Tortuga Antimilitar

No es extraño pensar que el gasto militar ejecutado en 2024 supere los 60.000 millones de euros, una escalada que casi nos sitúa en cerca de un 6% del PIB.

Juan Carlos Rois
Tortuga

Encaramos la finalización del año. En lo que se refiere al militarismo patrio son múltiples las señales que demuestran su refuerzo y penetración como ideología social y a ello dedicaremos, a finales de diciembre, una reflexión para hacer un balance más completo.

De momento me centraré en el escandaloso aumento del gasto militar de tapadillo que venimos sufriendo, gracias a la actuación proactiva del sector más militarista del gobierno y el servilismo cómplice del resto, desde que se celebró el primer Consejo de Ministros del año hasta el de pasado 19 de noviembre, último hasta ahora.

En 31 Consejos de Ministros más dos acuerdos ministeriales, España ha autorizado gasto militar extra durante 2024 por importe (al menos, como casi siempre que hablamos de defensa, porque hay acuerdos aprobados en los que no se ha cuantificado el gasto asumido) de 16.845, 96 millones de euros, cantidad de gasto «extra» y oculto que es superior al gasto que anualmente reconoce como gasto de defensa el propio ministerio del ramo.

Si hacemos caso del presupuesto que el propio ministerio de defensa confiesa para 2023 de14.073,84 millones (16.150 millones si sumamos los Programas especiales de armamentos) como punto de partida y referencia del gasto de 2024 (recordemos que en 2024 estamos con presupuestos prorrogados, al no haber sido capaz el gobierno de sacar unas nuevas cuentas), encontramos que el gasto «extra» aprobado por los consejos de ministros supera con creces el presupuesto reconocido.

Debemos matizar que el gasto aprobado en estos consejos de ministros no es todo gasto a ejecutar durante 2024, sino que una gran parte del mismo se aprueba como gasto plurianual, a ejecutar en varios ejercicios, lo que, además, supone que el gobierno está condicionando e hipotecando presupuestos futuros, al haber asumido un ingente gasto militar, principalmente para adquisición de armamento, en el nuevo ciclo de rearme protagonizado por el gobierno más progresista de la historia.

Repaso a los acuerdos del consejo de ministros sobre gasto militar.

Aportamos, para los más masoquistas, cuadro íntegro de gasto militar aprobado en los Consejos de ministros (pinchar aquí)

La distribución del gasto por meses muestra una curva en la que la principal intensidad del gasto extra aprobado por el gobierno se refiere a los meses de abril a julio, con un repunte final en noviembre y a la espera de la evolución futura en lo que queda de noviembre y el mes de diciembre.

Este enorme gasto militar involucra a su vez a varios ministerios, implicados en su aprobación, con un especial y destacado papel del de Hacienda, que se ha encargado de autorizar nada menos que el 59% del mismo, tanto para compra de armamento y nuevos programas de armas, como acudiendo al fondo de contingencia para aumentar el gasto en operaciones militares de injerencia militar en el exterior. A este le ha seguido Defensa, principalmente para adquisición de armas, material y reparaciones, con un total del 32 % del gasto, Interior, básicamente por el aumento de sueldos de la guardia civil y reparaciones en cuarteles, seguido por otros ministerios con partidas más minoritarios, entre ellos el de Transición Ecológica que se ha pagado varios barcos militares de propiedad del Ministerio de Transición referido.

Esta distribución demuestra, una vez más, la transversalidad y la complicidad de los diferentes ministerios en la construcción y ocultación del militarismo español. No es una novedad, si tenemos en cuenta que estos ministerios protagonistas del aumento del gasto militar extraordinario son una parte de los ministerios que ya se encargaban de disfrazar en sus propios presupuestos partidas destinadas al gasto militar.

Un cuadro más detallado muestra las principales partidas que se han aprobado como gasto militar extra por los consejos de ministros de 2024.

Si nos referimos al ministerio de defensa, no quiero dejar de comentar el aumento del presupuesto para programas especiales de modernización de las FAS en 496.01 millones, así como los incrementos de presupuesto destinados a inversiones militares en infraestructura y otros bienes y por participación de las Fuerzas Armadas en operaciones de mantenimiento de la paz por 304.38 y 154.37 miles de euros respectivamente, sin despreciar el aumento de los sueldos de los militares en concepto de complementos por dedicación especial en nada menos que 59,7 millones (ya veremos el pelotazo anual que supone este concepto cuando se retribuya a los más de 14.000 soldados desplegados en la DANA de la Comunitat Valenciana, que se corresponden al trimestre aún no contabilizado por la IGAE), los 42,78 millones por cuotas sociales, y los 28,23 millones por pagos al ISFAS.

Avance de la IGAE

Si acudimos al avance de liquidación de gasto de la Intervención General de las Administraciones Públicas referido a septiembre de 2024 (último publicado) también podemos extraer conclusiones suculentas.

La primera, que Defensa ha tenido transferencias de crédito extraordinario para el presupuesto de defensa de este año (recordemos una vez más que el presupuesto de defensa no es todo el gasto militar anual porque gran parte del mismo se imputa a partidas ajenas al presupuesto de defensa) por importe de 2.514,68 millones de euros, lo que supone un incremento del presupuesto inicial que el ministerio reconocía de un 18% aproximadamente de incremento, a falta de contabilizar el aumento de gasto de los meses de octubre, noviembre y diciembre, de los que IGAE aún no ha tenido acceso.

Estamos hablando por lo tanto de al menos 16.588,52 millones de euros en manos de Defensa según IGAE, a los habría que sumar todo el gasto oculto en otros ministerios del que ya hicimos mención en el estudio del presupuesto de 2024 publicado en estas mismas páginas, más lo que éstos gastos hayan podido suponer de aumento extra gracias al consejo de ministros (por ejemplo, por las subidas de sueldos a la guardia civil, una parte importante del gasto militar aumentado en 2024 imputable al ministerio de interior).

¿Cómo encontrar indicios de las otras partidas de gasto extra imputables a gasto militar para este año?

Pues piano-piano.

Miremos lo que dice el informe mensual de la IGAE del mes de septiembre fuera del presupuesto del ministerio de defensa:

Primero, hay una partida de inversiones reales para financiar con 0.8 millones de euros, de las que una parte nada despreciable fue para el enorme despliegue militar de la cumbre de defensa en Toledo, la presidencia europea de la UE de enero a junio de 2023, que se financia al parecer con dinero autorizado en 2024, una nueva modalidad de gasto opaco.

Otras cantidades por inversiones militares en infraestructuras, funcionamiento operativo de los servicios e inversiones de carácter inmaterial supone una transferencia de crédito desde Hacienda a Defensa por importe de 1.178.29 millones de euros para inversiones en infraestructuras, así como 510,97 millones para funcionamiento operativo de los servicios y 5 millones para inversiones de carácter inmaterial, 26,7 y 25,1 millones más por ingresos obtenidos por créditos generados. Total 1.741,06 millones más que aparecen.

En cuanto al Ministerio de interior, se ha incrementado su presupuesto anual, según la IGAE, de 100,97 millones de euros por incremento de salarios de la guardia civil, más otros 6,93 millones en aportaciones al mutualismo de la guardia civil.

No se detectan de momento incrementos significativos ni en clases pasivas militares, ni es posible encontrar otros en los demás ministerios donde suele ocultarse el gasto militar, pues IGAE no desagrega en estos informes los datos por programas y partidas.

¿Hay algo más?

Pues sí, otro indicio: la estrategia industrial de defensa 2023, a la que me referiré en el apartado siguiente, prevé, según los datos que proporciona uno de los documentos del ministerio en los que se detalla algo, que en 2024 se invertirán en armas 9.578,28 millones de euros. Partiendo de esta cifra y comprobando la cantidad asignada en los presupuestos de 2023 (que están prorrogados) en los programas 122B (Programas especiales de modernización) y 122 A (modernización de las FAS), cuyo importe conjunto es de 5.242,59 millones de euros, resulta que hay 4.335,69 millones de euros que van a ser invertidos en armas durante 2024 y que no están en la partida presupuestaria. ¿De dónde salen? Pues en nuestra opinión de la enorme cifra de gasto militar que el consejo de ministros ha ido comprometiendo durante el año, ya sea en partidas destinadas en exclusiva para este año o a partidas plurianuales.

En este sentido conviene decir que IGAE detecta, como hemos dicho, un gasto extrapresupuestario de defensa de 2.514,68 millones de euros, no todo destinado a armas porque, como hemos visto antes, también se contemplan en dicho gasto servicios corrientes, aumentos de gastos de personal y cuotas sociales, etcétera.
Aparece aquí un verdadero iceberg con una panza hundida en la opacidad de más de varios miles de millones de euros sobre la que deberemos seguir profundizando contra corriente.

Inversiones de defensa previstas para 2024 y hasta 2029

España se ha embarcado desde hace más de una década en protagonizar un nuevo ciclo de rearme y militarización.

Como se sabe, estos ciclos imponen sobre la sociedad una enorme carga de deuda que condiciona las políticas futuras de toda índole, dado el alto coste de oportunidad del gasto militar, asumido por otra parte por políticos que pasan sin vergüenza de los intereses industriales militares a los públicos y viceversa en ese ciclo de puertas giratorias que caracteriza al oligopolio militar industrial español.

Para tener una aproximación del cálculo político del gobierno en lo que se refiere al aumento del gasto militar en lo relativo a las inversiones en armas, podemos acudir a la estrategia industrial de la Defensa 2023-2027, aprobada conforme a resolución aprobada en la Resolución 300/09365/23, de 25 de mayo, de la Secretaria de Estado de Defensa, por la que se aprueban las directrices generales de la Estrategia Industrial de Defensa 2023 (BOD 110, de 7 de junio de 2023, pág. 15.905 y ss., que se puede descargar aquí), plan publicado bajo el virreinato de Margarita Robles (a escasos días de la celebración de la elecciones de 2023) y que muestra el servilismo español a las directrices OTAN y a los deseos del jefe de mando del bloque occidental, EEUU.

El plan es una especie de ramillete de cuentos de calleja entre propagandístico y colorista, con la que justificar, sobre todo, la decisión de endeudarnos de forma brutal para adquirir armamento de nueva generación y enfoque «proyectivo», es decir, pensado para la injerencia militar y la interoperabilidad con los otros ejércitos occidentales y no precisamente enfocado a la defensa, sino a la imposición de la fuerza.

Dicho plan es bastante deudor de la Estrategia Europea Común de Defensa (EDIS) con un alcance hasta 2035 y de un Programa de la Industria Europea de Defensa (EDIP) y de los recursos que en torno a estos programas va a movilizar el presupuesto europeo, así como los compromisos de gasto militar que asumen por sí cada uno de los estados.
Aunque la resolución de junio de 2023 en sí no desgrana las medidas, el Ministerio de Defensa ha elaborado posteriormente un documento explicativo de sus propósitos donde, ya sí, ofrece alguna cifra cuando menos preocupante (puede consultarse aquí).

Copio a continuación el esquema de ambiciosas necesidades armamentistas que se propone adquirir defensa y lanzo una pregunta. ¿se defiende con estos cachivaches lo que la gente del común queremos defender?

Como ven, todo un rosario de armas tecnológicas para las que el presupuesto de defensa de 2023 incrementó el gasto en inversiones militares en un 26% respecto del año anterior, «abriendo un nuevo ciclo de inversión militar con el objetivo de alcanzar el 2% del PIB en 2029» (no deja claro el documento si pretenden el 2% del conjunto del gasto militar o del ciclo inversor en armas, lo cual ya es preocupante si tenemos en cuenta los antecedentes de opacidad y voracidad de las políticas de defensa.

Las armas del nuevo ciclo de rearme de las que estamos hablando son:

• La construcción y entrega de cuatro submarinos serie S80 por parte de la empresa estatal NAVANTIA y un gasto previsto de 3.907 millones de euros hasta 2027.
• La construcción de 20 aviones de combate Eurofighter- Programa Halcón pro un importe de al menos 2.637 millones de euros, que irán a parar a Airbus
• La adquisición de 25 cazas Eurofighter Typhoon por 4.500 millones de euros y también encargados a Airbus.
• La sustitución de los aviones de despegue vertical Harrier, previsiblemente por aviones americanos F-35, y que tienen asignado un coste de 6.500 millones de euros.
• La construcción de 248 unidades del vehículo de combate sobre ruedas 8x8 por importe de 2.100 millones de euros, de los que se lucrará el consorcio creado ad hoc por Santa Bárbara, Escribano y Sepa
• La construcción de 45 helicópteros de combate NH-90 por al menos 1.490 millones de euros que irán a parar a Airbus.
• La adquisición de 4 baterías de misiles Patriot a EE.UU
• La adquisición de lanzacohetes de alta movilidad Silam que realzará Expal y Escribano.
• Misiles antiaéreos Mistral 2
• La adquisición de 26 aeronaves de vigilancia marítima C-295 con Airbus y por importe de 1.695 millones de euros.
• La adquisición de dos nuevos buques hidrográficos costeros
• La adquisición de 27 drones RPAS Sirtap por 595 millones de euros para Airbus y Orbita CS.
• El encargo de los 8 helicópteros antisubmarinos MH-60R, igualmente de Airbus, por 820m millones de euros.
• La adquisición de 3 aviones de reabastecimiento en vuelo A330 por 810 millones de euros,
• La construcción del nuevo avión de combate europeo FCAS, en consorcio con Francia y Alemania, que tendrá en todo su ciclo de diseño, prefabricación, fabricación y entrega un coste total de aproximadamente 80.000 millones de euros, y que en la fase actual alcanza los 8.000, de los que el 33% corresponde a gasto español.
• El encargo de 4 (ampliables a 16) drones europeos EUROMALE o EURODRON, por 1900 millones de euros de coste para España.
• La segunda fase de entrega de aviones de instrucción Pilatus PC 21, en total 16 aviones. Por 250 millones de euros.
• La adquisición de morteros EIMOS par armas los 8x8, por importe de 125 millones de euros y abierto a la adquisición de una segunda fase.
• La modernización de las baterías NASAMS de misiles antiaéreos de altas prestaciones por 637 millones de euros.
• La modernización y adquisición de 500 misiles Mistral 3, por importe de 325 millones de euros.
• La adquisición de helicópteros EC135 para el ejército y la guardia civil por importe de 178 millones de euros
• La adquisición de un programa renovado de radio de comunicaciones tácticas de las FAS, mediante el Sistema Conjunto de Radio Táctica-SCRT, por importe de 738 millones de euros.

Se trata de un armamento destinado a lo que el ejército español llama «proyección», ensamblable con el de los otros socios militares españoles y enfocado a su uso en escenarios bélicos en el exterior y, cuando menos, de imposición de un cierto estatus quo. no tanto para la defensa del territorio, en teoría la justificación teórica del ejército. Mas adelante dedicaré un parágrafo a la extraña coincidencia de nuestro nuevo ciclo de rearme con las directrices de la UE y la OTAN y con los intereses de las industrias miliares de EE. UU. y Europa principalmente al respecto

Es llamativo verificar cómo España ya participa en un número muy importante de operaciones militares en el exterior, al menos 27 aunque reconoce oficialmente 17. Para ello mostraré dos presentaciones elaboradas por el propio estado que afirman números diferentes de intervenciones en el exterior.

La primera, del ministerio de defensa, afirma la presencia, con 17 operaciones, con aviones y barcos de guerra, tropa, baterías de misiles, etcétera, y bajo banderas de la OTAN, de la UE, de la ONU e incluso de iniciativa propia en el sahel y el golfo de guinea, dos áreas que según nuestra estrategia de defensa forman parte de nuestra «frontera de seguridad avanzada» y en las que se dirime en parte una parte del goloso negocio de materias primas esenciales.

Por otra parte, el Departamento de Seguridad Nacional presenta un segundo mapa de las intervenciones en el exterior donde consigna 27, de las que 19 son militares puras, existiendo otras de la guardia civil.

Es llamativo, porque además España ya lleva gastado en este tipo de operaciones, de las que ya hemos hecho más de 110 desde que Felipe González autorizó la primera, al menos 21.769 millones de euros. En el cuadro elaborado ponemos en rojo o azul el ejecutado con gobiernos del PP o PSOE para que se vea que ambos han contribuido por igual a esta escalada inmoral.

Si nos centramos en los datos proporcionados por el propio ministerio en su documento explicativo de la estrategia de inversiones militares, desde 2020 a 2023 ya se han gastado 20.044,7 millones de euros en inversiones militares y se prevé que de 2024 a 2029 se calzarán otros 93.836,54 millones más.

