Tortuga Antimilitar

Ucrania pide respeto a reclutadores tras casos de resistencia de civiles

El jefe de las fuerzas terrestres ucranianas, Oleksandr Pavliuk, calificó de inaceptables los casos de civiles que se resisten en las calles a los reclutadores militares que patrullan en busca de varones en edad de ir a la guerra.

“Las Fuerzas Armadas de Ucrania son la única fuerza capaz de parar y destruir al enemigo ¿Cómo ha llegado la sociedad a tener miedo del Ejército y se permite insultarles?”, se preguntó Pavliuk en un mensaje publicado en su cuenta de Facebook.

El militar ucraniano recordó que “la mayoría de empleados de las oficinas de reclutamiento” son antiguos combatientes en el frente que “todo el mundo respetaba y de los que estaba orgulloso”.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, encargó el año pasado las tareas de reclutamiento a combatientes que habían resultado heridos en el frente, después de que cesara de manera fulminante a todos los jefe de las oficinas de alistamiento del país por la corrupción generalizada para librar del servicio militar a personas en edad de unirse al ejército.

Gente escondida

“¿Qué ha pasado? ¿Por qué la gente se esconde hoy de ellos, porque los desprecia, los acosa e incluso se pelea con los militares? Es inaceptable”, manifestó Pavliuk, que pidió a la población que mantenga “la cabeza fría” y sea consciente de la unidad entre el Ejército y el pueblo, especialmente cuando la existencia del Estado ucraniano está en juego.

“No toleraremos violaciones de derechos a los civiles, pero tampoco violaciones de los derechos de los militares”, concluyó.

Pavliuk envió este mensaje después de que en las últimas semanas hayan aparecido en redes sociales varios vídeos de transeúntes enfrentándose a reclutadores militares cuando éstos últimos intentaban registrar para el servicio militar a varones en edad de ir a la guerra.

Numerosas figuras militares y políticas ucranianas han reconocido que el ejército del país necesita llamar a filas a más ciudadanos para hacer frente a las fuerzas rusas.

El Parlamento ucraniano debate desde el pasado mes de diciembre una ley que busca clarificar las condiciones del reclutamiento. Los diputados se han opuesto a las medidas más duras propuestas por los militares contra quienes eviten ser incluidos en el registro de reclutables.

Kiev / EFE

Fuente: https://eltiempove.com/ucrania-pide...

Para "premiar" a las tropas aliadas que hacían retroceder al ejército alemán que ocupó Italia, el general Francés Alphonse Juin autorizó durante 50 horas a que las tropas del ejército franco-marroquí hiciesen lo que quisieran. Esto desató las mayores violaciones y asesinatos en masa de la segunda guerra mundial, de las cuáles no se escaparon ni mujeres, ni hombres, ni niños. Este hecho es el argumento principal de la película "Dos mujeres" protagonizada por Sofia Loren por la cual recibiría el Oscar de la academia en el 1962.

Ninguno de los tres términos cumplidos.

Fuente: https://insurgente.org/memoria-hist...

Carlos Berbell

Luis Romero, abogado del soldado Carlos León, fallecido durante unas maniobras militares el pasado mes de diciembre, ha denunciado públicamente que «se están recibiendo presiones e intimidaciones intolerables por parte de la jurisdicción militar», en clara alusión al juez togado militar 21 de Sevilla, competente en esta causa.

Según el abogado, las presiones proceden de los abogados de las defensas y de los jefes del juez togado militar; tienen interés en quitar del foco mediático este caso porque la información que está emergiendo en la causa les está perjudicando de forma grave al sacar a la luz la mala organización de la maniobra militar que acabó con la muerte del soldado y de un cabo.

«Tras 33 años de ejercicio de la abogacía y más de 10.000 casos llevados en mi bufete, es la primera vez que un juzgado me advierte y me intimida por informar a la prensa», explica en un comunicado.

Luis Romero ha indicado que dará traslado de su escrito al juez togado militar 21 de Sevilla de manera inminente.

Las advertencias que ha recibido que pueden suceder si sigue hablando con los medios de comunicación han sido: «Apertura de expediente disciplinario por revelación del sumario a la prensa, presión de sus jefes al juez togado militar y posible declaración del secreto sumarial».

En el caso de que el juez togado militar tomara esas medidas abriría un interesante conflicto en torno a la transparencia judicial y sus diferentes aplicaciones en diferentes jurisdicciones, siendo la referencia principal la instrucción por el juicio del «procés», llevada a cabo por el magistrado Pablo Llarena en funciones de juez de instrucción, en el que las partes informaban puntualmente a los medios de comunicación tras cada interrogatorio sin que en ningún momento hubiera habido ninguna advertencia como la recibida por Romero.

Fuente: https://confilegal.com/20240406-el-...

Tras las elecciones presidenciales, el régimen de Putin anuncia para la primavera rusa una nueva fase de reclutamiento militar, una de las más ambiciosas de los últimos diez años.

Sasha Yaropolskaya

Cada año, en primavera y otoño, se organiza el servicio militar obligatorio en Rusia. Tradicionalmente, los hombres de entre 18 y 27 años se ven afectados. Sin embargo, a principios de 2024, el límite de edad para el servicio militar obligatorio se elevó a 30 años, y el objetivo fijado para esta primavera es uno de los más altos de la última década: 150.000 hombres. Es fácil ver por qué. En las condiciones de la guerra con Ucrania, lo que está en juego en este servicio militar obligatorio es mayor porque en los últimos dos años Rusia ha sufrido grandes pérdidas y busca constantemente fortalecer sus tropas en el frente y en la retaguardia.

El régimen de Putin ya llevó a cabo una primera ola masiva de “movilización parcial” en 2022, sometiendo a los civiles rusos a un entrenamiento militar rápido y superficial y enviándolos directamente al frente, un enfoque que luego demostró su ineficacia. También intentó movilizar a los prisioneros de las colonias penitenciarias con la promesa de libertad condicional a quienes firmaran un contrato con el Ministerio de Defensa que les obligara a luchar hasta el final de la "operación militar especial". En cuanto al servicio militar obligatorio, el régimen inicia activamente procesos penales contra todos aquellos que intentan eludirlo. En 2022, 1.121 personas fueron condenadas por deserción del servicio militar, con penas de hasta dos años de prisión.

El servicio militar obligatorio podría servir en el frente

Los jóvenes reclutados no serán enviados directamente al frente, asegura el Estado Mayor ruso. Pero en realidad, hacia el final de su servicio militar obligatorio, estos soldados pueden enfrentar intimidaciones y diversas presiones por parte de sus superiores que buscan obligarlos a firmar contratos con el Ministerio de Defensa para enviarlos al frente. Incluso antes de firmar dichos contratos, algunos de los soldados reclutados serán destinados a las regiones fronterizas de Belgorod y Kursk, que son objeto de bombardeos por parte del ejército ucraniano e incluso de incursiones terrestres de determinadas unidades. En este sentido, el servicio militar obligatorio presenta cuestiones de vida o muerte para los hombres involucrados.

Según informaciones del medio ruso Verstka, que se basa en fuentes de la administración del presidente, el Kremlin también está planeando una nueva ola de movilización militar para reclutar a más de 300.000 hombres en el frente. Esto implicará el reclutamiento de reservistas, estudiantes de universidades militares y soldados reclutados a los que la jerarquía presionará hasta que se firmen los contratos. El régimen espera reunir un número suficiente de hombres a través de estos canales para evitar una nueva persecución masiva similar a la movilización parcial de 2022, que provocó actos contra las oficinas de reclutamiento militar como el éxodo de decenas de miles de trabajadores a los países de Europa, el Cáucaso y Asia Central. Dos semanas después de las elecciones presidenciales marcadas por las manifestaciones y el sangriento ataque a la sala de conciertos de Crocus City Hall, el régimen no quiere más problemas internos.

Guerra en Ucrania: ¿cuáles son los objetivos de Putin en 2024?

¿Para qué se está preparando exactamente el régimen de Putin? Tras el fracaso de la contraofensiva ucraniana a lo largo de 2023 y el inicio de una nueva ofensiva rusa a partir de octubre, Rusia logró capturar aproximadamente 518 km² de territorio ucraniano, según "The Daily Telegraph". El ejército ruso tomó en particular la ciudad de Avdiivka (este de Ucrania. N. de T.) obligando a mil soldados ucranianos a retirarse de esta posición. Después de estos magros éxitos, Rusia se está preparando, según The Economist, para una gran ofensiva en mayo-junio que sería la más ambiciosa desde el intento de guerra relámpago de febrero de 2022. Si se confirman estas informaciones, podríamos hacer algunas suposiciones sobre si el momento actual es apropiado para una nueva ofensiva rusa.

