Tortuga Antimilitar

Las fuerzas armadas tienen preparada la lista de la compra por 50.000 millones
El nuevo escenario mundial

La compra de los F-35 estadounidenses para sustituir a los Harrier pasa a segundo plano para mirar a Europa

Joaquín Vera

La industria militar española se ve capacitada para canalizar el torrente de millones que se avecina sobre este sector, que da empleo a unos 70.000 trabajadores en todo el país. Las fuerzas armadas, inmersas en un proceso de modernización sin precedentes, han realizado su particular cesta de la compra que, por ahora, se concreta en medio centenar de proyectos armamentísticos en marcha que suman más de 50.000 millones de euros, según un cálculo del recién publicado informe Spain defence and security industry .

Pese a que en los últimos años ha estado sobre la mesa el seguir recurriendo, en gran medida, a países no europeos –sobre todo Estados Unidos– para la puesta a punto de los tres ejércitos, el nuevo tablero geopolítico obligará a España a primar el mercado interior para, a su vez, generar confianza en el resto de estados: Indra, Navantia, Escribano, Urovesa; empresas que se frotan las manos ante los desembolsos de dinero público que se anuncian.

Más allá de dos elementos que se vienen repitiendo años en la lista de prioridades: aumentar el número de efectivos de las fuerzas armadas –unos 120.000 en activo– y el sueldo de estos –el Gobierno última un decreto para una subida de 200 euros a todos ellos–, la cúpula militar espera que los próximos presupuestos generales del Estado incluyan un importante aumento en el capítulo de inversiones para dar cobertura a los programas de modernización que son financiados previamente por el Ministerio de Industria. Aquí es donde hay proyectos ya en marcha, como los de los blindados VAC y VCR 8x8, con asignaciones de más de 2.000 millones de euros en cada caso. También la adquisición de 168 puestos de tiro y 1.680 misiles Spike LR2 para modernizar la defensa contracarro del Ejército de Tierra y la Infantería de Marina. Este programa está presupuestado en 287,5 millones de euros.

En el caso naval, está en proceso la construcción de los cuatro submarinos S-80: mientras que la primera de las unidades fue entregada en noviembre del 2023, la última no llegará, si no hubiese retrasos, hasta el 2030. Aquí, el coste se eleva a 3.907 millones de euros. En este caso, pese a que el contratista principal es Navantia, el conglomerado de empresas españolas que participan en su construcción es granado: Indra, SAES, Sainsel, Gamesa, Abengoa, Navantia Sistemas, Inmapa y Tecnobit. También está en marcha la fabricación de cinco fragatas F-110 por un importe que ronda los 4.300 millones de euros. En todos ellos, el sistema de pago es similar. En primera instancia los financia el Ministerio de Industria con créditos, que luego las empresas van saldado cuando el Ministerio de Defensa empieza a pagar por el armamento.

La lista de la compra de sistemas aéreos pasa por la –indispensable– renovación de los F-18 Hornet del Ejército del Aire y los Harrier AV-8B+ de la Armada, que llegan al final de su vida útil en los próximos años. El Gobierno ya encargó una veintena de cazas Eurofighter en el 2022 por 2.000 millones de euros a través del proyecto Halcón I. Algo que se quedó corto, puesto que, poco tiempo después, se dio luz verde al proyecto Halcón II, que lleva aparejado un presupuesto de 4.000 millones para la compra de otros 25 Eurofighter. El problema es que los Harrier que tiene que jubilar la Armada despegan y aterrizan en vertical –algo que los hace compatibles con el buque Juan Carlos I – mientras que los Eurofighter, no. De ahí, que un importante sector de De­fensa mire con tan buenos ojos a los aviones de combate de quinta generación F-35, fabricados por el gigante norteamericano Lockheed Martin. Sin embargo, esta fuerte inversión en EE.UU, en estos momentos, sería contradictoria con la necesidad de mirar hacia la industria europea.

En ese contexto se enmarca lo que reveló ayer, durante un desayuno informativo, el presi­dente de Airbus España, Francisco Javier Sánchez Segura, quien aseguró que la compañía ha iniciado conversaciones con la francesa Thales y la ita­liana Leonardo para competir “de manera coordinada” contra la empresa satelital estado­unidense Starlink, propiedad de Elon Musk. Además de tratar de “contrarrestar” la presión del hombre más rico del mundo sobre Ucrania, cuya infraes­tructura de telecomunicaciones depende de los satélites del magnate que amenaza con un apagón, la idea pasa por transformar el sector espacial europeo.

Fuente: https://www.lavanguardia.com/politi...

Por Marc Vandepitte
Fuentes: Rebelión

Traducido del neerlandés para Rebelión por Sven Magnus

Un espectro recorre Europa, el espectro del militarismo. Detrás de esta fiebre de guerra se esconde algo más que la supuesta amenaza de Rusia. El declive económico y la lucha por el dominio geopolítico juegan un papel fundamental en la creciente militarización del continente.

Los líderes europeos quieren aumentar drásticamente el gasto en defensa y preparar sus economías para la guerra. Hay planes para introducir, (por ahora), el servicio militar voluntario e instalar un escudo nuclear. Varios países están dispuestos a enviar tropas a los países vecinos de Rusia, incluida Ucrania.

Boris Pistorius, el exministro de Defensa de Alemania, ha declarado que su país se estará “preparado para la guerra” (Kriegstüchtigkeit) en 2029. El hacha de guerra se está desenterrando.

«Hemos sido traicionados por Trump y amenazados por Putin, por lo que debemos aumentar nuestros esfuerzos militares y prepararnos para la guerra». Ese es el relato que la élite europea nos presenta y que se difunde ampliamente en los medios de comunicación convencionales.

Sin embargo, ese relato oculta las verdaderas razones y causas subyacentes de esta fiebre bélica.

Declive

La militarización de Europa se desarrolla en el contexto de una crisis económica más amplia. Desde la crisis financiera de 2008 la economía europea ha tenido dificultades para encontrar nuevas vías de crecimiento. La crisis del COVID-19 golpeó duramente la economía y debido a las sanciones económicas impuestas a Rusia, que hemos renunciado a nuestra fuente de energía barata.

Debido a una obsesión por la austeridad, los gobiernos han descuidado sectores esenciales para el desarrollo de la productividad, como la educación y la ciencia. Por su parte, los oligarcas financieros no han invertido lo suficiente sus ganancias monopolísticas en nuevas tecnologías para hacer frente a la competencia de EE.UU. y China.

El resultado es que Europa está rezagada tanto tecnológica como económicamente.

Tampoco las cosas van bien en el ámbito geopolítico. Europa y EE.UU. no han logrado transformar a Rusia en una semicolonia después de la caída de la Unión Soviética ni provocar un cambio de régimen capitalista en China.

Se esperaba que al admitir a China en la Organización Mundial del Comercio e invertir fuertemente en el país, las fuerzas capitalistas crecerían tanto que con el tiempo tomarían el poder del Partido Comunista, una idea ilusa.

Al seguir servilmente a EE.UU., Europa ha descuidado la construcción de una estructura de seguridad equilibrada después de la caída de la URSS, una que también incluyera a Rusia.

Ahora, tanto Rusia como China se han convertido en adversarios formidables, a los que no se puede tomar a la ligera.

Especialmente bajo el impulso de China, a través de los BRICS los países del Sur Global también están formando un contrapeso cada vez mayor frente al dominio del Norte.

La lucha ha comenzado

Es en este contexto en el que la élite estadounidense, encabezada por Trump y Musk, ha lanzado una agresiva campaña para salvaguardar la supremacía absoluta de EE.UU. («Make America Great Again»), incluso a expensas de sus aliados más cercanos.

Esto significa que ha estallado la lucha entre EE.UU. y las otras grandes potencias imperialistas. En el Foro Económico Mundial de Davos, Ursula von der Leyen lo expresó de la siguiente manera: «El orden mundial basado en la cooperación, tal como lo imaginamos hace 25 años, no se ha hecho realidad. En su lugar, hemos entrado en una nueva era de feroz competencia geopolítica. Las economías más grandes del mundo compiten por el acceso a materias primas, nuevas tecnologías y rutas comerciales globales. Desde la inteligencia artificial hasta la tecnología limpia, desde los ordenadores cuánticos hasta el espacio, desde el Ártico hasta el Mar de China Meridional, la carrera ha comenzado».

La fuerza motriz detrás de esta carrera es la búsqueda de la máxima ganancia y la expansión del capital monopolista occidental. Eso es lo que está en juego y de lo que realmente se trata. Para participar en esta carrera, se juega la carta militar. O como dijo el excanciller alemán Gerhard Schröder: «Un país solo cuenta verdaderamente en el escenario internacional si también está dispuesto a ir a la guerra».

Una excusa

Carece de sentido la principal excusa para la actual fiebre bélica, a saber, que Rusia representa una amenaza militar. Moscú no tiene intención alguna de expandirse. Según expertos como Jeffrey Sachs y John Mearsheimer, la invasión de Ucrania fue para Moscú una respuesta a la expansión de la OTAN hacia el este y a la militarización de Ucrania. Moscú lo consideró una amenaza existencial.

En términos de guerra convencional, Europa no es rival para Rusia. El Kremlin ya se ha atascado rápidamente en Ucrania, que es un país mucho más débil que los países europeos. Y si finalmente hubiera un enfrentamiento entre Europa y Rusia, estaríamos en un escenario nuclear, un final que nadie desea.

Una economía de guerra

En otras palabras, las tensiones militares actuales no son tanto el resultado de contradicciones geopolíticas con Rusia, China y ahora también EE.UU., sino que están arraigadas en la obsesión del capital monopolista occidental por obtener máximas ganancias y expansión.

Para asegurar las ganancias de los monopolios occidentales, deben garantizarse las inversiones y los mercados en el extranjero, así como el suministro de materias primas baratas desde esos países. Y para ello es indispensable un aparato militar fuerte a fin de imponer orden a países rebeldes si es necesario.

La militarización también impulsa la economía. La economía de guerra no depende del poder adquisitivo de la población, sino de las decisiones de los líderes políticos. Las compras militares pueden proporcionar (temporalmente) algo de oxígeno a una parte de la industria, aunque se haga a costa de otros sectores. Es lo que Reagan intentó en los años 80 con su Star Wars y lo que hizo Hitler en la década de 1930.

En Bélgica, y probablemente en otros lugares, la militarización puede ir acompañada de una ola de privatización sin precedentes. Parte del dinero para los gastos militares podría obtenerse vendiendo las joyas de la corona del patrimonio nacional o parte de ellas. La militarización sirve como palanca para la privatización.

Esta economía de guerra está orientada a una verdadera preparación bélica. Durante la Guerra Fría los países europeos tenían grandes ejércitos permanentes. Tras la caída de la Unión Soviética se desplegaron tropas de intervención móvil para operaciones rápidas, como vimos en Libia y Siria.

Ahora hay planes para volver a introducir el servicio militar obligatorio, construir infraestructura militar y establecer estacionamientos prolongados en el extranjero, como en los Estados bálticos y Ucrania. También se están considerando otras opciones, como la discusión sobre un escudo nuclear.

Muchos indicios apuntan a que una guerra mundial se está convirtiendo en una posibilidad real para las élites financieras y económicas.

Consecuencias

Una militarización de este tipo tiene consecuencias profundas para la sociedad. El dinero tiene que salir de alguna parte. Actualmente, Europa gasta aproximadamente el 2% de su PIB en defensa. Si quiere alcanzar la norma de 5%, tendrá que destinar alrededor de 500.000 millones de euros más al año en defensa.

Con gobiernos de derecha, el fuerte aumento de los presupuestos de defensa inevitablemente se hará a costa del gasto social, así como del Green Deal, cuyo presupuesto anual es de 86.000 millones de euros.

Ya mencionamos anteriormente que la militarización probablemente irá acompañada de una ola de privatización sin precedentes en la economía.

El desarrollo de un verdadero Euroejército también traerá consigo un importante déficit democrático. La estructura de mando estará en el nivel europeo. Pronto serán los tecnócratas europeos, y no los gobiernos o parlamentos nacionales, quienes decidirán si nuestros jóvenes deben ir al frente de guerra.

Finalmente, la militarización de nuestras economías y sociedades solo aumentará las tensiones en el continente europeo. En lugar de construir una estructura de seguridad equilibrada, estamos iniciando una peligrosa carrera armamentista y avivando aún más la hostilidad contra la potencia nuclear rusa.

Una decisión histórica

Europa se enfrenta a una decisión histórica. El proceso de militarización conlleva enormes costos económicos, desmantelamiento social, retraso en la transición ecológica en la economía y un déficit democrático, mientras que el riesgo de un conflicto mayor es cada vez más real.

¿Beneficia realmente esta militarización a la ciudadanía europea o solo a las élites económicas y a la industria armamentística? ¿Nos dejaremos arrastrar por la fiebre bélica o elegiremos prosperidad, sostenibilidad y una estructura de seguridad equilibrada en el continente?¿Seguiremos a Estados Unidos en su lógica imperialista y militarista o construiremos un proyecto europeo independiente, basado en una cooperación respetuosa con los países del Sur Global?

Los próximos años serán cruciales para responder a estas preguntas.

Fuentes:

– Übergang zur Kriegswirtschaft?
– “C'hanno rimasto soli…”. L'Unione Europea cerca un ombrello nucleare
– Guerre en Ukraine : comment les chefs d'État européens préparent les esprits à une guerre avec la Russie
– Trump's Munich Strategy

Texto original: https://www.dewereldmorgen.be/artik...