La escalada es escandalosa y señala que el ciclo de poder PSOE con sus izquierdas aplaudidoras va a tener el deshonroso deshonor de haber decidido redondear 113.881,24 millones de euros de inversiones militares (casi dos veces el rescate a la banca). ¿Para que nadie se quede atrás?

Acompaño el gráfico de evolución de los créditos por inversiones industriales de defensa que he elaborado a partir de los datos proporcionados en el documento citado:

Y así mismo, el panorama de previsiones de crecimiento previstos hasta 2029.

Si los números previstos marean, también escandaliza la deuda militar de más de 20.000 millones de euros que ya arrastramos por ejercicios anteriores y que lastran nuestra economía.

Si vamos sumando, en 2029 tendremos una deuda militar de no menos de 60.000 millones de euros (suponiendo que el nivel de pagos que vaya haciéndose tanto del principal adeudado como de sus intereses de aplazamiento vaya al menos amortizando el 30 o 40% del principal comprometido). ¿Es una deuda democrática o ilegítima la que se adopta en perjuicio de la sociedad, por personajes vinculados a intereses discutibles, se contrae de espaldas a la sociedad y empobrece a la misma?

El pilar europeo de la defensa, la OTAN y EE. UU.

Toda la política de inversión en armas está absolutamente subordinada y es dependiente de otras instancias donde se toman las decisiones, merced a las alianzas político-militares que España mantiene tanto con EE. UU., como con la OTAN y en su condición de miembro de la UE.

Por lo que se refiere a Europa, existe un programa de apoyo a la investigación y capacitación de la industria de la defensa que se canaliza a través del Fondo Europeo para la Defensa y que se nutre de presupuestos propios de la UE y aportaciones de los estados miembros. El programa cuenta con un presupuesto propuesto por la Comisión Europea de 13.000 millones de euros para el periodo 2021-2027 y aspira a movilizar recursos económicos de los propios estados y de la iniciativa privada al menos tres veces por encima de esta cifra.

De los recursos del Fondo Europeo para el desarrollo, se destinarán 4.100 millones de euros a financiar al 100% las actividades de investigación colaborativa y, el resto, a cofinanciar con los Estados Miembros las actuaciones de capacitación de la industria europea.

España gestiona estos fondos a través del CDTI, dependiente del Ministerio de Ciencia e innovación e investigación, que actúa además como «experto» acompañando al Ministerio de Defensa a los comités de programas de los Fondos de Defensa europeo (EDF), Acción Preparatoria de Investigación (PADR) y Programa de Capacitación Industrial (EDIDP). Una evidencia del militarismo «militante» del ministerio y del CDTI.
Conforme a los planes del Fondo de Defensa Europeo, hay 11 capacidades comunes que obligan a los estados a enfocar sus propias prioridades inversoras y que facilitan la obtención de fondos de los programas europeos. Curiosamente, se parecen mucho a las capacidades que España señala como propias en sus planes de inversión industrial-militar.

Además los programas NGWS movilizarán otros 8.000 millones de euros hasta 2027, de los que España se llevará un magro pellizco para su industria aeronáutica militar, al participar en un 33% (2.640 millones de euros) junto con Francia y Alemania en el futuro sistema de combate aéreo europeo (Next Generation Weapon System/Future Combat Air System).

Por lo que respecta a la OTAN, también condiciona la orientación del armamento de los países aliados. Y no sólo por la imposición de un suelo de gasto del 2% del PIB de cada país (suelo que, según anuncia Trump debería incluso ser superior), sino porque obliga al uso de un determinado tipo de armamento y tecnología, lo que condiciona las empresas proveedoras, mayoritariamente de EE.UU y algunas europeas (también de Israel en lo que respecta a ciberseguridad y a drones e inteligencia artificial).

España, por ejemplo, en el Consejo de Ministros de 19 de noviembre de este año, ha acordado adquirir munición por importe de 623,21 millones de euros por el cauce de la OTAN en el marco del Acuerdo de Asociación para el Apoyo a la Munición y pronto adquirirá aviones americanos F-35 que tienen prevista una asignación inicial de 6.500 millones de euros.

La Agencia de Apoyo y Adquisiciones de la OTAN (NSPA) se encarga para los países de la OTAN de reunir capacidades de adquisición, logísticas, médicas y de infraestructura, apoyo operativo y de sistemas y de proveerla de estas.
La OTAN y su estrategia de seguridad condiciona la acción política de los países miembros y participa en varios escenarios internacionales.

¿Es posible estimar a cuánto ascenderá el gasto militar en 2024?

Los datos que tenemos, a tenor de cuanto vengo explicando, son parciales y en gran parte habla de cifras conservadoras, porque es posible que el susto final sea muy superior.

A finales de 2023 hicimos una estimación del gasto militar para 2024 en la que asumimos un crecimiento moderado del gasto de defensa y del gasto escondido en otras partidas de otros ministerios y organismos, para la que utilizamos el presupuesto de 2023, prorrogado, con los crecimientos mínimos que el propio ministerio había confesado más las correcciones que a dicho gasto efectuó la IGAE en sus liquidaciones mensuales de gasto.

La cifra corregida ascendía a 56.068,78 millones de euros que descomponíamos en aproximadamente 16.150 millones del presupuesto de Defensa más el de los programas especiales de armamento, otros 12.029,49 millones disfrazados y distribuidos en otras partidas y ministerios, así como 12.500,48 millones de euros que estimábamos de crecimiento de partidas presupuestarias distribuidas entre el fondo de contingencia, créditos extraordinarios extrapresupuestarios y cantidad imputable para adquisición de deuda para financiar el presupuesto deficitario, y otros 11.544,77 millones más que se corresponden con la amortización de deuda pública e intereses de ésta imputables porcentualmente a su participación en el gasto presupuestario total a Defensa, según el siguiente cuadro.

El gasto era superior si al mismo añadíamos las partidas calculadas para lo que hemos venido llamando control social: la acción política y las instituciones del estado (comunidades autónomas incluidas) que regulan las funciones de control social cada vez más militarizado y enfocado desde la obsesión securitizadora y militarista, para alcanzar los 63.662,76 millones de euros.

En mi criterio, y pendientes de las oportunas comprobaciones tras la liquidación del ejercicio, lo más probable es que nos hayamos quedado cortos.

Para ello me baso en las siguientes consideraciones:

1) El potente incremento del gasto militar comprometido por el Consejo de Ministros durante 2024 (a falta al menos de 4 ó 5 consejos de ministros), en más de 15.000 millones de euros, según hemos detallado
2) La partida de 6.000 millones que se ha incrementado únicamente con la finalidad de apoyar la guerra de ucrania
3) La aprobación de 1.145,07 millones de euros con cargo al Fondo de Contingencia (581,21 millones en el consejo de ministros de 9 de abril y 563,86 en el Consejo de Ministros de 30 de julio).
4) La constatación por IGAE de otros 2.514,68 millones comprometidos hasta septiembre de 2024 «de más» en el Ministerio de Defensa.
5) Los aumentos de gasto por compra de munición por importe de 623,21 millones de euros autorizados en el consejo de 19 de octubre (no contabilizado aún por IGAE) para adquisición de munición.
6) El cargo imprevisto que va a suponer en términos de complementos y retribuciones para los 14.000 militares desplazados a Valencia, así como los cargos que igualmente se suplementen por material y gastos de todo ese operativo.
7) Los 1.741,06 millones de euros de transferencias de Hacienda a Defensa para inversiones en infraestructura, funcionamiento operativo de los servicios, inversiones de carácter inmaterial e ingresos obtenidos por créditos generados.
8) La cifra de 9.7579,28 millones de euros que ofrece la Estrategia Industrial de la Defensa como gasto previsto para 2024.

Todo ello nos sitúa, en cualquiera de los escenarios que pensemos, en cifras que superan las estimaciones que hemos realizado al inicio de 2024.

No es extraño pensar que el gasto militar ejecutado en 2024 supere los 60.000 millones de euros, una escalada que casi nos sitúa en cerca de un 6% del PIB.

Y todo esto, ¿para qué?

Hemos intentado describir un panorama de refuerzo del militarismo capitaneada por un gobierno rendido a los reclamos de aumento del gasto militar y favorables al lobby industrial-militar.

Contamos con un desalentador y desesperante crecimiento del gasto militar, tanto el que ocultan como el que reconocen, que crece progresivamente desde hace décadas y que ahora parece que quiere tomar nuevo impulso en un contexto mundial de aceleración de los conflictos interestatales y de grandes bloques, de preparación y amenaza con el uso de la guerra y de nueva escalada de armamentos.

No menos deprimente es el activismo de las izquierdas gobernantes en esta recrecida militarista y el silencio y desinterés, cuando menos irresponsable y en general cómplice, de las fuerzas políticas representadas en el parlamento, particularmente las que se suponen más sensibles a la causa de la paz y la solidaridad, que pretenden pasar de puntillas cínicamente sobre este tema tan espinoso como si no fuera con ellos el problema.

Si atendemos a las tendencias actuales de nuestro gasto militar, tanto por su enfoque como por su magnitud y la complacencia con la que se configura el consenso que lo facilita, podemos decir que éste sirve, básicamente, para consolidar dos crudas realidades y promover cinco líneas de acción política.

Empecemos con las primeras.

1) La primera realidad es que apuntala la estructura militar y los males endémicos de nuestro militarismo tradicional (a los que nadie quiere meter el diente) con su gigantismo estructural, su providencialismo político, su opacidad y pretensión de autonomía corporativa, su creciente expansión a campos tradicionalmente civiles, su ideología reaccionaria y esencialista, su enfoque intervencionista, su subordinación a intereses geopolíticos externos, su parasitismo social y enorme coste de oportunidad, su insostenible gasto militar que lo financia y su papel de punta del iceberg del militarismo social y político que aprisiona la posibilidad de una democracia sustantiva, inclusiva y sensible a la justicia y la paz como valores y caminos.

Se consolida así, dotándola de una financiación exagerada y en detrimento de los bienes y necesidades sociales, la razón militarista.

Las políticas que el gobierno del PSOE y sus aliados han asumido cronifican este aparato militar y la ideología que le es propia y expanden y proyectan su radio de acción a espacios tradicionalmente civiles con el entusiasmo de nuestros dirigentes.
No hace falta argumentar demasiado sobre el papel nefasto de los ejércitos y del militarismo desplegado por nuestras autoridades. Existe ya bibliografía más que suficiente que demuestra su acción peligrosa, cuando no parasitaria, y en detrimento de la atención a las necesidades sociales. No estamos en los tiempos en los que el ejército consumía más del 50% del presupuesto estatal, pero el crecimiento de nuestro gasto militar y de la propia razón militarista está muy por encima de la media de los últimos cuarenta o cincuenta años.

Nuestro militarismo crónico se expande más allá de los ejércitos y la exagerada estructura militar que arrastramos y hoy, como ayer, penetra en las mentalidades sociales y en el quehacer político.

Precisamente hoy es de rabiosa actualidad el empleo de militares y del propio ejército y sus infraestructuras, material y logística como organizadores sociales que, por si fuera poco, reclaman estar al margen de directrices políticas e ir por libres.

Y no es solo el caso de los dos generales alzados, cual virreyes, en Valencia para la reconstrucción (en una comunidad que cuenta con personas de reconocida competencia y cualificación y con una universidad politécnica de las más importantes del estado) o del otro general que gobierna a la UME y a las tropas militares desplazadas como fuerza de choque contra la pandemia. Arroparse en militares se ha vuelto más generalizado. Recordemos la pandemia. Veamos los politólogos y comentaristas que nos explican los conflictos de Ucrania o en oriente medio o al propio coronel Baños explicando (y vendiendo cual betseller) la geopolítica y la prospectiva del mundo. Miremos los múltiples oficiales militares reconvertidos en jefes de seguridad en policías locales de todo signo, o revisemos los discursos políticos al uso.

Analicemos la transversalidad de las ayudas públicas a la industria militar o de los ministerios que participan en ocultar gasto militar. Revisemos las puertas giratorias entre el ejército y los oscuros intereses de la industria militar.

2) La segunda realidad es que se acelera la implicación, subordinada a los intereses y a las dinámicas de dominación violencia del bloque occidental, de España en las políticas de injerencia militar en defensa de un estatus quo injusto y colonial. Y esto nos convierte en una potencia militar, a nuestra modesta escala, indeseable y agresiva a los ojos de pueblos por los que nuestra presencia, vendiendo armas o participando en la injerencia militar, deja rastro.

El ejército, tanto por su despliegue en las operaciones en el exterior en las que participa, como por su implicación y asunción en los objetivos políticos y estratégicos de la OTAN, está enfocado al intervencionismo en el exterior.

El número de operaciones en el exterior, que supera las 100, del ejército heredado del franquismo, junto con el paso por estas operaciones de más de 130.000 efectivo a lo largo de todos los años en que España participa como uno de los principales contribuyentes de la UE, la ONU y la OTAN a estas operaciones da cuenta de la orientación intervencionista del ejército español y de la acción exterior española.
Del mismo modo, le tipo de armamento que financian nuestros presupuestos está enfocado a estos propósitos de injerencia militar. Barcos, submarinos, aviones, helicópteros, misiles y baterías de misiles, vehículos, drones, sistemas de guerra cibernética, satélites militares, unidades contra catástrofes y contra guerras NBQR, y un largo etcétera enfocados a su desplazamiento a miles de kilómetros y «proyectarse» en conflictos que exportamos en áreas lejanas.

También los tratados que mantenemos con EE.UU y la cesión de las bases militares de Morón y Rota para el despliegue y la proyección militar de EE.UU, así como el uso que permitimos de los campos de entrenamiento militar de Bardenas Reales a ejércitos de la UE y la OTAN, junto con los cuarteles en territorio español de la OTAN y de la UE, muestran esta orientación intervencionista de nuestro ejército.

Por si fuera poco, nuestra industria militar, la octava del mundo, fomenta la guerra y el conflicto con el apoyo proactivo de nuestras autoridades políticas, que actúan como agentes comerciales de los intereses de este nefasto lobby.

Y contemos ahora las cinco líneas políticas que el gobierno ha decidido y nos oculta:

1) Aumentar progresivamente el gasto militar en detrimento de las necesidades sociales.

Se habla de llegar, e incluso superar, el 2% PIB, sin tener en cuenta que ya lo superamos si contabilizamos el gasto oculto, los constantes gastos extraordinarios y el impacto de la deuda militar en nuestra sociedad.

Es una decisión clara del gobierno, asumida por los partidos que lo integran, que no plantean alternativas reales y aprueban claudicantemente aumentos de gasto militar en cada consejo de ministros.

Es una decisión compartida por los partidos que apoyan la mayoría de gobierno, como demuestra la absoluta falta de líneas rojas al respecto en la negociación de los presupuestos o, sin ir más lejos, la falta real de enmiendas relativas al presupuesto de defensa o a la inclusión de tapadillo de gasto militar en otros ministerios en los años en que se han llegado a discutir los PGE.

Es una decisión compartida por todo el espectro político del arco parlamentario.
Nunca se ha efectuado una auditoría del gasto militar para detectar partidas que son de sobra conocidas del mismo fuera del presupuesto de defensa, o para revisar el enorme descontrol, opacidad o despilfarro del mismo.

No se han auditado las operaciones militares en el exterior desde el punto de vista económico y político ni se ha sometido este tipo de gasto al control y evaluación, por ejemplo, de la AIREF o de instituciones independientes.

A la vez que el gasto militar crece de forma gradual y constante, las políticas públicas destinadas a cubrir necesidades sociales básicas no tienen similar tratamiento y se ven perjudicadas por el reparto de prioridades elegido por nuestros gobernantes.

Las políticas de igualdad, de cuidados, de solidaridad, lucha contra la pobreza, justicia social, seguridad ambiental o los servicios básicos se encuentran infradotados a pesar de hacer referencia a la seguridad en su vertiente de seguridad humana, mientras las preferencias por el gasto militar invierten, paradójicamente, en una seguridad militar que cada vez nos vuelve el mundo más inseguro.

2) Hacer de la falta de transparencia, de la ausencia de debate y del adoctrinamiento un eje de su política de adoctrinamiento y legitimación del militarismo
La falta de debate y crítica alcanza a todos los escenarios y espacios del ejército y de la acción militar.

Los presupuestos que se nos presentan son falsos, opacos, llenos de puntos negros y para colmo se amplían de forma constante sin control alguno y sin que la sociedad tenga la capacidad de saber el enorme impacto del mismo.

Las operaciones militares en las que participa España no se controlan ni económica ni políticamente. No hay evaluación, no hay debate público, no se admiten expertos externos e independientes, menos aun la interferencia de organizaciones sociales o grupos que podrían tener algo que decir (por ejemplo de signo ecologista, de solidaridad internacional, del ámbito pacifista) ante el impacto de la acción militar.

