistas de la Flotilla de la Libertad, también experimentaron una versión más leve de estas torturas. Así lo contó a Público la eurodiputada Rima Hassan (La Francia Insumisa) o la activista ecologista sueca, Greta Thunberg, al medio Aftonbladet.

Dos leyes que favorecen la tortura

La primera vez que se reconoció el derecho de todas las personas a no ser torturadas fue en la Carta Universal de los Derechos Humanos, en 1948. El mismo año que la fundación del Estado de Israel. Este documento ha servido de base para otras declaraciones, convenciones y regulaciones contra la tortura. La más relevante es la Convención contra la Tortura aprobada (CAT) por Naciones Unidas en 1984, que por primera vez estableció un marco jurídico y una hoja de ruta para prevenir la tortura en aquellos países que la ratificaran.

A finales del siglo XX, muchos países integraron de forma explícita en su Código Penal el delito de tortura, como ocurrió en España en 1995. Israel, en cambio, no llegó a dar ese paso. Pese a haber firmado la CAT, el país de Oriente Medio no cuenta con una legislación específica que penalice esta práctica. Por el contrario, ha promulgado dos leyes que, de acuerdo al análisis de Amnistía Internacional, "favorecen" la tortura.

Carlos de las Heras señala, en primer lugar, la ley que permite la detención administrativa, que permite el arresto de los palestinos durante largos periodos sin que existan cargos contra ellos. Además, las pruebas contra los palestinos arrestados son, en gran medida, ocultadas a los propios detenidos y a sus abogados, por lo que "no saben por qué están allí ni de qué se les acusa". Esta norma también se aplica a menores de edad, quienes son retenidos junto a adultos en prisiones bajo régimen militar.

La segunda es la ley de Combatientes Ilegítimos, que "fue promulgada en 2002", pero "se puso en marcha completamente en 2023" tras una reforma, asegura el coordinador de Amnistía Internacional. Esta norma, "otorga al ejército israelí el poder de detener a cualquier persona en Gaza de quién sospeche que pueda representar una amenaza o que haya participado en las hostilidades". Establece además tres plazos prorrogables que retrasan -y, de facto, impiden- el acceso del detenido a sus derechos.

Para empezar, la persona arrestada puede estar hasta 45 días sin que exista una orden de detención, 75 sin tener que compadecer ante un juez y hasta 3 meses sin ser atendido ni asesorado por un abogado. Según De las Heras, estas leyes favorecen la tortura "porque impiden la comprobación del estado físico de las personas detenidas y su comunicación". Lo que ocurre en los campos de detención y prisiones israelíes queda así oculto del ojo público salvo en notorias excepciones, como ha ocurrido con la filtración del vídeo de la tortura en Sde Teiman.

Fuente: https://www.publico.es/internaciona...

Pablo Fernández
José Bautista
Fundación porCausa

Este artículo ha sido modificado con posterioridad a su publicación para añadir dos especificaciones por parte de FIAP.

Diccionario de la RAE:
Cárcel:
1.f. Lugar destinado a reclusión de presos.

Desde el pasado 17 de octubre Mauritania cuenta con dos nuevos centros de detención de migrantes, uno localizado en Nouakchott, capital del país, y otro en Nouadhibou, en la frontera con el Sáhara Occidental bajo ocupación ilegal marroquí. Ambos centros fueron puestos en marcha por la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIAP), una agencia de cooperación del gobierno de España dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores. Las autoridades españolas afirman que estos espacios están inspirados en los Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de las Islas Canarias y admiten que, a diferencia de España, privarán de libertad también a menores de edad, incluidos bebés en edad lactante, un extremo que la legislación española prohíbe. Una fuente desde España implicada en la puesta en marcha de estos centros afirma que, a pesar de su nombre oficial, “se trata obviamente de centros de detención” y matiza que los niños solo serán apresados allí si están con un familiar. Dos fuentes mauritanas corroboran esta aserción. La FIAP, el Gobierno mauritano y la Delegación de la Unión Europea en Mauritania no responden a ninguna de las preguntas formuladas para este reportaje.

El centro de detención construido por el Gobierno español en Nouakchott dispone de al menos 107 plazas, incluyendo dos cunas para bebés, según los documentos de la FIAP a los que tuvo acceso esta investigación, mientras que el de Nouadhibou contará con al menos 76 plazas, además de otras dos cunas. Las obras y suministros para poner en marcha estos edificios fueron sufragadas con dinero de España y del Fondo Fiduciario de Emergencia de la Unión Europea, a través del proyecto policial Asociación Operativa Conjunta (POC, por sus siglas en francés), que está liderado por la FIAP.

España externaliza sus fronteras en Mauritania

Para entender la historia detrás de las cárceles de migrantes que España ha abierto en Mauritania hay que remontarse al pasado 15 de mayo de 2024, cuando 15 gobiernos de la Unión Europea remitieron una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, pidiendo reproducir el ejemplo de Giorgia Meloni, presidenta del Gobierno italiano, que puso en marcha una cárcel de migrantes en Albania. El gobierno de España no firmó esa misiva pero una semana antes, el 8 de mayo de 2024, había adjudicado a la constructora CADG las obras para habilitar dos centros de detención de migrantes en Mauritania. Tres meses después, en agosto de 2024, el presidente de España y la presidenta europea viajaron a Mauritania y prometieron enviar más de 500 millones de euros al gobierno militar del general Mohamed Ould El Ghazouani.

En los últimos años el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez también ha aumentado la transferencia de inteligencia y equipamiento policial al régimen mauritano con el objetivo de reprimir la salida de cayucos con destino a las Islas Canarias. Esta subcontratación del control migratorio en países terceros, conocida como ‘externalización de fronteras' y ejecutada a través de la FIAP, ha llevado a que Mauritania redoble las redadas para detener a migrantes. Agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional desplegados en el país participan en estas operaciones, que incluyen allanamientos de morada sin autorización judicial y detenciones arbitrarias por perfil racial.

La apertura de dos centros de detención de migrantes supuso un desembolso total de al menos 1.080.625 euros de fondos europeos, según los documentos oficiales a los que tuvo acceso esta investigación. Todos los contratos fueron adjudicados sin concurso público por parte de la FIAP y contaron con financiación europea. Mauritania se ha convertido en una de las prioridades financieras de la FIAP coincidiendo con el aumento del flujo migratorio en la ‘ruta canaria'. Sin ir más lejos, el 1 de noviembre esta agencia desembolsó 160.000 euros (sin concurso público) para adquirir un número indeterminado de vehículos 4x4 y drones con visores nocturnos para la policía mauritana.

En una comunicación de FIAP posterior a la publicación de esta pieza, esta agencia niega tajantemente que se adjudicara sin concurso público y defiende que los contratos fueron adjudicados por “procedimiento público” amparándose en la disposición adicional primera de la Ley de Contratación Pública que regula los contratos en el extranjero.

Esta agencia de cooperación del Ministerio de Asuntos Exteriores, envuelta en el escándalo de corrupción conocido como ‘caso Mediador' o ‘caso Tito Berni', tampoco detalla si ha puesto en marcha algún mecanismo o protocolo para evitar que las autoridades mauritanas maltraten y torturen a los encarcelados, ni facilita el reglamento que regirá su funcionamiento. En su página web la FIAP sí reconoce que estos centros ayudarán a “determinar si [las personas migrantes detenidas] son víctimas de trata, menores no acompañados, personas vulnerables o solicitantes de protección internacional”, y asegura que los detenidos permanecerán un máximo de 72 horas recluidos. Esta agencia de cooperación española no ha respondido a ninguna de las preguntas formuladas argumentando que porCausa no es un medio de comunicación.