Tomado de: https://rebelion.org/la-temible-mil...

Más info

Emakumeok Gerraren Aurka - Mujeres Contra la Guerra

Pikara magazine

Melisa Pérez García, Bego Oleaga Erdoiza y Ana Ribacoba Menoyo.

El 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, es una fecha de lucha en la que millones de mujeres alrededor del mundo exigimos igualdad, derechos y justicia. Sin embargo, en un contexto global marcado por guerras, conflictos y el crecimiento de políticas militaristas, es más urgente que nunca incluir en estas reivindicaciones una mirada y una postura feminista antimilitarista de denuncia ante la actual e injustificable carrera armamentística y el militarismo rampante que pone en grave peligro la convivencia, la cooperación, la seguridad y la paz mundial.

El sistema patriarcal y el militarismo están estrechamente ligados. La militarización de la sociedad refuerza estructuras de poder basadas en la dominación, la jerarquía y la violencia, valores que han sido históricamente promovidos por las construcciones tradicionales de la masculinidad. La existencia de ejércitos y la inversión en armas perpetúan la idea de que la fuerza y la agresión son medios legítimos para resolver conflictos, lo que tiene un impacto directo en la normalización de las violencias.

El feminismo, en su lucha contra todas las formas de violencia patriarcal, no puede ignorar el rol que juegan la guerra y el militarismo en la opresión de las mujeres. Somos las mujeres y criaturas las principales víctimas de los desplazamientos forzados provocados por guerras y conflictos armados, quedando expuestas a explotación, trata con fines de explotación sexual y pobreza extrema. A pesar de los intereses por ser invisibilizada, ignorada e incluso normalizada, la violencia sexual en los conflictos armados ha sido y es utilizada como arma de guerra.

Otro aspecto clave del feminismo antimilitarista es la denuncia del gasto militar. Cada año, los gobiernos destinan miles de millones de dinero público a la industria armamentística mientras recortan presupuestos en educación, salud y políticas de igualdad.

Es preciso destacar que los conflictos bélicos también afectan directamente a las luchas feministas y los avances en derechos. En contextos de guerra o represión, el movimiento feminista enfrenta mayores dificultades para organizarse y reivindicar cambios. Las activistas son perseguidas, encarceladas e incluso asesinadas en muchos lugares del mundo donde los regímenes militares y autoritarios reprimen cualquier voz disidente.

A lo largo de la historia, a lo largo y ancho del mundo, las mujeres hemos jugado un papel clave en la resistencia antimilitarista y en la construcción de procesos de paz; por ello recogemos su testigo y hacemos nuestro el llamamiento de la Marcha Mundial de las Mujeres (2025) que convocan “a las mujeres de los movimientos de todo el mundo para que alcen sus voces más fuerte y enérgicamente contra las guerras y el capitalismo y por la soberanía de los pueblos y el buen vivir…”

Por consiguiente, desde lo local, desde el lugar en el que vivimos, denunciamos y rechazamos la investigación y la producción militar vasca para las guerras. En Euskal Herria, desde el año 2007, el número de empresas dedicadas a la producción militar se ha triplicado, pasando de unas setenta a más de 200.

Porque entendemos que un mundo solidario, socialmente igualitario y seguro debe de empezar por la modificación radical de nuestro modelo de vida, del desenfrenado consumismo y de la superación de las desigualdades de todo tipo derivadas de las relaciones de dominación y explotación a los países del Sur Global.

Justamente lo contrario a la sinrazón que nos quieren abocar quienes, en declaraciones repletas de eufemismos, defienden una economía de guerra. Sirva de ejemplo las recientes manifestaciones de Mikel Torres, Vicelehendakari segundo y consejero de Economía y Empleo que, recogiendo el guante lanzado por el Foro Empresarial Zedarriak, se comprometió a impulsar la “potente” industria armamentística vasca, llamó a aprovechar la “oportunidad” y aseguró el “apoyo” del Gobierno Vasco al sector “por el bien de todo el país”. Incumpliendo así la Ley 14/2007, de 28 de diciembre, de Carta de Justicia y Solidaridad con los Países Empobrecidos aprobada en el Parlamento Vasco.

Creemos que, ante esta planificada y peligrosa ofensiva de los mercaderes de la muerte, urge la necesaria reflexión sobre el modelo de sociedad en el que deseamos vivir. ¿Producir y crear para la vida o mirar para otro lado mientras los señores de la guerra imponen la barbarie humana?

Además, para nuestro colectivo, es indecente y éticamente insoportable la financiación de la industria militar con dinero público porque ello provoca muerte, destrucción, profundas heridas sociales y nos convierte en cómplices. Si la guerra comienza aquí, parémosla aquí.

Y para finalizar un necesario guiño a la esperanza. “Es importante actuar como si fuera posible cambiar el mundo, hacer realidad un momento en la historia del planeta en el que la explotación y el racismo y la guerra no sean las características principales de la sociedad humana” (Angela Davis).

Por todo ello, este 8 de marzo, os invitamos a participar en las movilizaciones del Movimiento Feminista de Euskal Herria bajo el lema “Faxismoaren kontra: ausardia eta aliantza feministak!” para defender nuestros derechos y reivindicar un mundo libre de violencia, militarización y opresión. Haciendo nuestro el llamado a la construcción de alianzas feministas frente al avance del fascismo. ¡No faltes, juntas somos imparables!

Fuente: https://www.briega.org/es/opinion/f...

Ver también en Tortuga:
Somos feministas porque somos antimilitaristas

Autogol de Mazón en su referéndum escolar: el valenciano gana y le deja sin bandera ni capital político

El president ha organizado una traumática votación en los colegios bajo la teoría de que el valenciano había sido “impuesto” en las aulas. El resultado de su medida estrella tritura su tesis y le da la puntilla: a su imagen de mal gestor en la DANA se suma ahora la de un político desorientado, sin olfato e incapaz de acertar el sentir de sus ciudadanos.

Raquel Ejerique

Carlos Mazón ha cumplido su promesa electoral de “dar libertad a las familias” para votar el idioma en el que quieren que estudien prioritariamente sus hijos: castellano o valenciano. Las familias también han cumplido con la pregunta y le han respondido que, si se les obliga a elegir, son más las que prefieren valenciano, triturando la idea previa de la que partía Mazón y que dio lugar al referéndum. Su tesis desde que era candidato del PP a suceder a Ximo Puig era que el Botànic (el gobierno de PSPV y Compromís) había “impuesto” la lengua autóctona en las aulas, como decía en las entrevistas cuando era candidato a president: “Defiendo la libertad de elegir, e importar el sistema catalán educativo nos está perjudicando. Defiendo la promoción del valenciano, y la peor manera de hacerlo es imponerlo”. Se refería al mínimo del 25% de asignaturas en valenciano que tiene que cursar todo el alumnado de la Comunitat Valenciana desde 2018. Según Mazón, no era la administración sino las familias las que debían diseñar su propio plan lingüístico, que en miles de casos no se podrá siquiera cumplir, solo votar, porque todo depende de lo que hayan votado el resto de padres. Con esa idea redactó una ley de “libertad educativa” que cambia la convivencia de los dos idiomas por la separación en aulas, generando un caos en los colegios y protestas de familias y asociaciones por el valenciano.

Este jueves, su también cuestionado conseller de Educación –que dejó a miles de niños afectados por la DANA sin colegio durante meses– ha presentado unos resultados que confirman el autogol del president. En ese 'concurso de idiomas' planteado por el Consell como obligación (la abstención no se contemplaba como posibilidad en la votación) ha ganado el valenciano. Por muy poco, 50,53% frente a un 49,47%, pero simbólicamente es mucho porque muestra lo contrario de lo que Mazón quiso demostrar cuando planteó la consulta.

Una imposición que no existía

Además, la lengua autóctona ha arrasado en Castelló (70%). También el valenciano ha sido el preferido en València (57%). Solo en la provincia de Alicante ha ganado el castellano, como era previsible, con un amplio 65%, ya que las comarcas más al sur y el interior más pegado a Cuenca y Albacete son históricamente castellanohablantes. Los resultados muestran una realidad provincial conocida y de la que algunos dentro del partido iban avisando cuando Mazón utilizaba la lengua para hacer política educativa: “Es que los votantes del PP también hablan valenciano y también tienen a sus hijos en colegios valencianos”. En la Comunitat Valenciana hay comarcas como La Ribera, la Marina Alta o La Plana Baixa donde es el idioma prioritario. En Les Corts, la televisión autonómica, las comunicaciones de la administración o declaraciones políticas ha ganado terreno en los últimos años en el espacio público, también entre líderes del PP como el alcalde de Benidorm o el presidente de la Diputación, que lo habla en público y lo defiende, ya que es su idioma materno. El valenciano se habla y se usa todos los días, en miles de localidades, sin siglas. Y, en según qué zonas, de manera absoluta, se vote a quien se vote.

Pero Mazón tenía puesta la directa y necesitaba un trofeo político, más aún después de la DANA. La votación se aplazó por la riada, pero el Consell, que tenía la ocasión de desactivarla, quiso seguir adelante y consumar una de sus apuestas políticas más firmes para la legislatura. La implicación del president ha sido total, incluso fue personalmente a la presentación del referéndum y ha usado sus redes sociales para venderla y promocionarla. En su entorno confiaban en que esta “promesa cumplida” iba a satisfacer a su electorado y a esa enorme mayoría de valencianos que, en su cabeza, iban a valorar que les quitaran la “imposición” del valenciano bajo la blanca promesa de “libertad”. ¿Quién podría estar en contra de votar en una democracia? Ya que su imagen como gestor estaba por los suelos tras las inundaciones, podrían compensar con la imagen de un político que cumple, que da la palabra a sus gobernados y que tiene principios ideológicos firmes que representan a la población que gobierna.

Mucha abstención

El primer revés llegó el miércoles, cuando el conseller Rovira dio unos datos de participación que revelaban que no había tantas ganas de “libertad”: había elegido lengua para sus hijos el 58% del medio millón de familias convocadas. El porcentaje es sorprendentemente escaso atendiendo a que no era una votación para mostrar la opinión, sino que es decisiva para que cada alumno vayan a una clase u otra y lo votado es el idioma que les acompañará y en el que estudiarán hasta cuarto de la ESO. Sobre las familias que no han votado nada, casi la mitad, decidirá Educación por criterios organizativos.

El jueves llegó el revés definitivo. Los resultados. El hecho de que el castellano solo haya sido elegido en su Alicante natal –el lugar donde ha vivido hasta 2021, encadenando puestos hasta que fue designado por Pablo Casado como presidente del PP valenciano– demuestra cuán lejos está Mazón de sus ciudadanos, qué poco olfato tiene para los asuntos que preocupan, qué mal diagnóstico tiene de lo que es la Comunitat Valenciana en su conjunto y qué mal ha valorado sus posibilidades de éxito.

Parte del error de cálculo puede nacer en que la brújula del Palau de la Generalitat está muy orientada a Alicante. Mazón, el conseller de Educación y el politburó del president, las personas que le asesoran, vienen de allí, y de hecho allí vuelven todos los fines de semana. En las comarcas del sur de Alicante, las de predominio del castellano, es donde el líder ha tenido más afectos y sintonía electoral. Son las zonas que se sienten menos valencianas, donde hay más animadversión a la capital y al idioma autóctono, las que se sienten abandonadas y donde el president ha agitado siempre sus tesis más radicales, que han alimentado lo que se ha venido a llamar el “Alicantón”, en referencia irónica a la rebelión cantonal del siglo XIX y la tendencia en la provincia a confrontar con València como estado aparte. Frente a la vertebración de la Comunitat, de 500 kilómetros de largo e idiosincrasia muy diversa, un Alicante que se siente vilipendiado –con la excepción de Las Marinas, donde están Dénia i Xàbia, l'Alcoià y El Comtat– y en el que Mazón y los suyos han encontrado refugio –también durante la DANA– y voto emocional basado en idioma, idiosincrasias, identidades y abandono del norte.

Él mismo ponía en público ejemplos para la consulta como “los padres de Orihuela” que se ven coartados en la libertad lingüística de sus hijos. A veces se quería justificar el “rodillo del valenciano” en una supuesta madre que hacía los deberes con sus hijos y no podía ayudarle debido a la lengua autóctona, que no conocía. Esa supuesta madre desesperada al parecer sí podía hacer raíces cuadradas a mano. Asociaciones españolistas como Hablemos Español, muy activas en redes y denuncias, han acabado por remachar en la cabeza del president una idea que, a tenor de los resultados, tiene una base social más pequeña de lo que le parecía al president y absolutamente en conflicto respecto a lo que se siente en Castelló y València.

“¿A alguien se le ocurriría dar a probar a la población un medicamento experimental del que no se han hecho estudios y ensayos previos ni con ratones?”, se pregunta un experto gestor de la administración. Es lo que ha pasado con la nueva ley educativa: partiendo de una idea sin confirmar se ha convocado a más de 500.000 familias a votar y se ha cambiado el sistema educativo, en el que ya no convivirán los dos idiomas, sino que separará a una clase a los alumnos que quieren estudiar prioritariamente en valenciano y a otra, a los que quieren estudiar prioritariamente en castellano. Una vez cambiado todo se ha confirmado que casi la mitad de familias no tenía ganas de votar y que a la mayoría –a excepción de Alicante– ni siquiera le sobraba el valenciano.