En el parlamento el control ejercido sobre estas políticas es inexistente. La comisión de defensa del congreso se dedica a temas anecdóticos y sin profundidad real. Tampoco el parlamento decide las líneas generales de la política militar. Por ejemplo, no se aprueba la directiva de defensa militar en sede parlamentaria, ni se debaten las grandes líneas de la defensa: qué hay que defender, cómo hay que defender, quién tiene que defender. No hay organismos de fiscalización adecuados a pesar del conocido despilfarro, duplicidad y gastos innecesarios que oculta el gasto militar español y la falta de eficiencia que mantiene.

La información que se ofrece sobre los ejércitos y la defensa en los medios de comunicación es, salvo honrosas excepciones, superficial, acrítica, desinformada y poco experta. Mantiene altas dosis de adoctrinamiento militarista y la constante de legitimación, lavado de cara, ensalzamiento de los ejércitos, minimizándose la voz crítica sobre los mismos.

Las grandes decisiones, como el endeudamiento espectacular por los programas de armamento, se adoptan de forma opaca y sin debate, mientras el lobby militar-industrial penetra en las instituciones y crece el fenómeno del puertagiratorismo en materia de defensa.

Se amplifican los acuerdos marcos con universidades, fundaciones, asociaciones y empresas de la sociedad civil para la difusión doctrinaria de lo que llaman conciencia de la defensa, mera propaganda militar destinada a cooptar materia gris al servicio del militarismo.

Se prodigan los cursos, master, etcétera de «comunicación para la defensa y seguridad» en diversas universidades y se facilitan materiales didácticos destinados a institutos y colegios de un vergonzante y manipulador contenido militarista.

Se lleva a cabo una labor de intoxicación comunicativa por parte de los departamentos diseñados por Defensa en base a un plan de comunicación que predica la procrastinación como técnica comunicativa y dirigida por una dirección general de comunicación de la defensa.

La sociedad en su conjunto es ignorada en temas de defensa. No cuenta para nada. No es consultada. De ella solo se espera que acepte, aplauda y pague.

No es de extrañar que, en un gradual giro de tuerca, acaben proponiendo algún tipo de contribución personal a futuro en la acción de las políticas de defensa, ya sea como recuperación de algún tipo de conscripción, o como asistencia a cualquier tipo de acto de identificación con los valores y metodologías militares.

3) Fortalecer el polo militar industrial, promover la venta de armas y los intereses del oligopolio militar.

España es el octavo país mayor exportador de armas del mundo.

La acción exterior española privilegia la expansión del negocio de las armas y apoya de forma intensa la internacionalización del mismo y su interlocución y negocios con países de todo signo.

La mayoría de los viajes de las autoridades del más variado signo, desde las mas altas magistraturas del estado hasta el último mono acuden a cumbres, reuniones, encuentros internacionales, ferias comerciales y eventos de todo tipo acompañados de una cohorte de directivos de la industria militar o cuando menos del portafolio de servicios que estos ofrecen.

La apuesta por la venta de armas, y con ello por la exportación de conflictos, es una descarada actividad de nuestras políticas públicas de acción comercial, industrial y exterior.

4) Amplificar el marco de actuación militarista a campos civiles

La expansión del enfoque securitizador y de las metodologías y campos de actuación militares a cada vez mas escenarios tradicionalmente civiles es evidente.

Tenemos una de las ratios de militares por cada mil habitantes más altas de nuestro entorno.

El presupuesto del Ministerio de Defensa (recordemos que no es todo el gasto militar) destina una cantidad exagerada únicamente a pago de sueldos. Es esta la principal actividad, según sus propias cuentas, a la que se dedica el ministerio de defensa y su presupuesto.

Por alguna elección perversa, la sociedad civil carece de múltiples capacidades de respuesta ante circunstancias que hacen relación a la seguridad humana y a los cuidados, pero cada vez que ocurre una crisis resulta que quien sí tiene los medios para actuar son los ejércitos. ¿por qué? ¿por qué ante la crisis sanitaria quien contaba con unidades médicas especializadas, con trajes especiales para no contaminarse, con capacidad para movilizar su cohorte de efectivos era el ejército y no los dispositivos de la sociedad civil, o los cuerpos y equipamientos médico y hospitalarios? ¿por qué ante los incendios o nevadas severos quien cuenta con la capacidad de despliegue y el material más sofisticado es el ejército y no los cuerpos civiles que deberían encargarse de estos aspectos?¿Por qué ante la DANA es el ejército el que tiene la maquinaria y capacidades y no los organismos civiles? ¿por qué cada vez es mayor la confusión de enfoques entre la acción policial y el militarismo y se asume el acelerado proceso de militarización y securitización de la acción pública? ¿por qué no está en la agenda la respuesta a estas preguntas?

No se engañen, decisión política detrás de esta expansión del militarismo. Se prefiere militarismo en detrimento de civilización.

Tenemos pensamiento militarista y militares hasta en la sopa y en parte gracias a las políticas propiciadas por la casta política, perteneciente toda ella, con independencia del partido político de adscripción, al partido militarista.

5) Alinear a España con la estrategia suicida prebélica de la mano de nuestros «aliados» y de sus estructuras militaristas.

En el actual contexto en el que se reabre un escenario prebélico de conflictos por las zonas de influencia mundial y de atizamiento de todos los fuegos, la élite política española ha decidido vincular nuestros destinos a la política militar de la OTAN, de las élites militaristas europeas y de EE.UU; país sobre el que pivota todo este alineamiento.

España prepara la guerra. Una guerra que no es defensiva y que no beneficia a las necesidades de la sociedad ni a las urgencias del planeta y cuyos escenarios se encuentran a miles de kilómetros.

El gasto militar español financia la participación española en conflictos, el entrenamiento del ejército en conflictos reales, la injerencia española en éstos, el uso en ellos de armamento sofisticado de agresión y no defensivo, la propagación de conflictos mediante nuestra venta de armas y potenciación de la actual carrera de armamentos, la agudización de las tensiones prebélicas con nuestra implicación en la OTAN y participación en sus escenarios de conflicto, el carácter agresivo de nuestras políticas militares mediante la cesión del territorio español para las bases de EE.UU en el mediterráneo y atlántico, la financiación de las bases de altas capacidades al servicio de la OTAN y de los cuerpos militares de la UE.

6) Hacer imposible una vuelta atrás mediante el abrasivo endeudamiento y la constante adquisición de compromisos de gasto militar a largo plazo.

¿ Cómo afectar a la gente para construir una energía política capaz de obligar a un cambio de rumbo?

Las cifras son abrumadoras y esconden una realidad infumable, pero son números inocuos, porque aislados de cualquier contexto vital no afectan para nada a las preocupaciones y aspiraciones del personal y porque no existe, hasta el momento, una potente oferta (llamémoslo así) de implicación personal y no delegada de acción común y de lucha eficaz para romper estos círculos viciosos del militarismo.

Hasta ahora las vías de acción que habitualmente se desarrollan entre nosotros en la lucha contra el gasto militar, aunque muy simplificadamente, eligen varios caminos:

a) Uno, el de denuncia del mismo, dirigida al público en general, a públicos seleccionados con más o menos capacidad de influencia y actuación, a organizaciones activistas o, en algunos casos, a mover conciencias de los decisores políticos y/o permitir un trabajo de lobby ante estos.

Para ello contamos con diversos informes del gasto militar o de algunos aspecto s concretos de este, elaborados por varios grupos o personas que más o menos son de referencia (SIPRI, Dèlas, Gasteizkoak en Euskadi, Tortuga en el espectro antimilitarista, SETEM, algunos centros de investigación, etc.) desde criterios, análisis y apuestas políticas diferentes.

b) Y otro, de activismo y llamamiento a la implicación personal contra aspectos del gasto militar, como pueden ser las campañas de objeción fiscal, las acciones contra la banca armada o contra las ferias de armas.

Las líneas de actuación van desde las acciones de calle y performances, hasta la denuncia más o menos documentada y pública y la difusión en medios, hasta el trabajo de lobby, con una clara bifurcación de enfoques (no necesariamente incompatibles pero tampoco coincidentes ni complementarios) entre quienes apuestan por el lobby pacifista y el trabajo para presionar/convencer a los decisores políticos desde arriba y quienes proponen el activismo desde abajo y la desconexión en lo posible como medio privilegiado de apropiación del problema y de actuación para conquistar lo que no nos van a dar gratis.

Si algo hemos conseguido, a lo largo de tantos años de pico y pala, es que ya nadie dude de la opacidad, ocultación, transversalidad a gran parte de los ministerios y entidades, enormidad y peso en términos de pérdida de oportunidad y deuda que acarrea el gasto militar español.

Sin embargo el mayor conocimiento no se ha traducido en la energía política suficiente para generar un cambio de rumbo. El conocimiento no necesariamente genera sensibilización y el conocimiento y la sensibilización no necesariamente provocan, por usar términos clásicos aunque un poco de capa caída en estos momentos, ni conciencia ni energía transformadora. ¿Qué falla?

Los informes que incansablemente (o ya con cierto cansancio) venimos realizando, amén de sensibilizar a gentes ya de por sí convencidas y de desvelar artimañas que desenmascaran a políticos guiados por el cálculo cínico o más honestos y que tal vez intenten dar un paso más allá, tienen, en mi opinión, muy poca eficacia en general para construir algo así como una energía política capaz de enfrentarse a esta situación.
Tal vez, y en el contexto de inmediatez y de subyugación digital de sujetos anónimos y aislados que embadurna y desvincula cada vez más a la gente del común, algo tiene que ver el hecho de que a los datos que aportamos les faltan otras motivaciones añadidas, como pueden ser la de mostrar la íntima relación de estas cifras con las circunstancias que provocan el clima de malestar y de desorientación solipsista que vivimos (total, no dejan de ser otro dato más, otro malestar más, a acumular a la pila que ya soportamos a diario), o la de no haber sabido (al menos en mi caso) ofrecer un horizonte de propuestas de acción y de implicación personal suficientemente creíble y con un objetivo de aspiraciones y lucha alcanzable mediante la lucha social.

Lo que hacemos y proponemos no es que esté mal pensado (y hay que seguir con ello, no quiero ponerlo en duda) pero tal vez no sea suficiente (no es un reproche al esfuerzo, que me parece irreprochable, del activismo contra el gasto militar, ningún tipo de censura a lo que hacemos como podemos, sino más bien un interrogante sobre su profundidad, sobre el horizonte de lucha y sentido que podemos proponer al respecto y una búsqueda de qué mediaciones podemos ensayar y compartir para alcanzar ese punto en que se pueda aspirar a un nuevo ciclo movilizador del pacifismo transformador) para (como hemos conseguido otras veces, como por ejemplo con la insumisión, o con las movilizaciones contra algunas guerras) obligar a cambios de calado gracias a la lucha social.

Hoy en día las capacidades de difusión de las problemáticas del gasto militar tanto en nuestra sociedad en general como, lo que es más importante para la lucha social contra el mismo, entre los grupos, organizaciones, ideologías y movimientos que pueden provocar esa energía política y movilizadora que necesitamos, son altas. Incluso, dada la variedad de análisis, pueden elegir enfoques o coordinarlos. Puede haber quien no se hay enterado, aunque quien quiere puede enterarse porque están al alcance de la mano los suficientes elementos para ello. No tenemos, por tanto, un problema (o no es nuestro principal problema) de falta de información sobre el gasto militar. Tal vez entonces el problema es de ¿perspectiva y horizonte de lucha? ¿credibilidad de los medios y propuestas? ¿. . . ?

No tengo respuestas, sino interrogantes y perplejidades que aprovecho para compartir con la (tal vez ingenua, dado el nivel de debate que generan mis aportaciones) esperanza de que nos permitan pensar(nos) mejor y generar ese enorme motor que ha sido siempre en la lucha pacifista-antimilitarista la sinergia de la inteligencia colaborativa puesta en marcha y la convicción de la importancia de la implicación personal y directa de cada cual para conseguir cambios aparentemente inalcanzables (como acabar con la mili, cortocircuitar una guerra o promover políticas de paz positiva y resolución alternativa de conflictos, por ejemplo).

Me llama la atención que, aun cuando las propuestas de acción directa más conocidas (objeción fiscal por ejemplo) se conocen y hasta asumen oficialmente (caso de CGT u otras organizaciones sindicales, o de Ecologistas en Acción, organizaciones eco-feministas, algunas organizaciones de solidaridad, o de grupos vinculados a confesiones religiosas, por ejemplo) por múltiples grupos y organizaciones, en realidad formen parte residual de las agendas de lucha de estos movimientos y que su aportación al perfeccionamiento de las campañas y propuestas sea tan solo promover, difundir, pero en menos medida llenar de contenido dichas propuestas.

Me llama la atención la falta de respuesta, tanto sindical como activista en sentido genérico, que en general existe ante aspectos consustanciales al gasto militar y a lo que financia, como, por ejemplo, la producción de armamento, la investigación vinculada al mismo, el boicot a industrias militares o de material de doble uso, etcétera. Comprendo que es un tema espinoso, porque afecta a derechos laborales y a la subsistencia de familias y del mundo del trabajo. Pero que sea espinoso no entiendo que quiera decir que sea imposible o inabordable.

Me llama la atención igualmente que, a pesar de la importante sensibilización que ha supuesto el activismo contra la banca armada, centrado en desvelar su papel cómplice con la financiación de la industria militar y la venta de armas, las propuestas de banca ética y la intervención ante los accionariados de las principales compañías bancarias cómplices, no hayamos conseguido generalizar una movilización ciudadana de rechazo y de desbancarización en esas entidades o iniciativas de fácil acceso por parte de una masa suficientemente crítica para dificultar esta complicidad banca/militarismo. De hecho me presupongo (porque obviamente no lo sé ni puedo saberlo) que ni siquiera las organizaciones sociales en general se implican en esta preocupación y desvinculan sus productos bancarios de las entidades partícipes en el negocio de la guerra (o al menos no publicitan este compromiso suyo sí lo hacen).

Me llama la atención la ausencia de otras propuesta e iniciativa de implicación y acción directa practicable por cualquier persona de forma sencilla y accesible para luchar contra el gasto militar en sus múltiples escenarios y durante todo el ciclo del mismo. Me pregunto habitualmente (y me lo pregunta mucha gente en charlas) qué puede hacer a nivel personal cualquier persona que toma conocimiento del verdadero problema del gasto militar y que quiere hacer algo, más allá de cabrearse o hacer objeción fiscal.

Echo habitualmente en falta la falta de propuestas promovidas desde las organizaciones más conscientes de auditoría ciudadana y de exigencia de rendición pública de cuentas del gasto militar en general o de algunas de las actuaciones que financia, como las operaciones militares en el exterior, las subvenciones que recibe la industria militar, la investigación militar, la huella del militarismo en los espacios naturales o en el calentamiento global, las exenciones económicas y privilegios que percibe el militarismo en comunidades autónomas y ayuntamientos por el uso de servicios comunes que pagamos los demás, el despilfarro militar, etcétera.

También echo en falta la incorporación de las aspiraciones y la complejización de los análisis que ofrecemos habitualmente y de sus contenidos con las perspectivas de movimientos sociales alternativos que apuestan por la lucha contra el gasto militar.

Y, en la misma línea, la falta de propuestas alternativas de tanto de prioridades políticas diferentes a las militares o de propuestas viables y necesarias de trasvase del gasto militar a fines relacionados con el cambio de rumbo, la seguridad humana y ambiental.

Por las mismas razones me llama la atención que no hayamos sido capaces de vincular la polifonía de campos de actuación en las que desde la diversidad estamos embarcados contra el gasto militar en un conjunto (y puede que único) hilo conductor que los dote de una perspectiva de lucha global, de un marco general de acción activista, de una propuesta genérica de cambio de rumbo y de una campaña continuada de activismo durante todo el año que vincule y enmarque las distintas iniciativas y proponga una movilización constante y acumulativa. Contamos con campañas puntuales de objeción fiscal que se centran en los meses de declaración de la guerra, acciones contra la banca armada centradas en las fechas de las juntas de accionistas de los bancos militaristas, acciones contra el atraque de barcos con armas en puertos españoles, actuaciones aisladas contra las empresas militares y un largo etcétera pero, en mi opinión, no contamos con una campaña global, multi-abarcante y de verdadera movilización de la energía política opuesta al gasto militar.

Considero un desafío que se me escapa y ante el que me veo incompetente, cómo abordar el poder llegar en el contexto vital vigente (actualmente de relaciones efímeras y digitales, con el peligro que entrañan) a afectar a una masa crítica de población (más allá de a fugaz indignación y de la efímera y emocional creación de un malestar más a acumular a la pila de ellos) y de proponerla modos de acción (tradicionales o que imaginemos, de acuerpamiento y analógicos o digitales y cibernéticos) que generen la energía política y los medios de acción capaces de atentar contra la lógica del gasto militar y de lo que financia.

