News aggregator

La provincia de Almería tiene 33.000 hectáreas de invernaderos y un 36% de sus trabajadores son migrantes atraídos por la facilidad de emplearse aunque tengan que soportar la precariedad laboral y vivir en chabolas.

Son las 12h cuando un camión de la Cruz Roja se acerca por el camino de tierra que lleva al asentamiento de Atochares, el mayor poblado de infraviviendas de Almería, habitado por unos 800 migrantes que trabajan en los invernaderos. Tan pronto como el conductor apaga el motor, los voluntarios descienden del vehículo y comienzan a repartir chaquetas, zapatos y agua: dos garrafas de seis litros para cada persona.

“Llevamos dos semanas sin agua”, se queja Omar, joven marroquí, mientras espera el turno para recoger sus botellas y las de los amigos que en ese momento aún están trabajando. “La gente llega después de trabajar todo el día, con este calor, y tienen que irse a caminar kilómetros hasta otro grifo porque los del asentamiento están rotos”, lamenta.

Omar carga las garrafas de agua hasta su casa, una chabola con el tejado de plástico medio derretido por el incendio que sufrió hace unos meses. “Pudimos frenarlo entre tres personas lanzando toallas y agua antes de que las llamas se propagaran a otras casas”. En octubre de 2021 no tuvieron tanta suerte y el incendio se extendió por el asentamiento dejando a 200 personas sin hogar. El plástico y la madera utilizado en las viviendas, además de las precarias instalaciones eléctricas, elevan al máximo el riesgo de incendio.

Calor asfixiante

A pocos metros de su cabaña, en un espacio similar, vive Nabil Aouich, de 26 años. En las paredes de su cabaña, adornadas con telas, se puede leer “8 de octubre de 2023”, fecha en la que Nabil llegó a Atochares para trabajar en los invernaderos de tomate. Estos días de Ramadán, Nabil no tiene mucho trabajo y los pasa junto a otros jóvenes marroquíes del campamento. Es abril y el calor ya es asfixiante en el campamento de Atochares, donde el verano pasado el termómetro llegó a los 44 grados.

Resguardados de un sol cada día más intenso, juegan videojuegos en sus móviles y escuchan las canciones del rapero Morad en bucle a través de un altavoz inalámbrico. Los jóvenes que acaban en los asentamientos se encuentran en extrema vulnerabilidad quedando expuestos a extorsiones por parte de redes de trata de personas. El uso de sustancias para evadirse de los problemas es común entre los más jóvenes en los asentamientos. En San Isidro de Níjar, por ejemplo, hay tiendas que venden Norlatex, un pegamento utilizado por chicos en situación de calle en Marruecos como droga extremadamente barata.

Hamza Eliraj, de 26 años, también está recién llegado a España y apenas se defiende con el idioma. Omar, que pese a su juventud ya se considera un veterano en el asentamiento los dos años que ha vivido en él, le traduce. “Gastó 7.000 euros para llegar hasta aquí y salió de Marruecos con la idea de llegar a Almería porque aquí hay trabajo”. Hamza tomó el camino largo, rodeó media Europa para llegar a los invernaderos. Un vuelo a Estambul desde donde arrancó un viaje de tres meses en los que hubo cruces de frontera a pie mientras atravesaba Grecia, Bulgaria, Serbia, Hungría, Austria y Francia para finalmente cruzar en un autobús los Pirineos para llegar hasta Almería.

La normalización de estos asentamientos, 25 años después de que se levantara la primera chabola, se nota en algunas casas que ya cuentan con muros de ladrillo. También en la existencia de tiendas que los propios habitantes han abierto, como la de Abdelkrim Kaabouch. Este migrante marroquí de 39 años dejó su ciudad, Kenitra, para trabajar en los campos de Almería. Lo hizo hasta que sufrió una lesión de espalda que le impidió seguir con el trabajo en los invernaderos por la extrema dureza de sus condiciones.

El último informe de Almería Acoge cifra en 44 los asentamientos de trabajadores agrícolas solo en la zona de Níjar. Atochares es uno de los más grandes y por eso cuenta con pequeñas tiendas, un aula al aire libre donde el Servicio Jesuita a Migrantes da clases de español, grifos instalados entre la población y oenegés, y hasta un club nocturno. No es la realidad de la mayoría de asentamientos, que son mucho más pequeños e incomunicados y por eso ha surgido la figura de las furgonetas-tienda que durante las últimas horas de la tarde, cuando termina la jornada de trabajo en los invernaderos, recorren cargadas de enseres los poblados para vender productos básicos a los trabajadores.

Mauro es uno de los que compra los productos básicos en una furgoneta. Su poblado ni siquiera tiene nombre y está a varios kilómetros de la tienda más cercana. Está en la zona de El Barranquete, al borde de la carretera que va hacia el pueblo de los Albaricoques, escenario de películas de spaghetti wéstern como La muerte tenía un precio o Por un puñado de dólares. Llegó de Senegal y vive junto con otras 15 personas en unas chabolas con un pequeño patio en el que han instalado un pequeño gimnasio casero con pesas de hormigón (que ahora nadie utiliza por el Ramadán). “La vida aquí es dura. Trabajo y envío dinero pero no puedo traer a mi familia mientras esté viviendo en una chabola porque no es un espacio adecuado para criar a mis hijos”, cuenta.

Paradójicamente, es posible ver el mar de plásticos que forman los invernaderos almerienses desde el espacio, pero es muy difícil para los foráneos ver de cerca el interior de este microcosmos. Las empresas propietarias de más hectáreas de cultivo tienen políticas de no colaboración con la prensa desde hace años, aunque esta animadversión se puede comprobar en casi cualquier rincón de la zona.

Desahucios y expulsiones

A pocos kilómetros del invernadero de tomates de Abde están los restos de El Walili, un asentamiento de trabajadores del campo que fue desalojado en 2021 por orden del Ayuntamiento de Níjar. Unas excavadoras apoyadas por medio centenar de agentes de la Guardia Civil y un helicóptero desalojaron y demolieron el campamento que hoy es un terreno baldío lleno aún de restos que recuerdan que allí vivían casi 500 personas: cepillos de dientes, colchones, plásticos y ropa.

Aunque el pretexto para el desahuciar y expulsar a esta comunidad de jornaleros fuera el de garantizar la seguridad de sus habitantes, las pocas viviendas construidas para el realojo –como las situadas en Los Grillos– no llegan a cubrir las necesidades de todas las personas que aquel día perdieron su casa, ni las miles que aún viven en chabolas. De nada sirvieron las protestas, cortes de carretera y concentraciones por parte de organizaciones sociales de la zona como la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Actualmente solo el 26,9% de los trabajadores del campo en Níjar está empadronado y prácticamente la totalidad de los entrevistados por Almería Acoge confiesan que lo consiguieron de forma irregular, pagando, debido a las dificultades para conseguir una vivienda. La situación documental es otro impedimento para dejar los asentamientos ya que el 76% de los hombres que viven en ellos están en situación administrativa irregular, no tienen papeles, una tasa que empeora en el caso de las mujeres llegando al 86,8%.

Tras el desalojo, el Sindicato Andaluz de Trabajadores llamó a la huelga de trabajadores del campo en solidaridad con estas personas, a la vez que acusó a Esperanza Pérez, la alcaldesa del PSOE de Níjar, de haber mentido a residentes, sindicatos, ONG y parroquias. Sin embargo, el problema habitacional de las y los trabajadores migrantes de Almería parece no tener solución, pese que lleva décadas en las agendas de periódicos, instituciones y sindicatos.

No había muchas diferencias entre el asentamiento de Atochares y el de El Walili, salvo que este último se encontraba a la vista de los turistas que van a las playas del Parque Natural de Cabo de Gata. En la misma carretera que conecta el poblado de Atochares con los restos de El Walili, una pintada en una pared de un almacen recuerda a los conductores la situación de injusticia que se vive en la zona: “Asentamientos = terrorismo patronal”.

Fuente con fotos: https://www.elsaltodiario.com/preca...

El verano ha estado cargado de oprobio. En Washington una cumbre de la OTAN confirmó en julio la voluntad de escalar los riesgos militares contra Rusia y contra China. Lo más grave fue el anuncio del Presidente Biden y del Canciller Scholz de que en 2026 se desplegarán misiles nucleares en Alemania.

En Francia y Gran Bretaña se votó en unas elecciones en las que la presunta victoria de “la izquierda” no disminuirá ni un ápice la tensión militar internacional, ni en Ucrania, ni en Asia Oriental, ni en Gaza.

En Francia la unión de lo que se llama “Nuevo Frente Popular” y que en realidad es una frágil alianza de la “izquierda de derechas” (compatible con el apoyo a Israel, el envío de armas a Ucrania, y el neoliberalismo con acento en los “estilos de vida”) con la izquierda de Melenchon, no ha ganado las elecciones (200 diputados frente a 350 de la derecha) sino que solo ha postergado la victoria de la ultraderecha, como explica Serge Halimi.

Mientras tanto se han celebrado en París unos juegos olímpicos en los que se vetó a los atletas rusos y bielorrusos, por fechorías de sus gobiernos incomparablemente más leves que las de Israel y sus cómplices de Estados Unidos y la UE.

Como apuntó un observador, ha sido obsceno contemplar a toda esa gente hablar de sus tasas escolares y de su servicio nacional de salud, mientras todas las escuelas de Gaza están destruidas y sus ahorros nacionales se destinan a bombardear todos los hospitales. “Se está llevan a cabo todo un genocidio en su nombre y con su tarjeta de crédito, y los británicos (y franceses) literalmente lo suscriben en el acto de votar”.

El anuncio del despliegue de misiles nucleares en Alemania que en la década de los ochenta provocó un gigantesco movimiento pacifista, particularmente en Alemania (incluida la Alemania del Este contra los misiles soviéticos), ha pasado sin pena ni gloria. La oposición de la opinión pública es mayoritaria, pero pasiva. Solo la formación de Sahra Wagenknecht se pronuncia en contra y es denostada por ello por unos medios de comunicación cuya toxicidad no tiene precedentes. También en Francia, donde se acusa a Melenchon de “antisemitismo” por decir la verdad sobre Gaza, tal como se hizo en su día, con gran éxito, con Jeremy Corbyn en Gran Bretaña. A diferencia de aquel, Melenchon no se amilana, pero el desgaste es un hecho. En la matriz del eje europeo se está deteniendo y criminalizando a gente por enarbolar la bandera palestina, mientras avanza el escenario de una crisis nuclear en el continente como los de la guerra fría, con la diferencia que ahora no tenemos todos aquellos acuerdos, mecanismos y foros de control de armas de destrucción masiva de los que Estados Unidos se ha ido retirando unilateralmente. Las detestables amenazas y advertencias nucleares de Rusia, que sin embargo son una respuesta a la ruptura del canon de la relación entre potencias nucleares vigente durante décadas, se trivializan.

En Ucrania que ya ha perdido la tercera parte de su población y la quinta de su territorio nacional, se profundiza el desastre. La ventaja en holgura democrática que alguna vez ese país tuvo respecto a Rusia se ha perdido por completo en materia de libertades, pluralismo y represión. La dictadura de guerra acaba de ilegalizar en Kíev a la iglesia ortodoxa sometida desde hace siglos al Patriarcado ortodoxo de Moscú. Esa iglesia es mayoritaria en el país, 7600 de las 12000 congregaciones ortodoxas de Ucrania pertenecían a esa iglesia, que si en Moscú bendice la guerra de Putin, en Ucrania era mucho más discreta lejos de la “quinta columna” que la propaganda nacionalista ucraniana difunde. En nuestros católicos diarios encontrarán, en pequeñas columnas, la condena del Papa Francisco a esta orwelliana prohibición.

Mientras tanto, se profundiza el gran escaqueo para evitar ir al frente. Unos 800.000 hombres ucranianos en edad militar ha “pasado a la clandestinidad”, cambiando de domicilio y trabajando en negro para no dejar registro laboral y eludir la movilización, informaba el 4 de agosto el Financial Times, citando al jefe de la comisión de desarrollo económico del parlamento ucraniano, Dmitri Nataluji. Radio Free Europe, el veterano aparato de la CIA en el antiguo bloque del Este, informa que 23.000 hombres ucranianos han sido detenidos en los últimos dos años y medio intentando cruzar ilegalmente la frontera con Moldavia, mientras al río Tisza, que marca la frontera con Hungría y Rumanía, se le designa como “río de la muerte” en la prensa húngara, por el goteo de ucranianos que se ahogan en el intentando huir de la movilización.

Con el rodillo militar ruso avanzando lenta pero inexorablemente en los amplios frentes del Donbas, es la hora de las medidas extremas. Parece confirmarse que los ucranianos planeaban intentar eliminar físicamente a Putin y a su ministro de defensa durante el desfile de la marina rusa organizado el 28 de julio en San Peterburgo, informó recientemente el diario alemán Frankfurter Rundschau. En todo caso los militares rusos se pusieron en contacto con el secretario de defensa americano Lloyd Austin para advertirle contra tales temeridades. Muchos observadores militares occidentales y rusos – pero los significativos aquí son los occidentales – creen que la incursión militar ucraniana en la región rusa de Kursk iniciada el 6 de agosto, con gran protagonismo británico, según la prensa de Londres, forma parte de esa temeridad. Dicen que es un golpe de efecto carente de todo sentido militar que probablemente se cerrará con un desastre. Puede que su sentido fuera reventar los gaseoductos que alimentan con energía rusa a países europeos díscolos como Hungría y Eslovaquia, cuyo primer ministro fue objeto de un atentado que no ha sido demasiado problematizado pese a su oloroso contexto, así como la amenaza a la central nuclear de Kursk que no se ha logrado. En definitiva, una especie de castigo y una aparente demostración de fuerza para animar a los padrinos occidentales a implicarse aún más en el negocio, que pilló de sorpresa a los rusos, lo que no deja de ser sorprendente…

En Europa todos los vectores apuntan hacia la guerra y ninguno hacia la negociación, pese a que esa es la opción que favorecen los europeos en las encuestas con enorme ventaja (88%), frente a los objetivos de “debilitar a Rusia” o “restablecer las fronteras de Ucrania anteriores a 2022”. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, habla más bien como un militar cuando dice que “el conflicto se resolverá en el campo de batalla” y aboga por levantar las pocas restricciones que quedan para utilizar contra territorio ruso los misiles occidentales. Su sucesora designada, la delirante estoniana Kaja Kallas, partidaria de resetear la mente del pueblo ruso, se anuncia aún peor. En ese contexto, el derechista jefe de gobierno húngaro, Victor Orban, ha sido el único en tomar una iniciativa diplomática cargada de buen sentido, manteniendo conversaciones sobre una posible solución negociada con: (por este orden) Zelensky, Putin, Pekín y Washington (incluido Trump). El boicot y la indignación de los jerarcas de Bruselas y los jefes de gobierno europeos contra la iniciativa de Orban, lo resume todo bastante bien.

Con su habitual buen criterio, el economista americano Michel Hudson dice que esencialmente la guerra de Ucrania es una guerra contra Europa, pues la hace menos competitiva frente a la economía americana y de paso la amarra política y militarmente a los intereses geopolíticos de Washington con el horizonte de un enfrentamiento con China. Es sorprendente hasta qué punto los incompetentes políticos europeos como la von der Leyen, Scholz, Baerbock y tantos otros, son incluso más beligerantes que los propios americanos en esa carrera que perjudica a sus países.

