Tortuga Antimilitar

Este fin de semana, bajo el lema trumpista MEGA (Make Europe Great Again, Hagamos grande de nuevo Europa), los líderes de la ultraderecha europea se reúnen en Madrid. Detrás de estas reuniones subyace el apoyo a las políticas de Trump que están provocando un cambio hacia el ultraliberalismo más extremo.

Estamos ya en una revolución que tiene toda la pinta de poner fin a la democracia burguesa tal y como la conocemos desde la Revolución Francesa. Por si alguien no se había dado cuenta, ya estamos en el futuro. Las elecciones en EE. UU. y el papel jugado por la tecnología (datismo, algoritmos…) y los magnates de las tecno-empresas que han apoyado a Trump, nos han metido de lleno en una revolución que ha pillado a la izquierda y a Europa en mantillas.

La irrupción de los ordenadores e internet han generado otro modelo productivo y lucrativo que no se parece en nada a los modelos económicos del siglo XX. Seguimos estando en el capitalismo, pero en una nueva fase que bien podríamos llamar «capitalismo googleniano» o «capitalismo algorítmico» o algo así. Los teóricos lo llaman "capitalismo cognitivo". Su principal característica, que ya la estamos padeciendo, es la sustitución del Estado y de la democracia por otros poderes que provienen del regalo que a diario ofrecemos gratuitamente a las empresas de los magnates tecnológicos. De gratis le hemos donado nuestros datos, nuestros gustos, nuestros comentarios…, en fin, todo nuestro ser más intimo, transformados en cookies.

Podemos decir en términos "gramscianos", que a las redes les hemos dado el regalo de constituirse en hegemónicas. Lo que en teoría tendrían que hacer las fuerzas de la cultura y del trabajo para llegar a una sociedad más igualitaria, lo han hecho las tecno-empresas. Con toda esa información que les hemos proporcionado, nos moldean a su gusto y votamos lo que nos sugieren. Los ciudadanos, como trabajadores y consumidores que somos, nos hemos quedado sin alternativa para combatir la algoritmización, en manos de Elon Musk y de sus amigos de google y facebock.

La nueva tecnología funciona como una ampliación del cuerpo y de la mente a través de eso que se llama inteligencia artificial. La sociedad ya no funciona por clases, sino como una máquina. De esta manera es imposible que las ideas socialistas, tal y como las conocemos actualmente, puedan ser una alternativa a lo que se nos viene encima.
La información ya no llega a los jóvenes por los canales habituales, les llega por las redes y, por lo tanto, un rebaño de yutubers e influencers educa más que la universidad. ¿Cómo si no iban a votar a Trump? ¿cómo si no hay terraplanistas? ¿cómo si no Abascal consigue un 15 % de votos?

Los partidos políticos tradicionales, tras la llegada de las redes sociales, se han quedado sin instrumentos de combate para difundir sus discursos. Se lleva el gato al agua quien tiene y maneja los datos.

De eso va la reunión de Madrid, un nuevo fascismo. Esta vez sin Estado y sin capa social. Solo datos y ultraliberalismo.

Fuente: https://www.facebook.com/photo/?fbi...

Alberto Acosta
Fuentes: Rebelión

“La his­to­ria es la en­se­ñan­za del por­ve­nir: ig­no­rar los tiempos pa­sa­dos es no ser ap­tos pa­ra los ve­ni­de­ros.” Las Catilinarias, Juan Montalvo.

La concreción para entregar una base en Galápagos a fuerzas armadas de los Estados Unidos, por parte del presidente Daniel Noboa, debería sacudir a la sociedad, más allá de quienes ingenuamente quieren ver en ese paso una posible solución a los graves problemas de inseguridad que vive el país. Esta decisión atropella el espíritu y la letra de la Constitución de Montecristi, que proclama y defiende categóricamente la “cultura de la Paz”. Y esta disposición ubica al Ecuador, cual peón de ajedrez, en medio de un brutal enfrentamiento interimperial.

Son justamente los intereses geoestratégicos de los Estados Unidos los que priman, una vez más. No es una casualidad que, simultáneamente, en Perú, donde ya existen cinco bases militares yanquis, se haya concretado un nuevo acuerdo con Washington para construir el puerto espacial más grande de la región en la Base Aérea de Talara, en el departamento de Piura. No cabe duda alguna que, coincidiendo Luis Córdova Galarza,

“ambos proyectos están relacionados a nivel geoestratégico y constituyen nuevos enclaves militares para fortalecer la posición de dominio y control de los Estados Unidos en la región, ante un eventual conflicto armado con la República Popular China o sus aliados”.[1]

Esta es una cuestión de especial cuidado cuando el presidente norteamericano, Donald Trump, al iniciar su segundo mandato, ha renovado las pretensiones expansionistas de su país. Públicamente propone retomar el control del Canal de Panamá y anexar Groenlandia. Incluso ha afirmado que Canadá y México deberían pasar a ser dos estrellas más de la Unión. Al tiempo que ha abierto la puerta a una acelerada guerra de aranceles en contra sus socios en el T-MEC: Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, sucesor del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN); guerra que la extiende a productos chinos. Mientras tanto ha desatado una brutal persecución en contra de migrantes indocumentados, a los que les deporta de la forma más ruin, atropellando sus Derechos Humanos, llegando incluso a trasladar a algunos migrantes a la prisión de máxima seguridad para terroristas en Guantánamo.