Considero un reto que nos corresponde afrontar el de romper el techo de cristal de la minorización y la invisibilización de nuestros discursos, análisis, luchas y propuestas en los medios de comunicación más generalistas.

Y, ligado a este, propongo como un marco de diálogo y debate adecuado para buscar ese horizonte de sentido el profundizar la idea de transarme, suma de procesos a desencadenar para quitar en cada momento todo el poder posible al paradigma militar (y en este caso al gasto militar) y construir simultáneamente y cuanto más podamos mejor, procesos de resistencia y de prácticas alterativas que sean realizables y tendencialmente dirigidas a un cambio global de rumbo. Rellenarla de contenidos puede dar una idea precisa no sólo de donde estamos, sino de dónde queremos ir y de los procesos que queremos desencadenar y los contenidos y logros que queremos alcanzar para transitar ese espacio/tiempo de ruptura y cambio de rumbo.

Amaya Larrañeta

El documento, dentro de la estrategia de plan nacional de protección civil, se inspirará en las recomendaciones actuales para otras emergencias como accidentes nucleares y catástrofes.

En medio de una escalada de la tensión bélica internacional, con Rusia y Ucrania lanzándose mutuamente misiles de largo alcance, el Gobierno de España prepara el primer plan nacional de protección civil específico para afrontar el "riesgo bélico", ante la posibilidad de que una guerra afecte a territorio español, según ha podido saber 20minutos de fuentes del Ministerio del Interior.

El primer plan específico de protección ciudadana ante el "riesgo bélico" se enmarca dentro de la II Estrategia Nacional de Protección Civil, una iniciativa de carácter quinquenal que el Consejo de Seguridad Nacional aprobó el pasado 15 de octubre y que será publicada "próximamente" en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La estrategia, que sustituye a la vigente entre los años 2019 y 2024, identifica por primera vez el "riesgo bélico" dentro de las emergencias de protección civil y contempla la formulación y publicación de "planes específicos sobre los que se está trabajando en la actualidad", informaron las mismas fuentes.

Con la paz mundial amenazada por conflictos escalados en los últimos meses tanto en la frontera de Europa como en Oriente Medio, España sigue los pasos de otros países europeos como Finlandia, Noruega o Suecia, que ya han empezado a repartir entre sus ciudadanos folletos con una serie de recomendaciones básicas para afrontar una crisis bélica.

Fuentes de Interior han indicado que en la elaboración del plan español participan, entre otros, personal de la Dirección Nacional de Protección civil y del Ministerio de Defensa. El objetivo final es crear un documento específico para orientar a la población sobre qué es conveniente hacer en caso de riesgo por un conflicto bélico, siguiendo el mandato establecido por el Consejo de Seguridad Nacional. Dicho documento tendrá como base otras guías similares, ya existentes, elaboradas para afrontar catástrofes más habituales en España, sean estas incendios, erupciones o inundaciones como las de las DANA, sin descartar que se contemplen asimismo experiencias previas como las guías para afrontar tiempos de guerra publicadas por Suecia, Finlandia o Noruega.

En estos países nórdicos y del báltico, las autoridades están ya enviando a los hogares unas guías actualizadas de cómo actuar en caso de ataques directos o híbridos (PDF). Son guías de defensa civil y seguridad.

En dichos folletos se recomienda a los ciudadanos almacenar en casa alimentos de larga duración, agua, medicinas y otros utensilios para al menos una semana. Las últimas versiones inciden también en otros aspectos: cómo mantener la calma en situaciones de emergencia, cómo tratar el tema con los niños, cómo parar una hemorragia o consejos para animales domésticos. "La situación de política de seguridad es seria y todos necesitamos reforzar nuestra capacidad de resistencia para afrontar diferentes crisis y, en último término, la guerra", indican.

Aunque para el Gobierno español "el riesgo bélico" sigue sin ser a día de hoy una prioridad de Estado, debido a la ubicación del país en el mapa geopolítico, el Consejo de Seguridad Nacional sí ha creído conveniente adjuntarlo por primera vez ahora al listado de catástrofes y emergencias posibles que ya contemplaba la Dirección Nacional de Protección Civil. Las que ya figuran son: inundaciones, incendios forestales, terremotos y maremotos, volcánico, fenómenos meteorológicos adversos, accidentes en instalaciones o procesos en los que se utilicen o almacenen sustancias químicas, biológicas, nucleares o radiactivas, accidentes en el transporte de mercancías peligrosas o accidentes de aviación civil.

Fuente: https://www.20minutos.es/noticia/56...

Después de que Rusia advirtiera en septiembre de que el uso de misiles de la OTAN, imposibles de operar sin la supervisión de ésta, significa una guerra directa de los países de la OTAN contra ella, Estados Unidos y sus aliados europeos han dado ese paso.

Moscú ha respondido modificando su doctrina nuclear, abriendo el uso de armas atómicas al escenario de ataques, incluso con armas convencionales, “si tal agresión creara una amenaza crítica a su soberanía e integridad territorial”.

Pese a la evidencia no solo doctrinal, sino también histórica, de que el uso de armas nucleares es perfectamente real y creíble en caso de que Rusia se vea confrontada a un enemigo superior en recursos convencionales, como es la OTAN –esa fue, precisamente, la doctrina de la OTAN en Europa cuando la URSS disponía de esa superioridad en el continente–, los políticos europeos rechazan esas peligrosas advertencias de Moscú como “retórica” (el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell) e incluso proponen la entrada de tropas de la OTAN contra Rusia (Margus Tsahkna, ministro de Exteriores de Estonia).

Desde la misma génesis del conflicto, cuando la OTAN se metió en Ucrania a finales de los noventa, invitó a su gobierno a ingresar en la alianza (2008), forzó un cambio de régimen en el país (2014) y financió y armó después a su ejército con miles de millones, infraestructuras y entrenamiento, esta escalada ha despreciado claramente la voluntad de la mayoría de la población ucraniana expresada en múltiples encuestas. La actual escalada mantiene esa misma pauta.

En Ucrania, el 52% de la población desea poner fin a la guerra lo más rápido posible, admitiendo gran parte de la sociedad concesiones territoriales al invasor ruso, frente a un 38% que quiere continuarla, según una encuesta de Gallup conocida esta semana. En el conjunto de Europa una gran mayoría rechaza también esa política.

Hay que decir que en la cima de esta última grave y temeraria decisión de escalada se encuentra un presidente saliente errático y senil al que apenas le quedan dos meses al mando.

La combinación del propósito que encierra la guerra de Ucrania –que no es la defensa de ese país agredido por Rusia, sino debilitar a Rusia con una “derrota estratégica” más el cambio de su régimen, como han declarado repetidamente los máximos dirigentes de Estados Unidos y la Unión Europa–, con la respuesta nuclear que advierte Moscú para el caso de una “amenaza existencial” a su régimen, y un presidente gagá con sus facultades mentales mermadas en Washington que va a ser sucedido por un sociópata, configura un escenario absolutamente inquietante para el mundo.

Sobre todo si se tiene en cuenta que la coalición occidental que está escalando la guerra en Ucrania es la misma que anima un genocidio en Gaza, permite el bombardeo israelí de Líbano e Irán y calienta motores para un enfrentamiento con China en Asia.

Fuente: https://ctxt.es/es/20241101/Politic...

Este día 24 de noviembre se cumplen dos años y nueve meses del inicio de la guerra de Ucrania, hecho que nos convoca cada día 24 de mes para pedir el final de las acciones bélicas e instar a las partes enfrentadas a resolver sus diferencias mediante el diálogo. También este mes de noviembre se cumple un año y un mes del inicio de esta fase de la guerra de exterminio que Israel perpetra contra la población árabe de Oriente Próximo.

No obstante, como bien sabemos, los de Ucrania e Israel no son los únicos conflictos bélicos que asolan a la humanidad. Queremos aprovechar estas convocatorias para recordar otros escenarios igualmente destructores de la vida y dignidad humana y la naturaleza, que no se suelen nombrar en los medios de comunicación.

Hoy vamos a hablar brevemente sobre el conflicto de México.

Estados Unidos Mexicanos es un gran país que cuenta más de 128 millones de habitantes. Asimismo, está considerado como uno de los más violentos del mundo. Si bien no se encuentra técnicamente en guerra civil, podemos afirmar que las altas cotas de violencia estructural, simbólica y también directa que afectan a su población permiten establecer paralelismos con otros espacios del planeta en los que sí hay guerras declaradas.

En México sucede la violencia a gran escala, tanto por razones económicas como políticas y, especialmente, como consecuencia de la acción de los potentes grupos de crimen organizado existentes, sobre todo, en la zona norte del país. Tampoco conviene olvidar que México está considerado por la ONU como el país más violento hacia las mujeres fuera de una zona específicamente bélica. Según estadísticas oficiales, 66 de cada cien mujeres ha sufrido agresiones físicas o sexuales, encabezando México las cifras de feminicidios con respecto a los países de su entorno.

Tratando de entender los porqués de esta situación de violencia generalizada, cabe nombrar las políticas de represión y destrucción sistemática de las comunidades indígenas basadas en la cooperación y el apoyo mutuo (por ejemplo en Oaxaca y en Chiapas) y su sustitución por una autoridad estatal a menudo incompetente, autoritaria, inoperante, corrupta y asociada a los grupos criminales. También el acoso hacia la disidencia política de izquierda que, por poner un ejemplo, en 2014 se cobró la vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que defendían su modelo educativo rural, secuestrados por sicarios de los grupos narcos y posteriormente asesinados, con la cobertura de las autoridades civiles locales, así como la complicidad probada del ejército y la policía.

En segundo lugar cabe hablar de la pobreza y el déficit educacional. México es el segundo país de toda la OCDE con mayor disparidad entre los enormemente ricos y los enormemente pobres. Por otra parte, se calcula que hacia un 60% de hombres mayores de 15 años y un 80% de mujeres no saben leer ni escribir, lo que habla a las claras del desinterés que tradicionalmente ha tenido el estado mexicano por la educación. A todo ello hay que añadir que México tiene altas tasas de drogodependencia entre la juventud. Estas razones empujan a amplios sectores de la población a buscar su salida laboral en el crimen organizado. Se calcula que los cárteles mexicanos dan empleo directo a medio millón de personas, mientras que más de tres millones viven indirectamente del contrabando de droga.

Precisamente, la proliferación de organizaciones criminales a gran escala vinculadas al narcotráfico es la mayor causa de violencia directa. Aprovechando la amplia frontera que comparte con EEUU, numerosos clanes narco producen su propia droga, al tiempo que hacen de intermediarios con la que procede de países más al sur, como Colombia. El destino de todo este comercio son los consumidores de EEUU. Los cárteles narco, además, trafican con armas y también son protagonistas de acciones de secuestro, asesinato o extorsión hacia los migrantes procedentes del Sur que viajan a través del país con destino a EEUU.

Todo este actuar criminal, de enorme envergadura, mantiene activo un auténtico conflicto bélico de las propias organizaciones criminales entre sí y, además, contra el propio estado central mexicano que, en 2006, declaró oficialmente la guerra al narco. Cabe decir que se hace complicado distinguir quien es quien en esta pugna, estando fuertemente permeado por el crimen organizado el propio poder civil, así como el ejército y la policía. Por si faltara algún elemento, también existen en México grupos paramilitares y de "autodefensa" que defienden a las comunidades de las diferentes agresiones, pero también, en ocasiones, se convierten en brazo armado de los narcos.

El resultado de este enorme conflicto articulado en torno al crimen es de proporciones catastróficas. Se calcula que entre 2006 y 2020 fallecieron alrededor de 300.000 personas solo por ejecuciones o enfrentamientos entre bandas o con la autoridad. A ello habría que sumar las numerosas consecuencias de índole económica, social, etc.

En México, como en Ucrania y Palestina, es urgente el cese de toda acción violenta organizada, sea por parte estatal o por parte privada. Para ello es necesario sanear y depurar de criminales las instituciones. También defender y robustecer la autonomía de las pequeñas comunidades indígenas y rurales, de cuyo funcionamiento orgánico tanto tenemos que aprender. Además, apostar por la educación, por la redistribución de la riqueza y por una economía desvinculada de las multinacionales y de las dinámicas del capitalismo salvaje. Todo ello con el objetivo de lograr una sociedad armónica y democrática en la que el crimen organizado no tenga cabida.

Por un mundo sin guerras, con tolerancia, entendimiento, empatía y cooperación entre personas, pueblos, étnias, religiones y culturas. Con respeto al medio ambiente. Por un mundo en Paz.

Ver también:

Otras guerras que también recordamos: Guerras y conflictos de los que no suele hablarse en los informativos

David Vigario

Seis años y medio de prisión para un oficial de la Policía de Badajoz y cinco años para los tres agentes que le acompañaron en una madrugada durante el periodo de confinamiento durante la pandemia (en concreto durante el confinamiento, el 30 de mayo de 2020) al irrumpir en el interior de una vivienda sin autorización judicial y detener a la pareja de inquilinos. La cosa no quedó ahí. El hombre fue detenido después de recibir numerosos golpes, como su novia, y fue sacado completamente desnudo a la calle para trasladarlo al hospital para ser atendido de numerosas lesiones.

Los agentes habían sido alertados por "constantes ruidos y molestias a los vecinos" y se personaron en el domicilio. A las 04.10 horas de la madrugada, el morador (se encontraba en régimen de alquiler) les abrió la puerta y se negó a entregarles el DNI a efectos de su identificación para cursarle una denuncia, alegando que se encontraba dentro de su domicilio y no en la vía pública. Seguidamente, según los hechos probados en la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz, que ahora ratifica el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, los policías le advirtieron que iban a ser doblemente sancionados, también por la negativa a identificarse ante la autoridad, requiriéndole para que cesaran los ruidos molestos y se marcharon del lugar.

Sin embargo, alrededor de una hora después, sobre las 05.23 h., regresaron al domicilio y le volvieron a pedir al hombre que se identificara, aunque éste les indicó que no lo tenía y se dispuso a cerrar la puerta, momento en que el oficial de la Policía Local irrumpió violentamente en el interior de la vivienda, "haciéndolo de modo irreflexivo y erróneamente, atendiendo a la actitud sospechosa y renuente del ocupante de la vivienda y por haber escuchado previamente gritos de una mujer pidiendo auxilio desde el interior". Al oficial le siguió el resto de agentes, aunque no tenían la autorización judicial para ello. El hombre salió corriendo hacia el pasillo interior, llegando a chocar con su novia, que estaba grabando la escena con un teléfono móvil, como también había ocurrido en la primera visita de la Policía.

Los agentes permanecieron en el interior del domicilio "contra la expresa voluntad de sus moradores", según la sentencia, produciéndose un forcejeo, y la pareja fue golpeada y zarandeada por los agentes. En auxilio salieron del interior de la vivienda un grupo de amigos que se encontraba en la vivienda, en concreto cuatro personas. Despojado de sus ropas por los agentes, el morador del piso logró introducirse en el salón y llamar a la Policía Nacional, "pidiendo auxilio, fingiendo un asalto con palos a su vivienda". En ese momento, la mujer fue detenida con la ayuda de dos nuevos agentes que habían acudido a la zona como apoyo a los compañeros que se encontraban en el interior.

El hombre "fue detenido sacándolo a rastras hasta el rellano, donde emplearon una agresividad desproporcionada para reducirlo, tratándose de una persona que padece de una grave enfermedad neurológica degenerativa, si bien no era conocida por los agentes ni mostraba signos exteriores que lo manifestaran", según recoge la sentencia.

De esta manera, fue conducido "arrodillado en el ascensor y esposado, así como completamente desnudo fuera del inmueble y en esta situación "de completa desnudez fue también trasladado e ingresado en un centro hospitalario" mientras que a la mujer los agentes decidieron enviarla a otro distinto. Finalmente, tras ser atendidos, ambos fueron presentados en calidad de detenidos en la Jefatura Superior de la Policía Nacional.

La sentencia señala que los agentes realizaron una comparecencia en la que cambiaron "de forma sustancial la realidad de lo sucedido para tratar de justificar su ilícita intervención", realizando una denuncia "mendaz por supuestos delitos de desobediencia y de atentado a los agentes de la autoridad". Además, justificaron su acceso a la vivienda sin autorización judicial por haber actuado de auxilio de alguien que entendieron que reclamaba su ayuda a voces desde el interior de la vivienda, además de señalar que habían recibido inicialmente una agresión por parte de las personas que se encontraban en el interior de la vivienda.