La inauguración de ambos espacios tuvo lugar el pasado 17 de octubre en presencia de agentes de la Policía Nacional española y representantes de la Unión Europea y el ministro del Interior mauritano. España cuenta con más de 80 funcionarios y agentes de la Guardia Civil, Policía Nacional y CNI desplegados de manera permanente en Mauritania. Tres fuentes con acceso a estos centros de detención afirman que las cárceles de migrantes de la FIAP en Mauritania ya están listas pero todavía no han entrado en fase operativa, por lo que ningún migrante detenido habría pernoctado en ellas de momento.

En un principio al acto de inauguración estaba previsto que asistiera también el comisario Abdel Fattah, jefe de la Oficina de Lucha Contra la Migración y la Trata de Personas de la policía mauritana. Fattah, encargado de recibir y gestionar el equipamiento antimigratorio que España suministra a Mauritania a través de la FIAP, no participó finalmente en el acto porque fue relevado de su cargo tras descubrirse que cobraba sobornos de traficantes de personas que organizan cayucos con destino a Canarias, a cambio de suministrar información errónea a la Guardia Civil, según reveló una investigación de porCausa y los diarios El País y Le Monde. En 2022 Fattah fue condecorado con la medalla al mérito policial por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Este mando de la policía mauritana, primo del expresidente Mohamed Ould Abdel Aziz, está en libertad y no pesan cargos contra él.

Las empresas implicadas

Falcon Consultores, empresa que redactó el estudio técnico de estas cárceles, no ha respondido a las preguntas formuladas para este reportaje. CADG, que realizó las obras y también suministró mobiliario y equipamiento, señala que cuenta con “reglas estrictas” para evitar prácticas corruptas y conflictos de interés de acuerdo con las “normas éticas internacionales” y pide dirimir las preguntas sobre estas cárceles de migrantes con la FIAP.

En Mauritania ambas empresas también son adjudicatarias de varios contratos de TRAGSA, una empresa propiedad del Estado español. Desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, TRAGSA es responsable de diversos contratos relacionados con control migratorio, como las obras de modernización de las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla. Al estar constituida como compañía privada, los periodistas no pueden solicitar información de sus contratos y actividades al amparo de la Ley de Transparencia.

En respuesta a las preguntas formuladas, TRAGSA reconoce que recibió “un encargo de FIAP para la realización del proyecto constructivo y la ejecución de las obras de los centros de internamiento temporal en Nouakchott y Nouadhibou” y aclara que posteriormente, a instancia de la FIAP, “se resolvió” y finalmente no ejecutó esas obras.

FIAP defiende que la resolución de contrato se produjo en términos amistosos y ha enviado el expediente que así lo demuestra con posterioridad a la publicación del artículo en El Salto.

El equipo de periodistas que elabora esta información remitió preguntas también a las autoridades de Mauritania, a través de su Ministerio del Interior y su embajada en Madrid. El Gobierno mauritano no responde a ninguna de las cuestiones formuladas ni aclara qué hará con los migrantes privados de libertad en las dos cárceles de migrantes construidas por España.

Abandonos en el desierto patrocinados por España y la UE

El régimen mauritano realiza redadas –con apoyo e información de la Guardia Civil, la Policía Nacional y el CNI– para detener de forma arbitraria a personas negras, incluidos niños en edad lactante. Las autoridades mauritanas emplean quads, vehículos 4x4, drones y dispositivos tecnológicos suministrados por la FIAP para llevar a cabo estas detenciones. Las personas migrantes arrestadas son privadas de todos sus enseres (incluidos documentos de identidad y teléfonos), conducidas a cárceles y sometidas a estancias de varios días en condiciones infrahumanas, sin alimentos, agua ni acceso a cuartos de baño.

Al menos dos agentes de la Policía Nacional española acuden semanalmente a estos centros, en Nouakchott y Nouadhibou, para tomar huellas y fotografías de los detenidos. La obtención de estos datos no es trivial: España y Mauritania tienen desde 2003 un acuerdo por el cual las autoridades españolas pueden deportar a ciudadanos de terceros países a Mauritania.

Por último, los detenidos son abandonados en zonas alejadas como Gogui, en la desértica frontera con Mali, un territorio con alta presencia de la organización yihadista JNIM, filial de Al Qaeda en el Sahel. Entre los migrantes que sufren estos abandonos en el desierto destacan personas con perfil de solicitante de asilo que huyen de la guerra en países como Mali o Níger, y de la violencia política en naciones como Guinea Conakry.

Cada semana la Policía Nacional española desplegada en Mauritania recibe listas con el nombre y apellidos de las personas que los agentes mauritanos abandonan en zonas remotas. Las pruebas que sustentan esta información constan en una investigación periodística coordinada por Lighthouse Reports, con la participación de porCausa, y un amplio informe de la organización de derechos humanos Human Rights Watch. ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, y la Organización Internacional de las Migraciones están al tanto de estos abusos, según documentos internos a los que tuvo acceso porCausa.

Entre esas víctimas hay jóvenes como Sady Traoré, un joven músico maliense que huyó de Bamako (Mali) tras recibir amenazas por haber organizado conciertos en contra del golpe de Estado militar en su país. Traoré decidió instalarse temporalmente en Mauritania pero, tras ser abandonado dos veces en el desierto por parte de las fuerzas mauritanas, decidió emigrar a España. Este joven llegó a Canarias en enero de 2024 y desde entonces no ha podido ejercer su derecho a pedir asilo. Traoré duerme actualmente debajo de un puente en una localidad cercana a Valencia y sobrevive realizando trabajos puntuales de jornalero en el sector agrícola. El Comité Español de Ayuda al Refugiado (CEAR) está tratando de ayudarle para conseguir una cita para pedir asilo.

Fundación porCausa

El periodismo es una profesión de riesgo en Mauritania. Un profesional de la información que colaboró con este reportaje ha decidido no incluir su firma por temor a represalias. Por razones de seguridad, esta información también omite el nombre y detalles de diversas fuentes humanas, entre las que hay varios migrantes víctimas de este esquema y media decena de funcionarios de las fuerzas y cuerpos de seguridad de España y Mauritania.

Fundación porCausa es una organización independiente de periodismo e investigación sobre migraciones. La labor de porCausa es posible gracias a su comunidad de socias. Tú también puedes unirte a través de este enlace. Si quieres remitir información sensible a porCausa o El Salto, contacta a través de Signal y sin revelar tu identidad con este número de teléfono: +33 7 81 52 99 58.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/front...

Decían que el mejor señuelo para atrapar atención es el sexo. Hoy las redes sociales han demostrado que el odio es mucho más adictivo, más orgiástico, más contagioso, más irresistible. El insulto excita al algoritmo y los nuevos magnates hacen caja con nuestros conflictos. El extremismo calculado vende. La furia está bien financiada. Por eso, la temperatura de los discursos se está calentando aún más deprisa que el clima.

