Tortuga Antimilitar

Gabriela Sánchez

Tenía 15 años cuando Ludovic N. trató de llegar a Ceuta en el fatídico intento de entrada respondido por la Guardia Civil con botes de humo y pelotas de goma en 2014. Rodeado de gritos y disparos de material antidisturbios, llegó a la playa ceutí agarrándose con una mano al espigón fronterizo, fatigado por el gas lacrimógeno difícil de esquivar y dolorido por los golpes que dice haber recibido antes de su devolución en caliente. Había visto y sufrido los hechos que durante años fueron investigados por los tribunales pero, aunque fue uno de los testigos incluidos por la acusación popular en el caso Tarajal, nunca fue escuchado.

10 años después de la muerte de sus 14 compañeros, tras chocarse con numerosas trabas que le impidieron prestar testimonio, este joven camerunés ha decidido ir más allá y denunciar a España ante el Comité contra la Tortura de la ONU con el apoyo del European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR). La queja, tramitada como una “comunicación individual”, de Ludovic N. ante el organismo internacional señala los supuestos malos tratos sufridos, su expulsión en caliente a Marruecos, así como una presunta falta de investigación “pronta e imparcial de su caso”.

“Ha pasado una década y todavía no hay responsables por la muerte y las lesiones de tantas personas. La violencia de aquel día en la frontera continuó en los tribunales, donde tampoco se nos trató como a seres humanos”, denuncia Ludovic N en un vídeo grabado por ECCHR. “Me parece muy lamentable que el procedimiento no tuvieran en cuenta las perspectivas de las personas que vivimos esta situación y que los que eran los actores principales no puedan compartir su perspectiva”, añade el joven, quien ahora vive en Alemania.

La queja de Ludovic N. apunta a que, en una instrucción de ocho años, “le ha sido denegado su derecho, como víctima, a ser escuchado, lo cual es un claro síntoma de la falta de voluntad de las autoridades españolas para llevar a cabo una investigación efectiva” de los hechos. En su escrito, el denunciante -a través de la ECCHR- apunta a la supuesta “parcialidad” del procedimiento judicial a la hora de atender los argumentos de los agentes de la Guardia Civil en contra de la de “los migrantes negros”, así como “la obstrucción a la participación de las víctimas y la omisión de la práctica de diligencias mínimas de investigación”. La organización critica la falta de una serie de pruebas que a su juicio “eran cruciales para aclarar la naturaleza y el carácter del uso de material antidisturbios, la identidad de los fallecidos y la evidencia de lesiones”.

Carsten Gericke, letrado del denunciante, busca obtener del Comité de las Naciones Unidas más presión para reabrir la causa del Tarajal, que nunca llegó a juicio. “La ONU debe insistir en que España reabra su investigación sobre los sucesos del Tarajal y que se ponga fin a la impunidad”.

Odisea judicial

En 2022, el Supremo confirmó el carpetazo de la causa que investigaba la muerte de 14 personas en las aguas fronterizas de Ceuta en febrero de 2014. El Tribunal, al rechazar los recursos de casación, ratificó el cierre concluido por la Audiencia Provincial de Cádiz tras un largo procedimiento, caracterizado por una sucesión de archivos de los juzgados ceutíes y reaperturas ordenadas por la instancia superior que llegó a imputar a 16 guardias civiles y ordenar la apertura de juicio oral. Hasta que en 2020 los magistrados de este tribunal concluyeron que el operativo de la Guardia Civil, que disparó pelotas de goma y botes humo cerca de donde nadaban los inmigrantes, se realizó “con la utilización de medios de control de masas de forma adecuada y proporcional a las circunstancias del caso”.

La Audiencia descartó acusar de homicidio imprudente a todos los agentes imputados por una posible mala actuación de alguno de los miembros del Instituto Armado. “Sería descabellado atribuir a todos y cada uno” de los guardias civiles imputados, “la responsabilidad criminal por alguna hipotética desviación de algún miembro del grupo más descuidado o incluso malintencionado”.