Tenemos entre manos un gobernante que alienta una suerte de gobierno de oligarquías transnacionales, cuyo poder se expande desde el control de medios de comunicación masivos, apuntalados en tecnologías de alcance global, con tentáculos en una diversidad de actividades económicas en el planeta. Oligarquías que no ocultan sus pretensiones de conquista y colonización en el espacio sideral.

Esa intención no es nueva. Empresas privadas, como SpaceX (Elon Musk) y United Launch Alliance (Boeing y Lockheed Martin), beneficiarias de enormes contratos gubernamentales, proporcionan gran parte de la capacidad de lanzamiento de cohetes estadounidenses, tanto para misiones científicas como militares. Aunque los estrechos vínculos entre las industrias de defensa y aeroespacial no son nada novedosos, nos encontramos en una fase decididamente nueva. Hoy inciden los avances tecnológicos, las nuevas prioridades políticas y el auge de esas oligarquías transnacionales. Con este proceso, aceleradamente se erosiona la visión del espacio exterior como bien común. El capitalismo estadounidense ha colocado su mira en el Universo en un intento por mercantilizarlo –empezando con la extracción de minerales de los asteroides[2]-, al tiempo que trata de consolidar sus posiciones de dominio, sobre todo militar, en la Tierra.

Llegados a este punto no se puede olvidar lo que significó y significa aún la combinación de la “Doctrina Monroe” con las ideas del Destino Manifiesto, que sentó un precedente y las bases mismas para la expansión de Estados Unidos en el continente americano e inclusive fuera de él. Ese es el sustento ideológico de dicho imperialismo que disputó el poder a las viejas potencias europeas. Ideología que ahora nutre el empeño por recuperar e inclusive ampliar la supremacía global de los Estados Unidos.

Primeros aleteos del águila yanqui en territorio del Ecuador

Para comprender mejor la complejidad de la decisión entreguista del gobierno de Daniel Noboa, que empezó a fraguarse en el gobierno de Guillermo Lasso, hagamos un breve recuento de las pretensiones imperiales, que cuentan con una larga historia de amenazas e inclusive agresiones.

Cuando Ecuador recién daba sus primeros pasos republicanos, el año 1852, un grupo de maleantes, encabezados por el “pirata del Guayas”, Manuel Briones, asaltó la goleta norteamericana “George Howland”, en Galápagos. Los asaltantes fueron capturados y ajusticiados. El hecho dio lugar a un reclamo de casi 40 mil dólares por parte de la misión diplomática estadounidense en Quito. Su exigencia no obtuvo respuesta durante una década.

En 1862, luego de largos años de silencio y ante las nuevas presiones norteamericanas, el entonces presidente Gabriel García Moreno firmó un convenio para atender estas reclamaciones, comprometiéndose a pagar en nueve años. Como el país no pudo cumplir con esa demanda, las continuas presiones del representante norteamericano desembocaron en amenazas, inclusive de intervención armada. Este llegó a sugerir, en abril de 1866, que, de su larga experiencia en este país, le llevaba a concluir que la deuda no será nunca pagada, a menos que nuestro gobierno evidencie su disposición de respaldar su demanda con la fuerza. La propuesta fue motivo de discusión en el Congreso norteamericano, órgano al que recurrió el presidente Andrew Johnson, quien expresó que las “deudas de un gobierno a otro son justamente consideradas como algo sagrado y como medidas diplomáticas ulteriores no son en este caso susceptibles de ser exitosas, someto a vuestra consideración la conveniencia de autorizar otros procedimientos”.[3]

Frente a tamaña amenaza, los gobiernos de Chile y Perú intervinieron ante Washington para conseguir un plazo mayor en favor de Ecuador. Para entonces había estallado la Guerra del Pacífico, enfrentando una alianza peruano-chilena contra España. Esta actitud de los dos gobiernos latinoamericanos permitió solucionar el problema, a pesar de que el gobierno ecuatoriano, el de García Moreno, se había declarado neutral en el conflicto del Pacífico, permitiendo el aprovisionamiento de las naves hispanas en los puertos nacionales. Recuérdese que también los norteamericanos se mantuvieron neutrales en esa guerra, lo que significó mucho para la flota española, que se encontraba lejos de sus bases.

