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Diana Serrano

El jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional en Valladolid ha sido detenido este jueves, a las 09.00 horas, en una operación antidroga dirigida por el departamento de Asuntos Internos de Madrid.

Fuentes próximas al caso han confirmado a EFE que el inspector está acusado de quedarse con parte de los alijos de droga intervenidos en distintos operativos. Estos apuntan también a que el detenido mantenía un "alto tren de vida".

EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León ha confirmado que el detenido es marido de la procuradora de las Cortes de Castilla y León por Ciudadanos y actual concejala del Partido Popular en el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda.

Junto a este inspector se ha detenido a varias personas más, que no son agentes de policía, pero que estarían implicadas en delitos de tráfico de drogas, según aseguran a este medio fuentes oficiales.

El dispositivo ha incluido el precinto de varias zonas de la Comisaría de Delicias, donde trabajaba el arrestado. Los agentes de Asuntos Internos han accedido a dependencias internas para asegurar material y documentación vinculada a la investigación.

Asuntos Internos ha tomado contacto con varios agentes del grupo para tomarles declaración como testigos y conocer el alcance del caso.

La operación continúa abierta y sigue bajo secreto de sumario, según ha confirmado a este periódico la Delegación del Gobierno de Castilla y León. Por lo que no han trascendido más datos sobre el volumen de sustancias supuestamente sustraídas ni sobre las posibles conexiones del detenido con redes externas.

Fuente: https://www.elespanol.com/castilla-...

Maxi de Diego: Teatro antimilitarista (contra las guerras y sus secuaces)
Selección de poemas y pequeñas obras teatrales de temática antimilitarista.

Villancico de las madres que tienen a sus hijos en brazos

¡Dulce Jesús, que estás dormido!
¡Por el santo pecho que te ha amamantado,
Te pido
que este hijo mío no sea soldado!

¡Dulce Jesús, que estás dormido!
¡Por el santo pecho que te ha amamantado,
Te pido
que este hijo mío no sea soldado!

María Lejárraga

La muerte agradecida

Despacho lujoso.

LA MUERTE: Gracias por recibirme.
EMPRESARIO: Es un placer atender a una gran accionista.
LA MUERTE: Vaya, veo que tienen información contrastada.
EMPRESARIO: No puede ser de otra manera, somos una empresa puntera en el sector.
LA MUERTE: Nuestro sector.
EMPRESARIO: ¿Cómo dice?
LA MUERTE: Digo nuestro sector porque yo también formo parte de él.
EMPRESARIO: Claro, como accionista que es...
LA MUERTE: No solo como accionista. Precisamente para presentarme y mostrarle mi agradecimiento quería hablar con usted, con ustedes.
EMPRESARIO: Claro, claro. Usted dirá.
LA MUERTE: Estoy pensando ampliar mi... ¿Cómo se dice en términos empresariales? Mi... ¡campo de negocio! Eso es. Creo que se dice así. Discúlpeme, pero es que yo no soy experta en negocios.
EMPRESARIO: No se preocupe, la entiendo. Pero necesitaría que me explicara con más detalle a qué negociado se dedica su empresa.
LA MUERTE: Bueno, empresa, empresa, lo que se dice empresa, no es. Más bien un negocio personal.
EMPRESARIO: Bien, pero como le digo, para analizar de qué manera mi empresa puede contribuir a la mejora de su cuenta de resultados...
LA MUERTE: ¿Cuenta de resultados?
EMPRESARIO: Bueno, sus beneficios, para entendernos.
LA MUERTE: No, si yo en realidad no me beneficio. (Rectifica después de una pausa. Se da cuenta de que no va por buen camino.) Bueno, en parte sí, porque sobre todo a mí me gusta hacer bien mi cometido en esta vida.
EMPRESARIO: ¿Y su cometido es...?
LA MUERTE: (Cambiando de asunto.) Su fábrica, me han dicho, fabrica misiles inteligentes y drones con capacidad de ataque.
EMPRESARIO: Entre otras armas. En nuestra web puede ver parte de nuestros productos.
LA MUERTE: ¿Parte?
EMPRESARIO: Bueno, hay artefactos que por motivos de seguridad no se pueden presentar públicamente.
LA MUERTE: Bien, no se preocupe. Si a mí solo me interesa, y este es el motivo de mi entrevista con usted, como con otros empresarios del sector, proponerles o pedirles que sus sistemas armamentísticos amplíen o refuercen, no sé cómo decirlo, su capacidad destructiva, especialmente, la mortífera. ¿Me entiende?
EMPRESARIO: Bueno, claro. Ese es nuestro objetivo. De hecho, contamos con un departamento de investigación que lo que busca es perfeccionar la capacidad selectiva de los hipotéticos ataques con el objetivo de que nuestro armamento sea más productivo. De esta manera, nuestros compradores pueden extender su capacidad destructiva. Por poner solo un ejemplo, Arabia Saudí (6) sigue siendo uno de los principales compradores de armas españolas, a pesar de ser una monarquía absolutista, allí la guerra con su vecina Yemen ha provocado al menos 250.000 muertes.
LA MUERTE: (Al oír la última palabra sufre un estremecimiento, como una ligera convulsión que finaliza con una perceptible cara de placer.) Interesante, desconocía ese dato. Nunca se me ha dado bien mi propia contabilidad. Me consuela usted, de verdad. Sin duda mi sensación de que los antimilitaristas y pacifistas estaban consiguiendo parar las guerras debe ser errónea.
EMPRESARIO: Efectivamente. Tenga usted en cuenta que nuestra actividad cuenta con el apoyo de todos los gobiernos y de sus campañas publicitarias a favor de nuestro negociado. Sin ir más lejos, nuestro Ministerio de Defensa acaba de hacer público un argumentario que ensalza nuestra labor frente a aquellos que prefieren los gastos sociales (7)
LA MUERTE: ¡Qué bien! Pues me voy mucho más tranquila. Ya no le molesto más, que tendrá mucho que hacer. Bueno, ya no tanto.
EMPRESARIO: Ya no tanto, ¿por qué? No la entiendo.
LA MUERTE: No se preocupe, son cosas mías.

(La MUERTE le da la mano. Al tocarla, el EMPRESARIO recibe una especie de descarga eléctrica que se traduce en un fuerte dolor en el pecho. Se retuerce de dolor hasta que cae fulminado, muerto.)

LA MUERTE: ¡Qué pena! Con lo simpático y eficaz que parecía. Menos mal que no era un ingeniero especialista en misiles inteligentes. Estos encargados de comunicación se encuentran a montones hasta debajo de las piedras. ¡Uy, qué expresión más bonita utilizan estos humanos! ¡Debajo de las piedras! Me encanta. (Sale. Oscuro.)

Notas:

6 https://www.publico.es/politica/gob...

7 https://www.elsaltodiario.com/opini...

Gorka Castillo

La ética humanitaria se extingue en el altar de los beneficios económicos. Así ha quedado claro incluso para la justicia española, que investiga a tres altos cargos de la empresa siderúrgica vasca Sidenor por la venta de al menos 4.587 toneladas de aceros especiales a la multinacional israelí IMI (Israeli Military Industries), propiedad de Elbit Systems, dedicada a la fabricación de armamento promocionado con la garantía de haberse probado en Gaza. Es la misma corporación con la que el Ministerio del Interior tenía firmado un contrato para el suministro de munición a la Guardia Civil, que en septiembre fue cancelado a causa de la tormenta política que levantó. Para Sidenor, en cambio, su relación comercial con uno de los gigantes de la tecnología armamentística israelí ha sido un negocio redondo. La policía que investiga el caso calcula que entre febrero de 2023 y junio de 2025 la empresa vasca se embolsó casi seis millones de euros. El problema es que su nombre ya aparecía subrayado en rojo en los informes que diversas organizaciones civiles elaboran periódicamente sobre las entidades que se lucran de la política segregacionista y criminal practicada por el Gobierno de Netanyahu en Palestina. Aunque Sidenor no esté expresamente señalada en el exhaustivo informe de Francesca Albanese “De la economía de la ocupación a la economía del genocidio” ni en la base de datos de la ONU sobre los grandes beneficiarios de la ocupación y la maquinaria de guerra israelí, algo que sí sucede con la Compañía Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), su prolongada actividad comercial con IMI encaja en una de las pautas que contribuyen a la destrucción de la vida palestina, según la relatora de Naciones Unidas.

Por este motivo, los negocios de Sidenor han acabado sobre la mesa de un juzgado, en este caso del magistrado de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge, gracias a la querella interpuesta por la Comunitat Palestina de Catalunya contra tres de sus principales directivos, entre ellos su presidente José Antonio Jainaga. Está investigado por exportar, a un país que perpetra horrendos crímenes, material imprescindible para la construcción de armas pesadas y ligeras sin autorización de la Junta Interministerial de Material de Defensa y Doble Uso (JIMDDU). Jainaga, que hace apenas un mes era elevado al olimpo financiero tras ganar la subasta por el control de la empresa de trenes Talgo al holding húngaro Magyar Vagon, declaró el pasado 12 de noviembre ante el juez De Jorge que el acero vendido a IMI en plena masacre en Gaza cumplió con la legislación vigente, ya que cuando se realizó la venta no existía ninguna limitación a las relaciones comerciales con Israel. Efectivamente, Sidenor suspendió sus exportaciones el 5 de julio, dos meses antes de que se oficializara el embargo de armas, pero lo hizo después de que la organización Prou Complicitat Amb Israel denunciara que el barco ZIM Luanda atracado en el puerto de Barcelona se disponía a cargar 40 bloques de barras de acero adquiridas por la insaciable compañía IMI para mantener su producción a pleno rendimiento.