Ludovic N. fue uno de los tres testigos aportados por la acusación popular a la causa. En enero de 2018, la entonces al frente de la investigación, Macarena García Recio, decretó el segundo archivo del caso sin haber solicitado la declaración de ninguno de los supervivientes. El camerunés que ahora denuncia los hechos ante la ONU había sido localizados en Alemania junto a otro chico por la asociación la organización Observatori DESC y ambos estaban dispuestos a declarar desde el país donde vivían a través de videoconferencia en sede judicial -algo habitual-, pero el juzgado ceuta descartó su comparecencia apelando a la “situación irregular” de los testigos en Europa.

No obstante, la Audiencia Provincial de Cádiz reabrió el caso en 2018 y cuestionó su cierre sin antes haber escuchado a los supervivientes, “Descarta la práctica de la prueba testifical, sin haberse realizado el más mínimo intento de oír a los testigos propuestos y admitidos”, cuestionaron los jueces entonces. En 2019, por primera vez el juzgado escuchó a L. A y H. K, en Berlín y Madrid respectivamente. Pero Ludovic, aunque estaba citado, nunca pudo contar lo que vio y vivió el día de los hechos. Por un “fallo técnico” no se pudo realizar la declaración y, explican desde ECCHR, “sin dar más explicaciones nunca se aceptó que volvieran a citarle a prestar su declaración a pesar de las peticiones de las ONG personadas en la causa”.

“Para mí es doloroso volver a hablar y revivir aquella situación e intentar describirla. Y que esto no se tome en consideración me parece muy desastroso. La perspectiva de los que mataron, de los que golpearon, de los que lanzaron gases lacrimógenos sí cuenta. Y, al mismo tiempo, la perspectiva de los que sufrieron eso no se valora”, lamenta el denunciante. Desde Camerún, los progenitores de seis de las víctimas de Tarajal solicitaron en varias ocasiones personarse en la causa como acusación particular, pero se encontraron con diversas trabas que lo impidieron hasta el final del procedimiento.

“A pesar de su condición de víctima y testigo, a Ludovic N. no se le notificó esta decisión de las autoridades españolas, que sistemáticamente pusieron trabas a su participación en los procedimientos judiciales españoles y le denegaron sus derechos como víctima que deberían haber estado a su disposición en virtud de la legislación española. A Ludovic N. se le impidió interponer recurso alguno dentro de los plazos pertinentes, incluyendo el recurso de amparo ante Tribunal Constitucional. Frente a la imposibilidad de impugnar el archivo definitivo de la instrucción judicial ante instancias españolas, Ludovic N. recurre ahora al Comité contra la Tortura de la ONU”, cuestionan desde ECCHR.

Más allá del caso de Ludovic N., en 2022 otra parte de las acusaciones populares (Coordinadora de Barrios, CEAR y APDHE) y algunas de las familias de las víctimas presentaron dos recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional, centrados en el derecho a la vida y en la falta de investigación efectiva relativa a los fallecidos, que fueron admitidos a trámite.

Fuente: https://www.eldiario.es/desalambre/...

Si el acto hubiera sido contra la invasión rusa de Ucrania (o para loar a las fuerzas armadas o la policía), otro gallo hubiera cantado. Nota de Tortuga.

El Gobierno de PP y Vox en Castilla y León prohíbe un concierto por la paz en Gaza por su “connotación política”

Estaba previsto que el conservatorio acogiera este concierto por el Día de la Paz, centrado en Gaza por el impacto de la guerra sobre la población civil, especialmente los niños.

Alba Camazón

La Junta de Castilla y León no ha autorizado un concierto por la paz en Gaza que organizaba la federación de AMPAS de Palencia por su “connotación política”. El delegado territorial de la Junta de Castilla y León, José Antonio Rubio Mielgo, ha justificado esta decisión porque el acto se organizaba en el conservatorio de música de Palencia, un “centro educativo”, donde “no se autorizan actos que tengan connotación política”. “En este caso había connotaciones políticas y por eso no se autorizan en un centro educativo”, ha explicado.

