Tortuga Antimilitar

Los autores de la revista British Medical Journal (BMJ) presentan pruebas de que los trabajadores sanitarios israelíes participaron o no impidieron los abusos contra los detenidos palestinos.

Un nuevo informe publicado el viernes en la prestigiosa revista médica revisada por pares BMJ detalla numerosas pruebas de tortura y trato inhumano a palestinos recluidos en centros de detención israelíes desde 2023, incluidas acusaciones de complicidad por parte de trabajadores sanitarios israelíes.

El informe, coescrito por médicos y expertos médicos, entre ellos la Dra. Sara el-Solh y el médico y profesor noruego Mads Gilbert, cita múltiples casos documentados de violencia física, psicológica y sexual contra detenidos palestinos.

El informe afirma que «al menos 75 palestinos, incluidos niños, han muerto o han sido asesinados mientras se encontraban detenidos en Israel desde octubre de 2023», citando datos de las Naciones Unidas. Los supervivientes detenidos sin cargos describieron «palizas repetidas y condiciones horribles», según los autores.

Los autores señalan que las autoridades del régimen israelí han reconocido en el pasado la tortura de detenidos palestinos. El informe cita una conclusión según la cual se ha utilizado la tortura «sistemáticamente» contra detenidos palestinos, haciendo referencia a una admisión del régimen israelí documentada anteriormente por The Guardian.

Complicidad médica

El informe de BMJ destaca el testimonio de antiguos detenidos y denunciantes israelíes que indican que los trabajadores sanitarios israelíes facilitaron o no impidieron actos de tortura.

En una serie de testimonios de denunciantes del centro de detención de Sde Teiman, el informe cita a un médico israelí que afirmó que se ordenó a los médicos «no escribir sus nombres en los documentos oficiales» porque «los funcionarios temían que pudieran ser identificados y acusados de crímenes de guerra».

El informe también hace referencia a un documento del Ministerio de Salud israelí, revisado por el New York Times, en el que se afirmaba que los detenidos palestinos que recibían tratamiento en el centro debían ser «vendados y esposados a sus camas».

Se cita a Médicos por los DDHH Israel describiendo las condiciones en Sde Teiman como «un punto bajo para la ética médica y la profesionalidad» y concluyendo que «el sistema sanitario israelí ha permitido las violaciones éticas anteriormente descritas en relación con el tratamiento médico de los detenidos de Gaza».

Los autores del BMJ escriben que algunos detenidos denunciaron que el personal médico israelí era «físicamente violento», les negaba tratamiento o no trataba adecuadamente sus lesiones.

Detención de trabajadores sanitarios palestinos

El número de presos políticos palestinos recluidos en prisiones y centros de detención israelíes superaba los 9.100 en octubre de 2025, según escriben los autores. Entre ellos se encuentran al menos 95 trabajadores sanitarios palestinos detenidos desde la escalada de violencia en Gaza.

Los autores sitúan estas prácticas en el marco de un patrón más amplio de ataques contra la sanidad palestina y escriben que «más de 1.700 trabajadores sanitarios palestinos en Gaza» han sido asesinados desde octubre de 2023, junto con la «destrucción sistemática y selectiva de la infraestructura sanitaria, incluidos hospitales, clínicas, ambulancias y equipos médicos esenciales».

Afirman que estas acciones constituyen «claras violaciones del Cuarto Convenio de Ginebra», que protege al personal médico durante los conflictos armados.

Llamamiento a la rendición de cuentas

Los autores critican lo que denominan «silencio institucional» entre los organismos médicos mundiales, y escriben: «El hecho de no condenar explícitamente las violaciones de manera oportuna, de no nombrar claramente a los autores y de no exigir la rendición de cuentas… constituye complicidad».

Piden a las asociaciones médicas mundiales, incluida la Asociación Médica Mundial, que «revoquen la condición» de la Asociación Médica Israelí a menos que investigue y cuestione la participación médica en los abusos, estableciendo una comparación con la exclusión de las asociaciones médicas de Sudáfrica y Rodesia durante el apartheid.

«No hay lugar para el uso indebido de la medicina como complemento de la represión y la violencia estatales… tenemos la obligación moral y legal, no solo de alzar la voz, sino también de actuar», concluye el informe.

Extracción de órganos

Por otra parte, y relacionado también con la devolución de presos palestinos, según informa The New Arab, el renombrado cirujano plástico y reconstructivo británico-palestino Dr. Ghassan Abu Sittah ha afirmado que los cadáveres de los palestinos fallecidos devueltos a Gaza por Israel muestran evidencias irrefutables de extracción profesional de órganos.

En declaraciones a Al Jazeera a principios de esta semana, Abu Sittah compartió su opinión profesional sobre las imágenes de los palestinos fallecidos que le mostró el medio de comunicación con sede en Catar.

«La primera observación es que, en todos los cadáveres a los que se les extrajeron o extirparon órganos, se trata de órganos que ahora se trasplantan de forma rutinaria: el corazón, los pulmones, el hígado, los riñones y las córneas», afirmó Abu Sittah, que pasó más de un mes trabajando en los hospitales de Gaza durante la guerra.

El cirujano plástico y reconstructivo añadió que la precisión con la que se extrajeron los órganos indicaba que se trataba de manos profesionales.

«El método de extracción —la caja torácica y las costillas fueron cortadas con una sierra afilada, una sierra médica, una sierra para huesos— y el esternón, junto con la parte central de las costillas, se levantó para permitir la extracción del corazón y los pulmones sin dañar los órganos que se extraían», dijo, señalando que la piel de todas las víctimas parecía estar quemada por nitrógeno líquido, un producto químico utilizado para preservar los tejidos.

«Lo esencial es que no se produjeron daños en los órganos restantes, lo que significa que la extracción fue realizada quirúrgicamente por un cirujano experimentado».

De manera escalofriante, Abu Sittah citó múltiples testimonios de testigos que afirmaron que las víctimas estaban vivas en el momento de la extracción.

Los cadáveres devueltos por Israel eran los de palestinos secuestrados o asesinados por las fuerzas del régimen israelí en Gaza. Los cadáveres fueron devueltos a los palestinos como parte del acuerdo de alto el fuego negociado por EEUU.

En octubre, Israel devolvió al menos 135 cadáveres a la Franja de Gaza, que presentaban signos de tortura y mutilación.

Uno de los cadáveres, el del detenido palestino Mahmud Ismail Shabat, de 34 años, del norte de Gaza, mostraba que sus piernas habían sido aplastadas por las orugas de un tanque, así como marcas de ahorcamiento alrededor del cuello.

Otras decenas de cadáveres mostraban signos visibles de tortura, como las manos atadas a la espalda de las víctimas y los brazos dislocados, así como cuerdas alrededor del cuello.

Ya en diciembre de 2023, dos meses después del inicio del genocidio de Israel en Gaza, las autoridades palestinas habían dado la voz de alarma sobre la extracción de órganos por parte de Israel. Los médicos informaron entonces de que los cadáveres eran devueltos con mutilaciones importantes, incluida la desaparición de órganos transplantables.

Fuente:
https://vocesdelmundoes.com/2025/11...

Antonio M. Vélez

La elevada incertidumbre geopolítica y el boom del gasto militar han puesto de moda al sector de la defensa, una industria que en España es eminentemente exportadora, compuesta en su mayoría por pymes y cuyo punta de lanza es la cotizada Indra.

El pasado 29 de octubre, la principal empresa española de tecnología punta, con la que el Gobierno está intentando armar un gran operador nacional, celebró un concurrido acto en Ifema, el recinto ferial madrileño cuyo comité ejecutivo preside su CEO, José Vicente de los Mozos.

En el evento (jamón ibérico a discreción, como en los tiempos de la burbuja inmobiliaria), Indra citó a 600 empresas, centros de investigación y universidades para “reafirmar su compromiso como empresa tractora y apoyarse en los Programas Especiales de Modernización [PEM] como palanca para reforzar la competitividad del sector y convertirlo en referente en la Europa de la Defensa”.

El encuentro resume el momento del sector, con Indra como gran protagonista. Descartada la empresa pública de energía que el Gobierno socialista llegó a poner sobre la mesa en los albores de la crisis energética que provocó Rusia con la invasión de Ucrania, el Estado lleva tiempo incrementando su peso en el sector de Defensa, con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) e Indra como ejes vertebradores.

Superada su profunda crisis en época del polémico Javier Monzón (descabalgado en 2015 tras la entrada temporal de Telefónica en Indra), la compañía que preside desde enero Ángel Escribano, tras la marcha de Marc Murtra a la 'teleco', lidera las subidas del Ibex este año (sube cerca del 190%) y espera cumplir ya los objetivos que tenía para 2026.

Indra, que tradicionalmente obtenía no más del 20% de sus ingresos de la tecnología militar, ha sido la gran beneficiada de los más de 14.000 millones de euros en préstamos al 0% que el Gobierno concedió a dedo entre septiembre y octubre para los PEM del Ministerio de Defensa, al calor del Plan Rearm UE, dotado con 800.000 millones de euros. El grupo acaba de cifrar en 10.000 millones su cartera de pedidos en Defensa para 2026.

“Nunca había visto una oportunidad como esta”, decía hace unos días el presidente ejecutivo de Indra, a su vez copropietario de su primer accionista privado (14,3%), Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), con el que Indra planea una absorción muy polémica por el evidente conflicto de interés que supone.

Escribano reconocía que en 30 años en el sector no había visto algo así. Ante las exigencias de la OTAN y el plan del Gobierno para incrementar el gasto en defensa al 2% del PIB, “las empresas tenemos que generar el conocimiento, las capacidades, y no dejar pasar esta oportunidad”.

Indra controla hace años la electrónica de muchas Administraciones (también los procesos electorales) y es líder mundial en tecnología de control del tráfico aéreo.

Entre otros proyectos, desarrolla radares para los ejércitos de España, Reino Unido, Francia, Alemania o Dinamarca, además de la OTAN; y es el coordinador industrial español del mayor programa de defensa colaborativo de Europa, el FCAS o Futuro Sistema de Combate Aéreo, llamado a competir con el F-35 estadounidense cuya compra descartó Defensa este verano. En el FCAS participa el gigante europeo Airbus, del que el principal accionista de Indra, la SEPI, tiene un 5%.

Con más de 61.000 empleados y una facturación de 4.800 millones en 2024, aunque mucho más pequeña que los grandes gigantes del sector de defensa, Indra tuvo un origen vinculado al sector público, resultado de la absorción de la empresa privada Ceselsa por la estatal Inisel. En 2013, con la extinta Bankia en la UVI, la SEPI compró el 20% de la antigua Caja Madrid en el grupo. En febrero de 2022, dos días antes de la invasión de Ucrania, el Gobierno de Pedro Sánchez autorizó al holding estatal a aumentar su participación hasta el 27% actual.

Tras tantear su compra sin éxito, en 2023 Indra adquirió por 175 millones cerca del 10% de ITP Aero, referente mundial en motores aeronáuticos de aviación, que suministra los propulsores de Airbus. Con ventas de 1.612 millones en 2024, en ITP son accionistas el fondo estadounidense Bain Capital (69,5%), JB Capital, de Javier Botín (10%), y el Gobierno vasco (6%).

Poco después de la entrada en ITP irrumpió en Indra la familia Escribano, con un 3,4% inicial que elevó progresivamente hasta el 14,3% actual. El próximo día 28, Indra aprobará en una junta extraordinaria sacar del consejo a dos consejeras independientes contrarias a la absorción de EM&E, operación que los Escribano quieren cerrar antes de fin de año y con la que podrían elevar su paquete en Indra a cerca del 30%.

EM&E es una empresa de una dimensión muy inferior a la de Indra. Con unos 1.250 empleados, en 2024 facturó 355 millones (en 2019 sus ventas no llegaban a 55 millones). En los últimos años ha recibido adjudicaciones multimillonarias de Defensa, muchas sin concurrencia. En marzo, el presidente de EM&E, Javier Escribano, hermano de Ángel Escribano y consejero de Indra, confió en facturar unos 400 millones en 2025. En octubre, elevó la cifra a 480 millones.

Con sede en Alcalá de Henares (Madrid), EM&E suministra sus sistemas a las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad de todo el mundo. Presente en más de 25 países, era semidesconocida cuando en 2019 fichó como asesor al ex secretario de Estado de Defensa Agustín Conde, que estuvo unos meses en el grupo fundado por el padre de los Escribano, tornero, como sus hijos.

EM&E tuvo entre 2015 y 2021 como accionista minoritario al fondo soberano de Omán. Copó titulares en 2020 al adjudicarse la fabricación de respiradores en los momentos más críticos de la pandemia. Meses después se creó el consorcio TESS Defence, en el que Indra tiene un 51% desde este año, y que debe fabricar los nuevos blindados 8x8 Dragón para el Ejército de Tierra, que ya acumulan importantes retrasos, lo que ha provocado una reprimenda pública de la ministra de Defensa, Margarita Robles.

En TESS son socios los Escribano, la estadounidense General Dynamics, dueña de la española Santa Bárbara, que quiere aumentar un 70% su producción en España y en junio anunció un acuerdo de colaboración con Escribano “para desarrollar conjuntamente oportunidades en el sector de la Defensa”; y la vasca SAPA, a su vez dueña del 7,94% de Indra, ligeramente por encima del 7,24% de Amber Capital, del presidente de Prisa, Joseph Oughourlian.

SAPA facturó 67 millones en 2024, un 23,5% más, con un beneficio de 2,89 millones, y prevé 800 millones de ingresos en 2032. El grupo vasco acaba de ampliar su alianza estratégica con General Dynamics para el desarrollo cooperativo de vehículos next gen del Ejército norteamericano, un hito para el sector español de defensa. SAPA está entre los accionistas de Indra reacios a la absorción de EM&E. Sus propietarios, Ibon y Jokin Aperribay (presidente de la Real Sociedad) se reunieron el pasado lunes en Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En la Junta del día 28, Indra prevé aprobar la compra de Hispasat, el operador de satélites que compró a principios de año a Redeia, otra participada de la SEPI, por 725 millones. Se hará así con un 43% de Hisdesat, operadora de servicios por satélite para clientes gubernamentales y de defensa, seguridad e inteligencia en la que ya tiene un 5%. En ella participan ISDEFE (tecnológica adscrita a Defensa, con un 30%), Airbus Defence & Space (15%), y Sener (5%).

Hisdesat es otra gran beneficiada por los PEM junto al gigante Airbus, que prepara la creación de un gigante europeo del espacio junto a la francesa Thales y la italiana Leonardo, que tendrá una de sus cinco filiales en España. En los PEM también participa Oesía, antigua IT Deusto, socia de Indra y SEPI en Epicom (antigua filial de Duro Felguera). Entre sus filiales están UAV Navigation, Cipherbit o Tecnobit, especializada en desarrollo y fabricación de tecnología de visión inteligente, simulación y comunicaciones tácticas.

En septiembre Indra aseguró que “a día de hoy” no mantenía conversaciones para adquirir Oesía, que en 2024 facturó un nuevo récord de 256 millones. El grupo que pilota Luis Furnells, con más de una decena de militares como asesores y consejeros, tuvo hace años entre sus socios minoritarios al recientemente fallecido Francisco de Borbón, Duque de Sevilla.

Otra gran beneficiaria de los PEM, junto a Telefónica (de la que SEPI tiene un 10%) es Navantia, 100% de SEPI. Con ventas de 1.528 millones en 2024, los astilleros públicos llevan décadas en pérdidas (200 millones de números rojos en 2024), pero son un importante polo de empleo en Cádiz, Ferrol y Cartagena. Especialista en fabricar buques de guerra, Navantia es la primera empresa española en el ranking de 100 mayores compañías del sector que elabora Defense News. Está en el puesto 84. Indra (87) es la otra española en ese listado, copado por firmas estadounidenses.

También recibirá préstamos al 0% de los PEM la gallega Urovesa, fabricante de todoterrenos militares, contra incendios y de recogida de residuos urbanos. Con ventas de 125 millones en 2024, el 75% de su negocio procede de la pata militar. Empresa familiar, en ella es consejera Cecilia Sierra, concejala del PP en varias áreas del Gobierno local de Santiago entre 2011 y 2014.

Otro nombre seleccionado para los PEM es la malagueña Aertec, que hace unos meses vendió a Indra su división de sistemas aéreos no tripulados, Aertec Defence & Aerial Systems (DAS). En 2024 facturó unos 40 millones.

Un clásico

Un clásico del sector es la ingeniera vasca Sener, accionista mayoritario de ITP hasta que en 2016 vendió su paquete a Rolls-Royce. Con más de 4.000 empleados, sus ingresos totales (Mobility, Aeroespacial y Defensa, Energía y la central de diseño de centros de datos, Quark) fueron de 710 millones en 2024. El 86% vino del exterior.

La empresa de la familia Sendagorta, estrechamente vinculada al Opus Dei, creó en septiembre de 2021 el consorcio Sistemas de Misiles de España (SMS) junto a Escribano y la madrileña GMV, dedicada a espacio, aeronáutica, defensa y seguridad, ciberseguridad, sistemas inteligentes de transporte, automoción, sanidad, telecomunicaciones y tecnologías de la información para Administraciones y grandes empresas. GMV, vetada por el Banco Mundial en 2021 por prácticas corruptas en Vietnam, facturó 454 millones en 2024.

Al proyecto de SMS se sumó en febrero de 2023 el fabricante de armamento Instalaza. Con unos 48 millones de facturación en 2024, Instalaza era socia de la extinta empresa semipública de exportación de armas Defex, protagonista de un gravísimo escándalo de corrupción hace una década que salpicó a empresas como Deimos, que Elecnor, de varias familias de aristócratas, vendió a Indra en 2024.

