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José María Ballester Esquivias

«Ha decidido ser aquél que no ha visto ni oído nada. Con técnica y sutileza, mistificó a todo el mundo, incluido a los suyos», escribe sobre la actitud de François Mitterrand en el escándalo del Rainbow Warrior el veterano periodista Franz-Olivier Giesbert en la extensa biografía que le dedica. Obviamente, Mitterrand lo había visto y oído todo. Es más: sabía perfectamente desde el 15 de mayo de 1985 que agentes de la Dgse (Dirección General de la Seguridad Exterior, el contraespionaje galo) iban a operar en el Pacífico Sur para frenar el acoso de los activistas de Greenpeace.

El objetivo de la organización ecologista era impedir que Francia siguiera practicando pruebas nucleares en su atolón de Mururoa.

Aquel 15 de mayo de 1985, a las 6 de la tarde, Mitterrand recibió al almirante Pierre Lacoste, a la sazón jefe de la Dgse. Venía a pedir autorización para poder actuar —con todo lo que esta palabra significa en el universo de los servicios de inteligencia— en la zona del Pacífico Sur. «Jamás me hubiera lanzado en semejante operación sin la autorización personal del presidente de la República», escribió Lacoste en una nota fechada el 10 de abril de 1986, meses después de haber sido destituido.

Los hechos: el 10 de julio de 1985, una explosión acaecida en el puerto de Auckland (Nueva Zelanda) vuela el Rainbow Warrior, buque propiedad de Greenpeace, que se disponía a navegar rumbo a Mururoa para abanderar una de sus campañas. Sus ocupantes habían sido avisados previamente de lo que iba a ocurrir, por lo que abandonaron rápidamente el buque; pero al fotógrafo de Greenpeace, Fernando Pereira, no le había da dado tiempo a recoger sus pertenencias: fue el único fallecido de la operación.

Agujero en la cubierta del Rainbow Warrior

De los primeros resultados de la investigación se desprende que la explosión estuvo supervisada por los «falsos esposos Turenge», que oficialmente se encontraban de viaje turístico en Nueva Zelanda. En realidad, Alain Mafart y Dominique Prieur —que no mantenían ningún tipo de relación sentimental entre ellos— eran agentes de la Dgse.

Es en ese momento cuando empezó a cundir el pánico en las altas esferas políticas francesas. Mas en vez de reconocer los hechos, o de no negarlo, desde el Elíseo se pergeñó una estrategia de desinformación. Oficialmente para proteger a sus agentes. Sobre todo, para protegerse a ellos mismos y a los suyos, empezando por el ministro de Defensa, Charles Hernu, fiel entre los fieles del jefe del Estado, de quien era amigo personal.

Hernu, además, había sido la persona que había convencido al Partido Socialista, cuando aún estaba en la oposición, de la imperiosa necesidad de apoyar la doctrina nuclear gala, basada en la disuasión, elaborada por el presidente Charles De Gaulle en los sesenta. Desde la elección de Mitterrand en 1981, Hernu era el encargado de hacerla respetar.

Mas Hernu también tenía sólidos enemigos en el primer círculo mitterrandiano. Los tres principales eran el primer ministro Laurent Fabius, el titular de Justicia, Robert Badinter y el de Interior, Pierre Joxe. Este último, a través del director general de la Policía Nacional, Pierre Verbrugghe, organizó las filtraciones a Le Monde para desacreditar la propaganda de Hernu, según la cual los agentes de la Dgse habían actuado sin avisar al poder político.

El verano de 1985 se convirtió, pues, en una partida de ping pong informativa. El Gobierno tuvo que reconocer que dos equipos de buceadores de la Dgse habían participado en la voladura del Rainbow Warrior. Sin embargo, para despejar su responsabilidad, encargó un informe al alto funcionario Bernard Tricot, último secretario general del Elíseo de la era De Gaulle.

Tricot, en su trabajo, complació al poder, como sabiendo lo que se esperaba de él. Solo dudó acerca del papel jugado por el jefe de la Casa Militar de Mitterrand, el general Jean-Michel Saulnier. Pero al presidente, ni tocarle. Fue contraproducente: cuando el 17 de septiembre, Le Monde demostró, en contra de los desmentidos gubernamentales, que un tercer equipo de buceadores de la Dgse estaba implicado en la voladura, Fabius, tal y como confesó en 2019 en el documental Si la France savait, pidió a los integrantes de la cúpula militar que le jurasen por escrito que ni ellos ni sus subordinados estaban implicados en la operación. Estaba harto de que le tomaran el pelo. Todos se lo juraron menos el almirante Lacoste.

El desenlace era ya inevitable: destituyó a Lacoste y pidió a Mitterrand la cabeza de Hernu: la obtuvo. Tres días después, afirmó públicamente que «los agentes de la Dgse habían actuado por orden». ¿De quién? De Hernu, con conocimiento de Mitterrand. Cela va sans dire…

Preguntado por El Debate, Edwy Plenel, que llevó la investigación por cuenta de Le Monde y que sigue siendo, hoy en día, uno de los periodistas más controvertidos de Francia, niega que la intención de Mitterrand fuera poner a prueba a Fabius, «sino eludir sus propias responsabilidades en el atentado. (…) Este secreto sólo fue compartido con el ministro de Defensa y el jefe de su Casa Militar. El primer ministro y el resto del gobierno nunca fueron informados ni implicados. Tras el atentado, cuando la Dgse se vio cada vez más implicada, Mitterrand se encerró en una estrategia de mentira, que escenificó tomando por idiota a su primer ministro, hasta el punto de exigirle cínicamente que estableciera la verdad».

Una versión que corrobora otro periodista de investigación, Hervé Gattégno, en un muy documentado libro de reciente publicación sobre el escándalo y basado en los archivos del almirante Lacoste. «Este es, pues, el sentido de la orden dada a Charles Hernu por François Mitterrand: ocultar el papel de la Dgse, mentir sobre su propio papel, preservar al gobierno. Su supervivencia en el gobierno dependía de ello. La actitud del ministro de Defensa en las semanas siguientes demostró que lo comprendía. Contrariamente a lo que se dijo y escribió más tarde, no fue Hernu quien mintió a Mitterrand, sino Mitterrand quien le dijo que mintiera. Al aceptar seguir esta instrucción, el ministro eligió su destino: iba a ejecutar las órdenes del presidente... y a dejarse ejecutar por él», escribe.

En cuanto al almirante Lacoste, Plenel señala que se comportó con dignidad, con la ética de un marino que es el último en abandonar su barco cuando éste se hunde. Protegió a su departamento y a sus hombres. También él se vio atrapado por las mentiras de Mitterrand. Cuando Nueva Zelanda detuvo a la falsa pareja Turenge e implicó a Francia, le hubiera gustado ver una negociación discreta entre dos países aliados. Pero no fue escuchado. La mentira de Estado queda comprobada.

Fuente: https://www.eldebate.com/historia/2...

Andrea Zhok

EL FIN DE LA SUPUESTA PRIMACÍA MORAL DE OCCIDENTE

A medida que aumentan las tensiones en Oriente Medio y la posibilidad de una guerra total se vuelve más realista, una consideración cultural general puede parecer fuera de lugar, pero creo que es útil para evaluar los acontecimientos a largo plazo.

En todos los grandes conflictos en curso, presenciamos una configuración de oposición bastante clara, con algunos casos ambiguos: la cresta de oposición se da cuando Occidente, culturalmente hegemonizado por Estados Unidos, se opone a todo el mundo que no está sujeto a él, directa o indirectamente.

En otras palabras, se trata de una clara oposición según las líneas de poder, en la que un «imperio» consolidado se opone a otros polos de poder autoritarios que no están sometidos (Rusia, China, Irán, etc.).

Pero toda potencia siempre necesita una COBERTURA IDEAL, ya que requiere cierto grado de consenso generalizado de sus subordinados: el poder puede ejercerse mediante control y represión solo hasta cierto punto, pero para la gran mayoría de la población debe ser válida una adhesión ideal máxima.

La cobertura ideal de los polos de resistencia antioccidental es variada. Salvo cierta desconfianza generalizada hacia la idea de un «mercado autorregulado», no existe una ideología común entre China, Rusia, Irán, Venezuela, Corea del Norte, Sudáfrica, etc. Su única ideología común es el deseo de desarrollarse de forma autónoma, a nivel regional, según sus propias líneas de desarrollo cultural, sin interferencias externas. Esto no los convierte necesariamente en abanderados de la paz, ya que siempre existen heterogeneidades en sus proyectos, incluso en el ámbito de las relaciones regionales, pero en cualquier caso, hace que todos estos bloques sean refractarios a las proyecciones globales agresivas.

Esto representa un límite en términos de proyección de poder pura y simplemente respecto al «bloque occidental» que, dentro o fuera del marco de la OTAN, continúa actuando de forma concertada en todos los escenarios de conflicto. Así como en Ucrania Rusia se enfrenta, aunque indirectamente, a las fuerzas del Occidente unificado, lo mismo ocurre con Irán estos días (acaban de llegar a Israel suministros militares procedentes de Alemania y de EE. UU.). En cambio, las alianzas y los vínculos de apoyo mutuo entre los bloques de la «resistencia antioccidental» son mucho más ocasionales, posiblemente con acuerdos bilaterales y limitados.

La superioridad de la coordinación occidental en el uso de la fuerza, sin embargo, va de la mano de otro proceso, eminentemente cultural, que nos cuesta comprender desde el propio Occidente. Durante mucho tiempo, el Occidente posilustrado se presentó al mundo y a sí mismo como la encarnación de una racionalidad universalista, de una legalidad internacional y, en general, de los derechos humanos. La interpretación opositora de Occidente como un espacio de razón y derecho, en comparación con la «jungla» del resto del mundo, donde prevalecen la violencia y el abuso, sigue siendo un elemento habitual en el adoctrinamiento occidental actual: se repite en todas partes, desde los periódicos hasta los libros de texto escolares.

La paradójica situación reside en que el único elemento verdaderamente fundamental para la unidad ideológica de Occidente no tiene nada que ver con la razón ni con el derecho, sino con la idea de legitimidad que confiere la FUERZA. La verdadera ideología de Occidente se forja, por un lado, en la idea de la Fuerza anónima del capital, que se expresa, por ejemplo, en los mecanismos de la deuda internacional, y, por otro, en la idea de la Fuerza industrial-militar, justificada como el policía necesario para «cumplir contratos» y «pagar deudas».