La Federación Provincial AMPAs de Centros Públicos de Palencia (FAPA) ha denunciado que la Junta de Castilla y León no ha autorizado el Concierto por la paz en Gaza que iba a celebrarse este martes 30 de enero en el Conservatorio de Palencia. La presidenta de la FAPA, Satur Jiménez, explica a este diario que ese permiso —inicialmente concedido— se retiró el viernes.

El espacio previsto tiene un aforo máximo de 300 personas, y desde la organización calculan que podrían asistir como mucho 200 personas. Se trataba de un acto gratuito y sin afán recaudatorio, sino a favor de la paz y no violencia.

Jiménez asegura que habían decidido centrar el concierto por el Día de la Paz que se celebra este martes en Gaza por la guerra y el impacto que está teniendo en la población civil, especialmente en los niños. Estaba previsto realizar una presentación sobre el Día de la Paz y la guerra en Gaza, tres o cuatro niños del conservatorio iban a tocar unas piezas, se emitiría parte del concierto de la Filarmónica de Berlín y otros tres o cuatro niños iban a leer unas poesías sobre la no violencia. “Era una actividad más relacionada con el Día de la Paz”, afirma Jiménez, que asegura que están trabajando por realizar el concierto en otro sitio y en otro día.

La FAPA defiende que se les informó el pasado viernes de que carecían de la autorización necesaria para organizar el concierto este martes. “Estuvimos trabajando para hacerlo en otro sitio hasta ayer, cuando avisamos de que lo suspendíamos, porque organizarlo en un fin de semana es muy complicado”, apunta la presidenta de la federación de AMPAS.

Esta cancelación del acto se produce después de un año en el que el mundo de la cultura ha denunciado diferentes casos de censura. En diciembre el Ayuntamiento de Quintanar de la Orden, en Toledo, censuró la obra Qué difícil es porque los actores salían en ropa interior y no era “del gusto del público”. El Ayuntamiento de Valdemorillo (Madrid) canceló también una representación de Orlando de Virginia Woolf por “ajustes de presupuesto”, al igual que el consistorio de Briviesca (Burgos), donde se canceló El mar. Visión de unos niños que no lo han visto nunca, una obra que recordaba al maestro republicano represaliado Antoni Benaiges, que dio clase en una pequeña escuela rural a cinco kilómetros de Briviesca.

El Diario

Tratan de ocultar que el holocausto judío de ayer es el holocausto palestino de hoy.

Mundo Obrero Redacción

Alicante ha conmemorado este lunes el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Como todos los años un acto ha recordado a las personas que sufrieron la barbarie nazi coincidiendo con el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto que se conmemora el 27 de enero, fecha de la liberación en 1945 del campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau, por lo que la Asamblea General de las Naciones Unidas fijó ese día para recordar a todas las víctimas.

A dicho evento, Manolo Copé, concejal de Esquerra Unida-Podem Alacant ha acudido con una camiseta solidaria con Palestina, lo que le ha valido que al finalizar el acto fuera “vetado” de la foto oficial. Según relata en un comunicado público, Copé ha querido rendir homenaje a los más de 6.000.000 millones de judíos asesinados mientras ha denunciado, “la vulneración de derechos humanos que el gobierno de Israel está llevando a cabo en Palestina”.

Para el concejal de Esquerra Unida-Podem en el Ayuntamiento de Alicante “las víctimas del Holocausto merecen respeto y reparación, pero nunca puede ser esto una excusa para la crueldad que está ejerciendo el estado de Israel contra el pueblo palestino”.

Según prosigue el comunicado, tras el acto “Manuel Villar, teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Alicante, le ha prohibido a Manolo Copé aparecer en la foto oficial por su indumentaria, mientras que el grupo de ultra derecha VOX, que ha negado en repetidas ocasiones el Holocausto, ha sido invitado a fotografiarse”.

Copé ha declarado que “la comunidad judía de Alicante ha vetado mi presencia en la foto oficial de la conmemoración del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto por llevar una camiseta en apoyo al pueblo palestino. Pero les parece bien la presencia de VOX que niega el holocausto. El teniente de alcalde debería haber presionado para que todos lo portavoces municipales pudiéramos haber estado en la foto oficial, ha denunciado.