Problemas de organización

A partir de este viernes le va a sobrevenir otro problema: cómo trasladar los resultados a la vida real de los colegios a partir de septiembre, porque en realidad no puede elegir cada familia, sino que todo depende de lo que vote el resto de padres. Se va a encontrar con miles de dudas y quejas de personas que votaron una lengua y estudiarán en la otra. Por ejemplo, cuando un colegio tiene una sola clase por curso se estudiará el idioma que obtuvo más del 50% de los votos: si en un colegio de Castelló hay una clase de cuarto de primaria con 20 niños y 11 familias han votado estudiar en valenciano, lo tendrán que hacer los 20 en esa lengua base, también los que votaron por el castellano. En el caso de cursos con más de una clase es distinto: Si un centro de Primaria tiene 3º A y 3º B con un total de 40 alumnos, con que 10 familias (el 25%, según establece la ley) hayan elegido valenciano, el colegio tiene que crear una clase en esa lengua (y viceversa). Pero como la ratio máxima por clase es de 25 alumnos, hay cinco estudiantes que pidieron castellano que tendrían que pasar a valenciano. La casuística es infinita, incluyendo colegios donde prácticamente no ha cambiado nada. Y otros en los que milagrosamente haya podido encajar la demanda de los padres con la oferta de plazas en cada lengua.

En los próximos días saldrán a la luz además todo tipo de problemas generados en la organización de los colegios –materiales y libros que habrá que cambiar, alumnos que cambiarán de clase y profesor a mitad de ciclo, docentes que tendrán que impartir en otro idioma, niños con necesidades especiales que se concentrarán en la misma clase, clases muy llenas y otras muy vacías–. Otro misterio es qué pasa con el paso al instituto adscrito si no tiene sitio en el idioma elegido. Ante la avalancha de dudas, el conseller dijo en su día que se estudiará “caso a caso” y contempla incluso que alumnos cambien de centro si hace falta para poder estudiar en la lengua votada, algo que ha generado la oposición frontal de las familias. Además de todo esto, el referéndum ha sido llevado al Tribunal Constitucional por un grupo de 50 diputados, impulsados por Compromís, y aunque ya se ha celebrado habrá, en un tiempo, un veredicto.

La preocupación en el Consell de Mazón con la medida que iba a suponer un hito en la legislatura se ha ido acrecentando según pasaban los días, las protestas iban subiendo de tono y el estado de ánimo de la calle iba mandando señales de que el valenciano es un tema transversal y que ha pasado el tiempo de 'problematizarlo'. La prueba es que el conseller Rovira ha tenido que enviar dos cartas a más de medio millón de padres: la primera, justificando la consulta como una “promoción del valenciano”. La segunda, a mitad del proceso, llamando a la participación, visto que no les estaban respaldando la iniciativa con votos.

Mazón se ha visto sorprendido, en su peor momento político, por su propia idea. Queriendo contentar a quienes le susurraban al oído, confundiendo a todo el pueblo valenciano con una pequeña parte, ha hecho una apuesta que le da la puntilla y que revela que ha perdido, si alguna vez la tuvo, la intuición y la conexión con la calle. Vista la debacle, ahora mantiene que no ha ganado ningún idioma y que no hay perdedores en el concurso que él mismo organizó. “Felicidades a todos. Gana la libertad”, ha sostenido en sus redes. Lástima que no sea esa victoriosa libertad que ha ganado –sino familias reales y profesores concretos– la que tiene que encajar ahora en un sudoku casi imposible su malograda idea.

Fuente: https://www.eldiario.es/comunitat-v...

Extracto de la introducción del libro

Fabian Scheidler

El 25 de enero de 2017, pocos días después de la toma de posesión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ocurrieron dos cosas al mismo tiempo. Ante los frenéticos vítores de operadores y accionistas, el índice Dow Jones alcanzó por primera vez en la historia el umbral de los 20000 puntos. El mismo día, las manecillas del llamado ‘reloj del juicio final' se movieron a dos minutos y medio para la medianoche. Fue lo más cerca que habían estado desde 1953, cuando se detonaron las primeras bombas de hidrógeno. El reloj refleja las valoraciones que destacados científicos hacen de los peligros inminentes de la guerra nuclear, la destrucción del medio ambiente y las tecnologías de alto riesgo. Desde 2025, solo quedan 89 segundos. El éxtasis de los accionistas y la proximidad de la medianoche de la humanidad: es difícil expresar con mayor claridad que nuestro sistema económico actual está en rumbo de inminente colisión con la Tierra y sus habitantes. El júbilo del mercado de valores es nuestro hundimiento.

Actualmente somos testigos de cómo todo un planeta que tardó cuatro mil millones de años en evolucionar se está destruyendo en una máquina económica global que produce enormes cantidades de bienes y a la vez enormes cantidades de residuos, una riqueza exorbitante para unos pocos y una masiva pauperización, una ociosidad sin sentido y un exceso de trabajo permanente. Si nos visitara un extraterrestre obviamente pensaría que este sistema es una locura. Y, sin embargo, no carece de cierta racionalidad. El núcleo duro de esta racionalidad consiste en la multiplicación interminable de columnas de números en las cuentas de un grupo relativamente pequeño de personas: hoy en día 26 hombres poseen tanto como la mitad más pobre de la población mundial. Aumentar absurdamente las fortunas de una pequeña y poderosa casta de superricos parece ser el único objetivo que le queda a la Megamáquina global. Se está devastando la Tierra por tales cifras de riqueza que crecen sin cesar.

En el fondo, todo el mundo sabe del poder destructivo que tiene este sistema, que está enfermo y que nos hace enfermar. En Alemania, por ejemplo, según los sondeos, el 88 por ciento de las personas encuestadas desearía un sistema económico diferente. También, en Gran Bretaña y Estados Unidos, la aceptación de la economía capitalista disminuye rápidamente, sobre todo entre las generaciones más jóvenes. Atrás quedaron los días de júbilo por el progreso y la euforia del mercado. Casi todas las personas con las que he hablado en los últimos diez años —sean conservadoras, de izquierdas, ecologistas, jóvenes o mayores— ya no creen en el futuro del sistema, cuando se sinceran y se quitan sus máscaras profesionales. Sin embargo, al mismo tiempo, prevalece un desconcierto angustioso. Los engranajes, aunque obviamente destructivos, parecen imparables. Tras el fiasco de décadas de negociaciones sobre el clima que no lograron objetivos de reducción vinculantes, conferencias estériles sobre el hambre en el mundo y, en el mejor de los casos, solo unas reparaciones cosméticas del ultrajante sistema financiero mundial, casi nadie confía que los gobiernos inviertan la tendencia global. Aunque, cada día que pasa, aumenta más el conocimiento sobre las desastrosas consecuencias de ‘seguir como hasta ahora', los ‘capitanes' de la Megamáquina mantienen a todo vapor su rumbo hacia la inevitable colisión.

Esto resulta mucho más extraño cuando hay alternativas, que algunos pretenden ignorar. Casi todos los ámbitos de nuestra sociedad y nuestra economía podrían organizarse de forma completamente distinta. Por ejemplo, en pocos años toda la agricultura del planeta podría convertirse en ecológica ahorrando así una parte considerable de las emisiones de gases de efecto invernadero; un sistema monetario orientado al bien común podría sustituir al actual casino financiero y desde hace décadas existen conceptos de energías renovables descentralizadas, sistemas de transporte público inteligentes, una división equitativa del trabajo y de ciclos económicos regionales. Todo esto sería posible si… ¿Sí qué? ¿Quién o qué está bloqueando estas posibilidades y para qué? ¿Por qué una civilización que se presenta en todo el mundo como portadora de la razón y del progreso es incapaz de cambiar de rumbo para salir de un sendero evidentemente suicida?

Mi enfoque es responder a estas preguntas contando una historia. Cuando no podemos explicar el comportamiento de alguien, cuando pensamos que está loco, a veces ayuda contar su historia. La gente, rara vez, hace algo sin motivos. Aunque tales motivos a menudo no se encuentran en el presente, sino en el pasado, donde se han forjado los patrones de este comportamiento. Solamente quienes conocen su propia historia, pueden cambiarla. Y lo mismo ocurre con los sistemas sociales, que están constituidos por personas.

Los mitos de la modernidad

La culpa de habernos metido en una senda mortífera se atribuye, a menudo, al triunfo de las políticas neoliberales que, en las últimas décadas han provocado una exacerbación de la desigualdad social y la destrucción del medio ambiente. Aunque, las causas son mucho más profundas; el neoliberalismo es la última fase de un sistema mucho más antiguo que, desde sus inicios hace unos 500 años, se ha basado en la depredación. Este libro aborda la historia y la prehistoria de este letal sistema, que ha sido extendido por todo el planeta, en un movimiento expansivo sin precedentes, y que ahora está llegando a sus límites.

Se puede considerar esta historia de maneras muy diferentes. La versión estándar —el mito de la civilización occidental— habla de un proceso de progreso logrado con duros esfuerzos que, a pesar de todas las adversidades y reveses, ha conducido finalmente a más prosperidad, más paz, más conocimiento, más cultura y más libertad. En esta versión, las guerras, la destrucción medioambiental y los genocidios se ven como deslices, recaídas, retrocesos o efectos colaterales indeseables de lo que, en conjunto, es un proceso beneficioso hacia una sociedad cada vez más civilizada.

Cada sociedad cultiva su mito que fundamenta y justifica su orden específico. Sin embargo, el problema de estos mitos es que no solo nos dan una imagen distorsionada del pasado, sino que también disminuye nuestra capacidad para tomar las decisiones correctas en el futuro. Si creo que llevo mucho tiempo caminando por el camino correcto que acabará conduciéndome a paisajes florecientes, seguiré recorriéndolo, aunque el camino se vuelva cada vez más accidentado, aumente la devastación a mi alrededor y se me acaben las provisiones de agua. Pero inevitablemente llega un momento en que me pregunto si mis mapas son correctos, si los he interpretado correctamente y si es posible que no sea el sendero adecuado. Este es el punto en el que nos encontramos hoy. El desconcierto generalizado puede conducir a un momento decisivo en el que hay que pararse para escrutar los mapas con visión crítica, redibujándolos allí donde eran evidentemente erróneos y redefiniendo la propia situación.

La reorientación empieza por cambiar el punto de vista. Desde el punto de vista de los vencedores de la historia, entre los que suelen encontrarse los que escriben los libros de historia, la saga del progreso tiene perfectamente sentido. Por ejemplo, mientras escribo estas líneas, estoy sentado en una habitación con calefacción, bebiendo café, mirando por la ventana y observando cómo caen las hojas de los árboles en otoño mientras mi hija juega en una bonita guardería, a la vuelta de la esquina. Todo parece ir bien en el mundo. Al menos en la pequeña porción de tiempo y espacio que puedo abarcar en este momento.

Pero en cuanto amplío la perspectiva y cambio el enfoque, aparece una visión completamente distinta. Por ejemplo, el guardia de seguridad en Irak que vigila el oleoducto por el que pasa el gasóleo de mi calefacción y que perdió a la mitad de su familia en la guerra, ve una parte diferente del mundo y ha vivido una historia diferente; y el triunfo del sistema del que se trata tiene un significado bien distinto para él. Lo mismo ocurre con la campesina que cultiva café en Guatemala o el trabajador de una mina de coltán del Congo que extrae de la tierra los minerales, sin los cuales mi ordenador no funcionaría. Aunque no las conozca, estoy conectado con todas estas personas; y si quiero contar una historia realista del sistema en el que vivo, debo contar también sus historias y la de sus antepasados. En otras palabras, debo salir de mi burbuja protectora y mirar el mundo a través de los ojos de las personas cuyas voces suelen ser ahogadas por los megáfonos del poder.

Desde esta otra perspectiva, la expansión de los últimos 500 años, partiendo de Europa, se revela como una historia que, para la mayor parte de la humanidad, ha estado asociada desde el principio con el desplazamiento, el empobrecimiento, la violencia masiva —hasta el genocidio— y la destrucción del medio ambiente. Esta violencia no es cosa del pasado, no es una «enfermedad infantil» del sistema, sino uno de sus componentes estructurales permanentes. Hoy en día lo atestigua la inminente destrucción de los medios de subsistencia de cientos de millones de personas provocada por el caos climático que se va agravando.

La Megamáquina

Pero ¿en base a qué podemos afirmar en general que se trata de un sistema global y no de un mero conjunto de instituciones, ideologías y prácticas? Un sistema es más que la suma de sus partes, es una estructura funcional en la que todos los componentes dependen unos de otros y no pueden existir de forma independiente. Resulta obvio que existen un sistema financiero mundial, un sistema energético global y un sistema de división internacional del trabajo, y que estos sistemas están a su vez estrechamente interconectados. Sin embargo, estas estructuras económicas no pueden funcionar de forma autónoma. Dependen de la existencia de Estados capaces de hacer respetar ciertos derechos de propiedad, proporcionar infraestructuras, defender militarmente las rutas comerciales, absorber las pérdidas económicas y mantener bajo control la resistencia a las imposiciones e injusticias del sistema. Los Estados militarizados y los mercados no son dos opuestos; más bien han coevolucionado y hasta hoy día están intrínsecamente enlazados. La popular contraposición entre Estado y ‘libre mercado' es una ficción que nada tiene que ver con la realidad histórica.