En primer lugar está el cansancio de la guerra del lado ucraniano, donde el efecto de la “unión sagrada” en nombre de la defensa de la patria se agotó después de dos años de privaciones y de numerosas derrotas en el frente. Los voluntarios llenos de entusiasmo patriótico son raros en Ucrania por estos días y cientos de jóvenes buscan activamente escapar del servicio militar obligatorio. El apoyo financiero y militar brindado a Ucrania por la OTAN desde el comienzo de la guerra fue considerable, y Estados Unidos realizó en los últimos dos años la mayor inversión extranjera desde el Plan Marshall en 1948. Pero hoy, el Gobierno de Biden está sumido en una verdadera crisis política, con el Partido Republicano bloqueando activamente cualquier plan legislativo para enviar nuevas armas a Ucrania. El probable regreso al poder en noviembre de Donald Trump, que aboga por una política exterior aislacionista, no augura nada bueno para Ucrania, que depende enteramente del apoyo de los distintos imperialismos para sus necesidades militares. Ante esta debilidad estadounidense, los estados europeos se han comprometido a brindar un apoyo más activo a Ucrania: el Reino Unido, Alemania y Francia han firmado garantías de seguridad con el país y la Unión Europea ha enviado un importante paquete de ayuda militar a principios de este año. Pero estos esfuerzos pueden no ser suficientes para reemplazar el papel que jugó Estados Unidos en este conflicto. Y es esta brecha la que Putin está tratando de aprovechar.

¡Abajo la carnicería de la guerra!

La guerra de movimiento librada por el ejército ruso en febrero de 2022 en todo el frente ucraniano reveló enormes limitaciones militares y logísticas del ejército ruso. Basándose en información incompleta o incluso falsa de sus oficiales, sargentos y generales, el Estado Mayor de Putin perdió decenas de miles de soldados profesionales en ofensivas imprudentes. Desde que Rusia pasó a la defensiva, el frente se ha abastecido de reclutas civiles y del sistema penitenciario ruso, pero también de un flujo de voluntarios que firman contratos con el Ministerio de Defensa con la esperanza de mejorar sus condiciones económicas, siendo los militares el único sector de la economía que paga salarios altos a hombres sin educación superior.

Forzados o voluntarios, todos estos hombres son enviados a una muerte casi segura en una guerra de trincheras donde su coraje o combatividad individual no cuenta mucho frente a los drones ucranianos de bajo costo que los matan cada día por cientos. Estos hombres sirven como carne de cañón para su mando, que está dispuesto a sacrificar sus vidas masivamente para conquistar posiciones sin importancia estratégica como Bakhmout o Avdiivka. Lejos de la propaganda nacionalista chauvinista del régimen de Putin que promete gloria a los soldados, son estas muertes absurdas y sin sentido las que realmente muestran lo que es la guerra en el siglo XXI.

Esta es la razón por la que el servicio militar obligatorio en Rusia es una verdadera tragedia, al igual que lo es en el lado ucraniano. El Estado recorre sus territorios, apuntando en particular a las repúblicas nacionales y a las regiones rurales, reprime a sus jóvenes, sacrificándolos en el altar de esta guerra sangrienta y profundamente reaccionaria. Quienes no mueran en el barro de las trincheras quedarán mutilados, física o psicológicamente, de por vida, con una generación entera que quedará marcada, como después de las guerras de Afganistán o Chechenia, por el trastorno de estrés postraumático.

Dos años después del inicio de la guerra, es obvio que la única manera real de poner fin a esta masacre no será un alto el fuego temporal decidido desde arriba, sino una rebelión de las clases trabajadoras rusa y ucraniana contra sus líderes y contra las potencias imperialistas, quienes hacen posible esta carnicería.

Fuente: https://www.laizquierdadiario.com/R...

Pablo Elorduy

La Comisión Europea ha dado el martes 5 de marzo el pistoletazo de salida a la campaña electoral de Ursula Von der Leyen con la presentación de la nueva Estrategia Industrial de Defensa que, como medida más visible, aporta 1.500 millones de euros a un nuevo “Programa europeo de industria de defensa” (EDIP). No se trata solo de ese fondo ni de otras medidas para otorgar más poder a la industria, sino de la creación de un ambiente prebélico, enmarcado en varias declaraciones sobre el fin de los tiempos en los que Europa se preocupaba de la paz. Las palabras clave resonarán hasta el comienzo del verano en todas las discusiones sobre política europea. Son “cambio de paradigma”, amenaza o peligro “existencial” y, especialmente, “seguridad”. Esta última es la palabra que el equipo de Von der Leyen ha escuchado más en los grupos focales (focus group) con que la alemana prepara su segundo mandato al frente de la Comisión Europea.

Con una zona Euro que lleva varios meses al borde de la recesión, la apuesta de la halcón Von der Leyen por la industria armamentística quiere, en primer lugar, reorientar el debate de las próximas elecciones en torno a la amenaza rusa y, de manera más sutil, respecto a la migración. Ni una palabra del conflicto en Oriente Próximo ni del genocidio israelí en Gaza, que mañana jueves cumplirá seis meses.

Más bravo todavía que la presidenta de la Comisión Europea, Emmanuel Macron, que la semana pasada fue el primero en avanzar la idea de un ejército europeo pisando el barro de los campos de batalla en Ucrania, apuntó el martes que la guerra “ha vuelto a nuestras tierras” y tiró de las orejas a los socios de la UE a los que insta a no ser “cobardes”. En España, un país normalmente ajeno a los grandes debates europeos, el marco lo situó el periódico El País con una portada y un editorial que, el pasado domingo, situaba los términos en las coordenadas que se discuten en las salas nobles de la Unión Europea: “Dado que la guerra de Rusia contra Ucrania ha modificado la estructura de seguridad europea ello requiere también un esfuerzo urgente desde la Unión para fortalecer su capacidad de respuesta en los términos que impone un mundo hostil”.

¿Significa eso que hay riesgo real de guerra con Rusia? Es difícil dar una respuesta. La experiencia de febrero de 2022, cuando la invasión rusa cambió las concepciones acerca de la distancia entre las amenazas y la realidad, invitan a la cautela. Todo puede suceder, aunque, de momento, el resultado más claro de las políticas de seguridad es el incremento de presupuestos, el aumento del monto de las ayudas y nuevos mecanismos para que el dinero fluya hacia los fabricantes de armas.

Pero, para Laëtitia Sédou, de la European Network Against Arms Trade (ENAAT, red europea contra el comercio de armas), el documento aprobado tiene un valor performativo fuera de toda duda: “Nos enfrentamos a una espantosa profecía autocumplida que allana el camino a más guerras, haciendo que los 1.500 millones de euros extra para el EDIP sean casi como un asunto sin importancia”.

Esta investigadora explica que, además de este fondo, los textos incluyen dos nuevos instrumentos, la Estructura del programa europeo de armamento (SEAT) y el Mecanismo europeo de ventas militares que “facilitarán enormemente las exportaciones de armas dentro y fuera de la UE”, según Sédou y que se han presentado sin hacer la “más mínima referencia” a la Posición Común y al Derecho internacional que se supone que rigen estas exportaciones de armas.

Miguel Urbán (Anticapitalistas -The Left) advierte de que las “élites europeas nos preparan para la guerra, lo dijimos ante la despreciable invasión rusa de Ucrania y la respuesta militar de la OTAN”. De este modo, según este eurodiputado, las declaraciones de Macron y de Von Der Leyen apuntando a la posibilidad de enviar soldados europeos a Ucrania “buscan ir preparando el terreno para cuando ese momento llegue”.

Europa está cambiando de escenario. El paso se ha acelerado desde 2022 y ahora ya se plantea abiertamente como una carrera. El Green New Deal ha quedado en un rincón y la retórica apunta a ese “cambio de paradigma estratégico”, por el que la cuestión de la defensa no se ciñe solo a Ucrania sino a la posición de la Unión Europea en el mundo. No se trata solo de una cuestión ceñida a los valores de la UE, sino básicamente orientada a la producción y la inversión. Así lo ha planteado Von der Leyen, quien ha manifestado que la nueva estrategia “ayudará a los Estados miembros no sólo a gastar más, sino mejor, juntos y de forma europea”.

En la práctica esto acarrea que la industria armamentística se beneficiará de la entrada en un Grupo de Alto Nivel específico con capacidad de influir en las políticas europeas. El sector armamentístico, recuerda Sédou, “se describe como un contribuyente crucial a la resiliencia, la seguridad y la sostenibilidad, por lo que debería definirse como un objetivo estratégico para la UE: en la práctica, esto significa, por principio, darle mayor prioridad que a las prioridades civiles”.

Aunque insuficiente para los think tank del sector, el anuncio de la Comisión ha sido un empujón para la industria armamentística. La alemana Rheinmetall ha pegado un subidón de casi el 5% en bolsa en los últimos cinco días y acumula un aumento del 68% en el último año. Leonardo, la industria italiana, ha crecido el 89,28% en un año y otro 5% en la última semana y Thales (Francia) ha subido un 9% desde el anuncio de la Comisión Europea.