Fuente: https://mundoobrero.es/2024/01/30/v...

Javier Lezaola

El Gobierno de Pedro Sánchez adjudicó el pasado día 15 de este mes de enero un contrato de 4,5 millones de euros a la empresa israelí ELBIT Systems, que vende sus armas como “testadas en combate” en la Franja de Gaza, donde Israel ha matado ya desde el pasado 7 de octubre a más de 25.000 palestinos, dos tercios de los cuales eran mujeres y niños.

El contrato, de 4,5 millones de euros —3,72 millones de euros descontando impuestos— y adjudicado concretamente por el Ministerio de Defensa —que dirige Margarita Robles—, es de “mantenimiento y adquisición de repuestos de los repuestos de los sistemas de radioenlace” y su plazo de ejecución es del 9 de noviembre del pasado año 2023 al 31 de diciembre de 2026.

La RESCOP (Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina) ha criticado este jueves, en su perfil de la red social X, la adjudicación de ese contrato y ha denunciado que el Gobierno de Sánchez está “intentando lavar su imagen” cuando dice que ha “bloqueado” la venta de armas al Estado sionista de Israel, así como “tergiversando el concepto de embargo”.

“Un embargo es una decisión del Gobierno” que equivale a “una sanción formal”, no a “posponer una exportación hasta cuando sea más conveniente mediáticamente”, ha advertido la Red Solidaria, que ha insistido en la necesidad de “aplicar un embargo de armas a Israel como se hizo a la Sudáfrica del apartheid”.

La RESCOP ha celebrado que, gracias a “la presión de la sociedad civil”, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, haya dicho que “se ha suspendido la venta de armas a Israel desde el 7 de octubre”, pero ha recordado que “la suspensión temporal de la exportación de armas ha sido una decisión tomada anteriormente por otros gobiernos españoles” y ha insistido en que la campaña #StopArmasConIsrael —puesta en marcha por 375 organizaciones— no pide eso, sino “el fin del comercio de armas”, incluida la “compra y venta” de municiones y productos, componentes y servicios relacionados con el mantenimiento y modernización de las armas.

En este sentido, la Red Solidaria ha recordado que los gobiernos españoles “siempre” han comprado a Israel más armas de las que le ha vendido y ha insistido en que contratos como el adjudicado el pasado día 15 a ELBIT Systems “abaratan y financian los ataques de Israel sobre población civil palestina”.

Fuente: https://diariored.canalred.tv/actua...

Ojo con el artículo, que tiene sesgo pro OTAN. Nota de Tortuga.

Los cazas de combate del Ejército del Aire participarán en 2024 en dos misiones de la OTAN de policía aérea ante las irrupciones de aviones militares de Rusia

Gonzalo Araluce

España enviará de nuevo sus cazas de combate para hacer frente a la amenaza que suponen las continuas irrupciones de aviones militares de Rusia en el espacio aéreo de la OTAN incumpliendo las normas internacionales de vuelo. Los despliegues militares previstos para 2024 tendrán Lituania y Rumanía como escenarios principales, donde además de estas aeronaves se incorporará -en ambos casos- un avión de reabastecimiento en vuelo.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, anunció este jueves en la Comisión del ramo en el Congreso de los Diputados que el Ejército del Aire y del Espacio participará en 2024 en dos en misiones de policía aérea de la OTAN; una en Lituania y otra en Rumanía. Cada una de ellas, como es habitual en estos despliegues, tendrá una duración de cuatro meses.

El desarrollo de estas misiones requerirá la participación de ocho cazas de combate en cada una de ellas, si bien no se ha especificado las unidades participantes o el modelo de aeronave correspondiente -Eurofighter o F-18-. Además se enviará a cada una de ellas un avión de reabastecimiento en vuelo por un periodo de un mes. En despliegues anteriores se habilitó un A400M para el desempeño de estas funciones.

