Tortuga Antimilitar

Cristina Buhigas

En 1951 se inició el proceso de creación de lo que ahora es la Unión Europea con la pretensión de convertir el continente que había sido el escenario de dos guerras terribles en una especie de Arcadia feliz, en paz, con un respeto absoluto a los derechos humanos y la garantía de un nivel de vida alejado de la pobreza para todos sus ciudadanos, que recorrerían su territorio en libertad. Tres cuartos de siglo después el invento avanza hacia su autodestrucción, armándose para una guerra contra un enemigo incierto por imposición de Estados Unidos, olvidando los derechos más elementales de los seres humanos, especialmente de los inmigrantes, abandonando la lucha contra el cambio climático y sometiéndose a los dictados de las grandes corporaciones industriales y financieras. La firma del tratado entre la UE y Mercosur en Paraguay el próximo sábado 17 de enero es un nuevo paso para convertir aquella ilusión en catástrofe.

“No todo son aranceles, amenazas y malas noticias. Algunos tendemos nuevos puentes y alianzas para forjar una prosperidad compartida”, decía el pasado viernes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez en X, al valorar el acuerdo que acababa de suscribir la UE con Mercosur tras 25 años de negociaciones. Siguiendo su relato habitual, aseguraba que con el acuerdo “las empresas españolas podrán entrar en nuevos mercados, exportar más y generar más empleo” y asumía el tradicional mantra de España como puente entre la UE y Latinoamérica, “esa región hermana y estratégica”. Según el Ministerio de Economía, la firma supone “el compromiso de ambos bloques con el orden internacional basado en reglas, el multilateralismo y la cooperación”. El ejecutivo español trata de oponer la bondad europea a la maldad del actual presidente de EEUU que actúa contra el derecho internacional. El problema es que olvida que Europa se ha comprometido a realizar el mayor gasto en armas de su historia comprándolas precisamente a ese país.

Mercosur lo integran Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay desde 1991, es un mercado de 270 millones de habitantes, que con la UE supondrá la mayor zona de libre comercio del mundo, con más de 700 millones de consumidores y cerca del 25% del PIB mundial. El pacto suprime más del 90% de los aranceles en los intercambios de bienes y servicios con la zona, lo que, según la Comisión Europea, ahorrará a las empresas comunitarias más de 4.000 millones de euros anuales. España realiza el 9% de las exportaciones y el 18% de las importaciones de la UE a Mercosur y es el primer inversor en Uruguay, segundo en Brasil y Argentina y el quinto en Paraguay, superando en total los 100.000 millones de euros en 2023, el 13% de las inversiones españolas directas en el exterior, fundamentalmente en energía, infraestructuras, telecomunicaciones, banca y transporte.

Estos datos parecen augurar un futuro idílico, pero no es así porque las cifras macroeconómicas suelen estar alejadas de la realidad que viven los ciudadanos de a pié y en este caso concreto porque quienes se ahorrarán esos miles de millones y rentabilizarán sus inversiones son mayoritariamente grandes empresas, muy en especial los fabricantes alemanes de automóviles, mientras que los pequeños agricultores europeos sufrirán la competencia de los productos de unos países donde no rigen las mismas exigencias de calidad que en los Veintisiete.

La Comisión Europea presume de más de 40 acuerdos comerciales suscritos con países terceros, pero la verdad es que son una pesadilla para los agricultores, víctimas del desplome de los precios y de que los países de Mercosur, Marruecos y otros no cumplen las normas fitosanitarias europeas, especialmente en el uso de fertilizantes y pesticidas, lo que además es un peligro para los consumidores. Bruselas asegura que el acuerdo incorpora compromisos “firmes” en materia de sostenibilidad y establece mecanismos de protección para los sectores más sensibles, en particular el agrícola. Los agricultores no se fían, ni en España ni en Francia; aunque acaben realizando un ejercicio de resignación y dejen de cortar carreteras ante las promesas de políticos como el president de la Generalitat, Salvador Illa, de realizar un seguimiento de las importaciones para “minimizar” los efectos del acuerdo. Por si Illa no lo sabe: Catalunya no está rodeada de un muro fronterizo frente al resto de la UE, así que le será muy difícil cumplir esa promesa.