El envío fue cancelado, pero la demanda judicial contra tres directivos de Sidenor siguió su curso. Hay indicios de que traficó durante meses con mercancías especiales, infringiendo la Ley Orgánica de Represión de Contrabando, además de participar “por complicidad” en un crimen de lesa humanidad y genocidio, tal y como se recoge en los artículos 29, 607 y 607 bis del Código Penal. Según los datos manejados en la causa, Sidenor transfirió 4.587 toneladas de acero en 42 ocasiones, 33 de ellas después del 7 de octubre de 2023. El último envío fue de 356 toneladas el pasado mes de mayo. Una investigación del diario Berria ha descubierto que tenía comprometidos otros dos cargamentos, para finales de junio, que no se llegaron a enviar: uno de 18.718 kilos y otro de 104.230.

El empresario vasco ha quitado hierro al hecho de encontrarse bajo la lupa de la justicia, asegurando que nunca fue consciente de que este negocio alimentaba el mercado de la muerte que Israel tiene abierto en tierras palestinas. Sin embargo, ahora se ha sabido que la siderúrgica vasca, que cuenta con plantas productivas en Euskadi, Cantabria y Catalunya, y delegaciones comerciales en Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, no solicitó la autorización necesaria al Gobierno español para la venta de materiales especiales, como el acero de aleaciones precisas que necesitan los fabricantes de armas, ni inscribió su nombre en el registro correspondiente, una condición sine qua nonpara comercializar este tipo de componentes con países que vulneran los derechos humanos. David Aranda, que actúa como acusación popular en nombre de la Comunitat Palestina de Catalunya y de la campaña ‘Fin al Comercio de Armas con Israel', considera que la instrucción del caso Sidenor es algo más que un procedimiento administrativo. “Es un hito importante, porque las denuncias contra las grandes corporaciones suelen contar con un amplio margen de impunidad. La causa manda un mensaje claro a todas aquellas empresas que se están lucrando con el genocidio”, afirma.

Tras digerir el trago de comparecer ante un juzgado, Jainaga y los otros dos altos directivos de Sidenor aguardan ahora la fase decisiva de la compra de Talgo al fondo Pegaso, una inversión comprometida para su futuro financiero que debe producirse antes del 31 de enero. La curiosidad es grande por comprobar si el costurón judicial abierto termina pasándole factura. “Que propietarios tan celosos de su imagen y de su compromiso empresarial como José Antonio Jainaga sufran por su mala imagen pública no se puede negar, pero aquí hay una apuesta de país, una iniciativa estratégica para Euskadi”, afirman a CTXT fuentes cercanas al departamento de Industria del Gobierno vasco. El coste de la operación para adquirir Talgo asciende a 156,7 millones de euros, de los que 47 millones serán aportados por el propio Jainaga a través de la sociedad de inversión Clerbil que él mismo fundó en 2016 para comprar Sidenor a la multinacional brasileña de aceros Gerdau. Como socios aparecen el fondo Finkatuz del Ejecutivo vasco y la fundación BBK, que invertirán otros 47 millones de euros cada uno, y la fundación Vital, que aportará 20 millones. En conjunto, adquirirán el 30% de las acciones de Talgo, suficientes para controlar la empresa, ya que más de la mitad del resto de las participaciones están en manos de pequeños inversores. El Gobierno español también será accionista a través de la SEPI. Invertirá 45 millones de euros en una ampliación de capital y otros 30 millones mediante un préstamo convertible que los acreedores bancarios exigen para aceptar la refinanciación de los 400 millones de euros de deuda que acompaña a una compañía ferroviaria en bancarrota.

El Gobierno vasco no ha ocultado su inquietud por la investigación abierta en la AN pero, tras escuchar las explicaciones de Jainaga sobre su venta de acero a IMI Systems en pleno genocidio, ha pedido que no se realicen “juicios paralelos”. También ha insistido en que la imputación del empresario no debe afectar a la operación de compra de Talgo. Hace unos días, el vicelehendakari, el socialista Mikel Torres, echó un último capote público al dueño de Sidenor al ratificar que sus declaraciones en sede judicial, junto a la documentación que aportaron sus abogados, son pruebas suficientes para descartar cualquier duda sobre sus maniobras comerciales en Israel. “Yo desde un primer momento puse de manifiesto la presunción de inocencia y, conociendo a Jainaga y su compromiso con la industria vasca, pensaba que no pondría en peligro la empresa por comercio ilegal”, confesó Torres.

Una certidumbre que colisiona frontalmente con las investigaciones que prestigiosas organizaciones civiles como el Centre Delàs, el Observatorio de Derechos Humanos en España (ODHE) y toda la constelación de movimientos organizados a nivel internacional bajo el paraguas de BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones contra Israel), incluida la relatora de la ONU Francesca Albanese, sobre los nefastos impactos que tienen las operaciones comerciales con Israel en el exterminio palestino.

“Cualquiera que haya evaluado de forma independiente la situación ve no solo violaciones de derechos humanos sino también crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio. Si las empresas con conocimiento de esto continúan con sus actividades de todos modos, pensando que no tienen influencia sobre las decisiones de Israel, eso es una flagrante violación de sus responsabilidades en materia de derechos humanos”, afirma la profesora de Derecho en la Universidad St. Mary's de Texas y experta en las directrices de la OCDE, Tara Van Ho, en una detallada información elaborada por la plataforma de investigación ‘Follow the Money'.

La propia Francesca Albanese no ha dejado de denunciar que sostener el genocidio requiere de un apoyo permanente a nivel internacional. Una cobertura política, económica y cultural que pasa por lo más elemental: el suministro de los recursos materiales que hagan posible mantener la masacre y el apartheid para una economía que empieza a presentar grietas. Entre 2022 y 2024, el presupuesto militar de Israel aumentó del 4,2% al 8,3% del PIB. El déficit del país se incrementó un 6,8% y el Gobierno de Netanyahu lo trata de minimizar con la emisión de bonos a inversores, incluidos 8.000 millones de dólares en marzo de 2024 y otros 5.000 millones de dólares en febrero de 2025, además de emisiones en shekels, la moneda oficial, en el mercado interno. Estos bonos están en el foco crítico de atención mundial, desde Irlanda –el país que asignó Tel Aviv para vender sus bonos en Europa tras la salida de Reino Unido de la UE– y Luxemburgo, sede del Banco Europeo de Inversiones, hasta la Asamblea General de las Naciones Unidas. En el informe de Francesca Albanese del pasado mes de julio se cita que esta manera de obtener liquidez por parte del Gobierno israelí está jugado “un papel crítico en la financiación del ataque en curso contra Gaza”. El comercializador de los bonos de Israel en Estados Unidos, Israel Bonds, afirma haber obtenido más de 5.500 millones de dólares en inversiones globales en los últimos dos años, el doble de lo habitual, según el canal económico Bloomberg.

La Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos también considera que existe una base sólida “para establecer la responsabilidad civil y penal de las corporaciones que facilitan crímenes de lesa humanidad”. En 1947, los directivos de las compañías industriales Flick, I. G. Farben y Krupp fueron juzgados en Nuremberg por el uso de prisioneros de guerra, el trabajo esclavo para la producción de armas, el saqueo de propiedades públicas y privadas, y su pertenencia a una organización criminal. Sin embargo, por el genocidio palestino apenas hay ejemplos de denuncias que hayan prosperado, pese a que todas las pesquisas internacionales apuntan a que un millar de empresas siguen lucrándose con el exterminio. En el informe Albanese se detalla la actividad de 45 grandes sociedades mercantiles que apoyan y financian la ocupación israelí. Uno de los sectores más beneficiados es la banca. Además de poderosas entidades estadounidenses de inversión que se han lanzado a la compra de bonos israelíes como Vanguard, Wellington Management, Franklin Resources y Capital Group, hay otros cuatro compradores europeos: la italiana BPER Banca, la francesa Crédit Agricole y las alemanas Allianz y DZ Bank. La brasileña Itaú Unibanco es la única entidad no estadounidense o europea en la lista confeccionada por ‘Follow the money' tras una larga investigación. El Centre Delàs, por su parte, ha identificado hasta 12 entidades financieras españolas, entre ellas Santander, BBVA y CaixaBank, pero también otros bancos estatales como Ibercaja, Banco Caminos o Banca March, que han financiado a siete de las 15 empresas que proveen de armas y municiones a Israel: Boeing, Day & Zimmerman, General Dynamics, Oshkosh Corp, Leonardo, Rheinmetall y MTU Friedrichshafen. De estas entidades financieras, Santander y BBVA son los principales bancos que han financiado a los fabricantes de las armas que utiliza el ejército de Israel para cometer el genocidio en Gaza, con más de 2.442 y 1.500 millones de dólares, respectivamente.