Lo paradójico de la situación reside en que Occidente se presenta al resto del mundo, pero también internamente, de una forma que solo puede definirse como mentalmente disociada.

Por un lado, se presenta como el defensor de los débiles, los oprimidos, como el guardián global de los derechos humanos, como el severo guardián de las libertades, como la encarnación de una justicia con reivindicaciones universales.

Y por otro lado, adopta constantemente dobles raseros sensacionalistas («pueden ser hijos de puta, pero son nuestros hijos de puta»), rompe promesas hechas (véase el avance de NATO True East), fomenta cambios de régimen (lista interminable), miente internacionalmente sin vergüenza y sin disculparse jamás (la ampolla de Powell), usa la diplomacia para bajar la guardia del adversario y luego golpearlo (las negociaciones de Trump con Irán), también ejerce internamente todas las formas de vigilancia y represión que considera útiles (pero siempre «por una buena causa»), etc. etc.

Lo que es a la vez terrible y desestabilizador es que hemos internalizado tanto esta forma de «doblepensar» que podemos seguir produciendo un discurso público de neurodelirio en el que, para permitir que las mujeres iraníes caminen serenamente con el pelo suelto, nos parece razonable bombardear sus ciudades. O tiene sentido, y no se percibe ningún doble rasero, al justificar cómo un país lleno de bombas atómicas clandestinas bombardea preventivamente a otro para evitar que, tarde o temprano, posiblemente, este último también tenga algunas.

El verdadero y gran problema que Occidente pagará en las próximas décadas es que toda su gran tradición cultural, su racionalismo, universalismo, su apelación a la justicia, a la ley, etc., ha demostrado ser pura palabrería, disfraces verbales incapaces de construir una civilización donde se pueda confiar en las palabras.

Desde fuera de esta tradición, solo se puede llegar a una simple conclusión: toda nuestra charlatanería, nuestras apelaciones al rigor científico, a la verdad, a la razón y a la justicia universal, en última instancia, no valen la palabrería con la que se expresan. Son meras tapaderas para el ejercicio de la Fuerza (el «Ideenkleid» marxista).

De nada sirve decir que no siempre ha sido así, que no es necesariamente así; nuestra pérdida de credibilidad frente al resto del mundo es colosal y difícil de recuperar (solo podría ser recuperable si esas apelaciones a la razón y a la justicia demostraran que tienen las riendas del poder en las democracias liberales occidentales; pero estamos a años luz de esa posibilidad).

Fuente: Ariannaeditrice

Tomado de: https://www.elviejotopo.com/topoexp...

El indisputable dominio político, económico y militar de Francia sobre sus ex colonias subsaharianas se basa en una divisa, el franco CFA. Creado en 1948 para apoyar el control de Francia sobre el destino de sus colonias, catorce países (Benín, Burkina-Faso, Costa de Marfil, Mali, Nigeria, Senegal, Togo, Camerún, la República Centroafricana, el Congo, Gabón, Guinea Ecuatorial, Guinea Bissau y Chad) conservaron la zona del franco incluso después de haber obtenido su independencia hace varias décadas.

A cambio de que Francia garantizara la convertibilidad del franco CFA, esos países aceptaron depositar el 65% de sus reservas extranjeras en una cuenta especial de la tesorería francesa y le dieron a Francia poder de veto sobre la política monetaria de la zona del franco cuando hubiera sobregiros en esa cuenta especial. Esas decisiones han tenido consecuencias devastadoras durante cuarenta años. El grueso de la oferta monetaria del franco CFA proviene del comercio entre Francia y sus aliados africanos. Como resultado, las características básicas de la zona del franco siempre han sido una escasez de dinero y tasas de interés altas. Por otra parte, de acuerdo con los programas de ajuste estructural del FMI y el Banco Mundial, la estricta disciplina fiscal ha mantenido una inflación baja (como si apretar más el cinturón en aras de la estabilidad de precios fuera la prioridad de política adecuada en países extremadamente pobres afectados por décadas de demanda deprimida). El resultado ha sido una combinación letal de convertibilidad de la divisa, tasas de interés excesivamente elevadas, baja inflación y circulación libre del capital, que nada más alimenta la especulación y la fuga de capitales. Los especuladores transfieren enormes cantidades de dinero desde Francia a cuentas de depósito locales con altas tasas de interés, retiran sus ganancias libres de impuestos cada tres meses y vuelven a emprender esa operación sin riesgos. Los bancos comerciales están inundados con esos volátiles fondos especulativos de corto plazo y los prestan a los gobiernos bajo las condiciones más estrictas. Los bancos y los especuladores obtienen atractivas ganancias, los gobiernos están agobiados con deudas comerciales que no pueden sostener, el sector productivo local carece de financiamiento a mediano y largo plazo y la mayoría de la gente sigue atascada en una pobreza aterradora. Mientras tanto, la fuga de capitales surge de las transferencias libres de las ganancias, de los pagos de deuda y de la propensión de la élite a exilar sus bienes. Esta hemorragia masiva de moneda extranjera se canaliza exclusivamente a Francia, gracias a los controles de capital que se establecieron en 1993. Como resultado, algunos de los países más pobres del mundo están financiando una parte del déficit presupuestal francés.

La única razón para que exista el franco CFA es la connivencia entre Francia y las élites gobernantes de sus ex colonias con el fin de saquear a los Estados de la zona del franco. Incluso los efectos benéficos de la moneda común sobre el comercio entre los países miembros quedaron anulados por la paradójica decisión que tomaron las ex colonias subsaharianas francesas de desmantelar la estructura federal de gobierno y el mercado único de la era colonial para sustituirlos con barreras comerciales.

Por si todo lo anterior no fuera suficiente, el tipo de cambio del franco CFA, que había permanecido constante desde 1948, se devaluó un 50% en 1994. ¿Qué mejor momento (esto es, desde el punto de vista de los inversionistas extranjeros) para emprender una amplia privatización de los bienes en manos del Estado? Bajo los auspicios del FMI y del Banco Mundial, se vendieron a compañías extranjeras sectores lucrativos como la energía, las telecomunicaciones, el agua potable y los bancos a precios de liquidación. Así, el resultado final de la asociación entre Francia y sus ex colonias africanas ha sido profundamente asimétrico. Francia ha asegurado un vasto mercado para sus productos, una oferta ininterrumpida de materias primas baratas, la repatriación de la mayor parte de los ahorros locales, una influencia política indisputable, una presencia estratégica con bases militares gratuitas y la certeza de que puede contar con el apoyo diplomático de sus aliados africanos. Pero para los africanos, la asociación ha significado un desempeño comercial débil, dinero escaso, tasas de interés elevadas, fugas masivas de capital y enormes deudas cuyo pago impide una mayor inversión en educación, capacitación, salud, producción de alimentos, vivienda e industria. Los efectos negativos de este arreglo se han extendido, además, a todo el continente africano. A nivel político, Francia y sus aliados se opusieron al concepto de gobierno continental que proponían a finales de los cincuenta y principios de los sesenta gentes como Nasser y Nkrumah. Contribuyeron a bloquear el proyecto y a establecer el muy ineficiente club de líderes de Estado, la Organización de la Unidad Africana (OUA), lo que significó un retraso de varias décadas en el proceso de integración africana. Cuando la OUA decidió establecer la Comunidad Económica de los Estados del Africa Occidental (ECOWAS) con el fin de promover la unión económica y monetaria regional, Francia y sus aliados maniobraron con rapidez para frenarla impulsando la creación de la Unión Económica y Monetaria del Africa Occidental (UEMOA) y de la Unión Económica y Monetaria Centroafricana (CEMAC). Esto impidió en parte que la ECOWAS emulara el desempeño económico de sus organizaciones hermanas, la Comunidad Para el Desarrollo de Africa del Sur (SADC) y el Mercado Común del Africa Oriental y del Sur (COMESA). Pero para los aliados africanos de Francia, injertar un programa de integración económica en una unión monetaria artificial preexistente es ilusorio e impracticable. En efecto, ha estado desgarrando el tejido de esas sociedades desde que la supuesta independencia llegó en 1960. No debe sorprender que actualmente la mayoría de esos países se enfrenten a desórdenes civiles, rebeliones y al riesgo de implosión. Para que el Africa francesa crezca, es necesario desmantelar la zona del franco. El nacimiento del euro generó una oportunidad para que las ex colonias se libraran del control asfixiante de Francia. La desperdiciaron. En lugar de aprovecharla, cambiaron la convertibilidad del franco CFA al euro, manteniendo las mismas reglas, instituciones y formas de operar. Para los ciudadanos del Africa francófona, eso ciertamente traerá consecuencias trágicas.

Sanou Mbaye, a former member of the senior management team of the African Development Bank, is a Senegalese investment banker and the author of L'Afrique au secours de l'Afrique (Africa to the Rescue of Africa).

Fuente: https://www.project-syndicate.org/c...

Pocos bulos han calado tan hondo en el imaginario colectivo como el de que los inmigrantes vienen a España "a vivir de las paguitas". Un mantra repetido hasta la saciedad por la ultraderecha, amplificado por redes sociales y barras de bar, y defendido sin datos por partidos como Vox, cuyo discurso se basa en el miedo, la desinformación y la xenofobia. Pero cuando se confronta esta narrativa con los datos, no queda otra conclusión posible: es rotundamente falsa.

Los inmigrantes trabajan, cotizan y sostienen el sistema

La primera gran falacia es la que presenta a los inmigrantes como una carga para el Estado. Sin embargo, los datos oficiales del INE y del SEPE muestran todo lo contrario. En 2024, la tasa de actividad de los extranjeros (68,5%) fue casi 10 puntos superior a la del conjunto de la población (58,4%). No solo trabajan más, sino que lo hacen en condiciones más precarias, con menor protección y en sectores que, sencillamente, muchos españoles no quieren ocupar.

Más del 15% de la población ocupada en España es extranjera. En los últimos años, el crecimiento del empleo ha recaído de forma desproporcionada sobre ellos: casi el 45% de los nuevos empleos creados en el último año fueron ocupados por personas extranjeras, a pesar de que solo representan el 13,5% de la población.