Un buen enemigo es el mejor abono para cultivar identidad. Azuzar el rencor frente al adversario enardece a las propias huestes y robustece la sensación de pertenencia. Merced a una lógica perversa, si divides, multiplicas tu protagonismo. El odio viejísimo —pero muy trabajador— goza de envidiable buena forma. Podría parecer una pasión simple y visceral, pero procede de nuestras heridas más hondas; se gesta en el recuerdo de los desprecios sufridos, de los abandonos y las ilusiones perdidas. La misma etimología habla de dolor: la raíz indoeuropea od está presente en “odio” y en “odontólogo”. Según una hipótesis, odiar sería como un dolor de muelas anímico, pero también podría asociarse al gesto de enseñar ferozmente los dientes.

En la historia universal de la hostilidad y las dentelladas, fue pionero el profeta persa Zaratustra —en griego Zoroastro–, que vivió hace más de dos mil quinientos años. Según la tradición, sus sacerdotes, los magos, visitaron al niño Jesús en el portal: magu era el término que los babilonios daban a los sabios iniciados en el zoroastrismo. Nietzsche lo reintrodujo en el imaginario occidental al convertirlo en portavoz de su propia filosofía. Por lo que sabemos, Zaratustra fue el primero en afirmar que la vida era una batalla extrema entre el bien y el mal, donde nos acecha el archienemigo, llamado Angra Mainyu o Ahrimán, un espíritu destructivo y perverso —que hoy da nombre a villanos de series y videojuegos—. Acusaba a Ahrimán de propagar calumnias y falsedades: era la encarnación de la mentira. Así nació el chivo expiatorio para todo. Desde entonces, cuando concluimos que nuestros adversarios están poseídos por un impulso maligno, ya no hay necesidad de preguntarse por sus razones o sus corazones. La división del mundo entre amigos y enemigos ha hecho que a lo largo de milenios gente perfectamente amable en privado combatiese a otros, los castigase y los sometiera al terror sin conocerlos ni reconocer su humanidad. Por eso, tal vez el único antídoto sea escuchar: puedes elegir ejercitar o el odio o el oído.

Según esta visión del mundo, el estado natural sería el enfrentamiento y, en su lógica, cualquier catástrofe desataría todos los conflictos latentes. Rebecca Solnit dedicó su ensayo Un paraíso en el infierno a reflexionar sobre las reacciones humanas ante cataclismos como terremotos, inundaciones o huracanes: “En muchos desastres nuestra forma de actuar depende de que pensemos que nuestros vecinos y conciudadanos son una amenaza mayor que los estragos provocados por la catástrofe o, por el contrario, un bien mayor que los bienes materiales en las casas y en las tiendas de los alrededores”. Lo que creemos define nuestro comportamiento. Solnit documenta un hecho inquietante: suelen cometer las acciones más terribles quienes están convencidos de que los demás van a comportarse despiadadamente y se plantean la disyuntiva entre devorar o ser devorados. El egoísmo por naturaleza actúa como coartada.

El historiador Rutger Bregman ha estudiado el efecto de la novela El señor de las moscas en el imaginario colectivo. Su autor, William Golding, inventó la trama en 1951. Un grupo de niños supervivientes de un accidente aéreo se descubren solos en una isla desierta, sin adultos. Al principio organizan una democracia y toman todas las decisiones por votación. Eligen como líder a Ralph, un chico atlético, responsable y carismático. Cuando un barco los rescata meses más tarde, tres chavales han sido asesinados y la isla es un páramo humeante. La violencia ha arrasado con el compañerismo. Ralph llora por el fin de la inocencia, por las ilusiones devastadas, por la crueldad que anida en el corazón humano. En la estela de Auschwitz y la Segunda Guerra Mundial, el público estaba predispuesto a aceptar el concepto del mal intrínseco e ineludible. El mismo Golding, excombatiente alcohólico, atormentado y depresivo, conocía el sufrimiento. La novela es una proyección de miedos compartidos.

La aventura relatada en el libro es una ficción: nunca sucedió. Sin embargo, un hecho muy similar ocurrió en 1965. Tras un naufragio, seis chicos entre 13 y 16 años sobrevivieron quince meses en un islote rocoso del Pacífico. Al terminar la odisea, el capitán que los rescató contó que los chicos habían creado una pequeña comuna con un huerto, troncos huecos para almacenar agua de lluvia, un gimnasio con curiosas pesas y gallineros, “todo ello gracias a su trabajo manual, una vieja hoja de cuchillo y mucha determinación”. Mientras los personajes imaginarios de El señor de las moscas batallaban por adueñarse del fuego, los jóvenes de la experiencia vivida se organizaron para mantener la hoguera ardiendo durante más de un año. A veces discutían, pero lo resolvieron sin herirse. Uno de ellos fabricó una guitarra con un trozo de madera flotante, media cáscara de coco y seis alambres de acero rescatados de su barco naufragado, y solía tocar para levantarles el ánimo. Cuando uno de ellos resbaló, cayó por un acantilado y quedó herido, inmovilizaron su pierna con palos y lo cuidaron. En la verdadera historia, los chicos confiaron y colaboraron. Tristemente, el libro de Golding es lectura obligatoria escolar, mientras el episodio auténtico pasó desapercibido. Nos impacta más la realidad de los miedos que la realidad de los hechos. Resulta más persuasivo el cuento de terror, donde cualquier parecido con la solidaridad es pura coincidencia. El odio y la destrucción venden más que la colaboración.

Piensa mal y lo extenderás. La hostilidad, como la confianza, es una dinámica contagiosa. Ciertos líderes políticos refuerzan su poder personal espoleando la cólera: nos regañan como a niños porque no odiamos lo suficiente. Los autoritarismos triunfan cuando acatamos las coordenadas de sus ejes del mal. Fabricar enemigos es uno de los sectores económicos más rentables y con mayor demanda. Las vísceras cotizan en bolsa. El oficio de comentarista furibundo vive un momento dulce. Los magnates de las redes sociales aman nuestras fobias: atizan rencores que nos mantienen absorbidos, crispados y cautivos. Moldean el resentimiento con mensajes que masajean nuestros victimismos y transforman el enfado en capital. Los inversores en el ramo de la furia recogen beneficios. Tu rabia es su riqueza. Las explosiones de enojo, el previsible y sereno crecimiento del negocio. Tu insomnio febril arrulla sus sueños.

El círculo se estrecha, ya no basta recelar del otro. Los algoritmos buscan cebarse en nuestras inseguridades. La publicidad se filtra por las grietas de nuestra autoestima: nos empuja a odiar lo que somos para vendernos soluciones individualistas y perfecciones envasadas, desde la cirugía plástica a la autosuperación. Al final, necesitamos creer en nosotros mismos para creer en los demás. Frente a los accionistas de la ira, podemos fortalecer los vínculos y decidir que confiamos en nuestros vecinos. Urge usar las palabras no como arma, sino como argamasa: cultivar el debate frente al combate. No podemos permitirnos tener más odios que ideas.

Irene Vallejo es filóloga y escritora, Premio Nacional de Ensayo de 2020 por El infinito en un junco (Siruela).

Fuente: https://elpais.com/opinion/2025-10-...