“En la práctica, no hay ninguna ventanilla jurídica a la que dirigir estas demandas. La cuestión fundamental, en contraste con la fuerza de la armadura jurídica de la ‘lex mercatoria', es que sigue habiendo un enorme hueco en el derecho internacional por donde se escapa la responsabilidad realmente existente de las grandes corporaciones que colaboran con el genocidio o el apartheid”, explica Juan Hernández, especialista del Observatorio de Multinacionales de América Latina (OMAL). Es el caso de Edreams, una de las principales plataformas españolas de viajes online, que sigue vendiendo turismo en su web mientras contribuye a sostener a las colonias y excluye a los palestinos, con narrativas que omiten la anexión ilegal de los territorios. Su nombre está desde 2020 en la base de datos elaborada por la ONU sobre empresas cómplices de los asentamientos israelíes. También CAF, la Compañía Auxiliar de Ferrocarriles con sede en Beasain, responsable de la expansión de las líneas de tranvía entre la parte ocupada de Jerusalén y las colonias ilegales próximas. La empresa acaba de anunciar que logró un beneficio neto de 100 millones en el tercer trimestre de este año gracias al incremento del 8% en el volumen de ventas que le han proporcionado ingresos por valor de 3.165 millones de euros. CAF tiene suscrito un contrato desde 2019, compartido con la constructora israelí Shapir, para desarrollar las obras, la venta de unidades, el mantenimiento y la gestión de las líneas roja y verde del tranvía durante 15 años, ampliables hasta 25 años, que asciende a 1.800 millones. Entre el accionariado de la constructora de trenes figura el Gobierno vasco, Kutxabank y la Fundación BBK. El resto de accionistas se completan con una importante participación de la plantilla, que tiene un 24,9%, la familia Domínguez, propietaria de la firma de moda Mayoral, y el exaccionista de la farmacéutica Almirall, Daniel Bravo Andreu.

Fuente: https://ctxt.es/es/20251101/Politic...

Miguel Flores.

En Palestina ya sabían que este otoño iba a ser difícil. Lo fue el pasado y también el de 2023, cuando la guerra en Gaza hizo estallar a su vez una campaña masiva de colonización de Cisjordania. Aunque los 116 puestos de avanzada que se han fundado desde entonces son ilegales, según la ley israelí, el gobierno de Benjamin Netanyahu ha permitido, incentivado e incluso financiado la construcción de este tipo de asentamientos.

En estas microcolonias ha proliferado un perfil de israelí más extremista y convencido de que los árabes que viven a su alrededor ‘violan' la Tierra de Israel que la Biblia les prometió a los judíos. La Juventud de las Colinas —como se hacen llamar, por su disposición estratégica en cada cima del territorio— está dispuesta a quemar, golpear, herir e incluso matar cuanta vida palestina se les ponga por delante. Y, pese a que el propio Shin Bet —el servicio interno de inteligencia israelí— los ha declarado terroristas, han podido operar libremente sin que el gobierno les pusiera límites. Al menos hasta ahora.

Este mes de octubre, la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) ha registrado 264 ataques de colonos israelíes contra palestinos, coincidiendo con la cosecha de la aceituna en Cisjordania, con la festividad judía de Succot, con el aniversario de los atentados de Hamás y con la firma del acuerdo de alto el fuego en Gaza. Eso son ocho incidentes al día, 56 a la semana. Un récord absoluto desde que la ONU empezó a contar este tipo de agresiones en 2006, y que ha obligado al gobierno más derechista de la historia de Israel a condenar el "terrorismo" de la Juventud de la Colina por primera vez.

El 12 de noviembre, una horda de entre 50 y 60 de estos jóvenes vandalizó una importante fábrica de lácteos en el pueblo de Beit Lid. El ejército israelí mandó a sus antidisturbios a la nave en llamas y, según el portavoz militar, los colonos atacaron a los soldados. El presidente Isaac Herzog salió a la palestra pocas horas después y advirtió que aquellos "individuos violentos y peligrosos" acababan de cruzar "una línea roja".

Más tarde, el propio Netanyahu prometió que los "alborotadores" cargarían "con todo el peso de la ley" y convocó una reunión con las autoridades, algo que no se había visto en estos dos años. "Avergüenzan al judaísmo y dañan el proyecto de asentamientos", dijo también el ministro de Exteriores, Gideon Saar, refiriéndose a los responsables de ataques contra palestinos y contra el ejército. Israel Katz, ministro de Defensa, calificó a los mismos de "criminales".

Estos alegatos parecían llegar a deshora. Las principales voces del gobierno israelí no habían salido a denunciar la violencia colona durante el mes más violento desde que se tienen registros y, sin embargo, el presidente hablaba ahora de una ‘línea roja'. "Una de las motivaciones [tras la condena pública] es la brutalidad de los últimos ataques", explica Yonatan Mizrachi, codirector del proyecto Settlement Watch en el movimiento pacifista israelí Peace Now. Para Mizrachi, lo de Beit Lid había traspasado varios límites: "Es un pueblo donde no había habido muchos problemas antes, y de repente entraron decenas de colonos a perpetrar un ataque de gran escala", explica a El Confidencial.

La ‘línea roja' a la que se refería Herzog responde también a que la violencia de los colonos contra palestinos haya empezado a salpicar a las tropas del ejército israelí. Sobre todo, en un momento en el que el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, ha advertido que Israel podría tener una capacidad de acción más limitada "en los frentes de Líbano, Gaza y Siria si no detenemos a los alborotadores judíos".

Las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) están intentando decir basta pese a que han tenido un papel vital a la hora de posibilitar estos ataques, suministrar armas a los asentamientos e incluso acudir a la llamada de los colonos para abrir fuego contra la población palestina —según la OCHA, las fuerzas israelíes han matado a más de 200 árabes en Cisjordania en lo que va de año—. Tras los ataques de octubre, el jefe del Comando Central de las FDI, Avi Bluth, dijo haber dado una directiva "clara" a sus soldados: "No os quedéis de brazos cruzados. Haced todo lo que esté en vuestras manos para impedir cualquier crimen nacionalista".

Pero que el ejército quiera detener esta crisis no significa que los comentarios del gobierno israelí vayan a marcar un cambio de rumbo. Junto a Netanyahu, Katz, Herzog y Saar, hay al mando del país dos figuras íntimamente ligadas a la colonización por la fuerza de Cisjordania: el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, y el de Finanzas, Bezalel Smotrich —apodado también el ‘ministro de Asentamientos'—. Ambos viven en colonias israelíes en Cisjordania, y entraron en el gobierno de coalición de 2022 con la condición de promover y desarrollar el asentamiento en cada rincón de la Tierra de Israel.

Con los mayores instigadores del proyecto colonial en su frágil gobierno, no se espera que las palabras de Netanyahu vayan a detener al monstruo que él mismo ha alimentado. "Existe una simbiosis entre este gobierno y los asentamientos ilegales. Creo que, simplemente, Netanyahu es listo y ha aprovechado los últimos ataques al ejército para distanciarse de estos grupos anarquistas", explica Mizrachi. "No son tantos, no tienen tanto poder. El ejército podría acabar con ellos en un par de semanas. Pero, claro, el ejército no puede hacer nada sin el gobierno", añade el analista de Peace Now.

En la reunión que el primer ministro convocó para abordar la crisis de la Juventud de las Colinas, se propuso atajar el problema con programas educativos y diálogo. No hay mención de que asistiera Smotrich, cuyo ministerio formula la política de asentamientos, ni tampoco Ben Gvir, que supervisa la policía. Sí estuvo presente David Zini, jefe del Shin Bet desde junio, cuando Netanyahu despidió a su predecesor —el mismo que había calificado de grupo terrorista a la Juventud de las Colinas—.

En lugar de revertir una orden de hace un año que prohíbe a las autoridades israelíes detener sin cargos a sospechosos judíos, Zini —colono él mismo en Cisjordania— propuso usar pulseras electrónicas de vigilancia para los que atacaran a palestinos. Así, en palabras de Avner Barnea, ex alto funcionario del Shin Bet, Israel seguirá practicando una "aplicación selectiva de la ley". "La propuesta de Zini parece ser un intento de evitar que los sospechosos sean llevados ante la justicia", explicaba Barnea, también investigador en la Universidad de Haifa, en un artículo en Haaretz.

Parte del problema no es solo que las autoridades no detengan a los colonos, sino que la propia Justicia israelí desestime la mayoría de los casos. Según la organización israelí de derechos humanos Yesh Din, cerca del 94% de las investigaciones abiertas por la Policía israelí en torno a la violencia de colonos entre 2005 y 2024 concluyeron sin una acusación. Solo el 3% de los expedientes abiertos resultaron en condenas totales o parciales. Como explica Barnea, "existe abundante evidencia contra los perpetradores del terrorismo judío, principalmente proveniente de cámaras palestinas y otras cámaras sobre el terreno. Este material no se recopiló de manera ordenada ni se utilizó para investigaciones ni procesamientos".

Mahmud Daghamin, que el pasado mes de octubre grabó cómo ocho jóvenes colonos encapuchados mataban a sangre fría a diez de sus corderos y rociaban gas pimienta a sus cuatro hijos pequeños en el pueblo de Al-Samúa, cuenta a El Confidencial: "Hemos contactado a la policía varias veces, y no han movido un dedo. Ni siquiera han pedido los vídeos de las cámaras de seguridad". Mahmoud Fatafta, portavoz del Ministerio palestino de Agricultura, explica a este diario: "Todos estos discursos parecen más un ejercicio coordinado de simulación para la opinión pública, y no van a servir para nada más que distraer".

Desde que el gobierno israelí prometió "mano dura" contra los colonos, las autoridades han desmantelado Givat Hatilim, una extensión del puesto de avanzada Givat Tzur Misgabi, parte de la constelación de asentamientos de Gush Etzion. Según la policía israelí, desde que se fundó hace dos años, Givat Hatilim se había convertido en un punto de encuentro para jóvenes de extrema derecha involucrados en actividades violentas. Aquella demolición fue dramática: decenas de personas habían acudido a protestar, llamadas de todas partes del territorio por voces como Daniela Weiss, fundadora de la ONG Nachalat y conocida ya dentro y fuera del país como la ‘abuela de los colonos'. En otros rincones de Cisjordania, se veían grafitis sobre casas árabes que rezaban: "Un judío no desahucia a otro judío".