Además de las estructuras económicas y estatales, existe un tercer pilar fundamental, de índole ideológica. La expansión violenta del sistema y las injusticias que inexorablemente produce se justificaron desde el principio alegando que «Occidente» estaba llevando a cabo una misión histórica que traería la salvación al mundo. Si al principio fue la religión cristiana la que justificó esta pretensión, posteriormente fueron la 'razón' y la ‘civilización', el ‘desarrollo', el ‘libre mercado' y los ‘valores occidentales', supuestamente superiores, los que ocuparon su lugar. Las escuelas, las universidades, los medios de comunicación y otras instituciones ideológicamente influyentes que se formaron en el transcurso de la era moderna, en estrecha relación con los aparatos de poder militar y económico, desempeñaron un papel decisivo en la elaboración y difusión de esta mitología, no obstante, siempre hubo importantes movimientos de emancipación que crecieron en su seno.

La interacción entre estas tres esferas de poder, como parte de un sistema social global, ha sido analizada exhaustivamente desde los años setenta por el científico social estadounidense Immanuel Wallerstein, entre otros. Wallerstein denomina a esta estructura funcional el ‘sistema-mundo moderno'. Yo utilizo para ello el término metafórico ‘Megamáquina', que se remonta al historiador Lewis Mumford (1895-1990). ‘Máquina' no equivale aquí a un aparato técnico; se refiere más bien a un engranaje de organización social que parece funcionar como una máquina. Digo ‘parece' explícitamente, porque a pesar de todas las limitaciones sistémicas, la maquinaria, en última instancia, está formada por personas que la reproducen cada día y que por tanto —al menos en determinadas condiciones—, también podrían dejar de hacerlo.

Los límites del sistema

En el siglo XXI la Megamáquina topará con dos límites que en su combinación resultan infranqueables. El primer límite es inherente al sistema: desde hace unas cuatro décadas, la economía mundial se dirige hacia una crisis estructural que ya no puede explicarse con los ciclos económicos habituales. Esta crisis solo queda disimulada por el endeudamiento cada vez mayor de todos los actores, por unas burbujas financieras que estallan en cracks económicos cada vez más profundos (véase capítulo 10). Al mismo tiempo, el sistema ofrece a cada vez menos personas un sustento de vida asegurado. Las 200 mayores empresas del mundo suman el 25 por ciento del producto social mundial, pero sólo emplean al 0,75 por ciento de la población mundial. Una parte cada vez mayor de la humanidad está quedando fuera del sistema económico, y no solo en la periferia, sino también en los centros de acumulación. El declive de las clases medias y la ruina de los países del Sur de Europa son algunos de los ejemplos más recientes de ello. Esta crisis estructural no se debe únicamente a una política económica fracasada, sino que es el resultado de contradicciones, dentro del sistema en su conjunto, que difícilmente pueden resolverse. Esto va acompañado de la transformación de muchos Estados, los cuales, tras un interludio relativamente breve como Estado del bienestar, tienden a volver a ser las organizaciones militares y policiales represivas que fueron en las fases anteriores del sistema. Además, a medida que disminuye la capacidad de la Megamáquina para ofrecer perspectivas de futuro a las personas, también decae la fe en su mito. La cohesión ideológica —lo que el filósofo italiano Antonio Gramsci llamó la ‘hegemonía cultural'— se resquebraja cada vez más visiblemente.

El segundo límite, aún más importante, se fundamenta en que la Megamáquina forma parte de un sistema global mayor del que es dependiente: se trata de la biosfera del planeta Tierra. Ya somos testigos de cómo el crecimiento casi explosivo de la Megamáquina está chocando con los límites de este sistema global; y aunque estos puedan extenderse hasta cierto grado, no son infinitos.

La combinación entre las dislocaciones ecológicas y sociales produce una dinámica extremadamente compleja y caótica, y en principio es imposible predecir adónde conducirá este proceso. Sin embargo, está claro que es inevitable que se produzca una profunda convulsión sistémica que, en parte, ya ha comenzado. No se trata solo de la superación del neoliberalismo o la sustitución de ciertas tecnologías (aunque ambas cosas sean necesarias); se trata de una transformación que llega hasta los cimientos de nuestra civilización. La cuestión no es si se producirá esa transformación —sin duda lo hará, lo queramos o no—, sino cómo se producirá y en qué dirección se desarrollará.

En la historia de la humanidad, la Megamáquina no es el primer sistema que falla, pero sí el más grande, el más complejo —y el más devastador—. Ha creado un arsenal de armas con un poder destructivo desconocido hasta ahora, y ya está dañando los grandes sistemas que sustentan la vida de la Tierra, es decir, el sistema climático, la vida vegetal y animal, los suelos, los bosques, los océanos, los ríos y los acuíferos, de una forma que amenaza su propia existencia. La civilización industrial ya ha desencadenado la mayor extinción de especies desde la desaparición de los dinosaurios hace 65 millones de años. Al mismo tiempo, el inminente caos climático amenaza con hacer inhabitables regiones enteras de la Tierra y exacerbar masivamente los conflictos. La cuestión de cómo y dónde tendrá lugar la transformación es, por tanto, una cuestión de vida o muerte para gran parte de la población mundial. La naturaleza y el desarrollo de la transformación sistémica determinarán en qué tipo de mundo viviremos nosotros y nuestros descendientes, durante la segunda mitad de este siglo: en un mundo aún más marcado por la miseria y la violencia que el actual; o en un mundo más respetuoso con la vida y más libre. En este contexto, la creciente inestabilidad del sistema global provoca una situación extraordinaria en la que incluso movimientos relativamente pequeños pueden tener una gran influencia en la totalidad del proceso y sus resultados. Esto puede ser una buena o una mala noticia. El rápido ascenso de los movimientos fundamentalistas y de extrema derecha, así como el aumento de las tendencias hacia el estado policíaco, demuestran que también es posible que sean las fuerzas totalitarias las que se apoderen de las estructuras económicas y políticas en proceso de desmoronamiento. En esta situación, el futuro depende de todos nosotros. Permanecer como espectadores del espectáculo no es una opción, ya que incluso la inacción o la pasividad es una decisión que contribuirá a determinar el desenlace de la historia.

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Autor >
Fabian Scheidler

Fabian Scheidler es escritor autónomo y trabaja para Berliner Zeitung, Le Monde diplomatique, Taz Die Tageszeitung, Blätter für deutsche und internationale Politik entre otros medios. En 2009 obtuvo el Premio de Periodismo Crítico Otto Brenner.

Fuente: https://ctxt.es/es/20250201/Firmas/...

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Ver también sobre el tema:

"El ladrillo de cristal. Estudio crítico de la sociedad occidental y de los esfuerzos para transformarla"

La Corte Europea de Estrasburgo considera que se violó su derecho a la libertad al no valorar su estado cuando se decretó la medida de seguridad.

Santiago F. Reviejo

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo ha dado un severo correctivo a la Justicia y el Estado español por el caso de una mujer que pasó cinco años y medio en centros penitenciarios, tras haber sido absuelta por su grave enfermedad mental del delito que había cometido. En una sentencia que asociaciones que trabajan en el campo de la salud mental en prisiones califican como “revolucionaria”, ha condenado al Estado español a pagar 20.000 euros por la violación del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, en relación al derecho a la libertad.

M.B., que padece una esquizofrenia paranoide y ahora tiene 46 años, fue detenida en marzo de 2018 por haber incendiado el piso en el que vivía en Salamanca. “Acuciada por las voces que oía y que creía debía obedecer, tras haber consumido una considerable cantidad de alcohol, con sus capacidades mentales abolidas, decidió quemar su vida anterior”. Así lo reflejó la sentencia de la Audiencia Provincial que la absolvió del delito de incendio con grave peligro para la vida de las personas -nadie resultó herido-, al estimar la circunstancia eximente de la responsabilidad criminal o alteración psíquica que le impidió comprender la licitud del hecho.

La Audiencia de Salamanca le impuso a M.B., nacida en Marruecos, una medida de seguridad en un “centro adecuado” durante un periodo de entre cinco y 15 años, en función de la evolución de su tratamiento, pero ese centro fue siempre penitenciario: estuvo hasta en cuatro prisiones desde marzo de 2018 hasta noviembre de 2023, cuando la trasladaron, al fin, a una residencia en el País Valencià para personas con problemas de salud mental. Su caso pasó por toda la estructura judicial española, desde el juzgado de instrucción hasta el Tribunal Constitucional, pasando por el Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, pero ninguno varió la situación de esta mujer, ninguno consideró que debía salir de prisión. Todos, de una u otra manera, lo dejaron pasar hasta que un tribunal europeo, el de Estrasburgo, ha resuelto que las cosas no se hicieron bien, que con ella se violaron derechos humanos.

La Audiencia Provincial de Salamanca, pese a su sentencia absolutoria, prorrogó la prisión preventiva de M.B., el Tribunal Superior autonómico apoyó la decisión, el Supremo desestimó luego el recurso de la mujer y omitió cualquier referencia a su queja por la prórroga de la prisión, y, finalmente, el Constitucional consideró inadmisible el recurso de amparo al entender que no había agotado los recursos judiciales previos en relación a su denuncia por violación del derecho a la libertad. Nadie se puso de su lado, salvo César Pinto, el abogado que le tocó en el turno de oficio para presentar el recurso ante el Supremo y quien llevó posteriormente el caso ante el Tribunal de Estrasburgo, donde le han dado la razón que a ella le habían negado en España durante siete largos años.

“Esto tiene que ser una llamada de atención a las autoridades españolas. Hay un colectivo al que se le aplica muy duramente el derecho penal y penitenciario cuando lo que necesitan son otras medidas. El problema de la enfermedad mental en temas penales es que no está bien atendido, no hay sensibilidad con estos temas, en general”, dice a Público César Pinto.

Ninguna referencia a sus necesidades médicas

La sentencia de la Sección Quinta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, emitida el pasado 6 de febrero, concluye que la evaluación de M.B. que hicieron los tribunales españoles se limitó al análisis de su estado mental tras el incendio de su casa, es decir, cerca de dos años antes de que le impusiera la medida de seguridad la Audiencia Provincial, que “no hizo ninguna referencia -subraya- a las necesidades terapéuticas o médicas de la demandante ni a la necesidad de vigilarla para evitar que, por ejemplo, se causase daño a sí misma o a otros”.

Además, en el fallo se destaca que en las sentencias de los sucesivos órganos judiciales españoles que vieron el caso de M.B. “no se encuentra ninguna evaluación de esos aspectos ni mención alguna de la predicción requerida”. En consecuencia, el Tribunal de Estrasburgo considera que la imposición de la medida de seguridad a M.B. “no cumplía las condiciones mínimas” establecidas en el artículo 5 del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales sobre derecho a la libertad y por ello condena al Estado español a pagarle a la mujer 20.000 euros de indemnización por el daño moral causado, en el plazo máximo de tres meses.

De esta forma, ha concluido el largo periplo del procedimiento judicial contra una mujer que primero estuvo en la prisión de Salamanca, luego en la de Ávila, después en la de Picassent, en València, provincia a la que solicitó ser trasladada porque una hija suya vivía allí, y finalmente en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario Fontcalent de Alacant, sin haber recibido, en la mayoría de los casos, una atención adecuada, debido a la falta de personal sanitario especializado suficiente para el tratamiento de su enfermedad mental.

Ni siquiera la salida del régimen carcelario fue un asunto fácil para esta mujer. La dirección de Fontcalent solicitó al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria su traslado a un centro de salud mental en el primer trimestre de 2022, pocos días después de que este periódico publicase un reportaje sobre su situación. Y a pesar de que el juzgado comunicó rápidamente la petición a la Audiencia Provincial de Salamanca, responsable de la medida de seguridad, no fue hasta noviembre de 2023 cuando M.B. fue trasladada a un centro para personas con problemas de salud mental, tal como recoge la sentencia del Tribunal Europeo.

Mucho mejor de salud desde que dejó la prisión

Un año y tres meses después de ingresar en esa residencia, M.B. se encuentra mucho mejor y ha recibido con mucha alegría la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. “Es otra persona”, asegura su abogado, que habla con ella todas las semanas. Ahora, recibe los cuidados que no tenía durante sus años en prisión y su estado, en consecuencia, ha mejorado considerablemente respecto al abandono que sufrió de todo el sistema, salvo de las defensorías del Pueblo español y valenciano, debido a su condición de mujer, pobre, migrante y con discapacidad, subraya César Pinto.

El abandono fue tal que hasta abril de 2022, cuatro años después de su ingreso en prisión, no se le hizo a M.B. una valoración de la discapacidad a causa de sus problemas de salud mental, que fue fijada en un 65% y le dio derecho a percibir desde el mes de junio de ese año una pensión no contributiva .

El fallo del Tribunal de Estrasburgo, según el letrado, determina que no se hizo cuando había que hacerlo el examen de M.B. para valorar su peligrosidad y si era necesario tomar alguna medida de seguridad con ella y cuál. “No reunía la peligrosidad social para ser ingresada en un centro penitenciario. Y lo que pasó es que no sólo no le trataron su problema de salud mental, es que empeoró y se perjudicó su evolución”, se lamenta Pinto, el abogado que también ejerciendo el turno de oficio -la justicia gratuita- consiguió la nulidad de la venta de cerca de 3.000 viviendas sociales de la Comunidad de Madrid a una empresa de Goldman Sachs.

Pero en el caso de M.B. todavía quedan flecos por resolver. Su abogado presentó en 2022 una reclamación de responsabilidad del Estado ante el Ministerio de Justicia por la presunta ilegalidad de su prisión preventiva y otra ante el de Interior por la falta de un tratamiento adecuado a su problema de salud en la cárcel. En junio de 2023, le contestaron que ambas denuncias serían examinadas por el Ministerio de la Presidencia, pero más de un año y medio después aún no ha recibido ninguna nueva notificación, nada.