Guillermo Martínez

Si el sueldo de los funcionarios de prisiones depende en gran medida del complemento de seguridad, tendrán que hacer pensar a la sociedad y la Administración que existe una supuesta y cada vez creciente inseguridad en las cárceles para poder elevar sus nóminas. Aunque sea a costa de los internos. Esa es la tesis que defiende el sociólogo José Navarro en 'Un poder carcelario. Sindicatos de prisiones y sistema penal' (Virus, 2025), una investigación que aborda la genealogía de las organizaciones laborales del sector desde la muerte de Francisco Franco en 1975 hasta la actualidad, cuando nuevas agrupaciones muestran sin complejos su cercanía con la extrema derecha.

A día de hoy, asociaciones como Marea Blava Presons (MBP) en Catalunya o Tu abandono me puede matar (TAMPM) a nivel estatal centran sus reivindicaciones en el aumento de medios coercitivos tanto físicos, contra los reclusos, como legislativos. De ahí que, en algunos casos, hayan llegado a demandar el uso de pistolas táser o sprays pimienta contra los internos, así como que los funcionarios de prisiones pasen a ser considerados agentes de la autoridad, con todo lo que ello comporta a nivel penal.

Navarro se retrotrae al franquismo para explicar los inicios de este cuerpo que en ningún caso sufrió una depuración con la llegada de la democracia, al igual que sucedió en otros ámbitos, como el policial y judicial. “Muchos funcionarios eran antiguos militares. Si eras alferez, llegabas a las cárceles como oficial directamente, no como auxiliar”, apunta el experto.

El sociólogo también recalca que, históricamente, el cuerpo de funcionarios ha encontrado una elevada protección por la judicatura, donde su palabra siempre ha gozado de la presunción de veracidad por encima de la del preso, lo que se une a la propia endogamia del aparato judicial. “El juez que juzgó los casos de tortura en Herrera de la Mancha era hijo de un juez del Tribunal de Orden Público franquista”, ejemplifica.

El Sindicato Democrático de Prisiones

Una vez derribado el régimen dictatorial, el sindicalismo de clase, liderado por CCOO y UGT, no supo atraer a los funcionarios de prisiones más progresistas o de corte democrático. Por otra parte, las centrales anarcosindicales de CNT y CGT vetaron la afiliación de estos trabajadores. Sin embargo, durante la Transición apareció el Sindicato Democrático de Prisiones (SDP), una loable experiencia de funcionarios que siempre persiguieron la dignificación de las cárceles y la lucha contra las torturas y vejaciones que en muchas ocasiones sufrían los reclusos.

Jorge García entró en 1981 en la Cárcel Modelo de Valencia, y luego pasó a la de Picassent. Ahora tiene 69 años y más de 40 los ha pasado trabajando en prisión como funcionario. Integró el SDP: “Nuestro principal objetivo era que el cuerpo de funcionarios de prisiones se adaptara al nuevo sistema democrático”, comenta. Aquello duró apenas unos años, hasta que se autodisolvieron y sus militantes integraron otros sindicatos. Él pasó primero por UGT, aunque lo abandonó en menos de una semana. Años después se afilió a CCOO, que también dejó de lado.

Tras el fracaso de los grandes sindicatos dentro de los centros penitenciarios, poco a poco fueron apareciendo otras agrupaciones mucho más corporativistas. “Se caracterizan por una nula solidaridad con los trabajadores de otros sectores y por unos reclamos de mejoras laborales basados en discursos que explotan las alarmas sociales”, añade Navarro.

En su monografía, apunta que primero fue la alarma creada por la entrada de la heroína en la cárcel. Más tarde, que ETA les declarara objetivos militares de la organización hizo que sus demandas volvieran a resurgir con fuerza. De hecho, surtieron efecto con la creación del régimen FIES, “que institucionalizó el estado de excepción”, según recoge el investigador en su libro. Por último llegarían, como se aprecia en la actualidad, la explotación de la alarma social generada por los “crímenes mediáticos”.

La subida salarial acorde al supuesto incremento de la inseguridad en las prisiones no es el único reclamo de organizaciones como MBP o TAMPM. Muchos de los funcionarios se decantan por ellas por los servicios jurídicos que ofrecen a la afiliación ante posibles accidentes laborales o la cobertura legal en juicios sobre denuncias de presos. “Son prácticamente empresas de seguros y servicios jurídicos”, sintetiza Navarro.

En este sentido, la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP), surgida a principios de 1990 y actualmente coaligada con UGT, “lleva la voz cantante en la Administración General del Estado porque tiene los mejores servicios jurídicos”, explica el autor de la monografía publicada por Virus.
Medidas a favor de la coerción

Décadas después llegaría MBP, surgida al calor de las movilizaciones en torno a 2018 en las que denunciaban, según el colectivo, el aumento de agresiones hacia el cuerpo de funcionarios. “Se basan en el descrédito hacia los grupos de apoyo de presos y asociaciones que vigilan el respeto a los derechos humanos, así como contra ciertos cargos de la Administración”, describe Navarro. Algo parecido sucede con TAMPM, entidad que habitualmente ha recibido el apoyo de políticos de Vox y del PP. Sin ir más lejos, “MBP calificó como 'Tripadvisor del delincuente' un informe publicado por el Comité para la Prevención de la Tortura”, señala el sociólogo.

El pretendido aumento de inseguridad que pregonan estas agrupaciones es desmentido por García, el veterano funcionario de prisiones: “Yo no sentía que me jugara la vida cuando iba a trabajar. Yo veía que un interno tenía un cuchillo en la mano, se lo pedía y me lo daba”, ilustra. Este madrileño afincado en Valencia recalca que “la violencia es un absurdo cuando sois dos funcionarios y hay 250 tíos ahí metidos”.

García se queja de que las reivindicaciones de asociaciones como MBP y TAMPM están dirigidas a la coerción y no a otros factores, como la demanda de más psicólogos en las cárceles. “La gente que está en estas organizaciones es por su populismo. No es que todos sean nazis, ni mucho menos, son gente normal que se dejan llevar por estos encantadores de serpientes”, opina.

Iñaki Rivera, director del Observatori del sistema penal i els drest humans de Catalunya, conoce bien este descrédito que ha llegado a materializarse hasta en amenazas. “Son organizaciones con un discurso sumamente reaccionario y autoritario que siempre ha combatido a las medidas de tratamiento penitenciario que no sean las de puro orden, control y disciplina”, introduce el también catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Barcelona (UB). Sobre las amenazas que profieren a las asociaciones de apoyo a los presos y sus familias, el catedrático de la UB recalca que denunció unas amenazas que terminaron en condena hacia un funcionario de prisiones que ejerce en Catalunya.

Estas entidades ligadas a la extrema derecha reclaman, en ocasiones de forma violenta, apunta Rivera, seguir aplicando las contenciones mecánicas, por ejemplo. Se trata de un protocolo cuya abolición está demandada desde hace dos décadas por instituciones internacionales como el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidad.

El director del Observatori también critica cómo los funcionarios de prisiones realizaron una “operación de cierto travestismo” y desembarcaron en UGT y CCOO. “Sindicatos honorables a nivel histórico han dado cobijo a estas secciones con plena autonomía que no consideraron suficientemente duras las reivindicaciones, por lo que se crearon MBP y TAMPM”, explica. La vinculación de estas organizaciones sindicales con demandas que también defiende la extrema derecha política “puede sorprender a quien no conozca el mundo de la cárcel, pero es tan solo la versión española de un sindicalismo penitenciario que cada vez quiere parecerse más al sistema estadounidense”, arguye Rivera.