En su entrevista con la revista Time del 4 de junio, el Presidente Biden lo dijo de forma muy clara: “si dejamos caer a Ucrania, mire lo que le digo, Polonia y todas esas naciones junto a la frontera de Rusia, desde los Balcanes hasta Bielorrusia, empezarán a hacer sus propias componendas”. Es la posibilidad de una autonomía europea y de su integración en un marco euroasiático con motor chino, lo que está en disputa, pero los genios de Bruselas, Berlín y París lo ignoran, poniéndole la guinda a este verano de oprobio.

(Publicado en Ctxt)

Tomado de: https://rafaelpoch.com/2024/08/29/n...

Jose Candela Ochotorena

“La Autogestión revive donde existía previamente, en la conciencia de los trabajadores” (Joseph Fisera, 1975) [1]. En todas las grandes crisis políticas de Europa, desde 1917, los trabajadores han intervenido con formas de autoorganización en las empresas, una forma de afirmar cuál es su idea del derecho al trabajo, que identifican con la democracia. Hoy, que vuelven al debate político los conceptos de la democracia del trabajo, creo útil recordar las experiencias más avanzadas de la misma que han sucedido en Europa, desde la constitución del movimiento obrero industrial. Yugoeslavia y Checoeslovaquia, como campos de la experiencia autogestionaria socialista, y Suecia, como intento gradualista de construcción del socialismo.

A pesar de las enormes diferencias entre ellas, la forma en que degeneró, antes de morir matando, la autogestión yugoeslava tiene conexiones con el abandono de la experiencia socialdemócrata sueca. La penetración de las recetas neoliberales en los sindicatos suecos cumplió el mismo papel que las ideas sobre la competitividad individual en Yugoeslavia [2]. En los dos casos, dinamitaron los pilares de solidaridad de clase y los elementos de compensación entre inversiones y gasto, que daban estabilidad a los procesos económicos, sostenían la acumulación socialista en un caso, y proporcionaban sensación de seguridad igualitaria a los ciudadanos suecos. Por ello, no debemos rechazar las comparaciones, a pesar de ser la experiencia yugoeslava resultado de un proceso revolucionario, inmerso en la lucha partisana de liberación nacional contra el ocupante nazi; mientras que la sueca es consecuencia de la acción de una clase obrera educada y disciplinada, culturalmente homogénea y solidaria con sus vecinos, que apoyó la huelga general de los sindicatos noruegos para independizarse de Suecia en 1905. Yugoeslavia, como es sabido, murió víctima de los nacionalismos, exacerbados por unas políticas que agudizaban las diferencias regionales, unidas al déficit democrático. Suecia sucumbió a los incentivos financieros que dinamitaron, en una burbuja descomunal, el sistema bancario del país.

A pesar de las diferencias entre ambas sociedades, los años setenta fueran críticos para las dos, pues vieron el inicio de la curva descendente de los avances obreros en uno y otro país, si se puede llamar país a la Federación Yugoeslava. Tanto en Escandinavia como en los Balcanes, la clase obrera tradicional manifestó su conformidad con las demandas de abrir el abanico salarial, emitidas por las nuevas clases medias profesionales de la industria (Lindberg y Ryner, 2010; Lebowitz, 2004). Un tercer factor común a Suecia y a las zonas más desarrolladas de los Balcanes yugoeslavos era el nivel de vida de los trabajadores de la gran industria, que había alcanzado los estándares de los estratos inferiores de las clases medias y cuyos hijos ingresaban en las universidades, pasando a formar una mayoría entre los cuadros medios industriales. Se estaba creado el espejismo de una nueva sociedad meritocrática, común a todo el continente.

Diferentes fueron los orígenes intelectuales de las políticas de gestión de la economía. La tutoría del matrimonio Myrdal [3] sobre la política económica sueca y las propuestas sindicales, se evidencia en el rigor de las ideas de Rehn y Meidner, economistas ambos de los sindicatos suecos; el primero, autor de la propuesta de unos abanicos salariales solidarios, que fueran lo suficientemente altos para mantener el consumo, pero evitando el descuelgue prematuro de empresas; el segundo, del proyecto de inversiones para garantizar la modernización de las plantas productivas, dotadas con los fondos de beneficios obtenidos del crecimiento de la productividad. De esa forma, la destrucción de empleo en las empresas obsoletas encontraría oferta de nuevos puestos de trabajo en empresas de tecnología actualizada. En la Suecia de los años 70, la presión de las nuevas formas organizativas, inspiradas por la calidad y la informática, sobre la configuración de los puestos de trabajo y su remuneración contribuyó a desmantelar el modelo. En lugar de conciliar las políticas igualitarias con la gestión de la calidad; los sindicatos aceptaron centrar la política salarial en cada empresa, como soporte de los incentivos que las nuevas normas de ingeniería aconsejaban. La primacía de los convenios de empresa dañó la unidad sindical, debilitando la oposición a las políticas anti-reguladoras del Gobierno liberal-conservador de 1976 (Lafuente y Rosal, 2019).

Los dirigentes yugoeslavos, sin embargo, se reclamaban de la ortodoxia marxista frente al dirigismo burocrático, aunque la omnipresencia de la Liga de los comunistas empañara la imagen. En la misma década que Suecia, la política de escalas salariales con topes superiores, elemento clave de igualdad autogestionaria, fue duramente atacada por los cuadros de empresa, que esgrimían el éxito alcanzado por sus sectores durante los años de fuerte crecimiento, para reclamar mayores incentivos por resultados. En las encuestas públicas de la época, la mayoría de los trabajadores apoyaba esta reivindicación. A finales de los años sesenta, los cambios provocaron la aparición de fuertes desigualdades en la renta personal, y entre los beneficios de cada una de las empresas y, lo peor de todo, dejaron atrás las repúblicas menos desarrolladas, alimentando con ello la guerra civil larvada del modelo balcánico (Lebowitz, 2004). Aunque muy diferentes, Suecia y Yugoeslavia compartían su escaso peso económico global, y sufrían la presión de no poder mantenerse al margen de las tendencias económicas dominantes y la internacionalización del capital. Tras las notas comparativas de las experiencias sueca y yugoeslava, la última manifestación de los consejos obreros de empresa, ocurrida en Checoeslovaquia durante el año 1968, tal vez sea el mejor reflejo de la frase que encabeza este artículo, y la que más sirva de puente entre la historia del movimiento sindical y las aspiraciones democráticas que éste representa frente a la crisis actual.

Un científico de la Academia describía Checoeslovaquia, en 1968, como un país “con un gran potencial económico”; “cuyos trabajadores testimonian en todos los sectores de actividad que poseen un alto nivel de educación y cualificación”. Opinaba que los consejos obreros tenían una larga tradición: “a fin de cuentas, (los trabajadores checoeslovacos) ya habían tenido experiencias de participación limitadas bajo diversas formas y conocían la manera de hacerlas posibles” [4]. El economista de referencia de la primavera de Praga, Otta Sik pretendía un alcance mayor para su proyecto que el del modelo sueco y su inspiración era la autogestión yugoeslava. Pero la experiencia checa iba varios pasos más allá, y pretendía atajar con la autogestión los problemas que ya preveían para el trabajo, derivados de la revolución cibernética y la división entre trabajadores del conocimiento frente a los trabajadores de oficio y los no cualificados.

La segmentación de los ciudadanos que viven de un salario en los países desarrollados hace que se multipliquen las culturas, que procesan la forma en que las personas que trabajan ven su relación con el empleo que tienen, y su lugar en la escala social. “Aparece así, en los países industriales desarrollados, una creciente disparidad entre la posición laboral y la de clase” [5] (Richta, p. 274). Conscientes de ello, los socialistas checos fundaron su estrategia en el convencimiento de que, como ya ocurría en otros países europeos desarrollados, la posibilidad de acceso universal a la enseñanza había convertido en asalariados a los profesionales de la ciencia y la cultura. “En esas condiciones, el situar a los empleados técnicos, científicos, etc., como una clase intermedia, separada de la clase obrera”, supone un grave error, que impide la comprensión de “las relaciones de la clase obrera con el mundo de la ciencia y crea contradicciones artificiales entre los intereses de los obreros y los trabajadores de la ciencia” (Richta, p. 275). El sociólogo checo pensaba en el socialismo como una nueva civilización, cuyas “condiciones y contornos” van “más allá de las fronteras del mundo industrial creado por el capitalismo”. Por ello, afirmaba, ni Marx ni Engels creyeron en las posibilidades de una sociedad nueva fundada en el trabajo industrial repetitivo y no cualificado (Richta, p.113).

Los gobernantes checos de 1968 buscaban una salida al estancamiento del “llamado socialismo realmente existente”. Su estrategia se basaba en la unidad de trabajo y conocimiento en el seno de las empresas socialistas, en las cuales veían un contenedor donde combinar la cultura disciplinada de los trabajadores del mundo industrial, declinante, con la creatividad de los nuevos trabajadores del conocimiento, para poner en pie la civilización que anunciaban las revoluciones en la energía y los procesos de la información. La corta duración de su experiencia no permite sacar conclusiones sobre la efectividad de las reformas acometidas, pero si afirmar lo que buscaban, que era la unión democrática de los trabajadores. Lo mismo que buscaban los socialistas chilenos con la Unidad Popular de 1970.

Ambas estrategias están conectadas, y la izquierda europea, esa que se quedó sin habla en Agoste de 1968 y en septiembre de 1973, lo sabía. Praga y Santiago de Chile marcaron el futuro del PCI, que no volvió a ser los mismo después de aquello, y los socialistas franceses perdieron el impulso iniciado bajo la presión de mayo de 1968. Toda estrategia de cambio quedó aparcada, herrumbrada por el paso de los acontecimientos del final de siglo. Cambios, ante los cuales, ambos, Salvador Allende y Alexander Dubcek nos aparecen hoy como dos iconos, no sabemos si de lucidez o de enajenación utópica. Confundieron, los dos, Unión Soviética y socialismo y América y democracia. También equivocaron lo correcto con lo posible, olvidando la correlación de fuerzas que delimita el qué hacer. Pero tanto la experiencia del pueblo chileno, como la del checoeslovaco, nos dejaron señales muy claras de lo que es necesario imaginar, si se quiere, de verdad, cambiar las sociedades maduras como las europeas. Desarrollar la democracia al conjunto de la sociedad, incluidas las empresas y el dinero, su gestión y su regulación, lo que hoy se conoce como democracia económica.

[1] Fisera, Joseph (1975) Autogestion et Cogestion (esquisse d´une étude comparative et bibliographique). In. Revue d´études comparatives Est-Ouest, vol. 6 nº 2 pp. 219-230

[2] Franquesa, Ramón (1988) La crisis del modelo yugoeslavo, Affers Internationals nº 14 pp. 169-189. Lindberg, I y Ryner, M (2010) La crisis financiera y las organizaciones de trabajadores en Suecia entre 1990 y 1994. Boletín Internacional de Investigación Sindical, vol.2,1.

[3] Como se puede ver en Myrdal, Gunar (1980: pp. 42-50) Contra la corriente: Ensayos críticos sobre economía. Edit. Ariel, Barcelona. Renh y Meidner no necesitaban acudir a Keynes para saber que el pleno empleo no era un producto de las fantasías de la Ley de Say. Su formación en el institucionalismo sueco y en Knut Wicksell les enseñaba que el empleo era un resultado inestable de la política. Su apuesta por el igualitarismo salarial buscaba facilitar la difusión de las tecnologías más eficientes.

[4] Declaraciones a Rudé Pravo del Dr. Slejska de La Academia de Ciencias tchecoeslovaca. 30-1-1969.

[5] Richta, Radovan (1969) La Civilización en la Encrucijada, Siglo XXI, Madrid, 1971.

Fuente: https://www.nuevatribuna.es/articul...

Aurelio Ruiz Enebral

¿Cuántos militares forman el Tercio ‘Gran Capitán' 1º de la Legión, de Melilla? ¿Y el Regimiento de Artillería nº 30, de Ceuta? ¿De cuánto personal dispone el Mando de Operaciones Especiales (MOE) y sus grupos y bandera de Operaciones Especiales?

Las respuestas a todas esas preguntas son información reservada, cuestiones que el Ejército de Tierra elude responder. Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, siempre tratan de evitar concretar cifras de militares destinados en una unidad concreta, ya que se considera una vulnerabilidad de seguridad revelar la dimensión exacta del personal de que disponen cada una.

Por eso causó una gran sorpresa a algunas personas encontrarse hace unos días en la plataforma de Contratación del Estado con un listado detallado de cuántos militares tiene el Ejército de Tierra en cada unidad de su estructura orgánica, y también en otros destinos e incluso en cuarteles de la OTAN.

Confidencial Digital ha comprobado que, tras originarse cierto revuelo entre militares y expertos en material militar, el documento que incluía ese listado ha sido retirado de la web de Contratación del Estado.

Licitación pública para comprar uniformes

La licitación en la que se colgó ese documento consiste en un “Acuerdo Marco de adquisición de prendas de uniformidad, coordinación, almacenamiento, preparación, distribución y logística inversa de las peticiones de los suministros”.

La lanzó en julio la Junta de Contratación del Ejército de Tierra. Se trata de un macrocontrato de compra de uniformes y otros elementos del equipo personal, que ya en diciembre de 2023 adelantó ECD que se estaba preparando.

En un primer momento el Ejército de Tierra planeaba no dividir en lotes la licitación, pese a lo abultado del presupuesto y la diversidad de elementos a adquirir: pantalones, camisas, botas, boinas, sacos de dormir, calcetines, zapatos…

Finalmente, como se contó en estas páginas, un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) empujó al Ejército de Tierra a dividir en 20 lotes la licitación, que tiene un presupuesto base de licitación sin impuestos de 135.234.553,54 euros, y de valor estimado 297.516.017,77 euros.

Anexo con los puntos de entrega

En el pliego de prescripciones técnicas de esta compra de uniformes se describe el proceso por el que el Ejército de Tierra pedirá unidades de los distintos elementos de uniformidad, conforme los vayan necesitando sus militares:

— “Se aporta Anexo IV con la estructura actual de puntos de entrega del Ejército de Tierra. Las unidades del ET podrían cambiar de ubicación o código identificativo de unidad (CIU) debido a adaptaciones orgánicas. Se dispondrá de una carga o estructura iniciales y se intercambiará información entre el ET y el Integrador con la frecuencia necesaria para trasladar las actualizaciones de dicha estructura”.

En la plataforma de Contratación del Estado se pueden consultar varios anexos a ese pliego de prescripciones técnicas, hasta un Anexo XI.

Hasta el lunes 2 de septiembre se podía consultar también un Anexo IV que ya el martes 3 de septiembre no aparecía.

Ese anexo ofrecía las “unidades de entrega” de los uniformes. Pero fue retirado de la licitación, según ha comprobado ECD, después de que algún pantallazo del Anexo IV circulara en Twitter.

Veinte páginas de unidades

Lo que causó estupor entre militares y buenos conocedores de los procesos de licitación en el Ministerio de Defensa es que a lo largo de 20 páginas de ese anexo se detallan las cifras de personal que tienen todas y cada una de las unidades del Ejército de Tierra, así como otros destinos de Defensa y también de la OTAN en los que hay destinados militares de Tierra.

En el documento aparece una larga lista con cuatro columnas. En la primera columna se pueden leer unidades o destinos de la estructura militar; en la segunda y la tercera se indica la población y la provincia en la que se ubica esa unidad; y la cuarta lleva por encabezamiento “Personal”.