Actualmente los países comunitarios están acabando de poner en marcha la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) para 2023/2027, que fue contestada por los pequeños agricultores españoles y repartirá en este periodo 47.724 millones de euros en nuestro país, el tercero más beneficiado tras Francia y Alemania. Las ayudas europeas son el 20% de los ingresos del campo español. Pero las pequeñas y medianas explotaciones están disminuyendo progresivamente en toda Europa, son el 76% las de menos de cinco hectáreas, mientras que las de más de cien hectáreas detentan el 21% de la superficie cultivada total y por tanto son quienes más se benefician de las ayudas. Solo empresas cada vez más grandes pueden invertir en grandes explotaciones con tecnología moderna que optimizan la mano de obra. En lenguaje común: el campo bucólico que Francia intentó establecer en Europa al inventarse la PAC está desapareciendo a favor de grandes inversores que sirven a la industria alimentaria. Las macrogranjas son el exponente más siniestro de un proceso contrario al bienestar animal, la defensa del medio ambiente y la alimentación sana de los seres humanos.

“Todo lo que es susceptible de empeorar lo hará”, dice la famosa Ley de Murphy, y en el caso de la PAC está destinada a cumplirse. En 2028 se pondrá en marcha una nueva reforma destinada a “simplificarla”, que el Parlamento Europeo aprobó justo antes de Navidad y que muchos expertos aseguran que supondrá el desmantelamiento de la que fue pionera de las políticas comunes destinadas a acabar convirtiendo las naciones europeas en una unión política, una utopía que la realidad actual desmiente. La clave de la futura PAC es la “flexibilidad”, al dejar en manos de los gobiernos nacionales decisiones fundamentales de protección del medio ambiente, de los suelos, pastizales y hábitats agrarios, abriendo la puerta a prácticas que “degradarán aún más el campo y la naturaleza, poniendo en riesgo los recursos naturales que hacen posible producir alimentos de calidad y garantizar el futuro del campo europeo”, afirma SEO/BirdLife.

“Si los Estados miembros tienen pleno control sobre la distribución del dinero de la PAC, sin objetivos de gasto para las medidas medioambientales, es probable que disminuyan los incentivos para que los agricultores protejan la naturaleza. Y sin normas claras sobre el gasto, los gobiernos podrían sucumbir a la presión política y canalizar los fondos en beneficio de sistemas agrícolas explotadores de las personas y la naturaleza”, asegura la organización ecologista internacional WWF (World Wildlife Fund, Fondo Mundial para la Naturaleza). En román paladino: el triunfo en las elecciones en cualquier país de la ultraderecha —en España un gobierno PP/Vox— significaría el olvido de cualquier norma para hacer frente a la emergencia climática, permitiría la explotación salvaje del suelo y lo vendería a multinacionales explotadoras, que se beneficiarían de las ayudas, y condenaría a la pobreza a la población rural. No es un futuro distópico de una novela de ciencia ficción, puede estar a la vuelta de la esquina.

Volvamos al acuerdo comercial con Mercosur. La presión de la industria alemana, muy especialmente la del automóvil, ha sido definitiva para que la gran defensora de los intereses de los europeos, la presidenta de la Comisión, la alemana —¡qué casualidad!— Ursula von der Leyen se disponga a rubricar el acuerdo. No olvidemos que la economía de Alemania lleva años con un crecimiento muy débil —se estima un incremento del PIB del 0,2% en 2025—, que la producción de automóviles es su primera actividad, pero atraviesa una profunda crisis. En los últimos años sus fábricas han eliminado 50.000 puestos de trabajo (cuentan actualmente con 770.000). El gobierno del canciller Friedrich Merz ya consiguió hace poco que la Comisión permita que se sigan fabricando vehículos de gasolina y diesel después de 2035 y que se reduzca hasta el 90% el objetivo de emisiones de CO2 en lugar de alcanzar las cero emisiones. Se confirma que Alemania es el motor de combustión de la UE.

El tratado no ha sido aprobado por todos los estados miembros, sino que cuenta con la oposición de Francia, Polonia y Hungría. Italia también estaba en contra, de hecho fue la causa de que se pospusiera la firma prevista para el 20 de diciembre; pero Giorgia Meloni cambió de opinión, según ella porque consiguió garantías para los agricultores, como un refuerzo de los controles fitosanitarios y el bloqueo de los precios de los fertilizantes. La primera ministra italiana asegura que se mantendrá “en alerta” para garantizar que los productos que entren desde los cuatro países latinoamericanos no hacen competencia desleal a los italianos. Habría que preguntarse si otros gobiernos, como el español, aceptaron antes un compromiso que desprotegía a sus agricultores.