Además, aportan a la Seguridad Social en proporción incluso superior a la población española: el 47,4% de los inmigrantes residentes cotiza, frente al 44,4% de los españoles. Son datos que desmienten el mito de que no trabajan ni cotizan. La realidad es que cotizan, sostienen las pensiones y, paradójicamente, acceden a menos ayudas.

¿Quién cobra más ayudas? Pista: no son los inmigrantes

Vox y sus voceros insisten en que las ayudas sociales están saturadas por extranjeros, pero los datos del SEPE son demoledores: el 88% de los beneficiarios de ayudas sociales en España son españoles. Es decir, solo el 12% de quienes reciben ayudas son inmigrantes, y eso incluyendo a todos los extranjeros —europeos, estadounidenses, latinoamericanos, africanos— sin distinción.

Pero hay más: los inmigrantes son proporcionalmente más contratados que los españoles (24% de los contratos en 2024), pero ocupan solo el 15% de los puestos de trabajo, lo que indica empleos más temporales, más precarios y de menor duración. Esto debería implicar un mayor acceso a ayudas por desempleo. Sin embargo, sucede justo lo contrario. ¿La explicación? La mayoría de las ayudas las acaparan los españoles, y todo indica que el fraude en la percepción de subsidios también es mayor entre los nacionales.

Un déjà vu económico... pero con más odio

Lo más llamativo es que este boom migratorio no es nuevo en España. Durante la burbuja inmobiliaria (1997-2007), España vivió otro gran crecimiento migratorio. Entre 1998 y 2005, el número de extranjeros se multiplicó por seis. Cada año llegaban cientos de miles de personas, atraídas por el auge económico, el empleo fácil en la construcción, la hostelería, el campo o los servicios. El crecimiento de la población inmigrante fue clave para sostener el mercado laboral y el dinamismo económico de la época.

¿Y sabes qué? No hubo el mismo rechazo.

Entonces, la inmigración se veía como una necesidad. No existía aún un discurso político potente antiinmigración. Ni el PP de Aznar ni el PSOE de Zapatero utilizaron la inmigración como arma electoral, ni promovieron campañas de odio. Se hablaba de integración, rejuvenecimiento demográfico, sostenibilidad del sistema de pensiones… A pesar de la llegada masiva de inmigrantes, no se respiraba el mismo clima de crispación ni de polarización que hoy.

Hoy, sin embargo, con cifras similares o incluso menores, la inmigración se ha convertido en uno de los temas más polarizadores del debate público. La extrema derecha ha logrado fijar el marco: la “invasión”, las “paguitas”, la “inseguridad”, la “saturación”... Y aunque los datos desmienten sus afirmaciones una y otra vez, el odio ha calado como nunca antes.

¿Por qué se repite entonces el bulo?

Porque funciona. No necesita ser cierto. Basta con apelar a la emoción y al prejuicio. Como ha hecho históricamente la ultraderecha europea y como ahora replica Vox sin pudor, se construye una narrativa del “otro” como amenaza: vienen a quitarnos el trabajo, a saturar los servicios, a cobrar sin aportar. Se ignora que muchos inmigrantes trabajan cuidando a nuestros mayores, recogiendo nuestras frutas, limpiando nuestras calles, construyendo nuestras casas, y lo hacen por salarios bajos, con contratos duros y escasa protección.

Se ignora también que España ha sido durante décadas un país emigrante, y no precisamente un ejemplo de inmigración “ordenada y legal”. Durante el franquismo, más del 50% de los emigrantes españoles que fueron a Alemania, Francia o Suiza lo hicieron “sin papeles”, sin contrato ni visado, jugándose la vida y aceptando cualquier empleo con tal de sobrevivir. Igual que hoy hacen muchos de los inmigrantes que llegan a España.

¿Nos escandaliza su situación irregular? ¿Acaso olvidamos que muchos de nuestros abuelos también cruzaron fronteras sin permiso?

El sistema necesita inmigrantes, aunque no lo quiera reconocer

Lo más paradójico de esta narrativa es que se ataca justo a quienes sostienen el sistema económico español. En un país envejecido, con baja natalidad y una estructura laboral que necesita constantemente mano de obra en sectores clave como la construcción, la agricultura, la logística, la hostelería o los cuidados, la inmigración es la única vía para evitar el colapso del mercado laboral y del sistema de pensiones.

Actualmente, España tiene más de 150.000 vacantes sin cubrir, y las previsiones indican que el 80% del empleo futuro será simplemente para sustituir jubilaciones. Sin inmigrantes, esas vacantes no se cubrirán. No es ideología, es necesidad estructural.

Por eso el propio Gobierno ha reformado el Reglamento de Extranjería para facilitar la llegada de inmigrantes, ampliar permisos de trabajo, permitir compatibilizar estudio y empleo, y atraer talento extranjero. Incluso las patronales claman por más inmigración legal. Porque sin ella, el sistema colapsa. Pero parte de la sociedad sigue instalada en el discurso del miedo.

Santiago Abascal, líder de Vox, diciendo que los inmigrantes reciben ayudas que no logran alcanzar a los ciudadanos españoles

¿Y los inmigrantes que apoyan a Vox?

Una de las expresiones más complejas de esta situación es la existencia de inmigrantes —especialmente algunos latinoamericanos— que apoyan a Vox y sus políticas antiinmigración. ¿Cómo se entiende?

Hay múltiples razones: el rechazo a políticas de izquierda por su experiencia en países como Venezuela o Cuba; la creencia en la “inmigración ordenada”; el miedo a la inseguridad o la necesidad de diferenciarse de otros colectivos migrantes estigmatizados. Pero lo que todos tienen en común es la búsqueda de reconocimiento, de pertenencia, y la necesidad de no ser identificados como “el otro”. Apoyar a Vox les permite, en cierto modo, blanquear su propia integración.

Sin embargo, Vox no hace distinciones. En su programa de 2025, ha propuesto devolver a la ilegalidad a más de un millón de inmigrantes regularizados, retirar nacionalidades ya concedidas y realizar “deportaciones masivas”. Para Vox, ni siquiera ser legal te libra del estigma: si no tienes “buena asimilación”, te vas. Aunque hayas nacido aquí.

El peligro de un discurso que deshumaniza

La narrativa de la “paguita” no es solo un bulo. Es una estrategia política. Sirve para generar odio, para dividir, para crear chivos expiatorios que desvíen la atención de los verdaderos problemas: la precariedad, la vivienda inaccesible, el colapso de servicios públicos, los sueldos de miseria… Problemas que no causa la inmigración, sino un modelo económico basado en la desigualdad y la especulación.

Vox no tiene intención de solucionar esos problemas. Solo quiere capitalizar el resentimiento, convertirlo en votos, y vivir —ellos sí— del Estado, del sueldo público, de los privilegios institucionales. Mientras acusan a otros de vivir de ayudas, ellos se lucran del miedo.

España no se hunde por la inmigración. España se hunde cuando olvida que también fue emigrante. Cuando olvida que en Alemania hubo quienes miraron con desprecio a los españoles. Cuando olvida que nuestras abuelas cruzaron fronteras sin papeles, buscando una vida mejor. Cuando olvida que sus pensiones están siendo sostenidas, hoy, por miles de manos extranjeras que limpian, cuidan y trabajan.

No hay “paguita” que valga para ocultar esta verdad: los inmigrantes no vienen a vivir del Estado, sino a sostenerlo. Y lo hacen en silencio, mientras otros gritan desde la tribuna o el bar que hay que echarlos.

Fuente: https://www.robandotutiempo.com/202...

Ver también:

Las paguicas y el gasto militar

Puente de Mostar, Bosnia.

Fuente

Estén atentos a este párrafo del artículo:

Más allá de esos usos militares que se sugieren y que el concepto de "dominar el mundo" solo puede ser para mal, la pregunta es, si esa inteligencia es superior en todo a los humanos, ¿qué puede impedirle sojuzgar a la propia humanidad, o tal vez suprimirla? Nota de Tortuga.

El jaque mate de China a EEUU se gesta en un rincón del desierto: Pekín levanta un enorme centro de datos

elEconomista.es

En medio del vasto desierto de Sinkiang, una remota región del noroeste de China, se está gestando una revolución tecnológica que podría cambiar el equilibrio global de poder. China ha comenzado a construir decenas de centros de datos en este territorio árido, alimentados por energía verde y concebidos para albergar más de 115.000 chips de Nvidia, a pesar de la prohibición estadounidense de exportarlos al país. Esta infraestructura masiva podría convertirse en la base de una red nacional de inteligencia artificial capaz de rivalizar o incluso superar los avances de gigantes como OpenAI, Meta o Nvidia en Estados Unidos. China se está preparando el camino para superar a EEUU en producción de energía total. Esa energía será clave para el sorpasso tecnológico y el económico. Parece que la economía global volverá a tomar la forma que ha predominado durante siglos y China será el nuevo hegemón en algún momento de este siglo.

Aunque Estados Unidos ha intentado frenar los progresos chinos con restricciones a la exportación de semiconductores de alta gama, el gobierno de Pekín está logrando sortear estas restricciones. No solo eso, China está logrando producir sus propios chips cada vez más avanzados. Los límites impuestos por EEUU han agudizado el ingenio de una China que ya parece lanzada hacia el liderazgo de la tecnología global y la economía. Las empresas chinas y Pekín parecen decididas a sortear las limitaciones mediante la construcción de un sistema descentralizado de potencia computacional.

Todo hace indicar que China se va a convertir antes o después en la mayor potencia tecnológica. China planea entrenar a la IA en dichos centros. El miedo de EEUU y Occidente en general es que Pekín logre lo que busca todo el mundo: desarrollar lo que se conoce como 'superinteligencia artificial'. La superinteligencia artificial (SIA) es un concepto teórico que describe una inteligencia artificial que supera la inteligencia humana en todas las áreas, incluyendo la creatividad, la resolución de problemas y la comprensión emocional. Es decir, un sistema de IA con capacidades cognitivas mucho mayores que las de cualquier ser humano. Esta SIA se podría aplicar en un mundo futurista a robots, armas y ordenadores. El país que primero halle el secreto de esta SIA tendrá la capacidad para dominar el mundo, ya sea para bien o para mal.