Múltiples lesiones

Un informe del médico-forense describió múltiples lesiones del morador de la vivienda tras la intervención policial que tardaron en curar 180 días (policontusiones, hematomas múltiples...), quedándole como secuela estrés postraumático moderado. De manera similar ocurrió con la mujer, que también recibió en su cabeza contra la pared. Un perito particular evaluó los desperfectos ocasionados por la intervención policial dentro de la vivienda en 510 euros, aunque la propietaria del piso no ha reclamado indemnización alguna por los hechos. También otra persona del grupo de amigos que se encontraba en el domicilio presentó un parte de lesiones por las actuaciones policiales.

La sentencia diferencia (y de ahí también las diferentes penas) la actuación del oficial de la Policía Local de Badajoz, que fue quien dio las órdenes, dirigió el operativo y las actuaciones realizadas, del resto de agentes que participaron en los hechos.

En la misma sentencia de la Audiencia Provincial se condenó en conformidad a estos tres agentes por dos delitos de lesiones, un delito de lesiones, un delito contra la integridad moral y un delito de falsedad en documento oficial a cinco años de prisión, a la inhabilitación de dos años para ejercer empleo y cargo público y ya han indemnizado a las víctimas con 45.000 euros.

El policía al mando ha sido condenado a la pena de seis años y medio de prisión y cuatro de inhabilitación para ejercer empleo o cargo público por tres delitos de lesiones, dos delitos leves de lesiones, un delito contra la integridad moral y un delito de falsedad en documento oficial, recurrió la sentencia, recurso que ha sido desestimado de manera íntegra por el TSJ de Extremadura. Entre los motivos de desestimación del recurso, se recoge que el condenado tuvo conocimiento desde el primer momento del contenido de la denuncia en su contra y que está acreditado que al detenido "se le trasladó de su domicilio a la calle, de la calle al coche, y del coche al hospital estando desnudo y sin que, por el agente recurrente en este acto, se adoptara ninguna medida mínimamente suficiente y eficaz para evitar esta situación".

La Sala acepta los hechos probados de la sentencia de Instancia en la que se recoge que el oficial causó lesiones a tres de los ocupantes de un piso de Badajoz al que acudieron por ruidos y que al inquilino lo sacaron a la calle desnudo y lo llevaron de ese modo al hospital y luego no reflejó en el atestado la realidad de lo que sucedió.

De forma paralela, en la sentencia se les ha absuelto de un delito de allanamiento de morada y otros dos de detención ilegal al considerar que sin bien entraron en el domicilio sin habilitación legal necesaria actuaron con la convicción de que estaban actuando de forma adecuada. La sentencia no es firme y contra la misma cabe recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

El Mundo

Juristas expertos en derecho internacional explican a elDiario.es su valoración de esta medida, la primera en la historia que afecta a un mandatario israelí, ante las amenazas desde EEUU de aplicar sanciones contra la Corte.

Olga Rodríguez

Es la primera vez en la historia que la Corte Penal Internacional (CPI) emite órdenes de arresto contra un primer ministro israelí, tras la solicitud presentada en mayo por el fiscal jefe de dicho organismo, Karim Khan.
Las presiones a la Corte Penal Internacional

Han transcurrido seis meses desde aquella petición, durante los cuales la propia oficina del fiscal jefe ha denunciado presiones y amenazas: “'Esta Corte fue construida para África y para matones como Putin', me dijo un destacado dirigente. Nosotros no lo vemos así. Este Tribunal es legado de Núremberg, esta Corte debería ser el triunfo de la ley sobre el poder y la fuerza bruta. No vamos a ser disuadidos por amenazas”, contó el propio fiscal Khan en mayo, en la CNN.

Ahora, a pesar de las presiones, la Corte señala que hay motivos razonables para considerar a Netanyahu y Gallant responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad, como “inanición como método de guerra”, “asesinato, persecución y otros actos inhumanos” contra la población de Gaza. Los tres jueces del panel que ha adoptado esta decisión consideran que Netanyahu y Gallant “privaron de modo intencionado y a sabiendas a la población civil de Gaza de objetos indispensables para su supervivencia”.

Desde hace años Israel ha estado vigilando a altos funcionarios de la Corte y a trabajadores de derechos humanos palestinos, “como parte de una operación secreta para frustrar la investigación sobre presuntos crímenes de guerra”, según desveló el pasado mes de mayo la publicación israelí +972 Magazine.

De qué depende el cumplimiento de la orden

El ex fiscal jefe fundador de la Corte Penal, Luis Moreno Ocampo -en el cargo entre 2003 y 2012- contó recientemente, en una entrevista en elDiario.es, que Estados Unidos le pidió cerrar la investigación preliminar sobre Palestina en varias ocasiones.

Este jueves, en conversación con este medio, Moreno Ocampo subrayaba que estas órdenes de arresto “limitarán a Netanyahu, no va a poder viajar a 124 Estados”, en referencia a los países que forman parte del Estatuto de Roma.

La Corte no cuenta con policía propia ni con otros mecanismos para el cumplimiento, pero la importancia de estas órdenes es notable. Nunca antes se habían emitido mandatos de detención contra líderes israelíes.

“Hay una Corte Internacional existente que dictamina que Israel está cometiendo un crimen. Acá el tema central es qué hacemos con esa información, qué pasa con los demás líderes del mundo, qué van a hacer Trump, Biden, Alemania, España, etc”, señala Moreno Ocampo a este diario.

“Donald Trump ya sancionó a Fatu Bensouda [exfiscal jefe del Tribunal cuando Trump era presidente] como si fuera una terrorista por investigar a EEUU, ¿España y otros países van a dejar que pase eso? Este es el tema central. No es cuándo lo arrestan, sino cómo reacciona el mundo cuando el Tribunal Penal Internacional dice que esto que está haciendo Netanyahu es un crimen”, añade el exfiscal jefe fundador de esta Corte.

Reed Brody, abogado estadounidense especializado en derechos humanos -con un papel importante en los juicios contra los exdictadores de Chad o de Haití, Habré y Duvalier- indica a elDiario.es que “estas órdenes refuerzan el creciente consenso internacional en torno a la naturaleza criminal de la guerra de Israel contra el pueblo de Gaza”.

“Suponen que el mundo de Netanyahu y Gallant se limita ahora a los países que no han ratificado el Tratado de la Corte Penal Internacional”, añade.

El profesor en Princeton y exdirector de Human Rights Watch, Keneth Roth, lo expone así: “Los países miembros de la CPI están obligados a detener a Netanyahu y Gallant si se atreven a poner un pie en su territorio. De repente, el mundo se ha vuelto mucho más pequeño para estos dos altos mandatarios israelíes”.
Los países en color verde son los que han ratificado el Estatuto de Roma y por tanto están obligados a arrestar a Netanyahu y Gallant si pisan su territorio

El doble rasero y los obstáculos

En Israel, tanto los partidos que integran el Gobierno como los de la mayoría de la oposición han criticado duramente las órdenes de arresto de la CPI. “La decisión antisemita de la Corte Internacional de La Haya es un moderno juicio Dreyfus y terminará de la misma manera”, afirmó el primer ministro Netanyahu en la noche de este jueves.

Además de Israel, otros cinco países han criticado el anuncio del tribunal: Austria, República Checa, Estados Unidos, la Argentina de Milei y la Hungría de Orbán.

Washington defiende una la ley internacional de quita y pon, aplicada solo para sus adversarios, y no reconoce la jurisdicción de la Corte en el caso israelí. Así lo ha vuelto a resaltar este jueves el Gobierno estadounidense, a través de varios portavoces y del propio Biden, quien ha tachado de “escandalosa” la orden de la CPI.

El pasado 30 de abril el portavoz del Secretario de Estado de EEUU afirmó que Washington no cree que esta Corte Internacional “tenga jurisdicción sobre este asunto”, pero que sí trabaja “en estrecha colaboración con dicha Corte en una serie de áreas claves: Ucrania, Sudán, Darfur, pero en este caso concreto simplemente no tiene jurisdicción”. Estados Unidos acogió con celebración la orden de arresto contra Vladimir Putin en marzo de 2023.

Las presiones y este doble rasero afectan a la credibilidad de Washington en el escenario global y generan preocupación ante los intentos de debilitar la imagen de la Corte Penal. El mundo presencia un pulso entre la defensa del derecho internacional y el ataque de EEUU al papel de los tribunales de La Haya.

Ya en mayo, cuando el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional solicitó estas órdenes de detención, el presidente Joe Biden calificó de “indignante” esa petición, y el Secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, planteó la posibilidad de sancionar al Tribunal de la Haya.

Michael Waltz, futuro asesor de Trump en Seguridad Nacional, anunció este jueves “una fuerte respuesta en enero [cuando Trump asuma la presidencia] al prejuicio antisemita de la Corte Penal Internacional y de Naciones Unidas”, en referencia a posibles sanciones contra ese tribunal.

Además de las medidas contra Netanyahu y Gallant, la CPI también ha emitido una orden contra el comandante de Hamás Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri, conocido como Deif, cuya muerte fue anunciada por Tel Aviv pero no ha podido ser comprobada por el tribunal. La solicitud de órdenes de arresto contra otros dos líderes de Hamás, Ismail Haniya y Yahia Sinwar, no ha prosperado, porque ambos fueron asesinados por el ejército israelí.

El abogado Joan Garcés, impulsor del juicio contra el dictador chileno Augusto Pinochet, explica a este diario que los 124 países que han ratificado el Estatuto de Roma tienen el deber de cumplir la orden del Tribunal si el primer ministro israelí o su exministro de Defensa pisan el territorio de alguno de ellos.

A su vez, Garcés reconoce las dificultades de la aplicación “frente a presuntos infractores que controlan los recursos de un Estado, que desafían la credibilidad de los tribunales nacionales e internacionales,”.

En sus casi veintidós años de existencia, la Corte Penal Internacional nunca había acusado a un líder aliado de Occidente, señala el letrado Reed Brody. “De hecho, ningún tribunal internacional lo ha hecho desde la Segunda Guerra Mundial. Es un hito en la historia de la justicia internacional, tan inédito como justificado y tardío”, añade.

Con ello, Brody hace referencia al uso de los instrumentos de la justicia internacional usados casi exclusivamente “para abordar crímenes de enemigos derrotados, como en los tribunales de Núremberg y Tokio, parias sin poder, especialmente de África, u opositores a Occidente como Putin o Milošević.”

En conversación con elDiario.es, la abogada especializada en derecho internacional Almudena Bernabeu, destaca la importancia “de la legitimidad de la Corte Internacional” y señala que, “para ejercer la jurisdicción del Tribunal, no hace falta ni la autorización, ni el permiso, ni el visto bueno de Israel”.

Los dos tribunales de La Haya están dando herramientas a los Estados de la ONU para que apliquen el derecho internacional, en un momento en el que el Comité Especial de Naciones Unidas acaba de concluir que los métodos de Israel en Gaza son compatibles con las características de genocidio.

Las órdenes de arresto de la CPI refuerzan a su vez el marco de la otra Corte Internacional, la de Justicia, que en enero ordenó a Israel que no bloqueara la entrada a Gaza de la ayuda humanitaria necesaria, algo que Tel Aviv ha incumplido, como confirman ahora los jueces de la Corte Penal.

Organizaciones internacionales de derechos humanos, como Amnistía Internacional, destacan que las órdenes de arresto de la Corte de La Haya representan “un avance histórico para la justicia y deben señalar el comienzo del fin de la impunidad persistente y generalizada que está en el corazón de la crisis de derechos humanos en Israel y el territorio palestino ocupado”.

“Estas órdenes rompen con la percepción de que ciertas personas están fuera del alcance de la ley”, ha subrayado la organización internacional Human Rights Watch.

A última hora de este jueves, el propio fiscal jefe de la Corte Internacional, Karim Khan, emitió un comunicado en el que anuncia que su oficina está impulsando “líneas de investigación adicionales en zonas bajo la jurisdicción del Tribunal, que incluyen Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este”, territorios todos ellos afectados por la ocupación ilegal israelí.

“He subrayado que la ley existe para todos, que su función es reivindicar los derechos de todas las personas”, resalta Khan en su declaración, en línea con su postura de estos meses de atrás. “Nadie está por encima de la ley, ningún pueblo”, señalaba en mayo.

El pasado mes de julio el máximo tribunal de Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia, emitió un dictamen en el que resalta el carácter ilegal de la ocupación de esos territorios y en el que pide a los Estados miembros de la ONU la suspensión del comercio e inversiones que puedan contribuir de algún modo a esa ocupación.

Al hilo de ese dictamen, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó en septiembre -por 124 votos a favor, incluido el de España- una resolución que exige el fin de la ocupación ilegal israelí en un plazo de doce meses y pide el fin del comercio o las inversiones que puedan contribuir a la misma.

Desde octubre de 2023 más de 44.000 palestinos han muerto en Gaza por ataques israelíes, según cifras aportadas por las autoridades sanitarias. Israel está aplicando una operación de expulsión contra el norte de la Franja, forzando nuevos desplazamientos y bombardeando espacios donde se cobijan las personas refugiadas. Además, el bloqueo a la entrada de la ayuda necesaria ha provocado hambre y enfermedades que están causando un número indeterminado de muertes.

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La Corte Penal Internacional, el tribunal con raíces en Núremberg que persigue a Netanyahu

Icíar Gutiérrez

“Los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo”. Cuando la Corte Penal Internacional (CPI) vio la luz por primera vez, lo hizo con esta frase estampada en el preámbulo de su tratado fundacional.

Esta idea nuclear de su ADN, evitar que quienes se consideran los peores criminales del mundo salgan impunes, asomó tras las palabras del fiscal del tribunal, Karim Khan, cuando, el 20 de mayo, pidió arrestar al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, su entonces ministro de Defensa y tres líderes de Hamás: “Hoy subrayamos una vez más que el derecho internacional y las leyes de los conflictos armados se aplican a todos. Ningún soldado raso, ningún comandante, ningún dirigente civil, nadie, puede actuar con impunidad”.

El camino en ese propósito lo marcó hace casi 80 años Núremberg. La serie de juicios celebrados en la ciudad alemana en los que las potencias aliadas procesaron y juzgaron a importantes líderes nazis por los crímenes cometidos, incluido el asesinato sistemático de millones de personas judías en el Holocausto, establecieron las piedras angulares del derecho penal internacional. La CPI bebe de la lucha contra esos crímenes atroces cometidos en las guerras que marcaron el siglo XX, por eso se centra en los delitos más graves que se pueden cometer: genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, así como el crimen de agresión, ninguno de los cuales prescribe.

Cuando Luis Moreno Ocampo prestó juramento como primer fiscal de la recién nacida institución en 2003, Ben Ferencz habló en la ceremonia. Este abogado estadounidense de origen judío-húngaro fue fiscal en los juicios de Núremberg y había protagonizado una cruzada a favor de la creación de un tribunal penal internacional. “Núremberg fue poco más que un comienzo”, dijo aquel día. “Su progreso se vio paralizado por los antagonismos de la Guerra Fría. Leyes claras, tribunales y un sistema de aplicación efectiva son requisitos vitales para toda sociedad ordenada. La matriz de un sistema mundial racional consta de innumerables piezas que van encajando en su sitio de forma gradual y dolorosa. La CPI forma parte de este proceso evolutivo”.

Aunque son varias las cosas que distinguen a la CPI de Núremberg, “ambos tribunales se crean con un mismo ideal de fondo, promover una justicia penal básica en la escena internacional, con una legitimidad superior a las justicias nacionales, bajo estándares compartidos de defensa de los derechos humanos”, dice a elDiario.es Fernando Molina, catedrático de derecho penal de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).

De los tribunales 'ad hoc' al Estatuto de Roma

Fruto de lo vivido durante el Holocausto nazi y los históricos juicios, en 1948 se adoptó un importante tratado internacional: la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. La Asamblea General de Naciones Unidas reconoció entonces la necesidad de un tribunal internacional permanente, una idea que reflotó al acabar la Guerra Fría. Mientras se negociaba un estatuto para la corte, en respuesta a las atrocidades cometidas en la antigua Yugoslavia y Ruanda, el Consejo de Seguridad de la ONU estableció a principios de los 90 un tribunal penal para cada uno de estos contextos con el objetivo de responsabilizar a los criminales. Son lo que, en la jerga, se conoce como tribunales ad hoc: con jurisdicciones y mandatos limitados, para situaciones específicas –al igual que Núremberg–. Esta es una de las principales diferencias con la Corte Penal Internacional, que es permanente y afecta “a cualquier conflicto que guarde relación con los Estados parte”, indica Molina.