Así, los cazas de combate españoles tendrán un año más un protagonismo destacado en las capacidades de defensa aérea de la OTAN en regiones particularmente sensibles: en los bálticos -en esta ocasión, en Lituania- por la frecuencia con la que las fuerzas aéreas de Vladimir Putin vuelan rumbo a Kaliningrado sin cumplir con la normativa de vuelo internacional; y en Rumanía, ante las constantes violaciones del espacio aéreo por parte de aviones que sobrevuelan el Mar Negro, especialmente a partir de los acontecimientos que se viven en Ucrania.

La ministra de Defensa recordó este jueves que España contó con el despliegue del Destacamento Aerotáctico (DAT) Viespe en Borcea-Fetesti (Rumanía) desde el 1 de diciembre de 2022 hasta el 9 de junio de 2023, con dos rotaciones formadas por ocho F-18 y 78 efectivos, y siete F-18 y 133 efectivos, respectivamente, que realizaron un total de 281 misiones, en su mayoría relacionadas con su principal función de defensa aérea Quick Reaction Alert (QRA).

Igualmente, entre el 1 de agosto y el 30 de noviembre se desplegó el Destacamento Aerotáctico Ambar en la Base de Amari (Estonia), compuesta por ocho Eurofighter EF-200, un A400M de reabastecimiento desde el 15 de agosto al 15 de septiembre, y 134 efectivos, realizando un total de 269 misiones, incluidas algunas conjuntas con Alemania, como contó Vozpópuli.

Los vuelos de Rusia

"Proporcionar la misma protección a todos sus países miembros es una medida importante para demostrar la solidaridad, la determinación y la defensa colectiva de la Alianza, no sólo a los miembros actuales, sino también a nuestras naciones asociadas y a los futuros miembros potenciales", destaca el Estado Mayor de la Defensa (EMAD) en relación con estos despliegues relacionados con funciones de policía aérea en la OTAN.

Y añade, en relación con los despliegues aéreos en los países bálticos: "Los aviones de combate asignados a la misión de policía aérea de la OTAN en el Báltico se lanzan a menudo para identificar visualmente los aviones de la Fuerza Aérea de la Federación de Rusia. Una gran proporción de la actividad de vuelo de la Fuerza Aérea de la Federación de Rusia se debe a la situación geográfica del enclave ruso de Kaliningrado; las aeronaves de la Fuerza Aérea de la Federación de Rusia vuelan regularmente desde el territorio continental de Rusia a Kaliningrado y viceversa. A menudo se acercan o vuelan cerca del espacio aéreo de la OTAN sin utilizar transpondedores, sin comunicarse con el Control de Tráfico Aéreo o sin haber presentado un plan de vuelo".

Cuando se dan estos episodios, los cazas de combate españoles despegan en alfa scramble, una maniobra que les permite interceptar en menos de 15 minutos las aeronaves rusas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue testigo de uno de estos despegues de emergencia mientras daba una rueda de prensa en 2021 en la base aérea de Šiauliai, en Lituania.

Fuente: https://www.vozpopuli.com/espana/es...

Juan Carlos Rois
Tortuga

La ministra de defensa ha comparecido en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados para exponer las líneas de la política de defensa para este año.
Por desgracia, no contamos aún con la transcripción de su comparecencia, pues la página web del Congreso aún no ha colgado la sesión del día 25 de enero, pero sí con la grabación en video de dicha comisión (para quienes tengan que purgar alguna culpa o no puedan refrenar otros impulsos masoquistas, pueden encontrarla pinchando aquí). Se pueden saltar los seis primeros minutos en los que están los diputados saludándose y sentándose en sus pupitres.

En general no aporta mucha novedad sobre su retórico discurso de siempre, poro nos permite leer entre líneas la confirmación del refuerzo militarista de las políticas españolas.

• 1. Más aumento del gasto militar reconocido.

Por lo que se refiere al gasto militar, reconoce que el presupuesto del ministerio de defensa subirá un poco, al 1,35 del PIB, desde el 1,24 (0,11 puntos porcentuales).
Es de destacar que Robles afirmó que en 2023 el presupuesto del Ministerio de Defensa en 2023 fue de 12.825 millones de euros, lo que representó, según ella, el 1,24 del PIB.