Por las cifras de cada fila, cabe concluir que este documento detalla cuántos militares tiene el Ejército de Tierra en cada uno de esos destinos, como forma de que la empresa que se encargue de distribuir los elementos de la uniformidad pueda calcular dónde tendrá que enviar más o menos prendas de uniformidad.

Las cifras cuadran con las dimensiones que puede tener cada unidad. Por ejemplo, en las agregadurías de Defensa que existen en algunas embajadas de España por el mundo (París, Berlín, Washington, Pekín, La Habana, Lisboa, Argel...) el personal oscila entre 1 y 5.

Por su parte, en regimientos de infantería, artillería, caballería... distribuidos por la geografía nacional, las cifras de personal aumentan. De hecho, se cuentan por cientos. En la Academia General Militar, de Zaragoza, supera los mil.

En total se citan 1.019 destinos en la lista.

Todas las unidades de una brigada

El problema de este elenco es que ofrece demasiados detalles de cuántos militares hay en cada base, y en cada unidad del Ejército de Tierra. Permite saber no sólo cifras muy generales, de cuál es la dimensión total de personal de una división, o una brigada.

Se puede citar como ejemplo el caso de la Brigada ‘Guadarrama' XII, integrada por regimientos de infantería y caballería, con un grupo de artillería, y dotada de carros de combate Leopardo, vehículos de combate de infantería (VCI) Pizarro, vehículos de exploración de caballería (VEC)...

El documento que subió y después retiró el Ejército de Tierra detalla el personal que tiene el Cuartel General y el Batallón de Cuartel General, en la base de El Goloso, al norte de Madrid.

También revela con precisión los cientos de militares que integran el Regimiento de Infantería ‘Asturias' 31, los que tiene el Regimiento Acorazado ‘Alcázar de Toledo' 61, los que están encuadrados en el Grupo de Artillería de Campaña XII, en el Batallón de Zapadores XII y en el Grupo Logístico XII.

Es decir, que cualquiera que tenga acceso a este documento puede conocer con cierto detalle las dimensiones de la Brigada ‘Guadarrama' XII, según las cifras de efectivos que hay en cada una de las unidades que la integran.

No se protegió el documento

Se entiende que el operador logístico que gestione el suministro de uniformes necesite saber cuántos militares pueden necesitar pantalones en una provincia. Pero expertos en este tipo de licitaciones señalan que en contratos de los ejércitos y Defensa suele ser habitual que algunos documentos no sean públicos: se declaran reservados, o clasificados, y sólo se facilitan a las empresas acreditadas e interesadas en gestionar ese servicio.

A veces incluso se exige a esas empresas contar con Habilitación de Seguridad de Empresa, que otorga la Oficina Nacional de Seguridad, dependiente del Centro Nacional de Inteligencia.

El no colgar el anexo en la licitación ya hubiera evitado que el documento, un PDF, pudiera ser descargado por cualquier internauta, y que pantallazos del mismo circularan por Internet.

Además, puede no ser del todo imprescindible para la empresa que asuma el contrato el conocer cuántos militares están encuadrados en un cuartel general de una brigada, cuántos en un regimiento, en otro, en un grupo logístico... sino simplemente saber cuántos efectivos hay en una base militar hasta donde tenga que transportar el material.

La difusión de estos datos, la polémica en redes sociales y la posterior retirada de documentos repite el mismo patrón que lo que sucedió hace unos días con un contrato de Navantia.

En ese caso, tal y como se contó en estas páginas, los pliegos ofrecían públicamente ciertos detalles técnicos del submarino S-82, en construcción en los astilleros de Cartagena, que no debían ser difundidos.

El pliego fue primero sustituido por otro con ciertas partes ocultas, y finalmente fue retirado y la licitación anulada.

Las plantillas son materia reservada

¿Hasta qué punto se conocen las cifras de militares? Los grandes números sí son públicos: por ejemplo, que a 31 de diciembre de 2023 el Ejército de Tierra contaba con algo más de 76.000 efectivos. Un experto en cuestiones de Defensa puede saber, aproximadamente, cuántos militares integran una división, una brigada y un regimiento: al menos, en la teoría, sobre el papel.

Pero, como ya se ha indicado, los estados mayores y cuarteles generales del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire siempre tienen mucho cuidado en no revelar cifras del personal que integra una unidad, o del que está desplegado en una zona geográfica de España.

Fuentes militares consultadas por Confidencial Digital aseguran que las plantillas orgánicas del Ejército de Tierra (como en la Armada y el Ejército del Aire), son materia clasificada. Apuntan que están protegidas con el nivel ‘Reservado', que es el segundo más elevado, por debajo de ‘Secreto', y por encima de ‘Confidencial' y ‘Difusión limitada'.

En las plantillas orgánicas se describe con mayor nivel de detalle cuántos militares debe tener cada unidad y órgano de la estructura del Ejército de Tierra. Además, no sólo se indica cuántos, sino qué empleos deben tener esos militares: cuántos puestos hay de soldado, de cabo, de sargento, de teniente, de capitán...

Los datos que se reflejaron en el documento que terminó en la web de Contratación del Estado son más genéricos, sólo indican la cifra total de personal de una unidad.

Además, las fuentes consultadas apuntan que son las cifras de cobertura, es decir, el número real de militares que hay destinados en cada unidad, ya que puede haber menos que los que marque la plantilla. Sigue siendo materia protegida, y el hecho de que haya sido eliminada tras circular es buena prueba de que se trata de información delicada, que no debe estar al alcance de cualquiera.

Operaciones Especiales, Ceuta y Melilla...

El ejemplo de la Brigada ‘Guadarrama' XII se puede trasladar a cualquier otra brigada del Ejército de Tierra, y a unidades de menor dimensión. Afecta también a unidades que aún suelen guardar una mayor reserva sobre sus actividades y sobre su estructura orgánica.

Por ejemplo, se revelan las cifras de personal del Mando de Operaciones Especiales (MOE), con detalles de su Cuartel General, el Grupo de Cuartel General (donde se encuadra la UOE2, una unidad de élite entre la élite), la Unidad Logística, y también el Grupo de Operaciones Especiales ‘Valencia III' (GOE III), el Grupo de Operaciones especiales ‘Tercio de Ampurdán IV' (GOE IV) y la Bandera de Operaciones Especiales ‘Caballero Legionario Maderal Oleaga XIX' (BOEL XIX).

También suele haber especial protección sobre la información que se refiere al despliegue militar en Ceuta, Melilla y Canarias, territorios españoles reclamados con mayor o menor intensidad, según la coyuntura, por Marruecos.

A lo más que se llega es a ofrecer datos globales. El Ministerio de Defensa suele indicar que en Melilla hay algo más de 3.000 militares, y que en Ceuta son casi 2.700.

El documento difundido por el Ejército de Tierra, después retirado, permite saber cuántos militares hay concretamente en los dos grandes regimientos de infantería de Ceuta, como son el Tercio ‘Duque de Alba' 2º de la Legión y el Grupo de Regulares nº 54; en el Regimiento de Caballería ‘Montesa' nº 3, en el Regimiento de Artillería Mixto nº 30, en el Regimiento de Ingenieros nº 7 y en la Unidad Logística nº 23.

La lista facilita conocer las cifras de personal en cada unidad, así como sumarlas y obtener el tamaño real de una unidad superior, o de cuántos militares hay en teoría disponibles en una provincia, isla o ciudad autónoma de España: una información delicada, que desde luego interesa conocer con detalle a cualquier potencia extranjera, y más aún aquellas que puedan tener intereses estratégicos enfrentados a los de España.

En el caso de Ceuta y Melilla, no cabe duda que puede ser una información del interés del país vecino, Marruecos.

Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas

Ya se ha explicado que la lista de destinos y su personal no sólo afecta a las unidades de la estructura orgánica propia del Ejército de Tierra. También se citan destinos de la estructura conjunta, aquella que comparten Tierra, Armada y Aire, por tratarse del órgano central, del Ministerio de Defensa, o bien del Estado Mayor de la Defensa, de la Unidad Militar de Emergencias...

Hay un buen número de militares del Ejército de Tierra (que tiene 76.000 efectivos frente a los 21.000 de la Armada y los 21.000 del Aire) en el Estado Mayor de la Defensa, la estructura que depende del JEMAD para el desarrollo de la acción conjunta y combinada en operaciones, tanto en territorio nacional como en el exterior.

El Anexo IV con las “unidades de entrega” de los uniformes del Ejército de Tierra no da una cifra total de los militares de Tierra que están destinados en el Estado Mayor de la Defensa (repartido principalmente entre dos ubicaciones en la Comunidad de Madrid).

De nuevo, aporta más detalles: cuántos hay destinados en el Mando de Operaciones (el órgano responsable a su nivel del planeamiento operativo, la conducción y el seguimiento de las operaciones militares), en el Mando Conjunto del Ciberespacio, en el Mando Conjunto de Operaciones Especiales...

No aparece citado con su nombre ni sus siglas, pero esta revelación de datos de efectivos militares también afecta al Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS), “el órgano responsable de facilitar al ministro de Defensa, a través del JEMAD, y a las autoridades del Departamento, la inteligencia militar precisa para alertar sobre situaciones internacionales susceptibles de generar crisis que afecten a la Defensa Nacional”.

La lista revela cuántos militares del Ejército de Tierra están destinados en el CIFAS, así como también en la Unidad HUMINT, que lleva a cabo tareas de inteligencia en zona de operaciones y que, como en otros casos, suele ser citada bajo la denominación “EMAD-OA,s” (OA,s por “órganos auxiliares”).

También aparecen las unidades de información que la Sección de Inteligencia y Seguridad del Ejército de Tierra tiene distribuidas por España.

Cuarteles multinacionales de la OTAN

Una parte significativa de los destinos y unidades que aparecen en este listado se encuentran ubicados fuera de España, en lugares tan diversos como Bruselas, Lisboa, Nápoles, Norfolk (Estado Unidos), Bydgoszcz (Polonia), Izmir (Turquía), Arcueil (Francia)...

En estas ciudades se encuentran situados cuarteles multinacionales de la OTAN y de la Unión Europea. Esas estructuras cuentan con militares de los distintos países aliados, y España destina allí a efectivos del Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire.

La lista revela el número de militares del Ejército de Tierra destinados en estos cuarteles generales. Son cifras reducidas, de 1 a algunas decenas.

Se citan además algunos otros destinos, donde el Ejército de Tierra participa en programas de desarrollo de sistemas de armas. A eso se añaden las agregadurías militares en el exterior, ya citadas, que suelen tener a un agregado (un coronel) y a un par, o un puñado de militares de menor empleo.

Instrucciones sobre seguridad de la información

En las Fuerzas Armadas existen varias normativas sobre seguridad de la información, que indican cómo se deben tratar los documentos y la información de carácter militar, con el objetivo de evitar fugas de información sensible que no debe trascender fuera del Ejército de Tierra o de una unidad concreta.

La instrucción técnica IT 11/09 del Estado Mayor del Ejército, que se aprobó en 2009, estableció medidas sobre seguridad de la información. El Anexo III ofrece un “listado de asuntos que no deben ser difundidos fuera de los ámbitos establecidos”.

Se aclara que son asuntos sobre los que el personal del Ejército de Tierra “debe guardar la debida reserva, evitando ser difundidos en Internet (foros, chats), conversaciones informales, visitas a UCOs [unidades]...”.

El tercer punto de la lista de asuntos “que no deben ser difundidos fuera de los ámbitos establecidos” es el siguiente: “Efectivos y grado de cobertura de las Unidades”, es decir, justo lo que parece que reveló el anexo de la licitación de la Junta de Contratación del Ejército de Tierra para contratar el suministro de prendas de uniformidad.

El Gobierno deniega datos sobre las Fuerzas Armadas

Estas prevenciones se traducen en negativas oficiales a revelar datos numéricos de militares desplegados por España. Es frecuente que el Gobierno reciba preguntas parlamentarias sobre las Fuerzas de Seguridad, presentadas por diputados y senadores que quieren conocer, por ejemplo, cuántos guardias civiles hay en su circunscripción.

Estos miembros de las Cortes Generales pueden registrar preguntas para respuesta por escrito. Plantean unas preguntas, unas peticiones de información, y semanas después el Ejecutivo les responde.

Sirva un caso de 2018 como ejemplo. Una diputada de EH Bildu en el Congreso pidió datos desglosados de cuántos policías nacionales, cuántos guardias civiles y cuántos militares estaban destinados por entonces en cada comunidad autónoma, incluso en cada provincia, y cuál había sido la evolución de esas cifras en los diez años anteriores.

En algunas ocasiones, el Gobierno se ha negado a dar datos de efectivos de la Guardia Civil o de la Policía Nacional en ciertas demarcaciones territoriales, con la justificación de que dar pistas sobre el despliegue de agentes puede ser aprovechado por los delincuentes para burlarles.

También suele acogerse a la Ley de Secretos Oficiales para no dar datos concretos de ciertas unidades, por ejemplo de la Jefatura de Información de la Guardia Civil, de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional y otras.

A la pregunta de la diputada de EH Bildu en 2018 el Gobierno sí respondió con cifras totales de policías nacionales y guardias civiles que había en cada provincia y ciudad autónoma.

Pero a lo que se negó fue a facilitar los mismos datos referidos a militares, con la siguiente justificación:

— “Sobre el personal militar solo se pueden proporcionar datos globales relativos a número total de efectivos, incorporaciones y bajas y otros datos estadísticos, siempre que no comprometan la Defensa Nacional o la eficacia y seguridad de las Fuerzas Armadas, su material o sus componentes. Así, conforme a la normativa vigente, la distribución y despliegue del personal de Unidades de las Fuerzas Armadas a lo largo del territorio nacional constituye materia clasificada, ya que puede afectar a la seguridad de las mismas”.

Sin embargo, ese mismo año a la misma diputada de EH Bildu respondió a otras preguntas específicas sobre el País Vasco y Navarra, y sí le reveló que “el número de militares destinados en el País Vasco en el año 2011 era de 1.692 y en la actualidad es de 1.481”, y que “el número de militares destinados en la Comunidad Foral de Navarra en el año 2011 era de 698 y en la actualidad es de 692”.

Fuente: https://www.elconfidencialdigital.c...

Javier Zurro

Las imágenes de las tropas nazis y del discurso de Hitler durante el congreso celebrado en septiembre de 1934 quedaron clavadas en el imaginario de todo el mundo. Tienen algo que mezcla lo terrorífico y lo hipnótico. Se hablaba hasta de una puesta en escena nazi en la forma en la que el propio desfile, el montaje, la música y el encuadre se fusionaban creando un arma de propaganda que se sigue estudiando en las escuelas de cine. La responsable de grabar aquellas imágenes fue la cineasta Leni Riefenstahl, que tras dirigir La luz azul recibió el encargo de Hitler de rodar una trilogía de obras sobre sus mítines con el fin de ensalzar su ideología fascista.

Para ello tuvo recursos casi ilimitados, un equipo de 170 empleados, incluidos 36 camarógrafos y nueve cámaras aéreas. Para montar El triunfo de la voluntad, su segunda entrega y la más conocida, tardó siete meses. No fue el único trabajo para el nazismo, también el díptico Olympia sobre los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936, donde su cámara ensalzaba los cuerpos atléticos y la superioridad física de sus deportistas.