El hito llegó en julio de 1998, cuando un grupo de países aprobó en una conferencia diplomática en Italia el tratado que vertebró la CPI: el Estatuto de Roma. Muchos sintieron aquellos días que este acuerdo tenía tanta importancia como la propia aprobación de la Carta de Naciones Unidas. “La creación del tribunal sigue siendo un paso de gigante en la marcha hacia los derechos humanos universales y el Estado de Derecho. Es un logro que, hace solo unos años, nadie habría creído posible”, dijo el entonces secretario general de la ONU, Kofi Annan. El tratado entró en vigor cuatro años después en 2002.

A día de hoy hay 124 países miembros (los que han ratificado el Estatuto de Roma). Todos tienen la obligación legal de cooperar con el tribunal en sus procesos y se consideran su pilar operativo. En otras palabras, ya que la CPI no cuenta con una fuerza policial, depende de estos Estados hacer cumplir las órdenes de arresto, como la dictada el año pasado contra el presidente ruso, Vladímir Putin, o las publicadas ahora contra Netanyahu y su exministro de Defensa por presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad en Gaza, entre ellos matar de hambre a civiles.

El último país en unirse fue Armenia, en 2023. Unos años antes, en 2015, Palestina fue admitida como miembro. A pesar de congregar a decenas de países, el talón de Aquiles de la institución sigue siendo que no ha logrado el ingreso de potencias poderosas como China, India, Rusia y Estados Unidos, lo que dificulta que la CPI sea verdaderamente universal.

“Es un inconveniente que inevitablemente lastra la eficacia del tribunal en muchos casos, pero quedándonos con lo positivo, contar con 124 países, entre los que están muchos de los más poderosos y, sobre todo, más respetuosos con los derechos humanos, es un activo increíble que otorga a este tribunal un alcance único en la historia”, dice Molina. “Mejorable, sin duda, pero no por ello deja de ser un soplo de aire fresco en un panorama internacional demasiadas veces complaciente con los crímenes de los más poderosos”.

Tensiones con EEUU e Israel

Desde sus orígenes, la relación de Washington con la institución ha estado marcada por el tira y afloja, una confrontación motivada por el miedo a que la CPI pueda procesar a estadounidenses, algo que el país norteamericano ve como una violación de su soberanía. La Administración Clinton firmó el tratado, pero después, George W. Bush anunció que no tenía intención de ratificarlo, aprobó una ley para restringir la cooperación con la corte y lanzó una campaña para llegar a acuerdos bilaterales de inmunidad con otros países que les obligaban a no entregar a los ciudadanos estadounidenses.

La postura estadounidense se suavizó durante la presidencia de Barack Obama, para volver a retroceder varios pasos con la llegada de Donald Trump. Bajo su mandato, EEUU se opuso a las investigaciones de la CPI en Afganistán y los territorios palestinos e impuso sanciones y restricciones de visado al personal del tribunal.

Joe Biden apostó por una actitud más cooperativa: levantó las sanciones y ordenó compartir pruebas de los crímenes de guerra rusos en Ucrania con la CPI. Pero las órdenes de detención contra los dirigentes de Israel, aliado de EEUU, han vuelto a sacar a flote las viejas tensiones, con Washington tildando la decisión de “escandalosa”.

El 4 de junio, a modo de reprimenda ante la petición del fiscal Karim Khan, la Cámara de Representantes –liderada por los republicanos– votó a favor de aprobar una legislación para sancionar a la CPI con apoyo de una parte de los demócratas, aunque el actual Gobierno se opone a la medida.

En Israel, que tampoco es miembro de la corte, la reacción a la decisión de Khan ha sido furibunda. Netanyahu ha dicho que las acusaciones contra él son “absurdas y falsas” y ha rechazado la orden emitida por la CPI. “La decisión antisemita de la CPI equivale al moderno juicio a Dreyfus, y también terminará así”, ha asegurado.

Una investigación de varios medios, entre ellos The Guardian, reveló que, entre bambalinas, las autoridades israelíes han librado una campaña durante una década para hacer descarrilar el trabajo de la CPI sobre los crímenes de guerra cometidos en los territorios palestinos ocupados, desplegando sus agencias de inteligencia para vigilar y presionar al personal del tribunal internacional. El fiscal de la CPI ha tenido que pedir públicamente que se deje trabajar a su equipo “con plena independencia e imparcialidad” y que cesen de inmediato “todos los intentos de obstaculizar, intimidar o influir indebidamente” en los trabajadores de la corte.

Muchos expertos y activistas calificaron el movimiento de Khan solicitando a los jueces la orden de arresto como un paso histórico, subrayando que es la primera vez que un líder occidental puede enfrentarse a la justicia internacional desde Núremberg, incluso sin ser derrotados.

Molina no duda de que es un salto adelante. “Es comprensible la extrema indignación del propio Netanyahu y su Gobierno por este hecho: desnuda su pretensión de estar ejerciendo solo una defensa legítima frente a las inhumanas agresiones de Hamás”, dice el profesor de la UAM, que sostiene que “todo apunta a que hace mucho que se ha excedido lo que permite la legítima defensa” para convertirse en “algo inadmisible, que entra de lleno en las competencias de la CPI”.

No es el único frente legal que Israel tiene abierto en estos momentos. Sudáfrica ha llevado a los representantes israelíes ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en un caso en el que los acusa de violar la Convención sobre el Genocidio. A menudo se confunden, pero la CPI y la CIJ no son lo mismo. Ambas comparten ciudad para sus sedes, La Haya –que alberga numerosas organizaciones internacionales–, pero la Corte Penal Internacional juzga a individuos –y nadie está exento de ser procesado–, mientras que la Corte Internacional de Justicia es el principal órgano judicial de Naciones Unidas para la solución de disputas entre Estados.

Las críticas

El espíritu de la corte, que está compuesta por 18 jueces, no es reemplazar a los tribunales nacionales, sino complementarlos, ser el último recurso. Solo puede enjuiciar y juzgar a personas si el país en cuestión no lo hace, no puede o no quiere hacerlo. Además, solo ejerce su competencia en situaciones en las que el presunto autor sea nacional de un Estado Parte o en las que el crimen haya sido cometido en el territorio de un Estado Parte. Un país que no sea parte sí puede decidir aceptar la jurisdicción de la CPI. Este es el caso de Ucrania.

Si algo ha demostrado el historial de la corte es que cumplir su cometido de luchar contra los perpetradores de los crímenes más graves es una tarea enormemente compleja. Hasta el momento ha habido 31 casos. Sus jueces han emitido 46 órdenes de arresto: 21 personas han sido encerradas en el centro de detención de La Haya y 17 siguen prófugas. Uno de los principales fugitivos es el exdictador sudanés Omar al Bashir, buscado por genocidio en Darfur. El tribunal ha dictado 10 condenas en estas dos décadas de vida. La primera fue en 2012 contra el congoleño Thomas Lubanga por los crímenes de guerra de reclutar y alistar a niños menores de 15 años y utilizarlos para participar en hostilidades. Fue puesto en libertad en 2020 tras cumplir 14 años de cárcel.

Durante su andadura, el tribunal ha sido blanco de críticas. Una de las más notables es que se ha centrado desproporcionadamente en África. Muchos países del continente se han quejado de lo que perciben como un sesgo, en especial Sudáfrica, que ha expresado su frustración por lo que considera un dominio de los intereses occidentales en lo que respecta a cómo se aplica el derecho internacional. En su página web, la corte se defiende de estas acusaciones explicando que la mayoría de sus investigaciones se han abierto a petición de los gobiernos africanos o previa consulta con ellos, y otras después de que las remitiera el Consejo de Seguridad de la ONU.

“Es probable que la situación cambie en el futuro, ya que hay situaciones bajo investigación en América, Asia e incluso Europa”, subraya Molina sobre el hecho de que las condenas hayan sido tan escasas y no hayan afectado a otros continentes.

En un lado están quienes cuestionan que la institución tiene demasiado poder procesal y puede amenazar la soberanía de los Estados. En otro, quienes argumentan que tiene muy poca autoridad y ponen en tela de juicio su eficacia para encarcelar a los criminales de guerra.

“Todo el derecho internacional tiene gran legitimidad, pero sufre el déficit de quien ejerce un poder finalmente delegado de los Estados, así que sus carencias reflejan el equilibrio de fuerzas de los propios Estados”, dice el catedrático de la UAM. “Por poner un ejemplo, la posibilidad de ver a un presidente de los EEUU sentado ante la corte por los posibles crímenes que hubiera podido alentar se antoja hoy, no ya remota, sino ilusoria. No hay en este momento fuerza militar o policial que pueda hacer cumplir con éxito una eventual orden internacional de detención”.

Sin embargo, el experto pone de relieve que, con estas limitaciones, las actuaciones de la CPI pueden tener “efectos directos importantes”, ya que una orden internacional “no es baladí, y no solo en términos de reputación, que es importante, sino en efectivas limitaciones de la libertad de movimientos”, porque los individuos no pueden visitar “países firmantes dispuestos a cumplir mandatos de la CPI sin exponerse a ser detenidos”. Este es el caso de Putin y Netanyahu: no afrontan riesgos inmediatos de procesamiento, pero la amenaza de arresto podría dificultar que viajen al extranjero.

A pesar de los desafíos, no son pocas las voces que creen que las investigaciones en marcha de la CPI sobre Ucrania y Palestina demuestran por qué la corte sigue siendo tan relevante como cuando se fundó. “Cuando los delitos son cometidos por quienes detentan el poder real en los Estados, y esta, desgraciadamente, es la situación habitual en los crímenes contra la humanidad, la impunidad suele ser la regla. Sólo una justicia superior, de la comunidad internacional en su conjunto, puede tapar el lacerante hueco. Así que un tribunal penal como la CPI resulta esencial para la justicia”, argumenta Molina.

“La CPI no es, ni puede ser, una panacea. No puede poner fin a la impunidad ni disuadir de la comisión de delitos por sí sola (...). Núremberg es nuestra herencia colectiva. El cumplimiento de su legado es nuestra responsabilidad colectiva”, dijo Philippe Kirsch, presidente de la corte, en 2006, en el marco del 60º aniversario del histórico proceso contra los dirigentes nazis, cuando el tribunal apenas había echado a andar.

“Habrá periodos más fáciles y más difíciles para la CPI. Debemos tener siempre presente que las razones fundamentales por las que se creó siguen tan presentes como siempre y que compartimos la responsabilidad colectiva de garantizar su éxito. Debemos seguir llevando adelante el legado de Núremberg y hacer de un tribunal internacional eficaz y permanente una realidad duradera”.

En una entrevista con la CNN tras pedir la detención de los líderes israelíes, Khan contó que un alto cargo occidental le había dicho que la CPI “fue construida para África” y para “matones como Putin”. “No lo vemos así”, dijo el fiscal. “Este tribunal es el legado de Núremberg. Este tribunal debería ser el triunfo de la ley sobre el poder y la fuerza bruta”.

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Javier Biosca Azcoiti / Francesca Cicardi

La Corte Penal Internacional ha emitido las órdenes de detención solicitadas en mayo por el fiscal del tribunal, Karim Khan, contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su antiguo ministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra.

Las órdenes de detención están clasificadas como “secretas”, sin embargo, el tribunal ha hecho pública parte de la información porque “al parecer, se están llevando a cabo conductas similares a las contempladas en la orden de detención”, sostiene la Corte Penal Internacional en un comunicado. “Además, la sala considera que redunda en interés de las víctimas y de sus familiares que se les ponga en conocimiento la existencia de las órdenes de detención”.

“Con respecto a los crímenes, la sala ha econtrado motivos razonables para creer que Netanyahu y Gallant son responsables penalmente de los siguientes crímenes como coautores por cometer los actos conjuntamente con otros: el crimen de guerra de inanición como método de guerra; y los crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos”, sostiene el comunicado.

Más de 44.000 palestinos han muerto en Gaza desde octubre de 2023 y miles se encuentran bajo los escombros, según las autoridades locales, que denuncian que Israel ataca viviendas y edificios en los que se cobijan los desplazados, así como los campos de tiendas de campaña en los que se han reubicado.

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Vivimos tiempos duros en que cada vez cuesta más construir una verdadera Cultura de Paz y Justicia tanto en el ámbito educativo como en la sociedad en general. Se nos habla de parar guerras o solucionar conflictos mientras aportamos cada vez más armas de destrucción y cuando no cesa el número de “daños colaterales”, eufemismo usado para ocultar el asesinato de inocentes. Pagamos impuestos que se dedican a políticas militaristas, mantenemos bancos que se lucran con los diversos negocios de la guerra y la muerte, y no nos quieren recordar que es imprescindible construir un mundo sostenible, justo y pacífico para las futuras generaciones.

La DANA en Valencia nos ha hecho ver imágenes dantescas de destrucción y cientos de fallecidos. No tan lejos seguimos horrorizados con los asesinatos de civiles palestinos y por una vuelta de tuerca al apartheid que sufren en su propia tierra la población palestina por el Estado genocida de Israel, a la vez que los secuestrados por Hamás siguen sin poder volver a sus casas. Mientras, cientos de miles de personas entre civiles y combatientes han muerto en Ucrania, Africa y otras zonas con conflictos armados.

A pesar de las múltiples manifestaciones por todo el planeta, la condena de la ONU, el llamamiento internacional de muchos países al cese el fuego y la condena de la corte penal internacional por crímenes de guerra y contra la humanidad, los EEUU de norteamérica continúan apadrinando al estado de Israel en su espiral de violencia destructiva y genocida en Palestina y en Líbano. Esa permisividad norteamericana se traduce en un apoyo tácito de la OTAN y sus bases de utilización conjunta que sirven de apoyo efectivo al abastecimento militar y apoyo logístico del ejército Israelí. Por ello seguimos denunciando la existencia de bases militares en nuestro tierra, Andalucía, como las de Rota, Morón y Gibraltar, con la presencia y el aumento de tropas norteamericanas.

Un grupo de colectivos, movimientos sociales y personas que formamos la Plataforma andaluza contra la guerra y las bases queremos continuar la historia del movimiento ciudadano y político pacifista y antimilitarista que durante décadas nos hemos manifestado ante estas instalaciones.

Por ello el 23 de noviembre de 2024 volvemos a manifestarnos en Morón y os invitamos a participar en esta necesaria respuesta del pueblo ante esta amenaza creciente, no sólo para la supervivencia del pueblo palestino y de los obligados a migrar, sino incluso para la existencia de la humanidad en el planeta.

La PLATAFORMA ANDALUZA CONTRA LA GUERRA Y LAS BASES firmante está formada por

Alwadi-Ira Grupo ecologista de Alcalá de Guadaíra

Centro Social y Cultural Julio Vélez – Módulo Azul de Morón de la Frontera

CGT

Colectivo Ecopacifista Solano del Viso del Alcor

Colectivo de Noviolencia ELAIA-Alternativa Antimilitarista MOC

Ecologistas en Acción Andalucía

Mujeres de Negro contra la guerra Ishbilya

Plataforma de Solidaridad con Palestina de Sevilla

Podemos Andalucía

PHTA-PHTE

USTEA

Fuente: https://blogdelmoc-elaia.blogspot.c...

Y aquí Biden, tras cruzar otra línea roja (permitir el uso de misiles estadounidenses de largo alcance sobre Rusia) para ver si el gobierno ruso se anima a usar su arsenal nuclear, sigue despidiéndose a lo grande. Está a un paso de que le den el premio nobel de la paz. Nota de Tortuga.

Por EFE

El presidente de EEUU, Joe Biden aprobó el suministro de minas terrestres antipersonal a Ucrania, según informaron funcionarios de su Administración a varios medios estadounidenses, entre ellos el diario The Washington Post. Y este permiso llega el día que la embajada de Estados Unidos en Kiev ha decidido cerrar temporalmente su sede ante un posible ataque.

Estados Unidos espera que Ucrania utilice las minas en su propio territorio y se ha comprometido a no usarlas en zonas pobladas por sus propios civiles, según dijo una fuente que pidió no ser identificada al Washington Post, el primer medio en informar sobre este nuevo espaldarazo de Biden a Ucrania en su guerra contra las tropas invasoras rusas.

Biden, que entregará el poder en enero próximo al republicano Donald Trump, ganador de las elecciones del pasado 5 de noviembre y partidario de una solución rápida al conflicto mediante concesiones por parte de Ucrania, autorizó recientemente a Kiev el uso de misiles de largo alcance ATACMS contra territorio ruso, un hito en la guerra que empezó en febrero de 2022 y que ayer, martes, cumplió 1.000 días.

"Potencialmente controvertido"

Rusia ha acusado al presidente saliente estadounidense de "echar leña al fuego" con esa decisión que refuerza ahora la entrega de minas terrestres antipersonal.