La lucha por el relato oficial

Por su parte, Cristina Garés, coordinadora de Sirecovi, un Sistema de Registro y Comunicación para la protección de víctimas de Violencia Institucional, admite que no se puede generalizar con el funcionariado de prisiones. Según enfatiza, es un cuerpo que “se siente victimizado por la sociedad civil, que no les entiende y desde la que se les critica, y tampoco los cargos de la Administración les representan”.

Esta integrante de Sirecovi apuesta por tomar algunas medidas por parte de la Administración para, por ejemplo, poder llegar a dejar de realizar contenciones mecánicas a los reclusos. “No es solo una cuestión de los funcionarios, sino de los medios de los que disponen”. Aun así, Garés remarca sobre TAMPM y MBP que si tanto “intentan que no entremos en prisión, parece que quieren ocultar algo”.

Para Navarro, en definitiva, lo que se dirime en esta presuntuosa lucha sindical es que, “para cubrir las necesidades pseudolaborales de un colectivo, lo que se hace es machacar al que está por debajo; es una lucha por el relato oficial y, evidentemente, el que está más introducido en la sociedad es el que acaba ganando y escribiendo la historia”.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/extre...

Casi 15 años después de las mayores manifestaciones vividas en España, las instituciones públicas han olvidado la exigencia ciudadana por la paz. España sigue en la Guerra de Irak, se ha convertido en el 7º exportador mundial de armas y solo permite la objeción de conciencia contra el aborto, no para evitar participar en prácticas militaristas.

Público

Corren tiempos en los que la fuerza de una idea se mide por las personas que es capaz de sacar a la calle en manifestación. Representantes políticos de todo signo, ofreciendo cifras de asistencia en la mayoría de los casos exageradas, usan la voluntad de expresión de la ciudadanía para dotar de contundencia a su argumentario político. No obstante, llama la atención que todos ellos hayan olvidado que el consenso más sólido que han mostrado los españoles es su repulsa a la violencia. Si hubiera que elegir un adjetivo para España según sus manifestaciones, éste sería sin duda pacifista.

La ciudadanía española llegó a asombrar al mundo por ello en 2003. Cuando hasta 600 ciudades de todo el mundo se llenaron de protestas contra la inminente Guerra de Irak, España se convirtió en eje de la más visible repulsa internacional. "La política exterior de EEUU no la pueden marcar los manifestantes de Barcelona", llegó a afirmar George W. Bush, impulsor de aquel conflicto y creador de la teoría de las inexistentes armas de destrucción masiva con la inestimable colaboración de José María Aznar y Tony Blair.

Más de 1,3 millones de personas dijeron "No a la Guerra" en la ciudad condal, según la Guardia Urbana. Más de un millón en Madrid; medio millón en Valencia (donde la marcha tuvo que empezar una hora antes de lo previsto debido a la avalancha de gente, a la que seguía acudiendo gente tras su finalización); 300.000 en Zaragoza; 200.000 en Sevilla; misma suma que en las tres capitales de provincia del País Vasco. En total se superaron ampliamente los tres millones de manifestantes en todo el Estado.

Las concentraciones superaron cualquier cota de asistencia alcanzada hasta esa fecha: ni la capital la noche en la que Tejero secuestró el Congreso de los Diputados; ni la manifestación a favor del Estatut de Autonomía en Barcelona en 1977; ni la protesta contra el Plan Hidrológico Nacional de Zaragoza fueron mayores que el "No a la guerra". Solo el rechazo del terrorismo del ETA y al yihadismo han unido a los españoles en cotas similares. Y a pesar de ello, las instituciones han desoído el mandato ciudadano de aquel "No a la Guerra".

Casi tres lustros después, España sigue participando en la Guerra de Irak, fase dos: la del contraataque de Daesh. Lo hace con tropas, (profesionales de la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas adiestran a personal iraquí sobre el terreno) y con apoyo logístico y financiero. Unos fondos que podrían aumentar en 15 millones de euros, tal y como se filtró la misma mañana en la que Mariano Rajoy se reunió con Donald Trump, justo antes de la consulta del 1-O, consiguiendo que éste se pronunciara a favor de que "España siguiera unida" —aunque utilizando un lenguaje verbal y no verbal que transmitía ideas muy vagas sobre el país y su relación con Catalunya— Años después de Zapatero retirara las tropas, España sigue muy presente en Irak, pero en ese tiempo ha evolucionado en algo diferente.

Si en algo destaca el militarismo español de 2017 es en el papel de arsenal para cualquier país con dinero para pagar las armas que aquí se producen, cuyo I+D+i se paga con dinero público. Prueba de ello es el ínfimo porcentaje de denegación de solicitudes de exportación de armas que tiene la junta interministerial del Gobierno al cargo del asunto, la JIMDDU (siempre en torno al 1% anual). Este órgano tiene el deber de vetar los envíos a países en conflicto o donde se violen los derechos humanos, ya que violarían la propia ley española de comercio de armas.

A pesar de ello uno de los principales clientes de la industria de la muerte española es Arabia Saudí, acusada por Naciones Unidas y Unicef de provocar la mayor catástrofe humanitaria del mundo con sus bombardeos en Yemen, que han asesinado a 10.000 civiles, hiriendo a otros 50.000. El brote de cólera que asola el país es el más mortífero brote de cólera del que se tienen registros históricos, con 2.100 muertos y más de 750.000 infectados, según los datos de la propia ONU publicados en septiembre.
​Objeción de conciencia a la guerra, ilegal

La hipocresía política hizo tope en la comisión de Defensa del Congreso de los Diputados a finales de septiembre, cuando todos los grupos, incluido el PP, pidieron al Gobierno que aumentara los controles para asegurar que las armas que vende España no se utilizan contra la población ni en violaciones de los derechos humanos. En la misma sesión, PP, PSOE y Ciudadanos votaron en contra de un veto explícito a la venta de armas a Arabia Saudí, acusada de violar los derechos humanos sistemáticamente contra sus propios ciudadanos (al menos 66 personas han sido decapitadas en lo que va de 2017, según Amnistía Internacional) y de cometer crímenes de guerra en Yemen.

El tráfico de armas hacia la monarquía absolutista islámica tiene uno de sus focos en el puerto de Bilbao. Allí, en uno de los despliegues rutinarios de seguridad por la carga de material peligroso en el que participan retenes de seguridad de los bomberos, uno de ellos se plantó. "Por la numeración de los contenedores podían ser proyectiles con cabeza explosiva, detonadores… Armamento. Cuando pregunté a los responsables me dijeron que, efectivamente, había bombas y proyectiles". Inazio Robles, de 41 años y padre de dos hijos, comunicó a sus superiores que no custodiaría un envío de armas por motivos de conciencia, quedando a la espera de nuevas órdenes.

Los hechos ocurrieron en marzo. Seis meses después, el expediente que le abrió la Diputación de Bizkaia está a punto de cerrar su primera fase de investigación. Podría acarrearle hasta cuatros años de suspensión de empleo y sueldo. En su expediente, el instructor ha pedido la opinión de un constitucionalista sobre su caso. No obstante, su rechazo ideológico a la guerra no tiene cabida en la legislación española.