Preparados para la guerra

El planteamiento fundamental de la estrategia de la Comisión Europea es el de un imperativo moral que impele a seguir al lado de Ucrania. Bajo este marco subyacen dos temas principales. En primer lugar, se trata de una manera de reforzar la OTAN ante la anunciada victoria electoral de Donald Trump en las elecciones de noviembre. La hipótesis de una salida desordenada de Estados Unidos de Ucrania —Trump es partidario de desplazar la música militar hacia China— amarra más si cabe a la Unión Europea, especialmente a Alemania, en el esfuerzo de guerra con Rusia. La marcha que suena, por tanto, es la de una Unión Europea que se hace con las riendas de la OTAN, convertida en una suerte de “ejército europeo”, y toma la iniciativa ante la posible defección de Estados Unidos de la alianza.

Relacionada con la anterior, la estrategia es también una forma de someter a un marcaje a la extrema derecha con pasado putinista y anhelante, por otro lado, del regreso de Trump. Se trata de poner fuera de juego a Alternativa para Alemania (AfD), cuyos miembros han mantenido contactos con Rusia, y la Agrupación Nacional francesa —que ya fue el partido más votado en las europeas de 2019—, pero también a la decreciente Lega de Matteo Salvini y al ahora apestado Fidesz de Viktor Orban.

La habitual tensión entre los intereses de la Comisión Europea y la de los Estados miembro juega un papel también en este giro de guion. Las resistencias al aumento del gasto militar fueron vencidas a partir de la invasión rusa de Ucrania y quedaron plasmadas en el Concepto Estratégico de la OTAN aprobado en la cumbre de Madrid. En España, el gasto militar con el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos, batió un récord en inversiones militares, pasando del 1,63% en 2017 al 2,17% en 2023. En la actualidad, por el retraso en la conformación del Gobierno PSOE-Sumar, los presupuestos se encuentran prorrogados, pero todo indica que el presupuesto de Defensa seguirá subiendo, dado que, nominalmente no alcanza el 2% del PIB comprometido con la OTAN, puesto a que el gasto militar aparece camuflado en otras partidas.

Por si cupieran dudas acerca de ese aumento de la partida para la guerra, la nueva estrategia planteada por la Comisión Europea se plantea “garantizar que los presupuestos nacionales y de la UE apoyen con los medios necesarios la adaptación de la industria de defensa europea al nuevo contexto de seguridad”.

Alemania es, como tantas otras veces, el país clave para la actual estrategia de la Comisión Europea y el país donde se produce actualmente el mayor conflicto. La filtración de un audio con una conversación entre dos oficiales de la Bundeswehr en la que se especulaba con la posibilidad de enviar misiles Taurus al Gobierno de Volodymir Zelensky ha destapado las tensiones ante la posibilidad de una escalada militar. Tampoco ayuda la perspectiva de un rearme de países como Polonia o Estonia —que se han mostrado favorables a la barra libre de euros para la compra de armamento— y Hungría. Sin embargo, las mayores dudas surgen de la propuesta francesa de emitir eurobonos para la industria militar, algo que choca con la lógica “frugal” de los centroeuropeos, comenzando por Alemania y siguiendo por Países Bajos.

Las palabras de Macron sobre los cobardes parecen una alusión velada a Scholz. Pocas horas más tarde, el hasta 2014 jefe de la OTAN, el danés Anders Fogh Rasmussen, se dirigió directamente a Scholz, al que acusó de ser “demasiado lento, demasiado indeciso” en su posición respecto a Ucrania.

Los think tank de la industria armamentística han señalado desde hace años que la fragmentación de la fabricación de armamento “debilita” a la economía europea. El anuncio del 5 de marzo da mayor poder a la industria para la toma de decisiones y transforma el contenido de la petición de “pedidos prioritarios”, que fue descartada por los propios fabricantes de munición hace dos años, para llegar a un punto en el que puede afectar a “los proveedores civiles de bienes críticos para la fabricación de armas”, denuncia Sédou. Es decir que mientras los productores de armas podrán rechazar “solicitudes prioritarias” sin justificación, esos mismos productores podrán solicitar que la fabricación civil se reoriente a su sector si se consideran bienes críticos en el contexto prebélico actual.

Además, el Banco Europeo de Inversiones, dirigido desde diciembre de 2023 por Nadia Calviño, estudia la forma de escapar de sus normas sobre préstamos para permitir la inversión comunitaria en la industria militar. El BEI, destinado a la innovación, será una de las puertas de entrada para la industria, a la que la Comisión Europea pide una fabricación masiva de drones. La estrategia aprobada el martes establece que, a partir de ahora, las compras de al menos el 40% del equipo de defensa se realicen en compras coordinadas y más de la mitad del presupuesto de adquisiciones de defensa se deberá destinar a productos fabricados en Europa.

En materia de financiación directa, los anuncios quedan aún lejos de las ambiciones maximalistas expresadas desde Francia. Thierry Breton, que, como comisario de Industria, se reclama el comisario de Defensa “de facto”, ha propuesto emitir cien mil millones de euros en nueva deuda conjunta para financiar inversiones en defensa. Los eurobonos, una idea que fracasó durante la crisis financiera por el rechazo absoluto de los llamados países frugales, han asomado de nuevo la pata como modo de sobrefinanciar al sector armamentístico y aeroespacial europeo. Se trata de insuflar fondos a la “producción nacional” para seguir armando a Ucrania y depender menos del armamento de importación, en una escalada vinculada a los nuevos tiempos de proteccionismo de los sectores industriales europeos.

Pedro Ramiro, investigador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL), apunta a que el cambio de concepto se plasmó a partir de dos cumbres, la de la OTAN en Madrid, en el verano de 2022 y la más reciente de Granada, en la que se puso el broche a la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. En esta se pusieron las bases del reposicionamiento geoestratégico de la UE: la remilitarización, la “seguridad” en las fronteras a través de sistemas policiales y acuerdos con terceros países y extractivismo de la mano de la nueva directiva de materias primas y una nueva generación de acuerdos comerciales.

“La pauta extractivista y la pauta fronteriza se complementa con el avance a toda pastilla de la lógica militarista”, señala Ramiro. Es, según este investigador, una “doctrina del shock militar” que se salta los tiempos, habitualmente largos, de la toma de decisiones en Europa. La celeridad con la que Von der Leyen ha iniciado esta campaña de rearme y el breve lapso de tiempo en el que se ha aprobado la ley de materias primas indican que la UE ha visto el caldo de cultivo propicio para mantener una lógica de crecimiento y acumulación que era menos presentable en la lógica del Nuevo Pacto Verde (Green New Deal) en cuanto este requiere, al menos a nivel de discurso, una adaptación a un contexto de escasez.

Para el eurodiputado Urbán, la lógica de la guerra se ha impuesto en el anuncio de la Comisión Europea: “Hoy la burguesía europea va más allá, ni green, ni New Deal, la recomposición capitalista europea va a girar en torno a la reindustrialización militar. Más guerras son más armas, más industria y más negocios; para nosotros son más trabajadoras y trabajadores muertos. Aunque hasta ahora los muertos los pongan ucranianos y rusos”.

La investigadora de ENAAT denuncia que, con los textos aprobados el martes, la militarización de la UE “pasa a un modo fuera de control, convirtiendo a la Comisión Europea y todas sus políticas —principalmente civiles— en una verdadera ”máquina de guerra“ para la industria armamentística”. Finalizada la primavera del Pacto Nuevo Verde por la vía rápida, la doctrina del shock militar ha llegado en el invierno europeo y amenaza con pasar de las declaraciones a los hechos.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/union...

Francisco Carrión

El ministerio de Asuntos Exteriores no ve factible reformar la normativa de nacionalidad para extender la ciudadanía española a los saharauis, alegando que el conflicto de la ex colonia española sigue sin resolverse en la ONU. No encuentra, sin embargo, reparos al envío de armas y material de defensa a Marruecos, censurado por las organizaciones de derechos humanos.

"Las propuestas de reforma de la normativa de nacionalidad para extender la nacionalidad española a los saharauis plantean cuestiones técnicas y de seguridad jurídica que han de ser dilucidadas con arreglo al ordenamiento jurídico vigente, y atendiendo al proceso negociador en el marco de Naciones Unidas, cuya centralidad ha de asegurarse en todo caso", responde por escrito el departamento que dirige el socialista José Manuel Albares a la pregunta planteada en el Congreso de los Diputados por el grupo de Sumar.

El socio de coalición planteaba otorgar la nacionalidad española a los saharauis en virtud del reconocimiento de los pasaportes kosovares desde el pasado enero y el artículo de la Constitución que establece que "ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad". "¿Va a trasladar el Gobierno a esta Cámara alguna iniciativa para revertir la situación derivada de la privación del derecho a no perder su nacionalidad a los españoles saharauis de origen a la entrada en vigor de la Constitución española?", solicitaba el movimiento de Yolanda Díaz.

Sumar tiene registrada en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para instar al Congreso a que se otorgue la nacionalidad española a aquellos saharauis nacidos bajo la administración española del territorio antes del 26 de febrero de 1976. Una iniciativa muy similar a la tomada en consideración por la Cámara baja el pasado febrero a instancias de Unidas Podemos y en la que el PSOE se opuso y salió adelante con los votos del PP y con la abstención de Vox. El texto decayó semanas después ante la convocatoria de las elecciones generales anticipadas del 23 de julio.