Gracias a la fascista Meloni el Consejo de la UE aprobó el acuerdo por mayoría cualificada —el procedimiento de voto que se utiliza en los asuntos que afectan a las políticas comunes— porque Emmanuel Macron, presidente de Francia, primer país productor agrícola europeo, no consiguió una minoría de bloqueo para impedirlo. Los agricultores franceses siguen movilizándose y el líder de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, ha presentado una moción de censura contra el Gobierno del primer ministro, Sébastien Lecornu, como protesta ante la “humillación de Francia”. "¿Cómo podemos luchar contra los precios bajísimos de los productos de las inmensas granjas industriales de Brasil o Argentina, que no tienen los mismos niveles salariales ni los mismos estándares de salud, medio ambiente y bienestar animal?”, se pregunta la formación de izquierdas, en sintonía con los movimientos ecologistas.

A pesar de que el sábado se firma, solo entrará en vigor de forma provisional cuando lo ratifique un país de Mercosur. Más adelante debe ratificarlo la Eurocámara y después los parlamentos de todos los estados miembros en un procedimiento largo y complicado. Bruselas ha intentado hacerlo más rápido recurriendo a un truco técnico legislativo, dividiendo el tratado en dos, lo que facilita que la parte comercial entre en vigor provisionalmente, mientras que la más política, que incluye la cooperación y es la que deben aprobar los parlamentos de los Veintisiete la sustituya cuando termine el proceso. Las cámaras de Francia o Hungría seguramente votarán en contra y las de otros países con gobiernos en minoría también podrían oponerse, como sucedió en el suscrito con Canadá, con lo que quedaría en suspenso. Además de toda esta maraña queda la posibilidad de que en algunos países los sectores afectados retrasen de hecho su apertura comercial, con lo que los efectos negativos o beneficiosos no se experimentarían en su totalidad y no se sabe cuando.

Lo que sí sabemos es que la economía y el comercio internacional no son ciencias exactas, están sujetas a imprevistos. ¡Qué nos van a decir a quienes acabamos de empezar 2026!

Fuente: https://www.diario-red.com/articulo...

Redacción El Salto

A la espera del juicio y encarcelados preventivamente por delitos relacionados por su participación en las acciones de Palestine Action, tres de los activistas presos han decidido abandonar la huelga de hambre. Una de ellas. Heba Muraisi, de 31 años, llevaba más de 70 días en huelga. Muraisi ha sido trasladada de prisión a una más cercana a su entorno familiar. Esta ha sido la mayor huelga de hambre coordinada desde 1982, cuando los presos republicanos irlandeses se negaron a comer para hacer valer sus reivindicaciones.

Otros de los cuatro activistas que también estaban en huelga de hambre, habían decidido pausar la protesta por motivos de salud. Ahora, no la reanudarán. Desde hace días se temía por la vida de estas personas, que han llevado su reivindicaciones al límite. Algunos de ellos habían tenido que ser hospitalizados por estar en riesgo de muerte. Solo una persona, Umer Khalid, que lleva en huelga un mes, es la única persona que mantiene la protesta. “Solo pudimos hablar pocos minutos cuando entró alguien a sacarle el teléfono. No tenemos contacto desde entonces, no sabemos nada de él”, afirma a El Salto Francesca Nadin, portavoz de Prisioners 4 Palestine, desde Londres.

Desde esta organización aseguran que los y las huelguistas han permanecido firmes en sus demandas y sabían que el sacrificio era muy grande. “Y no lo hicieron preocupadas por su propia salud, todo lo contrario. Estaban muy, muy claras con todo esto, siempre lo decían y lo repitieron hasta el final: que iban a seguir hasta ganar las demandas”, explica Nadin.

“Una victoria rotunda”

El motivo para abandonar la protesta ha sido el paso dado por el gobierno británico, que da respuesta a una de las demandas del grupo: no adjudicar un nuevo contrato —por valor de 2.000 millones de libras— que estaba previsto a Elbit Systems UK, una filial de Elbit Systems, uno de los mayores fabricantes de armas israelíes.