Yonatan Mizrachi, de Peace Now, vio la escena. "Es un juego. Había gente gritando y llorando. El ejército ni siquiera demolió todas las casas del puesto de avanzada", explica. "Es todo un teatro, y nada de esto va a traer cambio a la política israelí de asentamientos. Para ello, Netanyahu tendría que evacuar y demoler decenas, si no cientos, de asentamientos ilegales. Hasta que el gobierno no envíe a cientos de colonos de vuelta a Israel, no habrá un cambio", cuenta el codirector de Settlement Watch.

Fuente: https://www.elconfidencial.com/mund...

4.808 EUROS POR DENUNCIAR QUE LAS ARMAS MATAN

Delegación de Gobierno notifica multa a 8 activistas de ADNV-Alternativa Antimilitarista.MOC por la denuncia de las guerras y los genocidios, en la exhibición de armas de Junio del 2025 en el Arsenal, de Las Palmas de Gran Canaria.

El 5 de Junio se realizó, para conmemorar el día de las Fuerzas armadas, un acto de exhibición de armas, abierto a todo tipo de público, en un intento más de naturalización de la violencia y militarización de toda la población.

Como acto de denuncia contra las guerras y los genocidios en curso (Palestina y Sudán), activistas de ADNV-Alternativa Antimilitarista.MOC, expresaron con el lema “Las armas matan”, el verdadero papel de los ejércitos y las consecuencias de las armas expuestas. Rociándose de pintura roja y tirándose al suelo, quisieron visibilizar el daño que los artilugios de matar expuestos hacen a la población y al resto de la naturaleza.

Fueron rodeados por militares con el fin de ocultar la acción e identificados en la misma Base Naval.

Además de esta denuncia, exigieron que el derroche de todo el gasto militar se invierta en servicios públicos que ofrezcan seguridad, como en alimentación, vivienda, educación, sanidad, servicios sociales, cultura; así como reivindicaron una Canarias libre de ejércitos, un archipiélago zona de Paz. También se exigía la paralización del rearme en el que está participando el Gobierno de España.

Una vez más, la aplicación por parte de la Delegación del Gobierno de la ley Mordaza se plantea como un recurso contra el derecho a la libertad de expresión y reivindicación, como amenaza a la participación y expresión colectiva y crítica, y para desalentar la movilización ciudadana.

Ante estas ocho multas, de 601 euros cada una, notificadas en el mes de octubre, la organización antimilitarista ha presentado alegaciones y pruebas testificales, y la Delegación de Gobierno hace prevalecer la presunción de veracidad aunque se han presentado múltiples pruebas que demuestran lo contrario de lo que se denuncia por parte de la Guardia Civil.

La ley mordaza sigue violando derechos básicos, los ejércitos siguen contribuyendo a matar por defender los intereses de los más ricos, la infancia sigue siendo el colectivo más afectado por las guerras y los genocidios y el negocio de la guerra sigue creciendo a costa de miles de asesinatos directos en el Sur Global y tantos otros en el Norte Global a través de favorecer las desigualdades y miserias de la mayoría de la población. Las armas matan y la ley mordaza nos quiere silenciar y secuestrar derechos. No vamos a permitirlo con nuestra colaboración y silencio. Seguimos diciendo que queremos un archipiélago desarmado, desmilitarizado y zona de Paz.

El enlace de vídeo de la acción con un resumen de esta denuncia: https://youtu.be/Tv7TEnvsUpo?si=7cw...

Miles de estudiantes y escolares alemanes se preparan para una huelga estatal el viernes 5 de diciembre, una acción que podría paralizar aulas en más de 40 ciudades como Berlín, Múnich, Hamburgo y Colonia. Bajo el lema "No queremos convertirnos en carne de cañón", los jóvenes rechazan los planes del gobierno de coalición liderado por el canciller Friedrich Merz para reactivar el servicio militar obligatorio a partir de 2026. Según recogen medios locales como Frakfurter Runschau, la convocatoria, organizada por la alianza "Huelga Escolar contra el Reclutamiento", incluye paros escolares, marchas y concentraciones frente a sedes gubernamentales, y ha ganado apoyo de sindicatos docentes. El Ministerio de Educación, por su parte, ha advertido de que las ausencias no podrán ser justificadas.

El anuncio del plan ha "despertado" al movimiento estudiantil alemán en un contexto de remilitarización acelerada, donde el gobierno estima contactar a al menos 700.000 jóvenes nacidos en 2008 y generaciones posteriores mediante un cuestionario obligatorio sobre su disposición a alistarse "voluntariamente" en la Bundeswehr. En ciudades como Leipzig y Frankfurt, comités estudiantiles han coordinado paros con respaldo sindical, ampliando las protestas que crecen desde marzo, cuando se filtraron los borradores iniciales.

Si el reclutamiento no alcanza los 5.000 efectivos anuales, el Parlamento podría activar un sistema de servicio obligatorio por sorteo, con revisiones médicas generalizadas. Organizaciones juveniles antimilitaristas como la Internationaler Jugendverband (IJV) o la DFG-VK (Deutsche Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen) advierten que, en caso de crisis, el gobierno podría reinstaurar el reclutamiento obligatorio y general con aprobación rápida del Bundestag, y ven en los anuncios sobre la "voluntariedad" una farsa para evitar el debate público sobre la cuestión.

Una encuesta de Forsa para la revista Stern de octubre de 2025 indica que alrededor del 63% de los jóvenes se oponen a la reintroducción del servicio militar obligatorio, alcanzando el 76% el rechazo específico al sistema de lotería para seleccionar reclutas. Otros sondeos, como uno de YouGov, sitúan el apoyo a la movilización plena y obligatoria entre los 18-29 años en cerca de un tercio (33%), mientras que solo el 17% afirmaron que personalmente tomarían las armas para defender Alemania.

Fuente: https://diariosocialista.net/2025/1...

RTVE se reafirma en su decisión y se marcha del certamen de la canción después de casi 65 años como uno de sus concursantes estrella, siendo miembro del 'Big Five'. Países Bajos, Eslovenia e Irlanda se suman a España y tampoco participarán.

Elian Vayá

Israel participará en el Festival de Eurovisión 2026. Así lo ha confirmado la votación sobre las normas que buscan rebajar la influencia de los gobiernos en las votaciones de Eurovisión, con 738 síes, 265 noes y 120 abstenciones. Esto significa que 34 países han apoyado las medidas, 11 no y 5 se han abstenido.

Por lo tanto, España no participará en el Festival de Eurovisión del año que viene, ya que RTVE ha optado por retirarse del Festival por la participación de Israel. Por su parte, las televisiones públicas holandesas e irlandesas han indicado que Países Bajos e Irlanda no participarán tampoco en el Festival de Eurovisión 2026.

España no participará en la 70ª edición de Eurovisión. RTVE se planta ante la participación de Israel en el concurso y no llevará ninguna propuesta a Viena (Austria) para intentar alzarse con el micrófono de cristal. Lo hará después de 64 años de participación en un festival donde pertenece al grupo de referencia, al Big Five, y dejando atrás un legado de artistas de la talla de Massiel, Sergio Dalma, Pastora Soler, Ruth Lorenzo, Paloma San Basilio, Salomé, Karina o Mocedades. RTVE tampoco emitirá ni la final de Eurovisión 2026 que se celebrará en Viena (Austria) el próximo 16 de mayo ni las semifinales previas del certamen de la canción, que serán el 12 y 14 de mayo.

El secretario general de la Corporación RTVE, Alfonso Morales, ha trasladado a la Asamblea que las medidas adoptadas por la UER son "insuficientes". La corporación pública había solicitado junto a otros 7 países por escrito la votación secreta, mientras la presidencia de la UEER ha denegado a RTVE la realización de una votación específica sobre la participación de Israel.

Por su parte, el presidente de RTVE, José Pablo López, ha indicado que "Eurovisión no es un concurso de canciones, sino un festival dominado por intereses geopolíticos y fracturado". El presidente de la Corporación confirma la retirada del festival de RTVE.

La Unión Europea de Radiodifusión (UER), organizadora del certamen, ha celebrado este jueves y viernes su Asamblea General de invierno con la participación de Israel como foco principal del encuentro entre los Estados miembros. En un principio y ante la presión de varios países, la UER adelantó a noviembre su encuentro para votar la participación de Israel en medio del genocidio que comete en Gaza. Sin embargo, la cumbre de paz organizada por el presidente de EEUU, Donald Trump, logró convencer a Eurovisión para volver a incluirlo en su asamblea de diciembre y de no votar directamente la participación del país, sino que discutir las nuevas normas que implementará en 2026 para limitar las influencias políticas en los resultados.

El próximo 2026, Eurovisión celebrará su séptima década llevando la música por toda Europa sin España, con un Big Four, con el contento de Alemania por mantener el estado que dirige Benjamin Netanyahu y con un festival que, a pesar de la expulsión fulminante de Rusia cuando inició la invasión de Ucrania, ha decidido ponerse una venda en los ojos ante un estado que ha asesinado a más de 70.000 gazatíes desde el inicio de la guerra en la Franja.