"La única que está constitucionalmente reconocida es la objeción de conciencia al servicio militar", explica a este medio Ana Valero, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla La Mancha. "¿Puede haber otras objeciones de conciencia? Sí, pero tienen que estar recogidas en una ley. Existirán mientras la ley las contemple. ¿Cuál se ha regulado? La objeción de conciencia en la práctica de abortos", ahonda Miguel Ángel Presno, catedrático en la misma materia y profesor de la Universidad de Oviedo. Es decir: La ley permite objetar a la práctica del aborto, pero no a colaborar con una guerra donde se cometen violaciones de derechos humanos. "Ha habido una carga política en la regulación del derecho, evidentemente", corrobora el docente.

"Yo diría que no tiene derecho a la objeción de conciencia. Puede negarse, pero no ejercer la objeción de conciencia bajo un amparo legal", afirma Presno sobre Inazio. "Sin duda es un tema complejo", reconoce Valero. "Sin embargo —continúa la profesora— el Derecho sancionador siempre ha de aplicarse proporcionalmente y, desde mi punto de vista, suspender sin empleo y sueldo a un padre de familia por un acto de estas características, sin duda llevado a cabo de conformidad con sus más íntimas convicciones, sería a todas luces desproporcionado".

Mordaza por señalar a los vendedores de armas

Si las instituciones públicas han olvidado el "No a la Guerra" y la legislación española no permite alegar objeción de conciencia a los ciudadanos para no colaborar con una guerra, ¿qué les ocurre a aquellos que recurren a la protesta no violenta para señalar la hipocresía del Estado en la venta de armas? Se enfrentan a la aplicación de la ley mordaza con toda su dureza.

Así les ha ocurrido a los 19 activistas antimilitaristas que protestaron el pasado mes de marzo frente al recinto ferial Ifema en la capital por acoger la feria de armamento Homsec. La platafoma Desarma Madrid, organizadora de la protesta junto a miembros de Alternativa Antimilitarista MOC, denunció que en ese evento se negocia por el armamento que terminará matando en Yemen, Siria, Libia, Palestina o Irak. Mientras un grupo de activistas desplegaba pancartas en la acera, otros seis (el número de ediciones de la feria) se arrojaba pintura por encima emulando la sangre de las víctimas de los conflictos que alimenta la industria española. Fueron todos detenidos.

Las multas llegaron hace menos de 10 días. 11.419 euros en total, 601 euros a cada activista por violación del artículo 36.6 del Código Penal, falta grave por "desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones". Se trata de una de las trampas antidisidencia introducidas en el ordenamiento jurídico con la reforma y uno de los artículos más aplicados de la ley mordaza. "Acusan de lo mismo a toda la gente que estaba allí, incluso a la gente que estaba en la acera. A otros les acusan de manchar de pintura a los agentes cuando fueron ellos los que se mancharon cuando les cogieron...", explica a Público uno de los activistas sancionados, de KEM-MOC Bilbao.

La Policía argumenta que los activistas obstaculizaron el tráfico e impidieron la entrada al recinto. "Harían falta miles de personas rodeando Ifema para eso, tiene varios accesos. El objetivo era la denuncia, no obstaculizar el acceso o el tráfico porque sabemos que eso no es posible. Solo queríamos denunciar que en esa feria se vendían armas para Arabia Saudí", niega el activista.

Fuente: https://www.publico.es/politica/gue...

Analista y exnegociador israelí, es uno de los firmantes de una carta dirigida a los gobiernos del mundo: “Si queremos que Israel y los israelíes se comporten de otro modo, hay que dejar de recompensarlos por acciones criminales”

Olga Rodríguez

Daniel Levy, analista británico e israelí, es uno de los impulsores de la carta suscrita esta semana por cientos de judíos del mundo, en la que señalan la “creciente evidencia de que las acciones de Israel serán juzgadas como genocidio” y piden a Naciones Unidas y “los líderes del mundo” que adopten sanciones contra Israel para poner fin a su impunidad. Para ello, exigen rendición de cuentas y el fin de la ocupación y del apartheid israelíes.

Entre los firmantes destacan nombres como la escritora canadiense Naomi Klein, el cineasta británico Jonathan Glazer –con un Óscar en 2024–, las ganadoras de un Emmy Ilana Glazer y Hannah Einbinder, el premio Pulitzer Benjamin Moser, el director de orquesta israelí Ilan Volkov, el cómico estadounidense Eric André, el novelista sudafricano Damon Galgut o el periodista y documentalista israelí, ganador de un Óscar, Yuval Abraham.

Daniel Levy fue negociador israelí en el proceso de los Acuerdos de Oslo 2 en los años noventa y en la Cumbre de Taba de 2001. En una entrevista telefónica con elDiario.es, desde su residencia habitual en Londres, reitera la importancia de la presión internacional para que el alto el fuego se mantenga.

¿Cómo surgió esta carta?

Sabemos que la comunidad judía tiene diferentes voces y opiniones, también respecto a Israel. En los dos últimos años Israel impulsó su campaña destructiva que ha llevado a lo que cada vez está más claro que será reconocido como un genocidio, como decimos en la carta. Israel hizo esto en nombre de los judíos, en nuestro nombre, dando a entender que, de algún modo, quizá el Holocausto justificaba esto.

Hemos visto en todo el mundo a personas judías participando en las protestas y diciendo, cada vez con más fuerza, 'no en mi nombre': “No, eso no es lo que somos, no vamos a seguir callados”. Hemos querido reunir nuestras voces, con la voluntad de llegar a nuevas audiencias de forma global, dejando claro qué es exactamente lo que reclamamos.

Esta carta llega poco después del alto el fuego enmarcado en el plan Trump.

Ya hablábamos de ello antes del alto el fuego, pero ahora se convierte en algo de extrema importancia, porque si volvemos a lo que se llama normalidad, todo se repetirá, volverá a suceder. Este alto el fuego es frágil, ha llegado después de crímenes terribles, y tiene que haber rendición de cuentas si realmente queremos un mañana mejor y una posibilidad de paz.

Trump tiene la mayor influencia sobre Israel, pero lo que llevó a este frágil alto el fuego fue la presión internacional, la presión pública. La gente salió a las calles en muchos lugares, en sitios como España, para decir que no es normal que Israel haga lo que hace y siga participando en el deporte internacional, ya sea ciclismo o cualquier otro.

Este es el momento de pedir, por el bien de todos, que se mantenga la presión, y de hacer una declaración muy clara sobre los valores judíos, sobre lo que hemos aprendido de la historia judía: que esto no se hace en nuestro nombre. Por eso pedimos sanciones.

Ha mencionado en un artículo esta semana las violaciones del alto el fuego por Israel. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora para que esta vez sea diferente a las anteriores?

Una cosa es el alto el fuego, y otra, la paz. El alto el fuego significa la ausencia de un tipo particular de ataques agresivos en Gaza. También implica la puesta en libertad de los rehenes israelíes que quedaban en cautiverio y de prisioneros palestinos, muchos de ellos detenidos sin cargos ni juicio, o juzgados por tribunales militares de una potencia de ocupación ilegal.

Pero seguimos en un estado de guerra: Israel todavía ocupa ilegalmente todo el territorio palestino, incluyendo la ocupación directa, con tropas, de más de la mitad de Gaza, y de toda Cisjordania y Jerusalén Este. Israel sigue en guerra con el pueblo palestino todos los días, tanto en Cisjordania como en Gaza. Esto no es un plan de paz. Fue un plan para conseguir un alto el fuego.