El Washington Post señala al respecto que "el envío de minas terrestres antipersonal a Ucrania también es potencialmente controvertido, aunque entre un grupo diferente: más de 160 países han firmado un tratado internacional que prohíbe su uso, señalando que las armas indiscriminadas pueden causar daños duraderos a los civiles".

Sin embargo, el Gobierno de Volodomir Zelenski -agrega el diario- las ha buscado desde que Rusia invadió Ucrania en 2022 y las fuerzas rusas han desplegado minas terrestres antipersonal generosamente en las líneas del frente, impidiendo que Ucrania avance en su intento de recuperar su propio territorio.

Una de las cuatro fuentes consultadas por el diario precisó que el tipo de mina terrestre antipersonal que se entregará a Ucrania es “no persistente”, lo que significa que los artefactos se autodestruyen o pierden la carga de la batería y quedan inactivas en cuestión de días o semanas, lo que reduce el peligro para los civiles.

El funcionario dijo que los responsables políticos ucranianos se han comprometido a no desplegar las minas en zonas densamente pobladas pero, indica el diario, los expertos en control de armas afirman que incluso las minas no persistentes plantean un peligro para la seguridad.

“Rusia está atacando las líneas ucranianas en el este con oleadas de tropas, sin importar las bajas que estén sufriendo. Por lo tanto, es obvio que los ucranianos están sufriendo pérdidas y más pueblos y ciudades corren el riesgo de caer. Estas minas se fabricaron específicamente para combatir exactamente esto”, dijo una de las fuentes. “Cuando se utilizan en conjunto con las otras municiones que ya estamos proporcionando a Ucrania, la intención es que contribuyan a una defensa más eficaz”, agregó.

Cierre de la embajada en Kiev

La embajada de Estados Unidos en Kiev ha decidido cerrar temporalmente su sede tras haber recibido información "específica" sobre un posible ataque aéreo "importante" sobre la ciudad este miércoles. "La Embajada de los EEUU en Kiev ha recibido información específica sobre un posible ataque aéreo importante el 20 de noviembre. Como medida de precaución, la Embajada estará cerrada", advierte la legación diplomática en un comunicado dirigido a los ciudadanos estadounidenses.

Asegura además que "se han dado instrucciones a los empleados de la Embajada para que se resguarden en el lugar. La Embajada de los EEUU recomienda que los ciudadanos estadounidenses que estén preparados para refugiarse de inmediato en caso de que se anuncie una alerta aérea".

Fuente: https://www.elconfidencial.com/mund...

Cada vez que se escucha a un político decir que se tomarán medidas exclusivamente técnicas, el objetivo suele ser otro y de carácter más político. Toda acción de gobierno, sea la que sea, es eminentemente política, aunque ello conlleve para su aplicación grandes dosis de elementos programáticos y técnicos. De hecho, esos ministros a los que se les llama "tecnócratas" hacen más política que los que tienen el clásico perfil de políticos a secas. Por ello, me ha extrañado que el vicepresidente y teniente general elegido por Mazón para coordinar las ayudas y planificación de las obras de reconstrucción por los efectos de la DANA haya comenzado su andadura con una declaración de principios basada en una la típica frase del "bienqueda" equidistante. El señor Gan Pampols ha dicho que hay que sacar la reconstrucción de Valencia "del debate político y centrarlo en los aspectos técnicos". Como si la técnica fuera neutra, apolítica y, seguramente, también equidistante. Ni de izquierdas ni de derechas pensarán algunos.

Lamento, o no, decir que esto no es así. No hay nada más político que hacer un plan de infraestructuras como el que se pretende hacer. De hecho, si planificar no fuera un hecho político, quizá en su día no se hubiera aprobado por los políticos la construcción de viviendas en zonas inundables y quizás se hubieran edificado presas y canalizaciones que los políticos en su día decidieron no hacer.

No, mi teniente general, la técnica no es neutral ni única. Los técnicos hacen proyectos que siguen directrices que siempre son políticas. Construir una vía pública, por poner un ejemplo de una ciudad, se puede hacer dando prioridad a los coches, a los peatones o a los carriles bici, etc. Es el ayuntamiento quien aprueba el proyecto y los servicios técnicos son los que después los ejecutan con arreglo a una legislación, que también es política. Por no hablar de que esos técnicos operan desde el sector público (funcionarios) o desde el privado, con lo cual ya el encargo del proyecto es un hecho político de primera magnitud.

En Valencia nos encontraremos cientos de decisiones que serán políticas. La frase del teniente general solo contribuye al desprestigio interesado sobre la clase política y se trata, de hecho, de una frase muy política. Al igual que su elección ha sido fruto de una decisión política, su planificación será política y, evidentemente, técnica. ¿Qué va a decir cuando Mazón decida suprimir la Agencia Valenciana para el Cambio Climático, como ha asegurado?

Así pues, le toca decidir sobre el amplio abanico de posibilidades para el modelo de reconstrucción que Valencia necesita. Es diverso y su elección va a ser, como no puede ser de otra manera, fruto de una decisión política. Otra cuestión es que el vicepresidente se asesore y busque a técnicos competentes para que presenten las mejores alternativas.

La reconstrucción de Valencia se ha de hacer conforme a unos valores (ideología), a unos objetivos y a una manera de llevarlos a cabo. Este último es el aspecto tecnológico, el referido por el señor Gan, y, lógicamente, no se puede llevar a cabo sin los otros dos. El tema ideológico y de valores es importante. Imaginemos que se siguen los principios de la consellera Nuria Montes, que veía el cambio climático como algo bueno para Valencia, ya que ampliaba la temporada turística... Los objetivos y la tecnología serán diferentes si esos principios son medioambientalistas. Lo que suele ocurrir es que los que se refugian en la técnica esconden esos valores que están presentes desde el principio. Querer despolitizar lo que es político y querer sustituir la política por la técnica es una apuesta por la mala política. Mal empieza, mi teniente general, aunque le deseo lo mejor y que sepa rodearse de gente competente y alejada de los "aprovechateguis" que no pierden la oportunidad para obtener rentas de las catástrofes. Los hay.

Ver también:

Francisco Gan Pampols: "No aceptaré directrices políticas en la reconstrucción"

El general Venancio Aguado ocupará la Secretaría de la Vicepresidencia de Recuperación

Fuente: https://www.facebook.com/photo/?fbi...

Joaquín Urías
Profesor de Derecho Constitucional y exletrado del Tribunal Constitucional

El Tribunal Supremo ha salido de cacería. Esta vez van a por el fiscal general del Estado. Ya conocemos la dinámica: el Partido Popular señala, los jueces disparan y la prensa de derechas machaca. Ya andan diciendo los opinadores conservadores que es inédito tener a un fiscal general investigado por un delito. Y, sin embargo, cualquiera que conozca de cerca lo que está sucediendo solo puede pensar que lo inédito es tener un poder judicial tan politizado. Y con tanto desapego por la ley y el derecho como para usarlos constantemente con fines políticos.

La acusación en sí ya planteaba dudas: el Tribunal Supremo decidió investigar a Álvaro García Ortiz por si hubiera difundido mensajes privados de un ciudadano. Objetivamente no hay ningún indicio de que haya sucedido algo así; si hubiera pasado, es dudoso que fuera delito; y si lo fuera, nada sugiere que él sea el responsable.

No es evidente que haya delito porque no está claro que los correos de un abogado intentando llegar a un acuerdo con la Fiscalía sean, ni deban ser, documentos reservados. En muchos países esas negociaciones son públicas e incluso en el nuestro es difícil encontrar argumentos para defender su carácter reservado, pues se negocia un acuerdo que van a ratificar los tribunales. En este caso, además, parece que fue el propio abogado el que difundió en primer lugar los correos que, en ese momento, habrían dejado de ser privados.

Si creyéramos, sin embargo, que aún lo eran y que se cometió un delito al filtrarlos a la prensa, desde luego lo que no se conoce por ahora es ni el más mínimo indicio de que el autor de tal filtración sea el propio fiscal general del Estado.

No hay, desde luego, indicios suficientes para iniciar una investigación contra Álvaro García Ortiz. En el asunto no consta ni un solo dato que sugiera su implicación en la filtración. Ni uno. Si en vez de ser fiscal general del Estado nombrado por el Gobierno socialcomunista hubiera sido un agente de Policía grabado en video agrediendo sin razón a un manifestante indefenso, les aseguro que casi ningún juez de España vería indicios suficientes para investigarlo por nada. Al fiscal comunista lo van a investigar a ver si encuentran algo de qué acusarlo los mismos jueces que creen que nunca hay bastantes pruebas para empezar a investigar a un policía... o a un compañero.

El propio presidente de la Sala segunda del Tribunal Supremo que ha abierto esta investigación, don Manuel Marchena -al que algunos jueces llaman, no sé con cuánto fundamento, el gran filtrador- ha reconocido en público a veces que en su sala se filtran documentos reservados. Y nunca ha abierto ninguna causa para investigar a nadie allí. Así que no es disparatado que la ciudadanía piense que estamos ante una cacería política.

Por si tuviéramos dudas, esta semana el juez instructor designado por el Supremo se ha descolgado con una medida inexplicable jurídicamente: ha ordenado a la Guardia Civil incautar todos los dispositivos y todos los correos de la Fiscalía general del Estado durante los últimos ocho meses.

Estamos ante una de las medidas más disparatadas y desproporcionadas imaginables. A pesar de que no hay indicios, el juez decide acceder no ya a los correos de las horas o días en que se produjeron las filtraciones, sino a todo lo que se ha hablado y discutido en la Fiscalía en los últimos meses. Durante doce horas los agentes recopilaron todo tipo de material delicado que después se llevaron para analizar. El instructor del Supremo va a tener así acceso a todas las investigaciones del fiscal general de España, hasta a las más delicadas. A todos sus documentos y mensajes fijando su estrategia en cualquier caso judicial. A todas las pruebas, hasta las más sensibles, recabadas en todo tipo de asuntos criminales. El perjuicio que se le puede hacer a la institución es imprevisible... como si el objetivo del juez fuera no ya investigar una filtración sino enterarse de todos los secretos de la Fiscalía en busca de quién sabe qué. Un auténtico atentado a la separación de poderes que, como todos los que cada vez con más frecuencia cometen nuestros jueces, va a quedar impune.

A la justicia se la suele representar como una señora con los ojos vendados. Se supone que para no ver a quienes comparecen ante ella y tratarlos a todos por igual. Esa idea le parecería ridícula a muchos jueces españoles: si no ven a quien tiene delante, ¿cómo van a saber si es de los suyos? Para ellos no tiene sentido disponer del terrible poder que el Estado de Derecho les otorga a los magistrados si no pudieran utilizarlo para defender a los partidos políticos con los que comulgan y atacar al resto.

La falta de imparcialidad objetiva se está volviendo, por desgracia, una de las señas de identidad de la Justicia española. Nuestros jueces acceden a sus puestos demostrando exclusivamente que tienen muy buena memoria. No sólo no se les exige ser capaces de aplicar sus conocimientos en la práctica, sino que, sobre todo, no reciben ningún tipo de formación acerca de cómo debe comportarse un juez democrático y de la importancia de aparecer ante la sociedad como árbitros neutrales que aplican las normas con imparcialidad.

A su pésima formación en estos temas se suma ahora la poca vergüenza. La rutina de centenares de jueces españoles incluye pasarse un rato por la mañana en alguna red social, desde sus despachos, insultando al Gobierno, a los progres y a cualquiera que no piense como ellos. Cuando se han desahogado así, entran en sala y se disponen a impartir justicia, pretendiendo que creamos que lo hacen con imparcialidad. Tuvieron el descaro de manifestarse, vestidos con las togas que solo deben usar para su trabajo, contra una ley demasiado conciliadora que discutía el Parlamento.

En estas circunstancias a los profesores de Derecho cada vez nos cuesta más trabajo explicar el sistema judicial español en el marco de la Constitución sin caer en el terreno de la ficción. Es ridículo pensar que el juez que ve terrorismo en empujar un carrito de aeropuerto si lo hace un independentista, el que cada día inventa un delito nuevo contra la mujer del presidente del Gobierno o el que incauta sin fundamento toda la documentación del fiscal general del Estado actúan como jueces y no como soldados de una ideología política.

El acoso al fiscal general es solo la más reciente de sus cacerías políticas. Y cuando los jueces salen de cacería lo mejor que hacen los inocentes y la ley es esconderse. Porque van a por ellos.

Fuente: https://blogs.publico.es/otrasmirad...

Del 22 al 30 de noviembre, únete a concentraciones en 12 ciudades españolas para denunciar la industria armamentística sionista y la complicidad del gobierno español.

Desde Asambleas con la Resistencia Palestina, hacemos un llamamiento a todas las organizaciones, colectivos, asambleas de barrio y sindicatos, a participar en las distintas concentraciones que tendrán lugar en noviembre contra la industria armamentística sionista con la tolerancia del estado español son cómplices del genocidio del pueblo palestino y del pueblo libanés, así como de todos los pueblos del eje de la resistencia, nuestro objetivo es claro, presionar al gobierno español para que detenga esta colaboración y presionar a las autoridades españolas para que pongan fin a esta complicidad y dejen de favorecer el genocidio sionista contra el pueblo palestino.

Durante más de un año hemos visto a los usurpadores de Palestina divertirse con cohetes y bombas enviadas por Washington, Londres, Berlín, Ottawa y París, atacando casas con ellas, además de barrios, escuelas, hospitales, clínicas, mezquitas, iglesias, campamentos de desplazados y ambulancias, convirtiendo a mujeres, ancianos, jóvenes y niños, a familias enteras, en pedazos mezclados con el polvo de los muros destrozados, piedras trituradas, edificios desmoronados y barrios inundados. de muerte y destrucción.

El deseo de paz y estabilidad es legítimo, pero la estabilidad solo nace del equilibrio de fuerzas en conflicto. Los ministros sionistas y sus apoyos en Washington hablan abiertamente del modelo de estabilidad que preparan para Beirut, Damasco, Bagdad y Saná.

Es claro que la derrota del proyecto sionista implicaría el fin del proyecto imperialista en la región, algo que las fuerzas hegemónicas actuales no permiten. Sin embargo, la formación de un mundo multipolar aumentará las posibilidades de debilitar la hegemonía imperialista, abriendo las puertas a las fuerzas de resistencia locales para fortalecer su posición en el equilibrio de poder, lo que aumentará las posibilidades de establecer una situación de estabilidad, que puede ser corto o largo mientras se espera la siguiente batalla.

No tenemos más opción que alinearnos con la Resistencia, apoyarla y abandonar nuestras ilusiones de vivir en paz si triunfa el eje sion-imperialista, respaldado por los regímenes traidores árabes.

El conflicto se perpetúa, en gran medida, por el comercio internacional de armas. Israel es uno de los actores principales en este mercado global, con su industria de armamento valorada en millas de millones de dólares. Los gobiernos occidentales, incluido el Gobierno español, han seguido vendiendo y comprando armas a Israel. Durante el año 2023, España ha exportado material militar a Israel por un valor de 12,5 millones de euros (según el portal oficial DataComex, de comercio exterior, que indicaba que, en noviembre de 2023, España exportó bienes de la categoría 93 ( bombas, granadas, torpedos, minas, misiles, cartuchos y demás municiones y proyectiles, y sus partes, incluidas las postas, perdigones y tacos para cartuchos)

El Gobierno español asegura que no ha autorizado nuevas licencias de ventas de material militar a Israel desde octubre de 2023, pero no ha revocado o suspendido las ya existentes, por lo que las exportaciones se han mantenido durante varios meses. España en el quinto país de la Unión Europea que más armas y municiones -categoría 93- ha exportado a Tel Aviv desde el pasado 7 de octubre.

Por ello, desde Asambleas con la Resistencia Palestina, hacemos un llamamiento para sumaros a las convocatorias que han anunciado del 22 al 30 de noviembre en Toledo, Guadalajara, Burgos, Ciudad Real, Cuenca, Palencia, Madrid, Zaragoza, Badajoz, León y Murcia, para denunciar la complicidad del estado español en el genocidio del pueblo palestino y del pueblo libanés, así como de todos los pueblos del Eje de la Resistencia, que finalizará con una manifestación unitaria estatal en Madrid el día 15 de diciembre de 2024 a las 12:00 hs, con el recorrido de la Embajada de Estados Unidos hasta el Ministerio de Defensa, entidad que autoriza el comercio exterior en materia de defensa.

https://fe.disroot.org/@spainforpal...