En un reciente informe de Morgan Stanley se destacaba que "China se está convirtiendo en un líder mundial en IA gracias al apoyo gubernamental y a su enfoque en la eficiencia computacional. Además, La industria de IA del país y los sectores relacionados podrían convertirse en un mercado valorado en 1,4 billones de dólares para 2030. Las inversiones chinas en IA podrían alcanzar el punto de equilibrio para 2028 y generar una rentabilidad del 52% sobre el capital invertido para 2030".

No obstante, la frase más lapidaría de este informe de un banco americano fue la siguiente: "Los controles de exportación de EEUU podrían crear barreras para el desarrollo de la IA en China, pero no detendrán su progreso. Es probable que la IA impulse el crecimiento del PIB de China al impulsar la inversión en los próximos dos o tres años y mejorar la productividad a largo plazo", destacaban desde el banco de inversión.
Preocupación en EEUU

Con todo, "un proyecto de tal envergadura genera preocupación en Washington, donde las autoridades restringieron en 2022 la venta de chips de última generación de Nvidia a China por miedo a que la IA avanzada dé a Pekín una ventaja militar. Sin embargo, los documentos chinos no explican cómo las empresas planean hacerse con los chips, cuya compra legal requiere licencias del gobierno estadounidense que no se han concedido. Las compañías implicadas, así como representantes estatales y del gobierno central en Pekín, se negaron a hacer comentarios", explican desde Bloomberg.

James Mayger, periodista de Bloomberg especializado en China, ha viajado hasta el desierto de Sinkiang para estudiar y analizar in situ la situación. Además, para evaluar si las entidades chinas podrían obtener de forma realista tal cantidad de procesadores restringidos, Bloomberg habló con más de una docena de personas relacionadas con investigaciones del gobierno estadounidense, además de otras con conocimiento directo del mercado negro en China. Ninguna de las fuentes familiarizadas con las investigaciones dijo tener conocimiento previo de la construcción de estos centros de datos en Sinkiang. Todos coincidieron en que, aunque es probable que haya chips prohibidos en China, desconocen una red de contrabando tan sofisticada como para adquirir más de 100.000 unidades y trasladarlas a un único lugar.

El proyecto se sostiene sobre una doble base estratégica. Por un lado, las condiciones naturales de Sinkiang (clima fresco por las ncohes, bajos costes de suelo y abundancia de energías renovables) ofrecen un entorno idóneo para mantener operativos miles de servidores. Por otro, la implicación de empresas estatales como Nyocor, especializada en energía solar y eólica, revela el respaldo del gobierno central a este modelo híbrido entre sostenibilidad y tecnología punta. Nyocor está construyendo un centro con 625 servidores que requerirá más de 2.000 chips H100, uno de los modelos más avanzados de Nvidia.
La paradoja de los chips

La paradoja es que, mientras Washington intenta evitar que estos chips lleguen a China, la propia estructura del mercado global permite a empresas chinas adquirirlos a través de canales alternativos, hacen los suyos propios (quitan cuota de mercado a Nvidia) o bien proyectan centros de datos con la intención de acogerlos en el futuro. Aunque Nvidia niega ofrecer soporte o mantenimiento para productos restringidos, los documentos revisados por Bloomberg confirman que las inversiones están en marcha y que las compañías implicadas están decididas a continuar.

La magnitud del plan es tal que algunos centros contarán con más de 100.000 chips, una cantidad suficiente (según los estándares de Silicon Valley) para desarrollar modelos de IA de última generación comparables a ChatGPT o Gemini. China no solo quiere competir: quiere liderar. Su objetivo es crear un sistema donde cualquier empresa del país, grande o pequeña, pueda acceder a potencia computacional de forma remota, rápida y flexible, como si se tratase de abrir un grifo de agua.

Esta visión contrasta con el modelo estadounidense, donde la mayoría del poder computacional está concentrado en unas pocas manos: OpenAI, Alphabet, Amazon o Meta. Al transformar la inteligencia artificial en un servicio público distribuido, China aspira a impulsar una explosión de innovación descentralizada que no dependa de grandes conglomerados, sino de desarrolladores individuales y startups que puedan trabajar desde cualquier punto del país.

Uno de los clientes clave de este sistema es Infinigence AI, una empresa emergente fundada en 2023, pero que presenta un crecimiento espectacular. Su CEO ha afirmado que su misión es facilitar el acceso a la computación para toda la comunidad de desarrolladores del país. Si logran ejecutar esta visión a escala nacional, podrían convertir a China en el mayor ecosistema de IA abierta del planeta.

El verdadero desafío radica en cerrar el círculo: no basta con tener centros de datos y chips avanzados. China necesita desarrollar sus propios semiconductores de alta gama para sustituir a los de Nvidia. De lo contrario, su estrategia seguirá siendo vulnerable a los vaivenes de la geopolítica y al control estadounidense sobre la cadena global de semiconductores. Los expertos aseguran que la industria de chips china se encuentra en un punto de inflexión: el debate gira en torno a la suficiencia y la inversión para producir chips avanzados o la búsqueda de vías para su importación esquivando los obstáculos de EEUU. El objetivo es llegar a la superinteligencia artificial sea como sea.

Pese a estas limitaciones, lo encontrado por Bloomberg en Sinkiang y Qinghai demuestra que China está dispuesta a invertir y experimentar a gran escala. Su apuesta por una red nacional de IA impulsada por energía verde y accesible para todo el país refleja un enfoque industrial inédito en el mundo occidental, donde la IA sigue siendo un coto cerrado de grandes tecnológicas.

Si Pekín consigue coordinar esta infraestructura con avances propios en chips, software y conectividad, la ofensiva tecnológica que se inicia en el desierto podría convertirse en el jaque mate definitivo al dominio tecnológico de Estados Unidos.

Fuente: https://www.eleconomista.es/tecnolo...

Raquel Ejerique

En el año 2005, España vivía los estertores del boom inmobiliario, los móviles eran para llamar, no había llegado Facebook, gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero y sonaba Amaral en todas las radios. Entonces, España tenía, según los datos oficiales de población continua del INE, 44 millones de personas, de las cuales, 3,7 millones eran de nacionalidad extranjera (el 8,5%). Ese mismo año, la tasa de criminalidad era de 49,4 infracciones penales por cada mil habitantes.

Los mismos datos de las mismas fuentes desmienten que España sea hoy un país más peligroso, más inseguro y, mucho menos, que eso tuviera que ver con la llegada de migrantes. En 2025 hay el doble de residentes con nacionalidad extranjera (7 de los 49 millones que tiene hoy el país, más dos millones que nacieron fuera, pero tienen la nacionalidad española). Sin embargo, la tasa de criminalidad no ha subido con esa multiplicación de inmigrantes, al contrario: 40,6 delitos por mil habitantes, la banda más baja de la serie histórica, según los datos del primer trimestre de 2025 del Ministerio de Interior. Es decir, mientras sube el número de extranjeros que vive en el país, baja la tasa de criminalidad (-2,8%, según los datos más recientes), una tasa que ha experimentado una tendencia descendente desde hace décadas con algún altibajo después de la pandemia, achacado por Interior a la explosión de delitos de ciberdelincuencia.

Sin embargo, el número de condenas entre personas de nacionalidad extranjera es mayor de lo que les correspondería por peso poblacional (14,2% son extranjeros y son el 28% de condenados, según las estadísticas de 2023, con especial relevancia de los nacidos en América, África y seguidos de cerca por europeos de la UE). Entonces, ¿sí que delinquen más?

Los expertos consultados coinciden en que no tiene que ver con ser migrantes. Por una parte, los datos de condenas son un indicador, pero son parciales porque dan poca información detallada. En cualquier caso, “no es el origen, son las condiciones materiales”, explica Andrea Ruiz, doctora en Antropología y directora de la Fundación Begirune del País Vasco, dedicada a políticas sociales y migraciones. “De hecho, de manera general los estudios demuestran que es al contrario”. En el caso de migraciones económicas, “las familias seleccionan en el país de origen al miembro más apto, al que tenga más posibilidades de adaptarse y conseguir trabajo. En general, quienes migran quieren quedarse y obtener la ciudadanía, no les interesa delinquir porque saben que pueden ser expulsados, no tiene sentido, suelen ser personas más respetuosas con la ley, a tenor de la conclusión de estudios recientes”.

El mantra de los delitos sexuales

Al discriminar por delitos, la media es alta en “delitos contra el patrimonio”, entre los que hay robos y hurtos, donde el 70% de las infracciones fueron cometidas por ciudadanos nacidos en España y el resto fueron cometidas por extranjeros, lo que incluye también ciudadanos de países de la UE o EEUU. Sin embargo, en violencia de género o delitos sexuales –otro de los mantras que agitan los ultras es el de “la seguridad de nuestras mujeres”– hay una evidente mayoría de españoles entre los condenados (por ejemplo, en delitos sexuales, 406 condenados frente a 94, según el INE).

“Claro que hay delincuentes extranjeros, pero la variable nacionalidad que se recoge en las estadísticas es equívoca”, explica Javier Guardiola, profesor de Derecho Penal y miembro del Instituto Universitario de Investigación en Criminología en la Universitat de València, que profundiza en que esos datos incluyen “desde un español que vive fuera y comete un delito aquí, a un extranjero que lleva aquí viviendo 20 años”. O al extranjero que ha venido en avión con droga y, al ser detenido en Barajas, cuenta en la estadística como extranjero que comete un delito España, pero que no vive aquí, especifica Andrea Ruiz, que apunta que además los datos no especifican los reincidentes.

Esa sobrerrepresentación se basa además en varios factores, según esta experta: “Hay un factor edad, porque entre migrantes la media de edad es más joven [y es la franja de mayor violencia]. Además, tienen más tasa de riesgo de pobreza. También los paran más en controles y registros –un latino tiene 3,5 veces más de probabilidad de que le paren, un negro tiene seis veces de probabilidades más y un gitano, 10–”. Ruiz señala también a algunos medios de comunicación que siempre que hablan de migración es en términos negativos y el “imaginario” creado en series y televisión, que contribuye a la idea de que los extranjeros (de algunas razas y nacionalidades concretas) son más peligrosos.