El Ecuador pagó su deuda, reconociendo un interés de mora del 1%. Para entonces la deuda ya ascendía a casi noventa y cinco mil dólares por obra y gracia de alegres cuentas, tal como lo presentó el historiador Jorge W. Villacres Moscoso:

“el buque valía tanto: Intereses sobre el valor primitivo, tanto más: densas sumas. Pudo hacerse una presa de tantas ballenas, tanto: intereses sobre lo que pudo pescarse, tanto: enormes cifras. Con el aceite pudieron hacerse tales y cuales negocios, tanto: intereses sobre los negocios que pudieron hacerse: tanto. Sendos guarismos: incomprensibles cantidades”.[4]

Un punto a tener muy en cuenta. La amenaza o incluso la utilización de mecanismos no pacíficos para cobrar las deudas externas marcan las relaciones históricas de Nuestra América con las potencias imperiales, sobre todo con los Estados Unidos. Son muchos los casos en los que los reclamos de los acreedores fueron respaldados abiertamente con las armas, como sucedió con la invasión anglo-francesa-española a México en 1862; el despojo a México de casi dos millones de kilómetros cuadrados -Texas, Nuevo México, California, entre otros estados de la Unión- en las décadas de 1840-1850 por parte de los Estados Unidos; el bombardeo de los puertos venezolanos en 1903, por parte de una flota anglo-germano-italiana (con aprobación de los Estados Unidos); el secuestro por parte de marines de las aduanas de la República Dominicana en 1907 y de Haití en 1917, para mencionar apenas unos pocos ejemplos. [5]

Así, a lo largo del tiempo se han repetido las amenazas para forzar el servicio de la deuda, siempre a tono con las apetencias de los acreedores. De las misiones militares se pasó a las misiones de expertos de los organismos multilaterales de crédito, como el FMI y el Banco Mundial, a las que cada vez más se suman algunas ONG que lucran del canje deuda por Naturaleza, como veremos más adelante.

No nos olvidemos que la historia de la deuda externa engarza con un axioma menos conocido de Klaus von Clausewitz: “La guerra es un acto de violencia cuyo objetivo es forzar al adversarlo a hacer nuestra voluntad”. Objetivo que se consigue con el manejo imperial de la deuda en el ámbito de la política económica. Ya no se requiere enviar tropas, sino que se imponen condiciones de política económica, en función de las demandas de los acreedores, manteniendo, de paso, a nuestras economías como suministradoras de materias primas.

No solo eso, en la práctica, muchas veces, los acreedores ven asegurados sus intereses con el empleo de la fuerza pública de los propios países deudores… fuerza pública encargada de aplacar las protestas y mantener el “orden”, cuando el servicio de dichas deudas provoca los justificados reclamos populares ante las graves afectaciones sociales que desatan las políticas económicas de austeridad impuestas. No nos olvidemos que muchas de esas deudas son corruptas, usurarias u odiosas, casi siempre impagables.

La deuda, en este sentido, ha sido y es un instrumento para obligar a hacer la voluntad de los acreedores. Esa perversa lógica la encontraremos a continuación, teniendo a las Galápagos en la mira de los intereses imperiales.

Una compleja y poco conocida historia de pretensiones imperiales

El Archipiélago de Colón -o simplemente las Galápagos- pertenece al patrimonio ecuatoriano desde 1832. Antes de formar parte del territorio ecuatoriano e incluso décadas después, este archipiélago fue utilizado como guarida de piratas, que saqueaban sus riquezas, sobre todo animales. Estas islas también fueron objeto de importantes investigaciones científicas, como la de Charles Darwin (1835), llegando incluso, por su increíble y única biodiversidad, a ser declaradas Patrimonio de la Humanidad, en 1978, por la UNESCO.

Hay que reconocer que el ejercicio de la soberanía nacional en dicho territorio insular registra muchas tribulaciones. Las pretensiones imperiales por despojarnos del archipiélago han estado presentes una y otra vez. Y la incapacidad de los gobernantes para defender la soberanía nacional ha sido casi una constante. Durante mucho tiempo no se consideró la significación de su biodiversidad y menos aún los derechos de su población. Las islas llegaron a ser consideradas como económicamente yermas, lo que condujo a que sean empleadas como colonias de criminales, llevados allá desde el continente.

Los anhelos de varios imperios de anexarse, controlar o al menos poner un pie militar en las islas Galápagos es larga. En el gobierno del general José María Urbina (1852 – 1856), la Casa Blanca propuso explotar el guano en las Galápagos, a pesar de que era sabido que no había cantidades significativas como en el Perú. Realmente eran otros lo intereses de Washington.

No solo están en la lista los ambiciosos vecinos del Norte. Francia en algún momento de la historia, justamente cuando el presidente Gabriel García Moreno trató de convertir a Ecuador en su protectorado, mostró su interés por esas lejanas islas. Justamente en 1859, cuando existían cua­tro go­bier­nos en Ecuador, y su integridad estaba amenazado por las pre­ten­sio­nes te­rri­to­ria­les del vecino del sur, el caudillo conservador García Moreno buscó respaldo militar en Francia. Escribió tres cartas al encargado de negocios francés, Emilie Trinité, expresándole el deseo de que Ecuador esté protegido por el Imperio francés.

García Moreno buscaba “la felicidad de este país”, pues consideraba que Francia, entonces gobernada por el emperador Napoleón III, quién poco después invadiría México con el pretexto de cobrar una deuda externa, garantizaba “la civilización en la paz y la libertad en el orden” y así, además, se podía “frenar el torrente asolador de la raza anglo-americana”. Cuando ya había pasado el peligro de fragmentación, el mismo presidente García Moreno volvió a insistir sobre la posibilidad de que Ecuador se convierta en protectorado francés, con otra misiva, en tono similar a la anterior, en 1861, dirigida a Aimé Fabre, sucesor de Trinité.