El Gobierno español, a través de la abogacía del Estado, alegó ante el Tribunal de Estrasburgo que la demanda de M.B. era inadmisible, porque no había agotado los recursos internos en nuestro país. Y también hizo objeciones respecto a la prisión preventiva que se le aplicó, afirmando que la demandante únicamente había impugnado la decisión tomada inicialmente por el juzgado de instrucción tras ser detenida por el incendio, pese a que podía haberlo hecho en cualquier otro momento del proceso. Según César Pinto, que reclamaba una indemnización de 168.280 euros para M.B., el Estado español dispone ahora de un plazo de tres meses para recurrir la sentencia del Tribunal de Estrasburgo ante una sala superior de esa corte europea.
“Este caso es la punta del iceberg”

La asociación Ámbit, que gestiona el Observatorio de Derechos Humanos y Salud Mental en Prisión, ha seguido muy de cerca este caso y se muestra muy satisfecha con la resolución del Tribunal de Estrasburgo. “Es una sentencia revolucionaria, en la que por primera vez se condena al Estado en relación a la atención que reciben estas personas en las prisiones y pone de relevancia el abandono que sufren”, dice a Público su director, Javier Vilalta.

A juicio de esta organización que trabaja fundamentalmente en el ámbito del País Valencià, la sentencia de Estrasburgo supone un antes y un después, un aldabonazo para que se tome conciencia en España de que la situación de las personas con problemas de salud mental como M.B. en las prisiones no es algo puntual, “es estructural”, contra lo que hay que actuar. “Esto es la punta del iceberg de lo que está pasando en el sistema penitenciario”, asegura Vilalta.

Y lejos de mejorar, la situación ha empeorado, dice el director de Ámbit. Como muestra de ello señala que en las cárceles valencianas, a excepción del psiquiátrico penitenciario, no hay actualmente trabajando ni un solo psiquiatra, una carencia a la que se suma que faltan el 80% de los médicos de atención primaria que forman parte de la RPT de esos centros.

A ello contribuyen dos factores fundamentales, según Vilalta: por un lado, que las comunidades autónomas, salvo Catalunya, Euskadi y Navarra, se hayan desentendido por completo de este problema al no haber asumido el traspaso de las competencias de sanidad en las prisiones previsto desde el año 2003 en la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. Y, por otro, que no se pongan en marcha recursos públicos suficientes para acoger a personas con problemas de salud mental que se encuentran en la cárcel.

“Esta mujer (M.B.) acabó en Fontcalent porque no había recursos adecuados para ella en el País Valencià para atenderla. La administración le ha causado un sufrimiento, un trauma, que se podría haber evitado si hubiera tenido un tratamiento y un recurso adecuado para ella”, recalca el responsable del Observatorio de Derechos Humanos y Salud Mental en Prisión.

Ámbit está preparando, en colaboración con el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de València, la presentación de otra demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por el caso de Marc, un joven que pasó tres años en la cárcel de Alacant pese a que su familia, la víctima de sus agresiones, solicitaba el traslado a un centro de salud mental y a que el juez ordenó una medida de libertad vigilada con cuidado psiquiátrico.

Según los datos del último informe anual de Instituciones Penitenciarias, en 2023 había 1.225 profesionales sanitarios trabajando en las cárceles españolas, de ellos solo 169 eran médicos, para atender a una población reclusa de 47.083 personas. Ese año, las consultas de psiquiatría fueron las más numerosas, después de las de odontología, mientras que el capítulo de gasto farmacéutico refleja que el mayor consumo, tras el de antirretrovirales, lo registraron los medicamentos neurolépticos atípicos, utilizados para el tratamiento de trastornos psiquiátricos.

La Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria ha estimado que entre un 3 y un 5% de los presos padece trastornos mentales graves, que en el caso de los leves podría llegar en algunos centros penitenciarios al 80% de la población reclusa.

Fuente: https://www.publico.es/sociedad/tri...

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Andrew Metheven

En diciembre de 2024, Andrew Metheven, miembro del personal de la IRG, se reunió con Khem Rogaly, Investigador Principal en Common Wealth, un centro de estudios que busca “reimaginar la propiedad para reparar los daños del pasado y asegurar un futuro de prosperidad sostenible y compartida”.

Khem ha publicado recientemente un nuevo informe titulado A Lucas Plan for the Twenty First Century (Un Plan Lucas para el Siglo XXI), que tiene como objetivo entender cómo el Reino Unido podría hacer la transición de la producción militar a la producción civil. Para ello, Khem entrevistó a sindicalistas para comprender cómo ven su papel en la industria y cómo creen que podría ocurrir tal transición.

Andrew Metheven: Para empezar, sería útil entender cómo ves la relación entre el gasto militar y la crisis climática. ¿No son dos cosas separadas?

Khem Rogaly: El gasto militar es un problema climático, y un problema climático masivo y multidimensional. Podemos entenderlo de varias maneras.

En primer lugar, el gasto militar significa gastar en operaciones militares, infraestructura y mantenimiento de la capacidad militar por parte de un estado. Eso tiene un impacto en las emisiones. A nivel mundial, el sector militar es responsable de aproximadamente el 5.5% de las emisiones. Si tomamos el Reino Unido como ejemplo, su sector militar es responsable de más emisiones que 60 países. Las emisiones no solo provienen del mantenimiento de la capacidad para librar una guerra, sino que en el caso del Reino Unido – dado que es uno de los mayores gastadores en defensa, el sexto más alto del mundo – su intervención global tiene un gran impacto en las emisiones.

Casi la mitad de esas emisiones provienen de la industria privada, en la producción de armas para el ejército británico. La otra mitad proviene del uso de energía, principalmente de los aviones de combate y los barcos de guerra. Quisiera hacer hincapié en que los aviones de combate son una parte esencial de esto, porque están quemando combustible a gran altitud, lo que tiene un impacto climático acumulativo.

Pero eso es solo el mantenimiento de la infraestructura militar; la segunda capa es la guerra misma. El impacto ambiental y ecológico de eso también es evidente. Podemos ver el ejemplo más claro de eso en Gaza ahora mismo. El término “ecocidio” fue inventado para referirse a la guerra estadounidense en Vietnam, y a la estrategia particular que adoptó el ejército estadounidense para destruir la relación de un pueblo con su tierra. La misma táctica está siendo utilizada por Israel en Gaza, y ha sido usada históricamente por el ejército israelí, pero la han acelerado desde octubre de 2023.

Y el último aspecto, más allá de la destrucción ecológica que es inherente a la guerra y que ahora se ha adoptado como una táctica militar moderna, es la guerra fría. Y creo que la mejor manera de enmarcarlo es que “la guerra fría es un problema caliente”. Básicamente, porque tienes una competencia geopolítica – actualmente liderada por la competencia entre EE.UU. y China – que resulta en un mayor gasto militar y en la construcción de infraestructura militar, la cual ya hemos visto que tiene un impacto en las emisiones.

Además de esto, existe la guerra económica, y cuando estamos en un momento de crisis climática y la economía global necesita ser descarbonizada rápidamente y de manera coordinada, eso es otro problema climático. Porque lo que tenemos son decisiones, como las tomadas por la administración Biden, de imponer aranceles a los vehículos eléctricos chinos – una política que prioriza los intereses de la industria automotriz estadounidense sobre la descarbonización. Para descarbonizar rápidamente el sector que más emisiones genera en la economía de EE.UU., necesitarías expandir el transporte público, pero también tendrías que reemplazar muchos vehículos convencionales con vehículos eléctricos, y el país que está liderando la fabricación de estos vehículos es China. Así que ahí podemos ver cómo la competencia al estilo de la Guerra Fría está obstaculizando la manera en que la política de EE.UU. aborda la crisis climática.

AM: Recientemente publicaste un informe titulado "A Lucas Plan for the Twenty First Century" (Un Plan Lucas para el Siglo XXI). ¿Podrías resumir lo que plantea tu nuevo informe?

KR: El Plan Lucas fue una propuesta de sindicalistas de una empresa militar llamada Lucas Aerospace, que publicaron en 1976 para demostrar que era posible convertir la producción de componentes de aviones militares a 150 productos civiles diferentes. El plan fue extremadamente innovador, porque dentro de ese conjunto de productos estaban mirando la conversión de la producción de partes de aviones a turbinas eólicas y células solares. Incluso a mediados de la década de 1970, ya eran conscientes de los costos ecológicos de la producción industrial y estaban diseñando tecnologías renovables tempranas. Fue innovador en otro sentido porque argumentaron que deberían ser ellos quienes supervisaran el proceso de transición. Sentían que, como las personas que llevaban a cabo la producción y el trabajo, estaban mejor posicionados para entender cómo sería esa transición.

Otro punto importante sobre el Plan Lucas es que a menudo se lo presenta como un solo ejemplo, pero en realidad fue parte de una larga tradición de organización sindical dentro de las industrias militares en el Reino Unido, Europa y Estados Unidos, que se remonta a la estela de la Primera Guerra Mundial. Por ejemplo, en Barrow, en Gran Bretaña, en el astillero que ahora construye submarinos nucleares pero que antes fabricaba barcos de guerra convencionales, los sindicalistas idearon un plan alternativo para un cambio a la producción civil en respuesta a la devastación de la Primera Guerra Mundial. Esta agenda tuvo un gran resurgimiento político tras la Segunda Guerra Mundial.

Así que mi informe toma cierta inspiración del Plan Lucas y tiene como objetivo explorar cómo esa transición podría ser factible en la industria militar actual del Reino Unido. Para hacerlo, hablé con 21 trabajadores dentro de la industria militar del Reino Unido y los entrevisté sobre su experiencia laboral y la viabilidad de una transición.

Hay tres conclusiones clave que quiero resaltar:

El Reino Unido ha mantenido un nivel de gasto militar mucho más alto que la mayoría de los países europeos de manera constante en las últimas décadas. La justificación que a menudo se da para mantener un nivel alto de gasto militar es que es necesario desde una perspectiva económica, porque hay comunidades en todo el país que dependen de la producción militar para empleos de manufactura de buena calidad y los beneficios económicos más amplios que esos trabajos traen a sus comunidades locales. Mi informe muestra que más de la mitad de estos empleos se han perdido desde 1980, que muchos de mis entrevistados han experimentado trabajos altamente inseguros, con cientos de personas despedidas el mismo día. Incluso en la actualidad escuché sobre cómo una sede se iba a trasladar inminentemente, con la amenaza de despidos. Mi entrevistado allí deseaba que hubiera habido una transición porque los contratos con el Ministerio de Defensa pueden ser altamente variables.

Sobre la viabilidad: lo que los entrevistados mostraron, a través de sus experiencias, es que una transición es completamente posible. Eso fue particularmente evidente en el sector de la construcción naval, donde encontré que cuatro de los astilleros navales del Reino Unido ya están trabajando en cadenas de suministro de energías renovables offshore. Hay grandes similitudes entre las habilidades necesarias para trabajar en turbinas eólicas, pero también para instalar trenes subterráneos y trabajar en la producción de infraestructura de transporte público. Los entrevistados hablaron de la idea de la transición como si fuera algo normal y sus empresas asumirían trabajos civiles cuando lo consideraran beneficioso. Así que es factible desde un punto de vista tecnológico.

Para que todo esto sea posible, se requeriría un reordenamiento de las prioridades del estado, alejándose del nivel de gasto militar que tenemos actualmente. La razón es que mover la producción hacia un mercado civil significa que necesitas demostrar que existe una demanda sostenida de los nuevos productos, para que los trabajos estén asegurados. Quedó muy claro en los entrevistados que sentían que tendría que haber una reasignación de la inversión pública hacia la adquisición de productos civiles para que eso suceda.

AM: En el informe has dejado claro que "las industrias militares del Reino Unido solo son viables gracias a la inversión pública constante", y que los recursos deberían redirigirse hacia las industrias verdes, pero en nuestro clima político actual, la idea de que un político diga "debemos recortar el gasto militar" parece un movimiento que acaba con una carrera. ¿Cómo crees que sería este proceso?

KR: Puedes darle la vuelta: el único sector de manufactura pesada en el Reino Unido que tiene al gobierno como su principal cliente es la industria militar. Lo que eso significa es que el Ministerio de Defensa – junto con los socios exportadores que aprueba – dicta lo que se produce en la industria militar británica. A través de sus programas de adquisición, el Ministerio de Defensa dirige la producción. En el sector militar normalmente tienes una producción más especializada de un conjunto limitado de productos que en la línea de manufactura masiva de algo como la industria automotriz, donde produces un bien de consumo a gran escala. Así que tienes una base amplia de personas trabajando en pocos productos especializados, que tienen habilidades que pueden ser redirigidas. Como expliqué en mi informe, hay una apertura para que el estado rediseñe su base de manufactura, y dado que es responsable de lo que se produce en esta industria privada, también puede supervisar una transición.

Sin embargo, como dices, el desafío político es inmenso: los políticos en este momento no quieren supervisar esa transición, pero lo que quiero decir es que en términos políticos y económicos, definitivamente es factible, tal como lo es desde el punto de vista tecnológico. Lo que añadiría es que es importante no sugerir que sería fácil y fluido. Muchos de los entrevistados identificaron que el tipo de trabajo especializado que están llevando a cabo tiene requisitos estrictos que no se encuentran en los sectores civiles. Estás fabricando piezas de equipo muy sofisticadas y a medida, en su mayoría para potencias militares globales bien financiadas, y tienen estándares exigentes. Eso requiere trabajo. Habría un desafío en asegurar que la transición se mueva hacia algo igualmente intensivo en mano de obra.