Sumar también preguntó a Exteriores por la posibilidad de establecer un embargo sobre la autorización de envío de armas y material de defensa a Marruecos. El departamento de Albares defiende el comercio armamentístico con Rabat. Todas las exportaciones de material de Defensa que realiza España cumplen tanto la legislación nacional como la normativa europea e internacional aplicable a estos efectos. Dicha normativa, a su vez, se basa en el respeto de los preceptos del Derecho Internacional Humanitario y de las medidas encaminadas a promover la paz y seguridad internacionales", arguye escuetamente.

Precisamente Amnistía Internacional denunció hace unas semanas que el Gobierno español volvió a autorizar la venta de material antidisturbios a la policía marroquí tras quince años de parón. La reanudación de las exportaciones coincidió con el histórico cambio de posición en el conflicto del Sáhara y se produjo en el año de la tragedia del salto a la valla de Melilla en el que el uso excesivo de la fuerza por parte de los guardias de fronteras provocó la muerte de menos 37 migrantes.

Entre las recomendaciones emitidas, Amnistía pide al Gobierno "revocar las licencias autorizadas en 2022; no autorizar ninguna licencia de exportación de material policial y de seguridad, incluido el material antidisturbios, hasta que se investiguen de forma exhaustiva e independiente todas las denuncias de graves crímenes de derecho internacional como uso excesivo de la fuerza, tortura y desaparición forzada de las personas migrantes por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes, la justicia procese a los responsables y las fuerzas de seguridad demuestren en la práctica que utilizan ese material de acuerdo con las normas internacionales sobre el uso de la fuerza".

Fuente: https://www.elindependiente.com/esp...

Yago Álvarez Barba
Coordinador de la sección de economía.

Desde que en 2021 entró en vigor el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TPAN), las entidades financieras que financian a las empresas que producen armamento nuclear ha disminuido. Según el último informe Untenable Investments (Inversiones insostenibles) realizado por las organizaciones International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) y la holandesa PAX encuadrado en la campaña Dont Bank on the Bomb, entre enero de 2021 y agosto de 2023 han identificado se 287 instituciones financieras que mantenían importantes relaciones de financiación o inversión con 24 empresas implicadas en la producción de armas nucleares. Una cifra algo menor que las 306 entidades que financiaban esta industria hace un año, lo que supone que la cifra se reduce por cuarto año consecutivo.

No obstante, los cuatro bancos más grandes de España siguen financiando mediante préstamos o comprando las acciones de esta industria tan peligrosa y dañina. Según el informe, entre BBVA, Banco Santander, Banco Sabadell y CaixaBank financian con 11.051 millones de dólares a las empresas de la industria armamentística nuclear.

Aunque existe una amplia diferencia entre Santander y BBVA con los otros dos. Según la investigación, la entidad que dirige Ana Patricia Botín ha prestado 6.524 millones de dólares a ocho empresas que producen o participan de alguna forma en el negocio de las armas nucleares. La cifra es más llamativa teniendo en cuenta que durante el periodo 2019-2021, el Santander financiaba a empresas que fabrican este tipo de armamento con una cifra de 5.344 millones de euros, tal y como ya publicó El Salto. Es decir, pese a la entrada en vigor del TPAN, las inversiones del Santander en estas empresas ha aumentado.

El BBVA, que siempre se encuentra entre los primeros puestos en inversiones a la industria armamentística o en financiar empresas involucradas en el conflicto de Yemen, le sigue de cerca. El banco tiene prestados 4.406 millones de dólares a ocho empresas del sector de las armas nucleares.

Las otras entidades tienen cifras algo menores, pero siguen apareciendo en el listado un año más. Según señala el informe, Caixabank tiene 111 millones de dólares en préstamos a este tipo de empresas. Banco Sabadell aparece como prestataria con 10 millones de dólares a la empresa estadounidense Peraton Inc.

El Estado español también es accionista

Además de los préstamos, el informe señala a aquellas entidades que financian a estas empresas mediante la adquisición de acciones e, incluso, formando parte de sus juntas de accionistas y, por lo tanto, de su toma de decisiones.

Ahí es donde aparece la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), el brazo financiero del Estado mediante el que controla acciones de distintas empresas como Indra o Navantia. De hecho, El Salto ya ha publicado en diversas ocasiones como la SEPI ha participado en el lucrativo negocio de la militarización de las fronteras mediante su alta participación en Indra.

Según este informe, la SEPI tiene 4.680 millones de dólares en acciones de Airbus, la cual también participa en el negocio de las armas nucleares. La empresa MBDA France, en la que Airbus tiene una participación del 37,5%, es el contratista principal del misil de crucero nuclear de medio alcance aire-tierra ASMPA fabricado para formar parte del arsenal nuclear francés.

En el top, los de siempre

Si miramos la tabla alta de este ranking de instituciones financieras, encontramos a los sospechosos habituales del país habitual en hacer negocio con armas y con lo que sea. Las diez primeras entidades con mayor cantidad de acciones y dinero invertido en estas 24 empresas son estadounidenses. El podio lo encabeza el fondo Vanguard. Le siguen en este orden Capital Group, State Street, el perejil de todas las salsas BlackRock, Wellington Management, Fidelity Investments, Newport Group , Geode Capital Holdings, Bank of America y Morgan Stanley.

Seis de ellas han aumentado sus inversiones en este último año, destacando la segunda, Capital Group, que ha aumentado sus inversiones en empresas de este tipo en 11.256 millones de dólares hasta alcanzar los 62.548 millones, y BlackRock que ha aumentado sus inversiones en 5.110 millones de dólares hasta alcanzar una inversión total en 2023 de 53.161 millones, colocándose como la cuarta.

Si miramos a los mayores financiadores mediante préstamos, cambia algo la lista y los países de origen. El mayor acreedor es la estadounidense Citigroup, le siguen Bank of America, JPMorgan Chase, Wells Fargo, la japonesa Mizuho Financial, la francesa BNP Paribas, el grupo japonés SMBC, Goldman Sachs, la japonesa Mitsubishi UFJ Financial y la alemana Deutsche Bank.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/indus...

Juan Antonio Sanz

Si un viajero en el tiempo procedente de 1949 visitara en nuestros días el cuartel general de la OTAN en Bruselas (entonces estaba en París), pensaría que no han cambiado mucho las cosas. Rusia, en aquel tiempo la Unión Soviética, sigue siendo para Occidente su peor amenaza y su razón de ser. Sin embargo, la apuesta ha subido y, con Ucrania como escenario de esta imparable escalada de tensión con Moscú, la Alianza Atlántica opta por la confrontación y el militarismo como señas de renovación de su identidad, frente a las doctrinas de disuasión de antaño.

Una gran diferencia con aquel 4 de abril de 1949, cuando se firmó en Washington el Tratado del Atlántico Norte que estableció el bloque político-militar que ahora cumple 75 años, es que todos aquellos países que entonces se alineaban con Moscú como repúblicas soviéticas o estados satélites en el fenecido Pacto de Varsovia, hoy día son los más antirrusos en el seno de la OTAN.

De aquellos 12 miembros iniciales, ahora, con 32, la Alianza se extiende desde el Báltico a los Balcanes, desde Rumanía hasta Finlandia, con la anhelada incorporación de Ucrania, improbable de momento, conmoviendo el tablero geopolítico europeo.

Las promesas de contención de esa expansión territorial de la OTAN que en los años noventa se hicieron al entonces presidente ruso, Borís Yeltsin, quedaron en agua de borrajas, y el bloque atlántico alcanzó las fronteras de la Federación Rusa. Moscú protestó y no se le hizo caso, ni siquiera cuando en 2004 la Alianza convirtió el mar Báltico en su nuevo campo de maniobras gracias a la incorporación de Lituania, Letonia y Estonia.

La expansión de la OTAN sentenció la relación con Rusia

Esta presión de la Alianza hacia el este solo sirvió para minar las frágiles componendas de carácter militar entre Rusia y la OTAN, torpedear la confianza rusa en Occidente y renovar en el país euroasiático los sentimientos antioccidentales y el ultranacionalismo más exacerbado, que vieron su paladín en el presidente Vladímir Putin.
Como resultado de la invasión rusa de Ucrania, países tradicionalmente neutrales son

Ahora, como resultado de la invasión rusa de Ucrania, también países tradicionalmente neutrales forman parte del bloque atlántico. Suecia y Finlandia se acaban de sumar a la OTAN y han alargado la frontera con Rusia hasta dejarla en un vasto frente de 1.340 kilómetros.

Nunca como en estos momentos había habido tantas fuerzas armadas de la OTAN en las fronteras con Rusia. Esta situación ha provocado el correspondiente despliegue de tropas y material militar rusos. Y no solo de armas convencionales. En 2023, Bielorrusia, un auténtico espolón del Kremlin en territorio de la Unión Europea, permitió a Moscú estacionar no lejos de las fronteras polaca, lituana, letona y ucraniana armas nucleares tácticas cuyo efecto amenazador supone un pulso más en la creciente tensión con Bruselas.