'Ideas zombis' resistentes a los datos

Es lo que Rubén Rumbaut llama “ideas zombis”, como recoge la experta Elisa García España en un artículo sobre la vinculación inmigrante/delincuente: “Estas ideas permanecen vivas de forma persistente en el imaginario popular. Son inmortales y resistentes a cualquier dato objetivo que las contradiga”. Una de esas ideas es que no se hace nada con quien delinque o, incluso que se les dan pagas, como dice Vox. Solo en 2024, el Ministerio de Interior expulsó a 3.031 extranjeros por diferentes motivos de seguridad nacional (más de 8 expulsiones de media al día). Además, el artículo 89 del Código Penal contempla sustituir penas de más de un año por la expulsión de la persona extranjera, incluida la que tiene permiso de residencia, algo que pasa constantemente en el sistema judicial español.

“Se hacen vinculaciones con los extranjeros como delincuentes, pero ¿qué pasa con los extranjeros como víctimas? Nunca se cruza esa idea”, expone Ruiz. Según el último CIS de julio, los españoles consideran la inmigración el quinto de los “problemas” que les afectan, por detrás de asuntos económicos, vivienda, sanidad y paro. La sobreexposición por el caso de Torre Pacheco, los llamamientos ultras y la validación del argumento racista podría hacer subir esta percepción en el próximo barómetro, apuntan los sociólogos.

Respecto a los ataques racistas, los últimos datos disponibles del informe de delitos de odio en España, elaborado por el Ministerio del Interior, supone también una alerta: subieron un 21% respecto al año anterior. Entre ellos, los delitos de odio por racismo y xenofobia, con 856 hechos, fueron los más numerosos y representaron el 41,8% de total de las denuncias.

Lo de Torre Pacheco y otros muchos casos “es algo que tiene que ver más con la raza que con la migración”, apunta el periodista antirracista Moha Gerehou. “Se genera una sospecha eterna y se apunta a negros, marroquíes... No es contra población inglesa o francesa. Suele haber una vinculación racial”, explica. El periodista también pone el foco en el peso que han tenido los medios de comunicación: “Cuando el que comete un delito es migrante se pone en el titular o en la noticia. Cuando es un blanco español no se hace referencia. Y ahora ya está pasando que en los medios progresistas especifican que no es migrante, y esto entra en el juego”.

Miedo de ser migrante

El polvorín de Torre Pacheco es un ejemplo claro y hay ataques raciales a negocios y vecinos de allí aunque el agresor del hombre de 70 años, el caso con el que se inició la espiral de violencia, no era de la localidad y ya está detenido. “La primera consecuencia es el miedo, porque el ataque es algo muy aleatorio. Atacaron un kebab, que puede estar regentado por un marroquí o un turco o un español. Nos hace sentir que no estamos a salvo en ningún contexto y eso es muy intimidatorio. La gente piensa que pueden ir al colegio de sus hijos, a su trabajo, como está pasando con las redadas en Estados Unidos. También se percibe indefensión porque no se ve contundencia por parte de las autoridades, no se lo toman todo lo en serio que deberían”, percibe Gerehou.

“Los delitos de odio cuestan de probar porque muchas veces su comisión o difusión es a través de redes, donde hay anonimato, las empresas están fuera de España y no siempre colaboran. Por otra parte, necesitan un componente subjetivo, hay que probar que se incita al odio o que se hace para humillar”, explica Susana Gisbert, fiscal de delitos de odio en la Comunitat Valenciana. También desmiente un mito: “Vemos acciones organizadas como en Torre Pacheco, pero la regla general es que los autores de delitos de odio son personas 'normales' con todas las comillas, que no pertenecen a ningún grupo, que piensan esto y se ven legitimados por las redes o declaraciones de políticos”.

“La imagen del migrante delincuente es fácil de vender, es la alienidad, pero no se compadece con la realidad”, dice el experto en derecho y criminología Javier Guardiola. Solo hay que mirar alrededor un día cualquiera o fijarse en otros ejemplos igual de reales, pero totalmente positivos, como las cuadrillas de marroquíes que hicieron posible, trabajando hasta en Navidad, resolver el colapso de la red pública de alcantarillado tras la dana de València. Es el mismo colectivo general al que hoy, grupos de ultraderecha quieren “dar caza” y que ha puesto en alerta a policías y guardias civiles en la localidad de Murcia.

La delincuencia es un fenómeno complejo, cambiante, poco perfilado y cuyas estadísticas engloban desde asesinatos a una lesión, tráfico de drogas, prevaricación o ciberestafas (el delito que más está creciendo), explican los expertos, por eso es arriesgado sacar conclusiones. “Simplemente, el binomio extranjería/delincuencia no es real”. Aun así, partidos como Vox coquetean con la idea, como también Isabel Díaz Ayuso con su bulo de Alcalá en 2024, los independentistas de Aliança Catalana o el propio Feijóo, que especificó hace unos meses sobre la inmigración que la gente tiene derecho a vivir “con seguridad”, contraponiendo dos ideas que, a tenor de los datos de criminalidad y población extranjera en España, no son contrapuestas.

Fuente: https://www.eldiario.es/sociedad/da...

Unas cuarenta personas convocadas por Elx per la Pau expresaron ayer, 24 de julio, su oposición a la guerra y al sistema económico, político y social que se nutre de ella.

La concentración tuvo lugar en la Plaça i Baix d'Elx a las 20 h. En ella, como viene siendo habitual, se compartieron manifiestos contra la guerra de Ucrania y el genocidio en Palestina. Además, varias personas leyeron frases por la paz. Incluso hubo alguna intervención relacionando el disparatado gasto militar con las carencias de las clases sociales menos pudientes.

Por otro lado, se repartió y presentó el documento Sobre la guerra en el mundo, el cual analiza el peso que tiene el belicismo en nuestro planeta. Asimismo, propone otros destinos para el gasto militar y sugiere posibles trabajos desde la base para promover una cultura de paz.

Por lo demás, cabe destacar que reaparecieron viejas pancartas del movimiento antimilitarista cuyo mensaje, lamentablemente, sigue siendo actual.

También se entonó algún «No a la guerra».

Finalmente, y con un cielo amenazante de lluvia, convocamos a la gente para la concentración del próximo 24 de agosto. Será de nuevo en la Plaça i Baix a las ocho de la tarde.

Los días 15 y 16 de julio, delegados de treinta países de todo el mundo se reunieron en Bogotá, Colombia, para celebrar una conferencia convocada con el propósito de poner fin al genocidio perpetrado por Israel contra los palestinos en Gaza, que ya dura veintiún meses. En su discurso ante la conferencia, el día 15 de julio, Francesca Albanese, Relatora Especial de las Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados —a quien, la semana pasada, el gobierno de Trump sancionara en represalia por sus firmes posturas en favor de Palestina— explicó por qué los Estados debían suspender todas sus relaciones con Israel. A continuación reproducimos íntegramente sus declaraciones. Se ha editado la transcripción para mayor claridad.

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El Territorio Palestino ocupado es hoy un infierno. En Gaza, Israel ha desmantelado la infraestructura que hacía posible desempeñar hasta la última función de las Naciones Unidas —la prestación de ayuda humanitaria—, con el fin de matar de hambre, desplazar una y otra vez o asesinar deliberadamente a una población a la que ha marcado para su eliminación. En la Ribera Occidental, comprendida Jerusalén Oriental, prosigue la depuración étnica por medio del asedio ilícito, desplazamientos en masa, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y la generalización de la tortura.

En todas las zonas bajo control israelí, los palestinos viven bajo amenaza de aniquilación, la cual se retransmite en tiempo real a un mundo que observa. Los pocos israelíes que se oponen al genocidio, la ocupación y el apartheid —mientras que la mayoría lo aplaude abiertamente y hasta pide más— nos recuerdan que la liberación de Israel también es inseparable de la libertad de Palestina. Las atrocidades cometidas en los últimos veintiún meses no son una repentina aberración, sino la culminación de décadas de políticas dirigidas a desplazar y sustituir al pueblo palestino.

En ese contexto, es inconcebible que en foros políticos, desde Bruselas hasta Nueva York, se siga debatiendo el reconocimiento del Estado de Palestina, no porque ello no sea importante, sino porque durante treinta y cinco años los Estados han paralizado y rechazado ese reconocimiento, fingiendo «invertir en la Autoridad Palestina» mientras abandonaban al pueblo palestino a las implacables y rapaces ambiciones territoriales y a los atroces crímenes de Israel.

Entretanto, el discurso político ha sumido a Palestina en una crisis humanitaria que hay que gestionar de forma perpetua, en lugar de lograrse avances respecto de una cuestión política que exige una resolución firme y basada en principios: poner fin a la ocupación permanente, al apartheid y, hoy en día, al genocidio. Y no es que haya fracasado o vacilado el derecho: es la voluntad política la que ha abdicado.

Sin embargo, hoy también estamos asistiendo a una ruptura. El inmenso sufrimiento de Palestina ha abierto la posibilidad de una transformación. Aunque ello todavía no se refleje plenamente en las agendas políticas, se está produciendo un cambio revolucionario que, de mantenerse, será recordado como un momento en el que la historia cambió de rumbo. Por eso he acudido a esta reunión con la sensación de que estamos en un histórico punto de inflexión, tanto en el plano discursivo como en el político.

En primer lugar, está cambiando el discurso: se aleja del «derecho a la legítima defensa» que Israel invoca sin cesar y se acerca al derecho a la libre determinación del pueblo palestino, derecho que se le ha negado durante décadas y que se ha visto sistemáticamente invisibilizado, reprimido y deslegitimado. La instrumentalización del antisemitismo aplicada a las palabras y el discurso de los palestinos, y el uso deshumanizador del concepto de terrorismo para calificar las acciones palestinas (desde la resistencia armada hasta la labor de organizaciones no gubernamentales que buscan hacer justicia en la arena internacional), han llevado a una deliberada parálisis política global. Debe ser corregida. Ha llegado el momento.

En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, estamos asistiendo al auge de un nuevo multilateralismo: basado en principios, valiente y liderado cada vez más por una mayoría de =países del mundo. Me duele que ese multilateralismo todavía no se haya extendido de forma sólida a los países europeos. Como europea, temo que la región y sus instituciones hayan llegado a simbolizar para muchos una hermandad de Estados que predican el derecho internacional pero que se guían más por una mentalidad colonial que por principios y que actúan como vasallos del imperio estadounidense, aun cuando este nos arrastre de guerra en guerra, de miseria en miseria y, en lo que respecta a Palestina, del silencio a la complicidad.