Mi sugerencia, como punto de partida, es crear una empresa estatal de propiedad, no muy diferente a cómo el Partido Laborista ha creado un Fondo Nacional de Riqueza (FNR). La diferencia clave es que adquiriría el 100% de la propiedad de las sedes, mientras que el FNR toma inversiones de equidad más pequeñas. A través de esta compañía podrías tomar control de lugares de producción militar específicos y guiar su producción hacia las necesidades de empresas del sector público, como las de transporte y energía, y usar eso como una base sostenida de demanda, coordinando con otras empresas dentro del sector público.

Como ejemplo, considera Harland & Wolff, que es conocida por su astillero en Belfast y entró en administración hace un par de meses. Los cuatro astilleros están en riesgo y los trabajos están en peligro. Los sindicatos, obviamente, están tratando de proteger a sus trabajadores, pero el gobierno, en lugar de tomar esos sitios en propiedad pública como fácilmente podría hacerlo (porque están operando principalmente con contratos del Ministerio de Defensa, así como algo de producción para energías renovables offshore), está tratando de atraer a una empresa estatal española para que compre los astilleros. El gobierno del Reino Unido está considerando pagarle a esa empresa 300 millones de libras para facilitar la compra. Hay una alternativa aquí: el gobierno podría ahorrar esos 300 millones de libras, tomar el lugar en propiedad pública y usar esa propiedad para supervisar una transición hacia energías renovables, infraestructura de transporte público u otros proyectos civiles que son urgentemente necesarios.

AM: ¿Qué dirías a aquellos que argumentan que debemos mantener una base industrial militar fuerte, para mantener la seguridad del Reino Unido y de nuestros aliados? ¿No beneficiaría esto a otras empresas de otros países?

KR: El Reino Unido es una excepción en el nivel de gasto militar que ha mantenido en las últimas décadas; gastamos más de nuestro PIB que muchos países comparables. Mantener nuestro nivel de gasto militar no se trata de seguridad, y lo digo porque el gasto militar, tal como está formulado actualmente, no va destinado a la defensa nacional ni a defender las Islas Británicas de un ataque. El Documento de Comando de Defensa del Gobierno establece que el ejército británico necesita ser una fuerza global, que debe ser capaz de intervenir en cualquier parte del mundo, en cualquier momento, en cualquier dominio (tierra, mar, aire, nuclear), y que necesita una presencia constante fuera de Europa. Eso significa bases militares en el Golfo Pérsico y en todo el mundo, pero proyectar el poder militar británico a nivel global no sirve para la defensa británica. En cambio, como hemos visto con las brutales consecuencias de las intervenciones británicas en Irak y Afganistán, o siendo un socio crucial de Arabia Saudita o Israel, tiene consecuencias brutales para las personas que enfrentan estas intervenciones militares.

Otra razón que añadiría es que si miras el gasto en adquisiciones del ejército británico, que ahora ronda los 37 mil millones de libras al año – mucho más de lo que el Partido Laborista dijo que era demasiado para el clima – a menudo se desperdicia completamente. Se gasta en proyectos que se retrasan, se sobrepasan en presupuesto o se cancelan. Si miras el tanque Ajax, por ejemplo, un proyecto de 5.2 mil millones de libras que ha sido eternamente retrasado y ha lesionado a personal militar que lo ha estado probando. Así que la idea de que el gasto es el camino hacia la seguridad está equivocada desde esa perspectiva.

AM: ¡Una más difícill! ¿Qué tan realista crees que es esto? ¿Hay señales de esperanza de que esto ocurra?

KR: Para ser realista, estamos viviendo en un momento de rearme, a través de una competencia geopolítica intensificada, de genocidio en Palestina, de guerras en expansión en diferentes contextos, así que se siente muy lejano. Especialmente en Europa, hay presión política para aumentar el gasto militar, una posición que es apoyada por ambos partidos políticos principales en Gran Bretaña.

En el contexto británico, tenemos que ser realistas sobre el hecho de que no hemos recortado el gasto militar en términos reales tras el fin de la guerra fría. De hecho, lo hemos mantenido. No estamos en la situación en que se encuentran los países de Europa continental, por lo que la idea de que debemos apresurarnos a hacer enormes aumentos en el gasto militar no tiene sentido. Creo que antes de tocar puntos de esperanza, es importante señalar que este tipo de transición, o demostrar que este tipo de transición es posible, que construir una coalición entre los movimientos pacifistas, los sindicatos dentro de las industrias militares y los movimientos climáticos es una manera esencial de socavar la idea de que el gasto militar es necesario por razones económicas. Creo que es necesario, en esos términos, como contrapeso a la industria y a los establecimientos militares y de política exterior que promoverán aumentos constantes del gasto.

En cuanto a la esperanza: ha habido momentos esperanzadores dentro de la política sindical en el último año, que han indicado que dentro de la industria militar hay sindicatos y sindicalistas que quieren construir hacia este tipo de transición. El mejor ejemplo que daría de eso es los United Auto Workers en Estados Unidos, un sindicato importante en la industria militar de ese país y en la automotriz, que representa a los trabajadores que fabrican vehículos blindados y municiones. En respuesta al genocidio en Palestina, pidieron un alto al fuego, pero también mandataron a sus miembros para explorar la transición de la producción militar hacia una transición justa. Creo que ver ejemplos como ese es muy esperanzador.

Translated by
Natalia García (ES)

Fuente: https://wri-irg.org/es/articulo/202...

El 27 de febrero en el Café D'espacio, desde el colectivo ADNV- AAMOC convocamos el encuentro Canarias Zona de Paz.

La propuesta se articula para identificar las consecuencias que tiene para nuestras vidas y nuestro territorio que Canarias sea una región militarizada.

Koldobi Velasco plantea un bingo entregando a todas las compañeras presentes un cartón que contiene más de 20 casillas con distintos sectores y ámbitos de nuestras vidas donde existe presencia o influencia militar. Mientras va proyectando imágenes que contienen artículos de prensa, publicidad, eventos, patrocinios o servicios, debemos ir identificando con que ámbito de nuestras vidas o lugar público se corresponden las casillas del cartón que tenemos entre manos.

La presencia de militares se evidencia en las calles, las universidades, congresos profesionales, muestras de educación, hospitales o parques naturales, entre otros. También se evidencia la intromisión de las fuerzas de seguridad en distintas profesiones del ámbito social y público. Desde la acción social, los centros educativos, las maniobras militares o las ferias de armas se normaliza una mirada belicista que se manifiesta en la cotidianidad de nuestro día a día. 184 millones de euros al día se destinan a defensa, con dos objetivos fundamentales: hacia fuera del territorio, defendernos de posibles ataques militares; hacia dentro del territorio, contener las disidencias colectivas ante este sistema.

Como ejemplo del segundo objetivo, se muestra una formación dirigida a militares, publicada en prensa, para contener a manifestantes, con puesta en escena incluida. Esta inversión se produce a costa de servicios públicos como derechos sociales, educación o sanidad de calidad para todas las personas que habitamos estas islas. En estos momentos, hay un soldado por cada 269 personas en Canarias, 1 agente de fuerzas mantenedoras del orden por cada 116 habitantes. 1 trabajadora social por cada 5400, 1 psicóloga cada 17.000, 1 matrona por cada 100.000.

Desde el fondo de la sala se escucha ¡BINGO!, el cartón está completo. Nos venden seguridad y van contra la humanidad, concluyen desde el otro lado.

Identificar la militarización de nuestro territorio es el primer paso para plantear acciones de transformación con una mirada antimilitarista.

¿Cómo planteamos una Canarias antimilitarista? En el encuentro de Canarias Pa'lante, celebrado el 30 de noviembre de 2024, con una participación de más de 300 personas se plantearon numerosas alternativas.

Juanma Muñoz y Marifé Navarro plantean algunos de estos acuerdos, entre los que se encuentran: la promoción y establecimiento del Estatuto de Neutralidad para el archipiélago canario, que será presentado el próximo 12 de marzo con el apoyo de numerosos colectivos en Tenerife, la no utilización como base logística de intervenciones militares, el no tránsito, ni instalación de armas nucleares o la desmilitarización de las fronteras.

Para finalizar, se establece un diálogo entre las asistentes en el que se destaca la opacidad y el desconocimiento de las vecinas de las islas sobre los arsenales de armas instalados en Cuatro Puertas o La Isleta, que ponen en peligro nuestras vidas.

También se pone en cuestión que la perspectiva antimilitarista sea una opción de resistencia en situaciones como la de Palestina.

Desde ADNV – AAMOC se insiste en la necesidad de un posicionamiento crítico ante las lógicas belicistas impuestas en nuestro imaginario que nos impiden valorar las acciones directas no violentas que se desarrollan constantemente desde los colectivos sociales o el ejemplo de resistencia pacífica y dignidad del pueblo palestino.

¡Seguiremos insistiendo y generando espacios de encuentro para la promoción de una Canarias como plataforma de paz y solidaridad!

https://canariasporlapaz.blogspot.c...

Madrid, 3 mar (EFECOM).- Indra, y el resto de empresas del sector de la Defensa europeas, se disparan en bolsa después de que Europa se haya comprometido a apoyar la seguridad de Ucrania si se cierra un acuerdo de paz con Rusia, y ante la predisposición del Viejo Continente a rearmarse de forma urgente y elevar el gasto en defensa.

Una hora después de la apertura de este lunes, los títulos de la española Indra se disparan un 10,69 % y lideran las ganancias del IBEX 35. Sus títulos cotizan a 23,16 euros.

La alemana Rheinmetall también gana un 14,26 %; mientras que en Londres, la compañía Bae Systems sube el 17,42 %.

La italiana Leonardo se revaloriza un 11,75 % en el indicador FTSE MIB, y por último, la francesa Thales avanza un 15,84 %, en el índice galo CAC 40.

El apoyo de Europa a Ucrania

Este domingo, una quincena de líderes europeos mostraron su apoyo a Ucrania y, encabezados por Reino Unido y Francia, dieron los primeros pasos para garantizar su seguridad si se cierra un acuerdo con Rusia que detenga la guerra.

La cumbre, celebrada en Londres, y que reunió a una quincena de líderes europeos más el canadiense, contó también con la presencia del presidente ucraniano Volodímir Zelenski, tras el fallido encuentro del viernes en la Casa Blanca con Donald Trump.

En la cumbre se acordó reforzar la ayuda militar a Ucrania de cara a unas posibles negociaciones de paz, así como aumentar las capacidades defensivas del país que puedan disuadir de nuevos intentos de agresión.

Asimismo, este jueves, la Unión Europea celebrará una cumbre extraordinaria sobre Ucrania y defensa europea, en la que se podría aununciar la intención de incrementar el gasto en defensa, tanto a nivel individual de Alemania como a nivel conjunto de la UE, explican los analistas de Renta4.

Fuente: https://efe.com/economia/2025-03-03...

Nada menos que 800.000 millones se dispone a gastar la Unión Europea en armamento. Cantidad que será detraída de los llamados fondos de cohesión, ese dinero que sirve para mejorar servicios e infraestructuras en las regiones de la Unión menos favorecidas. Es decir, los gobernantes de los países de la UE se aprestan a entregar a los señores del complejo industrial militar el dinero que podría dedicarse a mejorar, o siquiera mantener, la vida real de las personas europeas. Todo ello bajo la ridícula excusa de la "amenaza de Rusia". Este gran saqueo muestra a las claras una vez más que la Unión Europea es poco más que un cónclave de banqueros y mercaderes de armas que tienen perfectamente a sueldo tanto a la clase política como a los medios de comunicación. Nota de Tortuga.

Irene Castro
Corresponsal en Bruselas

Ursula von der Leyen ha presentado un “plan de rearme de Europa” de cinco puntos que presentará este jueves a los líderes de la UE y con el que pretende que se movilicen 800.000 millones de euros con ese fin. La propuesta que la presidenta de la Comisión Europea ha esbozado en una declaración sin preguntas a los medios de comunicación contempla algunas de las medidas que ya había adelantado, como la flexibilización de la disciplina fiscal, y añade algunas nuevas como la posibilidad de que los estados miembros desvíen fondos destinados a la cohesión al gasto en defensa.

“Vivimos en los tiempos más trascendentales y peligrosos”, ha dicho Von der Leyen al iniciar su discurso. Aunque no ha citado expresamente a Donald Trump ni su intención de cortar la ayuda a Ucrania, ha hecho referencia a las “graves amenazas” que se ciernen sobre el continente y ha advertido de las “consecuencias devastadoras” que pueden tener para justificar la necesidad de que Europa asuma “mayor responsabilidad en su propia seguridad”. “Estamos en una era de rearme y Europa está preparada para aumentar masivamente su gasto en defensa, tanto para responder a la urgencia a corto plazo de actuar y apoyar a Ucrania, como para abordar la necesidad a largo plazo de asumir más responsabilidad por nuestra propia seguridad europea”, ha afirmado.

Las capitales europeas están de acuerdo en que no se puede esperar al próximo presupuesto europeo, que empezará a negociarse en los próximos meses pero no estárá activo hasta el periodo 2028-2034. Pero Von der Leyen ha planteado usar los actuales recursos para el gasto en defensa. En concreto, ha dejado sobre el tejado de los gobiernos desviar a defensa los fondos de la política de cohesión, que es la principal herramienta de financiación de la UE y se destina reducir las disparidades entre las regiones. “Propondremos posibilidades e incentivos adicionales para los estados miembros”, ha dicho la alemana.