Caída de la URSS y ambición internacional de la OTAN

Dos momentos son claves en esta evolución de la OTAN hacia el militarismo que hoy día es la bandera del club atlántico y que deja atrás la contención de los años del auge de la Guerra Fría, desde los cincuenta a los noventa. Esos hitos son la caída de la URSS en 1991, que empujó a los países del antiguo Pacto de Varsovia y algunas ex repúblicas socialistas soviéticas al regazo de la Alianza, y, más de tres décadas después, la guerra de Ucrania, que desde febrero de 2022 ha cambiado los paradigmas de seguridad mundiales.

Si en sus primeras décadas la OTAN tuvo más un carácter disuasorio, los años noventa vieron sus primeras acciones militares, en la antigua Yugoslavia, y ya en el 2001 participó directamente en una operación fuera del ámbito europeo, en el Afganistán invadido por Estados Unidos tras los ataques del 11 de septiembre de ese año, con la misión ISAF de la Alianza desplegada allí hasta 2014.

Entonces, y por primera vez en 52 años, la OTAN, presionada por Washington, invocó el artículo 5 de su Tratado y puso en marcha la cláusula de defensa colectiva por esos ataques del terrorismo islámico. Este enemigo en la sombra habría de acaparar en los años siguientes la capacidad de la Alianza y llevaría a desarrollar nuevos caminos a la hora de afrontar conflictos, siempre con Washington y sus intereses marcando el paso.

Así, en 2003, la invasión estadounidense de Irak, a lomos de la desinformación y la manipulación más flagrantes, fue secundada por la OTAN entre 2004 y 2011 con su Misión de Asistencia y apoyo a las fuerzas de seguridad iraquíes.

Y en 2011, bajo un mandato de la ONU propiciado también por la Casa Blanca, se puso en marcha la Operación Protector Unificado en Libia, donde la OTAN lanzó ataques aéreos y navales, controló las operaciones militares, creó zonas de exclusión aéreas y realizó embargos de armas. El resultado fue la creación de un vacío de poder en el país, antes gobernado por el sátrapa Muamar Gadafi, que hoy es el mayor foco de desestabilización del Mediterráneo.

Otras operaciones se sucedieron en la década pasada, por ejemplo con la lucha contra la piratería en las costas de Somalia. Sin embargo, estabilizada la lucha contra el yihadismo del ISIS en Oriente Medio pese a las chapuzas estadounidenses en Irak o Siria, la atención de la OTAN estaba ya en Ucrania.

Ucrania, una invasión anunciada

Para Moscú, la posibilidad de la adhesión de Ucrania al bloque atlántico siempre fue casus belli, dada la importancia del vecino del sur en la doctrina estratégica rusa, punto sobre el que la OTAN fue advertida una y otra vez.

Y si bien en los primeros años de poder, tras su llegada al poder en 2000, Putin mostró cierta voluntad de cooperación con Bruselas, la guerra con Georgia en 2008 supuso el punto de fractura. El mensaje militar ruso no iba dirigido a Tiflis, sino a Kiev y su acercamiento a la OTAN invitado por el entonces presidente estadounidense, George W. Bush.

La cumbre de la OTAN de 2022 en Madrid supuso el espaldarazo a su nueva doctrina

La crisis del Maidán en Ucrania en 2014, con la caída del entonces Gobierno prorruso de Kiev orquestada en Washington, la anexión ilegal por Moscú de la península de Crimea (territorio de tradicional mayoría rusa), y la guerra del Donbás, en los territorios prorrusos del este ucraniano, sentenciaron ese alejamiento. La ruptura total llegó con la invasión de Ucrania, la decisión de Occidente de volcarse en el apoyo militar a Kiev y la plasmación en ese frente de la pugna este-oeste.

La cumbre de la OTAN de junio de 2022 en Madrid supuso el espaldarazo a la nueva doctrina de defensa levantada sobre un pilar: la renovación de la OTAN como un bloque militar cuyo horizonte, ante la opinión pública, es la inevitable confrontación, incluso bélica, con Rusia.

Al servicio de la industria militar

Sin embargo, lo que busca en realidad esta estrategia de defensa, remachada esta semana en Bruselas, es propulsar una carrera armamentística, inspirada en el miedo al enemigo ruso, que expanda al máximo la industria militar y los beneficios de este sector, cada día más importante en la economía global. El resultado está ya muy claro: nunca habían obtenido tantos beneficios las empresas de armamento estadounidenses como ahora, con sus fábricas a pleno rendimiento, renovando los arsenales europeos y cubriendo, al tiempo, las necesidades del ejército ucraniano.

Solo en 2024, los miembros europeos de la Alianza Atlántica gastarán 350.000 millones de euros en el ámbito de la defensa, el mayor dispendio en armas, sistemas militares y expansión de los ejércitos del viejo continente desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.

Todo ello enmarcado en el empecinamiento occidental con Ucrania y el delirio de que este país, con suficientes armas, puede derrotar militarmente a una Rusia que en el segundo año de guerra se recuperó de los errores cometidos en 2022, eludió los efectos de las sanciones, disparó su manufactura de armamento, reclutó a cientos de miles de soldados, blindó sus conquistas y sentó las bases de una guerra muy larga que desangrará a los propios ucranianos y a los europeos que los apoyan.

En la reunión que los ministros de Exteriores de la OTAN celebraron esta semana, el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, puso sobre la mesa un ambicioso plan para dotar con 100.000 millones de euros un fondo de asistencia militar a Ucrania para los próximos cinco años.

Claro, Stoltenberg no explicó cómo se compaginará este gasto con la exigencia de que los 32 aumenten al 2% del PIB su gasto en defensa o con la promesa de la Unión Europea de otros 50.000 millones de euros para Ucrania hasta 2027. A alguien se le olvida que la inmensa mayoría de los miembros de la OTAN lo son también de la UE.

La afilada sombra de Trump

No es difícil de entender que, ante tanta promesa sin fondos, EEUU, que había sido hasta fines del año pasado el abanderado de la ayuda militar a Ucrania, haya prácticamente congelado ese respaldo y tenga 60.000 millones de dólares de ayuda a Kiev pendientes de aprobar en el Congreso. Una aprobación dudosa si Donald Trump gana a Joe Biden en las elecciones presidenciales de noviembre.

Esa eventual victoria de Trump podría incluso desbaratar todos los castillos de arena que está construyendo la dirección de la OTAN en torno a Ucrania y su propia capacidad de defensa. El expresidente estadounidense ya manifestó sus recelos ante la cooperación con Europa en la Alianza y quizá por ahí vaya su promesa de acabar con la guerra de Ucrania en 24 horas.

Solamente tendría que retirar todo el apoyo económico estadounidense al conflicto y desligar a su país de una OTAN empeñada en ese "inevitable" choque con Rusia que destacados políticos europeos vienen repicando desde el mayor y más engañoso de los alarmismos y el escaso conocimiento del alcance real de la amenaza rusa.

Fuente: https://www.publico.es/internaciona...;mm=mobile-big

En un intento de fortalecer su Ejército, el Ejecutivo danés también ha anunciado una nueva inversión de unos 25.000 millones de euros, así como el aumento de la duración del servicio militar obligatorio.

El Gobierno danés propone introducir el servicio militar obligatorio para las mujeres y aumentar su duración de cuatro a 11 meses, tanto para las mujeres como para los hombres, según ha anunciado la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, este miércoles.

"Proponemos la plena igualdad de género. Nos gusta decir que tenemos un país igualitario, pero sólo los hombres daneses, por ejemplo, están obligados a asistir al Día de las Fuerzas Armadas, mientras las mujeres tienen la oportunidad de registrarse y convertirse posteriormente en reclutas", apuntó Frederiksen.

"Pero aquí también hay una diferencia en las condiciones. ¿Y por qué? No tenemos ninguna duda de que una mayor igualdad de género creará una defensa más moderna y diversa que refleje los tiempos en que vivimos", añadió la primera ministra y aseguró que "proteger" el país es "una de las cosas más honorables" que se pueden hacer.
Una inversión de 25.000 millones de euros

El Ejecutivo danés también anunció una inversión de unos 25.000 millones de euros en las Fuerzas Armadas. "No nos rearmamos porque queremos una guerra. Nos estamos rearmando porque queremos evitarla", dijo Frederiksen.

El aumento de las donaciones a Ucrania ha dejado un gran vacío en el sistema de defensa del país, que también es miembro de la OTAN.

Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Loekke Rasmussen, subrayó que, en la actualidad, "Rusia no representa una amenaza para Dinamarca".

Fuente: https://es.euronews.com/2024/03/13/...

La decisión del tribunal de garantías de obligar a investigar posible trato degradante a un policía encarcelado en Canarias es la última de una larga lista de sentencias en las que afea a los juzgados que archiven sin apenas investigar causas de torturas y malos tratos en prisión o en comisaría.