En Defex era socia Maxam, cuya división de defensa, Expal, compró el gigante alemán Rheinmetall a finales de 2022. La operación, valorada en 1.200 millones, propició una multa de 13 millones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por aportar información engañosa sobre la fusión.

En Instalaza fue consejero Pedro Morenés antes de ser ministro de Defensa con Mariano Rajoy. Hoy preside Amper, que en 2024 obtuvo de la pata de Defensa, Seguridad y Comunicaciones el 20% de los 84 millones que facturó. En Amper es consejera Luisa Poncela, ex alto cargo en Economía con Luis de Guindos. Su vicesecretario, Miguel Crespo, ex de Bankia y ex colaborador de Rodrigo Rato, está imputado en el escándalo de Equipo Económico.

Varias empresas del sector han cambiado de manos recientemente. Alfariver, antigua Star Defence Logistics & Engineering (SDLE), fue vendida en 2024 tras ser sancionada en 2023 por la CNMC por repartirse con dos empresas licitaciones de Defensa valoradas en 60 millones relacionadas con el mantenimiento de vehículos militares (como los Centauro, Leopard, Pizarro, BMR, VEC y RG-31) y material de campamento. Con ventas de 54 millones en 2024, su presidenta es Rosa Aza, ex presidenta de Duro Felguera y vinculada al PSOE asturiano.

Aciturri, fabricante de componentes de motor para clientes como Airbus, Boeing, Embraer, Dassault o Rolls Royce, vendió a finales de 2024 el 51% de su división de Aeroestructuras a la belga Sonaca, en una operación valorada en unos 500 millones. Este año prevé superar los 260 millones en ventas.

El sector atrae desde hace años el interés de los fondos. Alguno tan mediático como Hyperion, especializado en defensa y ciberseguridad y lanzado en enero de 2024 por el anterior líder del PP, Pablo Casado, y Ricardo Gómez-Acebo Botín, sobrino de Ana Botín. Acaba de anunciar otro fondo de hasta 500 millones para 2026, tras captar 150 millones de los que el 40% ya ha destinado a empresas como la industrial catalana Gutmar, las aeronáuticas Brok-air y ATS Aviation y las espaciales Pangea Aeroespace y Sateliot.

Otro ejemplo es Towerbrook, primer accionista de la vitoriana Aernnova Aerospace, suministrador de la industria aeronáutica que surgió en 2006 de la adquisición de la división aeronáutica de Gamesa. En 2017 lo compró al fondo Springwater, especialista en empresas en dificultades, junto a Torreal (de la familia Abelló) y Península, de Borja Prado, expresidente de Endesa o Mediaset.

Fuente: https://www.eldiario.es/economia/se...

Harriet Barber / Santiago Rodríguez Álvarez
Medellín / Bogotá

Al principio, a los mercenarios colombianos curtidos por décadas de guerra en la selva, el conflicto de Sudán les parecía lento. “En Sudán duermen por las noches, ni siquiera dejan a alguien en seguridad porque todo el mundo se va a la cama”, dice Carlos, uno de los cientos de colombianos contratados para luchar en el país africano. “Los colombianos somos diferentes, estamos acostumbrados a otro tipo de guerra”.

Cuando él y sus compañeros colombianos llegaron al frente, siguieron adelante en la oscuridad adentrándose cada vez más en territorio enemigo. “Y entonces empezaron a producirse muchos más combates y muchas más muertes”, dice.

Carlos llegó a Sudán a principios de 2025, casi dos años después de que comenzara la brutal guerra civil entre el Ejército y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF).

Según representantes de la ONU, el conflicto ha sumido a Sudán en una de las peores pesadillas humanitarias de la historia reciente: 150.000 asesinados, según algunas fuentes; mujeres y niñas violadas y secuestradas y casi 13 millones de sudaneses obligados a huir de sus hogares en la mayor crisis de desplazamiento forzado del mundo. El pasado jueves, las RSF anunciaron su “conformidad” con una tregua humanitaria en Sudán propuesta por EEUU, Egipto, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.

El Fasher, capital de Darfur del Norte, ha caído en manos de las RSF tras 18 meses de asedio. Cientos de miles de personas han estado atrapadas en esta ciudad devastada donde no ha entrado ningún tipo de ayuda durante más de un año y medio, y los niños se han visto obligados a comer langostas y pienso para animales. El Fasher es el lugar al que fueron enviados los colombianos que luchan para las RSF. “La guerra es un negocio”, dice Carlos.

La participación de los mercenarios salió a la luz en 2024, cuando el medio bogotano La Silla Vacía publicó una investigación sobre la contratación de más de 300 exsoldados colombianos en Sudán, provocando una inédita disculpa por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

El trabajo de los colombianos no termina en el campo de batalla. Los combatientes admiten haber entrenado a niños soldados de Sudán y hay fotos de ellos operando en Zamzam, el mayor campo de desplazados forzosos de Sudán. En abril, las RSF arrasaron Zamzam en una de las peores masacres de esta guerra, según la ONU. Mataron a entre 300 y 1.500 personas.

“Hemos sido testigos de un doble crimen con nuestros propios ojos: el desplazamiento forzado de nuestro pueblo a manos de las RSF y ahora la ocupación del campo por mercenarios extranjeros”, dijo Mohamed Khamis Douda, portavoz del campo de refugiados de Zamzam (en Darfur), al periódico The Sudan Tribune.

El papel de Emiratos Árabes Unidos

Todas las miradas están puestas en Emiratos Árabes Unidos. Desde hace tiempo, el país ha sido acusado de armar y respaldar a las Fuerzas de Apoyo Rápido, y de contratar a los mercenarios usando empresas privadas de seguridad. Emiratos ha negado sistemáticamente las acusaciones.

Algunos colombianos que filtraron información dicen haber sido engañados y que les dijeron que su misión era proteger instalaciones petroleras en Emiratos. Carlos sí sabía que iba a la guerra, pero no sabía dónde. Lo único que le habían dicho es que era en África. Su viaje comenzó con exámenes médicos en Bogotá, donde firmó un contrato de 2.600 dólares al mes. Según él, después lo llevaron en avión a Etiopía pasando por Europa. Luego, a una base militar emiratí en Bosaso (Somalia) y luego a Nyala, la ciudad de Sudán que se ha hecho conocida por ser un centro de mercenarios colombianos.

Entrenando a niños

Carlos, que pide permanecer en el anonimato para hablar con libertad, reconoció que su primera misión fue entrenar a reclutas sudaneses, la mayoría de los cuales eran niños. “Los campamentos tenían miles de reclutas, algunos adultos, pero sobre todo niños, muchísimos niños”, dice. “Son niños que nunca han empuñado un arma; les enseñamos a manejar rifles de asalto, ametralladoras y lanzagranadas; después, eran enviados al frente; los entrenábamos para ir a morir”, añade. Describe el entrenamiento de los niños como “horrible y una locura”. “Por desgracia, así es la guerra”, agrega.

La unidad de Carlos terminó siendo destinada a la sitiada ciudad de El Fasher, el campo de batalla más duro del país. Los combatientes de las Fuerzas de Apoyo Rápido levantaron un muro de 32 kilómetros en torno al perímetro la ciudad, ejecutando a los que intentan escapar de allí.

Carlos muestra a La Silla Vacía y The Guardian fotos y vídeos de los mercenarios colombianos en Sudán, algunos de ellos facilitados por sus compañeros. En una de las fotografías es posible ver a los reclutas tumbados en el suelo boca abajo, algunos con rifles en las manos. Dos adolescentes posan para la cámara haciendo el signo de la victoria con los dedos.

En una tercera grabación, unos mercenarios con marcado acento colombiano hablan en medio de un intenso tiroteo sobre un compañero que parece haber sido herido. “No sé si está muerto, porque no pudimos verlo”, dice uno en español. “¿Quién viene a ayudar a sacarlo?”. El mercenario señala a un grupo de combatientes sudaneses agolpados cerca de él. “Vosotros, vosotros, vosotros, pueden ayudarnos aquí, darle apoyo a estos hombres; vamos a hacer una retirada en silencio para sacar a este tipo”, se le escucha decir antes de una imagen del grupo llevándose a un hombre herido frente a casas llenas de agujeros de bala.

De Colombia a otros países

Se cree que Colombia es uno de los mayores exportadores de mercenarios del mundo. El conflicto civil que ha vivido el país durante décadas generó un excedente de combatientes con experiencia, muchos de ellos entrenados por el Ejército estadounidense.

“Colombia tiene más de medio siglo de historia de conflicto activo. No es solo que sus soldados hayan recibido un entrenamiento muy bueno, sino que han estado en el campo de batalla en situaciones muy complicadas y están preparados para el combate”, dice Elizabeth Dickinson, analista superior para Colombia en el centro de estudios International Crisis Group.

El uso de mercenarios colombianos se intensificó en torno a la década de 2010, dice el experto en mercenarios Sean McFate, cuando los excombatientes del país centroamericano eran contratados para proteger la infraestructura petrolera de Emiratos. Sus funciones fueron cambiando durante la guerra de Yemen. “Emiratos Árabes Unidos envió a muchos mercenarios colombianos a matar hutíes [rebeldes], y lo lograron”, explica.

Desde entonces, los mercenarios colombianos han aparecido una y otra vez en las noticias. En julio de 2021, dentro del equipo que asesinó al entonces presidente de Haití, Jovenel Moïse, había 18 pistoleros colombianos. En Irak y en Afganistán han luchado exmilitares colombianos. Ahora también en Ucrania: el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia comunicó en noviembre de 2024 que unos 500 compatriotas habían viajado allí para luchar contra las fuerzas rusas.

Carlos era uno de ellos. Tras dos años en las tropas ucranianas, se fue. “Ucrania se estaba complicando, había más bajas, más avances del enemigo; así que me fui y acepté este trabajo de mercenario en África”, dice. “No sabía absolutamente nada sobre el trabajo, solo que era en África”.

Para los países que los contratan, los mercenarios tienen la ventaja de que es posible negar la vinculación con ellos cuando se trata de eludir el derecho internacional o de violar sistemáticamente los derechos humanos. “Cuando los capturan o los matan, son repudiados”, asegura McFate.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se ha comprometido a terminar con la contratación de mercenarios colombianos, algo que considera “un comercio de hombres convertidos en mercancías para matar”. Pero la desaparición de esta práctica no parece fácil, teniendo en cuenta las dificultades que los excombatientes colombianos suelen tener para reintegrarse en la sociedad de su país y el incentivo económico que se les ofrece.

Según Dickinson y McFate, el problema también radica en el sistema militar colombiano. La mayoría de los soldados profesionales se ven obligados a jubilarse alrededor de los 40 años, con pensiones insuficientes y pocas opciones de reciclaje profesional. “Si entras a los 18 años y trabajas durante 20 años, ni siquiera tienes 40 cuando te jubilas, te quedan 15 o 20 años de servicio activo”, explica Dickinson. “La estructura de apoyo para los militares retirados colombianos es deficiente, especialmente si se compara con la oferta que estas otras organizaciones ponen sobre la mesa”.

Pero Dickinson también advierte que “las empresas de defensa privadas” ya no se limitan a los soldados retirados de Colombia. “Cada vez más están reclutando a personas en servicio activo de lugares donde los soldados lo pasan muy mal, en condiciones difíciles”, dice. “Envían folletos por WhatsApp ofreciendo miles de dólares por mes”. En su opinión, se trata de “una pérdida enorme” para el Ejército. “El Gobierno colombiano los entrena con un nivel muy alto y luego la industria de defensa privada se los quita”.

Carlos es uno de los que abandonaron las fuerzas armadas de Colombia tras un servicio de poco más de cinco años. También se ha ido de Sudán, alegando problemas con el pago. Junto a él renunciaron 30 compatriotas, “pero al mismo tiempo llegaban vuelos con otros 30”.

En el mundo, los mercenarios habían desaparecido casi por completo del campo de batalla durante la mayor parte del siglo XX. Pero el negocio está resurgiendo rápidamente, según McFate. “Es la profesión más antigua del mundo, estamos volviendo a algo medieval, donde los superricos pueden convertirse en superpotencias”, dice. La visión de Carlos sobre su trabajo es igual de pesimista. “No es un trabajo honesto, no es un trabajo legal, lo haces por dinero”.

Este artículo fue escrito en colaboración con La Silla Vacía.

Fuente: https://www.eldiario.es/desalambre/...

Cuando Siria cayó, empezó una pérdida de influencia rusa en Asia occidental y el Mediterráneo oriental, en favor de una ganancia de influencia del imperialismo norteamericano en la zona. Sin duda un golpe a la correlación de fuerzas mundial de la alianza ruso-china.

Ahora estamos empezando a comprobar el significado de esa pérdida.

La guerra de la OTAN en Ucrania probablemente ha impedido a Rusia salir en defensa de sus aliados en Asia occidental, como pudo hacer en la década pasada. No hay que dejar de tener en cuenta que Rusia está recibiendo el ataque combinado de toda la OTAN, con golpes, sabotajes y atentados en su propio territorio.

Su ausencia despeja el camino para que el ente sionista se vaya haciendo una potencia regional, lo que fuera de siempre el sueño del Imperio Occidental. Paralizado tramposamente, de momento, el frente palestino, el brazo armado del Imperio en Asia se vuelve ahora de nuevo hacia Líbano, al que no para de bombardear (al parecer probando nuevas brutales armas de destrucción masiva), violando una vez más todos los acuerdos de paz alcanzados. Pero tiene también el punto de mira en Yemen (con la colaboración de los servicios de inteligencia británicos, Emiratos Árabes Unidos e incluso, una vez más, Arabia Saudita; ver https://observatoriodetrabajad.com/...). Piezas intermedias de las que precisan deshacerse el ente sionista y el Imperio Occidental antes de su ataque (¿definitivo?) a Irán.

Los principales obstáculos para la expansión como potencia regional del ente sionista no vienen ahora del Eje de la Resistencia, duramente golpeado en el último año y medio, sino de Turquía y Arabia Saudita, que tienen sus propios proyectos de dominio y expansión regionales. Especialmente peligroso es el de Turquía hacia Asia central y el Cáucaso, con su gran proyecto panturco, que puede terminar de rodear a Irán y cortar la conexión del Corredor Internacional de Transporte Norte-Sur (INSTC), de China al báltico ruso, con el corredor de Zangezur como elemento de tensiones entre Armenia, Azerbaiyán e Irán. Un terreno preparado para una nueva desestabilización y posible agresión contra Rusia.

En cualquier caso, tal estado de cosas se corresponde con el aumento de la influencia estadounidense en la zona y un debilitamiento del ascenso de China, cuya iniciativa de creación de un eje pacificador Irán-Arabia Saudita, con la incorporación de Egipto a los BRICS, parece haberse frustrado, al menos por el momento. Tanto como su proyecto estrella de una Nueva Ruta de la Seda, pues esa “ruta” queda ya llena de socavones desde su comienzo (y más con los recientes golpes de Estado en Bangladesh y Nepal, a los que se suma ahora la provocación de un conflicto armado entre Afganistán y Paquistán -país este último que será aún más objeto de desestabilización-) hasta su final (Siria ya en manos de los yihadistas del Imperio). Parece que la política de perfil bajo, de no molestar a nadie y no volcarse a ayudar seriamente a los posibles aliados, está dejando de dar frutos al gigante asiático (no colaborar con el gobierno sirio en un programa de infraestructuras e inversiones sociales, ha sido parte de las omisiones que han llevado al punto en el que estamos; otras son las «lagunas» militares rusas, que siempre dejaron al ente sionista bombardear Siria como el que tira serpentinas en un circo, entre otras desprotecciones poco entendibles).

El llevar una “estrategia” -por decir algo- meramente defensiva, de contención, por parte de la dupla chino-rusa frente a los permanentes ataques militares y económicos del Imperio Occidental, le está empezando a pasar una factura demasiado alta (ni siquiera han dejado de comerciar con el ente sionista ni de desarrollar con él proyectos en los territorios ocupados ni han pedido su condena internacional por crímenes de guerra). Sin verdadero proyecto estratégico alternativo, superador de la barbarie del capitalismo degenerativo, su potencialidad «multipolar» tendrá más posibilidades de irse al traste a no mucho tardar.

En fin. Todo indica, pues, una nueva configuración geopolítica de Asia occidental y central favorable a EEUU. y sus delegados en la región (ente sionista, Turquía y Arabia Saudita sobre todo). Quién lo iba a decir hace sólo 4 años, cuando el ejército yanqui salía a toda prisa de Afganistán, y el Eje de la Resistencia (Líbano, Siria, Yemen, Iraq, Irán -Estados u organizaciones de gran peso dentro de ellos-) se veía fuerte como nunca, amparado por los proyectos infraestructurales chinos y la presencia militar rusa.

En sólo 4 años el Imperio, y su brazo sionista, han golpeado cruel, certera y contundentemente, hasta el punto de haber invertido la situación.

Hoy el ente sionista, debido a su potencia nuclear, puede imponerse de forma permanente y creciente, genocidio tras genocidio, en toda la región. Mientras que Arabia Saudita prepara probablemente su propia arma nuclear para intentar no quedar muy relegada. EE.UU. también se asienta en la región y enviará nuevas tropas a la misma. Irán, por su parte, pierde casi todas sus posibilidades de aspirar a ser potencia clave en Asia central y pronto verá en juego su propia supervivencia como Estado (comprobaremos si de nuevo la dupla chino-rusa se contenta con pasarle armas y, en su caso, dejarle caer: probablemente ese sí que sería el principio de su fin como “potencias emergentes”).