Tal afirmación tiene un triple comentario.

Uno, que lo aprobado y reconocido por el Gobierno para 2023 fueron 12.825 millones de euros de gasto aprobado, pero no incluía los presupuestos ni de las clases pasivas, ni de los organismos autónomos militares ni, tampoco, de las partidas de gasto militar repartidas entre los distintos ministerios, ni las partidas que anualmente aumenta el gasto militar reconocido mediante créditos extraordinarios y uso del fondo de contingencia, ni las imputaciones a deuda y pagos plurianuales que los Presupuestos Generales del Estado contemplan.

Dos, que calculados sobre los 12.825 millones, el aumento de 0,11 puntos porcentuales alcanzará al menos a 13.963 millones de euros sin contemplar las otras partidas disfrazadas de gasto militar que, como hemos explicado en otras ocasiones, aumentan en más de 2,7 veces el gasto presupuestado en el ministerio de Defensa.
La evolución del gasto de defensa reconocido desde 1997 hasta 2024 (uno de los componentes del gasto militar español) será como se ve en el cuadro siguiente en escala creciente y ascendente, muy empinada desde mediados de 2028 en que el PSOE arrebató el poder al PP para hacer la misma política militar de siempre.

Tres. Esta cantidad no tiene en cuenta que, según los datos que reflejan el «Extracto estadístico mensual de ejecución presupuestaria» referido a noviembre de 2023 (último publicado) del IGAE, la inicial partida de Defensa se ha incrementado por abuso del Fondo de Contingencia y de créditos extraordinarios hasta los 15.250,34 millones contabilizados (2.435,24 millones de euros) destinados principalmente a aumento de inversiones en armas, gastos de personal y gastos por operaciones en el exterior.
Tampoco los espectaculares aumentos de gasto provocados durante el mes de diciembre de 2023 ni los gastos plurianuales, principalmente para programas de armas, autorizados por los sucesivos consejos de ministros en 2023 para 2024 y años posteriores, por más de 15.000 millones de euros.

En todo caso, si aplicamos el aumento del aumento del 0,11% que se pretende hacer sobre el presupuesto del ministerio de defensa sobre la cifra de 15.250 liquidada hasta noviembre según reconoce la IGAE, lo que resultará de aumento efectivo no serán 13.963 millones, sino 16.339,2 millones de gasto militar a presupuestar, con lo que la curva de gasto del gráfico anterior aumentaría mucho más.

¿Hay que preocuparse por este disparatado gasto. La ministra dice que no porque no es un gasto sino una inversión, y además «Esta inversión en defensa -no me cansaré de repetirlo- redunda no solo en esa garantía de nuestra seguridad, protección, libertad y bienestar, sino que actúa como dinamizadora de la economía nacional, impulsando el sector industrial que genera empleo altamente cualificado».

Yo también sueño con unicornios blancos, como la ministra, pero cuando me despierto, lo que es un gasto es un gasto y no una inversión, y un gasto de un elevado coste de oportunidad, constatable en lo que se deja de hacer para costear bienes sociales útiles y deseables, tales como sanidad, educación, prestaciones básicas, seguridad humana, solidaridad internacional, etcétera, no es ninguna inversión en esos bienes a los que se renuncia, sino una opción contra ellos, por mucho que a la mona la vistamos de seda.

• 2.- Refuerzo de la industria militar.

La industria militar, en línea continuista con la política de Robles desde que calienta la silla del ministerio de defensa, será una de las grandes agraciadas de la pedrea militar.
A los programas ya en marcha y las nuevas ampliaciones que el Consejo de Ministros ha aprobado en 2023, se acompaña la construcción de una fragata más y no prevista (comprometida como carmelo electoral por Pedro Sánchez hace unos días con motivo de las elecciones gallegas) y el refuerzo de otras 33 nuevas líneas de apoyo a la industria militar española.