El destacado historiador Alfredo Pareja Diezcanseco[6], profundo estudioso de esos episodios, desnudó el significado de estas cartas: “Ninguna desesperación del momento le hizo dar ese paso [a García Moreno]. Por el contrario, fue proyecto reflexivo, de mandatario extraño, en tierra de indios. Qué Francia no haya querido recibir el regalo, es otra cosa…”

Alguna vez también se dijo que incluso Alemania estaría interesada, pero quienes nunca ha desistido de esa pretensión son los gobiernos de Washington. Tan esa sí, que, en 1883, el Senado norteamericano declaró a las islas como “tierra de nadie” (res nullius), considerando la existencia de serias dudas sobre la existencia de la soberanía de Ecuador sobre el archipiélago. La lista de estos intentos es interminable, en estas breves páginas solo se resaltan algunos considerados los más relevantes.[7]

Pragmatismo o sumisión: las Galápagos a cambio de la deuda

En la tercera década del siglo XX, como en tantas otras ocasiones en la larga historia de la deuda eterna[8], los responsables gubernamentales tuvieron que enfrentar problemas derivados del endeudamiento externo. Nepalí Bonifaz, a la sazón presidente del Banco Central, manifestó en un informe reservado a la Asamblea Constituyente, el 21 de enero de 1929, que la situación económica estaba encerrada “en un dilema que no tiene salida”. Por su trascendencia, bien vale conocer algunos detalles de dicho documento:

“O nos quedamos con la enorme deuda exterior de más de cien millones de sucres, esclavizados por tiempo indefinido, sin poder realizar las obras públicas, tan justas como necesarias, prometidas a las provincias; o, si queremos cancelar la primera y ejecutar las segundas, tendremos que aceptar, para obtener un empréstito, condiciones tan vergonzosas y humillantes que, prácticamente, daríamos al traste con la autonomía nacional.

“Nuestra deuda está garantizada por las aduanas, con el ferrocarril y con la responsabilidad del Gobierno ecuatoriano; es decir con todas las garantías compatibles, hasta cierto punto, con nuestra independencia, aunque ellas no dejen de ser un tanto humillantes.

“Sin embargo, los acreedores han sido permanentemente burlados. Hace pocos días, lo iban a ser de nuevo cuando se propuso suspender el pago de los cupones.

“El poquísimo tiempo que llevamos de cumplir con nuestros compromisos, no puede lavamos de nuestra conducta secular, ni puede inspirar confianza alguna para prestarnos dinero. Con semejantes antecedentes, para acordamos un empréstito, es seguro que se nos pedirá, por lo menos, la entrega de nuestra principal Aduana a un representante de los prestamistas. Lo cual equivaldría para nosotros a firmar un ‘Documento de Concertaje', que nadie en el Ecuador, querría suscribir”.

Bonifaz completó su informe, que fue leído en el Congreso, proponiendo algo que

“puede herir la susceptibilidad de algunas personas; pero juzgo mi deber, cualesquiera que sean las consecuencias, el indicar a la Asamblea el único medio que nos queda, no sólo para remediar, nuestra situación actual, sino para subir, en pocos años, a una prosperidad a la que no llegaremos de otro modo antes de un siglo.

“Los ecuatorianos debemos, dejando a un lado el romanticismo -enfermedad común de toda raza latina- mirar frente a frente, con la calma que lo requiere, el problema de la venta de Galápagos al Gobierno Americano, antes de que éste, con su tradicional política, se apodere del Archipiélago, porque así lo exigen los vitales intereses de su gran país”.

Y Bonifaz concluyó en la necesidad de la venta de las islas Galápagos, aduciendo

“que esas Islas no nos pertenecen… sino moralmente, pues no tenemos medios de ejercer en ellas nuestra soberanía: que no están habitadas; que quizás no haya uno por cincuenta mil ecuatorianos que las conozcan; que sus tierras son estériles; y, por último, que no nos ocasionarían sino gastos hasta el día en que el Coloso del Norte se apodere de ellas. Cosa que tardará más o menos en suceder, pero que sucederá fatalmente si nuestros políticos no lo impiden negociándolas de una manera voluntaria.

“Como consecuencia de la venta tendríamos: La desaparición de esa vergüenza llamada deuda externa”.

El Congreso, luego de largas deliberaciones, mantuvo la decisión de “sostener el quijotismo de conservar Galápagos a todo trance y por todos los medios”, como dejó sentado el historiador conservador Luis Robalino Dávlla. [9]

Lo curioso es que la actitud de Bonifaz pareció servirle para terciar, poco después, como candidato conservador en las elecciones para la Presidencia de la República, y ganarlas. No se llegó a posesionar, pues el Congreso Nacional lo descalificó en vista de sus orígenes peruanos, mencionados alguna vez por el propio Bonifaz. Su descalificación, para cerrar este triste capítulo, desembocó en “la guerra de los cuatro días”, que se libró en Quito del 29 de agosto al 1 de septiembre de 1932, con cientos de víctimas.