Sin embargo, la presencia de los países europeos en esta reunión demuestra que es posible marchar por otro camino. A ellos les digo: el Grupo de La Haya tiene el potencial de apuntar no solo a una coalición, sino a un nuevo centro moral en la política mundial. Por favor, únanse a esos países. Millones de personas tienen la vista y la esperanza fijadas en un liderazgo que pueda dar lugar a un nuevo orden mundial basado en la justicia, la humanidad y la liberación colectiva. No se trata solo de Palestina. Se trata de todos nosotros.

Los Estados cuya actuación está guiada por principios deben estar a la altura de este momento. No es necesario tener una afiliación política, un color, banderas de partidos políticos o ideologías: hay que defender los valores humanos básicos. Esos mismos que Israel lleva veintiún meses pisoteando despiadadamente.

Entretanto, aplaudo la convocatoria de esta conferencia extraordinaria en Bogotá para abordar la implacable devastación de Gaza. Es en ello, por tanto, en lo que debemos centrarnos. Las medidas adoptadas en enero por el Grupo de La Haya fueron simbólicamente poderosas. Fueron la señal del cambio discursivo y político que se necesitaba.

Ahora bien, esas medidas son lo mínimo imprescindible. Les imploro que amplíen su compromiso y lo conviertan en acciones concretas, legislativas y judiciales en cada una de sus jurisdicciones y que consideren ante todo lo que debemos hacer para detener la ofensiva genocida. Para los palestinos, especialmente los de Gaza, se trata de una cuestión es de vida o muerte. Cabe decir lo mismo de la humanidad de todos nosotros.

En ese contexto, mi responsabilidad ante ustedes es recomendarles, sin concesiones y con imparcialidad, como extirpar de raíz el problema. Hace tiempo que dejamos atrás el tratamiento de los síntomas, la zona de comodidad de muchos hoy en día. Y mis palabras demostrarán que lo que el Grupo de La Haya se ha comprometido a hacer y está considerando ampliar es un pequeño compromiso con lo que es justo y debido en virtud de las obligaciones emanadas del derecho internacional: obligaciones, no simpatía, no caridad.

Cada Estado debe reconsiderar y suspender inmediatamente todos sus vínculos con Israel: sus relaciones militares, estratégicas, políticas y diplomáticas, tanto en materia de importaciones como de exportaciones, y asegurarse de que hagan lo mismo su sector privado, sus aseguradoras, sus bancos, sus fondos de pensiones, sus universidades y otros proveedores de bienes y servicios de las cadenas de suministro. Tratar a la ocupación como si fuera algo normal se traduce en apoyo, ayuda o asistencia a la presencia ilícita de Israel en los territorios palestinos ocupados. Esos vínculos deben romperse con carácter urgente.

Seamos claros: me refiero a la ruptura de todo vínculo con Israel. Romper solo los vínculos con los «componentes» de Israel en los territorios palestinos ocupados no ha de figurar entre nuestras opciones.

Ello está en consonancia con la obligación de todos los Estados derivada de la Opinión Consultiva de julio de 2024 de la Corte Internacional de Justicia, por la que se confirmó el carácter ilícito de la prolongada ocupación israelí, la cual declaró equivalente a la segregación racial y al apartheid. La Asamblea General de las Naciones Unidas hizo suya esa opinión. Estas conclusiones son más que suficientes para pasar a la acción.

Además, es el Estado de Israel el acusado de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio, por lo que es ese Estado el que debe asumir la responsabilidad de sus actos ilícitos. Como sostuve en mi más reciente informe al Consejo de Derechos Humanos, la economía israelí está estructurada para sostener la ocupación y se ha convertido ahora en genocida. Es imposible separar las políticas y la economía del Estado de Israel de sus políticas y su economía de ocupación de larga data.

Estas han sido inseparables durante décadas. Cuanto más tiempo permanezcan comprometidos con ellas los Estados y otras entidades, tanto más se legitimará su carácter esencialmente ilícito. Es en ello que radica la complicidad. Ahora que la economía se ha vuelto genocida, no hay un Israel «bueno» y un Israel «malo».

Los exhorto a que consideren este momento como si estuviéramos sentados en esta sala en la década de los noventa, debatiendo el caso del apartheid en Sudáfrica. ¿Habrían propuesto sanciones selectivas contra Sudáfrica por su conducta en bantustanes particulares? ¿O habrían reconocido el sistema criminal del Estado en su conjunto? En el caso que nos ocupa, lo que está haciendo Israel es incluso peor. Esta comparación es una evaluación jurídica y factual respaldada por procedimientos jurídicos internacionales en los que participan muchos de los presentes en esta sala.

Es eso lo que significa adoptar medidas concretas. Negociar con Israel sobre cómo gestionar lo que queda de Gaza y la Ribera occidental, en Bruselas o en cualquier otro lugar, es una total deshonra para el derecho internacional.

Y a los palestinos y a quienes los apoyan desde todos los rincones del mundo, a menudo con grandes costos y sacrificios, les digo que, pase lo que pase, Palestina habrá escrito este tumultuoso capítulo, no como una nota al pie en las crónicas de los aspirantes a conquistadores, sino como el último verso de una saga centenaria de pueblos que se han levantado contra la injusticia, el colonialismo y, hoy más que nunca, la tiranía neoliberal.

Jacobinlat

El Norte global vive de las rentas intelectuales | Boletín 26 (2025)

A pesar de sus rápidas innovaciones tecnológicas, el Sur Global sigue atrapado en regímenes de propiedad intelectual dominados por el Norte Global: rentas infinitas con patentes y licencias, que lo despojan de su riqueza y frenan su desarrollo.
26 de junio de 2025

Queridas amigas y amigos,

Saludos desde las oficinas del Instituto Tricontinental de Investigación Social.

La cifra en el gráfico anterior, basada en datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), no es una exageración. A pesar de la creciente capacidad tecnológica e industrial de los países del Sur Global, las corporaciones y Estados del Norte Global siguen siendo dueños de las patentes de propiedad intelectual sobre productos clave, condenando al Sur a regímenes indefinidos de pagos por este concepto. Estos incluyen pagos por patentes para productos farmacéuticos, tecnologías digitales (como licencias de software e infraestructura de telecomunicaciones) y agricultura (como semillas genéticamente modificadas, fertilizantes, pesticidas y equipos). Los avances científicos y tecnológicos se han acelerado en el Sur Global y varios países —sobre todo en Asia— han desarrollado trenes de alta velocidad, tecnologías verdes e infraestructura de telecomunicaciones. No obstante, incluso en estos rubros, la mayoría de los países siguen pagando altas rentas a empresas del Norte Global dueñas de patentes críticas.

Existen cinco sectores en los que el desequilibrio en los pagos relacionados con patentes es más grave (es decir, donde los países del Sur Global pagan significativamente más en regalías y derechos de licencia de lo que reciben a cambio):

Farmacéutica. Las patentes de medicamentos están mayoritariamente en manos de empresas de Europa, Japón y Estados Unidos. Un ejemplo reciente del alto costo para acceder a tecnologías médicas esenciales fue la importación de vacunas de ARNm durante la pandemia de COVID-19. Varios países del Sur Global, como Sudáfrica e India, enfrentaron demoras y costos inflados en la adquisición de vacunas debido a restricciones de patentes y escasa transferencia tecnológica. (Sudáfrica finalmente optó por comprar vacunas a los productores genéricos de India, como Cipla y el Serum Institute, lo que permitió al país ahorrar aproximadamente 133 millones de dólares en tres años).

Tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Cada componente de las TIC, desde el software y el hardware hasta los semiconductores y las redes móviles, cuesta una fortuna a los países del Sur Global. Esto no se debe solo al precio de los productos físicos, sino también a las elevadas tarifas de licencias por las tecnologías subyacentes, que a menudo están controladas por consorcios exclusivos de patentes (grupos de empresas que gestionan y licencian conjuntamente patentes esenciales).

Maquinaria industrial y tecnologías de manufactura. Las patentes de máquinas de control numérico computarizado (CNC), herramientas automatizadas para manufactura de precisión, robótica y otros equipos de precisión (claves en sectores automotriz, minero y textil) son propiedad mayoritaria de empresas del Norte Global. En consecuencia, los países del Sur Global que buscan industrializarse deben importar estas tecnologías y pagar derechos de licencia permanente, en lugar de desarrollarlas o producirlas localmente.

Biotecnología agrícola. Un pequeño grupo de empresas —como DuPont, Monsanto (Bayer) y Syngenta— controla las principales biotecnologías agrícolas, incluidas las de fertilizantes, semillas genéticamente modificadas y pesticidas, todas distribuidas mediante costosos acuerdos de licencia. Este control monopólico no solo limita la capacidad de las y los agricultores del Sur Global para acceder o desarrollar alternativas, aumentando su dependencia de empresas extranjeras y elevando los costos de producción, sino que también socava la soberanía de las semillas y contribuye a la degradación ambiental mediante prácticas como el monocultivo, el uso excesivo de productos químicos y la pérdida de biodiversidad.

Tecnología verde. Las principales innovaciones en sistemas de baterías, paneles solares y turbinas eólicas están protegidas por patentes que, en su mayoría, pertenecen a empresas del Norte Global, lo que impide la transferencia tecnológica. Como consecuencia, los países del Sur Global deben pagar tarifas de licencia exorbitantes para adoptar estas tecnologías, lo que limita su capacidad de desarrollar sistemas energéticos sostenibles de manera autónoma.

Estas desigualdades se deben en gran parte al control monopólico de las empresas del Norte Global sobre las innovaciones y los regímenes de propiedad intelectual, lo que impide a los países del Sur Global construir alternativas competitivas. La falta de capacidad de investigación y desarrollo (I+D) en las economías medianas y pequeñas del Sur Global juega un papel fundamental en la reproducción de estas desigualdades.

Esta falta de capacidad en I+D tiene su origen en un legado colonial que dejó a muchos países del Sur Global con instituciones educativas poco desarrolladas, en particular en las ciencias avanzadas. A ello se suma el patrón de migración neocolonial que empuja a estudiantes talentosos a emigrar hacia el Norte Global en busca de oportunidades laborales. Por último, los Estados del Sur Global no han logrado construir el poder político necesario para desafiar los regímenes internacionales de propiedad intelectual que protegen las ventajas obtenidas por los países y empresas del Norte Global en épocas anteriores.