Fue amiga del régimen y contribuyó con su obra a que su mensaje se extendiera de forma más eficaz, como un virus gracias a sus películas propagandísticas. Sin embargo, cuando acabó la guerra ella siempre negó pertenecer al partido nazi, y vendería una y otra vez que el arte es apolítico y que ella solo recibió un encargo. Fue juzgada y solo definida como “seguidora”, pero la vergüenza por los hechos cometidos por los alemanes hicieron que solo dirigiera una película mas, Tiefland. Sin embargo, Riefenstahl continuó en la vida pública alemana. Daba entrevistas, iba a la televisión, publicó libros y durante toda su vida recibió miles de cartas de seguidores.

En muchos libros de historia se ensalzan más sus aportaciones a la puesta en escena cinematográfica que se cuentan sus vínculos con el nazismo, y por ello el cineasta Andres Veiel ha querido ajustar cuentas con la historia en Riefenstahl, un documental que muestra la conciencia absoluta que la directora tenía de las atrocidades que se cometían, su connivencia con Hitler y su amistad con la cúpula del partido. Lo hace desmigando el legado de cientos de cajas que ella dejó al morir, entre las que había agendas y cintas de casete en las que grababa conversaciones telefónicas.

Veiel realiza un trabajo minucioso para que cuando se estudie la figura de Riefenstahl no haya ambigüedades, menos aún en un momento de auge de la extrema derecha. Su documental también se muestra tajante ante una de esas preguntas que deberían ser ya retóricas: ¿puede el arte no ser político? Riefenstahl sabía lo que hacía rodando cómo rodaba y montando cómo montaba, y el efecto que suscitaba, por tanto tiene una responsabilidad directa en lo que provocaron sus imágenes.

También encuentra una carta en la que pedía que “quitaran a unos judíos de ahí” para poder filmar una escena. Como reacción, un oficial dio la orden de “deshacerse de esos judíos”, ante lo cual alguno intentó huir y les dispararon, según los documentos que encontraron en un legado con el que se hace justicia con ella y con su impunidad.

El cineasta la define como una pionera en las fake news, porque “mintió toda su vida”. “Esto es algo que estamos viendo todos los días en EEUU, y también lo veo en Alemania, donde hay un partido que elogia el nacionalsocialismo. Sentí la necesidad de abordar la importancia de la ideología y de la estética. Lidiar con las raíces de esto, porque creo que lo hemos ignorado”, explica Veiel ante un reducido grupo de periodistas desde el Festival de Venecia, donde se ha presentado el documental.

Que haya sido en Venecia es algo que el director valora especialmente, ya que en Italia gobierna la extrema derecha de Meloni. Por eso subraya el “coraje” del director del festival, Alberto Barbera, a quien han colocado como director de la Biennale “un intelectual que es parte de un partido neofascista”. “No creo que haya sido una coincidencia, sino una declaración política. Ella fue una heroína aquí. Estuvo tres veces con sus películas y fue premiada. La primera mujer que ganó aquí. Así que traer esta película en una época en la que hay un presidente que tiene sus raíces en un partido de tradición fascista y que niega la importancia de mirar esas raíces es genial”, añade.

Al sumergirse en su legado tuvo todavía más claro que no solo fue “atrapada por la ideología del Tercer Teich, sino también por su ideología”. “Cuando la escuchas decir que en una o dos generaciones Alemania recuperará su moralidad, virtud y orden, muestra claramente su anhelo por un sistema autoritario. Es aterrador y como una profecía. Pero es que en su calendario encontramos pequeñas notas donde marcaba una votación del Partido Nacional Demócrata, que es el partido que niega el Holocausto, y pidió que se votara por ellos. Ella permaneció vinculada al fascismo en los años 60, 70 y 80. El fascismo empezó en su vida mucho antes de que empezara oficialmente en el año 33. Ella es el prototipo del fascismo”, zanja.

Lo que Veiel niega es que Riefenstahl sea una buena directora, y reduce sus méritos a ser “una muy buena montadora con un gran director de fotografía, pero como autora era horrible, no sabía escribir guiones”. Una puesta en escena que era, además, un ensalzamiento de los valores nazis. “Los que dicen que hay que separar la política y el arte son unos inocentes, cuando miras la estética de Riefenstahl no solo celebraba la supremacía del victorioso, del superior, enfrentado al otro lado, a las minorías, a los homosexuales, a los inválidos. Ese lado oscuro era parte del régimen y era parte de su ideología”, concluye.

Confía en que este documental y el cine puedan abrir un debate que lleve a entender por qué “muchos jóvenes votan al partido de derecha AfD en Alemania”: “Es importante describir los peligros. Esta película es como una advertencia, y espero crear una especie de conciencia de lo que podría pasar. Esta película no trata sólo del pasado, no trata sólo del presente. Es una película que nos está diciendo lo que podría suceder en el futuro”.

El Diario

Actualmente la realidad informativa nos llena de noticias y nos deja poco tiempo para reflexionar sobre ellas: las consecuencias de la globalización.

Sin embargo, meditar sobre lo que está pasando en Palestina es imprescindible para formar nuestra opinión política. Por ello he hecho un pequeño viaje al pasado, cuando formaba parte de Utopía Contagiosa, y recojo a continuación algunas de las noticias que publicamos sobre Israel hace años, reproduciendo total o parcialmente su contenido:

Primera reflexión: el apoyo militar mediante venta de armas entre Israel y España ha sido constante

En una noticia de Octubre de 2017 ya nos referíamos a que España apoya descaradamente al militarismo israelí comprando sus misiles contracarro SPIKE

Analizamos hoy la compra de 260 puestos de tiro y 2.600 Misiles contracarro de alcance medio SPIKE por un precio total de 364'69 millones de €, según Wikipedia el coste total será de 394 millones de €. Se calcula que el coste de cada unidad ronda los 100.000 dólares USA.

Una breve historia de los recorridos de esta colaboración militar hispano-israelí se pueden resumir así:

En 2002 General Dynamics – Santa Bárbara firma un acuerdo con Rafael por la que la contratista española se convertiría en el contratista principal de las ventas del Spike si era finalmente elegido.
En el Consejo de Ministros del 24 de noviembre de 2006, presidido por Zapatero, del PSOE, se decide invertir en el programa: 260 lanzadores y 2.600 misiles MR (Medium Range). Se informaba que la industria nacional asumiría el 60 % del trabajo y que el pago se repartiría en 15 anualidades desde 2008 a 2022.
El 30 de noviembre de 2007 el Consejo de Ministros decidió comprar más Spike, versión ER (Extended Range), destinados a los helicópteros de ataque Tigre: 44 lanzadores y 200 misiles por 44'027 millones de € prorrateados entre 2007 y 2012.
El 29 de mayo de 2009 se entregaron al Ministerio de Defensa los primeros misiles.

La empresa Rafael, o Raphael, es una empresa que fabrica armas del Ministerio de Defensa israelí. Tiene más de 7.000 empleados y se fundó en 1948.

Durante el principio de los años 1990 Rafael operó con pérdidas (con un pico en 1995, con pérdidas de $120 millones sobre una facturación de $460 millones); entonces se decidió reestructurar la organización para empezar a operar Rafael como una compañía. Inicialmente se crearon tres divisiones diferenciadas; cada una operando como un centro de beneficios, con una hoja de balance separada, a presentar al nuevo consejo de dirección.

La restructuración fue completada en 2002 cuando Rafael fue formalmente incorporada como sociedad limitada (a pesar de ser una empresa estatal), manteniendo sus capacidades tecnológicas a través de extensos programas de inversión en I+D (en torno al 10% de la facturación). En su primer año como sociedad limitada, Rafael obtuvo 37$ millones de beneficio sobre $830 millones de ventas.

Rafael tiene multitud de empresas subsidiarias en el mundo. En Europa, a través del Holding ERCAS, de la que posee el 100 %, domina dos secciones militares: Dinamit Nobel Defense (con el 100% de las acciones) y PAP Tecnos (con el 100 % de las acciones).

Una compra tan grande de misiles SPIKE supone un apoyo decidido al militarismo israelí y hace rentable a una de sus principales empresas armamentísticas, con lo que da alas a la política represiva de Israel sobre Palestina.

Nuevamente una decisión militar que influye en nuestra política exterior, que en principio se define como de apoyo a una solución negociada y no violenta en el conflictos israelo-palestino.

Damos con una mano lo que quitamos con la otra.

Segunda reflexión: no colaboramos sólo con las empresas de armas israelíes, sino que también damos información militar a Israel sobre militantes palestinos y nos comprometemos a no investigar crímenes de guerra israelíes

El 4/12/2014 titulábamos: Indignante apoyo militarista a Israel desde el Ministerio de Defensa español

Por primera vez en la historia un Ministro de Defensa español realiza una visita oficial a Israel.

Ha hecho falta que asuma la cartera de Defensa uno de los halcones del gasto militar y del endeudamiento en armas (Morenés), para que se fragüe esta escenificación del apoyo de nuestro militarismo al militarismo israelí.

Aunque la prensa señala que el encuentro interministerial valdrá para hablar de la fuerza de injerencia española en Líbano, lo cierto es que el encuentro debe inscribirse en el contexto de los vergonzosos convenio de cooperación militar de España e Israel recientemente firmado, y según el cual, España, entre otras lindezas, ofrece información militar a Israel sobre militantes palestinos, se compromete a no investigar crímenes de guerra cometidos por autoridades israelíes en los casos en los que no haya víctimas españolas, o vende armas y tecnología militar a Israel, a quien también le compramos material militar y policial, a según el periódico 20 minutos, o nosotros mismos en otras entradas,

Ya lo ven, Morenés se va a Israel a vender más armas a un estado terrorista. ¿Alguien se preguntará para qué las va a utilizar? A lo mejor al Ministro le parece una cosa irrelevante.

Por cierto, según escribimos esta noticia nos enteramos de que España levanta la suspensión de armas a Israel impuesta por la atrocidades de Gaza de este verano. Más negocio, nada de derechos humanos.

Tercera reflexión: los israelíes entrenan a nuestros policías, guardia civiles, mossos y guardias reales

El 14 de agosto de 2014 publicábamos: Una empresa israelí entrena a nuestros policías, guardia civiles, mossos y guardias reales

Nos hemos preguntado dónde aprenden y perfeccionan sus métodos de acción los diversos policías que luego se aplican en la calle contra la gente en las movilizaciones diversas. Por un video escalofriante hemos conocido que la policía, la guardia civil, los mossos de escuadra, la guardia real y otras fuerzas similares se entrenan en «técnicas de seguridad ciudadana» en Israel. En concreto las técnicas de represión avanzada que practican los israelíes contra la población civil de Palestina, las enseña luego en cursos y cursillos a otros cuerpos policiales y paramilitares, entre ellos a las referidas policías españolas.

El curso de una semana en Israel y en castellano cuesta 2.390 € sin iva, y el de 2 semanas 3.970 € sin iva.

¿Han estado pagando las administraciones, policía, guardia civil, mossos, guardia real, …, este dineral por los cursos o los han pagado los interesados? Mucho nos tememos que el dinero para unos fines tan poco ético hayan salido del bolsillo de todos.

El vídeo explica el entrenamiento ofrecido en 2011 a los Mossos de Esquadra catalanes, quienes después los han aplicado con tanta habilidad sobre el pueblo catalán.

Son espeluznantes las imágenes. Es aterrador conocer el grado de colaboración inmoral entre el estado genocida de Israel y los responsables de la planificación de las políticas de defensa y de seguridad en España y sus comunidades autónomas. Y, como no podía ser menos, es aborrecible comprobar las enseñanzas ofrecidas, que pagamos entre todos, para que nuestros supuestos «defensores» las apliquen contra nosotros porque nos siguen considerando su enemigo interno. ¿A lo mejor es porque efectivamente ellos son los enemigos de los pueblos?

Cuarta reflexión: somos un gran cliente de Israel en el comercio de armas

El 15 de Enero de 2014 publicábamos: España, uno de los clientes privilegiados de las industrias militares de Israel

Fuente: El País

Israel acaba de desvelar lo que era un secreto a voces: España es uno de sus clientes más apreciados en compra de armas. Tal vez esto explique las recientes noticias del buen trato recibido en España por parte de personalidades israelíes con acusaciones de genocidio en asuntos militares.

Nos dice ahora el País, que se hace eco de la noticia, que un juez israelí ha obligado al gobierno de aquel país a revelar sus clientes en compra de armas, entre los que se encuentra España.

Según la noticia al menos hemos gastado en la última década 300 millones de euros en armamento israelí, principalmente para comprar misiles y drones militares.

El negocio parece que no sólo va viento en popa, sino que España se presenta a futuro como un gran cliente, porque pretende que su nuevo ciclo de armamentismo se construya con la adquisición de más drones, más misiles y más ingenios para la llamada «guerra electrónica», justo los principales nichos de lo que nos vende Israel.

¿Tal vez el papel ambiguo de España en el conflicto de Oriente Medio tiene que ver con este papel de dependencia y de mezcla de intereses con la industria militar israelí?

Quinta reflexión: 18 Estados miembros de la UE autorizaron 1.018 licencias para exportar armas a Israel por 200 millones de €

El 29 de enero de 2009 publicábamos: Venta de armas de la Unión Europea a Israel.

Recomendamos la lectura del post de Hernán Zin en su blog «Viaje a la guerra».

En él plantea las razones que han de hacernos reconducir la política de venta de armas a Israel. Además, informa de que

«18 Estados miembros autorizaron un total de 1.018 licencias para exportar armas a Israel por valor de 200 millones de euros».

«Francia, Alemania y Rumanía son los tres principales exportadores. Francia emitió licencias de exportación por valor de 126 millones de euros, Alemania autorizó 28 millones y Rumanía, 17 millones».

Sexta reflexión: Alemania fomenta el rearme nuclear de Israel

El 6 de Junio de 2012 publicábamos: Alemania colabora con el rearme nuclear de Israel

Fuente: El País En la curiosa fórmula de ventas de armas de país a país, que acaba de estrenar España con la venta de 250 tanques Leopard a Arabia Saudí, Alemania nos lleva ventaja. Alemania ha «ayudado» a Israel a comprarse tres submarinos fabricados en los astilleros de Kiel. Estos submarinos tienen un dispositivo hidráulico secreto que sirve para instalar y lanzar misiles nucleares. Alemania, en su quehacer puritano, no ha instalado armas nucleares. Sólo ha dado la máquina en condiciones de uso para que los israelíes, si es que lo deciden, puedan instalar este tipo de armamento. ¿Ha existido algún tipo de reparo ético a esta venta por parte del gobierno alemán? No. ¿Ha existido alguna consideración estratégica, o geopolítica o algún estudio de impacto regional de lo que implica dotar de esta tecnología a los isreaelíes? Tampoco. ¿Puede ser que Alemania, en su ingenuidad, no sepa cómo usan los israelíes sus armas y submarinos? Por supuesto que no, el propio ex secretario de estado Lothar Rüll o el alto funcionario del ministerio de defensa Hans Rühle, declaran en Der Spiegel que Alemania sabe el uso de este armamento y la instalación de ojivas nucleares desde hace tiempo. Con la instalación de armamento nuclear en submarinos, Israel da un paso más en su peligrosidad militar. No sólo cuenta con misiles nucleares en tierra, sino con la potencialidad de una amenaza «flotante» que pone en mayor riesgo a la región. Parece que las continuas protestas de Estados Unidos por la «nuclearización» posible de Irán no encuentran el mismo eco cuando el protagonista es Israel. ¿Qué ocurre, que con ellos no aumenta el riesgo de conflicto nuclear en la zona y en el globo? ¡Qué cinismo rige la política internacional mundial! Se trata de un caso de lucro a cambio de terror y, por qué no decirlo, un nuevo síntoma del militarismo creciente en Alemania; pero también, y conviene ir observándolo, un movimiento estratégico de Alemania en el reposicionamiento mundial que se está dando en la región del medio-oriente árabe, algo mucho más peligroso si cabe.