Recuérdese que la pretensión de entregar parte del territorio nacional para servir la deuda externa, no era nueva. Entre los primeros arreglos de la conocida como “deuda inglesa” o “deuda de la Independencia”, en 1854, se planteó ceder territorios en la Costa y en la Amazonía a los acreedores, alentando, simultáneamente, la colonización europea; con una cláusula que reconocía una creciente tasa de interés a medida que subía el número de colonos. Este intento exacerbó las tensiones con el Perú, lo que incluso llegó a provocar el mencionado conflicto armado en 1859.

Del ataque japonés a Peral Harbor a Galápagos: Baltra – Base Beta

La importancia estratégica de las Galápagos cobró aún más fuerza desde la construcción del Canal de Panamá, que, como bien sabemos, surgió de una acción imperial, que propició el desmenbramiento del territorio colombiano para dar paso a la creación del Estado de Panamá.

Los Estados Unidos mantenían sus expectativas para llegar a controlar las Galápagos. Ya desde el año 1919, buques de su armada realizaban misiones de cartografía y de mediciones batimétricas en el Archipiélago. Incluso, en 1921, se habló oficialmente de la necesidad que las islas formen parte de la administración del Canal de Panamá.

En el año 1935, el presidente Franklin D. Roosevelt, preocupado por razones de geo-estrategia y ante la no aceptación de Ecuador para vender las islas, buscó concretar esa aspiración esgrimiendo argumentos cobijados en la protección de la biodiversidad allí existente. Se sugería la sesión de soberanía para que sea la Unión Panamericana -surgida de la IV Conferencia Interamericana, celebrada en 1910, en Buenos Aires- la responsable del patrullaje de las islas y la encargada de financiar el proyecto conservacionista.

Muy pocos años después, en diciembre de 1941, se registró la llegada masiva de tropas yanquis a territorio ecuatoriano. El continente americano estaba consternado por el ataque japonés a Pearl Harbor, el domingo 7 de dicho mes. En ese contexto, con parte del territorio ecuatoriano ocupado por tropas peruanas, y sin que el Estado ecuatoriano hubiera aún concedido oficialmente la autorización, desembarcaron los contingentes de la marina y del ejército norteamericano. Esas tropas extranjeras ocuparon posiciones estratégicas en Baltra (Seymur), en la Islas Galápagos, y también en Salinas, en la costa ecuatoriana.

De hecho, ya en el año 1938 el gobierno ecuatoriano había suscrito algunos acuerdos secretos -sin el consentimiento del Congreso Nacional- para permitir la presencia de soldados norteamericanos en el Archipiélago. Tropas que ya en el año 1940, en número muy reducido se habían estacionado precariamente en la isla Baltra.

En esos días, el Ecuador vivía una gravísima crisis política. Su provincia sureña de El Oro estaba invadida por tropas peruanas; agresión con la que Lima trataba de im­po­ner un arre­glo limítrofe. Ese ataque peruano en contra de Ecuador no preocupaba en la región. Los países americanos estaban movilizados para “defender la democracia” amenazada por los países del eje: Alemania, Italia, Japón. La solidaridad panamericana estaba en su apogeo. La defensa colectiva del continente, inspirada en los convenios multilaterales de Lima y la Habana, se complementaba con varios convenios bilaterales, anteriores al ataque nipón.

El presidente liberal-conservador Carlos Alberto Arroyo del Río, incapaz de dar una respuesta a la doble invasión, se sumó a esa solidaridad internacional, reclamando inclusive “el procerato de la lealtad…” a Washington. En la práctica toleró la ocupación del territorio nacional por las tropas yanquis y aceptó las imposiciones peruanas.

Recién el 24 de enero de 1942 se firmó el convenio para normalizar la presencia de tropas de los EEUU en Salinas y el 2 de febrero en Baltra. Entre estas dos fechas, con la presencia de soldados peruanos en territorio ecuatoriano y con una enorme presión panamericana, el 29 de enero de 1942, se firmó el Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro, con el que el Perú intentó dilucidar la larga disputa de límites con su vecino.

Cuando ya se avizoraba el fin de lo que sería la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos trataron de prolongar la ocupación de esas dos bases por 99 años, con un pago de 20 millones de dólares. Esas negociaciones con el gobierno liberal-conservador de Quito se frustraron por la revuelta popular del 28 de mayo de 1944, conocida como “La Gloriosa”.

Con el nuevo régimen del doctor José María Velasco Ibarra se mantuvieron las pretensiones de la gran potencia del norte. Empero, en la Asamblea Constituyente de 1944 se exigió buscar una salida que evite al país “la más humillante ofensa a la dignidad soberana”. Las presiones y negociaciones continuaron. Inclusive fueron parte de la agenda en los debates de otra Asamblea Constituyente, la de 1946. El gobierno de Velasco Ibarra no cedió a las pretensiones de Washington, que ofrecía recursos económicos para ayudar a solventar los graves problemas económicos existentes. Sería en ese año, el primero de julio cuando se retiraron las tropas norteamericanas.