El movimiento religioso chiita pierde en su confrontación con el sunnita y eso es otra manifestación de la pérdida de influencia de Rusia en su frontera sur, por lo que también debilita a China en su proyecto estratégico de la Ruta y la Seda.

Es decir, que la posible correlación de fuerzas hacia el Socialismo enflaquece, a expensas del desenlace que tendrá el nuevo frente de guerra que EEUU está abriendo en el Caribe y de la propia progresión de la guerra de Ucrania, que Europa quiere que se haga interminable.

Ambos son pasos decisivos para que EEUU se lance a su tan ansiada confrontación en el Pacifico contra China.

Estamos, pues, todavía en la primera fase de la Guerra Total, con indicios de empezar a pasar ya a una segunda fase, más mortífera (aún).

La medida o el pulso de esa confrontación (de “Occidente” contra “Oriente” -la tan querida “guerra de civilizaciones” de Huntington, que desde hace años se va decantando del lado agresor, véase si no cómo han dejado a Iraq, Afganistán, Siria, Yemen…-) va a basarse en la capacidad que muestren las economías en uno y otro lado.

La capacidad de extracción de plusvalía mundial que pueda concentrar “Occidente”, por una parte, y “Oriente” por la otra, y en qué y a qué se va a destinar.

Sabemos que en la dupla chino-rusa está la energía y la parte más productiva que le queda al capitalismo, mientras que las potencias centrales del Sistema buscan casi a la desesperada ganancia especulativa-parasitaria y militar para mantenerse a flote, pagar su endeudamiento creciente y consumir su producción armamentista en los frentes de guerra (que pagan otros) para renovarla o rearmarse, provocando un creciente empobrecimiento de sus poblaciones, sometidas también a una alienación mediática sin precedentes

(¿cómo si no se puede convencer a millones de personas que estando en el lado de los agresores, la OTAN, sean los agredidos o en peligro de serlo?; desconectando, además, unos frentes de batalla de otros, para que nadie pueda entender por qué suceden las cosas -lo que pasa en Palestina con lo que sucede en el frente ruso-ucraniano o lo que se viene en Venezuela, por ejemplo-).

Una parte de la clave de todo ese proceso de guerra es, por tanto, cuánto aceptarán las poblaciones “occidentales” la Mentira (ante la evidencia inocultable de la Barbarie, con Palestina ya no las han podido seguir engañando tanto, por mucho que lo intentan con sus mantras de “los dos Estados”, “Israel tiene derecho a defenderse” o “la guerra de Gaza” y “los atentados terroristas de Hamás”, etc.). Y cuánto aguantarán que les den cañones en vez de pan y techo (y de paso, algún servicio social que otro, de calidad).

De y para mi amigo Pepe Torres

Fuente: https://andrespiqueras.com/2025/10/...

No hay que ser economista para saber que los recursos son escasos y que dedicar más al gasto militar obviamente antes o después significará dedicar menos a otro gasto público

Últimamente no hay quien no se haga eco de la gran oportunidad para el sector de defensa, los inversores y la economía en general de la lluvia de millones para armamento que viene de Europa. Si se confirma la propuesta Rearm Europe de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, los próximos Next generation serán verde caqui, e inyectarán 800 mil millones al gasto militar europeo, 150 mil provenientes del presupuesto comunitario y el resto de cada uno de los Estados. Al mismo tiempo, en la pasada reunión de junio de la OTAN en La Haya estableció un nuevo objetivo para el gasto militar de sus Estados miembro en relación al PIB del 3,5% para lo que se ha denominado como gasto militar duro y un 1,5% adicional en otros aspectos de seguridad.

Tan variados como dudosos son los argumentos utilizados para posicionarse a favor del incremento en los gastos militares, que llegan incluso a cuestionar la teoría del coste de oportunidad del premio Nobel en economía de Paul Samuelson. No hay que ser economista para saber que los recursos son escasos y que dedicar más al gasto militar obviamente antes o después significará dedicar menos a otro gasto público, a lo que cabe añadir que no hay ningún estudio que demuestre que un porcentaje u otro de gasto militar genera más o menos seguridad y paz en un lugar determinado, ni que la seguridad, prosperidad y paz de Europa se deba al gasto militar estadounidense.

En todo caso, nos centraremos aquí en cuestionar el argumento del desarrollo económico que a través de la creación de puestos de trabajo se atribuye a los aumentos del gasto militar.

Comencemos con los datos del presupuesto militar en 2024 del conjunto de los 27 estados miembro de la UE, que fue según datos SIPRI de 369.692 millones de dólares, el 2,06% del PIB. El anuncio del aumento de Von der Leyen y de la OTAN se ha producido en 2025, con lo que interpretamos que el primer año del incremento es el año en curso. Bajo el supuesto de que el PIB europeo crezca la próxima década un 1,4% anual y con un aumento anual del gasto militar europeo en conjunto de un 10% anual, los 800 mil millones € (928.000 millones de dólares) adicionales podrían alcanzarse el año 2035 triplicando el gasto militar actual. Este ritmo de crecimiento sería coherente con el objetivo del 5% para 2035 de la OTAN, con un gasto militar en 2035 estimado en 1,05 billones de dólares.

Sigamos con más datos, los de la creación de empleo que se produce en una economía ante aumentos del gasto público. Para ello utilizaremos los datos de dos estudios académicos que abordan la cuestión, el primero realizado en Estados Unidos en 2017 por Heidi Peltier, investigadora del Political Economy Research Institute de la University of Massachussets, el segundo estudio fue realizado en 2023 por Chiara Bonaiuti, Paolo Maranzano, Mario Pianta y Marco Stamegna, investigadores y profesores de Newcastle University, Università di Milano Bicocca o de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de Florencia.

En ellos se hace la estimación del aumento de 1.000 millones de euros o dólares adicionales de gasto público en el empleo en el sector armamentístico, de medioambiente, educación y salud en Alemania, Italia y España y EEUU. Ofreciendo como resultado que los aumentos del gasto militar generan empleo, efectivamente, pero mucho menos que hacerlo en sectores como educación, sanidad o medioambiente. En el caso español se llega a la conclusión de que dedicar 1.000 millones de euros adicionales a gasto militar en España genera 6.580 empleos en la industria armamentística, 11.890 en empresas de medioambiente, 16.440 en educación y 15.300 en el sector sanitario. El gasto público que más puestos de trabajo es capaz de generar en la economía española es el educativo, que multiplica por 2,5 al militar, el gasto en salud genera un 233% más de trabajo que el militar y el gasto en medioambiente un 181% más. El resultado para los otros países de la UE analizados, Italia y Alemania, así como en EEUU son similares al español. En todos los casos, gastos adicionales en el sector armamentístico generan entre dos o tres veces menos de puestos de trabajo que incrementos presupuestarios en las partidas sociales mencionadas.

En el estudio de Bonaiuti, Maranzano, Pianta y Stamegna realizado para Greenpeace se añade otra información económica de interés que compara el impacto de aumentar los mencionados 1.000 millones de euros en otros indicadores macroeconómicos. El resultado es de nuevo desfavorable al gasto militar. En España, el incremento en el presupuesto militar implica un 22,3% de importaciones, lo que desvía un porcentaje importante del gasto español al extranjero, mientras que en el resto de los sectores económicos analizados esta pérdida en la economía local es prácticamente cero. En Italia y Alemania el efecto es, de nuevo, similar. El estudio mencionado evidencia no solo que la inversión en educación, salud o medioambiente es más eficiente en cuanto a la creación de puestos de trabajo que la militar, sino que “un mayor gasto militar está llevando a Europa por una trayectoria de menor prosperidad económica, menor creación de empleo y peor calidad del desarrollo de los países.”

Cruzando los datos anteriores podemos hacer una estimación de la creación de empleo de los 800 mil millones del plan de rearme europeo en la próxima década. Si se dedican a la industria militar crearían tan solo 4,2 millones de empleos, comparados con los 8,8 millones en medioambiente (el doble) y los 11,4 millones en Salud. Finalmente dedicar los 800 mil millones de rearme a educación generarían el triple de puestos de trabajo en la UE que hacerlo en el sector militar, alcanzando lo 12,8 millones de empleos. A ello habría que añadir que, según el mismo estudio, con los datos de tres de las principales potencias en industria militar de Europa, Alemania, Italia y España, podemos estimar que el 35% de los incrementos en gasto en rearme europeo sería para importar armas de países fuera de la UE, sabiendo que el principal suministrador es EEUU. Es decir, una buena parte de los 800.000 mil millones de euros para el rearme europeo alimentarían la industria militar estadounidense, razón de peso para que Donald Trump insista hasta la amenaza en conseguir aumentar el gasto militar en Europa, o lo que es peor, a la industria de armas israelí, quien exportó 8 mil millones en armamento a Europa en 2024.

Jordi Calvo Rufanges. @jordicalvo

Fuente: https://www.eldiario.es/opinion/tri...

Recordar la Historia de nuestro país nos puede ayudar a no repetir errores y a conocer cómo se van heredando las políticas en la ultraderecha, por ejemplo.

Hoy hablamos de eugenesia en España con un ejemplo bárbaro de todos los tipos de violencia: directa, cultural y estructural.

La eugenesia se puede definir, como dice Nieves Concostrina, como perfeccionar la especie humana eliminando a los defectuosos físicos, o a los imperfectos mentales, a las razas consideradas inferiores, a los delincuentes. Osea, la eugenesia es la depuración racial que, enseguida nos lleva a todos a pensar en los nazis.

Nos cuenta Concostrina que la Alemania nazi copió sus leyes eugenésicas de Estados Unidos, país pionero en aplicarlas. También las aplicaron Dinamarca, Noruega, Suiza, Suecia, Australia y España.

El artífice del plan eugenésico en España fue el ultraderechista Antonio Vallejo-Nájera Lobón. Afecto al nazismo, durante la guerra civil española el coronel Vallejo-Nájera dirigió los Servicios Psiquiátricos del Ejército franquista y escribió extensamente sobre la degeneración de la raza española, que, según él, habría ocurrido durante la República, postura adoptada también por Juan José López Ibor, Ramón Sarró, José Solé Segarra, Marco Merenciano y otros psiquiatras de su mismo bando. Proponía la creación de una Inquisición para la prensa, la tribuna y la radio, y presentaba la guerra como necesaria para reconquistar los principios del cristianismo, todo ello con profusión de expresiones racistas-antisemitas.

Cuenta Paul Preston que el 10 de agosto de 1938 escribió a Franco solicitando permiso para crear el Gabinete de Investigaciones Psicológicas, y dos semanas más tarde recibió la autorización esperada. Su propósito era patologizar las ideas de la izquierda. Los resultados de sus investigaciones proporcionaron al alto mando militar los argumentos «científicos» necesarios para justificar por qué presentaban a sus adversarios como una especie infrahumana, y Vallejo-Nájera fue ascendido a coronel.

Concostrina explica que para Antonio Vallejo-Nájera Lobón en la cúspide social de la auténtica raza española se encontraban los militares, los aristócratas y los católicos. Decía que la raza se había empezado a degenerar durante la 2ª República debido a la proliferación del «gen rojo» o «gen marxista«. No era un gen biológico, era un gen cultural o social. Pero había que extirparlo porque estaba provocando la decadencia de la raza hispana y alejándola de los valores de Dios, patria y familia. Escribió un libro titulado «Eugenesia de la Hispanidad y regeneración de la raza«.

También era muy machista. Decía de las mujeres rojas, las degeneradas, que a la mujer se le atrofia la inteligencia ya que su misión en el mundo no es la de luchar en la vida, sino acunar la descendencia de quien tiene que luchar por ella.

Su plan para acabar con el gen rojo era: primero, tomar España con la fuerza de las armas, y luego, había que consolidar el triunfo depurando la raza hispánica, matando a los hombres, aislando a las mujeres y separando a los niños.

Este plan siguió parcialmente en uso hasta los años 80: apartar (robar) a los hijos de madres pecadoras, rojas o pobres y donarlos a familias de bien.

Os dejamos el podcast de Nieves Concostrina sobre el tema, esperamos que lo disfrutéis:

Para concluir, una de sus opiniones:

La raza es espíritu. España es espíritu. La Hispanidad es espíritu… Por eso hemos de impregnarnos de Hispanidad… para comprender nuestras esencias raciales y diferenciar nuestra raza de las extrañas. Este espíritu lo definía como «militarismo social, que quiere decir orden, disciplina, sacrificio personal, puntualidad en el servicio, porque la redoma militar encierra esencias puras de virtudes sociales, fortaleza corporal y espiritual». Y para mejorar la raza era necesaria «la militarización de la escuela, de la Universidad, del taller, del café, del teatro, de todos los ámbitos sociales.

Fuente: https://www.politicanoviolenta.org/...

Angelina Strashkulich

Un artículo de Ukraínskaya Pravda, en el marco del "pluralismo corrupto" mediático del país, explica cómo funciona el alistamiento obligatorio, la corrupción que conlleva y la opinión de la gente

Rafael Poch.- Uno de los actuales misterios de la guerra de Ucrania es el de cómo se sostiene su ejército, cómo es que aún no se ha desmoronado. Desde luego, la ayuda occidental es decisiva, pero teniendo en cuenta los enormes niveles de deserción que se registran y el generalizado escaqueo de la llamada a filas, hay que preguntarse cuanto tiempo podrá mantenerse en condiciones de una moral de combate cada vez más baja por acumulación de reveses militares y de un cambio muy significativo en la opinión pública. En dos años, los partidarios de un final negociado de la guerra han pasado del 27% al 69%, mientras que los partidarios de resistir "hasta la victoria" han disminuido del 63% al actual 24%.

Seis millones de hombres ucranianos han eludido el servicio militar por la vía de no actualizar sus datos de registro en 2024. Eso supone más de la mitad de los aproximadamente diez millones de hombres en edad militar. Oficialmente se han contabilizado 110.000 casos de deserción en la primera mitad de 2025 (en 2024 se abrieron 89.000 casos penales por ese motivo), lo que refleja un claro incremento del fenómeno. En enero fue noticia que una brigada entera de 1700 hombres formada en Francia, la 155 mecanizada, rimbombantemente bautizada como "Anna de Kíev" por la reina de Francia y esposa de Enrique I Ana Yaroslavna (S.XI), se volatizó con muchos de sus miembros huidos en Francia.

En las redes sociales se han visto miles de videos de lo que en Ucrania se conoce como "busificación", es decir la detención callejera de jóvenes, y no tan jóvenes, que contra su voluntad son introducidos a la fuerza en vehículos, frecuentemente furgonetas no militares de camuflaje que impiden su reconocimiento previo, entre escenas violentas en las que muchas veces participan familiares y vecinos del detenido e incluso simples testigos anónimos del suceso. Desde agosto han trascendido por lo menos cuatro casos de "busificados" que murieron tras ser detenidos por los reclutadores.

Pese a que todo eso va claramente a peor, los medios de comunicación establecidos, particularmente los europeos muy apegados a la línea oficial de hacer sangrar a Rusia a costa de vidas ucranianas, apenas han informado de ello.En un país que en 1991, en el momento de la disolución de la URSS tenía 52 millones de habitantes, hoy quedan 28,7 millones, según el servicio estatal de emigración. La sangría es imparable. Últimamente el gobierno de Zelenski intenta ofrecer incentivos económicos y sociales a quienes se alisten, pero lo que funciona en Rusia, no está funcionando en Ucrania donde la mentalidad y disposición de la gente es diferente...

En este contexto llama la atención el raro artículo publicado sobre ese tema por Ukraínskaya Pravda el 5 de noviembre. UP mantiene cierta tensión con Zelenski y su influyente jefe de administración, Andrei Yermak, en el marco del "pluralismo corrupto" mediático característico del país, lo que explica su apertura a un tema mayormente silenciado por los medios locales. Por su interés aquí va, traducido, el texto completo de su autora la periodista Angelina Strashkulich.

Cómo millones de hombres eluden su responsabilidad

Angelina Strashkulich (Ukrainskaya Pravda, 5 de noviembre)

A finales de junio de 2025, la policía detuvo a un hombre en edad de ser reclutado que circulaba a gran velocidad por el centro de Kiev. Al comprobar sus documentos, descubrieron que el infractor estaba buscado por no haber actualizado sus datos militares antes del 17 de julio de 2024, tal y como exigía la ley.

Los agentes de policía invitaron al hombre a acudir a uno de los centros territoriales de reclutamiento y apoyo social de Kiev para verificar la información.

Aceptó la invitación, pero por el camino decidió huir. Se montó una auténtica persecución: deportivo contra patrulla. El fugitivo recibió su «premio» con extras: multa, escolta al Centro territorial de reclutamiento (TCC), actualización de datos y citación para pasar el examen médico militar. Por la noche de ese mismo día regresó a casa. Hasta la fecha no se ha presentado ante la comisión médica militar. Se mudó a un lujoso complejo residencial cerrado en la capital. Desde entonces, intenta no cruzarse con la policía ni con los grupos de alerta del TCC. En una conversación con Ukraínskaya Pravda, el hombre explica sus acciones por «miedo a morir en la guerra».

Se desconoce con exactitud cuántos ucranianos en edad de prestar servicio militar están eludiendo actualmente el servicio. En respuesta a una solicitud de UP, el Mando de las Fuerzas Terrestres señaló que la divulgación de estas estadísticas supone una amenaza para la seguridad nacional de Ucrania.