Enric Llopis

La Conferencia de las naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP29) se celebra entre el 11 y el 22 de noviembre en Bakú, capital de Azerbaiyán; uno de los (teóricos) objetivos oficiales es “centrarse en la transición hacia el abandono de los combustibles fósiles y mantener al mundo en la senda de los 1,5ºC de calentamiento”.

Precisamente la Organización Meteorológica Mundial (OMM) ha emitido, también en noviembre, la alerta roja por la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera; así, “el decenio 2015-2024 será el más cálido jamás registrado”.

En concreto, entre enero y septiembre de 2024, añade la OMM, la temperatura promedio del aire en superficie superó en 1,54ºC la media preindustrial.

Dos meses antes de la cumbre de Bakú, la ONU se hizo eco de un listado de 15 glaciares extintos (y en peligro de extinción) realizado por la Universidad Rice (Texas); la investigación destaca la rapidez a la que retroceden los glaciares de Islandia (“el glaciar Snaefellsjökull ha perdido más de la mitad de su tamaño desde finales del siglo XIX”).

Así, el glaciar suizo Pizol desapareció en 2019; otro helero, el Anderson, en Estados Unidos, dejó de existir en 2015; el glaciar francés Sarenne se extinguió en 2023 y el Martial Sur, en Argentina, en 2018.

La República de Azerbaiyán es uno de los cinco países que limita con el Mar Caspio; este gran lago de agua salobre cuenta con reservas notables de hidrocarburos (petróleo y gas natural), y se ve afectado por fenómenos como la contaminación, los vertidos o la evaporación (descenso en el nivel de las aguas).

¿Cómo se reparten las emanaciones? Los países del G20 representan cerca del 80% de las emisiones globales, ha destacado el secretario general de la ONU, António Guterres.

Tal vez a ello se sumen algunas contradicciones; el presidente de la cumbre de Bakú, el ministro azerí Mukhtar Babayeb, desempeñó altos cargos en la compañía petrolera estatal SOCAR (los ingresos y exportaciones de crudo suponen una parte muy significativa en la economía del país; “acusarnos de tener petróleo es como acusarnos de tener más de 250 días de sol al año en Bakú», afirmó el presidente de Azerbaiyán, ilham Aliyev).

O el hecho de que la COP28, celebrada en Dubai (Emiratos Árabes Unidos), en 2023, fuera presidida por Sultan Ahmed Al Jaber, también director de ADNOC (empresa estatal de petróleo en Emiratos Árabes).

Antes las grandes conferencias y la retórica oficial, se han pronunciado entidades ecologistas y ONG; por ejemplo, entre el 21 y el 28 de septiembre se desarrolló la Global Week of action for Peace & Climate Justice, con el fin de concienciar a la ciudadanía sobre la relación entre la injusticia climática, la guerra y el militarismo.

En el estado español la Campaña Descarbonizar es desmilitarizar estuvo coordinada por Ecologistas en Acción, Extinction Rebellion y el Centre Delàs d'Investigacions per la Pau; “se estima que las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) del sector militar –fuerzas armadas e industria militar- representan el 5,5% de las emisiones mundiales, similares a las emisiones de la aviación comercial”, destacaron en el manifiesto del 13 de junio.

Y no sólo se trata de que la industria militar requiera una cantidad considerable de metales, minerales y combustibles fósiles.

El Centre Delàs realiza el siguiente símil: mientras que en 2023 el gasto militar mundial alcanzó la cifra récord de 2,44 billones de dólares (incremento del 6,8% respecto a 2022), los países del Norte no han cumplido con el objetivo de proporcionar 100.000 millones de dólares anuales –en financiamiento climático– para ayudar a los países más afectados por el colapso.

Los días previos a la Cumbre, el Observatori del Deute en la Globalització (ODG) hizo público el informe COP29: la COP de la financiación climática; el documento recuerda que Azerbaiyán es un país denunciado por la violación de los derechos humanos (“encarcelamiento político de centenares de personas”) y la corrupción.

El reporte detalla que el actual presidente de SOCAR, Rovshan Najaf, está entre los miembros del comité organizador de la Conferencia; ¿en qué contexto? “La extracción de gas y de petróleo representan el 48% del PIB y un 87% de las exportaciones” en Azerbaiyán, subraya el ODG.

Otro punto criticado es la presencia de los grupos de presión; ya en 2023 (Conferencia de Dubai) se alcanzó el récord de acreditaciones -2.400 personas- relacionadas con el sector del combustible fósil (dato de lobbistas en la Campaña Kick Big Polluters Out).

Una de las propuestas que figuran en el documento La COP de la financiación climática es la fiscalidad progresiva y el principio de “quien contamina paga”; la iniciativa tiene relación con un estudio de OXFAM Intermón (La desigualdad de las emisiones de carbono mata, octubre 2024), que arroja la siguiente conclusión:

El medio centenar de personas más ricas del mundo emiten, como promedio, más carbono en 90 minutos que un ciudadano medio durante toda su vida; la ONG cita ejemplos concretos de milmillonarios: los aviones privados de Jeff Bezzos (Amazon) y del mexicano Carlos Slim, o los yates de la familia Walton (supermercados Walmart).

Miles de personas delegadas (representantes de todos los países miembros de la ONU) asisten a la COP29; según Amnistía Internacional (AI), “la represión en curso en Azerbaiyán ha frenado la participación de trabajador@s de medios de comunicación independientes y defensor@s de derechos humanos del país”.

AI se hace eco de las denuncias de la ONG azeríes: más de 300 personas encarceladas –actualmente- por motivos políticos; entre otros ejemplos, el del activista de derechos humanos y por la justicia climática, Annar Mammadli, detenido en abril (“en la cárcel no recibe tratamiento médico adecuado y se enfrenta a una larga condena”).

El documento de Amnistía Internacional sobre la COP29 realiza el siguiente diagnóstico: “Un calentamiento de 1,5ºC acarreará desplazamientos masivos, daños a los medios de subsistencia y pérdida de vidas, y los países de ingresos más bajos serán los que sufran las peores consecuencias”.

Fuente: https://rebelion.org/ecologistas-y-...

Las calles arden contra Moreno Bonilla y el desmantelamiento de la sanidad pública andaluza

Mientras miles de personas salían a las calles de Andalucía para exigir la defensa de la sanidad pública, desde los despachos de la Junta se respira una preocupante indiferencia. Las políticas de Moreno Bonilla están dejando en manos de empresas privadas lo que debería ser un derecho universal, y las cifras lo confirman: listas de espera que superan los 15 días para una cita en Atención Primaria y demoras que afectan a más de un millón de personas. Este panorama es el resultado directo de un modelo que prioriza el beneficio económico de las clínicas privadas sobre el bienestar colectivo.

Los recortes y la falta de inversión están pasando factura. La Atención Primaria, que debería ser la columna vertebral del sistema sanitario, está asfixiada. Los y las profesionales trabajan en condiciones precarias, atrapados en tareas burocráticas y sin recursos suficientes para atender a la población. No es solo una cuestión de negligencia política; es una estrategia deliberada para debilitar lo público y justificar su sustitución por lo privado.

Los datos de Marea Blanca son alarmantes: mientras se invierten millones en conciertos con empresas privadas, las capacidades de los hospitales públicos permanecen infrautilizadas. El clamor de la calle no puede ser más claro: hace falta más personal, más inversión y una gestión que ponga la salud de las personas en el centro, no las cuentas de resultados de las multinacionales sanitarias.

UNA SANIDAD PARA LAS ÉLITES: EL LEGADO DE MORENO BONILLA

El modelo sanitario que defiende el actual Gobierno andaluz tiene destinatarios claros: quienes pueden pagar. El acceso equitativo a la salud, una conquista histórica, está siendo desmantelado ante nuestros ojos. Desde Sevilla hasta Málaga, las y los manifestantes han señalado lo evidente: la sanidad pública andaluza no está siendo abandonada por casualidad, sino como parte de una agenda política que beneficia a unos pocos a costa de la mayoría.

No es difícil entender por qué las clínicas privadas han florecido en estos años. Cada recurso que se deriva de la sanidad pública a la privada significa menos camas en los hospitales públicos, menos profesionales en las consultas y menos esperanza para quienes dependen de este sistema. Esta transferencia de fondos no es más que un trasvase de lo público a lo privado, pagado con el sufrimiento de quienes no pueden costearse alternativas.

El impacto de esta estrategia no es solo sanitario, sino social. La precarización de los y las trabajadoras sanitarias, desde enfermeras y enfermeros hasta médicas y médicos, no es solo un síntoma de un sistema en crisis, sino una agresión directa a quienes sostienen la sanidad pública con su esfuerzo. Estas personas son obligadas a trabajar al límite, sin contratos estables ni condiciones dignas, mientras desde la Junta se aplaude la supuesta eficiencia de lo privado.

No es la sanidad la que está en crisis, es la política que la gestiona.

Fuente: https://spanishrevolution.net/las-c...

Casa Palestina Aragón, arropada por partidos y sindicatos, ha dado a conocer este martes los detalles de las nuevas movilizaciones en Zaragoza en "un esfuerzo colectivo por la defensa del pueblo palestino y la denuncia del genocidio". También han hecho balance del trabajo realizado durante este último año de lucha.

ARAINFO REDACCIÓN

La sede de Casa Palestina de Aragón ha sido escenario este martes de una rueda de prensa en la que se ha hecho balance del "año de trabajo y movilizaciones" que se han realizado en Aragón en solidaridad con Palestina. "Más de 100 actividades en todos los ámbitos, sanidad, educación, laboral, arte,… y a lo largo y ancho del territorio aragonés, un trabajo sostenido en el tiempo y apoyado por las fuerzas políticas y sindicales aragonesas que se han hecho presentes en el acto para mostrar su compromiso con la causa palestina", ha destacado Ibrahim Abiat, presidente de la Casa Palestina de Aragón.

Abiat ha comenzado agradeciendo "encarecidamente" el apoyo y la solidaridad recibida en este año, "tanto de las organizaciones políticas y sociales como de la ciudadanía en general". "Un año lleno de contrastes y sentimientos encontrados, por un lado por la desbordante respuesta de la sociedad aragonesa en la solidaridad, y por otro por las terribles masacres y continuado genocidio del gobierno de Israel y sus aliados, inmunes e impasibles ante el sufrimiento palestino y el repudio de la comunidad internacional", ha dicho.

Mirando al futuro se ha presentado la nueva campaña “Yo soy Palestina”, que pretende "mantener la movilización social a favor de la causa palestina" y "facilitar que las personas puedan mostrar su adhesión a la misma". La campaña se centra en reclamar al Gobierno español, a las instituciones comunitarias, y también aragonesas, la ruptura de las relaciones diplomáticas, económicas, culturales, deportivas y sociales, y sobre todo el comercio de armas desde y hacia Israel, así como "la utilización de nuestros puertos para las escalas de esos envíos desde otros países", ha explicado Abiat. Todo ello como "un objetivo alcanzable por los gobiernos europeos, si se desmarcan de la política norteamericana que no cesa en su apoyo al genocidio, ni obliga a Israel a un alto el fuego inmediato y permanente".

En este sentido, han anunciado la convocatoria de una manifestación en Zaragoza el próximo 29 de noviembre, viernes, desde la Glorieta de Sasera hasta la Plaza del Pilar. Una movilización que irá precedida por una nueva huelga de hambre en Casa Palestina, desde el 19 al 29 de noviembre. En la web casapalestina.es se puede consultar el calendario con todas las actividades programadas en las próximas fechas.

En el acto, que ha contado con la presencia de representantes políticos como Chuaquín Bernal (CHA), Nerea Marín (diputada de IU en la DPZ), Elena Tomás (ZeC), Enrique Tordesillas (Sumar Aragón), Ricard Mitjana (Podemos) o Víctor Benedico (PCE Aragón), y sindicales como Ana Belén Budria (CCOO), Pedro Lobera (OSTA), José Antonio González (ISTA), Javier Anadón (CUT) y Fadua Buchaib (SOA), también se ha presentado un video resumen de las actividades de este año.

Fuente: https://arainfo.org/yo-soy-palestina/

Durante mucho tiempo, "Israel" ha utilizado el sexo para vender el sionismo con el fin de convencer a la gente de que "Israel" es una fantasía ardiente realizada por personas sexis, y no una colonia de colonos racistas construida sobre masacres, el desplazamiento y la eliminación de los palestinos, los indígenas. Es intencionado, y hay tres razones que lo explican: la invención de "Israel" en el pasado, su encubrimiento en el presente y su supervivencia en el futuro.

Todo esto comenzó cuando los sionistas empezaron a planear la creación de una patria judía a finales del siglo XIX. Durante siglos en Europa, los estereotipos de los judíos los mostraban como débiles, pálidos y frágiles y el movimiento sionista llegó a verlo así también. ¿Por qué critican al "viejo judío débil"? En 1898, en el segundo Congreso Sionista celebrado en Suiza, el cofundador del congreso, Mark Snyder, abogó por un nuevo judaísmo, un judaísmo fornido, e inventó la idea del nuevo judío. Este judío sería duro, musculado, fuerte y bronceado, y tendría la fuerza mental y física para realizar los objetivos del sionismo y colonizar Palestina. Se llamaron a sí mismos Sabra. El higo chumbo, en hebreo, representa lo que ellos veían en este nuevo judío: duro y espinoso por fuera, pero de corazón tierno y sensible por dentro y, cómo no, nativo de la tierra. Por supuesto, la "subcabeza", como se llama en árabe, es una fruta autóctona de Palestina. Muy apropiada para la fantasía sionista de la "indigenaidad". Pero, en fin...

"Los hombres los que salieron de esta colonia, que nunca habían manejado un arado, estaban poseídos por tres ideales: 'tierra, libertad y trabajo'"

Fueron estos nuevos ideales los que crearon las milicias sionistas que planearon y orquestaron La Nakba, la matanza y el desplazamiento en masa de cientos de miles de palestinos, que terminó con la creación de "Israel". Y esos mismos grupos terroristas se convertirían en el ejército israelí después. La despiadada fuerza de ocupación que hoy lleva a cabo la colonización de Palestina. Y es a través de este "ejército", que la visión del "nuevo judío" perdura. Pero con el tiempo, esta visión se convirtió en la única visión de "Israel". Esto supuso un problema.

A principios del año 2000, las encuestas en EE.UU. mostraban que "Israel" tenía un gran problema de relaciones públicas con los hombres de entre 18 y 35 años, que sólo veían a "Israel" como una zona de conflicto, por lo que no estaban interesadas. Así que había que cambiar de "marca", y la solución esta vez fueron los bikinis. En 2007, el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio de Turismo organizaron un reportaje fotográfico en la revista Maxim, una de las revistas masculinas de estilo de vida más populares del momento. Los cerebros de esta iniciativa en el consulado israelí de Nueva York dijeron que las modelos eran "un caballo de Troya para presentar a "Israel" como un país moderno con playas bonitas y chicas guapas."

Este vídeo es del canal oficial de "Israel" y Nueva York en YouTube.

"Deberían venir a "Israel". Tenemos un país precioso, una comida estupenda, una gran cultura. "Israel" también cuenta con chicas guapas. Nos vemos en la fiesta".

Esta estrategia, también llamada "la diplomacia del bikini", se ha visto por todas partes desde entonces, con "Israel" vendiendo constantemente la imagen de un país libre y liberal donde siempre hace sol, donde los días están llenos de playas, bikinis y cuerpos cincelados, y las noches transcurren en un ambiente nocturno increíble, abierto a cualquiera y a todo el mundo, según esta fantasía. Los palestinos aparecen como una molestia retrógrada y molesta que intenta perturbar esta utopía liberal o judía, no como personas colonizadas en busca de libertad y dignidad.

Pero eso era en una época anterior a las redes sociales, en la que sólo los poderosos tenían acceso a una plataforma. Los tiempos han cambiado, y por eso la ofensiva sexy ha tenido que adaptarse. Se pueden encontrar vídeos de soldados israelíes publicando vídeos sexis o de bailes. Algunos de ellos actúan de forma independiente, mientras que otros forman parte de un esfuerzo concertado para dar a conocer a mujeres atractivas de las fuerzas de ocupación, como las mujeres de "Alpha Gun Angels", una agencia de "modelaje de armas" y marketing en redes sociales, que vende ser un soldado de infantería colonial como un estilo de vida sexy:

"Escucha, estoy en el ejército israelí y soy dura".

El reclamo no solo es a través de las mujeres, sino también de las armas. Y más allá de vender sexo, están vendiendo la ocupación colonial como divertida, socializable y empoderadora. Les encanta los contenidos del orgullo gay, del empoderamiento de la mujer y las tendencias de TikTok. Por supuesto, la gran ironía es que ninguno de estos valores liberales se extiende a los palestinos. Viven bajo la ocupación independientemente de cómo se identifiquen...