Al salir sus soldados dejaron desmanteladas las instalaciones militares y en escombros las construcciones, botando al mar gran parte de los equipos que no pudieron o quisieron retirar. Las afectaciones al ambiente deben estar documentadas en informes del propio gobierno norteamericano; se conoce que se aplanó una montaña (¿el cráter?) en Baltra; que se aceleró la destrucción del hábitat de muchas especies nativas con la construcción e las pistas de aterrizaje, las carreteras y las viviendas para la tropa e incluso que su presencia contribuyó a la llegada de varias especies extrañas en ese entorno. Quedaron también los restos de varios aviones estrellados en el mar de las Galápagos, en cuyo fondo inclusive se han detectado bombas y otros instrumentos de guerra.

Una historia similar, pero de mucho menor magnitud, se repitió en medio de otra grave crisis. Luego del terremoto de 1987, que destruyó el oleoducto transecuatoriano, ahondando las graves dificultades desatadas por el peso de la deuda externa, llegaron reservistas yanquis para ayudar en la construcción de una vía amazónica. Su aporte real fue prácticamente nulo. Lo que buscaban es aprender cómo se construyen carreteras en territorios selváticos. Y aún cuando el Congreso Nacional dispuso su salida, el presidente socialcristiano León Febres Cordero permitió que continúen para cumplir con el plazo que él había acordado con los Estados Unidos.

La experiencia de la base militar norteamericana en Manta

Años después, en 1999, cuando el Ecuador, durante el gobierno del democristiano Jamil Mahuad, vivía otra de sus mayores crisis, de forma reservada, sin autorización del Congreso Nacional, se permitió la instalación de lo que se conoció como Base de Manta, cuyo nombre oficial fue Puesto de Operaciones de Avanzada (FOL, Forward Operating Location).

En esa época, los Estados Unidos pretendían, una vez más, consolidar su hegemonía en la región. Empezaba la ejecución del Plan Colombia con el afán de enfrentar el narcotráfico, como rezaba el discurso oficial. Eran los años en los que se vendía desde la Casa Blanca la idea de un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Por igual les preocupaba en Washington la consolidación del régimen de Hugo Chávez en Venezuela. Y adicionalmente, entre otros factores, el Pentágono se sentía presionado porque los Estados Unidos estaban forzados a dejar la Base Howard, en Panamá, como consecuencia de los Tratados Torrijos-Carter. En este entorno, como pretexto oficial, la base de Manta incluía la operación de aeronaves para controlar el narcotráfico.

Luego de 10 años de su operación, dicha base, a contrapelo de quienes sostienen lo contrario, no contribuyó a resolver o al menos a disminuir el flagelo del narcotráfico. Durante su existencia la tasa de criminalidad se disparó. Los envíos de droga se triplicaron. Decenas de personas, particularmente pescadores, denunciaron abusos de parte de soldados yanquis. En suma, se registraron varias violaciones a los Derechos Humanos y la respuesta de la sociedad mantense, en su mayoría, era contraria al mantenimiento de dicha instalación militar extrajera, como informó el INREDH, en el año 2007.[10]

Es más, como se demostró, las acciones de los aviones norteamericanos no se ciñeron a los términos del convenio pactado, pues en muchos casos estaban orientadas a la lucha contra la insurgencia en Colombia y la interdicción de emigrantes ecuatorianos; muchas veces en acciones sin conocimiento de las autoridades ecuatorianas.

Lejos quedó el sueño de transformar a Manta en una suerte de Miami en el Pacífico. Los empleos que se crearon tuvieron la duración de la remodelación de las instalaciones del aeropuerto, o sea ocho meses, y luego los trabajos ofrecidos fueron en labores de limpieza y transporte de carga. El crecimiento del turismo y el comercio, que se esperaba, llegó para pocos, en un escenario en el que aumentaron los bares, discotecas y cabarets. Es más, las tropas allí instaladas, que gozaban de privilegios diplomáticos, consumían escasos productos locales.

En el año 2009, no se renovó el convenio y se produjo la salida de las tropas norteamericanas Manta, en cumplimiento de una disposición constitucional, en concreto de su artículo 5:

“El Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras.”

Debe quedar claro que en la Asamblea Constituyente de Montecristi se tomó esta decisión como resultado de un largo proceso de resistencia en el país, desplegado desde el año 1999, con el liderazgo de la Coalición No Bases – Ecuador. Este impulso ecuatoriano posibilitó la creación de la Red No Bases Mundial, que se formó en marzo del año 2007, con el fin de desarrollar una estrategia internacional para el cierre de todas las bases militares extranjeras: meta que no ha perdido para nada su vigencia.