En los últimos meses, han aparecido en los medios de comunicación informaciones sobre un millón y medio de personas que no han actualizado sus datos militares. Cuando una periodista de UP preguntó por esta cifra a un oficial del Ejército de Tierra familiarizado con los informes sobre la movilización, este solo murmuró: «Es una subestimación». Sin embargo, no reveló las estadísticas actuales. La única mención oficial del número de infractores se encuentra en la nota explicativa de la ley sobre la reducción del 50 % de las multas del Centro territorial de reclutamiento (TCC), que entró en vigor en abril de 2025. El documento señala que, durante 2024, más de seis millones (!) de personas sujetas al servicio militar no actualizaron sus datos en el TCC, o por los otros canales.

«El TCC suele movilizar a personas enfermas y débiles, porque cada mes hay que cerrar los planes de «movilización». La mayoría de estas personas nunca podrán cumplir eficazmente sus misiones de combate. Al mismo tiempo, tenemos ejércitos de exentos e insumisos sanos, se indigna durante una conversación con UP uno de los comandantes de brigada que se ocupa de los reclutas.

«Ukraínska Pravda» investigó por qué en Ucrania no se busca a los infractores del registro militar, cómo éstos logran eludir su responsabilidad y qué se puede hacer al respecto.

Por qué en Ucrania no se busca a los infractores del registro militar

Actualmente existen tres tipos de citaciones: para actualizar los datos del registro militar, para pasar el examen médico militar y la «de combate». Los empleados de los centros territoriales de reclutamiento pueden entregarlas a los reclutas personalmente o enviarlas por correo.

El documento se considera entregado, incluso si el destinatario no lo ha recibido, por ejemplo, porque no vive en la dirección indicada en la carta. El hecho es que los centros territoriales de reclutamiento envían la citación a la dirección de residencia que figura en el registro «Oberig». La base de datos del servicio se alimenta de diversos registros estatales, desde los servicios fiscales y fronterizos hasta los registros civiles. «Oberig» también almacena la información que los jóvenes facilitan al inscribirse en el registro militar a los 17 años. Antes del inicio de la guerra, algunos ignoraban este procedimiento. Pero a finales de septiembre de 2025, los funcionarios del Gobierno tomaron la decisión de inscribir automáticamente en el registro militar a todos los hombres de entre 25 y 60 años que aún no lo hubieran hecho, utilizando la información de los registros estatales.

Ukraínska Pravda se dirigió al Ministerio de Defensa con una solicitud sobre el número de ciudadanos que se habían inscrito desde la entrada en vigor de este mecanismo. El Ministerio de Defensa respondió que se trataba de información oficial que «no podía divulgarse, ya que podía perjudicar la capacidad de defensa del Estado».

Iryna Friz, miembro del Comité de Seguridad Nacional de la Asamblea Legislativa, explica a UP que los infractores del registro militar pueden permanecer durante un tiempo en una «zona gris», es decir, ser invisibles para el Centro territorial de reclutamiento - TCC. Esto es posible si no utilizan ningún servicio estatal o bancario y evitan encontrarse con la policía y los militares de los centros territoriales de reclutamiento.

«La tarea del TCC no es perseguir a los infractores, sino registrar los datos actualizados de todos los sujetos al servicio militar obligatorio, para que, en caso necesario, se pueda movilizar rápidamente a un número determinado de personas», explica el interlocutor de UP en el Estado Mayor.

Hay un único mecanismo legal para «buscar» a los infractores, afirma el abogado Volodymyr Romanchuk a UP. Los empleados del TCC redactan un acta de infracción administrativa y imponen al ciudadano una multa de entre 17 000 y 25 500 grivnas. Esto se aplica a la evasión de la actualización de datos y la realización del examen médico militar. A continuación, los militares transmiten la información a las fuerzas del orden, que pueden detener al sujeto y enviarlo al servicio militar. Según datos de OpenDataBot, los militares de los centros territoriales de reclutamiento impusieron más de 47 000 multas por infringir el registro militar entre enero y octubre de 2025. Durante el mismo periodo de 2024, se registraron más de 21 000 casos administrativos por infringir el registro militar. La mayoría de los multados este año son hombres de entre 25 y 45 años. Kiev encabeza la clasificación regional. Ante el enorme número de infractores, las estadísticas de multas por eludir la actualización de datos y pasar el examen médico militar parecen una gota en el océano.

Un interlocutor de UP entre los militares del TCC en el oeste de Ucrania admite extraoficialmente: «Hay muchos infractores y nosotros somos muy pocos. No podemos multar a todos los que no actualizan sus datos o no se someten al examen médico militar. Otra cosa es ignorar la convocatoria «de combate». Intentamos no pasar por alto estos casos».

Si un recluta no se presenta en el TCC el día de su envío al centro de entrenamiento, puede ser condenado a una pena de 3 a 5 años de cárcel. Porque ya no se trata de una infracción administrativa, sino de un delito penal.

La Fiscalía General ha registrado más de 19 000 procedimientos por evasión de la movilización entre enero de 2022 y septiembre de 2025. Sin embargo, el número de personas condenadas por esta infracción es mucho menor. (Nota: Los datos sobre las sentencias de 2025 aún no se han contabilizado.)

Cómo los «insumisos» eluden su responsabilidad

Una tarde de julio, Elena, una vecina de Odesa, llamó en voz alta a su marido para cenar: «¡Igor, te espero en la cocina!». Durante las dos semanas siguientes, la pareja mantuvo un silencio total. Igor temía que los vecinos hubieran oído su nombre y llamaran al TCC. Lleva más de tres años sin trabajar y vive a costa de su esposa. Desde que el Parlamento aprobó la ley de movilización, no sale del apartamento ni siquiera al vestíbulo. Por eso, hasta ahora ha conseguido permanecer en la «zona gris» para el TCC.

Algunos de los «evasores» quieren evitar la movilización y seguir viviendo su vida habitual. El precio de la cuestión, por regla general, se mide en dólares.

Uno de los interlocutores de UP, que no había actualizado sus datos militares, se fue a principios de verano de vacaciones a los Cárpatos. Las vacaciones terminaron en el primer puesto de control al oeste de Ucrania, desde donde la policía llevó al infractor al centro territorial de reclutamiento.

«Tuve que pagar tres mil dólares solo para salir del TCC. No me quitaron de la lista de personas buscadas. No me dieron ninguna garantía de que no me detendrían en otro puesto de control. Tuve que volver a casa atravesando media Ucrania por el campo», se queja en una conversación con UP.

En algunos casos, los empleados del TCC ofrecen a los infractores una gama más amplia de servicios corruptos. Por ejemplo, en julio de este año, las fuerzas del orden detuvieron al jefe del punto de reunión del Centro Territorial de Reclutamiento de la ciudad de Kiev mientras recibía un soborno de 3500 dólares. A cambio de ese dinero, prometió «ayudar» a retirar al infractor de la lista de personas buscadas en el centro de reclutamiento de Solomianka.

A mediados de septiembre, los servicios especiales y la policía anunciaron que sospechaban de soborno al jefe de una de las divisiones del centro de reclutamiento regional en Prikarpattia. Los empleados del SBU (servicio secreto) y la Policía Nacional detuvieron al funcionario cuando recibía mil dólares de un hombre que estaba buscado por no tener cartilla militar y no haber actualizado sus datos. El empleado del TCC prometió al infractor organizar una comisión médica, hacerle el carné militar y expedirle un certificado de discapacidad del grupo III para aplazar la movilización.

También existen métodos legales para eludir el servicio y evitar la responsabilidad.

«Encontrar un trabajo con reserva oficial, conseguir un puesto de trabajador civil en las Fuerzas Armadas, ingresar en la universidad», explica a UP el jefe analítico de la organización "Vuelve vivo", Anton Muraveynik. «También hay empresas en las regiones que tienen reservas «no oficiales». Han acordado con su centro de control regional que no se les moleste».

Según Muraveynyk, a los empleadores y a los funcionarios regionales no les conviene favorecer la movilización. Las empresas mantienen a sus empleados en la sombra, de forma legal o ilegal, para no perder mano de obra escasa.

«En las regiones, las autoridades locales deben informar a la población (sobre las medidas de movilización, UP) e involucrarla en la movilización. No les interesa hacerlo. Si hablamos de una comunidad pequeña, allí están todos los parientes, padrinos, amigos. Esto crea un conflicto de intereses», añade.

«Mi padre lo ha arreglado todo. Todos en la familia tienen prórrogas. Algunos «trabajan» en los servicios de nuestra comunidad, y yo me quedo en casa», cuenta a UP, bajo condición de anonimato, el hijo de uno de los alcaldes rurales. Apto para el servicio según el dictamen de la Comisión Médica Militar, este hombre de 30 años tiene una exención «hasta el final de la movilización».

Qué hacer para mejorar la movilización en Ucrania

Entre enero y octubre de 2025, el defensor del pueblo Dmytro Lubinets recibió casi 5000 denuncias de ucranianos por violación de sus derechos durante la movilización. A modo de comparación: en todo el año 2024 se recibieron 3400 denuncias de este tipo.

La información sobre la «busificación» se difunde en las redes sociales y los medios de comunicación a la velocidad de la luz. Los vídeos y fotos en los que los militares del TCC obligan a los hombres a subir a los «autobuses de la inquebrantabilidad» son un argumento adicional para los «insumisos».

Por espeluznante que parezca, los voluntarios se agotaron ya en 2022. Para lograr los resultados deseados en la movilización, las autoridades tienen ahora que trabajar con la categoría de los reclutas, que desean por encima de todo evitar el servicio. No se trata en absoluto de justicia hacia los voluntarios, pero a los hombres que aún no están en el ejército hay que animarlos a cumplir con su deber cívico y constitucional con diversos «incentivos». Iryna Friz, miembro del Comité de Defensa del Parlamento, cree que es necesario crear un «paquete de incentivos» para los reclutas. Por ejemplo, ofrecer descuentos en hipotecas y créditos para crear empresas, aumentar las primas por destruir equipo ruso en el campo de batalla y establecer pagos únicos para los contratistas.

Por cierto, el proyecto de ley con la lista de pagos adicionales para los reclutas y los militares en activo lleva casi dos años en el Parlamento sin ser examinado, porque el Gabinete no encuentra dinero para ello. Según Friz, el establecimiento de plazos claros de servicio durante el estado de guerra sería un «marcador clave» tanto para los militares en activo como para los que se van a movilizar.

En la tarde del 3 de noviembre de 2025, el ministro de Defensa, Denys Shmyhal, anunció que el Ministerio de Defensa había comenzado a preparar nuevos tipos de contratos. La principal «novedad» es el establecimiento de plazos de servicio claros. Para los contratos de 2 a 5 años de duración, se prevé un aplazamiento anual de la movilización tras la finalización del servicio.

«Tras la aprobación de los cambios legislativos, todos los defensores y defensoras podrán firmar los contratos. Tanto los que ya forman parte del ejército como los que se incorporarán a él en el futuro», precisó Shmyhal.

Por si lo ha olvidado: el Ministerio de Defensa prometió elaborar cambios legislativos sobre plazos de servicio claros en 2023, 2024 y 2025. Pero una y otra vez, los mandos militares se opusieron. El Estado Mayor explicó su posición argumentando que, en caso de que un gran número de militares experimentados abandonaran el servicio sin que las unidades se reabastecieran con reclutas, los comandantes se verían obligados a retirar sus fuerzas del frente. ¿Conseguirá el Ministerio de Defensa llevar a cabo su idea fija esta vez? «Ya veremos».

El jefe del departamento analítico de «Vuelve vivo», Anton Muraveynik, está convencido de que es necesario trabajar de forma sistemática no solo con los reclutas, sino también con sus familias, que suelen influir en las decisiones sobre la movilización. Considera que la sociedad tolera la evasión de la actualización de datos porque se basa en experiencias negativas de interacción con el ejército.

¿De qué se trata? Los infractores del registro militar a menudo se encuentran en centros de entrenamiento al día siguiente de su reunión con el TCC. En esta etapa, se les pueden confiscar los teléfonos. En consecuencia, nadie informa a sus familiares. Algunas incluso denuncian la desaparición de sus maridos tres días después de su reclutamiento forzoso.

«Cuando los familiares se comunican por primera vez con los movilizados que se encuentran en el centro de entrenamiento, se produce aproximadamente el siguiente monólogo: «¿Qué haces allí? Vamos a resolver algo. Ya hemos reunido el dinero, te sacaremos de allí», cuenta Muraveynyk a UP. «Varias semanas sin comunicación y en la incertidumbre hacen que, durante la siguiente conversación, la familia le diga al recluta: «Huye de allí. Ya ves lo que está pasando. No te dejan volver a casa. No sabemos qué pasará después»».

A finales de 2023, Zelenski, casi por primera vez desde el inicio de la guerra, habló de movilización. Comenzó a señalar a los «culpables» de los fracasos: unos eran los mandos militares, otros el Gobierno, otros el Parlamento. Al mismo tiempo, coqueteaba con los electores: «Personalmente, hoy no veo la necesidad de movilizar a medio millón de personas». Como resultado, la aprobación de las nuevas normas de movilización se retrasó más de medio año, hasta mediados de abril de 2024. Durante ese tiempo, el número de reclutas disminuyó y las «lagunas» en el frente aumentaron.

Tras la aprobación de la ley, los representantes de todos los poderes del Estado y el Estado Mayor del Ejército de Ucrania evitaron por todos los medios la cuestión de la movilización en sus declaraciones públicas, ya que era extremadamente impopular. Toda la responsabilidad recayó sobre los ejecutores: los militares de los centros territoriales de reclutamiento.

«Las funciones de los empleados del TCC deberían limitarse al envío de citaciones. No deberían buscar a los reclutas. Esa es tarea de la policía», subraya el jefe del departamento analítico de «Vuelve vivo», Muraveynyk.

En su opinión, la obligación de actualizar los datos debería haberse introducido ya en 2022. Según él, entonces los ciudadanos lo habrían aceptado mejor que en el tercer año de una invasión a gran escala. Como se ha perdido tiempo, ahora hay que cosechar los frutos de las decisiones no adoptadas.

rafaelpoch.com

Se supone que el fútbol es un deporte que une a la gente. En Israel, se ha convertido en algo más siniestro: un escenario para el racismo, el militarismo y la propaganda. Desde las gradas de Beitar Jerusalén hasta las ruinas de Gaza, el deporte y la política se han fusionado de maneras que revelan la profunda vinculación del fútbol con el proyecto estatal de colonialismo y limpieza étnica.

Un nuevo informe de la Fundación Hind Rajab expone con gran detalle cómo los soldados y ultras israelíes utilizan la cultura del fútbol para humillar a los palestinos, glorificar la destrucción y normalizar el genocidio.

Estadios del odio

La historia comienza en casa. La cultura de los aficionados al fútbol israelí es conocida desde hace tiempo por su racismo y violencia.

El Beitar Jerusalén destaca como el más extremista. Es el único gran club israelí que nunca ha fichado a un jugador árabe, a pesar de que los árabes representan alrededor del 20% de la población del país. Sus ultras, La Familia , son conocidos por sus lemas y ataques fascistas. Gritan "¡Muerte a los árabes!", han atacado a trabajadores palestinos y, en 2013, incendiaron las oficinas de su propio club en protesta por el fichaje de dos jugadores musulmanes. Para La Familia, el fútbol no es solo deporte: es una expresión de una política de pureza y dominación racial.

Pero el problema va mucho más allá del Beitar. El Maccabi Tel Aviv, el club más condecorado de Israel, cuenta con una amplia base de seguidores. Sus ultras han coreado repetidamente consignas antiárabes y han llenado el estadio con tifos que glorifican a los soldados. En las gradas, se exhiben retratos de soldados junto a las pancartas del club, desdibujando la línea entre la violencia estatal y el orgullo deportivo.

Ni siquiera el Hapoel Tel Aviv, a menudo retratado como un club de "izquierda" o "progresista" debido a sus vínculos históricos con el movimiento obrero, se ha librado de esta situación. En los últimos años, sus aficionados han desplegado pancartas celebrando a los soldados que luchan en Gaza. El nacionalismo, según el informe, impregna todo el espectro del fútbol israelí.

En noviembre de 2024, durante un partido de la Europa League entre el Ajax de Ámsterdam y el Maccabi de Tel Aviv, cientos de aficionados israelíes inundaron la capital holandesa. Lo que siguió no fue el habitual ambiente estridente de un partido fuera de casa, sino una campaña de intimidación. Residentes árabes fueron acosados, banderas palestinas fueron arrancadas de casas y tiendas, y en las plazas de la ciudad, los aficionados corearon: «No quedan niños en Gaza».

La Fundación Hind Rajab presentó una denuncia ante la policía neerlandesa, pero las autoridades desestimaron el caso alegando "pruebas perdidas". Cuando semanas después reaparecieron nuevas imágenes, la fundación volvió a presentar la denuncia, exponiendo tanto la violencia de los aficionados como la reticencia de las instituciones europeas a actuar.

Incidentes similares se han registrado en otras ciudades europeas. Los hinchas del Beitar Jerusalén han llevado sus cánticos racistas a París y Bruselas. Los hinchas del Maccabi Tel Aviv se han enfrentado con manifestantes propalestinos, burlándose del sufrimiento en Gaza. En algunos casos, los ultras se coordinan con organizaciones sionistas locales, convirtiendo los partidos de fútbol en focos políticos donde el deporte se convierte en una excusa para la intimidación.