Séptima reflexión: España incumple su propia legislación al exportar material de defensa a Israel

El 4 de marzo de 2014 publicábamos: A vueltas con el militarismo israelí

Fuente: negociosocults Nos llega, a través de la pagina web negociosocults.org una extensa, indignante y meritoria información sobre el negocio en que ha convertido Israel su militarismo, así como los intereses y complicidades con que cuenta en en gobierno español y en las sociedades de Cataluña y el País Vasco.

Concretamente nos hablan del informe « Defensa, Seguridad y Empleo como Negocio Relaciones Militares , armamentísticas y de Seguridad entre España e Israel» donde se desentraña gran parte de este escandaloso negocio mutuamente compartido.

El informe en concreto, cuya lectura atenta recomendamos, ha sido elaborado por Camino Simarro, investigadora del Centre Delás de estudios por la Paz, y por Oriol Sabaté, miembro del Grupo de Formación del Seminario de Economía Crítica TAIFA, y cuenta con la colaboración de una enorme serie de grupos e instituciones.

Señala el informe con rotundidad que «las relaciones militares y de seguridad entre España e Israel son significativas y tienen una clara tendencia al alza» mostrando el entramado que las potencia. Además nos explica que «España incumple su propia legislación al exportar material de defensa a Israel» superando con creces desde 2007 a la fecha final del informe los 400 millones de euros de importaciones de armas.

Detalla también la implicación de instituciones presuntamente honorables (incluidas algunas universidades) en el militarismo israelí y nos ofrece una amplia y detallada panorámica de este negocio que, a su vez, implica el refuerzo de la opresión que Israel, en este caso con nuestro concurso más o menos entusiasta, hacia Palestina, del que su potente industria militar es uno más de los instrumentos puestos en marcha para financiar la letalidad del ejército israelí.

Octava reflexión: la clave para que los israelíes vivan mejor es promocionar el gasto social detrayéndolo del gasto militar

El 2 de octubre de 2011 publicábamos: Los indignados y lo militar en Israel: paradigma de que la inversión en defensa no sustenta el desarrollo sostenible.

Fuente: El País. A principios de agosto, se creaba en Isarel una comisión gubernamental que junto con los portavoces de las protestas de los indignados iba a diseñar las soluciones de la crisis que habían provocado las políticas gubernamentales de Israel. Ahora esta comisión ha elaborado su informe en el que «ha recomendado al Gobierno que aumentara el gasto social en 30.000 millones de shekels (unos 6.000 millones de euros) durante los próximos cinco años. El problema consistía en que ese dinero, según el informe de la comisión, debía recortarse de los gastos militares, cosa del todo imposible con el actual Gobierno y el actual Parlamento«. Con el ejército hemos topado. La comisión ha completado el círculo vicioso y se ha encontrado con que no es posible dar alternativas dentro del actual sistema militarista y violento que rige Israel. El informe, papel mojado, sólo ha sido aplaudido por el primer ministro y por el Banco de Israel. Los manifestantes ya anuncian grandes manifestaciones para el 28 de octubre.

Sin embargo, la comisión ha dado en el clavo: si quitasen dinero a lo militar (lo que conllevaría cambiar de manera radical su política exterior), Israel podrían hacer mucho más gasto social, además, posiblemente sus problemas internacionales podrían tener nuevas perspectivas y se saldría del callejón sin salida en el que llevan décadas.

Además de condenar a la miseria a Palestina y a los palestinos, Israel está condenando a la pobreza a muchos de sus habitantes (se libran las élites, claro). Lo está haciendo con una política continuada militarista y violenta que promueve actuaciones irrespetuosas con los derechos humanos, actuaciones que han llevado a Israel a vivir en permanente estado de guerra.

Esta situación es, a juicio de cualquier analista independiente, insostenible. Gastar años tras año lo que no se tiene en un segmento de la sociedad tan improductivo de riqueza social como es lo militar ha de provocar la quiebra.

El argumento-disculpa que se suele usar es que la seguridad es la base de todo el desarrollo futuro. Pues bien, aquí se nos demuestra un ejemplo paradigmático de que la dichosa frase es cierta, pero al revés: endeudarse para financiar lo militar no ha llevado a Israel a un desarrollo sostenible sino a todo lo contrario: a la quiebra social y económica, a ponerse en peligro constante de guerra con todos sus vecinos y a un estado que ha sido calificado en múltiples ocasiones de estado terrorista.

La realidad es bien cruda: esta situación se mantiene porque unas pocas elites sacan pingües beneficios de la venta de armas, de las políticas violentas del Estado israelí. Los demás se dejan llevar por la cultura y la política «realista» de las elites.

Los indignados de Israel (y los españoles deberían tomar buena nota) quieren mejoras sociales y económicas. Pero han de ser conscientes de que éstas sólo podrán llegar del cambio de su modelo social, político y económico; sólo podrán llegar cuando Israel deje de ser un estado agresor de sus vecinos y de medio ambiente.

Conclusión:

la paz es el camino, no hay camino para la paz

Fuente: https://www.politicanoviolenta.org/...

Kawai Atsushi

En 1904 Japón declaró la guerra a Rusia, una gran potencia. Habían pasado menos de 40 años desde la Restauración Meiji. La invasión rusa de Ucrania ha renovado el interés del mundo por aquella guerra librada por Japón contra el gigante euroasiático. Veamos con qué trasfondo se fraguó, cuál fue su desarrollo y qué consecuencias tuvo.

La rusofobia se apodera de los japoneses

Durante la era Meiji (1868-1912), la rusofobia era una enfermedad endémica en Japón. Existía un temor patológico a que el Imperio ruso invadiera el archipiélago japonés.

En su búsqueda de puertos de mar que no se congelasen durante el invierno, Rusia había dado inicio, entrado el siglo XVIII, a una política de expansión hacia el sur. Como parte de esa política, se acercó a Japón para tratar de forzar al bafuku (Gobierno militar) a que estableciera intercambios comerciales. En los últimos años del periodo Edo (1603-1868), buques de guerra rusos ocuparon durante algún tiempo ilegalmente las islas japonesas de Tsushima, en el estrecho homónimo que separa Japón de la península coreana. Pese a lo estipulado por el Tratado de Shimoda de 1855, que confería a la isla de Sajalín, conocida entonces en Japón como Karafuto, un estatus indeterminado permitiendo el poblamiento por ambas partes, desde el inicio de la era Meiji los rusos comenzaron a enviar prisioneros y militares al lugar, y a ejercer presión sobre los colonos japoneses.

En mayo de 1891, durante una visita a Japón, el zarévich Nicolás, futuro Nicolás II, resultó herido de arma blanca al ser atacado por un policía japonés que formaba parte de su guardia de seguridad. El ataque ocurrió en la ciudad de Ōtsu, por donde Nicolás y su séquito pasaban de regreso a Kioto después de visitar el lago Biwa. El primer ministro Matsukata Masayoshi y hasta el emperador Mutsuhito acudieron al hospital de Kioto donde Nicolás estaba siendo atendido. Muchos japoneses le enviaron telegramas y cartas de disculpa. Su habitación quedó sepultada en regalos de todo tipo.

Como disculpa ante el zarévich, pero también en solidaridad con la difícil tesitura en que el hecho había colocado al Emperador, una mujer se suicidó delante del edificio del Gobierno prefectural de Kioto cortándose la garganta con una hoja de afeitar. Fue sin duda una reacción desproporcionada e irrazonable, pero es que muchos japoneses temían que el suceso sirviera de pretexto a Rusia para declararle la guerra a Japón.

Se entendía que, si Japón era atacado, no podría defenderse y acabaría convirtiéndose en una colonia. Por suerte, tanto el Gobierno de Rusia como el zarévich Nicolas expresaron su satisfacción por la respuesta dada por Japón al atentado. De todos modos, el ministro japonés de Exteriores, Aoki Shūzō, dimitió de su cargo.
La alianza nipo-británica y su influencia en la guerra ruso-japonesa

Tres años después, en 1894, estalló la primera guerra sino-japonesa, un conflicto del que podemos decir que se originó en relación directa con la política japonesa frente a Rusia.

Desde inicios de la era Meiji, Japón trató de conseguir que Corea se abriera al mundo. La idea era modernizar Corea para que colaborase con Japón y entre ambos pudieran detener el avance ruso hacia el sur. Este movimiento encontró la oposición de China, entonces dominada por la dinastía Qing, que era el estado suzerano o protector de Corea. El antagonismo entre Japón y China fue enconándose y finalmente se produjo la guerra.

Gran vencedor de la guerra, Japón obligó a China a reconocer la independencia de Corea mediante el Tratado de Shimonoseki y le impuso el pago de una enorme indemnización de 200 millones de taeles (cerca de 310 millones de yenes de la época, equivalente a más de dos años de ingresos del Estado), así como concesiones territoriales (península de Liaodong, isla de Taiwán, etcétera).

La victoria trajo el frenesí, pero Rusia se encargó de enfriar los ánimos japoneses. Instigando a Francia y a Alemania para actuar conjuntamente, apremió al Gobierno de Japón a devolver la península de Liaodong a China argumentando que su posesión por Japón no favorecería la paz en el Extremo Oriente. Es la acción conocida en Occidente como Triple Intervención y como Injerencia de los Tres Países en Japón.

Japón comprendió que no obtendría nada resistiéndose y decidió devolver a China dicha península, que no tardó en caer bajo dominio de Rusia, país que había obtenido de China la cesión de Dalian y Lüshunkou (Port Arthur), y que seguía expandiendo su radio de influencia. La presencia militar rusa en toda Manchuria fue permanente a partir del levantamiento de los bóxers, que le dio una inmejorable oportunidad para enviar tropas.

El Gobierno coreano, que trataba de evitar caer bajo influencia japonesa, probó el acercamiento a Rusia. Pero la principal impulsora de este acercamiento, la emperatriz Myeongseong, esposa principal del emperador Gojong, fue asesinada en un complot orquestado por el embajador japonés, Miura Gorō. Gojong se refugió en la embajada de Rusia. Se formó entonces en Corea un gobierno prorruso, con asesores rusos en asuntos financieros y militares.

Japón movió ficha en 1902, consiguiendo una alianza con el Reino Unido. Este país, cuyos intereses en China e India estaban siendo amenazados por Rusia, entendió que apoyar a Japón podría ser un modo de frenar el avance ruso en Asia Oriental.

Con este respaldo, Japón se propuso conseguir de Rusia un reconocimiento de sus derechos para actuar como tutor de Corea, a cambio de reconocer, por su parte, el dominio ruso sobre Manchuria. En esta fase, Japón confiaban todavía en poder solucionar por métodos estrictamente diplomáticos este contencioso. Sin embargo, con la seguridad que ofrecía la alianza militar nipo-británica, el pueblo japonés fue cada vez más sumiso a las tendencias belicistas. Y cuando se supo que Rusia había comenzado a establecer bases en la región septentrional de Corea, la mayoría de la población se posicionó a favor de la guerra.

Esto puede entenderse como una consecuencia del secretismo con el que el Gobierno japonés manejaba los datos sobre los respectivos poderíos nacionales de Rusia y de Japón. Pero la prensa japonesa no fue menos responsable de ello. Con el fin de aumentar su tirada, la mayor parte de los periódicos y revistas abrazó el discurso belicista y apoyó la guerra contra Rusia sin informar de que en el resto del mundo se daba por seguro que en caso de conflicto Rusia vencería.

Hay que decir, no obstante, que pese a ser una ínfima minoría también hubo quien abogó por el antibelicismo o se posicionó al menos en contra de esa guerra. Así, se opusieron a entrar en guerra intelectuales como Uchimura Kanzō, desde un humanitarismo de cuño cristiano, o Kōtoku Shūsui y Sakai Toshihiko, desde planteamientos socialistas. Kōtoku, que trabajaba en el diario Yorozu Chōhō, presentó su dimisión cuando este medio pasó a posicionarse a favor de la guerra, fundó la sociedad Heiminsha y a través de su órgano continuó pregonando el antibelicismo incluso después de que Japón entrase en guerra con Rusia. Otra voz disonante fue la de la poeta Yosano Akiko, que durante la guerra publicó en la revista literaria Myōjō su famoso poema Kimi shinitamō koto nakare, en el que rechazaba la idea de morir por el país.

El sueño de la victoria rápida

Con la opinión pública a su favor, para el otoño de 1903 las autoridades militares japonesas habían decidido ya embarcarse en la guerra. Pronto se rompieron las negociaciones y en febrero de 1904 se produjo la declaración. Se dice que el Emperador, que hasta poco antes se había posicionado en contra, dejó en claro que la guerra no respondía a su voluntad y, derramando lágrimas, se mortificaba pensando cómo podría disculparse ante sus antepasados en caso de derrota, y cómo podría justificarse ante el pueblo. Pero no solo era el Emperador el que temía una derrota. Tanto el Gobierno como los militares sabían perfectamente que, si iban a un enfrentamiento frontal con Rusia, Japón no tendría ninguna probabilidad de ganar.

Por ello, los militares elaboraron la siguiente estrategia. La contienda duraría no mucho más de un año. La flota combinada japonesa aniquilaría la Flota del Pacífico de Rusia mediante un ataque sorpresa. Simultáneamente, el Ejército de Tierra de Japón concentraría todas sus fuerzas en la ciudad manchú de Liaoyang y aplastaría a los rusos antes de que estos pudieran enviar refuerzos. De esta forma, en un breve periodo de tiempo, conseguirían desmoralizar al Gobierno ruso y arrastrarlo rápidamente a la mesa de negociación. Esto es tanto como decir que Japón se lanzó sobre la gran potencia eurasiática sin una perspectiva clara de victoria y sin saber en qué costos incurriría.

La idea de que todo se resolvería rápidamente resultó ser una pura ensoñación. En la batalla de Liaoyang consiguieron vencer a los rusos, pero a un alto coste, pues perdieron más de 5.300 soldados y además no consiguieron cerrar la huida al enemigo. Tampoco consiguieron aniquilar a la Flota del Pacífico de un solo golpe, pues los barcos rusos encontraron refugio en Lüshunkou.

Este puerto estaba muy bien protegido por cañones y no era posible acercarse a él desde el mar, así que la Marina japonesa pidió al Ejército de Tierra que lo atacase. Pero el casco urbano estaba fortificado con hormigón y el ataque exigió grandes costos en vidas humanas y en tiempo. Además, el cerco de Lüshunkou fue una batalla de trincheras, obuses de asedio de 28 centímetros, ametralladoras, cañones rápidos, granadas de mano, cañones de campaña, etcétera. En este sentido, fue un adelanto de lo que luego se vería en el Primera Guerra Mundial.

Posteriormente, el Ejército de Tierra japonés fue obteniendo sucesivas victorias y avanzando hacia el norte hasta llegar a Mukden, donde esperaba librar la batalla definitiva contra los rusos. La batalla duró 10 días y participaron en ella 600.000 soldados. Vencieron los japoneses, pero volvieron a tener muchas víctimas (70.000 entre muertos y heridos) y una vez más no pudieron dar el golpe de gracia al enemigo porque la falta de municiones impidió una persecución efectiva.