En otro artículo (https://www.grupotortuga.com/El-gob...) hemos detallado la enorme deuda militar contraída por Robles en el nuevo ciclo de rearme español, más de 15.000 millones comprometidos en 2023 a pagar hasta 2037 y a sumar a los más de 36.300 millones que arrastramos de deuda por programas de armas anteriores, deuda de la que es principal beneficiaria la industria militar y el complejo militar industrial.

Deuda que, por la tipología de armamento para el que se ha comprometido, nos sitúa entre los países con amplia capacidad de injerencia militar en otros países y a nuestra política de defensa como una política intervencionista y agresiva que, hasta donde yo sé, no responde a las preferencias de la gente ni ha sido consultada nunca con la sociedad.

• 3. Papel mamporrero de España en el concierto internacional.

En línea con lo anterior, la ministra se ha soltado la siguiente directriz de su política: impulsar el fortalecimiento de la posición de España en el sistema de seguridad internacional, centrado en el liderazgo activo y en la fiabilidad de nuestros compromisos con UE, OTAN y UN y diplomacia de defensa de España en él.
Anuncia el mantenimiento de la política intervencionista de España en los ahora 21 conflictos militares en los que participamos (sin que podamos descartar por mucho que desde el gobierno afirmen lo contrario) la implicación en la agresión militar «ad hoc» de EEUU y sus secuaces contra los yemeníes y cualquier otro tipo de implicación en la explosiva situación de oriente medio y/o Ucrania.

De momento, según la ministra, los mamporreros militares aseguran nuestro papel de actor fiable y confiable de nuestros socios político-militares en la vigente política de refuerzo del statu quo basada en el uso de la fuerza militar, la doble vara de medir y el cinismo y las estrategias de dominación violencia de las estructuras militares de las que somos «aliados».

Lo de siempre, mejor cola de león que cabeza de ratón, de esos matarratones felipegonzalescos que da igual de qué color sean con tal que cacen ratones.

• 4.- Incentivos a la tropa.

La ministra ha agradecido el compromiso del parlamento en dar salidas insolidarias (no lo llama así exactamente) a los soldados de mas de 45 años para que sigan teniendo prebendas que cuando acaba su contrato temporal con el ejército, sin reparar en el agravio comparativo de los civiles que acaban sus contratos temporales sin recibir un trato ni remotamente parecido.

También ha prometido abrir nuevas plazas para la incorporación de más gente al ejército, porque parece que el hecho del gigantismo militar español y su impacto brutal en el presupuesto no importan demasiado, y más becas para militares, junto a programas para «homologar» su «formación» a las titulaciones civiles.

Con este panorama nos espera un año (uno más) de manoseo de la retórica militarista, de participación militar en un reparto del mundo injusto e insolidario, de desfiles por el día de la raza y otros eventos patrios, de compra de armas que no necesitamos y de venta de armamento español a otros pueblos para alimentar el negocio de la guerra, de chorreo de dinero para fortalecer las estructuras militares y el programa de remilitarización global en el que anda embarcado el gobierno, con su ministra a la cabeza y los demás en prieto pelotón de apoyo.

• 5. ¿Y ahora qué?

La próxima parada, al parecer, será la de la aprobación de los presupuestos generales en Marzo.

Mientras tanto seguiremos mirando estupefactos la proliferación de guerras y conflictos ante los que nos han hecho creer que no podemos hacer nada para evitarlos y los que deberían hacer algo demuestran que no tienen ninguna intención de hacerlo mientras obtengan ventajas y no les pase factura tan calculadora posición.

A la espera de una agenda de lucha por la paz contundente y desde abajo que implique de forma amplia a movimientos sociales alternativos y no conformistas y busque generar un nuevo ciclo de movilización amplio, con la meta de la desmilitarización (y no con medias tintas) y la tarea de boicotear y parar la guerra que comienza aquí, seguimos resistiendo como podemos el empuje del militarismo mediante manifestaciones y actos dispersos, objeciones fiscales contra el gasto militar y el compromiso testimonial a la espera de tiempos mejores.

Como decía Casona, los árboles mueren de pie.