En 1986, el Norte Global, liderado por Estados Unidos, impulsó la octava ronda de negociaciones del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés), también conocida como la Ronda de Uruguay. Las siete rondas de negociaciones anteriores del GATT se habían centrado principalmente en la reducción de aranceles entre los países del Atlántico y Japón, con escasa participación del mundo previamente colonizado. Pero en la Ronda de Uruguay se modificó la agenda: a cambio de acceder a los mercados del Norte, se presionó a los Estados del Sur para que derribaran barreras a la inversión, la tecnología y los servicios provenientes del Norte, y para que modificaran sus leyes de propiedad intelectual. Durante este período, las ventajas comparativas de las grandes empresas monopólicas del Norte en derechos de propiedad intelectual y servicios comenzaron a generar enormes ganancias.

Lo más relevante es que los borradores para las negociaciones de la Ronda de Uruguay no provinieron de los países que se sentaron a la mesa, sino de grupos misteriosos como la Coalición de Propiedad Intelectual y la Coalición de Negociaciones Comerciales Multilaterales. Resultó que estas coaliciones no estaban compuestas por países, sino por grupos de presión de grandes empresas monopólicas del Norte Global, como DuPont, Monsanto y Pfizer, que impulsaron la revisión del concepto de propiedad intelectual. Antes de la Ronda de Uruguay, las patentes podían otorgarse únicamente al proceso de innovación, permitiendo a otros individuos, empresas y países llegar al resultado final con métodos distintos, incluso mediante innovaciones de ingeniería inversa. La Ronda de Uruguay modificó este principio estableciendo que el producto final en sí mismo sería patentable, garantizando rentas al titular sin importar el proceso utilizado para obtener el resultado. Así nació el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, o Acuerdo sobre los ADPIC (TRIPS, por sus siglas en inglés).

Diez países del Sur Global (Argentina, Brasil, Cuba, Egipto, India, Nicaragua, Nigeria, Perú, Tanzania y Yugoslavia), liderados por Brasil e India, se reunieron para discutir los peligros de la Ronda de Uruguay. Este Grupo de los Diez (G10) advirtió que este enfoque causaría una hambruna tecnológica en el Sur Global, con una transferencia mínima de tecnología a costos exorbitantes y el colapso virtual del desarrollo tecnológico local. Aunque inicialmente pareció que el G10 logró algunas concesiones, la presión ejercida por Estados Unidos fracturó al grupo. En 1989, Brasil e India cedieron y la coalición se disolvió.

El debate se trasladó entonces a los desacuerdos entre Estados Unidos y la Unión Europea sobre los subsidios agrícolas. Al concluir la Ronda de Uruguay en 1994, el Sur Global aceptó el nuevo y nefasto régimen de propiedad intelectual y las reglas derivadas. El Acuerdo sobre los ADPIC se convirtió en el núcleo de la Organización Mundial del Comercio (OMC), fundada al año siguiente.

Nueve años después, India, Brasil y Sudáfrica crearon el bloque IBSA, exigiendo exenciones a los derechos de propiedad intelectual y licencias obligatorias para medicamentos esenciales, en particular antirretrovirales para tratar el VIH/Sida. Su esfuerzo logró que, el 30 de agosto de 2003, la OMC flexibilizara temporalmente ciertas obligaciones del Acuerdo sobre los ADPIC, permitiendo a los países sin capacidad productiva importar medicamentos genéricos bajo licencias obligatorias. Aunque esto no revirtió la lógica subyacente del Acuerdo (o principio ADPIC), se garantizó un alivio limitado para algunos fármacos. (La promesa de 2003 de las fundaciones Gates y Clinton de reducir el costo de los medicamentos contra el VIH/sida fue, en cambio, una cortina de humo para blindar el marco general del Acuerdo sobre los ADPIC). Este alineamiento inicial entre Brasil, India y Sudáfrica derivó en el bloque BRICS en 2009, tras el inicio de la Tercera Gran Depresión del Atlántico en 2007. Pese a sus iniciativas en salud y tecnología, el BRICS, no ha logrado erosionar el principio ADPIC.

En los años ochenta, varios gobiernos del Sur Global denunciaron lo que más tarde se conocería como biopiratería. Planteaban que muchas de las llamadas innovaciones modernas —sobre todo en agricultura y productos farmacéuticos— tenían su origen en sistemas de conocimientos tradicionales desarrollados por campesinxs y sanadorxs de África, Asia y América Latina. El argumento tuvo poco eco, salvo en casos emblemáticos —como el intento de W. R. Grace de patentar la hoja de neem del sur de Asia, y el de Phytopharm de desarrollar el hoodia, tradicionalmente usado por el pueblo san del sur de África—, la acusación de biopiratería obligó a las empresas a renunciar a sus patentes o compartir sus ganancias. El debate en torno a la biopiratería dio lugar a un tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) que exige a las empresas declarar el origen de los recursos genéticos y conocimientos tradicionales utilizados en sus productos. Sin embargo, en la práctica, este tratado se incumple con frecuencia. Más allá de evidenciar que este tipo de declaraciones no se hacían en el pasado, no ha brindado ganancias sustanciales ni a las comunidades indígenas ni a los países en los que habitan. De hecho, el Acuerdo sobre los ADPIC prevalece sobre las disposiciones de la OMPI y otorga a las empresas amplios márgenes para explotar el conocimiento tradicional.

Reflexionar sobre la biopiratería y las normas de propiedad intelectual que rigen la difusión de las tecnologías verdes me lleva al mundo del poeta y exembajador mexicano Homero Aridjis, cuya obra Selva ardiendo podría servir como advertencia contra esas reglas que asfixian al mundo:

Los cielos amarillos parecen Turners tropicales.
Las palmeras danzantes son besadas por lenguas voraces.
Los monos aulladores saltan de copa en copa.
A través de las humaredas, bandadas de loros,
Con las colas quemadas, van buscando al sol,
que los mira oculto, como un ojo podrido.

Cordialmente,

Vijay

Fuente: https://thetricontinental.org/es/ne...

Diego Díaz Alonso

La Universidad de Oviedo/Uviéu ha reconocido el derecho del profesor Santiago Martín a realizar objeción de conciencia sobre investigaciones de cárcater militar. Martín, profesor de ingeniería, había sido nombrado para participar en el tribunal de un trabajo fin de grado de una alumna del Grado de Ingeniería Química Industrial que ha diseñado un Sistema de Gestion Metrologica para la factoría de General Dynamics en Trubia.

Al conocer su nombramiento, Martín escribió una carta al rector de la universidad recordándole que en sus estatutos la institución se compromete a no participar en líneas de investigación relacionadas con fines bélicos. “Como objetor de conciencia y activista, muy enfrentado a la política armamentística y a la presencia de estas multinacionales involucradas en las peores guerras, la última el genocidio de Gaza, quiero manifestar mi indignación y protesta ante esta esta violación de los estatutos universitarios” señala la misiva de Martín, cuya carrera como investigador se ha centrado en temas relacionados con la sostenibilidad ambiental y la economía circular. Su tesis doctoral, de 1997, versó sobre las posibilidades del biogás en vertaderos, un tema de plena actualidad estos días, ya que COGERSA está en pleno proceso de ampliación de su planta de biometanización.

El Vicerrectorado de Profesorado ha respondido a Martín que aunque los TFG no forman parte del área de investigación, sino de docencia, reconoce el derecho de Martín a no formar parte del tribunal por razones de conciencia. La contestación abre la puerta a un reconocimiento de la objeción de conciencia en la institución asturiana.
Acción contra la presencia de armas israelíes en Trubia. Foto: Pablo Lorenzana

Martín ha señalado que con su carta ha querido abrir un debate sobre la investigación militar en la universidad asturiana: “Básicamente no entiendo que funcionarios públicos tengamos que invertir tiempo en trabajos para una multinacional americana del armamento”.

El reconocimiento de la objeción de conciencia por la Universidad llega en plena polémica sobre los proyectos industriales ligados al rearme que están aterrizando en Asturies. Desde la Cámara de Comercio de Oviedo, su presidente, Carlos Paniceres, criticaba el domingo en La Nueva España que “la Universidad de Oviedo vive en una burbuja y no colabora para que llegue la industria de defensa”.

Martín ha recibido el apoyo de la plataforma Uniovi por Palestina, que reclama la salida de un proyecto de investigación sobre detección de explosivos en el que también participa Israel. “Desde UniOvi x Palestina, tal como hemos venido reclamando en relación con el proyecto TICHE, consideramos que la Universidad de Oviedo tiene la obligación de cumplir sus propios estatutos y posicionarse como defensora del Derecho Internacional, especialmente en el contexto actual de violación sistemática de este Derecho por parte de estados como Israel y Estados Unidos, y debe dejar de colaborar con empresas de armamento que se lucran con el genocidio, llámense Israel Aerospace Industries o General Dynamics European Land Systems Santa Barbara Sistemas” señalan en un comunicado.

Fuente: https://www.nortes.me/2025/07/21/la...

Los empresarios aseguran que se necesitan ingenieros y recuperar los que se marcharon de España con buenos incentivos económicos. Además piden invertir más en el sector y que las pequeñas y medianas empresas aumenten en competitividad.

CANAL SUR MEDIA

Las industrias de Defensa en Andalucía se van a beneficiar de los 6.000 millones que tiene que gastar el Gobierno español este año para alcanzar el 2 por ciento del PIB en inversión militar. Un informe presentado en la Cámara de Comercio de Sevilla recoge incluso que habrá bastante demanda de empleo, en algunos casos hasta algunos puestos técnicos serán difíciles de cubrir.

La industria andaluza de defensa reconoce que falta mano de obra cualificada para los nuevos encargos. Los empresarios y expertos aseguran que se necesitan ingenieros, recuperar los que se marcharon de España con buenos incentivos económicos.

También hace falta más inversión en innovación y que las empresas de la comunidad, que son pequeñas y medianas, se fusionen y ganen en tamaño para ser más competitivas.

Entre las categorías prioritarias que se consideran críticas figuran la defensa aérea y contra misiles; sistemas de artillería; municiones y misiles; movilidad del transporte militar; guerra cuántica, cibernética, electrónica y de IA.