Fútbol en las ruinas

Quizás el material más inquietante del informe proviene de la propia Gaza. HRF ha recopilado decenas de imágenes y vídeos que muestran a soldados posando con banderas de fútbol y bufandas frente a casas, escuelas y mezquitas demolidas.

Las pancartas del Beitar Jerusalén cuelgan en las salas de estar destruidas. Una bandera del Hapoel Tel Aviv ondea desde un balcón con vistas a las ruinas de Khan Yunis. Un soldado del Maccabi Netanya titula su foto desde Gaza con las palabras: "Algo sobre días fuera de Gaza. Netanya para siempre".

Se han garabateado grafitis y lemas ultras en las paredes de las casas palestinas, convirtiendo las ruinas en lienzos de humillación. En algunos casos, los soldados dedican las demoliciones a sus clubes o graban vídeos donde los barrios arrasados ​​se presentan como "victorias". En Instagram y Telegram, estas publicaciones circulan ampliamente, recibiendo "me gusta" y el apoyo de los aficionados en casa.

Lo que a los forasteros podría parecer un comportamiento casual de los aficionados es, de hecho, propaganda deliberada. Los símbolos del fútbol se utilizan para reivindicar territorios conquistados, burlarse de las familias desplazadas y convertir las atrocidades en un espectáculo consumible para los aficionados.

Un patrón sistémico

La Fundación Hind Rajab sostiene que esto no es obra de unos pocos soldados rebeldes o vándalos. Es un problema sistémico.

En todos los clubes —desde el fascista La Familia del Beitar Jerusalén hasta los ultras del Maccabi Tel Aviv, la supuesta afición "izquierdista" del Hapoel, e incluso Netanya y Haifa—, tanto soldados como aficionados utilizan la identidad futbolística para glorificar la violencia. En todos los estadios —en Gaza, Líbano, Siria y dentro de los estadios israelíes—, aparece la misma imagen. Y en todas las formas —banderas, grafitis, tifos, caricaturas racistas, selfis y publicaciones en redes sociales—, el propósito es el mismo: fusionar el deporte con el genocidio.

Así como las viviendas son confiscadas y reutilizadas en el proyecto colonial israelí, las ruinas palestinas son expropiadas como escenarios de propaganda. El fútbol se utiliza como arma, como extensión cultural de la limpieza étnica.

El llamado a sanciones

Las implicaciones son claras. Estos actos no solo son degradantes y humillantes, sino que constituyen incitación y propaganda al genocidio, prohibido por el derecho internacional.

Para quienes defienden este derecho, el mensaje es simple: Israel no puede seguir participando en el deporte internacional mientras el fútbol se utilice como arma de este modo.

La campaña "Game Over Israel" , que HRF apoya, exige que Israel sea suspendido de la FIFA, la UEFA, la FIBA ​​y todas las federaciones internacionales hasta que termine el genocidio y se rindan cuentas. Hay precedentes: la Sudáfrica del apartheid fue excluida del deporte mundial durante décadas, y Rusia fue suspendida de la FIFA y la UEFA pocas semanas después de su invasión de Ucrania. Cada partido que Israel juega hoy en las competiciones de la UEFA es, según la fundación, una victoria propagandística de un régimen genocida.

"El fútbol y el genocidio no pueden coexistir"

El fútbol debería unir. En Israel, se ha convertido en un arma de división, humillación y propaganda. Soldados ondean banderas ultras en las ruinas de Gaza. Aficionados corean consignas genocidas en plazas europeas. Los estadios glorifican a los soldados mientras se destruyen hogares.

Esto no es casualidad. Es sistémico.

La Fundación Hind Rajab afirma que continuará documentando, presentando casos y haciendo campaña hasta que Israel sea excluido del deporte internacional. «Así como se prohibió la Sudáfrica del apartheid, Israel también debe enfrentarse al aislamiento», concluye el informe.

El fútbol y el genocidio no pueden coexistir.

Fuente: https://www.hindrajabfoundation.org...

Traducido del inglés con traductor automático y revisado por Tortuga.

Mientras los titulares mundiales se concentran en otros conflictos, Sudán atraviesa la que es considerada la mayor crisis de desplazamiento del mundo. Desde abril de 2023, el país africano se ha sumido en una guerra devastadora que ha dejado decenas de miles de muertos y millones de desplazados. Lo que comenzó como una disputa de poder entre dos generales se ha convertido en una catástrofe humanitaria de proporciones épicas, con violencia étnica, violaciones masivas y una población al borde de la hambruna.

¿Qué está pasando ahora?

Desde el 15 de abril de 2023, Sudán vive una guerra civil entre las Fuerzas Armadas Sudanesas (FAS), lideradas por el general Abdel Fattah al-Burhan, y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR o RSF), comandadas por Mohamed Hamdan Dagalo, conocido como «Hemedti». El conflicto se ha extendido por todo el país, especialmente en la capital Jartum y en la región de Darfur, donde las RSF han tomado el control de la mayoría del territorio tras intensos combates.

En octubre de 2025, la situación llegó a un punto crítico con la caída de El Fasher, la última ciudad importante en Darfur bajo control del ejército. La toma de esta ciudad ha sido acompañada de asesinatos masivos, con informes de más de 2.000 civiles ejecutados en solo 48 horas. La violencia es tan extrema que las manchas de sangre en el suelo son visibles desde satélites espaciales.

¿Por qué hay un conflicto tan persistente?

El origen del enfrentamiento: Ambos líderes militares colaboraron en el golpe de Estado de 2019 que derrocó al dictador Omar al-Bashir, quien gobernó el país durante 30 años. Inicialmente acordaron una transición hacia un gobierno civil, pero ese plan nunca se materializó. Las tensiones estallaron cuando se intentó integrar las RSF dentro de las Fuerzas Armadas, lo que habría significado que Hemedti perdiera su poder independiente.

El peso del pasado: Las RSF surgieron de las milicias Janjaweed, responsables del genocidio en Darfur entre 2003 y 2005, donde murieron alrededor de 300.000 personas. Estas milicias cometieron atrocidades sistemáticas contra las comunidades fur, masalit y zaghawa (grupos de origen africano no árabe), incluyendo asesinatos en masa, violaciones y destrucción de aldeas enteras.

Intereses económicos y geopolíticos: Hemedti construyó su fortuna controlando minas de oro en Darfur. Además, múltiples potencias extranjeras tienen intereses en el conflicto: Egipto y Arabia Saudí apoyan al ejército sudanés, mientras que Emiratos Árabes Unidos ha sido acusado por Naciones Unidas de suministrar armas avanzadas, incluidos drones chinos, a las RSF. Esta intervención externa ha convertido a Sudán en un campo de batalla regional donde la paz parece imposible.

¿Qué relación tiene con la comunidad internacional?

La respuesta internacional ha sido vergonzosamente insuficiente. Estados Unidos y otros países han intentado mediar sin éxito. En diciembre de 2024, el Consejo de Seguridad de la ONU decidió poner fin al mandato de la misión de protección de civiles en Sudán (UNITAMS) sin que exista una alternativa.

El Plan de Respuesta Humanitaria para Sudán necesitaba 2.700 millones de dólares en 2024, pero solo recibió el 3,1% de la financiación. En 2025, la situación es aún peor: de los 1.800 millones de dólares necesarios para la respuesta regional, solo se ha recibido el 10%.

Algunos Estados continúan violando el embargo de armas impuesto por la ONU en Darfur, permitiendo que ambos bandos sigan combatiendo. La guerra en Sudán representa una advertencia sobre los conflictos del futuro: múltiples actores externos alimentan la violencia, los mediadores tradicionales fracasan y la paz resulta cada vez más inalcanzable.

Escala del desastre (datos clave)

Víctimas mortales: Entre abril de 2023 y diciembre de 2024, más de 27.000 personas civiles murieron según datos de la ONU, aunque el número real se estima mucho mayor. Solo en la primera mitad de 2025, se documentaron al menos 3.384 muertes de civiles, casi el 80% de todas las víctimas civiles del año anterior en solo seis meses. Otras fuentes calculan más de 150.000 muertes vinculadas al conflicto.

Desplazamiento masivo: Casi 13 millones de personas han sido forzadas a huir de sus hogares. De ellas, aproximadamente 9 millones son desplazadas internas y cerca de 3,8 millones han cruzado las fronteras hacia países vecinos (principalmente Chad, Sudán del Sur y Egipto). Esto convierte a Sudán en la mayor crisis de desplazamiento del mundo. Uno de cada 13 refugiados en el mundo es sudanés.

Hambruna: Cerca de 25 millones de sudaneses (la mitad de la población) enfrentan grave inseguridad alimentaria. En el campo de desplazados de Zamzam, en Darfur, la ONU confirmó condiciones de hambruna. Las hostilidades han destruido tres cuartas partes de las instalaciones de salud en las zonas afectadas.

La violencia sexual se utiliza como arma de guerra de forma sistemática y generalizada. Amnistía Internacional documentó la violación de 36 mujeres y niñas entre 2023 y octubre de 2024, mientras que Human Rights Watch verificó 79 casos de niñas y mujeres (de entre 7 y 50 años) violadas solo en el estado de Kordofán del Sur. UNICEF reportó 221 casos denunciados de violación de menores en nueve estados en 2024, incluidos 16 niños menores de cinco años y cuatro bebés menores de un año. Sin embargo, todas las organizaciones coinciden en que estas cifras son solo una fracción mínima de la realidad, ya que la mayoría de las víctimas no pueden denunciar por miedo al estigma, las represalias o la falta de acceso a autoridades. Los crímenes incluyen violaciones individuales y en grupo, esclavitud sexual durante semanas o meses, y violaciones como castigo o represalia.

Violencia étnica: Los ataques de las RSF se dirigen especialmente contra comunidades africanas no árabes (fur, zaghawa y masalit). La ONU ha advertido del riesgo creciente de limpieza étnica y genocidio, similar a lo ocurrido en Darfur hace dos décadas.
Un conflicto olvidado

A pesar de la magnitud de la crisis, Sudán es uno de los conflictos más olvidados de la actualidad. La atención internacional es mínima, la financiación humanitaria escasa y millones de personas sufren en el silencio mientras el mundo mira hacia otro lado.

Las víctimas son personas reales: familias desplazadas, mujeres violadas, niños y niñas reclutados como soldados, ancianos ejecutados en sus casas, comunidades enteras borradas del mapa. La comunidad internacional tiene la responsabilidad moral de actuar, interrumpir el flujo de armas y garantizar la protección de la población civil.

Lo que está ocurriendo en Sudán no es una crisis humanitaria abstracta. Son vidas humanas destruidas por la ambición de poder de dos generales y la indiferencia calculada de la comunidad internacional.

Redacción Afroféminas

Fuente: https://afrofeminas.com/2025/11/03/...

-Tienes que saber, madre, cómo son las cosas en un hospital militar, probablemente en cualquier hospital. Quien está allí tumbado y enfermo puede sentirse bien de dos maneras: una, porque pierda su nombre, su privacidad, su individualidad. Estás tumbado en la cama y eres sólo una enfermedad. Eres una fractura de cráneo, un tiro en el vientre, una fractura de pelvis. Eso sienta bien. En el hospital, unos jóvenes médicos ayudantes me contaron que la medicina moderna da valor a la idea de ocuparse de la persona en su conjunto. No considero esto ningún beneficio. Que me ahorren ser una persona completa. Tú estás tumbado como un número entre compañeros a los que no les va mejor que a ti. Y te tratan con simple objetividad. La mirada del médico jefe te sobrevuela. Tú sabes que él conoce el desarrollo de tu dolencia. Y tú estás insertado en el curso de la enfermedad, que es igual para todos y que él conoce bien.

Eso no es bonito.

-La segunda... es completamente distinta. Uno está tendido en la cama, y por allí andan personas sanas. No son meros curadores, como se hacen llamar a sí mismos. Son sencillamente personas sanas, portadoras de salud, seres envidiados. A veces no se trata más que de un gato que sale de la cocina y se tumba al sol debajo de la ventana, o junto a la calefacción... o de un ramo de flores recién cortadas. Pero, especialmente, se trata de personas. Cuando son médicos o enfermeras, uno está allí tumbado y acecha la parte de salud, de fuerza, que ellos ceden. Uno se convierte en un simple vampiro. Los venera, los envidia, los ama. De ellos emana un constante aliento de vida y de fuerza.

¿Así era Hilde?

-Te he contado un curioso capítulo de mi existencia hospitalaria. Uno cree que simplemente hace de enfermo, de médico o de enfermera. Pero un secreto lazo espiritual nos une. Muchos médicos y enfermeras lo intuyen en cuanto entran en las salas de los enfermos. Eso es lo que les empuja, creo yo, a la medicina. La mayoría solo se da cuenta después de dar vueltas entre las camas. En eso los métodos curativos solo tienen una importancia indirecta. Los médicos nos venden una esquinita de su cerebro, de su conocimiento, pero nosotros necesitamos más, cogemos más.

Extractado de la novela de Alfred Döblin "El regreso de las tropas del frente" (Vol II de la segunda parte de la trilogía "Noviembre de 1918"). Publicado originalmente entre 1939 y 1949.
Pocket Edhasa, Barcelona 2017

La actual fase de keynesianismo militar y colonial del capitalismo en su enésima crisis, con la potenciación de la industria militar y el rearme como motores económicos y del militarismo y la preparación de la guerra como prácticas políticas y argumentarios unificadores y promotores de una falsa identidad, ha dado al traste con gran parte de la arquitectura de paz posterior a la II Guerra Mundial.

La agenda liberal de “paz y desarrollo” de la ONU muestra sus debilidades tanto para salvaguardar un orden internacional de paz negativa, entendida como ausencia de guerra, como para posibilitar e instaurar un orden de paz positiva, porosa y capilar a todas las urdimbres de nuestro mundo y sus estructura, basado en las promesas de realización humana, promoción de la dignidad y los derechos en serio, interdependencia y ecodependencia del planeta, reconciliación fraterna de los pueblos y destierro del flagelo de la guerra y de su preparación.

El camino de “construcción de la Paz” seguido por nuestras instituciones, otorga la actoría de la Paz a estados e instituciones internacionales, con su cohorte de autoridades, funcionarios, diplomáticos, expertos conflictólogos, asesores y, cómo no, agentes de seguridad y militares, que promueve una estrategia política de “desarme”, entendido como grandes acuerdos (de dudosa vinculación) de contención y control de armamentos, y que descansa bajo el presupuesto epistemológico de la preparación de la guerra, la disuasión y prevención militar como clave de bóveda de todo el constructo de esta paz (negativa).

Pero es incapaz de salvaguardar, tutelar y hacer florecer una Paz entendida como realización del ideal humano de justicia y vía de transformación estructural y cultural, frente a estados hiperventilados y poderes económicos y fácticos salvajes y frente a las dinámicas sistémicas de violencia rectora que caracterizan y organizan el actual marco global y sus estructuras.

De este modo el ideal de Paz está devaluado a mera retórica política al servicio de los poderes mundiales y de su juego de tronos y se ha institucionalizado como legitimación de un orden generalizado de justificación y preparación de la guerra, con alta dosis de violencia global.

Desde las aspiraciones del procomún a un mundo reconciliado, basado en la justicia global, que se tome en serio los derechos humanos de tod@s y de las nuevas generaciones, la propia idea de paz se ha vuelto también retórica, poco operativa, meramente desiderativa o sin contenidos eficaces, porque la Paz “oficial” y “negativa” ha expulsado de su construcción a la gente de a pie, a nuestras capacidades de empoderamiento y nuestra propia agencia como constructores de la paz, relegándonos a meros espectadores pasivos y cautivos de una dinámica endiablada que donde dicen paz es para designar su ausencia o para anunciar tambores de guerra contra nuestros intereses colectivos.

¡Qué paradoja! la paz oficial es nuestra guerra permanente y nuestra Paz deseada lo es contra los intereses de la Paz oficial.

Hacer descansar sobre la agencia política de las instituciones estatales o internacionales vigentes y su cohorte de expertos la construcción de nuestras aspiraciones es una ingenuidad, pero también una irresponsabilidad y una renuncia que impedirá realizar el cambio de rumbo necesario para hacer de la Paz el camino hacia la salida del atolladero.

Transitar hacia una Paz con contenidos pasa por responder de forma diferente a tres grandes preguntas y reenfocar los modos de lucha del pacifismo, para definir una nueva agenda de paz, una nueva agencia para llevarla adelante y una nueva metodología con la que desarrollar el peregrinaje hacia un horizonte alternativo de paz con contenidos o, si se quiere de instauración sustantiva (y no mera institucionalización formal) de la Paz:

1) El qué, que hace relación a los contenidos de la Paz y que exige definir unas temáticas y aspectos concretos alternativos a los de la paz negativa.
2) El quién, que implica a los actores privilegiados para desencadenar los procesos de lucha por la paz y a sus capacidades de agencia y que nos permite desplazar el protagonismo de la construcción de la paz desde los interesados en no promoverla a los interesados en anticiparla.
3) El cómo, que habla tanto de metodologías de acción, como de prácticas sociales y de estrategias de lucha, y que permite desplazar el énfasis en la agenda de desarrollo liberal y de desarme hacia agendas de paz positiva y con contenidos.

En este contexto es en el que, desde distintas articulaciones del antimilitarismo y la lucha noviolenta en el estado español, hemos empezado a reflexionar sobre la necesidad de avanzar en una vía pacifista diferente, intencionalmente enfocada a des-institucinalizar la paz retórica al uso, para instaurar una Paz con contenidos, esto es, capilar, transversal, operativa en lo micro y en lo macro, estructural y cultural, reguladora de nuestras vidas en sus diferentes esferas y orientadora de las reglamentaciones sociales y legales y de los proyectos políticos en términos de seguridad humana, sustentabilidad, interdependencia o ecodependencia.