En este punto cabría traer a colación que luego del desmantelamiento de la Base de Manta, los norteamericanos establecieron dos bases más en Colombia, en donde en la actualidad ya existen 7 bases, sin que se haya logrado parar el narcotráfico. Es más, la producción de cocaína sigue en alza en el territorio colombiano y también en el peruano, en donde ya funcionan 5 bases militares norteamericanas, a las que se sumará la base para control espacial en Talara. Es bueno conocer que, el Imperio norteamericano cuenta con cerca de un millar de bases e instalaciones militares en todo el mundo, con las que asegura su poder y bienestar económico. Con ese despliegue de poderío militar Washington no ha conseguido restringir la expansión de la droga, tal como se promete ahora con el establecimiento de una base militar estadounidense en las Galápagos, como consecuencia de los acuerdos a los que han llegado los gobiernos conservadores – neoliberales de Guillermo Lasso y Daniel Noboa.

Lo que ahora sorprende es que, en realidad, como afirmó el embajador norteamericano Todd Chapman, el año 2019, al finalizar sus funciones en Quito, con las nuevas tecnologías, los desafíos en la lucha contra el narcotráfico, no requieren de una base militar estadounidense en Ecuador, como ocurría con la base de Manta. Este diplomático, en esa entrevista, afirmó categóricamente que “no es del interés de EE.UU. usar los métodos del pasado para confrontar los desafíos de hoy”.[11]

Entonces, a todas luces aquello de que la base norteamericana en Galápagos estaría orientada a combatir el flagelo del narcotráfico pierde fuerza. Priman, sin duda alguna, los intereses geoestratégicos de Washington en medio de la disputa del poder mundial con las otras grandes potencias imperialistas.

Con una nueva gran crisis, otra oportunidad propicia para Washington

Ahora, en medio de otra crisis de enormes proporciones, que ha desembocado en niveles insostenibles de violencia e inseguridad provocados por el crimen organizado, en medio de un grave colapso social y económico,[12] como que aparecen nuevamente las condiciones para otro desembarco de tropas norteamericanas en Ecuador. La declaración del “conflicto interno armado” del presidente Noboa empata con las pretensiones de Washington, siempre presto a profundizar los lazos de sumisión de su patio trasero, sobre todo en la actualidad cuando las grandes potencias mundiales están empeñadas en consolidar sus espacios de influencia y de ser posible ampliarlos.

Los Estados Unidos, lo sabemos muy bien, están metidos hasta el cuello en una larga e inútil guerra contra el narcotráfico; bastaría con recordar su aparatosa derrota en lo que se conoce como “la guerra del opio” en Afganistán, el año 2021. Empero, lo que interesa es entender que su guerra contra el narcotráfico es parte de su geo-estrategia para expandir su control por el mundo, sobre todo en nuestra región. Le sirve de pretexto para muchas intromisiones y acciones en función de sus intereses imperiales.

Como ya lo señalamos, desde la salida de la base militar estadounidense de Manta, casa adentro se ha mantenido una campaña de diversas fuerzas políticas para que se autorice su retorno. Y en años recientes, representantes del Comando Sur han ofrecido de forma reiterada la “colaboración” militar. Hubo varios acercamientos cobijados con lo que significa la coordinación en la lucha contra el narcotráfico. Incluso, no faltaron los aplausos desde el Norte a las acciones del gobierno de Rafael Correa, tratando de congraciarse con un gobernante que mantuvo una línea soberana en su política internacional.

Sin embargo, sería en ese gobierno cuando el Ecuador se adhirió a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), lo que condujo a una reducción sustantiva del mar territorial. Esta decisión, favorecería, de acuerdo a Marcelo Larrea, uno de sus mayores críticos, la depredación que provocan las flotas pesqueras extranjeras, la explotación de minerales del subsuelo marino, al tiempo que se dan mayores facilidades para el tráfico de sustancias ilícitas en aguas consideradas por la Convención como internacionales. Al perder la soberanía sobre el mar territorial, reducido por la adhesión a la CONVEMAR de 200 a 12 millas desde la línea de costa del continente y de las Galápagos, Ecuador renuncia a la vez a sus derechos territoriales sobre sus fondos marinos y el agua suprayacente, a sus derechos de soberanía aérea y espacial en esas 188 millas, establecidas en la evolución de su legislación marina desde 1830 hasta 1986.

Recordemos que la larga disputa por la soberanía marítima de 200 millas, que se inició en los países del sur de América: Ecuador, Chile, Perú y Colombia, dio lugar a varias confrontaciones. La historia registra inclusive ¨la guerra del atún”, cuando en los años sesenta y setenta del siglo XX, el gobierno de los Estados Unidos impuso sanciones económicas a Ecuador por haber capturado buques pesqueros estadounidenses -154 en total- den­tro de la zo­na de las 200 mi­llas re­cla­ma­da por el Ecua­dor.

Este enfrentamiento se desarrolló con diversos grados de intensidad desde el gobierno de Carlos Julio Arosemena, quien inició la defensa del mar territorial en 1963 al detener numerosos buques estadounidenses, que se encontraban pescando dentro de las 200 millas. Continuó en los gobiernos de Clemente Yerovi, Otto Arosemena y José María Velasco Ibarra. Este último obtuvo una victoria definitiva cuando unió a América Latina y derrotó a la administración de Richard Nixon en la OEA (Organización de Estados Americanos), lo que obligó a los Estados Unidos a someterse a las leyes ecuatorianas para liberar sus buques detenidos por “pesca ilegal”.