La decisión de España es histórica y deja atrás el legado histórico de artistas como Massiel y su La la la, primera ganadora española en el festival en el 1968, o el pegadizo Vivo cantando de Salomé en la única edición del festival que ha acogido el país en la historia del certamen de la canción. Momentos como la irrupción de un espontáneo en medio del Algo pequeñito de Daniel Diges, el torrente de voz de Ruth Lorenzo o Pastora Soler, la casi victoria de Chanel con SloMo en 2022 o la gran repercusión mediática de la Zorra de Nebulossa, con su guerra política interna incluida, o la viralización de Esa Diva de Melody en la que ya es la última candidatura (al menos de momento) de España en Eurovisión.

RTVE, tal y como anunció cuando planteó su salida del festival si Israel seguía en la lista de participantes, mantendrá con vida uno de sus formatos estrella, a pesar de estar ligado a Eurovisión: el Benidorm Fest. La corporación pública busca darle oxígeno y mantenerlo en la programación como programa independiente para fomentar la escucha de nuevos sonidos y en una firme apuesta de la televisión pública por la música española.

Fuente: https://cadenaser.com/nacional/2025...

España rompe con Eurovisión tras la permanencia de Israel

RTVE ejecuta su advertencia y abandona el festival por primera vez en 70 años.

España se retira oficialmente de Eurovisión 2026. La decisión llega tras la votación celebrada este 4 de diciembre de 2025 en la 95ª Asamblea General de la UER, donde se confirmó que Israel seguirá participando pese a las denuncias por su uso político del certamen y en pleno genocidio en Gaza, con más de 70.000 personas asesinadas desde 2023 y 360 nuevas víctimas desde el alto el fuego del 10 de octubre de 2025.

El Consejo de Administración de RTVE había acordado en septiembre que España abandonaría el festival si Israel continuaba. Hoy esa línea roja se hizo efectiva.

RTVE no solo renuncia a concursar. También dejará de emitir la final del 16 de mayo en Viena y las semifinales del 12 y 14 de mayo. Una ruptura total.

La Corporación intentó hasta el último momento introducir una votación secreta que protegiera a los países críticos y reclamó incluso suspender temporalmente a la KAN, la televisión pública israelí. La UER rechazó ambas propuestas.

RTVE habla ya de “presiones políticas”, “dobles raseros” y una crisis interna inédita en la organización.

En su intervención, el secretario general Alfonso Morales advirtió que mantener a Israel en el certamen “hace cada vez más difícil defender Eurovisión como un espacio cultural neutral” y denunció la instrumentalización del televoto, la ausencia de sanciones y la incapacidad de la UER para aplicar sus propias normas.

La votación final aprobó las nuevas reglas con 738 votos a favor, 264 en contra y 120 abstenciones. Con ello, la UER avala que Israel siga utilizando el escenario europeo como escaparate propagandístico, aun cuando continúa ejecutando un asedio que ha devastado Gaza y borrado barrios, archivos y vidas enteras.

RTVE endureció su posición este mismo jueves. Su presidente José Pablo López denunció que la dirección de la UER ha llevado al festival a “la mayor tensión interna de su historia”, insistiendo en que “nunca se debió llegar a este punto”.

España se baja del escenario y deja a la UER frente a su propio espejo. Eurovisión ya no puede fingir neutralidad cuando la música suena sobre los escombros.

Fuente: https://www.facebook.com/photo/?fbi...

La posición de España

En este sentido, el el presidente de RTVE, José Pablo López, aseguró que la presencia de Israel en el certamen era "insostenible" por el "genocidio en Gaza". "Los derechos humanos no son un concurso y esto tenemos que tenerlo en cuenta", manifestó. En segundo lugar, según López, Israel ha incumplido de manera "sistemática" las normas del propio certamen. "Ha tratado de influir en el resultado, al menos en los dos últimos años, y no ha sido sancionado", ha asegurado.

López también expresó que las nuevas "medidas son un avance, pero que no son suficientes" y, sobre todo, "dejan sin sanción la actuación de Israel durante este tiempo". "Son necesarias más medidas y ese va a ser el planteamiento que vamos a llevar a la próxima Asamblea General que se celebrará los días 4 y 5", apostillaba el presidente.

Fuente: https://www.informacion.es/ocio/tv/...

Rafael Ajangiz, para Tortuga.

Bélgica decidió eliminar la mili obligatoria en 1992, Holanda lo hizo en 1993, Francia y España en 1996, Italia y Portugal en 1999, Eslovenia en 2003, la República Checa en 2004, Eslovaquia, Hungría y Rumanía en 2005, Letonia en 2006, Bulgaria en 2007, Lituania y Croacia en 2008, Polonia en 2009, Suecia en 2010, Alemania en 2011. Hace dos décadas, estaba claro el final de la mili en la mayor parte de Europa.

Algunos países se resistieron a esa tendencia manteniendo hasta el día de hoy una obligación más o menos limitada: Austria ha seguido reclutando al 90% de los quintos, que cumplen 6 meses de mili o bien 9 meses de servicio civil; Grecia ha venido obligando al 83% a servir durante un año; Finlandia incorpora al 70% y cumplen 3 meses; Estonia sobre el 50% y cumplen 8 meses; Suiza llama realmente al 43% con un servicio de 8 meses; Noruega se queda en el 13% y son 12 meses; en Dinamarca otro tanto y cumplen 4 meses. Por lo general, hablamos de países con una población inferior a seis millones y compartiendo fronteras complicadas.

La remilitarización ha hecho que algunos otros países hayan vuelto a sumarse al club: Lituania recuperó la obligatoriedad en 2015 (43% de quintos y 9 meses de mili); Suecia lo hizo en 2018 (6% y 11 meses de mili); Letonia lo ha hecho en 2023 (11 meses de mili, a partir de 2026); y el Parlamento croata acaba de aprobar la ley de vuelta al servicio militar obligatorio en 2027, pagando, eso sí, unos 1.100 euros al mes. Parece que seguimos con lo mismo, países pequeños en la frontera, pero no, porque el debate está llegando a los grandes. Así que la respuesta a la pregunta del titular es sí, está volviendo la mili. Sigue leyendo si quieres saber dónde y cómo.

¿Cómo se está argumentando esta progresiva vuelta a la mili? Se habla de incrementar los efectivos militares por el genérico aumento de la tensión mundial y la amenaza rusa; de poder reclutar a jóvenes con las capacidades cada vez más técnicas que hoy necesitan unas fuerzas armadas que, de natural, no pueden competir con el mercado laboral; de implicar a las nuevas generaciones (demasiado individualistas) en la Defensa; de educar en los valores de solidaridad, igualdad y equidad (sí, mujeres también); de defender la nación y la integridad territorial frente a agresiones enemigas (el pueblo en armas). El Parlamento europeo está calentando motores.

No son muchas las voces que se oyen pero sí son influyentes. Podríamos hablar de un lobby en favor de la vuelta del servicio militar obligatorio en Europa, que es como suelen empezar estas cosas: algunas gentes bien financiadas, conectadas e instaladas en los espacios decisorios van arrastrando al resto a una agenda que algún día será difícilmente rebatible. Una de esas voces es el ministro alemán de Defensa Boris Pistorius (Partido Social-Demócrata): ha dicho hace poco que “aunque había razones para suspender el servicio militar obligatorio, ahora nos damos cuenta de que fue un error”. Él propone, de entrada, que Alemania haga suya la iniciativa del ministro belga de Defensa, Theo Francken (Nueva Alianza Flamenca) de “forzar” el reclutamiento voluntario para, entre otras cosas, aumentar el número de reservistas. Y también se oye al ex-primer ministro finlandés Sauli Niinistö, que insiste mucho en que hay que recuperar la mili obligatoria para mejorar la capacidad de respuesta frente a la amenaza rusa. Niinistö ha dirigido la mayor investigación e informe de la Comisión Europea al respecto. Parte de ello es la encuesta llevada a cabo en 2025 en nueve países europeos que analizamos más adelante.

¿Qué variables entran en la decisión de tener o no una mili obligatoria? En la investigación doctoral que llevé a cabo hace ahora 25 años (Servicio militar obligatorio en el siglo XXI, Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid 2003; también “El fin de la conscripción en Europa”, Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 97, 2002), analicé esta cuestión en doce países europeos sobre la base de una matriz de datos de diez variables, cinco relativas a la “razón de Estado” y otras cinco relativas a la “razón democrática”. En la comparación final, como se puede ver en el siguiente cuadro, Francia decidió el fin de la mili porque era perfectamente prescindible en un contexto de unas fuerzas armadas fuertemente profesionalizadas. España estaba en las antípodas, con una muy baja profesionalización y fuertes déficits, tanto en efectivos como modernización o gasto militar, y fuertemente dependiente de la mili. Aquí fue la alta movilización en términos de resistencia popular (imparable insumisión tirando de una masiva objeción de conciencia) y una firme oposición de la opinión pública y la sociedad civil quienes literalmente obligaron al fin de la mili a pesar de las graves consecuencias que, aún hoy, sufren las fuerzas armadas en términos de reclutamiento.

No vamos a entrar ahora en un detallado y muy tedioso análisis actualizado de las variables de la “razón de Estado”; tan solo apuntar que las “rapid action forces” o fuerzas de acción rápida, tan importantes entonces para justificar el fin de la mili en aras a una “profesionalizada intervención de paz”, se han deslucido mucho ahora al haber aumentado los riesgos propios, y la pretendida eficacia de la intervención, en unos conflictos armados donde mandan potencias militares sin escrúpulos. Lo que toca ahora es una disimulada (y deshonrosa) retirada exterior para pasar a reforzar la defensa del territorio nacional.