Indignación al conocerse que no se recibirían indemnizaciones de guerra

La guerra ruso-japonesa supuso un coste para Japón de 1.700 millones de yenes, de los cuales 1.350 millones fueron por bonos públicos que se financiaron, en sus dos terceras partes, con empréstitos conseguidos en el Reino Unido por el vicegobernador del Banco de Japón Takahashi Korekiyo. Fue, pues, el capital británico y norteamericano el que permitió sostener la guerra contra Rusia. Si, de uno u otro modo, Japón consiguió concluir la guerra ventajosamente, fue en gran parte gracias al apoyo del aliado británico. Además del apoyo económico que supusieron las compras de deuda exterior, el Gobierno británico ofreció a Japón informaciones muy valiosas y dificultó la llegada de la Flota del Báltico, prohibiéndole pasar por el canal de Suez y aprovisionarse de carbón en sus colonias. Esa fue una de las causas de que Japón venciera en la batalla naval.

Por supuesto, el pueblo de Japón dio su total apoyo a la guerra. Se incorporaron a filas más de un millón de soldados, los contribuyentes tuvieron que soportar grandes subidas de impuestos, ofrecieron al Estado sus ahorros postales e hicieron donaciones.

Por el lado ruso, el zar Nicolás II no había perdido la moral de guerra ni siquiera tras la derrota de Mukden. Pero cuando, en mayo de 1905, la Flota del Báltico fue completamente destruida en aguas del mar del Japón, finalmente se mostró dispuesto a iniciar conversaciones de paz. En el interior, la situación era grave. En San Petersburgo, una manifestación de obreros había sido aplastada por la Guardia Imperial en el llamado Domingo Sangriento. En muchos lugares del país ocurrían grandes huelgas y disturbios (Revolución rusa de 1905). Esta inestabilidad fue uno de los factores que obligó a Rusia a buscar rápidamente la paz con Japón.

El acorazado Mikasa, buque insignia de la flota combinada japonesa en la batalla de Tsushima (batalla del mar del Japón). Tras quedar fuera de servicio, el Mikasa fue reparado y actualmente se expone en el Parque Conmemorativo Mikasa de la ciudad de Yokosuka (prefectura de Kanagawa). (Jiji Press)
El acorazado Mikasa, buque insignia de la flota combinada japonesa en la batalla de Tsushima (batalla del mar del Japón). Tras quedar fuera de servicio, el Mikasa fue reparado y actualmente se expone en el Parque Conmemorativo Mikasa de la ciudad de Yokosuka (prefectura de Kanagawa). (Jiji Press)

En septiembre de ese año, gracias a los buenos oficios del presidente norteamericano Theodore Roosevelt, se firmó la paz entre ambos países (Tratado de Portsmouth). Si bien Rusia se avino a reconocer los derechos japoneses de tutelaje sobre Corea y le cedió sus concesiones en Lüshun y Dalian, así como la mitad sur de la isla de Sajalín (Karafuto), no tuvo que pagar ni un solo yen de indemnización. Pero era explicable, ya que, mientras que la guerra había dejado a Japón exhausto, sin dinero, armas ni soldados, a Rusia le sobraban todavía fuerzas para seguir luchando.

Pero al pueblo japonés no le convenció esta solución. Durante 10 años, había hecho un alarde de aguante y perseverancia soportando pesados impuestos para ampliar y fortalecer el ejército, y en la guerra había sufrido grandes pérdidas humanas. El 5 de septiembre, día de la firma del tratado, grupos contrarios al proceso de paz tomaron el céntrico parque Hibiya, en Tokio, y expresaron su ira incendiando el Ministerio del Interior, puestos de policía y sedes de periódicos que apoyaban al Gobierno (Sucesos de Hibiya). Los disturbios se extendieron por todo el país y el gabinete de Katsura Tarō se vio obligado a dimitir en pleno.

Asia despierta a la modernización

La guerra ruso-japonesa fue la primera guerra total del siglo XX. Implicó a las diplomacias de las potencias imperialistas y por esta razón algunos estudiosos le asignan el número 0 entre las guerras mundiales. ¿Qué influencia tuvo este conflicto en Japón, en Rusia y en el resto del mundo?

Japón envió al continente un millón de soldados, de los que perdió en acción o a consecuencia de enfermedades unos 90.000. Además, más de 150.000 resultaron heridos. Pero los daños no solo fueron humanos. El Estado se endeudó pesadamente, el campo quedó abandonado para satisfacer las necesidades bélicas y el desánimo cundió en la población. El poeta Ishikawa Takuboku acuñó la famosa frase de que el país sufría un “impasse de época” (jidai heisoku). El descrédito que sufría el Estado y la destrucción de la integridad de la familia, la aldea y otras comunidades fueron causa de que un creciente número de personas adoptase alguna de las nuevas ideologías, desde el socialismo o el comunismo, hasta el individualismo o el liberalismo.

Las terribles experiencias vividas en el frente afectaron duramente a muchos soldados de origen campesino, que al ser desmovilizados y regresar a su aldea se dieron a una vida disoluta para escándalo de sus coterráneos. Para corregir estas tendencias el Gobierno publicó un edicto moralizante en el que reclamaba al pueblo laboriosidad y ahorro, mientras reprimía los movimientos obreros y el socialismo. La amenaza rusa había desaparecido, pero el precio pagado fue muy alto.

Rusia sufrió pérdidas humanas comparables a las japonesas. Se libró de pagar indemnizaciones, pero hubo de hacer concesiones territoriales. Perdió a manos de Japón el pretendido dominio sobre Corea y tuvo que poner fin a su política de avance hacia el sur. Su política exterior cambió. En 1907 firmó un acuerdo comercial con el Reino Unido y dirigió su avance hacia la península de los Balcanes, pregonando el paneslavismo. Ahí vino a chocar con el pangermanismo de Austria-Hungría, choque que desencadenó la Primera Guerra Mundial.

En cuanto a Estados Unidos, había mediado para obtener la paz entre Japón y Rusia y antes del conflicto había prometido a Japón colaboración en la gestión del ferrocarril de Manchuria. Sin embargo, el abandono unilateral de estos planes por parte de Japón produjo un rápido giro negativo en los sentimientos norteamericanos hacia Japón. En el interior del país surgió un movimiento para conseguir la expulsión de los inmigrantes japoneses y en política exterior Estados Unidos criticó a Japón cada vez que se revelaban nuevos planes para enviar colonos al continente asiático.

En Europa, la victoria japonesa atizó el temor al “peligro amarillo”, la amenaza de las razas asiáticas. Sin embargo, en los países y territorios no blancos dio origen a movimientos de oposición y resistencia frente al reparto del mundo y al dominio colonial que unilateralmente estaban llevando a cabo los blancos. La victoria japonesa dejó una honda huella en líderes asiáticos como Sun Yat-sen, Mao Zedong, Nehru y Ho Chi Minh y supuso una gran motivación en luchas revolucionarias que desarrollarían posteriormente.

En Irán se aceleró el movimiento revolucionario constitucionalista y en Egipto se avivó el movimiento de resistencia frente al Reino Unido. En otras zonas del mundo surgieron movimientos antirrusos, como en Finlandia, o antieuropeos, como en Turquía. Ocurrió un verdadero boom de lo japonés. Tōgō Heihachirō, almirante de la victoriosa flota japonesa, fue apodado en el Reino Unido el “Nelson del Oriente” y su imagen se proyectó por todo el mundo. En Turquía se le puso su nombre a una calle y en Finlandia se comercializó una cerveza que lo retrataba en la etiqueta.

Fotografía del encabezado: Estatua de Tōgō Heihachirō en el parque de Tagayama, desde el que se obtiene una panorámica vista de su ciudad natal, Kagoshima, y la bahía de Kinkō. Más de un siglo después de los hechos que le dieron fama, capitanes y marineros de barcos extranjeros anclados en el puerto de la ciudad suelen visitar el lugar para presentar sus respetos al gran almirante. (Jiji Press)

Fuente: https://www.nippon.com/es/japan-top...

Grandes empresas se lucran gracias al negocio del control de las migraciones, que también financia a regímenes antidemocráticos con dinero procedente de Europa.

Dani Domínguez

La inmigración es ya la cuarta preocupación de los españoles. La campaña de la derecha política y mediática ha colocado a los extranjeros en el centro de los miedos de la ciudadanía, tal y como lo confirma el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológica (CIS). Las encuestas, realizadas en julio, reflejan un aumento de casi diez puntos en la preocupación por el tema migratorio, que ha pasado de inquietar a un 7,7% hace una década a llegar al 16,9% en el pasado mes.

Una escalada que coincide con la operación de desgaste puesta en marcha por parte de las fuerzas reaccionarias contra el Gobierno de coalición y que utiliza a las personas migrantes como arma de presión a través de discursos racistas y xenófobos.

Un terreno abonado y propicio para que determinadas empresas hagan negocio basado en las emociones y miedos más irracionales de la población, convenientemente agitados desde medios y clase política. La fundación porCausa, especializada en periodismo y migraciones, ha calculado en “no menos de 9.344 millones de euros el presupuesto destinado a la externalización de fronteras de la UE entre 2004 y 2024”.

En su informe Externalización, la organización define el modelo migratorio actual como un “caos” que genera “rechazo e incomprensión” en la opinión pública de los países de destino, “muerte, sufrimiento y gastos desproporcionados” para las personas que migran y un entramado económico y político que “invierte considerables esfuerzos en garantizar que las políticas siguen el camino que han seguido hasta ahora”.

En el ranking de empresas que se benefician del control migratorio se encuentran algunas de las más conocidas en España. Así, el Grupo ACS, propiedad de Florentino Pérez, “tiene un porfolio diversificado que abarca desde la organización de campañas de sensibilización en centros de refugiados hasta el despliegue de guardias de seguridad privados en las oficinas de Extranjería, pasando por las luces de seguridad que rodean el puerto de Melilla o el suministro de comidas y la limpieza de centros en los que se interna a migrantes sin papeles”, explica porCausa, que cifra en más de 50 millones las ganancias de la multinacional por las realización de estos trabajos entre enero de 2014 y abril de 2022.

Por su parte, Babcock Mission, líder del ranking, se encarga del suministro de aviones y helicópteros de rescate del Servicio Aéreo de Salvamento Marítimo, lo que le ha reportado contratos por valor de más de 218 millones de euros en ocho años. El top 3 lo completa Indra, cuyos servicios van desde la puesta en marcha de Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) hasta la venta de sistemas para “controlar cámaras y software de gestión de datos para fronteras inteligentes” o de radares para detectar pateras, entre otros.

El análisis de porCausa también incluye a aerolíneas que hacen negocio con los vuelos de deportación como Evelop Airlines, Air Europa, Air Nostrum o Swiftwair, a empresas tecnológicas como Thales, Atos, Amper o Telefónica, y a otras como Eulen o Mora Salazar, esta última encargada de la fabricación de alambradas y concertinas.

Para José Bautista, jefe de Investigación de la fundación porCausa, el contexto actual favorecerá un aumento de los negocios de este tipo de empresas: “No hay una crisis migratoria, lo que hay es un interés en apuntar hacia la inmigración irregular que viene de África, que es residual. La inmensa mayoría son mujeres que proceden de América Latina y llegan por vía aérea. Lo que pasa es que el 80% del gasto de la industria del control migratorio se produce en la frontera sur, el negocio está ahí”, explica el periodista.

Dinero europeo para la represión

“Lo que dice el presidente del Gobierno durante su viaje suena bien, pero la realidad es bien distinta”, asegura Bautista. Durante su gira por Mauritania, Gambia y Senegal, Pedro Sánchez ha defendido que la “migración ordenada” y “regular” es “necesaria” y “conveniente”. “La irregular es directamente un infierno que lleva a situaciones extremas de explotación y entraña un riesgo evidente de muerte para los jóvenes que caen presos de las mafias. Debemos promover la migración regulada y luchar contra la migración irregular”, ha asegurado.

Sin embargo, determinadas prácticas de Europa y España no parecen encaminadas a lograr ese objetivo. Según una investigación de porCausa y Al Jazeera, la unidad de élite senegalesa Rapid Action Surveillance and Intervention Group (también conocida como GAR-SI), creada, equipada y entrenada con financiación de la Unión Europea, fue usada por el gobierno de Senegal “para reprimir violentamente las recientes protestas a favor de la democracia”. De acuerdo con la información publicada por el diario árabe, la unidad militar, compuesta por 300 hombres, fue creada en 2017 y tuvo un coste de 7 millones de euros.

Entre los vehículos identificados por Al Jazeera durante la represión de los manifestantes se encontraba el todoterreno URO Vamtac ST5, un modelo español fabricado por el fabricante gallego de vehículos pesados ??Urovesa. Este modelo fue entregado en presencia de la embajadora de la UE en Senegal en 2019 “como parte de un paquete de ayuda para aumentar las capacidades de GAR-SI Senegal para luchar contra la delincuencia transfronteriza”. En ese momento también se hizo entrega al Gobierno senegalés de 16 vehículos todoterreno Toyota, una ambulancia, 12 motocicletas y cuatro camiones.

“La dura represión en Senegal hizo que muchos jóvenes optaran por intentar llegar a Europa huyendo del país, por lo que se da una paradoja: la financiación otorgada por Europa al Gobierno senegalés para controlar a los migrantes que pretenden irse ha acabado provocando que más personas decidan migrar como consecuencia de la represión. Es un sistema perverso que, además, alimenta los negocios de ciertas empresas que se lucran con el sufrimiento de los migrantes”, denuncia José Bautista, quien también participó en la investigación con Al Jazeera.

Otra reciente investigación coordinada por la organización Lighthouse Reports también ha demostrado que países como Mauritania o Marruecos habrían empleado fondos de la Unión Europea para expulsar a inmigrantes subsaharianos hacia zonas desérticas de África y así disuadirles de volver a intentar llegar a Europa a través del país.

De acuerdo con la información, los migrantes son abandonados sin comida ni agua, lo que les expone “al secuestro, la extorsión, la venta como bienes humanos, la tortura, la violencia sexual y, en los peores casos, la muerte”: “En Mauritania, Marruecos y Túnez, vehículos de la misma marca y modelo que los proporcionados por los países europeos a las fuerzas de seguridad locales detuvieron a migrantes negros en las calles o los transportaron desde centros de detención a regiones remotas, según imágenes filmadas y verificadas, testimonios de migrantes y entrevistas con funcionarios”, expone la investigación. Según la fundación porCausa, algunos de los vehículos son suministrados por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAP), dependiente del Ministerio de Exteriores español.

“España y Europa son cómplices de lo que sucede en estos países, algunos de los cuales son dictaduras que empobrecen a su población. Su represión es lo que empuja a muchas personas a huir”, zanja José Bautista.

Fuente: https://www.lamarea.com/2024/08/30/...

Según datos oficiales, entre 1983 y 1989 murieron 1.149 jóvenes en la mili, hubo casi 13.000 heridos y 179 chavales se suicidaron.

Fuente: https://x.com/IkerMadrid12/status/1...

Debate en Menéame: https://www.meneame.net/m/cultura/e...

Nuevas bases de la OTAN en Letonia y Lituania para proteger a los países occidentales de Rusia

Euronews

Se está ampliando la base militar de la Brigada Multinacional Adazi de la OTAN en Letonia. Las nuevas instalaciones albergarán los tanques y vehículos blindados de la brigada y también proporcionarán zonas para su mantenimiento.