EL DIARIO.ES . (ALBERTO POZAS) FOTOGRAFÍA:EFE/JUAN CARLOS HIDALGO. De los calabozos de la Audiencia Nacional a una comisaría de Algeciras. De la Guardia Civil de Murcia a los funcionarios de la prisión de Estremera. Las sentencias del Tribunal Constitucional que denuncian cierres judiciales en falso en investigaciones de posibles torturas o malos tratos a presos y detenidos se amontonan desde hace años con argumentos muy similares para ordenar la reapertura de las pesquisas: se archivaron sin poner en marcha apenas diligencias judiciales. La última, que ordena investigar si un policía encarcelado en Canarias recibió trato degradante en la prisión del Salto del Negro, se suma a una decena de sentencias que dieron la razón, entre otros, a una acusada de pertenecer a Segi, un menor de edad detenido en las protestas contra la sentencia del procés en Barcelona y a la familia de un hombre que se suicidó en los calabozos de la comisaría de Algeciras.

Todos los casos y todas las resoluciones del Constitucional tienen varios denominadores comunes. Presos preventivos o personas detenidas que, en sus denuncias, afirman que han sido insultadas, golpeadas, amenazadas o, incluso, abusadas sexualmente mientras estaban bajo custodia policial o penitenciaria. También tienen en común resoluciones judiciales que archivaron sus quejas, según el Constitucional, sin investigar nada o poniendo en marcha unas diligencias mínimas que, por lo general, no implican la identificación de los posibles implicados

El último caso, conocido esta semana, ha sido el de un policía nacional de Canarias que pasó más de un año en prisión acusado de ser colaborador de unos traficantes de cocaína antes de que su caso fuera archivado hace unas semanas. Durante su estancia en el Salto del Negro denunció que varios funcionarios de la prisión le insultaron y amenazaron, poniendo su seguridad en peligro al juntarle en el patio con presos comunes. El juzgado y la Audiencia Provincial archivaron sus acusaciones.

Son causas que rara vez llegan al pleno del Constitucional y suelen quedarse en una de las dos salas, formadas por seis magistrados. Este caso, sentenciado con Laura Díez como ponente, el tribunal de garantías denuncia que los jueces de Canarias “no llevaron a cabo una investigación exhaustiva y suficiente”, ya que había indicios de trato degradante pero ni siquiera se pronunciaron sobre la posibilidad de poner en marcha “diligencias especialmente indicadas en estos casos”. El agente, por ejemplo, pidió identificar e interrogar a los funcionarios de la prisión, así como a posibles testigos de los supuestos malos tratos.

Estos reproches del Tribunal Constitucional no son nuevos. Ya en 2008, por ejemplo, afearon a los tribunales de la Región de Murcia que archivaran sin apenas investigar la denuncia de un hombre, detenido tras la nochevieja de 2004, que aseguró que había sido agredido por guardias civiles en los calabozos. El Constitucional dijo que existían “vías disponibles” para investigar su denuncia, ya que había “sospechas razonables” para pensar que hubiera sido víctima de maltrato, pero nunca se hizo. No declararon ni los agentes ni el médico ni el abogado del hombre.

Nunca se hizo, entre otras cosas, porque tanto el juzgado como la Audiencia Provincial dieron presunción de veracidad a la versión de los agentes. Algo que, según recordó ya en 2008 el Constitucional, no es así. Esa presunción de veracidad “no viene apoyada en mandato legal alguno”, y hay que aplicar las mismas “cautelas” a la declaración de un guardia civil que a la de cualquier ciudadano.

Del caso Segi a la cárcel de Estremera

En noviembre de 2009 una operación policial daba el pistoletazo de salida a uno de los mayores fracasos de la historia de la Audiencia Nacional en la lucha contra los anexos del terrorismo de ETA: el caso Segi. Decenas de personas fueron detenidas en el País Vasco por orden de Fernando Grande-Marlaska y acusadas de formar parte de la cantera de la banda terrorista para mantener viva su delincuencia en las calles. La práctica totalidad de los acusados en esas operaciones fueron absueltos.

Una de las mujeres acusadas y absueltas denunció que durante su arresto en Donosti y su traslado a Madrid sufrió vejaciones, torturas y abusos a manos de policías encapuchados. Se trató de insultos machistas, golpes, amenazas, zarandeos e incluso tocamientos que, a petición del Ministerio Fiscal, nunca fueron investigados en profundidad.

El Constitucional, en 2016, repitió lo que había dicho ocho años antes en otra sentencia: “Existían medios de investigación disponibles”. Pero en los juzgados de Madrid la causa se limitó a pedir el informe médico y el atestado policial, elaborado por los supuestos autores del maltrato. “No se produjo una investigación exhaustiva”, reprochó el Constitucional al desmontar otro argumento habitual de los juzgados para no indagar en profundidad: que en un primer momento no se refirieron las supuestas torturas.

Otro de los rasgos habituales en estos casos es el cambio de criterio de la Fiscalía. En las causas que ha podido examinar elDiario.es, el Ministerio Público territorial informa a favor de archivar las denuncias de abusos policiales pero también a favor de amparar a los denunciantes cuando el caso llega al Tribunal Constitucional. Sucedió así por ejemplo en el caso de Daniel Jiménez, que se quitó la vida en los calabozos de Algeciras cuando estaba bajo custodia policial.

El joven había sido detenido y acusado por violencia de género y fue encontrado ahorcado en los barrotes de su celda. Previamente ya había intentado quitarse la vida usando un azulejo. Los tribunales gaditanos archivaron la denuncia de la hermana del fallecido en octubre de 2020 sin poner en marcha ninguna diligencia pedida por la familia: las testificales de los agentes y del médico. El Constitucional fue claro al otorgarles amparo y obligar a investigar si hubo negligencia policial: “Clausuraron anticipadamente la instrucción”.

Algo similar a lo que sucedió en 2022 con un caso de la cárcel madrileña de Estremera. Un preso denunció que había sufrido insultos y una paliza a manos de funcionarios y un juzgado llegó incluso a imputar a los acusados, pero el caso se archivó. En este caso, el Constitucional reconoció que el juzgado de Arganda del Rey “no permaneció pasivo” pero sí archivó el caso demasiado pronto.

Apuntó entonces el Constitucional a una posible falta de colaboración de la institución penitenciaria para aclarar el caso de supuesto trato degradante dentro de una cárcel. Esa sentencia habló de la “resistencia y renuencia” de Instituciones Penitenciarias, por ejemplo, a aportar los informes médicos del caso.

Un menor y una fotógrafa en las protestas del procés

El Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial pero sus sentencias tienen efectos prácticos sobre los juzgados. En estos casos, las sentencias obligaban a reabrir las investigaciones y tomar una decisión más documentada antes de archivar el caso o enviarlo a juicio. Según ha podido confirmar elDiario.es, dos casos de presuntos abusos policiales durante las manifestaciones de 2019 en Barcelona contra la sentencia del procés han sido reabiertos después de pasar por el Constitucional.

Uno de ellos es el de la fotoperiodista Sira Esclasans, que denunció haber sufrido un pelotazo de ‘foam' por parte de los Mossos d'Esquadra en una de las manifestaciones que en 2019 juntó a miles de personas en las calles de Barcelona para protestar contra la sentencia del procés y que acabaron en disturbios.

En su caso el Constitucional obligó a reabrir el caso y, según ha podido confirmar elDiario.es, un juzgado de Barcelona mantiene diligencias abiertas para dilucidar si se cometió un abuso policial sobre ella. Se siguen practicando diligencias y han declarado varios testigos además de los agentes acusados.

Algo similar ha sucedido con el caso de un menor de edad detenido durante esas mismas protestas de 2019. Su imagen fue una de las más conocidas de esos días: un joven con una sudadera naranja detenido por media docena de agentes plenamente uniformados. La causa contra él se terminó archivando, como también se archivó la denuncia que él interpuso por maltrato policial. Los jueces alegaron que la “extrema violencia” fue generada por “los manifestantes” y no los policías.

El Diario

Un documento de una trabajadora de Cruz Roja evidencia que, aunque el personal de la organización percibió que el chico requería atención “urgente” y le “costaba mucho moverse”, ningún miembro de la organización acompañó al joven al médico pese a la barrera idiomática. La institución humanitaria defiende que cumplió sus protocolos e hizo todo lo que estuvo en su mano para atenderle con la información que tenían.

Gabriela Sánchez

En silencio, decenas de brazos empezaron a elevarse unos tras otros. Una treintena de migrantes alojados en un hostal gestionado por Cruz Roja en San Fernando de Henares (Madrid) dibujaron con sus dedos una uve “como símbolo de resistencia”. Algunas de sus manos estaban cubiertas con un guante rojo. Alrededor de sus cabezas, una cinta del mismo color buscaba mostrar su rechazo a las condiciones de acogida de Cruz Roja, dependientes del Ministerio de Inclusión. El llanto brotó entre algunos de ellos, disgustados y agotados tras una noche dura. Su compañero Sahd Karim, un joven marroquí llegado a Canarias en patera, había fallecido la madrugada anterior tras quejarse durante horas de un fuerte dolor de estómago.