Entremos, mejor, en las variables en las que podemos tener algo que decir sobre la base de nuestra experiencia activista. Una de ellas, importante, es la opinión pública sobre la recuperación, hoy en día, de la mili obligatoria. Revisamos el reciente estudio publicado este mismo año 2025 por el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores. El ECFR (en inglés) es, en realidad, un think-tank (en castellano se traduce torticeramente como “grupo de expertos”) creado en 2007 aunando personas influyentes de partidos moderados de centro (digamos centro-derecha y centro-izquierda) en Europa. Por poner un ejemplo, un miembro destacado del Consejo de este organismo es Javier Solana, que fue secretario general de la OTAN y PESC de la Unión Europea.

En este gráfico podemos observar, en términos de población general, cómo Francia y Alemania se ponen a la cabeza a favor de recuperar el servicio militar obligatorio: 61% en Francia y 54% en Alemania. En el otro extremo (quitamos el Reino Unido de la ecuación por razones históricas), están Hungría y España: 32% y 36%. Obviamente, no es lo mismo Hungría, en zona peribélica, que una España en el extremo occidental y con tradición “neutral” en los conflictos mundiales, pero retengamos el dato.

Lo importante es la gran diferencia en apoyo a la obligatoriedad de la mili que hay entre los primeros países a favor y los segundos países en contra. Entrando en detalles que nos podrían aclarar las claves del apoyo a la mili obligatoria, observamos datos que no nos sorprenden: los hombres están más a favor que las mujeres, y la derecha política más que la izquierda. Al respecto de esto último, vemos que en Alemania la derecha del CDU/CSU se posiciona a favor en un 76% mientras que la izquierdista Linke se queda en el 25%; vemos que en Italia Fratelli d'Italia apoya en un 69% mientras que Partito Democratico se queda en un 25%; y vemos que en España VOX está en el 69%, PP en el 44% y PSOE se queda en el 25%. Todos los datos de esta encuesta en función de las distintas variables pueden ser consultados en https://datacollection.ecfr.eu/.

¿Y qué pasa con las generaciones jóvenes, quienes están entre los 18 y los 29 años y pueden ser quienes vivan el propia carne este cambio? Pues este grupo de edad, como parecería lógico, se muestra siempre más refractario a la idea. Pero no tanto como podríamos esperar: están a favor de la mili obligatoria un nada desdeñable porcentaje del 48% en Francia y un 41% en Rumanía. En el otro extremo están Alemania e Italia con un 18% y Hungría con un 19%. Nos sorprende España: 27%. Buscando una explicación a este porcentaje del 27% entre los más jóvenes en relación al 36% que vemos en la población general, cuando es evidente en todos los países que el apoyo a la mili aumenta sustancialmente con la edad, vemos que en nuestro país la oposición mayor está entre quienes hoy tienen entre 50 y 65 años, precisamente quienes vivieron con mayor intensidad la insumisión y objeción de conciencia de los noventa. Esto es algo que debería llevarnos a alguna reflexión como movimiento antimilitarista.

Seguimos en el siguiente capítulo con un repaso detallado a la evolución de esta cuestión en los diferentes países europeos, cuáles son los modelos que se están instalando, y cómo queda nuestro país en este nuevo panorama.

P.M. Espinosa

Un soldado del contingente ucraniano que se entrena en la provincia de Cádiz desertó el pasado sábado después de no volver al acuartelamiento del TEAR, en San Fernando, donde había llegado hace algunos días junto a otros 12 compañeros.

No es la primera vez que ocurre un hecho similar, si bien hasta ahora todas las fugas se habían producido en la Sierra del Retín, adonde decenas de reclutas fueron enviados para recibir formación militar de cara a defender su territorio de la invasión rusa. Sin embargo, en esta ocasión la novedad no sólo es que se haya producido en el TEAR sino que el desertor pertenece al cuerpo de elite del ejército de Ucrania.

Actualmente, como los contingente están siendo menores, se les está dando acogida en el TEAR en vez de en El Retín. Los soldados tienen permiso para salir algunas tardes a pasear, pero el sábado por la tarde uno de ellos no regresó.

Desde ese mismo momento las autoridades competentes dieron aviso tanto a la Policía Nacional como a la Guardia Civil, que iniciaron su búsqueda. Sin embargo, dos días después de su desaparición, siguen sin haber podido dar con su pista.

Un análisis del Center for Strategic and International Studies (CSIS) publicado en 2025 estima entre 60.000 y 100.000 las bajas que han sufrido las fuerzas ucranianas desde 2022. Teniendo en cuenta esto, y la proximidad del frío invierno en el Este, no extrañan las deserciones.

Fuente: https://www.diariodecadiz.es/notici...

Alejandra Luque

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba celebrará este miércoles un juicio contra un policía local de la capital por un delito contra la integridad moral de un cochero y formular contra él una denuncia falsa. La Fiscalía pide para él cuatro años y medio de cárcel, aunque la acusación particular -representada por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA)- solicita una pena superior para este policía y para un segundo sobre el que el Ministerio Público no aprecia responsabilidad penal en los hechos.

Según la información facilitada por la organización, los hechos que han motivado esta acusación tuvieron lugar el 30 de marzo de 2023 en la calle Periodista Eduardo Varo de la capital cordobesa. Dos agentes se trasladaron al lugar para demandar al conductor de un coche de caballos que recogiera los excrementos de sus animales. En ese momento, el cochero fue grabado por uno de los agentes, lo que motivó la queja de un vecino de la zona, quien consideraba que la grabación realizada por el policía local no tenía ningún sentido. El agente, “visiblemente nervioso”, reclamó a este ciudadano su documentación.

Esta persona, asustada y ante la posibilidad de que pudiera ser multado, salió corriendo del lugar. No obstante, este vecino de Córdoba recapacitó rápidamente y no solo detuvo su marcha, sino que regresó para entregarse, de manera siempre pacífica, a los agentes de la autoridad. A pesar de ello, aseguran desde la asociación, uno de los agentes que ahora será juzgado le realizó una llave, lo cogió por la espalda y lo estampó contra la persiana de la puerta de una farmacia, restregándole la cara en la misma, para posteriormente colocarle los grilletes. La violencia no cesó, ya que, a pesar de estar engrilletado y manteniendo una actitud pacífica, el mismo agente le volvió a practicar una llave, lo derribó y estampó su cara contra el suelo, inmovilizándolo durante varios minutos mientras colocaba su rodilla contra la zona lumbar de la persona.

Desde la asociación explican que las imágenes de la cámara de la farmacia resultaron fundamentales, ya que “permitieron no solo desmontar las falsas acusaciones que se realizaron contra el detenido, sino que sirvieron de base para la resolución del Juzgado de Instrucción número 2 de Córdoba”. Dicho juzgado archivó la causa seguida contra el vecino y acordó abrir diligencias contra los dos policías locales por un posible delito de detención ilegal y por faltar a la verdad en su denuncia. “La víctima, de no haber existido estas grabaciones, habría sido probablemente condenada a una pena de prisión de hasta cuatro años”, lamenta la organización.

El informe pericial presentado por la acusación particular, y elaborado por la Red de apoyo terapéutico, jurídico y psicosocial del Grupo de Acción Comunitaria (SIRA), señala que la persona agredida sufrió, además de secuelas físicas, una reacción de estrés agudo que actualmente ha derivado en un trastorno adaptativo mixto con predominio de síntomas ansiosos. La víctima asegura que se sintió “como un animal, como si no fuera una persona, por los golpes y por estar así tirado en el suelo, como si hubiera hecho lo peor del mundo, con la gente pasando y mirando por ahí”.

Mientras que la Fiscalía solicita las penas mencionadas para un solo agente y exime de responsabilidad al otro, APDHA aprecia la comisión de hasta cinco delitos por parte del agente que realizó la detención y otros dos delitos (falsedad documental y denuncia falsa) cometidos presuntamente por el otro policía. APDHA solicita penas de prisión e inhabilitación especial para ambos acusados.

Fuente: https://cordopolis.eldiario.es/cord...

El sábado 29, desde las 12 de la mañana, frente al jardín de Salesianos, la Plataforma pacifista ha desplegado una pancarta y comenzado en megafonía a emitir canciones reivindicativas. Coincidiendo el veintinueve de Noviembre con el día de solidaridad con el pueblo palestino, se ha hecho alusión a esa fecha señalada por ser la del principio de la partición del territorio que ocupaban los británicos para Israel y Palestina, con la guerra y ocupación posterior de Israel de territorios palestino.

Miembros de la Plataforma han leído noticias rescatadas de prensa nacional e internacional, incluyendo prensa israelí, en la que se reflejan las violaciones del alto el fuego por parte de Israel, los bombardeos y asesinatos, y el continuo asedio de los colonos a poblaciones palestinas en Cisjordanía. Tratando de empatizar con el sufrimiento de la población gazatí se resaltaba una noticia del diario Haaretz que reza “Gaza se ahoga en sangre y agua de lluvia” señalando cómo entre la guerra y el invierno las víctimas pueden incrementarse. Por ello se ha insistido en el drama del deterioro de las condiciones de vida y en la necesidad de facilitar la entrada de ayuda humanitaria.

En el manifiesto posterior se ha remarcado las violaciones a la tregua que ha producido Israel y que ya ha provocado 340 muertos, así como la frustración que produce que el alto el fuego no esté llevando una paz justa sino que refuerce la impunidad de Israel y el maltrato a la población palestina.