Fuente: https://www.canalsur.es/noticias/an...

Un crucero con 2.000 israelíes cambia de rumbo a Chipre por protesta pro-palestina en Grecia

Itongadol.- Más de dos mil pasajeros israelíes de un crucero de la empresa Mano Maritime permanecen a bordo sin poder desembarcar en la isla griega de Syros, luego de que se registrara una protesta de cerca de 200 manifestantes palestinos en el puerto. La decisión de impedir el descenso fue tomada por razones de seguridad, según informaron las autoridades de la compañía.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel informó que está siguiendo de cerca el incidente a través de la embajada en Grecia. El canciller israelí Gideon Sa'ar se comunicó con su par griego, Giorgos Gerapetritis, y le solicitó intervenir para permitir el atraque y el desembarco del crucero.

En declaraciones al medio Israel National News, Bentsi Kaplan, dueño de la bodega Bituach Winery y uno de los pasajeros del barco, relató que el buque debía detenerse en Syros, una isla con unos 10.000 habitantes, pero el pequeño grupo de manifestantes impidió que se concretara la escala. “Hay menos de 200 manifestantes palestinos, y por eso no podemos bajar 2.000 israelíes. Es absurdo”, dijo.

Kaplan, que viaja con más de veinte de sus nietos, agregó que hubo confusión y tensión a bordo. “La gerencia del barco no está tomando riesgos. Nos trajeron de vuelta a todos. Hay mucha presión y caos, pero no están dispuestos a arriesgarse”, afirmó. Según contó, algunos pasajeros propusieron manifestarse frente a los activistas palestinos, pero la empresa desestimó cualquier acción de ese tipo, citando la presencia de pasajeros mayores y la necesidad de evitar incidentes.

La compañía Mano Maritime señaló en un comunicado que “como en varios lugares de Europa, también en Syros se lleva a cabo una protesta de decenas de activistas pro-palestinos. Estamos en contacto con las autoridades locales, y como resultado, hay una ligera demora en el desembarco. El tiempo de estadía en el puerto será extendido en consecuencia”.

Horas más tarde, medios israelíes reportaron que el barco finalmente no intentó atracar en Grecia y se dirigió hacia Limassol, en Chipre. Según estas versiones, la compañía decidió cambiar el itinerario por la magnitud de la protesta. Hasta el momento no hubo confirmación oficial por parte de Mano Maritime.

El incidente generó preocupación diplomática entre Israel y Grecia por la seguridad de los ciudadanos israelíes, y volvió a poner en evidencia las tensiones en Europa respecto al conflicto en Medio Oriente.

Fuente: https://itongadol.com/internacional...

Yo acuso a Cristóbal Montoro de utilizar el Ministerio de Hacienda no como una institución al servicio del interés general, sino como una maquinaria de guerra ideológica al servicio del poder económico y del partido que lo sostuvo. Lo que presentó como reformas estructurales fue, en realidad, una purga burocrática ejecutada con precisión quirúrgica para desmantelar toda resistencia técnica a la corrupción sistémica.

Yo acuso a Montoro de haber cometido una traición silenciosa al principio de neutralidad del Estado. Al declarar sin rubor que “Hacienda estaba llena de socialistas”, convirtió el cuerpo funcionarial en un campo de sospecha política. No limpió las instituciones: las infectó de partidismo. La fidelidad partidaria sustituyó al conocimiento técnico, y la sospecha ideológica se convirtió en criterio de evaluación.

Yo acuso a Montoro de haber diseñado, desde dentro del aparato estatal, una arquitectura de impunidad para las élites económicas. No solo desactivó los mecanismos de control sobre grandes empresas, sino que permitió —y según el juez, facilitó— que estas mismas escribieran leyes a su medida. El BOE fue secuestrado por el capital, y Hacienda se transformó en una oficina de lobby encubierto.

Yo acuso a Montoro de pervertir el concepto mismo de justicia fiscal, dotando de legalidad a lo que solo puede definirse como corrupción estructural. La amnistía fiscal no fue una medida excepcional, sino un indulto masivo a una clase delincuente que ya no necesitaba esconderse en paraísos fiscales porque tenía el perdón institucional en casa. Fue un golpe de Estado fiscal con firma ministerial.

Yo acuso a Montoro de haber convertido el Estado en un instrumento de clase, en el sentido más marxista y descarnado del término. Con cada cese, con cada nombramiento de confianza, con cada informe manipulado, se reforzó la tesis de que la legalidad es una variable dependiente del poder económico. No hay Estado social si Hacienda responde a intereses privados.

Yo acuso a Montoro de haber degradado el servicio público a una extensión de su despacho privado. Equipo Económico no fue un paréntesis entre cargos institucionales: fue el eslabón perdido entre la acción de gobierno y los dividendos empresariales. Las puertas giratorias no giraban: estaban permanentemente abiertas.

Yo acuso a Montoro de haber instaurado un modelo de gobernanza que combina el castigo al disidente, la recompensa al cómplice y la cooptación del aparato técnico. No dejó huella de gestión, sino de ocupación. Allí donde se requería independencia, impuso subordinación. Donde debía haber neutralidad, sembró miedo.

Yo acuso a Montoro de haber ridiculizado la inteligencia colectiva del país, haciéndonos creer que los errores en el DNI de la infanta, las cifras mágicas de las amnistías, o las sustituciones masivas de altos funcionarios eran simples disfunciones del sistema. No eran errores: eran parte del diseño. Un diseño construido con precisión para favorecer a los de siempre.

Yo acuso a Montoro de socavar el principio republicano de responsabilidad. No ha pedido cuentas. No ha dado explicaciones. No ha mostrado un atisbo de vergüenza ante la imputación judicial más grave de su carrera. Como tantos otros arquitectos del expolio legal, confía en la desmemoria, la lentitud de la justicia y la complicidad mediática.

Yo acuso no solo a Montoro, sino al régimen que lo permitió, lo encumbró y lo protegió. A quienes redujeron su comportamiento a una mera “estrategia de comunicación”. A quienes defendieron su figura como la de un tecnócrata eficaz mientras saqueaba el alma fiscal del Estado. A quienes hoy, desde el cinismo o la cobardía, insisten en llamar “error” a lo que fue, y sigue siendo, crimen de clase.

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Las fuerzas policiales han sido grabadas tratando de quitarles las pancartas a los manifestantes de forma violenta. Miles de israelíes se manifestaron el sábado por la noche a favor del fin de los combates en la Franja de Gaza, saliendo a las calles y gritando consignas en apoyo al pueblo palestino. En Jerusalén, los manifestantes marcharon con tambores al grito de 'Alto al genocidio', mientras que la Policía fue grabada en video arrebatándoles por la fuerza las pancartas. Las manifestaciones masivas tuvieron lugar también en Tel Aviv. Una marcha multitudinaria tuvo lugar frente a la Embajada estadounidense en la ciudad para pedir un acuerdo global sobre la devolución de los rehenes y el cese de las hostilidades.

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La Policía Metropolitana de Londres, en Reino Unido, detuvo a 66 personas en tres manifestaciones pro-Palestina realizadas este sábado 19 de julio. 64 de ellas fueron aprehendidas por apoyar a Palestine Action, una organización prohibida por las autoridades bajo la legislación antiterrorista; mientras que dos personas fueron arrestadas por alteración del orden público.

Los legisladores británicos prohibieron el grupo a principios de julio, después de que algunos de sus miembros irrumpieron en una base de la Real Fuerza Aérea y dañaron aviones en protesta contra el apoyo de Reino Unido a Israel. En consecuencia, formar parte de Palestine Action ahora está penado con hasta 14 años de cárcel.

Desde la entrada en vigor de esta legislación, la policía ha arrestado a decenas de partidarios de la organización en todo Reino Unido. Por ejemplo, 70 manifestantes fueron aprehendidos la semana por realizar presuntas referencias a Palestine Action, que calificó la decisión de "autoritaria" y presentará, el próximo lunes 21 de julio, un recurso contra la prohibición ante el Tribunal Superior de Londres.

En tanto, la protesta más grande de este sábado se realizó en la Plaza del Parlamento, en donde los manifestantes levantaron carteles de apoyo a Palestine Action, algunos de ellos con banderas palestinas y la tradicional kufiya, un pañuelo milenario de Medio Oriente que se ha convertido en un símbolo de resistencia del pueblo palestino.

Desde octubre de 2023, se estima que más de 58 mil personas palestinas han sido asesinadas en la Franja de Gaza por el ejército de Israel, en su mayoría, mujeres y menores de edad. Además, la población gazatí, de alrededor de 2.1 millones de personas, vive privada de recursos básicos como la comida, el agua y la electricidad, como resultado del bloqueo israelí.

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Este domingo, una multitud estimada en decenas de miles marchó por las calles de Rabat, capital de Marruecos, expresando su rechazo a la ofensiva militar de Israel en la Franja de Gaza, así como a la situación de hambruna y acusaciones de genocidio hacia los residentes de Gaza.

La convocatoria para esta protesta fue realizada por el Observatorio Marroquí Contra la Normalización. Participaron diversos partidos políticos, sindicatos y entidades de derechos humanos y civiles, quienes además criticaron el silencio de la comunidad internacional y especialmente la árabe frente a los ‘crímenes' israelíes, según reportes de Al Omq al Maghrebi.

Los manifestantes expresaron su desaprobación hacia la normalización de relaciones entre Marruecos e Israel, calificándola de ‘una traición política y moral que no se puede justificar bajo ningún pretexto'. Solicitan una revisión de los vínculos con Israel y el cese de colaboraciones en ámbitos de seguridad, economía y cultura.

‘El pueblo marroquí es leal a la causa palestina y no permitirá los proyectos de normalización con pretextos de seguridad, turismo o académicos', han advertido.

Además, criticaron la ‘política deliberada de hambre' por parte de Israel, que según denuncian, ‘utiliza la ayuda humanitaria como herramienta' para ‘chantaje político' y ‘castigo colectivo', en medio de la inactividad de la comunidad internacional.

También han condenado la ‘complicidad' de Estados Unidos y sus aliados occidentales en la ofensiva sobre Gaza y su respaldo incondicional a Israel, proporcionando ‘cobertura política y militar a los crímenes contra civiles indefensos'.

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