Aumento del gasto militar en un 1,5% del PIB

El cálculo de Von der Leyen es que la flexibilización de las reglas fiscales para que el aumento del gasto en defensa en los presupuestos nacionales no compute en las cifras de déficit y deuda puede llevar a si los estados miembros a aumentar esas partidas en un 1,5% del PIB. “Esto podría crear un espacio fiscal de cerca de 650.000 millones de euros en un periodo de cuatro años”, ha explicado Von der Leyen. No obstante, el Gobierno de España, que es uno de los países con menos porcentaje de gasto militar, ya sugirió que no utilizaría esa herramienta. “Prevemos que ese incremento del gasto en defensa pueda ser compatible con el cumplimiento de España de las reglas fiscales”, dijo el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

En cuanto al instrumento europeo que había adelantado, Von der Leyen ha asegurado que será una herramienta de 150.000 millones en préstamos a los estados miembros para inversiones en defensa. “Esto ayudará a los Estados miembros a poner en común la demanda y a comprar juntos”, ha dicho Von der Leyen, que considera que esas adquisiciones conjuntas permitirá “reducir los costes” y la “fragmentación” al tiempo que se aumenta la “interoperabilidad”. En un momento en el que el apoyo de EEUU a Kiev está en riesgo, la presidenta de la Comisión Europea ha asegurado que ese equipamiento se podría entregar de “inmediato” a Ucrania.

Von der Leyen no ha explicado de dónde salen esos 150.000 millones para préstamos: si se emitirá nueva deuda conjunta o se aprovecharán los fondos de la pandemia que no se han ejecutado y que ascienden a en torno 93.000 millones de euros.

La utilización de deuda conjunta para el gasto en defensa la defienden España e Italia, pero también países como Polonia o los bálticos, que normalmente se alinean con los 'frugales' en contra de ese tipo de herramientas, pero están dispuestos a avalarlo para la defensa, ya que son los que viven más de cerca la amenaza de Putin y están convencidos de que, si no se le frena en Ucrania, sus ansias imperialistas le pueden llevar a atacar a cualquiera de ellos. Sin embargo, Von der Leyen ha asumido el 'no' de Alemania, Holanda o Austria. En un documento que Moncloa ha enviado a Bruselas vuelve a apostar por que se usen los fondos europeos para financiar el aumento en defensa.

Cambios en el BEI de Calviño

Von der Leyen apenas ha profundizado en el papel que tendrá en Banco Europeo de Inversiones (BEI) para financiar el incremento de defensa, pero en la carta que ha remitido a los líderes de la UE reitera “claro y decisivo”. Así, ha anunciado que la entidad que preside Nadia Calviño comunicará “cambios” para “ampliar el alcance” de su capacidad de financiación a la industria militar.

En la presentación de los resultados de 2024, Calviño aseguró que la financiación para proyectos de defensa se había duplicado el pasado año dedicando 1.000 millones de euros de los 89.000 millones que movilizó en total. El incremento se debió al cambio de las reglas internas de la entidad para rebajar los límites que tenía para invertir en proyectos de doble uso (civil y militar) y facilitar de esa manera la inversión específica en proyectos de defensa. Con esa modificación de las normas del BEI, que supone que ya no se tienen que invertir en proyectos que destinen al menos el 50% para uso civil, se han incrementado las inversiones.

Tras esa presentación, la mayoría de líderes europeos, entre ellos Pedro Sánchez, pidieron al BEI que aumente aún más sus capacidades. Ahora es Calviño la que tiene que mover ficha y hasta ahora se ha mostrado reticente a financiar armas. “No somos un Ministerio de Defensa”, dijo en esa rueda de prensa.

La quinta pata del plan de rearme de Von der Leyen pasa por la movilización de capital privado para lo que apuesta por favorecer el acceso a la financiación y completar la Unión del Mercado de Capitales, que se resiste desde hace años. “Tenemos que asegurar que los miles de millones de ahorros de los europeos se invierten en los mercados dentro de la UE”, dice Von der Leyen en su misiva.

Fuente: https://www.eldiario.es/internacion...

Aquest dilluns, 3 de març, comença el Mobile World Congres a Barcelona i moltes organitzacions hem anat al davant de Fira de Barcelona per denunciar el pavelló dedicat a Israel i la presència d'empreses còmplices del genocidi contra el poble palestí.

Des d'Ecologistes en Acció ens hem sumat amb la Coalició Prou Complicitat a la iniciativa La Fira en la mira, que posa el focus en les activitats d'aquest ens, i SETEM Catalunya, que organitza el Mobile Social Congress. Diversos mitjans de comunicació se n'han fet ressò.

Ja vam demanar a la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona que evitéssin aquesta presència durant l'esdeveniment, però no vam ser escoltades.

Hem anat a fer soroll per tornar a cridar: Genocides, fora de la Fira i de la nostra ciutat!
Prou complicitat!

Visca Palestina!

Font: https://www.ecologistasenaccion.org...

Rafa Máiquez - Redactor

Algeciras/La madre de un recluso de la cárcel de Botafuegos, en Algeciras, ha denunciado ante el juzgado que su hijo fue objeto de una paliza por parte de varios funcionarios. Según la denuncia, los hechos tuvieron lugar el pasado 14 de febrero en torno a las 13:00 en el módulo 15, y el interno no ha sido sometido a una inspección médica exhaustiva a pesar de que presentaba hematomas "en el 90% de su cuerpo", además de protuberancias en la cabeza y supuraba por un oído. La principal preocupación de la familia es que se le pueda realizar un examen médico exhaustivo en el hospital que descarte que sufre alguna lesión interna.

El escrito presentado en el juzgado indica: "El motivo de la agresión, según los funcionarios del turno, fue que mi hijo facilitó algo a algún compañero, cosa que negó en todo momento, por lo que la funcionaria que se hallaba en el turno le propinó amenazas que cito textualmente: 'quédate con mi cara que no vas a poder olvidar en un montón de años'. Seguidamente, cerraron las puertas, dejándole en su habitación, y se oyó 'código dos'. Todo se originó en segundos, se presentaron varios funcionarios y fue conducido a una habitación, donde fue desnudado, golpeado, pateado brutalmente, hasta quedar casi inconsciente, escuchando a alguien decir 'nos estamos pasando'".

La denuncia fue interpuesta el lunes 17, un día después de que la madre del recluso tuviera conocimiento de los hechos, y asegura que aún no había sido atendido por los servicios médicos. "De lo mal que se encontraba, al día siguiente no pudo realizar las pertinentes llamadas que recibo, hasta cuatro al día. Comunicó el domingo 16 a las 13:00", indica el escrito.

Fuentes de Instituciones Penitenciarias han indicado a Europa Sur que una vez que la denuncia sea tramitada en el Juzgado -se interpuso a través del juzgado que estaba en funciones de guardia y tenía que entrar en reparto- realizará los informes que le sean solicitados durante la investigación de los hechos.

Fuente: https://www.europasur.es/algeciras/...

Más info

La hoja de ruta, con o sin presupuestos, pasa por créditos y el fondo de contingencia.

Joaquín Vera

La rotundidad con la que el Gobierno asegura que España cumplirá con su compromiso ante la OTAN de destinar en el 2029 el 2% del Producto Interior Bruto (PIB) a gasto militar contrasta, aparentemente, con la incertidumbre sobre la aprobación de unos nuevos presupuestos generales del Estado, que permitan seguir elevando progresivamente la partida destinada al Ministerio de Defensa, como se viene haciendo desde la invasión rusa de Ucrania. El plan A sigue pasando por sacar adelante unas nuevas cuentas que, a falta de lograr los apoyos suficientes, darían al ministerio de Margarita Robles una “notable” asignación de recursos, según fuentes ministeriales. En el 2023 ese incremento ya fue del 26% con respecto al año anterior. Pero si los presupuestos se vuelven a prorrogar, el Gobierno dispone de un plan B, que ya viene explotando, con el que seguir disparando el gasto armamentístico únicamente desde la mesa del Consejo de Ministros. De esta última forma, sin el aval del Congreso de los Diputados, ha aprobado casi 2.000 millones para Defensa en el último trimestre.

Las cifras sobre el gasto militar bailan según el organismo que se consulte. Pero atendiendo a los números recabados por la OTAN, España ocupó en el 2024 el último puesto en el ranking de los 32 aliados, con un 1,28% del PIB. Una cifra que podría, incluso, desinflarse unas centésimas si se consolida que la economía española creció el pasado año más de lo previsto. Pese a esa posición, lo cierto es que España es el tercer país de la Alianza Atlántica que más ha incrementado su inversión en Defensa en los últimos años. Entre 2014 y 2024, aumentó este gasto en 10.215 millones de euros: de los 9.508 a los 19.723. Una tasa que, según Félix Arteaga, investigador principal del Real Instituto Elcano, denota “un innegable esfuerzo presupuestario”. “Pero el relativamente elevado crecimiento de nuestra economía durante ese período diluye su visibilidad: en términos de PIB nuestro gasto en defensa aumentó menos de cuatro décimas –en concreto, 0,36%–, pasando del 0,92% al 1,28% del PIB”, resalta en su última publicación.

Defensa trabaja en casi cuarenta programas para la adquisición de material para las fuerzas armadas

Según fuentes de Defensa, el ministerio dispone este año, con el presupuesto prorrogado, de un crédito total de 15.460 millones de euros. Y no hay ni un solo euro que no tenga destino claro. De hecho, en los últimos ejercicios, la cartera de Robes no solo es la que más presupuesto ha ejecutado, sino la que lo ha superado con creces. Desde su departamento destacan que hay en marcha casi medio centenar de programas de adquisición de material para las fuerzas armadas que seguirán inflando el presupuesto. En el ámbito terrestre; los Vehículos de Combate sobre Ruedas (VCR) 8x8 Dragón –cuyas primeras unidades, que acumulan retrasos, deberían estar listas para entregar en breve al Ejército de Tierra–, la segunda fase de los blindados Pizarro, el misil contracarro Spike o la defensa antiaérea Nasams. En el naval; el submarino S-80, la fragata F-110 o los buques hidrográficos. Y en el ámbito aeronáutico, el programa Halcón, la aeronave de transporte militar A-400, el futuro sistema áereo de combate FCAS y el helicóptero Tigre MK III, entre otros. El Gobierno español se encuentra en el grupo de abanderados para que la Unión Europea emita deuda conjunta, a través de eurobonos, con la que financiar gasto extra en Defensa. Además, el presidente Pedro Sánchez, junto a otros socios europeos, ha instado al Banco Europeo de Inversiones a financiar proyectos militares.

En paralelo, y sin la agonía de pasar por el Congreso donde los socios del Gobierno tienen reticencias en seguir aupando la carrera armamentística, el Ejecutivo está aprobando créditos que están sirviendo para engrosar el gasto. 19 de noviembre de 204. El Consejo de Ministros autoriza un acuerdo marco valorado en 623 millones de euros para la adquisición de munición para aumentar el arsenal del Ejército de Tierra. Ese mismo mes. El Gobierno da luz verde a un plan para renovar el parque de ambulancias sobre ruedas con otro acuerdo de 108 millones. 5 de diciembre del 2024. El Consejo de Ministros pone en marcha un programa, por 82.5 millones, para un puente modular de pontones anfibios con el que renovar el material de ingenieros y zapadores. En estos días, el Ejecutivo ultima una inversión de 400 millones con los que subir, de manera lineal, unos 200 euros el sueldo de todos los miembros de las fuerzas armadas.

El Constitucional, por un recurso del PSOE, anuló créditos de Defensa por saltarse el control parlamentario

Tampoco requiere el aval del Congreso las cantidades que se disponen del Fondo de Contingencia, una hucha que se creó para gastos no imprevistos como desastres naturales, crisis sanitarias o elecciones anticipadas, pero que tradicionalmente viene sufragando las misiones militares en el exterior. En estos momentos, este fondo cobra especial relevancia por el fuerte despliegue internacional que mantienen las fuerzas armadas. En el 2024, más de 15.000 militares participaron en las 17 misiones internacionales. Ese mismo año, Defensa recibió unos 1.300 millones del Fondo de Contingencia: 581 en abril, 332 en junio, y 471 en agosto. Fuentes gubernamentales explican que se mantendrá esta misma dinámica en los próximos meses, en los que España seguirá en el grupo de aliados que más militares aporta en los despliegues en el exterior, con una especial relevancia en el flanco este en tareas de disuasión frente a la amenaza rusa.

Estas técnicas para eludir el control parlamentario han sido censuradas por el Tribunal de Cuentas y el Tribunal Constitucional (TC). En el 2016, el órgano de garantías declaró nulo un crédito por un valor de 856 millones para un programa especial de armamento. El TC estimó un recurso del grupo socialista en el Congreso en el que se recogía que el Gobierno del PP “engañaba” a los ciudadanos al aprobar unas partidas en los presupuestos destinadas a Defensa, pero que después se aumentaban con créditos extraordinarios como el recurrido. El tribunal consideró que el uso sistemático del decreto ley para esos créditos no estaba justificado por razones de urgencia, con las que saltarse al Congreso.

Vuelve el dilema de Defensa sobre la compra de los F-35 de EE.UU.

La compra por parte de España de aviones de combate de quinta generación F-35, fabricados por el gigante norteamericano Lockheed Martin, es una posibilidad que lleva tiempo puesta —con mayor o menor fuerza— sobre la mesa del despacho de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Cada cierto tiempo, con la necesidad de reemplazar los F-18 Hornet del Ejército del Aire y los Harrier AV-8B+ de la Armada como telón de fondo, se reactiva el dilema sobre esta necesidad que causa preocupación en el seno de las fuerzas armadas, frente al enorme sigilo con el que el Gobierno envuelve esta hipotética operación con intereses enfrentados a la industria militar española. Ahora, con la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca, la posibilidad de adquirir estos aviones que se están convirtiendo en la espina dorsal de la defensa aérea de numerosas potencias, vuelve a coger vuelo como un guiño al presidente de Estados Unidos, que tiene en el punto de mira a los países de la OTAN que menos gastan en Defensa.