Finalmente se han lanzado las reivindicaciones compartidas con las más de 70 ciudades que en toda España han respondido a la convocatoria de la red estatal de solidaridad con Palestina y que son, entre otras: Fin al genocidio en Gaza, entrada de ayuda humanitaria, embargo integral de armas a Israel, ruptura total de relaciones diplomáticas, académicas, económicas, deportivas y culturales con Israel; sanciones internacionales al régimen de apartheid israelí y apoyo a las demandas judiciales en la Corte Internacional de Justicia y el Tribunal Penal Internacional.

Invitando a seguir mostrando indignación y solidaridad ante ésta y otras guerras se despedía la concentración.

Plataforma Villena por la Paz

Fuente: https://www.portada.info/medio-cent...

Acabamos noviembre con una cifra inaudita del gasto militar que ha pasado por la mesa del Consejo de Ministros para su autorización, aprobación o compromiso de gasto asumido.

Nada menos que 93.580,6 millones de euros que, como quien dice, pueden pasar tan desapercibidos como un elefante en mitad de una habitación, lo que quiere decir que, salvo prueba en contrario, los ministros del gobierno no tienen excusa ni pretexto en su colaboracionismo miserable con el militarismo que se está construyendo a pasos agigantados en toda Europa.

Entre los meses de mayor ardor aprobatorio por parte del militante Consejo de Ministros militarista, pues otro nombre mejor no se nos ocurre, figuran junio y julio (con el gran protagonismo de Hacienda y de la autorización de nuevos programas de armas en estos) y octubre y noviembre, donde tomó el relevo defensa e industria con la financiación de gran parte de lo autorizado antes.

El cuadro refleja un inventario bruto de acuerdos que han pasado por la mesa del Consejo de Ministros y, para quien lo quiera desgranar sesión a sesión, puede pedirnos el cuadro, (muy extenso, por cierto) que se lo proporcionaremos «en tiempo real».

Pero para salvar equívocos no es un cuadro del gasto a ejecutar en 2025, ni tampoco un cuadro «limpio» del gasto militar a futuro, sino que contiene una mezcla de techo plurianual, más refinanciaciones y reprogramaciones de gasto anteriormente asumido, más gasto duplicado (es decir, aprobado en una primera fase por hacienda, pongo por caso, y luego dispuesto por Defensa o por Industria o por otro cualquiera de los ministerios colaboracionistas).

Conviene hacerle un seguimiento (y ojalá alguien más se anime a hacerlo porque estoy un poco cansado del tema) por dos razones básicamente: una, porque las otras fuentes «oficiales» del gasto ejecutado no cuadran entre sí y se «despista» por el camino gasto militar. Y dos, porque demuestra la militancia galopante del militarismo gubernamental, ya sea de este gobierno ya en fase de pato cojo o del que venga después, que seguirá probablemente la misma senda, si es que no la empeora.

Como alguna gente me pide que explique el gasto de 2025 y el que mandan, de una patada a seguir, hacia el futuro y hacia los compromisos que nos atan al militarismo y que hipotecan nuestras vidas y las de las generaciones futuras, voy a intentar, repasando los datos de la IGAE, de la AIREF, de Hacienda y del seguimiento de las ejecuciones de contratos púbicos, del BOE, de los acuerdos del propio Consejo de Ministros y de otras fuentes oficiales y oficiosas una especie de reflejo de lo que se han atizado en los once meses que llevamos de 2025 y de lo que han mandado al futuro, cuando estos pájaros no estén y manden los mismos perros pero con distintos collares.
Ello ha exigido una depuración del cuadro «en bruto» que he venido ofreciendo semana a semana.

Lo que se atizan en 2025

Empecemos por el gasto que, según mis cálculos, irá a parar a las cuentas de 2025.
Aunque lo aprobado es equívoco y aparecen descuadres entre unas cuentas oficiales y otras, puedo decir que en 2025 estamos hablando de un gasto aprobado y comprometido de más de 40.000 millones de euros.

Es un gasto que ya se encuentra por encima del 2% PIB prometido para congraciarse con el torpedo americano (aunque es un símil bélico. no me refiero a un artefacto sino a ese señor de carácter voluble y facha patética que sale de vez en cuando en la tele amenazando urbi et orbi a quienes no le dejan hacer América grande otra vez).

Que nuestros chapuceros gestores militares tengan o no la capacidad de ejecutar este pastuzal en un año es harina de otro costal. Yo me la jugaría a que no, a tenor del grado de ejecución real del presupuesto que llevan hasta la fecha.

Hechas las oportunas depuraciones, resulta que el cuadro general de gasto ya en ejecución, valiéndonos de los cuadros de IGAE y las previsiones de la AIREF. para 2025, sería como sigue:

Aquí estamos contemplando básicamente lo que se defensa ha autorizado o ejecutado en 2025 por una parte en su propio presupuesto (incluyendo por ello todos sus programas), con lo que se ha aprobado por el Consejo de ministros como gasto militar extraordinario, pero no estamos incluyendo las partidas que se han reconocido desde otros ministerios o que ya formaban parte del presupuesto de estos otros ministerios opacos.

La gran diferencia global con los 93,583,95 millones que han pasado por el consejo de ministros se debe principalmente a que, en los meses de junio, julio, octubre y noviembre, se concentran los grandes paquetes plurianuales (nuevos programas, artillería, helicópteros, etc.) que no van destinados a su ejecución en 2025 y a que hemos eliminado algunas duplicidades Hacienda/Industria/Defensa.

Al gasto depurado debemos sumar ahora otras partidas autorizadas por el Consejo de ministros y que no han ido a parar al gasto de 2025 de defensa o de Industria, por importe de 3.227 millones de euros más, con el siguiente desglose:

Nos encontramos ya en un escenario de 30.179 millones de euros en números redondos que estimamos como gasto autorizado en Defensa.

Esto nos ofrece un cuadro de gasto aproximado que se ha autorizado hasta noviembre por gasto militar de 2025 de al menos 44.276,19 millones de euros, sin contar con el gasto comprometido con cargo al presente presupuesto aún no incorporado a las tablas.

No es exagerado pensar que liquidaremos 2025 alrededor de los 55.000 millones de euros, si no más, antes de contabilizar las imputaciones de deuda pública que nuestro gasto militar arrastra.

Para ello tenemos que considerar que Sánchez el gobierno durante 2025 tiene previsto llegar al 2,1% PIB en gasto directo del ministerio de Defensa y programas de armamento, de los que hasta el momento no se ha contabilizado el toral, y que al gasto ordinario de defensa para el mes de diciembre hay que sumar el que igualmente se producirá en las clases pasivas militares por el mes de diciembre, el de la guardia civil y el resto (dos de las partidas que incorporan una alta cantidad todavía por gastar en pago de salarios y/o prestaciones) y aproximadamente un 10% del gasto presupuestado y no ejecutado en los ministerios y capítulos donde se disfraza el gasto militar español.

Ejecución del Plan Rearme

Los principales programas del Plan Rearme que anunció Sánchez al principio del año se han aprobado ya de forma casi integral e, incluso, se ha superado la cifra inicialmente prometida:

El estado de ejecución de estos programas no alcanza ni siquiera el 50% del total, poniendo en duda las capacidades de gestión del ministerio de defensa español.

¿Dónde va a parar el resto del gasto que ha pasado por el Consejo de Ministros?

Ya tenemos localizados casi 11.000 millones de euros del gasto que ha pasado para su autorización por las sesiones del Consejo de ministros: se han autorizado (o se van a autorizar) en 2025 el plan Rearme, tal como anunció Sánchez.

También hemos localizado más de 3.100 millones de euros que han ido a otros presupuestos, fundamentalmente al fondo de contingencia y a ciberseguridad pagada por Transformación digital, que se computarán fuera del presupuesto de Defensa o de industria.

Nos queda perseguir el volumen bruto de unos 65.000 millones «de más» que han pasado por las sesiones del consejo de ministros. ¿qué sabemos de ellos?
Hay una suma duplicada, que ha pasado por diversas fases de aprobación 7 autorización final, referida a los programas

1. Del Satélite Paz
2. De Munición 5,56 mm
3. De Munición 9 x 19 mm:
4. De la Enmienda F 18 / asientos eyectables

Estas cantidades restan a los 65.141, 66 millones de euros la cantidad de 2.196 milllones de euros más.

A ellas hay que sumar partidas que han sido aprobadas por Hacienda, pasando luego a materializarse ya sea para créditos de Industria o compromisos de gasto de Defensa, por un importe de 17.437 millones de euros.

La patada hacia adelante que el gobierno más militarista desde la transición ha dado al gasto militar mediante compromisos de pago de carácter plurianual asumidos durante 2025 y que se pagarán en otros ejercicios es de 45.508,66 millones de euros, algo similar al rescate de la banca del 2008 una vez descontadas las recuperaciones y ventas de dicho rescate.

Una señal de esta brutal hipoteca que el gobierno nos ha endosado se encuentra en las cantidades comprometidas y retenidas para pagos plurianuales del ministerio de Defensa que vienen contemplados en el avance de la liquidación de gasto emitida por la IGAE y referida a octubre de 2025, con un importe retenido de 59.833,55 millones de euros, un gasto autorizado (es decir, ya listo para pagar) de 33.310.19 y un gasto comprometido (aun no listo para pagar) de otros 33.183.66 millones de euros.

El brutal rearme.