"Se trata de un proyecto multimillonario. Supera los 7 millones de euros, es un esfuerzo más para combatir las posibles agresiones que se están produciendo en la vecindad", declaró James Smith, comandante del Mando de las Fuerzas Canadienses en Letonia. "Estamos trayendo más fuerzas y más gente aquí. Estamos formando a nuestra gente y también estamos trayendo equipamiento", añadió el coronel.

Tanto esta base como la alemana de Lituania forman parte de lo que se conoce como la 'línea de defensa del báltico'.

Más de 7 millones de euros de financiación para la base de Adazi

La ceremonia de inauguración del miércoles también marcó la finalización de los proyectos financiados por Canadá y España, que mejoraron la infraestructura de sus respectivos complejos dentro de la base militar. Las mejoras incluyen un nuevo almacén, estructuras tensadas, un perímetro de seguridad y una carretera de hormigón.

La inversión de Canadá y España para la construcción de estas instalaciones asciende a más de 7 millones de euros. Letonia se encargó de la supervisión de la construcción para garantizar el éxito de los proyectos. Ambos proyectos de construcción comenzaron en 2023 y se completaron en aproximadamente un año.

En noviembre de 2024 la brigada realizará su primer ejercicio de campo a gran escala y demostrará su integración en la estructura de mando superior de la OTAN. Se espera que la brigada alcance su plena preparación para el combate en 2026.

Bases de la OTAN en Lituania para proteger a las naciones occidentales

Al mismo tiempo, Alemania está construyendo otra base militar de la OTAN en Rudnininkai, también en Lituania. La zona se utilizará para el mantenimiento de equipos militares aliados, incluidos tanques. La base está financiada por Berlín y se construye a través de la Agencia de Apoyo y Suministro de la OTAN. Algunos elementos de la brigada alemana se estacionarán en Rukla, donde actualmente prestan servicio soldados alemanes del Grupo de Combate de Presencia Avanzada reforzada de la OTAN.

Es una cuestión de disuasión y de Rusia. Debemos poder estacionar una brigada blindada alemana aquí en Lituania para garantizar la libertad de las naciones occidentales

La base albergará a unos 2.000 soldados, incluidos vehículos de combate, y se espera que esté plenamente operativa en 2027.

Yahoo

Pedro Águeda

El Grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional en Mérida fue, al menos entre los años 2018 y 2021, una “organización criminal” dedicada al tráfico de hachís, entre un amplio abanico de delitos. Esta es la principal conclusión de la investigación desarrollada por la Unidad de Asuntos Internos y el Juzgado de Instrucción número 3 de la capital extremeña, cuyo titular, el magistrado José Agustín Agenjo, acaba de dictar el auto de cierre de la instrucción.

El juez propone juzgar a seis agentes del Cuerpo Nacional de Policía, los cinco que componían el Grupo de Estupefacientes de Mérida hasta su detención hace ahora tres años, y un sexto agente. Al frente del grupo había, apunta la investigación, un inspector, Francisco Javier N., al que sus subordinados llamaban ‘Rambo', pero quien dirigía realmente la trama criminal era Javier G., ‘El Canario', otro de los policías del equipo, según figura en el sumario.

“El Grupo de Estupefacientes actuaba como una organización criminal en la que todos los integrantes participaban de manera concertada y coordinada, repartiéndose las tareas o las funciones”, escribe el juez en su resolución, a la que ha tenido acceso elDiario.es. “Es revelador el papel predominante del policía Javier G., quien ejerce realmente las funciones de dirección y coordinación que debería tener el inspector del Grupo”, añade el magistrado.

Como desveló elDiario.es en junio de 2023, los policías nacionales están acusados de quedarse dinero de los traficantes en los registros cuando no estaba presente el secretario judicial; de robar miles de euros en material para las plantaciones de marihuana y entregárselo después a sus confidentes; de provocar entregas de droga para sumar detenidos e incautaciones; de avisar a sus colaboradores de que otros agentes les investigaban; y también de compartir plantaciones de marihuana y sus beneficios con traficantes de la zona.

La actividad ilícita de los policías era tan amplia según el juez que este se vio obligado a hacer un esfuerzo de síntesis y plantea un esquema de los hechos en el auto resumen de la investigación. Al describir el delito de organización criminal, el magistrado Agenjo explica el que denomina “modus operandi” del grupo: “Pasaba por tener una serie de informantes, colaboradores y protegidos que le proporcionaban información esencial para proceder a la detención de personas vinculadas con el mundo del tráfico de drogas”.

“Las operaciones policiales permitían [continúa el juez] que el traficante protegido realizara la actividad delictiva con la aquiescencia del Grupo, al tiempo que le protegía frente a investigaciones de otros grupos de investigación”. Este tipo de colaboracion con los narcos (“omisión del deber de perseguir delitos”, lo califica el juez) dio pie “a otro tipo de de colaboración en la que el propio grupo participaba de la actividad delictiva, en concreto del cultivo de plantaciones de marihuana”.

Todas esas actividades las cometían como un grupo concertado, pero el juez atribuye además al Canario tráfico de cocaína. “Al margen del resto del Grupo, propone a L.S.P [un narco] trabajar juntos, facilitándole transacciones de cocaína en la zona de Mérida”, relata el magistrado. Con otro presunto narcotraficante, el policía “llega a concretar” el precio de esta droga, precisa el juez en su auto, que lleva fecha del pasado 4 de septiembre.

El policía ofrecía a otros grupos traficar en Mérida

El poder en el mundo del crimen del policía nacional Francisco Javer G., El Canario, superaba al de otras organizaciones que operaban sin la ventaja del uniforme y la placa. El agente llegó a invitar a otros grupos a establecerse en la capital extremeña y les ofrecía ventajas. “Participaba de forma activa en las transacciones de droga, ofreciendo sus servicios a los suministradores de la mercancía ilícita para establecerse en la ciudad de Mérida y facilitándo compradores del productor en la ciudad”, relata el magistrado en el auto de fin de la instrucción.

La Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional requirió al juez en 2021 que permitiera la instalación de una cámara oculta en las dependencias del Grupo de Estupefacientes y la intervención de los teléfonos de sus miembros, incluido un virus troyano que permitiera acceder a sus conversaciones de WhatsApp con anterioridad a la fecha del inicio de los pinchazos.

Aquella iniciativa de Asuntos Internos supuso el principio del fin del grupo, cuyos miembros hablaban abiertamente de sus delitos, entre ellos y con investigados por narcotráfico. También, de las torturas a un detenido en los colabozos por el Canario, quien al enterarse de que el arrestado había comentado que toda Mérida conocía el “negocio” del policía bajó a su celda y le dio una paliza. En otro caso de malos tratos hay otros dos de los policías del grupo detenidos por presenciar los hechos y no hacer nada.

Un chat llamado 'Narcóticos'

Las conversaciones en un chat al que los policías han bautizado como ‘Narcóticos' son elocuentes. El 15 de julio de 2021, el Grupo de Estupefacientes está realizando un registro dentro de una operación policial. Mientras tenía lugar, el jefe de Estupefacientes, Francisco Javier N., avisa en el chat de whatsapp 'Narcóticos': “Aquí podéis hacer el rabúo”. Asuntos Internos cree que la expresión alude a que pueden “robar efectos” en el domicilio registrado. Por si quedaba alguna duda, Javi Canario responde: “Me voy a jartá”.

En la causa llegaron a estar imputados diez policías o ex policías nacionales, pero el juez decreta el archivo de las actuaciones para cuatro de ellos al no encontrar indicios suficientes para sostener la acusación. Uno de ellos es el padre de Javier G., el Canario, quien también fue policía de narcóticos en Mérida y llegó a trabajar con su hijo en el pasado.

Junto a los seis policías procesados hay otros nueve acusados, ajenos al Cuerpo Nacional de Policía. El magistrado Agenjo considera a Gema S., esposa del policía Javier ‘El Canario', partícipe a título lucrativo de la trama, por haberse beneficiado del dinero obtenido ilícitamente por su marido. Y como responsable civil señala al Estado al tener seis de los acusados la condición de funcionarios públicos.

El Diario

Mohamed Nader Al-Omari

La otra ocupación: Las fuerzas estadounidenses en Siria

Mientras que la atención del mundo se ha centrado en las brutalidades de la ocupación israelí, la ocupación militar ilegal estadounidense de la vecina Siria se ha descuidado en gran medida. Ahora, la resistencia local y regional se está uniendo para hacer frente a esa ocupación.

La ubicación estratégica de las bases militares estadounidenses en el noreste de Siria no es casual. Desde la frontera sirio-jordano-iraquí, en el suroeste del país, hasta las zonas situadas al oeste del Éufrates, en el noreste, hay 28 instalaciones estadounidenses, 24 de ellas bases militares.

Este despliegue, cuidadosamente planificado con objetivos geoestratégicos concretos, sólo está al servicio de los intereses locales, regionales e internacionales de Washington.

Según datos estadounidenses, el número de soldados de ocupación en Siria aumentó drásticamente de 50 efectivos en 2015 a más de 2.000 a finales de 2017. Informes de abril de 2017 sugirieron incluso que el entonces asesor de seguridad nacional, el general de brigada HR McMaster, consideró la posibilidad de desplegar hasta 50.000 soldados en Irak y Siria.

Obama justificó este importante despliegue militar como necesario para hacer frente a la "inestabilidad interna" en Siria, incluido el aumento del terrorismo y el "debilitamiento de las instituciones" gubernamentales. La presencia militar estadounidense aprovechó estas condiciones, exacerbadas por intervenciones extranjeras que suministraron armas, dinero e información a facciones extremistas, desde el llamado «Ejército Sirio Libre» hasta grupos como el Frente Al-Nusra y, más tarde, el ISIS.

EEUU también apoyó a ciertas fuerzas kurdas pro-occidentales en el establecimiento de una administración autónoma en el noreste de Siria, a costa de las gobernanzas tradicionales, una medida destinada a equilibrar la influencia de Moscú después de que Damasco solicitara la intervención de la fuerza aérea rusa para ayudar a frustrar la militancia respaldada desde el extranjero.

Desestabilización y bloqueo económico

Uno de los principales objetivos de la presencia ilegal estadounidense es el saqueo de los recursos sirios de petróleo y gas. Esto no solo financia las actividades de sus apoderados de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) dirigidas por kurdos, sino que también refuerza el bloqueo económico sobre Siria, ejemplificado por las sanciones de la Ley César impuestas en junio de 2020.

En su momento, el ex enviado de EEUU a Siria, James Jeffrey, declaró que estas sanciones contribuyeron al hundimiento de la libra siria y obstaculizaron la política económica del gobierno sirio, señalando que Damasco «es incapaz de gestionar una política económica eficaz y de blanquear dinero en bancos libaneses».

EEUU también utiliza los ingresos del petróleo para financiar su presencia militar y obstruir los esfuerzos de reconstrucción de Siria. Por ejemplo, en agosto de 2020, la CNN informó de un acuerdo aprobado por Trump que permitía a la empresa estadounidense Delta Crescent Energy LLC explotar yacimientos petrolíferos controlados por las FDS.

Contener a Irán y garantizar los intereses del régimen israelí

En el plano regional, la presencia estadounidense pretende impedir que Irán establezca conexiones terrestres con el Mediterráneo a través de Irak y Siria. Este posicionamiento estratégico también sirve de respaldo a la base aérea turca de Incirlik donde hay aviones de EEUU, en medio de las crecientes tensiones entre Washington y Ankara.

Además, las bases estadounidenses en el sureste de Siria y cerca de la frontera iraquí contienen a las tribus árabes antisionistas y protegen a Israel bloqueando el corredor terrestre entre Siria e Irak. En concreto, esta medida pretendía aislar a Siria de sus aliados regionales, en particular Irán y Hezbolá, que suponen una amenaza directa para el régimen israelí.

Contrarrestar la influencia rusa y china

En el plano internacional, la presencia estadounidense en Siria ayuda a Washington a mantener su ya escaso dominio sobre el orden mundial, contrarrestando la influencia de las potencias euroasiáticas Rusia y China. El despliegue en Siria se considera un obstáculo para la iniciativa china 'Belt and Road', que amenaza con potenciar el crecimiento económico de Pekín (y de los países por donde transcurre) de un modo que podría socavar el posicionamiento estratégico estadounidense.

A pesar de la importante presencia estadounidense, la sostenibilidad a largo plazo de las tropas norteamericanas en terreno hostil es incierta.

Los esfuerzos de Washington por cambiar el sistema político sirio han fracasado, y las bases e instalaciones estadounidenses se han enfrentado a crecientes ataques de grupos de resistencia regionales. Desde noviembre de 2023, soldados e instalaciones estadounidenses se han enfrentado a 102 ataques con grandes daños y bajas, lo que refleja la creciente oposición a la ocupación estadounidense de tierras sirias.

Más recientemente, el éxito de la diplomacia rusa y los movimientos hacia la reconciliación sirio-turca pueden obligar a EEUU a elegir entre la confrontación o la retirada.

El futuro de la participación estadounidense en Siria

Las próximas elecciones presidenciales estadounidenses también podrían influir en el futuro de la implicación estadounidense en Siria. Si la actual administración consigue negociar un acuerdo regional de alto el fuego -y declara un serio interés en volver al acuerdo nuclear iraní-, podría optar por retirar las tropas de Siria para reforzar el apoyo demócrata. Por el contrario, si Trump vuelve al poder, un posible entendimiento con Rusia podría acelerar la salida estadounidense tanto de Ucrania como de Siria.

Desde 2015, las sucesivas administraciones estadounidenses no han proporcionado una cifra clara y coherente sobre la presencia total de tropas estadounidenses en Siria. Sin embargo, las estimaciones indican que aproximadamente 3.000 soldados están estacionados en varias bases en las provincias de Hasakah, Deir Ezzor, al oeste del Éufrates, y a lo largo de la frontera sirio-iraquí.

Los despliegues de tropas forman un «anillo» estratégico en torno a los recursos críticos de petróleo y gas de la región, que constituyen la mayor parte de la riqueza subterránea de Siria. La concentración de bases estadounidenses en estas zonas revela su importancia para asegurar los recursos energéticos y mantener el control sobre las rutas de transporte de estos productos.

Garantizar la energía y la soberanía de Siria

La base de Rmeilan, situada en la campiña nororiental de Hasakah, fue el primer puesto militar estadounidense en Siria. Alberga a unos 500 efectivos cuya misión principal es salvaguardar las instalaciones petrolíferas de la región. La zona incluye unos 1.300 pozos petrolíferos, que producían entre 120.000 y 150.000 barriles diarios antes de 2011 y unos dos millones de metros cúbicos de gas.

La base de Al-Shaddadi, situada al sureste de la ciudad del mismo nombre, ocupa una posición estratégica cerca de las reservas de petróleo más importantes de la región. En sus inmediaciones se encuentra el yacimiento de Al-Gypsa, que contiene unos 500 pozos petrolíferos, lo que lo convierte en el segundo mayor yacimiento de petróleo de Al-Hasakah. La base también abarca la planta de gas de Al-Shadadi, lo que subraya aún más su papel fundamental en el control de los recursos energéticos de Siria.

La base del campo de Al-Omari en Deir Ezzor es la mayor y más crucial base estadounidense en Siria y está situada en el campo petrolífero de Al-Omari, que producía hasta 80.000 barriles diarios antes de 2011. Esta base, junto con otras como el campo de Conoco, Tal Baydar, Life Stone, Qasrak, Himos y Al-Tanf, garantiza el dominio estadounidense sobre el terreno más vital y rico en recursos de Siria.