Cuando el presidente de Estados Unidos dice: “He terminado con esto, lo logré; llegué y lo hice”, eso es pura ficción. Cisjordania ni siquiera aparece en el plan. No se dice nada sobre poner fin a la ocupación, la palabra “ocupación” no es mencionada ni una vez, tampoco el derecho internacional o la rendición de cuentas.

¿Qué debería contener un plan de paz, en su opinión?

Primero se tienen que dar las garantías para mantener el alto el fuego. Si no hay presión, sin un enfoque de armisticio para la gobernanza—uno que no sea una estructura colonial, sino que pertenezca a los palestinos— no será posible. No se puede esperar que los movimientos de resistencia se desarmen mientras continúe una ocupación ilegal.

Así que, primero hay que tomarse en serio los términos del alto el fuego. Y después, hay que crear las condiciones para que exista una posibilidad real de paz. Esas condiciones deben incluir un punto central: el fin de la impunidad. Mientras Israel goce de impunidad, continuará con la ocupación y con los asesinatos. No creo que las sanciones lo resuelvan todo, pero si queremos que Israel y los israelíes se comporten de otra manera, hay que dejar de recompensarlos por actividades criminales.

Durante décadas, Israel ha mantenido un régimen de ocupación y apartheid, y, sin embargo, sus relaciones comerciales han mejorado, el comercio de armas ha aumentado, y su participación en todo tipo de torneos internacionales se ha incrementado.

Cuando se les dice: “Esto es ilegal, no ayuda a la paz, es profundamente desestabilizador y radicalizante”, los israelíes no lo creen, y no lo creerán mientras el mundo siga tratándolo como algo normal. Hay que actuar en la política, en el comercio y en las relaciones diplomáticas, dejar de normalizarlas, así es como cambiará Israel.

Como acaba de mencionar, antes del alto el fuego estábamos viendo que la presión social internacional iba en aumento. Vimos a la Unión Europea, Eurovisión y otros decir que estaban considerando sanciones. Ahora todo eso se ha detenido. ¿Qué papel podría desempeñar la movilización continua?

El papel más importante. Todas esas cosas que usted mencionó marcarían una gran diferencia. Son medidas que la mayoría de los gobiernos nunca quisieron tomar. Y ahora van a mirar hacia otro lado y no adoptarán medidas.

En este momento la mayoría de los gobiernos son cómplices de acciones ilegales y, a veces, de crímenes de guerra y crímenes de atrocidad masiva. Tenemos el fallo de la Corte Internacional de Justicia. O creemos en el derecho internacional o no.

Por tanto, si queremos cumplir con el derecho internacional —pero también si queremos cambiar la dinámica, si no queremos volver simplemente a la ocupación, al apartheid, a la destrucción y al desplazamiento en Cisjordania— si realmente queremos cambiar la estructura de incentivos para Israel y para los israelíes, si queremos tener un impacto que genere paz, entonces tenemos que defender esas medidas y decir que siguen siendo relevantes. Los crímenes siguen cometiéndose.

¿Qué tipo de presión propone?

Presión pública. Los gobiernos —la mayoría de gobiernos, insisto en “la mayoría” porque no son todos— seguirán violando las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia, etc. Así que hará falta presión pública para que los gobiernos rindan cuentas. Es posible que la gente pregunte qué significa que sus gobiernos envíen ayuda a Gaza, por qué no hacen más, por qué los envíos de ayuda a Gaza siguen pasando antes por Israel, por qué Israel sigue decidiendo qué entra y qué sale.

La movilización necesaria para generar reacción es aquella que afecta al comercio, al turismo, a las alianzas y la participación de Israel en Europa.

¿Debemos nosotros, como europeos, pensar que está bien que israelíes viajen sin visado aunque puedan haber estado implicados en crímenes de guerra o en incitar al genocidio? Por lo menos deberían firmar una declaración asegurando que no estuvieron involucrados. Es lo correcto, es lo que pide el derecho internacional y es lo que puede cambiar el cálculo de los israelíes, para que se pregunten si vale la pena.

Las relaciones bilaterales con el país que comete esos crímenes son muy fuertes. ¿Por qué creamos este excepcionalismo alrededor de Israel?

Con ese tipo de presión y de medidas, la estructura de incentivos, el cálculo coste-beneficio, cambiará en Israel. Cuando se cometen crímenes de guerra debe haber rendición de cuentas. Si no hay rendición de cuentas, la señal que se manda a todo el mundo es luz verde: “adelante, priva de alimento a la gente, bombardea”.

Hay crímenes que ocurren en otras partes del mundo, pero este es un lugar en el que las relaciones bilaterales con el país que comete esos crímenes son muy fuertes. ¿Por qué creamos este excepcionalismo alrededor de Israel? Esto es lo que nos obliga a poner el foco y no apartar la atención.

La sociedad israelí se ha ido radicalizando cada vez más porque el mensaje que le llega desde fuera es que puede hacer lo que quiera, que no hay reglas para Israel, que gozará de impunidad. El consentimiento social para el genocidio ha sido fabricado, y no desaparecerá si no hay una reconstrucción activa en sentido contrario. Es decir, si no se eliminan esos incentivos ante los crímenes.

Israel ocupa militarmente más de la mitad de Gaza y traza la llamada línea amarilla, con la que divide la Franja para afianzar esa ocupación de territorio. ¿Qué consecuencias tiene esto?

Esa línea amarilla forma parte de los graves problemas y defectos estructurales de este acuerdo de alto el fuego. El pacto detuvo la matanza y destrucción masiva diarias, pero no plantea cuestiones que deben ser abordadas ya, y autoriza a Israel a crear una “línea amarilla” que, según su propio criterio, puede convertirse en permanente.

Esa línea no está señalizada en el terreno, ahora Israel está pintando algunos lugares de color amarillo en la Franja; en varias áreas esa frontera imaginaria pasa por el medio de ciudades y barrios. Un palestino puede tener su casa destruida en un lado de la línea, cruzarla sin darse cuenta y ser abatido a tiros, como ya ha ocurrido. Será una nueva frontera de ocupación militar total.

Además, las zonas controladas por Israel se utilizarán para desestabilizar el resto de Gaza. Israel está armando y financiando bandas, matones, milicias y pandillas para provocar el caos. Estas bandas son un diseño israelí, creadas para fomentar una guerra civil.

Israel busca impedir una autoridad que los palestinos puedan aceptar. Se está hablando ya incluso de que las zonas controladas por Israel tengan acceso a materiales de reconstrucción y otros bienes y servicios que los palestinos necesitan, pero que serían prohibidos en las zonas no controladas por Israel. Sería una especie de estructura de incentivos perversa.

Es muy poco probable que funcione, porque los palestinos —después de lo que Israel les ha hecho— difícilmente querrán estar en una zona controlada por Israel.

La sociedad israelí se ha radicalizado más porque el mensaje que le llega desde fuera es que puede hacer lo que quiera; el consentimiento social para el genocidio no desaparecerá si no se eliminan esos incentivos ante los crímenes.

En su plan de 2020, Trump apoyaba la anexión de al menos una parte de Cisjordania.
Ahora él y su equipo dicen que no apoyarán la anexión. Hablan de una anexión oficial, pero en la práctica ya existe una anexión de facto de, al menos, parte de Cisjordania.