Acudo ahora a otra fuente, el desglose interno que maneja el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa (prevé un gasto para 2025 de 10.471 millones de euros).

Según este documento las previsiones de reame a futuro incorporarán un aumento sobre el presupuesto ordinario de defensa de cerca de 36.000 millones de euros para adquirir armas nuevas y consolidar el rearme español. Se trata de un gasto de carácter plurianual, una hipoteca para el futuro.

Según este documento las previsiones de reame a futuro incorporarán un aumento sobre el presupuesto ordinario de defensa de cerca de 36.000 millones de euros para adquirir armas nuevas y consolidar el rearme español. Se trata de un gasto de carácter plurianual, una hipoteca para el futuro.

Para reunir este dineral no sólo se acude a pagos por parte de defensa con cargo a los presupuestos anuales de defensa y a medida que las armas se van entregando, sino que, además, Industria adelanta mediante créditos a interés cero las cantidades de «prefinanciación» que las principales industrias involucradas (EADS y Navantia e INDRA principalmente) acapararán en este ciclo de rearme.

Se deben hacer dos advertencias sobre la cantidad prevista:

• La primera, que desde las previsiones iniciales hasta el gasto final de los sistemas de armas.

Según el informe del Tribunal de Cuentas que analiza diversos programas de armas, existe un desvío medio de entre el 35-40 % de sobrecostes en los programas de armas españoles, con programas de autos sobrecostes ((Eurofighter y Leopard con incrementos muy abultados de más del 45%), otros con un sobrecoste medio de más del 35% (NH-90 o Helicóptero Tigre) y unos terceros con sobrecostes más bajos, como las fragatas F100 y los BAM con menos del 10%).

Caso paradigmático es el submarino «made in Spain» que ya alcanza un sobrecoste de más del 85%, sin contar con las necesarias adaptaciones del muelle de Cartagena para poder fabricarlo (una vez se vio necesario ampliar su eslora para que no se hundiera de forma irreversible), con los sistemas de torpedos que no se han contabilizado y con que el plan preveía tres y de momento se ha entregado solo el primero.

• La segunda, que el hecho de que se les entreguen cantidades de crédito a interés cero (que se supone que devolverán cuando se entregan las armas años después) no implica un ahorro, sino, al contrario, una pérdida económica por partida doble:

A) en primer lugar, porque si el tiempo de devolución de estos créditos es, por ejemplo, de 10 años, el coste implícito para el Estado (diferencia entre el coste del dinero con el que el Estado adquiere deuda y el coste cero de los costes de prefinanciación (Coste0), será el coste al que el Estado compra deuda por el mismo importe que concede los créditos a interés cero todo ello prolongado por el número de años en que las operaciones permanecen.

Supone un coste de oportunidad para el Estado que podemos calcular con la fórmula CO =P x i x (T+1)/2, donde CO= a coste de oportunidad, P = préstamo concedido, i= tipo de interés medio de la deuda pública y T= tiempo de devolución.
Para poner un ejemplo práctico, 10.000 millones de euros en préstamos a interés cero para entregar armas dentro de diez años, a un tipo medio del 3% (tipo de deuda pública asumida por el estado) supone un coste que paga el estado (o una subvención encubierta a la industria militar si se quiere) de 150 millones al año o, si se quiere, de 1.500 millones de euros al final del ciclo.

B) Pero, en segundo lugar, es que los créditos a interés cero que industria ofrece a la industria no regresan pura y llanamente a industria, lo que supondría una cierta recuperación pasado el ciclo de rearme, sino que, según son devueltos, industria vuelve a emitir créditos a interés cero, con lo que vuelven al circuito de la deuda y a las manos de la industria militar, con lo que en realidad no son devueltos en los términos normales nunca.

Podríamos hasta encontrar una tercera implicación: en este caso relacionada con el verdadero coste de oportunidad del gasto militar, porque el dinero empleado por el estado para estos créditos militares deja de pedirse para la construcción de bienes útiles.

En este caso, el problema no es la deuda, sino el destino perverso de ésta.

• Deuda militar

El peso de defensa sobre el total del gasto no financiero del estado supone algo más del 5% de éste.

Una modalidad simple y prudente de cálculo del peso del gasto militar en la deuda sería aplicar el porcentaje de 5% sobre el 1,7 billón de euros de deuda pública acumulada, lo que supone que al menos 87,417 millones de euros de la deuda pública que arrastra España se deben al gasto militar español.

Por otra parte, en una estimación ajustada, si estimamos que el gasto militar español supera el 4% PIB y que el gasto público español alcanza aproximadamente el 44% del PIB, podríamos considerar que el gasto militar supone un 11,3% de la deuda pública contraída por España implica 197.563,18 millones de euros.

La cantidad puede ser superior si además aplicamos el impacto de los programas de armamentos.

Vamos a quedarnos con el 11,4 % para aplicarlo sobre la cantidad que según la IGAE España pagará de deuda en 2026 de no aprobarse nuevos presupuestos.

Además, hay que tener en cuenta los compromisos plurianuales de defensa, los más altos de todos los compromisos plurianuales que mantiene el estado, según el siguiente cuadro de la IGAE referido a octubre de 2025.

En este caso estaríamos hablando de unas cantidades estimadas de deuda a abonar imputable a defensa que proponemos según los siguientes cuadros:

• ¿Qué nos espera para 2026?

Vamos a hacer unas previsiones. Adelantamos que, dado que el gobierno ha perdido la votación en el parlamento sobre el techo de gasto y que no habrá presupuestos nuevos, tendremos que valernos de previsiones y suposiciones para calcular el gasto militar de 2026.

En breve presentaremos, como otros años, el informe que anualmente realizamos el Grup Antimilitarista Tortuga y un servidor en el que intentaremos afinar más.

No obstante, podemos adelantar tres escenarios futuros, según cual sea nuestro nivel de optimismo/pesimismo:

Hay quien nos dice que exageramos y que el gasto aprobado no alcanzará el 2% PIB, menos aún el ejecutado.

No lo parece, a la luz de estos datos y tampoco parece que sea la expectativa de la OTAN, que ya reconoce el alineamiento de España con el rearme comprometido por occidente en su loca carrera de dominación violencia y fomento del militarismo.

Redacción El Independiente de Granada

El médico invitaba a no dispensar ni consumir medicamentos del laboratorio israelí TEVA por considerarlo colaborador con el genocidio de Gaza.

El Colegio Oficial de Médicos de Granada ha acordado por unanimidad el archivo sin más trámite de la denuncia presentada contra médico de familia a quien una autodenominada “Comisión Sanitaria contra el Antisemitismo” acusaba de “antisemitismo”. El motivo de la denuncia era mostrar en su consulta mensajes de apoyo a Palestina e invitar a no consumir ni dispensar medicamentos del laboratorio israelí TEVA, por considerar a esta empresa colaboradora del genocidio en Gaza.

Según una nota de prensa difundida por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), el acuerdo de la Junta Directiva comunicado el día 25 de noviembre concluye que "de los hechos recogidos en dicho escrito no resulta conducta contraria a la normativa estatutaria ni deontológica, quedando en consecuencia fuera de las competencias de esta Corporación".

Con ello, el Colegio desautoriza íntegramente las graves acusaciones vertidas por las entidades denunciantes, cuyo escrito -anónimo y sin firma- fue presentado el 30 de octubre y ampliamente difundido en el medio digital Enfoque Judío, que llegó a acusar al facultativo de "incitación al odio" y "denegación de prestaciones por motivos ideológicos o religiosos".

La confirmación a la prensa de la existencia de una denuncia anónima, antes de su verificación formal, supone una vulneración de las garantías básicas recogidas en los Estatutos de la Organización Médica Colegial y pone en entredicho la imparcialidad y el rigor de las actuaciones iniciales del Colegio de Médicos de Granada en este caso

No obstante, la actuación del colegio profesional ha generado preocupación en el ámbito médico y deontológico al haberse conocido que el médico se enteró de la existencia de la denuncia a través de los medios de comunicación antes de recibir comunicación alguna del propio Colegio. La confirmación a la prensa de la existencia de una denuncia anónima, antes de su verificación formal, supone una vulneración de las garantías básicas recogidas en los Estatutos de la Organización Médica Colegial y pone en entredicho la imparcialidad y el rigor de las actuaciones iniciales del Colegio de Médicos de Granada en este caso, advierte Pro Derechos Humanos.

Con el archivo definitivo, la corporación reconoce la inexistencia de infracción deontológica y, en la práctica, respalda el derecho de los profesionales sanitarios a la objeción ética y a la libertad de conciencia frente a empresas o productos implicados en vulneraciones de derechos humanos.

El médico afectado ha manifestado que "estas acusaciones sólo tratan de intimidar y desmovilizar a una ciudadanía cada vez más sensibilizada con el genocidio de Gaza" y que "la acusación de antisemitismo se utiliza como instrumento para desautorizar toda crítica al sistema colonial y de apartheid del Gobierno israelí". Además, el médico ha confirmado que mantendrá los carteles de su consulta y no descarta emprender acciones legales contra los promotores de la denuncia por vulneración de su honor y por daños a su reputación profesional.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha valorado la resolución como "un precedente fundamental para la defensa de la libertad de expresión, la ética profesional y la objeción de conciencia en el ejercicio sanitario", recordando que más de 150 organizaciones nacionales e internacionales respaldaron públicamente al médico granadino.

Fuente: https://www.elindependientedegranad...

Seis activistas contra la industria militar israelí llevan un mes en huelga de hambre en una prisión del Reino Unido