La concentración, celebrada este viernes frente al Ayuntamiento de San Fernando de Henares y convocada días antes de la repentina muerte, buscaba en un principio llamar la atención sobre la falta de citas para pedir asilo, pero se convirtió en un homenaje a su compañero fallecido. Precisamente en contra de esas dificultades para solicitar protección internacional, 28 migrantes alojados en el hostal de Cruz Roja iniciaron una huelga de hambre la semana pasada. Entre ellos estaba Sahd Karim, que según sus compañeros y la institución humanitaria, dejó de hacer uso del servicio de comedor hasta que todos volvieron a comer el pasado lunes con el inicio del Ramadán.

Sahd Karim tenía 22 años y procedía de Agadir (Marruecos). Su familia ya ha recibido la noticia de su fallecimiento y ha iniciado los trámites para proceder a su identificación. Sahd atravesó el Atlántico en patera y alcanzó las Islas Canarias el 16 de octubre de 2023. Desconcertados, sus allegados aún no entienden por qué el joven falleció de forma repentina en Madrid meses después de arriesgar su vida en el mar.

Los compañeros de Sahd Karim llaman la atención sobre las circunstancias que rodearon la muerte y apuntan a posibles malas prácticas de Cruz Roja: “Ellos no hicieron nada por nosotros. Cruz Roja es responsable”, zanja Asa (nombre ficticio), de origen gambiano. “No nos hacían caso. Fue desesperante. No le acompañaron al médico. Cuando se puso mucho peor, no había nadie de Cruz Roja. No nos respondieron hasta que ya era tarde”, cuestiona el hombre, también alojado en el albergue de San Fernando de Henares. A pesar de que el personal de la organización percibió que el chico requería atención “urgentemente” y le “costaba mucho moverse”, según evidencia un escrito de una trabajadora al que ha accedido elDiaro.es, ningún miembro de la organización acompañó al joven al centro de salud.

Sahd Karim solo sabía hablar árabe. Para tratar de ayudarlo a explicarse con el doctor y sortear la barrera idiomática, una mediadora de Cruz Roja escribió los síntomas y las circunstancias del chico en un papel que entregó al enfermo. Pidió a otro joven migrante alojado en el hostal que fuese él quien le acompañase al centro de salud, donde no había intérpretes. Allí le administraron una “inyección”, según sus compañeros, y le proporcionaron una receta de un protector de estómago (omeprazol). Horas después, el hombre se desplomó en el suelo y falleció tras una parada cardiorrespiratoria.

Cruz Roja sostiene que, por protocolo, no suele acompañar a los migrantes adultos al centro de salud, salvo excepciones. Según defienden, sus equipos no percibieron la gravedad manifestada posteriormente e hicieron “todo lo que estaba en su mano” para atender al joven. El Defensor del Pueblo ha iniciado de oficio una investigación sobre los hechos, por lo que ha solicitado información a la Fiscalía y al Ministerio de Inclusión.

A través de los testimonios de varios compañeros del fallecido, la versión de Cruz Roja y los servicios de emergencias madrileños, elDiaro.es reconstruye los hechos clave que precedieron a la muerte de Sahd Karim, así como las últimas horas de su vida.

Los antecedentes

16 de octubre de 2023. Sahd Karim llega en patera a Canarias, donde pasa un tiempo en Tenerife. Varios compañeros cuentan que ya entonces se quejaba de padecer dolores de tripa intensos. Cruz Roja dice no tener constancia de que el joven sufriera ninguna patología previa destacable.

Diciembre de 2023. Tras haber sido trasladado a Madrid, el marroquí es acogido en el macro campamento levantado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el barrio madrileño de Carabanchel, también gestionado por Cruz Roja. El espacio cuenta con más de 1.200 plazas y sus condiciones han sido cuestionadas por varias ONG.

11 de enero de 2024. Sahd Karim acude a la enfermería del campamento de Carabanchel alegando dolor en el estómago, confirma Cruz Roja. Se le receta omeprazol, según la receta que aún guardaba el joven fallecido entre sus documentos, a la que ha accedido elDiario.es. La prescripción sanitaria indica que debía tomarlo desde el 11 de enero hasta el 11 de marzo. Según Cruz Roja, no tienen constancia de ello. Durante el tiempo que Sahd Karim pasó en el campamento, no fue trasladado a un centro médico, según la institución humanitaria. “En el parte no se considera que hubiese alguna patología. El servicio sanitario no vio necesario el traslado al hospital o centro médico”, explica el responsable de emergencias de Cruz Roja, José Javier Sánchez Espinosa. “No consta que volviese a acudir ir médico”, añade.

22 de febrero. El chico es enviado desde Carabanchel junto a varios compañeros al hostal Goyma, en San Fernando de Henares (Comunidad de Madrid), donde la institución humanitaria ha habilitado decenas de plazas destinadas a los migrantes que, transcurrido el tiempo máximo de estancia en los campamentos de emergencia, no tienen un lugar donde quedarse y aún no han logrado solicitar asilo, ante la falta de citas suficientes -competencia del Ministerio del Interior-.

14 de marzo: el día del fallecimiento

19:15 horas del 14 de marzo. Sahd siente dolores de estómago “muy fuertes” y acude a la única trabajadora de Cruz Roja que se encuentra en el hostal en ese momento, según relatan varios compañeros del joven fallecido. La mediadora atiende al joven pero, como iba a finalizar su turno poco después, le dice que no puede acompañarle al ambulatorio, localizado a unos diez minutos a pie del hostal, confirma la organización.

Sahd Karim solo habla árabe, por lo que la empleada presupone que no va a poder entenderse con el personal médico. Para tratar de ayudarle, de forma informal, relata en un documento los síntomas del chico, con la intención de que pudiese mostrar el texto al personal sanitario.

El escrito, al que ha accedido elDiario.es, denota cierta gravedad: “Hola, me llamo Sahd Karim. Vengo urgentemente porque tengo mucho dolor en la tripa desde hace un rato. Me cuesta mucho moverme”, indica el documento. “Estoy alojado en el hostal Goyma aquí en San Fernando con la Cruz Roja, pero ahora no había nadie en el despacho y he venido aquí. No he comido nada en todo el día porque es Ramadán. Solo un vaso con café y un bollo a las siete de la mañana. No hablo castellano, vengo con un compañero que habla francés”.

“Los dolores eran muy fuertes. Se retorcía de dolor y, aunque podía caminar, le costaba mucho. No entendemos por qué nadie de Cruz Roja le acompaña”, denuncia Bubakar (nombre ficticio) otro de los compañeros del fallecido.

La institución humanitaria aclara que, cuando se trata de plazas de acogida habilitadas en albergues, no hay personal de la organización en horario nocturno y, en general, hay menos empleados que en otro tipo de centros con mayor capacidad. Ese día el turno debía acabar a las 21 horas pero la empleada “estaba enferma” y debía adelantar su hora de salida, según explica Cruz Roja, que recalca que, por protocolo, no suelen acompañar al médico a los adultos acogidos si no se trata de un asunto grave.

19:45 horas del 14 de marzo. Se dirigen a pie al centro de salud. Mohamed es quien acompaña a Sahd. Empiezan a caminar pero, en el transcurso, se ven obligados a hacer varias paradas debido al dolor de estómago del enfermo. “Se retorcía de dolor. A veces se tenía que agachar en el suelo, como si fuese una pelota. Estaba doblado de dolor”, cuenta otro de sus compañeros. Según describe Mohamed, el sufrimiento de su amigo fue evidente hasta para algunos desconocidos que pasaban a su lado: “Justo al lado del hospital, Sahd estaba casi en el suelo cuando vino un señor a preguntarnos qué estaba pasando, le dije que tenía dolor de estómago y nos ofreció llevarnos en su coche”.

20:00 horas del 14 de marzo. Llegan al centro de salud. Según Mohamed, allí le administraron “una inyección”. Desconoce qué medicamento era. “Nos preguntaron varias veces si era alérgico, pero estaba tan mal que no lograba responder”, dice. Este medio ha pedido el parte médico de la consulta, pero sus compañeros no lo encuentran. Creen que, posteriormente, se lo llevaron los servicios de emergencia que atendieron a Sahd en sus últimos momentos. Lo que sí guardan es una receta médica de omeoprazol, el único medicamento que le prescribieron.

20:35 horas del 14 de marzo. Vuelven al hostal. “Sus dolores seguían, aún se encontraba muy mal”, dice Bubakar. El joven marroquí subió a su habitación.

21:15 horas aproximadamente. Sahd Karim sale de su habitación para pedir ayuda y “se marea y se cae” al suelo. Según sus compañeros, se golpea con el marco de una puerta. Entonces sus amigos llaman insistentemente a los teléfonos de dos mediadores culturales de Cruz Roja, que no están de guardia. “No nos hacían caso. Nos decían que habláramos al día siguiente”, dice Bubakar.