Fuente: https://www.lavanguardia.com/politi...

A pesar de la reciente matanza perpetrada en Gaza a manos del gobierno de Israel, apenas se habla de la nueva guerra que está librando este mismo país, actualmente en Cisjordania. En cuanto a la guerra de la OTAN contra Rusia, esa banda terrorista internacional, que ya había llegado a su nivel de incompetencia, sigue coleando gracias a los británicos: están intentando embaucar a nuevos mercenarios para que ataquen a Rusia de alguna manera y volver todos los interesados al campo de batalla. De paso dan un motivo estupendo para que Rusia cambie su paciencia por sus misiles Oreshnik. Me llega hoy un comentario de Arnaud Bertrand, traducido del francés del original:

“Se supone que esta mujer (Kallas) es la principal diplomática de Europa y la lección que de alguna manera está sacando de la situación actual es que el siguiente paso para Europa es derrotar a China. Entiendo que Kallas probablemente lo dice para apaciguar a EEUU. Al presentar públicamente a China como un adversario al que hay que derrotar, Kallas básicamente le está diciendo a Trump que Europa no tiene otra alternativa que aceptar los términos que él dicte.

Demuestra que Europa ni siquiera ha comenzado a entender cómo funciona el poder: posicionarse como un vasallo que anticipa los deseos de su partidario no le gana ningún respeto, solo lo explotan, especialmente con Trump. Esta debería ser LA gran lección del momento para los europeos.”

https://x.com/RnaudBertrand/status/...

Hoy día ricas democracias, aunque menguantes y pervertidas, siguen robando a cara descubierta recursos naturales a otros países menos poderosos y hasta se atreven a desafiar a algunos de los más poderosos, Rusia en concreto. Tanta es la avaricia de poseerlos, que les nubla el entendimiento. Los asesores y generales de la OTAN no son unos ineptos, nada de eso, pero unos y otros son complacientes y desprecian al pueblo a quien juran beneficiar y si llega el caso, defender.

En cuanto a España, el Presidente del Gobierno sigue hoy todavía con su perorata sobre Ucrania. No solamente es falsa, sino que avergüenza y degrada mucho a un país que ya estaba perdiendo lustre durante los últimos años. El Presidente Sánchez se ha mimetizado con el Presidente Zelensky mediante su viraje del circo a la presidencia, aunque el español hizo su viraje en sentido contrario.

El probable fin de la guerra entre Estados Unidos y la OTAN contra Rusia, librada en Ucrania, anunciaba un respiro, Sin embargo no desaparece el peligro por ahora. Tres años después del comienzo de la guerra, en 2025 el mundo sigue pendiente de un nuevo Apocalipsis, religioso para unos y laico para otros. Sin embargo, poderosos y ricos no solamente quieren dominar política y económicamente al resto de los seres humanos, sino que también parece que prescindir de la mayoría.

En otro lugar del planeta ha tenido lugar en 2023/24 y sigue en 2025, el genocidio de una importante parte del pueblo palestino, ocupado en su mayor parte por el beligerante Israel, casi durante 80 años. A estos máximos crímenes internacionales cometidos por Israel, se añaden el robo de su tierra, sus casas y hasta su contenido.

Por un lado Israel es el 59º Estado miembro de la ONU desde el 11 de mayo de 1949 y preferente socio en diversos ámbitos del espacio político occidental, también en otros esparcidos por el planeta. Por el otro lado es un Estado delincuente criminal recalcitrante y genocida.
Sin embargo Palestina no ha sido salvada del genocidio por ningún Estado, ni siquiera por medio de una alianza de varios estados. Hay que tener en cuenta la obligación de todos los estados de evitar el genocidio. Además tienen toda la capacidad para lograrlo:

Artículo I: Las Partes contratantes confirman que el genocidio, ya sea cometido en tiempo de paz o en tiempo de guerra, es un delito de derecho internacional que ellas se comprometen a prevenir y a sancionar.

Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, 9 diciembre 1948, de la Asamblea General en su resolución 260 A (III)

https://www.ohchr.org/es/instrument...

Si Israel ha conseguido dejar Gaza inhabitable, otros países con intenciones genocidas lo pueden hacer también. Todos los países pierden, en particular los débiles. Además, la Humanidad se deshumaniza sin duda, mirar para otro lado es un pésimo acto del que son responsables todos los países, pues dejan completamente abierta la puerta para un nuevo genocidio.

Por si acaso no hubiera ya en el mundo bastante preocupación a causa de esas feroces y mortíferas guerras, la casta de los gobernantes tiene vergüenza de sobra para urdir sus pequeñas o grandes felonías. Es demencial todo lo que está pasando y por tanto hay que añadir a la guerra una lista de sus tropelías. Se diría que están programados para hacer daño y no se puede convivir en paz con esa gentuza. Me refiero a notorios robos y abusos por parte de gobernantes en cualquier latitud. Siguen unos ejemplos muy conocidos en diversos partes del mundo.

¿Cómo es posible que el Reino Unido haya robado 31 toneladas de oro de Venezuela, valoradas en más de 1.900 millones de dólares, que siguen custodiadas desde hace años en las cámaras acorazadas del Banco de Inglaterra?

https://semanariouniversidad.com/mu...

¿Cómo es posible que incluso Estados Unidos y sus aliados occidentales prohibieron transacciones con el Banco Central de Rusia y el ministerio de Finanzas, además de congelar cerca unos 300.000 millones de dólares en activos soberanos rusos, la mayoría de los cuales se encuentran actualmente en instituciones europeas?

https://www.france24.com/es/europa/...

¿Cómo es posible que Francia haya robado 440.000 millones de euros a los países africanos occidentales a través del Franco CFA?

https://blogs.mediapart.fr/jecmaus/...

¿Cómo es posible que en el país más pirata de todos, Estados Unidos, su novísimo presidente diga en voz bien alta que quiere quedarse con Méjico, Groenlandia, Cánada, Gaza y algo más que se le ocurrirá mañana? En realidad quiere aprovecharse de todo: la paz, la guerra, las extorsiones, los 'acuerdos de paz', las capitulaciones y los despojos de matanzas y destrucciones; desde luego también las versiones de Hollywood sobre sus correrías transformadas en propaganda política.

https://www.democracynow.org/es/202...

¿Cómo es posible que en plena guerra haya ucranianos robando a ucranianos y a Ucrania?

https://galaxiamilitar.es/ucrania-d...

Dentro de la casta de gobernantes occidentales piratas, está la especie de los macarras. El Presidente Milei roba a sus propios ciudadanos mediante antiguos esquemas Ponzi, a base de engañarles con la promesa de ganar dinero digital.

https://www.elciudadano.com/latinoa...

Luego están los que actúan contra sus compatriotas desviando su responsabilidad política mediante excusas. El Presidente Borich ha dejado sin luz a los chilenos y se ha puesto de lado para que no le afecte el asunto. Sin embargo sabía que al privatizar la compañía estatal de la luz, se hundiría porque los empresarios privados se preocupan de sus propios beneficios en lugar del bien público.

https://www.eldebate.com/internacio...

Una noticia reciente (27/2/25) referida a España: “Zapatero bendice al lobby que defiende un Sáhara anexionado a Marruecos y que el CNI tilda de organización ‘pantalla' de Rabat. El ex presidente alaba al MSP y pide ‘escuchar' y "respetar" su voz alterna al Polisario.”

https://www.elmundo.es/espana/2025/...

Etc., etc, etc. Falta saber qué piensa la población española y la de otras concernidas de todo esto.

Podemos decir que este Encuentro Nacional de Jóvenes por la Paz, amplía un nuevo capítulo de las juventudes, al tiempo que reconoce y se nutre de los más valiosos logros actuales como históricos del movimiento social colombiano y entre ellos el reconocimiento del poder transformador que posee el Acuerdo de La Habana, entonces como lo han hecho siempre, se convierten en un nuevo referente de lucha, creatividad y resistencia.

Alexander Gallego

El 15 y 16 de febrero se dieron cita en la ciudad de Bogotá más de 130 jóvenes de 24 departamentos del país, quienes organizados en 8 regiones han venido trabajando en la conformación de la apuesta que se ha denominado Movimiento Juvenil por la Paz.

Un proceso que “reivindica y defiende los derechos integrales de las juventudes colombianas excluidas, marginadas, estigmatizadas, víctimas del conflicto y quienes se identifican con las luchas contra las desigualdades, por la justicia social y la transformación de la sociedad a través de la cultura, la creatividad y rebeldía propia de la juventud, con el fin de que se pueda consolidar como protagonista en la construcción del nuevo poder, que requiere la más amplia y patriótica expresión de unidad nacional de las juventudes en la edificación de la paz, que una a la sociedad colombiana por la conquista de la soberanía y el bien vivir.” (Declaración Política Encuentro Nacional de Jóvenes por la Paz)

Para esto, desde la CSIVI (Comisión de Seguimiento Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo de Paz), nos sumamos a esta iniciativa impulsando diversos encuentros, pedagogías, espacios y actividades durante el año 2024, con el fin de fortalecer el papel de las juventudes en la construcción de paz con justicia social desde su compromiso, apropiación e impulso de cada uno de los componentes del Acuerdo Final de Paz de La Habana.

El espacio fue instalado con la participación del Departamento Nacional de Planeación desde la dirección de DDHH y Paz, el delegado de la Segunda Misión de las Naciones Unidas Raúl Rosende, la delegada de la CSIVI COMUNES Manuela Marín y el delegado de la CSIVI COMUNES Federico Montes, quien a su vez es hoy el representante de la Alta Parte Contratante a la luz de los Convenios de Ginebra ante el Consejo de Seguridad de las Nacionales Unidades en la ciudad de New York.

A su instalación se sumaron los saludos de la Embajadora de México Patricia Ruiz, la directora del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas Alice Beccaro, el representante de la Alta Parte Contratante Rodrigo Londoño, la senadora Sandra Ramírez por el partido Comunes y un saludo enviado por la V Asamblea departamental de Santander de la coordinadora Somos Tierra.

Durante el desarrollo del encuentro y luego de haber realizado el panel de instalación las y los jóvenes, trabajaron en la construcción de sus objetivos logrando reconocerse como la Generación Garante qué desde sus múltiples espacios, expresiones, apuestas, procesos y demás, se han venido comprometiendo en el impulso y defensa de la implementación integral del AFP.

Las juventudes asistentes se han propuesto “su papel como Generación Garante de la vida, la autodeterminación territorial, la apertura democrática para las juventudes, el cuidado del medio ambiente, el acceso integral al deporte, las luchas de las mujeres y las diversidades sexuales, el derecho a la ciudad para las juventudes y su libre expresión, la educación para la transformación social, la edificación la soberanía alimentaria y un campo para las juventudes, la ciencia para el cambio de modelo económico, por uno altamente solidario, que reconozca los procesos étnicos y la diversidad cultural, la objeción de conciencia frente al impacto del militarismo en la vida juvenil, que se dispute la dignidad laboral y el empleo digno, reuniendo todos los esfuerzos necesarios hacia la implementación integral del Acuerdo Final de Paz como primer paso hacia la reconstrucción de la sociedad en la vía de una paz completa, estable y duradera que cimente las bases de una Colombia con justicia social” (Declaración Política Encuentro Nacional de Jóvenes por la Paz)

Según el Encuentro Nacional de Jóvenes por la Paz, las juventudes se reconocen como la suma de expresiones en que se manifiestan partiendo del arraigo y diversidad de los territorios, definiendo la creatividad como una las herramienta que les permita el encuentro con las demás expresiones juveniles que reconocen la paz como la manifestación integral de todos sus reclamos históricos y en todos los escenarios donde ellas se mueven.

En momento en que el país enfrente serias dificultades para la superación de las violencias estructurales, directas y culturales, las juventudes dialogaron desde sus vivencias sobre las complejas realidades que se viven en los territorios, sobre el reclutamiento de menores para las estructuras armadas y la desmilitarización de la vida, los problemas adjuntos al fenómeno de los cultivos de uso ilícito, las consecuencias de la deforestación y el cambio climático, los desafíos en materia de educación, empleo, acceso a tierra; también dieron especial atención a los desafíos que enfrentan las comunidades y pueblos étnicos en el marco de las disputas que viven varios territorios, su compromiso con las luchas de los campesinos, los procesos de las mujeres y la forma en que siguen enfrentadas a una sociedad que les excluye y niega el reconocimiento pleno de sus derechos. Las y los jóvenes también manifestaron sus preocupaciones por el insistente asesinato de firmantes del acuerdo, de líderes y lideresas, expresando su solidaridad con las regiones del Catatumbo, el Plateado y demás que son objeto de grabes situaciones de inseguridad.

Podemos decir que este Encuentro Nacional de Jóvenes por la Paz, amplía un nuevo capítulo de las juventudes, al tiempo que reconoce y se nutre de los más valiosos logros actuales como históricos del movimiento social colombiano y entre ellos el reconocimiento del poder transformador que posee el Acuerdo de La Habana, entonces como lo han hecho siempre, se convierten en un nuevo referente de lucha, creatividad y resistencia para lograr la construcción de una sociedad más justa y humana.

Fuente: https://prensarural.org/spip/spip.p...