Una lucha que elije un enfoque de trans-arme y desmilitarización en lugar del de desarme y regulación jurídica meramente formal, que busca realizar desde abajo y de forma simultánea la triple dinámica de a) Resistirse al militarismo en todas sus expresiones y estructuras, b) quitar poder (todo el posible en cada caso y momento) al militarismo y al orden de paz negativa y a su epistemología o paradigma de dominación-violencia y c) empoderar (todo lo posible en cada caso y momento) una construcción alternativa trasvase de capacidades hacia la idea de paz positiva, así como de ejercicio de prácticas y de construcción de una defensa alternativa basada en la seguridad humana, bajo una ratio o paradigma regulador de cooperación-noviolencia.

En la construcción de dichas dinámicas hemos empezado un diálogo estratégico con un actor imprescindible para la construcción del nuevo enfoque de la lucha por la Paz: el mundo obrero y sus organizaciones reivindicativas.

La lucha por la Paz se ha entrelazado históricamente con la lucha de la clase trabajadora, constituyendo un pilar fundamental en la cultura y del patrimonio sindicalista. La guerra y su preparación son nefastos para la clase obreras, ya que desvían recursos, perpetúan la explotación, erosionan los derechos sociales e impiden cualquier expectativa de emancipación, convirtiendo a l@s trabajador@s en víctima y rehén de la lógica militarista. El movimiento obrero habitualmente ha entendido que su apuesta por la emancipación y la justicia social está intrínsecamente ligada a la lucha por la Paz. Este compromiso no es reciente; forma parte de una tradición de resistencia que ha encontrado en el antimilitarismo un aliado estratégico.

La Paz soñada por las organizaciones obreras hace relación con al menos 6 ejes de contenido: a) como realización de la justicia económica y ecosocial; b) como democracia obrera y cogestión económica y productiva; c) como solidaridad internacionalista y antiimperialismo, d) como realización de los derechos humanos, de la igualdad fundamental y protección de la diversidad; e) como salvaguarda y tutela de la naturaleza y de los bienes comunes y f) como cultura y estructuras de paz positiva.

Por su parte, el repertorio de lucha de las organizaciones obreras, que incluye tanto mecanismos de participación y negociación transicional como otros de presión social tales como la movilización, la huelga, el boicot, la negativa a la producción de determinados bienes u otros, acerca también las metodologías de lucha del pacifismo antimilitarista y el sindicalismo obrero.

Los vasos comunicantes entre las aspiraciones de Paz y las prácticas de acción de la clase obrera y del pacifismo trans-formativo son inconfundibles y su alianza estratégica más necesaria que nunca.

Es en este contexto hemos iniciado un cierto “encuentro” de tradiciones, aspiraciones y luchas entre organizaciones obreras de talante transformador (y no meramente gestor del capitalismo) y antimilitaristas en campos como

1. Objeción Fiscal, en la que diferentes organizaciones sindicales ya promueven la objeción fiscal al gasto militar, como forma de resistencia y desobediencia civil frente al rearme y la construcción del militarismo.
2. Objeción Laboral: como instrumento central en la lucha contra la industria militar. No se trata de un simple derecho individual, sino de una herramienta política colectiva que los sindicatos pueden impulsar. La propuesta incluye la introducción en convenios y negociaciones tanto con industrias militares, como de doble uso, prestadoras de servicio o centros de investigación de cláusulas de objeción laboral, protegiendo a los trabajadores que se nieguen a participar en la investigación o producción de material militar.
3. Conversión Industrial y Políticas de Trans-arme: La objeción laboral es un paso crucial, pero debe ir de la mano con propuestas de conversión de la industria militar. El concepto de trans-arme implica una estrategia de transformación social que busca desmantelar el poder militarista, reorientando los recursos y capacidades de las empresas de defensa hacia fines alternativos y socialmente útiles. Esto no significa simplemente abandonar el armamentismo, sino desencadenar procesos de cambio que permitan a la clase obrera actuar para la la co-gestión de la reorientación industrial hacia una economía del bien común.
4. Lucha contra las guerras, movilizaciones y resistencia al rearme.

Fruto de estas reflexiones y encuentros antimilitarismo/luchas obreras, el documento promovido desde el antimilitarismo español y presentado en septiembre de 2025 (enlace al texto) para provocar mayor debate social y profundizar en las estrategias de lucha por una objeción laboral como herramienta de lucha por la desmilitarización.

Escrito por Jesús Centeno

Las empresas armamentísticas estadounidenses se están beneficiando del rearme europeo, las tensiones geopolíticas y el aumento del gasto militar global, en un contexto marcado por la guerra en Ucrania, la incertidumbre en Oriente Medio y las constantes fricciones con China.

La reciente reunión en Washington entre el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y los principales fabricantes de armamento del país volvió a poner el foco en el músculo militar-industrial estadounidense. Y aunque el mandatario no recibió luz verde para usar los misiles Tomahawk, sí logró avances para reforzar sus defensas aéreas con un acuerdo con RTX para adquirir 25 sistemas Patriot.

Según la consultora PwC, los presupuestos de Defensa crecieron cerca de un 9 % en 2024 a nivel mundial, mientras que el Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) sitúa el gasto militar estadounidense en torno a los 916.000 millones de dólares, cerca del 39 % del total global.

Y este auge se refleja en los mercados financieros: el índice S&P Aerospace & Defense Select Industry acumula una subida del 43 % en los últimos doce meses, impulsado por la expectativa de nuevos contratos y programas de modernización militar.

Mientras, los fondos cotizados especializados mantienen también un fuerte crecimiento, y algunos como el ETF iShares U.S. Aerospace & Defense (ITA) ya ganan cerca de un 29 % en lo que va de 2025.

«La seguridad se ha convertido en un activo refugio para los inversores», apunta S&P Global en un informe.

El mercado sigue apostando por los grandes contratistas del Pentágono, como Lockheed Martin, Raytheon, Boeing o Northrop Grumman. Esta última subió un 13 % en el último año al mejorar su calificación crediticia, dado que se beneficiará, según los analistas, del incremento del gasto de la OTAN y de su apuesta por la seguridad en el espacio.

Mientras, Lockheed, una de las empresas estrella del sector y principal contratista del caza F-35, el avión más caro del mundo, acumula este año pérdidas bursátiles del 17 % pese a haber logrado el pasado abril un contrato récord de 9.800 millones de dólares para fabricar misiles PAC-3 MSE. Jerry McGinn, director del área de Base Industrial del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), señala a EFE que «cuando el Gobierno invierte en áreas específicas de Defensa, las empresas de esos sectores obtienen más contratos y más ingresos», lo que suele impulsar el precio de sus acciones.

Sin embargo, cuando hay un cierre de Gobierno o cambian las prioridades, «las empresas más expuestas a contratos federales se resienten», indica. Por su parte, RTX sube alrededor de un 24 % este año, mientras que General Dynamics gana cerca de un 7 %, en línea con la tendencia general del sector, al que, subraya McGinn, ha vuelto el capital privado con fuerza.

«Antes, el dinero iba a software, o a manufacturas. Ahora ven oportunidades en seguridad y por eso se invierte más», apostilla.

Escalada de conflictos

La coyuntura actual es proclive a la expansión del sector, según el experto, dado el rearme europeo, los programas estadounidenses para modernizar su arsenal y el aumento de la demanda global de drones, misiles hipersónicos y sistemas antiaéreos, en un contexto marcado por conflictos como los de Gaza o Ucrania y por otros latentes en regiones como el Sahel, Sudán o Yemen.

También pesan las tensiones entre Estados Unidos y China, según los analistas, cuya rivalidad -agravada por la cuestión de Taiwán y sus compras de armas- ha contribuido a que muchas de estas empresas reciban más inversión y aumenten su valoración en bolsa.

«Además, los presupuestos de Defensa de los países europeos seguirán aumentando de forma sustancial. Esos presupuestos se destinarán a drones, municiones o artillería, y el dinero irá a las empresas que producen esos productos, sobre todo a aquellas que llevan tiempo en el negocio», apunta McGinn.

Impacto en energías limpias por inversión en defensa

Según el experto, habrá también «oportunidades para firmas tecnológicas como Palantir, que tendrán algo que decir en el sector de la defensa aérea, en el mercado estadounidense y en otros como el de Australia, el de Japón o el de Corea». El analista reconoce que esta ola inversora puede implicar que el capital se destine en menor medida a «otros sectores necesarios, como el de las energías limpias».

En ese sentido, el Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) ha advertido que parte de la financiación institucional ha virado hacia defensa en detrimento de los flujos hacia tecnologías verdes y proyectos de transición energética.

«Pero los inversores no se dejan llevar por sentimentalismos, ponen el dinero donde ven una oportunidad», zanja McGinn.

Fuente: https://elobrero.es/historalia/1752...

Iñigo Sáenz de Ugarte

El vuelo de un avión espía U2 en 1958 da a Estados Unidos la primera pista de que algo está ocurriendo en Dimona, Israel. Las fotografías no son una prueba definitiva porque lo que se ve en superficie no permite llegar a una conclusión clara. Es posible que para entonces ya exista un complejo subterráneo para el procesamiento de plutonio. El programa nuclear israelí se había iniciado antes con la firma de un pacto con Francia, por el que París acordaba vender a su aliado en la guerra de Suez un reactor nuclear capaz de producir grandes cantidades de plutonio y la tecnología necesaria para separar el plutonio del combustible irradiado del reactor.

En el último año de su mandato, el presidente estadounidense Eisenhower no abre un conflicto a causa de unas revelaciones aún no confirmadas. La Administración de John F. Kennedy adopta una posición muy diferente. La política de no proliferación nuclear es uno de los objetivos básicos del nuevo presidente y eso le coloca en rumbo de colisión con el primer ministro israelí, David Ben Gurion. El político que dominó los primeros quince años del Estado israelí no permitirá que JFK le arranque una concesión más de la necesaria. Ya ha comenzado el proceso por el que Israel se hará con la bomba nuclear. Actualmente, se calcula que el Estado judío cuenta con al menos noventa cabezas nucleares.

Entonces, tanto el Departamento de Estado como la CIA reciben informaciones o rumores sobre la colaboración de Israel y Francia. En junio de 1960, la Embajada de EEUU en Tel Aviv pide explicaciones por primera vez. Recibe la respuesta de que se trata de una planta de investigación metalúrgica. En diciembre, Washington descubre gracias al Gobierno británico que Noruega ha vendido a Israel veinte toneladas de agua pesada y las dudas empiezan a disiparse. El 8 de diciembre, el director de la CIA, Allen Dulles, informa a la Casa Blanca de que Israel está construyendo una gran central nuclear.

La opinión pública no tarda mucho tiempo en enterarse. El 16 de diciembre, el diario británico Daily Express anuncia que Israel está desarrollando “una bomba nuclear experimental” en Dimona, una pequeña localidad situada en el desierto del Negev.

La primera reacción israelí es la habitual en todos los países que han conseguido la bomba. Dimona ha sido “diseñada exclusivamente con fines pacíficos”, dice el Gobierno de Ben Gurion. Como Israel no cuenta oficialmente con uranio, promete que entregará a EEUU cualquier cantidad de plutonio que se produzca en el proceso de fisión nuclear. No es que estas promesas tengan mucha credibilidad en el Congreso de EEUU en un principio. “Mienten como ladrones de caballos”, dice con lenguaje pintoresco el senador republicano Bourke Hickenlooper.

La presión de Washington es incesante. Kennedy aún alberga esperanzas de que el presidente Gamal Abdel Nasser no coloque a Egipto en el bando soviético y cree compatible la alianza con Israel con un rechazo radical a la bomba nuclear israelí. En una reunión en la suite 28A del Waldorf Astoria de Nueva York, el 30 de mayo de 1961, se produce la confrontación entre los dos hombres.

Ben Gurion se mantiene firme en la defensa del uso pacífico de Dimona. Israel necesita la energía nuclear para mantener plantas desalinizadoras con las que suministrar agua potable a zonas necesitadas, dice. Kennedy no se conforma con explicaciones plausibles. Exige una serie de inspecciones anuales de Dimona con la presencia de científicos neutrales para darles más credibilidad. Ben Gurion comienza a desconfiar.

BG: “¿Qué quiere decir con neutrales?”.

JFK: “¿Cree, como Jruschov, que ningún hombre puede ser neutral? Pensemos en Nehru” (primer ministro de India).

BG: “Sí, Nehru es neutral, aunque tras su experiencia con China, no diría que es tan neutral”.

JFK: “Sí. O Suiza, Suecia o Dinamarca. ¿Se opondría a que enviáramos a un científico neutral?”.

Ben Gurion está acorralado. Negarse a esas inspecciones demostraría que tiene algo que ocultar, que es precisamente lo que está ocurriendo. Acepta, pero a partir de entonces se embarca en una serie de maniobras de obstrucción y consigue retrasar las visitas. Una inspección anterior no había arrojado ningún resultado. En una segunda ocasión, los científicos sólo pueden pasar 40 minutos en Dimona y no reciben permiso para visitar el edificio principal. Todo está preparado para que no encuentren nada.

Kennedy podría haber aumentado la presión hasta niveles insoportables impidiendo la venta de los misiles antiaéreos Hawk en 1962. Por otro lado, sin ellos es probable que Ben Gurion no hubiera autorizado ningún tipo de inspección. Y eso es todo lo que podía conseguir EEUU en ese momento.

Los Hawks son la mejor línea de defensa con la que Dimona puede contar ante un hipotético ataque preventivo egipcio, como de hecho ya había amenazado Nasser. En la primera oleada de ataques para destruir a las fuerzas aéreas egipcias en la Guerra de los Seis Días (1967), Israel sólo pierde ocho aviones. Uno de ellos vuelve dañado a su base manteniendo el silencio de las comunicaciones ordenado para la misión. Entra en el espacio aéreo de Dimona y es derribado por un Hawk.

Kennedy no ceja en su empeño hasta que arranca un compromiso en una reunión con Shimon Peres –entonces viceministro de Defensa e implicado en el programa nuclear desde el primer momento–, que termina convirtiéndose en la respuesta estándar israelí para las décadas siguientes. “Puedo asegurarle con total claridad que no introduciremos las armas nucleares en la región, y que ciertamente no seremos los primeros en hacerlo”, dice Peres en la Casa Blanca. Como se verá más tarde, las palabras tendrán un significado muy peculiar a la hora de encubrir las evidencias sobre la bomba israelí.

La resistencia de Ben Gurion a aceptar inspecciones reales termina enfureciendo a Kennedy. En la historia de la relación entre ambos aliados, pocas veces EEUU ha enviado a Israel un ultimátum tan claro como el que aparece en la carta de JFK al primer ministro israelí del 18 de mayo de 1963. “Este compromiso [con la seguridad de Israel] y este apoyo estarían en serio peligro para la opinión pública de este país y para Occidente si este Gobierno [de EEUU] fuera incapaz de obtener información fiable sobre un asunto tan vital para la paz como el carácter de los esfuerzos israelíes en el campo nuclear”.

Dos hechos inesperados contribuirán a que la tormenta amaine: la dimisión de Ben Gurion y el asesinato de Kennedy.

Una primera respuesta del primer ministro a la carta de Washington contiene las promesas habituales, pero también ciertas salvedades ambiguas que hacen ver a los norteamericanos que el israelí no ha entendido el mensaje. Un mes después, Kennedy envía una segunda carta en términos similares, si cabe más duros, y reitera la amenaza de que el apoyo a Israel está “en serio peligro”.

Ben Gurion está tensando la cuerda al límite, pero no tendrá que afrontar las consecuencias. Antes de que el embajador norteamericano pueda entregarle la segunda carta, presenta la dimisión de forma inesperada. La noticia causa un gran impacto en Israel. El político más poderoso del país se retira de todos sus cargos: primer ministro, ministro de Defensa y líder del partido Mapai (que luego será el Partido Laborista).

Varios políticos e historiadores creen que el conflicto con Washington es lo que ha originado la dimisión. Incluso algunos opinan que fue forzada por Kennedy. Sin embargo, no parece que sea así. En el libro 'Support Any Friend. Kennedy's Middle East and the Making of the U.S.-Israel Alliance', el historiador Warren Bass sostiene que la razón no hay que buscarla en el programa nuclear. La posición de Ben Gurion dentro de su partido era insostenible. La vieja guardia del Mapai “estaba convencida de que Ben Gurion iba a pasar por encima de la vieja generación de líderes y colocar a (Shimon) Peres y (Moshe) Dayan al frente del partido”. No iban a permitirlo.

Sin el carácter indomable de Ben Gurion, muchos creen que el sucesor, Levi Eshkol, será un líder de transición. Pero en el caso del conflicto nuclear con EEUU, su perfil bajo y alergia a los grandes enfrentamientos le resultan muy útiles.

Eshkol no tiene la menor intención de correr riesgos en la relación con Washington. Es demasiado valiosa como para adoptar una actitud obstruccionista. Bass cuenta en su libro un viejo chiste israelí en el que unos agricultores se presentan en el despacho del primer ministro para quejarse de los efectos de una terrible sequía. “¿Dónde?”, pregunta un alarmado Eshkol. “En el Negev, por supuesto”, le dicen. “Menos mal”, comenta Eshkol, mucho más aliviado. “Pensaba que era en EEUU”.