La mayoría de los partidos llamados “de oposición” —los que son anti-Bibi (Netanyahu), pero no pro-paz— votaron en favor de la anexión esta semana en el Parlamento israelí. Esa votación es una distracción respecto de lo que realmente está ocurriendo sobre el terreno. Hay un juego de apariencias.

Al votar sí o no a la anexión parece que no hay anexión real, que no pasa nada en Cisjordania. En realidad, lo que se está haciendo en Cisjordania va incluso más allá de una anexión formal: confiscación de tierras, destrucción de infraestructuras, desplazamiento de palestinos en campos de refugiados, y todo esto a una escala mayor que en cualquier momento desde 1967.

Se siguen construyendo asentamientos, ampliando infraestructuras que sirven a judíos israelíes pero no a palestinos. En otras palabras, hay un sistema de apartheid, con separación y desigualdad, donde los palestinos son confinados en enclaves cada vez más pequeños, en bantustanes. El hecho de que no haya una anexión formal no significa que no haya una anexión de facto en marcha.

Y creo que, una vez más, muchos gobiernos europeos intentarán decir cómodamente:
“Bueno, si Israel se anexiona territorio, entonces haremos X, Y o Z”. Con ello no están siendo valientes, ni están haciendo lo correcto, ni están ayudando a la paz, ni siquiera a la idea de dos Estados. Lo que están diciendo, en realidad, es: “Israel, puedes hacer lo que quieras, siempre que no hagas esa sola cosa”. Y esa sola cosa es solo una entre muchas otras.

Fuente: https://www.eldiario.es/internacion...

Contra el rearme en Europa y la complicidad con el genocidio en Gaza, se realizan diversas acciones en todo el estado, ante las plantas de fabricación de armas del grupo multinacional Rheinmetall, ante la evidencia de la venta de armas de Rheinmetall a Israel y el creciente ambiente de militarización y aumento de la inversión en armamento de Europa.

El sábado 25 de Octubre, activistas contra el rearme han realizado una protesta performativa delante de la fábrica de Rheinmetall en Javali Viejo con los mensajes: Rheinmetall Fábrica de Muerte, Desarme Por la Paz y Los Pueblos Queremos Paz.

La portavoz explica que es un acto contra el Plan de REARME europeo, la industria armamentística y su complicidad en el genocidio de Gaza, la guerra en Yemen, en Siria y los hasta 56 conflictos activos en este momento. “Denunciamos la deshumanización del genocidio y de la guerra, la normalización del rearme como respuesta institucional y empresarial. No podemos permitir que sigan financiando esta maquinaria de muerte.
Queremos el #DesarmePorLaPaz”, declara la portavoz.

LA GUERRA empieza aquí, y aquí hay que pararla! es un lema de la movilización a nivel estatal que se está realizando simultáneamente en las plantas que la multinacional alemana Rheinmetall, tiene en Murcia y en Madrid, Asturies, Burgos y Cáceres. Juntxs expresamos nuestra repulsa a este inhumano negocio.

Participan además los grupos Extremadura por Palestina que ha convocado la 2ª manifestación hasta la fábrica, comida comunitaria y asamblea; El Colectivo Burgos con las personas refugiadas y Ongietorri de Euskadi, se concentran en la Subdelegación del Gobierno y realizan una “Marcha en bici contra las armas” hasta la factoría, pedaleando juntos contra las armas y el genocidio. En Asturias, la Plataforma Asturies pola paz, anuncia movilizaciones contra la empresa preparándose para los próximos días.

Desde el año 2023 que Rheinmetall adquirió la empresa española EXPAL, principal productora de munición y fabrica de bombas, granadas, proyectiles de artillería y componentes de misiles, se ha consolidado la presencia de la industria armamentística en el territorio español. Y lo hace con un gran coste de vidas humanas.

Con esta acción, las activistas, han querido visibilizar que:

– España se ha consolidado como el 8º mayor exportador de armamento del mundo desde 2013 y es en gran parte por sus vínculos comerciales con regímenes autoritarios como Arabia Saudí, que emplea, entre otros, este armamento español en sus ataques a Yemen.

– Israel también es un cliente habitual (por un total de 50M€ en 2023), antes y después del asalto militar de octubre a Gaza. Y a pesar del EMBARGO aprobado por el RDL 10/2025, las ventas se siguen realizando, ya que la ley no afecta a los contratos previos y tampoco se han revocado los 46 contratos hechos con empresas israelíes por valor de 1.000M de € después de octubre.

Estamos viviendo una clara escalada global de la militarización. Se ha disparado una nueva carrera armamentística, la mayor desde la Guerra Fría, aumentando un 9,4% el gasto total respecto al de 2023. En la UE, se ha aumentado un 17,4% este año dilapidando 343.000M de € y se planea elevar el criminal derroche hasta 800.000M€, lo que supondría un 5% del PIB para fines militares.

Mark Rutte, secretario general de la OTAN, ha declarado: “Europa se debe rearmar y sacrificar su estado del bienestar”.

Este crecimiento disparado del gasto militar, aumenta alarmantemente la deuda pública en un 100% y va en detrimento de políticas sociales tan necesarias como vivienda, sanidad, educación, etc. y la prevención de problemas asociados a las multicrisis sistémicas que enfrentamos, y que las armas y las guerras agudizan.

¿Y cuánto nos cuesta el gasto militar en casa? En 2025 el gasto real español superará los 40.457M de €, casi el 2,5 del PIB. España no está dejándose llevar por la corriente; es un actor esencial del rearme y de la construcción del clima bélico, no sólo fuera, sino también en nuestro territorio se ha aumentado el militarismo contra el “enemigo interno”. “El Gobierno ha decidido dejar de lado las urgencias de la Tierra, de todos sus habitantes humanos y no humanos. En lugar de apostar por los cuidados, el diálogo y la diplomacia, apuestan por el Rearme, el saqueo y la destrucción. Están financiando una maquinaria de muerte que no va a detenerse si no lo exigimos juntas. No aceptamos que el dinero de nuestros hospitales públicos, nuestras escuelas y nuestras Universidades públicas, atención a la pobreza, lucha contra la crisis climática, la violencia machista, el racismo y de protección frente a emergencias (hoy hace dos semanas que algun@s vecin@s del Mar Menor no tienen agua potable) se asigne a la compra de tanques, fusiles y misiles. Las manifestaciones que vendrán, las acciones colectivas y las resistencias populares serán fundamentales para frenar esta narrativa de deshumanización y rearme. Entre todas y todos construiremos un relato alternativo, profundamente humano, que se niegue a aceptar la lógica del genocidio, la guerra y el negocio de las armas. Queremos y necesitamos recuperar el poder colectivo y reconstruir un mundo donde la vida sea el centro. Organización popular para poner freno a este capitaloceno sin futuro y por el DERECHO A LA ESPERANZA!” declara la portavoz.

L@s manifestantes exigen:

• El cese inmediato de la producción y exportación de armamento destinado a alimentar guerras y ocupaciones. #ContraElRearme

• Políticas activas de paz, justicia y reparación para los pueblos víctimas de agresión militar. #DesarmePorLaPaz

• La ruptura de todo vínculo institucional, diplomático, comercial y tecnológico con el Estado de Israel hasta que se cumpla el derecho internacional y se ponga fin al genocidio en Palestina. #JusticiayPazMundial

Fuente: https://el-latido.com/2025/10/26/pr...