La organización sostiene que los jóvenes, ya sea por el nerviosismo o por error, llamaron a empleados que en ese momento no tenían turno de guardia y, por esa razón, tardaron en reaccionar. La institución humanitaria asegura que siempre hay una persona pendiente del teléfono en caso de emergencia y sus números se encuentran “en carteles distribuidos en el hostal”, pero dicen que los migrantes contactaron con quienes ya no estaban trabajando.

Minutos después, Sahd acude al baño para asearse. “Tenía en el móvil el rezo coránico. Yo creo que pensaba que iba a morir y por eso se lavó”. Sahd Karim pide a sus compañeros que la bajen a la recepción del hostal.

21:40 horas del 14 de marzo. A las puertas del albergue, Sahd se desploma y comienza a convulsionar. Sus amigos, desesperados, piden al personal de recepción (ajeno a Cruz Roja) que llame a una ambulancia. Avisan al 112, que se persona en la puerta del albergue 20 minutos después.

22 horas del 14 de marzo. Llega una ambulancia sin servicio de reanimación. Sahd está tendido en el suelo pero aún está consciente, según Cruz Roja. Tiempo después, entra en parada cardiorrespiratoria y el equipo médico pide una UVI móvil, que aparece poco después. Los sanitarios le realizan la maniobra de reanimación, sin éxito.

23: 30 horas. La ambulancia se lleva a Sahd al hospital. Se desconoce si ya ha fallecido o aún intentan reanimarle.

2:30 horas del 15 de marzo. Los amigos y compañeros alojados en el hostal de Cruz Roja conocen la noticia. Sahd ha fallecido.

*Las horas incluidas son aproximadas, en base al relato de los compañeros del fallecido.

Fuente: https://www.eldiario.es/desalambre/...

El gobierno ofrece a la OTAN el puerto de Maò para las fuerzas navales implicadas en su apoyo a Ucrania o Israel. Se mantienen los envíos de armas a Ucrania, se prorrogan los presupuestos militaristas aprobados con el “sí” de Podemos en 2023 y se amplían las misiones militares en Europa del este.

Santiago Lupe

Este viernes las portadas de los medios europeos amanecían con las declaraciones del primer ministro polaco, Donald Tusk, alertando que “estamos en una época de preguerra, no exagero”. Polonia mantiene así el papel de adelantado en el redoble de tambores de guerra de los diferentes gobiernos de la UE en las últimas semanas.

En esta escalada de declaraciones ya escuchamos recientemente a Macron, llegando a insinuar la posibilidad de una intervención directa de tropas francesas o de la OTAN en suelo ucraniano. Nada desdeñable, viniendo del “bonaparte” que dirige la principal potencia militar de la UE, y la única nuclear.

Pero el gobierno “progresista” presidido por Sánchez no se ha quedado atrás. Su ministra de Defensa, Margarita Robles, nos advertía hace un par de semanas que “la amenaza de la guerra es total y absoluta” y que el problema es que “la sociedad no es del todo consciente”. Pero además de las palabras, el belicismo imperialista del gobierno de coalición se está trasladando a políticas bien concretas.

Robles recordaba que el compromiso OTAN de elevar el gasto militar al 2% del PIB para 2030 se mantenía firme. La prórroga de los Presupuestos de 2023 no supondría ningún problema. Estas cuentas fueron acordadas entonces con lo que hoy es Sumar y Podemos, y ya incluyeron un aumento histórico del 26% de la partida de Defensa. Para empezar a definir la participación española en el rearme del imperialismo europeo, Sánchez invitaba y se reunía estos días en Moncloa con los representantes de la industria armamentísitica nacional.

Sobre el resto de compromisos inmediatos, todo en orden. Los envíos de armas a Ucrania se mantienen y el contingente militar español en Europa del este es ya de 1.700 efectivos. Como guinda del pastel, en pleno viernes de Semana Santa, con el país de vacaciones y los telediarios hablando del tiempo y procesiones… se filtraba que la OTAN dispondrá del puerto de Maò, en Menorca, como nueva base naval - junto a las de Rota y Cartagena - para dar apoyo logístico a la Operación Sea Guardian de la Alianza Atlántica.

Este dispositivo tiene, entre otros objetivos, garantizar la “libertad de circulación en el Mediterráneo”, con lo que podría intervenir contra posibles acciones como las realizadas en el mar Rojo por los hutíes en exigencia del fin del genocidio en Palestina. Pero, además de los objetivos sobre el papel, tanto los puertos españoles como las fragatas desplegadas junto a otras de la Alianza son parte del despliegue marítimo de apoyo a Ucrania o al genocidio israelí llevado adelante en Gaza.

Este es el caso de la fragata Méndez Núñez y el buque de aprovisionamiento de combate Patiño, integrados en la flotilla que acompaña al portaviones estadounidense Gerald R. Ford, el mayor de su flota, enviado en noviembre a través del Mediterráneo en apoyo preventivo ante posibles represalias de estados vecinos contra el Estado de Israel por el genocidio en curso. Un papel de guardarle las espaldas a Netanyahu desde el mar, similar al que cumplen los 600 soldados españoles en el sur del Líbano, velando porque no sufra ningún ataque en su frontera norte.

Toda una agenda de militarismo imperialista que el PSOE lleva adelante con el respaldo de sus socios de gobierno de Sumar, que se mantienen entre un silencio administrativo en muchas cuestiones - siguiendo el mantra de Yolanda Díaz de que “la política exterior es competencia del presidente del gobierno” - o el apoyo explícito a la política de la OTAN y Sánchez en Ucrania.

Podemos por su parte, hace bandera de su oposición a esta política, aunque sin poder explicarnos todavía como casa esto con haber borrado de su programa desde 2015 la salida de la OTAN, haber puesto a Julio Rodríguez de candidato - general de la OTAN responsable de los bombardeos en Libia en 2011- o haber vendido los Presupuestos de 2023, en palabras de Ione Belarra, como una cuentas para “que paguen los ricos”, cuando lo que nos estaban colando era el primer cumplimiento presupuestario con la cumbre de la OTAN de Madrid.

Que la respuesta a esta escalada otanista y belicista del imperialismo español esté siendo tan baja, en relación con la magnitud de la amenaza que supone, solo puede explicarse con el rol asumido plenamente a partir de la entrada en el gobierno de coalición en 2019 de parte de IU, el PCE y Podemos. Un papel de pasivizador de las protestas sociales, desarrollado de la mano con la burocracia sindical.

Ante esta escalada, que como vemos no es solo discursiva, es necesario poner en pie un gran movimiento antimilitarista y antiimperialista que detenga la maquinaria de guerra. Es urgente que la izquierda que no es ni aspira a ser furgón de cola del PSOE, junto al movimiento antimilitarista, la izquierda sindical, la militancia de los sindicatos de clase y el resto de movimientos sociales, enfrentemos los planes del gobierno de coalición, que cuentan con el apoyo firme de la derecha y la extrema derecha en este punto. Para frenar la entrega del puerto de Maó, retomar la lucha por el cierre de todas las bases de la OTAN, tumbar los presupuestos militaristas y exigir la retirada de todas las tropas en el extranjero.

Fuente: https://www.izquierdadiario.es/Una-...

CANARIAS7 (LUISA DEL ROSARIO). FOTOGRAFÍA: C7- Es lógico enorgullecerse del carácter «garantista» del ordenamiento jurídico español, un sistema en el que los derechos fundamentales se anteponen a cualquier otra consideración. Ahora bien. ¿Es siempre garantista? Parece que nuestra justicia lo es más con unas personas que con otras, con una tendencia a tener cierta sensibilidad con quien tiene una mejor posición social o económica y ante quien es más blanco que negro.

Viene esto a cuenta del chico que ha estado encarcelado en Gran Canaria como presunto patrón de una patera, enfrentándose a penas de hasta ocho años de cárcel, y que es menor de edad.

Dice el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que ninguno de los dos jóvenes sobre los que se sospechó su minoría de edad alegó ante el juez que los envió a prisión en diciembre que lo eran. Pero la cuestión es si alguien se lo preguntó, porque en eso consiste el ejercicio de un derecho que se supone garantista.

Al parecer, aunque aporten su partida de nacimiento, lo cual hicieron, al ser senegalesa no tiene validez en España, porque no han pasado por el proceso de verificación internacional de documentos. Siendo así, no se puede comprobar si su nombre es real o ficticio, si su origen es verdadero o inventado, o si su edad es una u otra. Pues bien, si no se tiene certeza sobre a quien se está procesando, lo lógico es aplicar las medidas que más benefician al reo, porque es ahí donde reside el garantismo.

Casi siempre, y esto es otro precepto de la justicia, es preferible que alguien que sea culpable esté en la calle a que una persona inocente este en la cárcel. Esto funciona bien con políticos y empresarios, como en el caso del exministro Eduardo Zaplana, que lleva décadas en Benidorm agonizando de cáncer y por eso está en libertad. Pero es que Zaplana, aunque bien bronceado por el sol del Mediterráneo, tiene la «suerte» de no ser completamente negro, lo que le permite acceder a todas las garantías.

Fuente: https://derechopenitenciario.com/no...