Donde Ben Gurion había sido intransigente, su sucesor es flexible y conciliador. Acepta la idea de inspecciones regulares sin concretar demasiado. En ese momento, la prioridad es reducir al mínimo las tensiones en una relación que es estratégica para Israel. Ya habrá tiempo de ocuparse de que el programa nuclear siga oculto. Kennedy se da de momento por satisfecho.

Su muerte en noviembre de 1963 no provoca un giro completo en las relaciones con Israel. Sí acelera la profundización de la alianza. Lyndon Johnson no está tan comprometido con la idea de no proliferación. Nunca permite que el programa nuclear israelí interfiera en su diálogo con Eshkol. Y da inicio a una etapa que se prolonga hasta nuestros días de venta del mejor armamento a Israel. 210 tanques M-48 en 1965. 48 bombarderos Skyhawk en 1966, la primera gran venta de aviones. 50 bombarderos F-4 Phantom en 1968.

Las inspecciones de Dimona –Kennedy quería que fueran dos al año– se reducen a una sola. Los norteamericanos ven lo que los israelíes quieren que vean. En junio de 1966, The New York Times informa de que la última visita confirma a Washington “la conclusión inicial de que la central no se está utilizando para fabricar armas atómicas”. Lo que no conoces no te puede hacer daño.

En algún momento de la presidencia de Johnson, Israel concluye los trabajos de su primera bomba nuclear. Según el historiador israelí Avner Cohen, cuando llega la guerra de 1967, el país ya cuenta con “capacidad armamentística nuclear, rudimentaria pero operativa”, probablemente dos bombas nucleares.

La Administración Johnson nunca se ve en la tesitura de tomar una decisión al no poder ignorar que Israel tiene la bomba. Nixon no tiene esa posibilidad. Cuando plantea en varias ocasiones al Gobierno de Golda Meir que la aparición de armas nucleares en Oriente Medio es “una amenaza directa a la seguridad nacional de Estados Unidos” porque supondría un grave revés para los intentos de impedir la extensión de esas armas en todo el mundo, Israel comienza a dar forma a la política de ambigüedad calculada que persiste hasta nuestros días. Para ello, es necesario retorcer la verdad, aplicar a ciertos conceptos un significado discutible y hacer creer a Washington que estaría dispuesta a firmar el Tratado de No Proliferación.

Al final, Richard Nixon y Henry Kissinger deciden que la capacidad de presión de su Gobierno sobre Israel es limitada y que llevarla hasta sus últimas consecuencias sería incluso contraproducente para la política de no proliferación.

Tras la llegada de Nixon a la Casa Blanca, la bomba israelí es ya el fantasma del que todos hablan en los Departamentos de Estado y de Defensa en Washington, aunque los hay que harán todo lo posible por ocultarlo. Entre ellos, está el embajador norteamericano en Tel Aviv, Walworth Barbour, en el cargo desde 1961 (lo fue durante doce años).

Barbour asiste a una reunión en el Departamento de Estado al comenzar 1969 donde recibe un informe sobre lo que los servicios de Inteligencia conocen del programa de armas nucleares israelíes. En un momento dado, el embajador se levanta y da por zanjada la cuestión: “Caballeros, no me creo ni una palabra de esto”.

Hay una persona que no da crédito a lo que escucha, quizá porque sólo unos meses antes había dado a Barbour esa información sin que se produjera la misma reacción. Fuera de los oídos de los demás, le dice: “Señor embajador, usted sabe que esto es cierto”. El diplomático le deja claro cuáles son sus prioridades: “Si yo lo reconociera, tendría que ir al presidente [para informarle]. Y si él lo admite, tendría que hacer algo al respecto. El presidente no me envió para meterle en problemas. No quiere que le den malas noticias”.

Todas las claves de lo que termina siendo la luz verde de EEUU a la bomba israelí están en un informe que Kissinger envía a Nixon en julio de 1969, desclasificado en 2001, poco antes de una visita de Golda Meir a la Casa Blanca. El consejero de Seguridad Nacional presenta ahí el consenso existente entre los principales departamentos implicados y hace sus propias recomendaciones.

El texto es en sí mismo un manual de la realpolitik. Se establecen unos principios claros de la política exterior norteamericana pero, al mismo tiempo, se admite que hacerlos cumplir perjudicaría por otras razones a los intereses del país. El silencio es la forma con que se salva esa contradicción. Si los israelíes quieren tener algo, la única alternativa viable es que no se sepa. Golda Meir no podría estar más de acuerdo.

Kissinger establece que la presencia de armas nucleares en Oriente Medio va contra los intereses de EEUU. Acto seguido, detalla el potencial israelí: “Israel tiene 12 misiles superficie-superficie entregados por Francia. Ha puesto en marcha una cadena de producción y planea tener para finales de 1970 una fuerza total de 24-30, diez de los cuales están programados para llevar cabezas nucleares”.

¿Cuál es la principal y única baza con la que cuenta EEUU para presionar, dado que nadie se imagina que vaya a imponer sanciones a su aliado? La venta de los bombarderos F-4 Phantom, prometida por Johnson y que está previsto que se inicie en septiembre. Kissinger apunta que, cuando se firmó ese contrato, Israel se comprometió a “no ser el primero en introducir armas nucleares en Oriente Medio”. Hay que recordar que los F-4 pueden adaptarse para lanzar una bomba nuclear.

Para salvar el salto entre el lenguaje y la realidad, los israelíes tienen su propia definición de la palabra introducir. Según ha contado Yitzhak Rabin a sus interlocutores (entonces embajador israelí en Washington), es lícito contar con armas nucleares mientras no hagan una prueba nuclear, desplieguen esas armas o hagan pública su posesión. Si no hacen nada que sirva al mundo para ser consciente de que existe una nueva potencia nuclear, en ese caso no estarían introduciendo las nuevas armas en la región.

“Al firmar el contrato [de venta de los F-4], escribimos a Rabin para decirle que creemos que la simple 'posesión' constituye una 'introducción', y que la introducción de armas nucleares por Israel sería para nosotros causa suficiente para cancelar el contrato”, prosigue Kissinger.

Con ser peligrosa, la posesión de armas nucleares no lo es tanto como el hecho de que trascienda. Podría hacer que la URSS extendiera su paraguas nuclear sobre los países árabes y reforzar su control sobre ellos. Kissinger se pone en la piel del Politburó para afirmar que los soviéticos también preferirían no saber y no tener por tanto que cumplir los compromisos con sus aliados.

A EEUU le interesa “como mínimo” que Israel firme el TNP. Con una mezcla de cinismo y realismo, Kissinger admite que quizá sea irrelevante. “No es que firmar suponga alguna diferencia en el programa nuclear israelí, porque Israel podría fabricar las cabezas nucleares de forma clandestina”. Al menos, la firma les daría la opción de tratar el asunto abiertamente con el Gobierno de Golda Meir.

Los objetivos norteamericanos planteados a Nixon son que Israel firme el TNP, que se comprometa por escrito a no ser el primer país en introducir las armas nucleares en Oriente Medio, quedando claro que posesión es sinónimo de introducción (aunque Kissinger dice que podrían darse por satisfechos siempre que no se concluya hasta el final el proceso de ensamblaje de una cabeza nuclear o su instalación en un misil); y que detenga la producción y despliegue de los misiles Jericó o cualquier otro misil capaz de transportar una cabeza nuclear.

De inmediato, Kissinger plantea a Nixon por qué estos tres objetivos son de hecho inalcanzables. Este “dilema” se basa en que “Israel no nos tomará en serio” si no estamos en condiciones de amenazar con cancelar la venta de aviones o incluso toda la relación militar entre los dos países, incluida la venta de armamento. Se puede realizar esa presión, pero no será efectiva si no se está dispuesto a llegar hasta el final.

Y lo que Kissinger le dice a Nixon es que no pueden. Negar a Israel los aviones provocaría una “enorme presión pública” sobre el Gobierno –hay que suponer que por la probable protesta de la comunidad judía norteamericana y del Congreso–. “Estaríamos en una posición indefendible si no pudiéramos declarar por qué hemos retirado los aviones. Pero si explicamos nuestra posición en público, seríamos nosotros los que estaríamos desvelando la posesión de armas nucleares por Israel, con todas las consecuencias internacionales que eso conlleva”.

El resultado de la reunión entre Nixon y Golda Meir en septiembre de 1969 no se conoce con el mismo detalle. Parece claro que EEUU e Israel llegaron a un acuerdo secreto en los términos que deseaba Meir. No se harían pruebas nucleares que trascendieran y no habría una declaración pública sobre el nuevo arsenal. EEUU no reconocería en público que Israel contaba con armamento nuclear.

En octubre, Rabin informa a Kissinger de que Israel “no se convertirá en una potencia nuclear”. Es una simple mentira o una aplicación de la adaptación del lenguaje a las circunstancias. Las bombas nucleares existen pero, al no hacerse pública su existencia, en realidad no existen.

Además, comunica que su país estudiará firmar el TNP después de las elecciones de noviembre. Al año siguiente, el mismo Rabin confirma que no habrá tal adhesión. Ya da igual. EEUU abandona toda idea de presión y pone fin a las inútiles inspecciones de la central de Dimona. No es necesario continuar con el teatro de las inspecciones que nunca iban a encontrar nada.

Desde entonces, Israel mantiene una política a la que se llama de ambigüedad nuclear. Ni confirma ni desmiente que tenga las armas nucleares que todo el mundo sabe que tiene. Si es necesario, reitera los términos expresados años atrás por Rabin. En 1986, un técnico de Dimona llamado Mordejái Vanunu se puso en contacto con The Sunday Times para contar lo que sabía del arsenal atómico y aportar pruebas fotográficas. El periódico lo llevó al Reino Unido, pero el Mossad consiguió engañarle después y lo secuestró. Fue juzgado en secreto en Israel y condenado. Pasó 18 años en prisión, de los que once fueron en confinamiento solitario.

El entonces primer ministro, Ehud Olmert, cometió un desliz en una entrevista con una televisión alemana en 2006 al dar a entender que Israel contaba con armas nucleares. Recibió muchas críticas de la oposición entre las que destacó la del exministro de Exteriores Silvan Shalom, del Likud. “Siempre nos enfrentamos a la misma cuestión cuando nuestros enemigos preguntan: ¿por qué se permite a Israel tener la bomba y no a Irán?”. Esa es la pregunta que todos los presidentes norteamericanos posteriores a Nixon no han querido responder en público.

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El cuartel de Juan de Garay (Bilbo) representa un modelo de ciudad que prioriza la lógica de la guerra sobre la vida cotidiana de sus habitantes. El barrio reclama su espacio para ponerlo al servicio de la ciudadanía

Asamblea #BotaKuartela

El cuartel militar de Juan de Garay, ubicado en el corazón del barrio de Irala (Bilbo), es un espacio que simboliza la militarización de nuestras ciudades y la desconexión con las necesidades reales de las personas. Se trata de un enclave de uso militar de 6.500 metros cuadrados que desde la asamblea #BotaKuartela se reclama como un espacio a recuperar para la vida del barrio, en lugar de perpetuar su legado militarista.

La historia de esta reivindicación no es nueva. Desde los años de la insumisión, el antimilitarismo ha cuestionado la presencia de infraestructuras militares en nuestras ciudades. En el caso de Bilbao, el cuartel de Juan de Garay ha sido blanco de múltiples acciones directas noviolentas, algunas de ellas protagonizadas por el MOC de Bilbao; representa un modelo de ciudad que prioriza la lógica de la guerra sobre la vida cotidiana de sus habitantes.

El legado de la insumisión como herramienta transformadora

Durante los años de la insumisión, la desobediencia civil fue una de las formas de resistencia política más significativas en el Estado español. Más de un millón de objetores de conciencia rechazaron colaborar con el ejército, lo que llevó a 1.700 de ellos a ser encarcelados. Este movimiento, que terminó con el servicio militar en el año 2001, dejó lecciones organizativas y éticas que inspiran hoy a la asamblea #BotaKuartela.

En esta línea, las acciones realizadas contra el cuartel de Juan de Garay son una continuación de ese legado. Como ejemplo de estas acciones, en 2018 varias personas llevaron a cabo una Acción Directa Noviolenta, utilizando mazas para comenzar a derribar el muro, maza en mano, de esta instalación militar, mientras denunciaban la presencia de un cuartel en un barrio que carece de equipamientos básicos. Estas acciones derivaron en juicios donde se solicitaban penas de hasta 18 meses de prisión; sin embargo, las implicadas fueron finalmente absueltas. Este episodio reafirmó la fuerza del movimiento antimilitarista y destacó la necesidad de cuestionar las estructuras que perpetúan el militarismo en los entornos urbanos.

La asamblea #BotaKuartela surge con un objetivo claro: recuperar el cuartel de Juan de Garay. Esta lucha trasciende la denuncia de la ocupación militar del terreno; se trata de una propuesta transformadora para crear espacios que prioricen el cuidado, la convivencia y la justicia social. Es una reivindicación que no solo busca desmontar estructuras físicas, sino también desmantelar la lógica militarista que las sostiene, proponiendo alternativas basadas en la vida comunitaria. Debido a ello, la asamblea #Botakuartela trabaja dentro diferentes actividades del barrio, como la Ogi festa, en la que entrelaza el contenido antimilitarista con las diferentes sensibilidades sociales propias del barrio.

Defensa Popular Noviolenta: una alternativa al militarismo

Frente al modelo tradicional de defensa armada, la Defensa Popular Noviolenta (DPNV) propone una alternativa que pone en el centro a la ciudadanía organizada. Este paradigma plantea que la verdadera defensa de un territorio no necesita armas ni ejércitos, sino la acción colectiva y noviolenta para proteger los derechos sociales, económicos y culturales.

La DPNV, basada en la resistencia activa y en la organización comunitaria, se presenta como una forma de enfrentar las amenazas desde la sociedad civil. Es un modelo que, como defiende la asamblea #BotaKuartela, no sólo cuestiona la presencia de estructuras militares como el cuartel de Juan de Garay, sino que apuesta por construir espacios de construcción comunitaria. Derribar los muros del cuartel y abrir ese espacio al barrio no sólo es una acción simbólica contra el militarismo, sino un ejemplo práctico de cómo la ciudadanía puede autogestionar su defensa y bienestar sin recurrir a la violencia.

Un llamamiento a la acción colectiva

La historia del cuartel de Juan de Garay es, en última instancia, la historia de la lucha antimilitarista y por un mundo sin ejércitos ni guerras. Desde #BotaKuartela, la lucha se plantea como un acto de justicia: recuperar lo que siempre debió ser para la vida y no para la muerte.

Pero esta campaña no solo mira hacia el barrio de Irala. Es un llamamiento a todas las personas que habitan en Bilbao a repensar el uso de los espacios públicos, a cuestionar las prioridades militares y a imaginar una ciudad más humana y solidaria. Como expresan desde la asamblea: “Derribar los muros del cuartel no es solo una metáfora; es una necesidad urgente para construir un futuro que ponga la vida en el centro.”

Desde la asamblea #BotaKuartela hacemos un llamamiento al barrio de Irala y a las personas que habitan en Bilbao a movilizarse a favor de la Paz y contra la guerra, sumándose a la denuncia de la existencia del cuartel de Juan de Garay.

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Y con los berenjenales bélicos que está creando nuestra clase política, es de creer que en los próximos años poca gente se va a animar a firmar un contrato que supone el riesgo de ser enviado a una de las guerras de la OTAN y la UE a ser despanzurrado por un dron de uno de esos países que nos dicen que tenemos que odiar. Nota de Tortuga.

Las Fuerzas Armadas españolas tienen 227 generales, pero faltan 9.500 oficiales y 3.000 soldados: “El esfuerzo es ampliar armas, no personal”

El personal militar en activo es de 116.739 efectivos, solo 329 profesionales más que un año antes. El Observatorio de la Vida Militar lamenta que el actual debate geopolítico parece volcar actualmente el esfuerzo en modernizar y ampliar medios y sistemas de armas.

David Fernández

El personal militar en activo en España es de 116.739 efectivos (a 1 de enero de 2025), solo 329 profesionales más que un año antes. No es una buena cifra. De hecho, el Observatorio de la Vida Militar (OVM), un órgano asesor dependiente de las Cortes cuyos miembros son elegidos por los plenos del Congreso y el Senado, alerta en su último informe de que hay un déficit de personal que “debe considerarse crónico”, pues desde el año 2010 la evolución de los efectivos de las Fuerzas Armadas resulta claramente decreciente y, en 2025, “acumula una pérdida de 13.300 militares profesionales”.

Para el Observatorio, “debe ser ineludible mantener los efectivos de personal militar de modo que no sea posible la pérdida progresiva de estos durante más de una década”. Especialmente cuando su número está expresamente recogido mediante una ley. “Los recursos humanos exigen una planificación que no puede quedar nunca al albur de coyunturas diversas de cada presupuesto anual”, denuncia este organismo, que argumenta que haces falta más militares porque “las estructuras orgánicas, los compromisos internacionales y, en consecuencia, la operatividad de las unidades, no han dejado de aumentar, demandando mayor disponibilidad y un mayor sacrificio y exigencia que recae sobre el personal de los ejércitos”.