La presencia militar estadounidense en el noreste de Siria es un despliegue estratégico con implicaciones de largo alcance. Aunque ha servido a los objetivos de Washington de contrarrestar la influencia iraní, asegurar los intereses israelíes, esquilmar la economía siria y mantener la hegemonía estadounidense en todo el Levante y el Golfo Pérsico, las tropas estadounidenses se enfrentan ahora a la amenaza de ataques diarios.

La resistencia a la presencia estadounidense procede actualmente de las tribus árabes locales y del Eje de Resistencia de la región, pero la dinámica regional en constante cambio y los posibles cambios postelectorales en la política exterior estadounidense pueden ampliar la oposición de estas fuerzas y forzar finalmente la retirada estadounidense de Siria.

Sin embargo, mientras EEUU siga considerando valiosa su presencia en la región, es probable que mantenga sus bases militares y persiga sus objetivos estratégicos en Siria en un futuro previsible.

The Cradle

Tomado de La Haine

Més informació

Desde meter en prisión preventiva a Mario Conde –presidente de uno de los grandes bancos, inversor y amiguete de Pedro J. Ramírez y prestamista del rey Juan Carlos, nada menos– a acabar su carrera judicial cometiendo un error de principiante y viéndose obligado a dar carpetazo al caso Tsunami con el que pretendía impedir la aplicación de la ley de amnistía. La carrera de Manuel García Castellón ha sido amplia y polémica, que es a lo que se puede aspirar en la Audiencia Nacional, pero han sido los últimos años los que han marcado su trayectoria. Pocos jueces, si acaso un puñado, han intervenido en asuntos políticos con tanta intensidad como él.

Hizo lo que pudo y el Partido Popular nunca lo olvidará.

Este lunes, el BOE publicó su jubilación forzosa unos pocos meses antes de cumplir 72 años. No le era posible obtener otra prórroga. Es indudable que se ocupó de casos de gran trascendencia política y que sus decisiones complacieron al PP o le dejaron muy aliviado. Sin García Castellón, todo habría sido peor para el partido. Tampoco se puede negar que el magistrado salió beneficiado.

Después de su primera etapa en la Audiencia Nacional, que duró cinco años, obtuvo uno de los premios gordos de la carrera. El Gobierno de José María Aznar le envió a París como juez de enlace con las autoridades francesas. Un chollo, como ser obispo de Mondoñedo. Poco trabajo y gran sueldo. Actualmente, ese puesto cuenta con un salario anual de 130.000 euros. Para entendernos, es un poco más que los 127.000 euros que cobran los presidentes de sala del Tribunal Supremo y los 124.000 euros de los magistrados de ese tribunal, lo que podríamos llamar la élite judicial.

El Gobierno de Mariano Rajoy cumplió con lo que le tocaba. Sin que se conociera su dominio de idiomas, pasó de París a Roma. En total, 17 años fuera de España. Todo lo bueno se acaba. Tuvo que regresar a su antiguo puesto, donde instrucciones judiciales que afectaban directamente al PP podían tener un gran impacto político y –esto es lo más importante– el juez sustituto estaba poniendo nervioso al partido. García Castellón se vio obligado a poner fin a sus 'vacaciones en Roma'.

Los casos de Púnica y Lezo perseguían a los nombres más altos de la cúpula del partido en Madrid. Llegaron a estar imputados cuatro expresidentes madrileños: Esperanza Aguirre, Alberto Ruiz-Gallardón, Cristina Cifuentes e Ignacio González. Sólo el último fue procesado. Su juicio aún no se ha celebrado en uno de esos puntos característicos de la justicia española: los casos se eternizan en el juzgado cuando ya hay poco más que investigar. Para cuando se celebra el juicio, los efectos políticos inmediatos están más que diluidos.

Algunas frases de los fiscales anticorrupción dejaron patente el 'modus operandi' del juez. Nunca es tarde para cambiar de opinión. Sus resoluciones eran “contradictorias con todos los precedentes que sobre estos pagos de corrupción ya había valorado previamente como existentes y sólidos”, dijeron en una ocasión. De esta manera, un caso de corrupción va perdiendo capas y se queda desnudo.

La lista de agradecimientos por sus decisiones es larga y en ella figura de forma especial María Dolores Cospedal. Los audios de sus numerosas reuniones con el comisario Villarejo revelaban que ambos mantenían relaciones comerciales –el marido de Cospedal pidió al policía que fuera “baratito”, porque “estamos tiesos”–, lo que colocaba a la secretaria general del PP en una posición delicada. Sólo en teoría, porque García Castellón no lo vio como algo sospechoso. A fin de cuentas, Cospedal negó cualquier pago. “No se le llegó a pagar ningún dinero” a Villarejo, dijo. ¿Cómo no iba a creerla el juez?

En relación a la posibilidad de que Rajoy y Cospedal se vieran implicados en el caso Kitchen, los fiscales anticorrupción se quejaron de que García Castellón había establecido una barrera infranqueable: “Hay una rotunda negativa a seguir investigando en esa dirección, como si se hubiera establecido un cordón o inaceptable línea roja que no se pudiera traspasar en la investigación”. Más que cordón o línea, fue un auténtico muro.

Con Podemos, no hubo tantos miramientos, más bien lo contrario. Una denuncia de una asesora de Pablo Iglesias a la que le habían robado el móvil fue convenientemente digerida por el juez y convertida en una investigación al propio líder de Podemos hasta que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le ordenó parar. Lo que no hizo.

Su principal objetivo era implicar al partido en pagos secretos procedentes de Venezuela. La mecánica se repitió con frecuencia. La instrucción era secreta, pero eso no impedía que acabara filtrándose a varios medios de comunicación en los que aparecía en forma de titulares alarmantes o valiosos minutos de televisión.

En el plano judicial, todo quedó en nada. Dos años de instrucción sin imputados ni juicios, donde era posible que el juez ordenara a la policía que investigara cuentas bancarias de personas que ni siquiera estaban siendo investigadas. Si a alguien le parece que fue una investigación prospectiva, lo que sería ilegal, no hay que persignarse ante tal osadía, porque eso fue precisamente lo que terminó diciendo la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Cuando Aznar dijo aquello de que “el que pueda hacer, que haga”, en realidad García Castellón ya llevaba mucho tiempo haciendo cosas. Su final de fiesta estuvo a la altura de lo que se esperaba de él. La investigación de Tsunami y las protestas contra la sentencia del juicio del procés pasó a ser uno de los mayores obstáculos de la aplicación de la ley de amnistía. Después de varios años de instrucción, García Castellón descubrió de improviso que estaba ante un caso de terrorismo, con lo que Carles Puigdemont se quedaría sin amnistía.

Ahí fue donde el juzgado de García Castellón se estrelló contra un muro mientras conducía a la máxima velocidad. La Audiencia Nacional anuló toda su instrucción desde julio de 2021 porque el juez había prorrogado la investigación del caso fuera del plazo permitido. El magistrado tuvo que tirar la toalla, no sin antes dejar clavada la bandera sobre la trinchera que debía abandonar. Afirmó en el auto de archivo del caso que las diligencias anuladas “apuntaban de manera inequívoca a la comisión de hechos susceptibles de ser calificados como un delito de terrorismo”.

Era como un brindis al sol o escupir al viento, pero al menos serviría para nutrir los editoriales de aquellos agradecidos por el apoyo de García Castellón a su causa ideológica.

Su labor ha sido impagable en el sentido más literal del término. No hay dinero para pagar tantos servicios al Partido Popular y además sería totalmente ilegal. Los adversarios del PP siempre llevaron una diana pintada en el pecho según entraban en el juzgado número seis de la Audiencia Nacional.

Quizá todo fue una casualidad, quizá era un juez muy malo o quizá haya que buscar la explicación en las palabras del propio magistrado para entender su gestión tras su regreso a España. “¿Por qué dicen 'lawfare' cuando están acusando a los jueces de prevaricación?”.

El Diario

Santiago González Vallejo
Comité de Solidaridad con la Causa Árabe

Marruecos está embarcado en unos ambiciosos proyectos de extender líneas ferroviarias tanto de alta velocidad como convencionales que amplíen la oferta de movilidad ferroviaria a la mayoría de sus habitantes.

También en que su acción política esté regida por la apropiación del Sahara Occidental, sin pasar por el referéndum de autodeterminación saharaui con el que se comprometió ante las Naciones Unidas.

En lo que respecta a esto último, su prioridad de apropiación del Sáhara y la normalización de su conquista le hizo cambiar su política tradicional con relación a Palestina. Marruecos pasó de apoyar el Plan de Paz Saudí, 'paz por territorios', a formar parte de los Acuerdos de Abraham, diseñados por el entonces presidente estadounidense Trump y su sionista cuñado, Jared Kushner, que implicaban el reconocimiento de Israel sin más y sin limitar siquiera la extensión de asentamientos en territorios ocupados por Israel.

De hecho, el reconocimiento de este Israel supone un cheque en blanco a la política expansionista y colonizadora israelí frente a los palestinos. Israel no tiene definidas sus fronteras y ni siquiera reconoce las de la Partición de las Naciones Unidas de 1947, ni las del armisticio anterior a 1967. Pero hay que admitir que Marruecos, aliado de Estados Unidos en diferentes frentes y con relaciones subterráneas previas con Israel, hizo un dos por uno y consiguió normalizar las relaciones con el ocupante Estado de Israel a cambio de que éste y Estados Unidos reconocieran la soberanía del reino de Marruecos sobre el territorio del Sáhara Occidental, en contra del respeto al derecho internacional y de las decisiones de las Naciones Unidas.

Mohamed VI, rey de Marruecos, emir de los creyentes, presidente del Comité Al Quds/ Jerusalén, gobernante absoluto de áreas relevantes del país, como exterior y defensa, y empresario y comisionista al que no se le escapa una en sus negocios dentro del reino, ya con el establecimiento de relaciones con Israel, compra armas y tiene instructores de Israel, la tecnología de espionaje Pegasus, para espiar dentro y fuera de su reino (incluyendo el Reino de España o las instituciones europeas), mientras da caridad a los palestinos para intentar ocultar sus contradicciones al tiempo que mete en prisión a los disidentes saharauis.

Dada su identificación con la conquista y colonización del Sáhara frente al derecho internacional, se utilizan los presupuestos del reino marroquí y sus inversiones necesitadas de proveedores externos para bascular la elección entre unas empresas de unos países u otros, para influir en los gobiernos donde residen las sedes de esas multinacionales. De pronto, esos gobiernos se hacen dúctiles a las prioridades políticas (y coloniales) estratégicas o económicas del rey y empresario Mohamed VI, desde IKEA a los acuerdos comerciales de la UE. Pero intentando la invisibilidad de la causa y efecto.

En esta vorágine de estar en todo, hay un pequeño desliz de Mohamed VI y su corte majzen que muestra la rotura de las costuras. Esto alimentará el abandono de su imagen formalmente propalestina, deteriorada tras el atraque de un buque militar israelí en Tánger hace unas semanas. Veremos si intentan censurar la información y encarcelar a la prensa respondona.

Así, en el caso del concurso de ingeniería ferroviaria, suponiendo que las ofertas técnicas eran similares, la Oficina Nacional de Ferrocarriles (ONCF) tenía que formalmente decantarse por una u otra oferta empresarial, Egis Rail (Francia) o INECO (España), pero especulamos que, como en otras ocasiones, ha habido una decisión regia. Días antes de hacerse público el ganador (y había habido retraso en la resolución de ese concurso), el presidente de la República francesa Emmanuel Macron, liberal, había mandado una carta al rey de Marruecos, decantando a Francia como partidaria de la 'autonomía' que el Reino de Marruecos dice ofrecer al territorio conquistado e invadido del Sáhara: "es la única base para lograr una solución".

Un paso más allá del ofrecido unilateralmente por el presidente del gobierno de España, el socialista Pedro Sánchez que, sin contar con las Cortes o el conjunto del gobierno, había mandado una carta secreta a Mohamed VI diciendo que la 'autonomía' ofrecida por su Majestad marroquí era "la base más seria, creíble y realista para la resolución de este diferendo".

Tenemos, pues, la prioridad que rige la política marroquí: el vasallaje de gobernantes socialistas y liberales de países europeos que siguen haciendo gala de planteamientos coloniales, decidiendo por poblaciones autóctonas cual debe ser su destino; y unos contratos de ingeniería y después de material ferroviario, construcción, etc. a distribuirse por relevantes multinacionales.

El fleco que empaña esos enjuagues, dado que la opinión y voluntad de los saharauis para los gobernantes de los países mencionados carece de importancia, es el asunto ferroviario y la empresa elegida, en esta ocasión, Egis.

Egis Rail está incluida en la Base de Datos de las Naciones Unidas, desde 2020 y ratificada en el año 2023 como una de las empresas participante a título lucrativo en la ocupación y colonización de Palestina. Fue seleccionada por las autoridades de ocupación israelí como consultora para el tren ligero de Jerusalén en 1999. En 2007, ganó un contrato de 11,9 millones de euros para el Plan Maestro de Transporte de Jerusalén (JTMT) para ayudar en la construcción y expansión del proyecto del tren ligero en Jerusalén, actividad que continúa ejerciendo, conectando los barrios de los asentamientos israelíes entre sí en Territorio Ocupado Palestino y con zonas consideradas israelíes.

Hay diferentes resoluciones de las Naciones Unidas, opiniones de la Corte Internacional de Justicia y las Convenciones de Ginebra que consideran un crimen facilitar la transferencia de población de la potencia ocupante a territorio ocupado y expulsar a la autóctona, palestina. El presidente del Comité Al Quds no estuvo atento, otro día más, de las lecciones de derecho internacional.

INECO, empresa de ingeniería pública española, también participó en esas labores de ingeniería. En agosto de 2016, ganó un concurso para la planificación e ingeniería de los imprescindibles túneles de la Línea Azul del Metro Ligero de Jerusalén. El trazado previsto de la Línea Azul pasa del asentamiento de Gilo, en el suroeste de Jerusalén Este, a través del centro de la ciudad, hasta el asentamiento de Ramot, en el norte de Jerusalén Este, todos territorios ocupados palestinos. Según contestaciones a preguntas parlamentarias, que no hemos podido contrastar, lo hizo sólo en zonas consideradas como israelíes.

De paso diremos que, en esas líneas de tren ligero, en la gestión y ampliación de las líneas Roja y Verde, participa la empresa española CAF. COMSA licitó y ganó en la Línea Azul. Que tengamos noticias, los gobiernos europeos no han sancionado a ninguna empresa que se lucra con la ocupación y colonización israelí, como sí ha hecho con las rusas por su apoyo a la invasión de Ucrania. Al contrario, las promueven, como hace el ministro Carlos Cuerpo con CAF o Macron con Egis y Alstom, empresas francesas en la Base de Datos de las Naciones Unidas.

Todos, Macron, Sánchez y Mohamed VI están en contra verbalmente de la ocupación y colonización de Palestina, pero no de la del Sáhara, a pesar de lo establecido por el derecho internacional. Las empresas que ayudan en la colonización y se lucran con ella campan por sus respetos ante el cinismo y complicidad de sus avalistas.

La sociedad civil, los defensores de derechos humanos y los internacionalistas, además de pedir boicots, sanciones y desinversiones a las empresas delincuentes, debemos exigir coherencia a todas las instituciones locales, regionales y nacionales que tienen capacidad de dictar criterios sostenibles en las compras públicas. Debemos señalar la responsabilidad de nuestros gobiernos y, si es necesario, cambiar democráticamente sus políticas y su proximidad a determinadas multinacionales delincuentes.

Público