Prisoners 4 Palestine asegura que se trata de “una victoria rotunda para lxs huelguistas de hambre, que resistieron con sus cuerpos, tras los muros y los barrotes de las prisiones, para sacar a la luz el papel de Elbit Systems, el mayor fabricante de armas israelí, en la colonización y ocupación de Palestina”. Puntualizan que la pérdida de este contrato de 2000 millones de libras esterlinas marca “un punto de inflexión significativo” en esta “sórdida alianza estratégica” y auguran que “los días de Elbit en Gran Bretaña están contados”.

En palabras de Francesca Nadin, “Está claro que esta huelga, además de otras campañas, ha aumentado la presión sobre el Gobierno británico con todo lo que está haciendo con respecto a la represión de activistas y lo que éste sigue haciendo en Palestina. Esto se suma al contexto más grande de la huelga, el poner el foco en eso, y tener a toda la gente de este país hablando de lo mismo”.
Vulneración de derechos básicos

Desde que entraron en prisión, los activistas vienen denunciando una serie de vulneraciones básicas. En primer lugar, no hay que olvidar que el sistema de prisión preventiva británico prevé una pena de seis meses, pero si nada cambia, para cuando se lleve a cabo el juicio de estos activistas, estos habrán pasado más de un año en prisión preventiva. En segundo lugar, Palestine Action ha asegurado que hasta ahora, los detenidos han vivido sometidos a restricciones comunicativas y a interferencias por parte de las administraciones penitenciarias.

También esta situación parece que va a empezar a cambiar. Según Prisioners 4 Palestine, “a pesar de la cruel y constante negligencia médica que sufrieron lxs huelguistas de hambre, como la denegación de ambulancias en casos de emergencia vital y los tratos degradantes en el hospital”, los y las responsables de la atención sanitaria en prisiones se habrían reunido con la organización, “a petición del Ministerio de Justicia”, detallan. Los y las activistas presas también han podido empezar a recibir paquetes y correo que antes se les había retenido.

Palestine Action pedía también la documentación que acredite las relaciones entre los funcionarios del Estado británico con Israel —algo que habría podido suceder—, se exige que se publiquen los registros gubernamentales de todas las exportaciones de Elbit Systems UK de los últimos cinco años y que se rescindan todos los contratos pendientes con la filial. Por último, también se pide la retirada de cargos de los activistas presos y que se elimine a Palestine Action de la lista de “organizaciones terroristas”.

Una clasificación “desproporcionada”

Palestine Action es una organización que fue clasificada como “organización terrorista” por el gobierno británico en julio de 2025, después de que varios de sus activistas allanasen una base aérea en Oxfordshire y vandalizasen una fábrica, cerca de Bristol, de Elbit Systems. Esta clasificación ocasionó gran malestar entre las organizaciones internacionales de derechos humanos por considerarla “desproporcionada”. Incluso el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó a las autoridades del país a revocar la decisión y consideró que gobierno británico estaba confundiendo “la libertad de expresión con actos de terrorismo”. Türk advirtió que la decisión le parecía “desproporcionada”, “innecesaria” e “inadmisible” y que contravenía “las obligaciones internacionales del Reino Unido en materia de derechos humanos”.

Además de encarcelar a estos activistas de manera preventiva por “daños criminales, robo y disturbios violentos”, el gobierno británico ha arrestado a unas 1.600 personas relacionadas con la organización. El Reino Unido prohibió Palestine Action bajo la Ley de Terrorismo del año 2000. Según esto, ser miembro de la organización o expresar apoyo de manera pública puede ocasionar sanciones penales, incluyendo multas y penas de prisión de hasta 14 años.

A pesar de este panorama, Nadin defiende que la situación de los presos ha animado a la gente en muchos lugares a tomar acciones muy parecidos a las de Palestine Action, y que ha habido decenas durante el tiempo que ha durado la huelga. “Sabemos que han empezado grupos como Palestine Action en cerca de 24 países, porque claro, en otros países no es ilegal”, indica. Admite con orgullo que este miércoles la noticia del fin de la huelga salió en todos los medios masivos de Reino Unido, “de manera que reconocieron esta victoria. Entonces, algo ha cambiado desde el principio al final de esta huelga porque al principio, durante semanas, nos ignoraron por completo”, concluye la activista.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/reino...