La ley que regula el número de militares

Esa ley es la ‘Ley de la Carrera Militar'. Su artículo 16 establece que el número máximo de militares profesionales en servicio activo se fija entre 130.000 y 140.000 efectivos. Luego, en los Presupuestos Generales del Estado, se determina el objetivo de militares de tropa y marinería para cada ejercicio. “De lo anterior se observa que existe un déficit de entre 13.000 y 23.000 militares en servicio activo. Para tomar conciencia de lo que ese déficit representa, considerando el extremo superior de esa horquilla (23.000), equivaldría aproximadamente al total del personal que compone la Armada o el Ejército del Aire”, señala el Observatorio, que acaba de presentar una minuciosa radiografía de la situación de las Fuerzas Armadas españolas en un informe de 496 páginas. De los 116.700 efectivos, 73.000 está en el Ejército de Tierra; 20.300 en la Armada y otros 20.300 en el Ejército del Aire.

La ley también establece un tope de 50.000 oficiales y suboficiales. Hay 40.656. Si se restan los 227 generales, “existiría un amplio margen de 9.571 efectivos entre oficiales y suboficiales que no existen”. El Observatorio lamenta que el actual debate geopolítico parece volcar actualmente el esfuerzo en modernizar y ampliar medios y sistemas de armas. “Sin embargo, no contempla con el mismo énfasis, ni en número ni en su preparación, al personal militar que deberá emplearlos”. Los cuadros de mando solo han crecido en 51 efectivos. Y cada vez son más veteranos: el 33% de los oficiales y suboficiales son varones de más de 50 años. Hay que recordar que el Gobierno español se ha comprometido a elevar el presupuesto de Defensa al 2,1% del PIB.

¿Cuántos debería haber?

El organismo pide una reflexión: cuál debería ser, tras 17 años del escenario que plantea la Ley de la Carrera Militar, el número de militares con que deberían contar las Fuerzas Armadas españolas en relación con su actual población. Actualmente, es de 2,4 militares por cada 1.000 habitantes. Lejos del 3,6 de la Unión Europea y del 6 de la OTAN. Y es que los Presupuestos Generales vienen limitando desde el año 2014 un tope de 79.000 militares de tropa y marinería. Actualmente, hay 76.083 soldados, solo 278 más que hace un año. Lo que supone un déficit de 3.000 efectivos. El récord se alcanzó en el año 2010, con 86.112. La condición de militar de tropa y marinería se adquiere al obtener el empleo de soldado o marinero tras superar unas pruebas selectivas y un periodo de formación. El compromiso inicial de permanencia es de dos o tres años, según se determine en la convocatoria. Ese compromiso inicial podrá renovarse hasta un tiempo máximo total de seis años.

Cumplidos cinco años de servicio, estos profesionales pueden suscribir otro compromiso de larga duración, también previa evaluación y declaración de idoneidad. En esta situación se podrá permanecer hasta cumplir 45 años, pudiendo entonces adquirir, si al menos se han cumplido 18 años de servicio, la condición de reservista de especial disponibilidad (RED). Unos 35.400 soldados y marineros tienen este compromiso de larga duración. El Observatorio denuncia que esta escala se está envejeciendo y que esto solo se puede paliar con más convocatorias de ingreso.

El año 2024 finalizó con un incremento de 119 mujeres respecto a 2023, lo que modifica ligeramente la ratio: el 13,1% de los efectivos son femeninos. Estamos hablando de 15.291 mujeres. De todas ellas, 429 son oficiales mayores de 50 años y 441 tienen menos de 32 años. Al menos una decena de mujeres han ascendido ya al generalato. Otro dato importante es el de reservistas. Hay 12.970. La cifra ha ido descendiendo año tras año. En 2014, por ejemplo, había 16.300. La situación de reserva es la condición administrativa previa al pase a la situación de retiro. Los militares pasarán a esta situación, obligatoriamente, por haber cumplido un determinado periodo de tiempo de servicios en ciertos empleos (general, coronel, teniente coronel...) o al cumplir una edad concreta (los oficiales y suboficiales, a los 61 años, y la tropa y marinería al cumplir 58 años). También es posible pasar a la reserva con carácter voluntario, dentro de los cupos que fije el Ministerio de Defensa para los distintos empleos.

Fuente: https://www.infobae.com/espana/2025...

Francesco Vignarca

No se trata de un espectro que aceche a Europa, sino de un Moloch que hipoteca su futuro: la militarización tanto del discurso político como de la economía.

Esta tendencia está empezando a configurar decisiones a largo plazo, vendidas de antemano y presentadas como «naturales» mediante una retórica implacable que transforma el miedo en apoyo político y hace que la industria militar parezca un futuro inevitable. Ya no se trata de una mera «deriva» militarista, sino de una elección política lúcida, brutal y peligrosa, cuyas consecuencias recaerán sobre los ciudadanos de Europa.

Nos enfrentamos, como nos indican los datos, más allá de los anuncios públicos, a un rearme planificado y estructural, y no solo a un aumento temporal del gasto militar.

En 2021, el gasto militar total de los países de la Unión Europea fue de 218.000 millones de euros; en 2024, ascendió a 343 000 millones de euros, y las previsiones consolidadas para el año en curso se sitúan en 392.000 millones de euros (muy cerca del umbral psicológico de los 400.000 millones de euros). Esto basta para demostrar que la supuesta «infrafinanciación de la defensa» que proclaman la Comisión y el Consejo de la UE no es más que una construcción ideológica. No sólo porque el gasto militar ya se encuentra en máximos históricos y crece más rápido que cualquier otra partida del presupuesto público, sino porque la idea que se promueve es que, para defendernos, debemos armarnos. En realidad, la mejor manera de construir una vida colectiva más segura es garantizar los derechos y trabajar para mitigar los conflictos.

La verdadera magnitud del militarismo europeo se revela si observamos el futuro que se está trazando. Andrius Kubilius, comisario de Defensa de la UE, ha sido explícito: «Los europeos invertiremos alrededor de 6,8 billones de euros en el sector militar para 2035, y el 50 % de esa cantidad se destinará a la adquisición de armamento. Será un auténtico big bang financiero». También aclaró que el 90 % de esta carga recaerá sobre los presupuestos de los Estados miembros.

El verdadero objetivo no es fortalecer la Unión en el plano militar, sino beneficiar a los intereses armamentísticos. Así lo demuestra también el enésimo cambio de nombre del plan de rearme de la Comisión, que ahora se ha sometido a un cambio de imagen y se promociona como Hoja de Ruta para la Preservación de la Paz y la Preparación para la Defensa 2030. Una vez más, se recurre a un llamamiento orwelliano a la «paz» para convencer a una opinión pública reacia al belicismo abierto. En cada etapa, se ha cambiado el nombre para hacerlo más comercial, pero el fondo sigue siendo el mismo: construir una Europa armada antes de construir una verdadera política exterior común. Sin embargo, esto último es lo único lógico y sensato, incluso para quienes desean una «Europa fuerte» en el sentido militar.

Así pues, se supone que primero debemos conseguir las armas de guerra y luego, tal vez algún día, la política real. Se trata de un abuso de la lógica y la democracia que solo favorece a una parte: los fabricantes de armas.

Porque esta es la cuestión: la aceleración no está diseñada para la defensa de los pueblos europeos, sino para alimentar los beneficios. Así lo demuestran los programas ya en marcha, como el Fondo Europeo de Defensa y el programa ASAP, así como los propios datos de Bruselas. Estos instrumentos no han conducido a una integración real de la producción armamentista europea. Cada país sigue comprando y produciendo por su cuenta, siguiendo la lógica del poder mezquino y la influencia de pequeños intereses industriales, lo que garantiza que el mercado siga fragmentado y sometido a la preeminencia tecnológica de los Estados Unidos.

Esta enloquecida carrera se justifica por el miedo a las amenazas externas, avivado deliberadamente para suspender el pensamiento crítico y clausurar el debate democrático. Pero se trata de un engaño. Lo que ellos llaman «defensa» se refiere únicamente a la arquitectura militar, mientras que la verdadera defensa —social, civil, diplomática, informativa— ni siquiera es objeto de debate. Y lo más importante es que cada mil millones que se gastan hoy en armas son mil millones que se le substraen a la educación, la sanidad, la transición ecológica y las políticas sociales: una economía de guerra permanente.

Aquella parte de la sociedad civil que aboga por la paz y el desarme lleva años denunciando esto: el aumento de la inversión militar no traerá más seguridad, sino más inestabilidad y más crisis. Sobre todo, hipotecará nuestro futuro. El rearme europeo se está construyendo sobre la deuda pública y compromisos de gasto plurianuales que se transmitirán como una soga al cuello a los futuros gobiernos y generaciones.

Ahora, ante esta escalada masiva, quizá ya no baste con vigilar o denunciar. Necesitamos alternativas estructurales a la guerra. Necesitamos políticas de seguridad que no requieran armas, así como una defensa civil europea. Necesitamos una diplomacia autónoma y multilateral. Necesitamos desmantelar el papel central de la industria armamentista en la economía europea. Porque no es cierto que no haya alternativas. El problema es que nadie quiere debatirlas.

Lo que nos espera no es un breve interludio. Es una encrucijada histórica. O permitimos que Europa se convierta en una fortaleza armada al servicio de los beneficios militares, o construimos otro modelo de seguridad: un modelo que parta de las personas, no de las armas.

Francesco Vignarca
es coordinador de campañas de la Rete Italia Pace e Disarmo, de la que fue coordinador nacional. Estudió Astrofísica en la Università dell´Insubria (Varese y Como) y ha trabajado para la ONG Emergency y la página de economía solidaria Altreconomia. Especialista en información militar e industria de armamento, entre sus libros se cuentan “Mercenari S.p.A.” (Rizzoli, 2004), “Armi, un affare di Stato. Soldi, interessi, scenari di un business miliardario” (Chiarelettere, 2012) o “Disarmo nucleare” (Altreconomia, 2023).

Fuente:
il manifesto global, 19 de octubre de 2025

Tomado de: https://www.sinpermiso.info/textos/...

Deva Mar Escobedo

La empresa fabricante de armas española Escribano M&E cumplirá en breve un año de funcionamiento en Córdoba. El periodo en activo de la fábrica en el parque tecnológico Rabanales 21, a las afueras de la capital cordobesa, ha estado salpicado por protestas en la calle o reclamaciones en sede municipal. El motivo principal es el acuerdo de colaboración de la española con Elbit Systems, una armamentística israelí que presume de tecnología probada en combate, léase en el genocidio en curso en la Franja de Gaza. Tras el embargo de armas a Israel aprobado por el Gobierno el pasado septiembre, el Ministerio de Defensa mantiene que el trabajo de Escribano con Elbit ha cesado, pero el silencio de la empresa española y la ausencia de documentos clave hace pensar a activistas y especialistas que la colaboración no ha terminado realmente.

Mientras no se demuestre el fin de las relaciones de Escribano con Israel, la sociedad cordobesa se seguirá movilizando, según explican en Juventud Córdoba por Palestina (JCxP). El colectivo propalestino convocó la mañana del lunes 3 de noviembre una concentración frente al Rectorado de la Universidad de Córdoba (UCO) para denunciar la “complicidad” de la institución educativa y su rector en el genocidio del pueblo palestino como forma de presionar hacia el fin de la actividad de Escribano en la ciudad.

Nacida en Alcalá de Henares hace más de 35 años, Escribano M&E se expandió a Córdoba hace un año escaso. El lugar escogido para asentarse fue el parque tecnológico Rabanales 21, creado como vivero de empresas por un consorcio formado por el Ayuntamiento de Córdoba y la UCO. “Las parcelas son del Ayuntamiento”, señala Juan Hidalgo Hernández, concejal portavoz del grupo municipal Hacemos Córdoba, que apunta que el papel de la Universidad es “buscar sinergias” con las empresas que se asienten en el parque y establecer convenios con ellas “para que el trasvase de conocimientos e innovación haga atractivo” que se instale una compañía. Es por todo esto por lo que en JCxP consideran que ninguna de las instituciones cordobesas puede lavarse las manos ante la polémica presencia de la compañía de defensa en las afueras de la ciudad.

“Estamos más legitimados que nunca para oponernos a Escribano”, sentencia el portavoz del colectivo Mejor sin armas Juan Escribano —“Escribano el bueno”, se refieren a él a veces como broma por el hecho de que comparta apellido con los fundadores de la armamentística—. “Nos vamos a seguir movilizando porque los informes de[l Centro] Delàs [de Estudios por la Paz] y de Amnistía Internacional son cada vez más contundentes en señalar a Escribano como cómplice de la industria armamentística israelí”, continúa el activista de Mejor sin armas.

“Solo queda seguir oponiéndonos y denunciando”, tercia Hidalgo Hernández con respecto a las posibilidades de acción dentro del marco de la corporación municipal. El grupo político al que representa considera que la instalación de Escribano en Rabanales 21 contravino los requisitos técnicos establecidos para la llegada de empresas. “Hay que discernir si Escribano sigue manteniendo relación de cualquier tipo con el régimen israelí. Eso estaría fuera del ordenamiento legal y habría que anular cualquier clase de contrato que tenga con las administraciones públicas”, declara el portavoz de Hacemos.

Un fin de contrato bajo sospecha

En diciembre de 2023, Escribano conformó una UTE con otra fabricante de armas española, Rheinmetall Expal, para desarrollar los lanzacohetes con Sistema Lanzador de Alta Movilidad (Silam). Con el fin de pertrechar al Ejército de Tierra de estos vehículos, las empresas españolas decidieron basarse en la tecnología PULS de Elbit Systems, que se promociona como testada en combate. “Una multinacional está aumentando sus dividendos cuantiosamente a partir de la masacre del pueblo palestino”, analiza Hidalgo Hernández.

Como consecuencia del embargo de armas a Israel, quedan vetadas las tecnologías de defensa procedentes del Estado colonial, entre ellas la PULS. Fuentes del Ministerio de Defensa aseguran que el desarrollo de los lanzacohetes Silam “sigue adelante” y que serán “las empresas adjudicatarias las que han de buscar alternativas y seguir trabajando en el proyecto”.

Sin embargo, Cordópolis cita a varias fuentes expertas para afirmar que la anulación de la publicación del anuncio de adjudicación del contrato en la Plataforma de Contratación del Estado no conlleva la suspensión integral del contrato. En opinión de los analistas citados por ese diario, el contrato seguiría vigente pese al anuncio oficial de suspensión y el programa Silam, incluida la patente de Elbit, se mantendría en activo en la factoría cordobesa de Escribano.

“Según todos los informes en los que nos basamos, es casi imposible suspender una colaboración así en el corto plazo y no es posible cambiar la tecnología de la noche a la mañana. Es imposible interrumpir la inercia de un día para otro”, asevera Escribano, el portavoz de Mejor sin armas. “Puede que sea todo un paripé”, aventura Guillermo Pedrós, portavoz de Juventud Córdoba por Palestina, sobre la supuesta suspensión de las relaciones con Elbit, “que sea una medida estética y que no se lleve a la práctica”. “Ya ha habido otras ocasiones en las que el Gobierno anunció que iba a romper contratos con entidades sionistas y luego se demostró que eran anuncios vacíos”, añade el activista.

Presión a las instituciones

La presión de quienes se oponen a la presencia de Escribano en Córdoba se enfoca en cambiar el actuar del Ayuntamiento y de la Universidad para marginar o expulsar a la armamentística. En la sala de plenos del consistorio cordobés, Hacemos ha argumentado que Escribano, al seguir colaborando supuestamente con Elbit, está lejos de ser una empresa “que cumpla estándares mínimos para una democracia”. También han cursado una reclamación por la letra pequeña de Rabanales 21: el parque tecnológico está pensado para empresas “de innovación e investigación” —Escribano no lo es, dice Hidalgo Hernández— y la fábrica pone en riesgo a la población, argumentan, por manejar materiales peligrosos tan cerca de la comunidad universitaria y de núcleos de población.

En Juventud Córdoba por Palestina ponen el foco sobre la Universidad y su rector, Manuel Torralbo. La institución mantiene un convenio de prácticas con la fábrica de material bélico e invitó a la empresa a un encuentro de estudiantes y empresas relacionadas con la Escuela Politécnica Superior de Córdoba. Adicionalmente, la Universidad ha apoyado el proyecto de Escribano en varias ocasiones, como en octubre de 2024, cuando se invitó al presidente y cofundador de la armamentística como ponente en un congreso, o este verano, cuando el rector de la UCO se mostró favorable a la ampliación de la actividad de la compañía en una entrevista con el diario ABC.

Diversos colectivos se movilizaron durante el curso y año pasado con concentraciones en la Universidad, alguna performance y la petición de paralización de la Feria Internacional de la Seguridad y la Defensa aun antes de que Escribano se asentara a las afueras de Córdoba, aunque con su llegada ya anunciada.

En JCxP prometen no parar “hasta que podamos decir que Escribano paraliza toda su actividad en Córdoba”. El reto es grande y los intereses que batir son cada vez más amplios: hay más empresas de material bélico que quieren sentar base en Rabanales 21, atraídos por el jugoso anuncio de apertura de una base logística del Ejército de Tierra proyectada para 2027. El Ayuntamiento ya ha dado el visto bueno al asentamiento de Santa Bárbara Sistemas, otra compañía de defensa, en el parque tecnológico. Escribano también aspira a ampliar sus instalaciones comprando varias parcelas nuevas al Ayuntamiento.

Además, si hablamos de Escribano, debemos también hablar de Indra, según apunta el portavoz de Mejor sin armas. Ambas empresas de defensa, presididas cada cual por un hermano fundador de Escribano M&E, mantienen una alianza estratégica con la posibilidad en el aire de fusión de sendas corporaciones. Hay otra vertiente más: “El Gobierno de España, a través de la SEPI, es accionista mayoritario de Indra, que a su vez colabora con Escribano, que a su vez colabora con Israel”, señala el rastro de sangre figurado Escribano.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/cordo...