Marcelo Larrea, quien denuncia los riesgos que se ciernen para la soberanía nacional e incluso para la sostenibilidad de las Galápagos, considera que, con la adhesión a la CONVEMAR, suscrita el 24 de octubre del 2012, no solo se habría perdido un millón de kilómetros cuadrados de mar territorial, sino que se sientan las bases que permiten la nueva llegada de tropas extranjeras al territorio ecuatoriano.[13]

Las acciones para conseguir una mayor coordinación entre los militares de los dos países avanzaron rápidamente en el gobierno de Guillermo Lasso, justo cuando desde la Embajada norteamericana en Quito se denunciaba el accionar de narco-generales en la fuerza pública. En ese contexto, mientras se profundizaba (¿toleraba?) la infiltración del crimen organizado en la institucionalidad estatal y de los narco-dólares en toda la economía, se redobló el paso para la preparación de un “Plan Ecuador”, emulando el “Plan Colombia”, que tuvo incluso nefastas repercusiones en Ecuador. Según Fernando Carrión, uno de los mayores expertos en estos temas, “la aplicación del Plan Colombia, generó un doble efecto globo: por un lado, el traslado de la producción de cocaína y, por otro, de las nuevas rutas hacia el territorio ecuatoriano”.[14] En síntesis, dicho Plan, que no sirvió para resolver la cuestión del narcotráfico en Colombia, si puede ser visto como un detonante que provocó la creciente presencia de las bandas delictivas transnacionales en Ecuador.

En junio de 2022 se concretó un primer acuerdo entre Washington y Quito. En diciembre del mismo año, el Congreso de Estados Unidos aprobó la “Ley de Asociación Ecuador-Estados Unidos”, estableciendo un plazo de medio año para que el Departamento de Estado propusiera un plan de acción concreto. Posteriormente, el Grupo de Trabajo Bilateral de Defensa entre ambos países, a mediados del 2023, propuso invertir más de 3.100 millones de dólares en el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, con un plazo de 7 años de duración.

Se aceleraba el paso. En mayo del mismo año, en el régimen de Lasso se firmó un acuerdo para la interceptación aérea. En setiembre se firmó otro acuerdo para prevenir, identificar, combatir, impedir e interceptar las actividades marítimas transnacionales ilícitas. Ambos tratados, por dictamen de la Corte Constitucional, no fueron conocidos, ni aprobados por la Asamblea Nacional. En ese mismo 2023, una vez más, a espaldas de la sociedad, en octubre, el canciller ecuatoriano y el embajador de Estados Unidos firmaron el “Acuerdo relativo al Estatuto de las Fuerzas”, que había recibido luz verde por parte de la Corte Constitucional.

Dicho acuerdo fue ratificado por el presidente Noboa, cuyo gobierno aprobó el 10 de diciembre del 2024 el Proyecto de Seguridad Integral en la Región Insular y el Instructivo para la Aplicación de los Acuerdos de Cooperación entre Ecuador y Estados Unidos. De esta manera se operativiza el establecimiento de una base militar en las Galápagos para “combatir el narcotráfico, la pesca ilegal y otras actividades ilícitas conexas entre los grupos narcoterroristas vinculados a los cárteles internacionales”.

Estas decisiones del órgano encargado de velar por la vigencia plena de la Constitución, la Corte Constitucional, sorprenden, por decir lo menos. Por mandato constitucional están prohibidas bases o instalaciones extranjeras con fines militares en el territorio nacional; en realidad no se trata de una prohibición para tener tropas extranjeras en un espacio físico reducido, sino de una clara prohibición de tropas foráneas en el Ecuador, declarado, por la Constitución del 2008, como “un territorio de Paz”.

Lo grave es que la Corte Constitucional determinó que este acuerdo no constituye un acuerdo militar, sino más bien es solo un “compromiso de asistencia” en el marco del enfrentamiento al crimen organizado. Por lo tanto, no ameritaría debate alguno en la Asamblea Nacional, tal como sucedió con la Base de Manta en el año 1999. Es decir, se dejó abierta la puerta para que este acuerdo fuera ratificado directamente por el presidente Noboa. Como de hecho sucedió.

Quizás como una anotación para la historia queda el voto salvado de tres magistrados de la Corte que resaltaron la magnitud y la trascendencia de los compromisos acordados y los privilegios concedidos a una fuerza militar extranjera, que comprometen la soberanía nacional y que al menos debió ser tratado por el parlamento ecuatoriano. Intentar confundir el aporte militar de los Estados Unidos como un simple apoyo policial es una conclusión realmente audaz; ese subterfugio legal sirve para no cumplir con el claro mandato constitucional del artículo 419, que establece que para suscribir tratados internacionales políticos o militares, se requiere la aprobación de la Asamblea Nacional.

Las evidencias son contundentes. Los propósitos militares y los privilegios otorgados en los acuerdos son inocultables y merecen ser conocidos en detalle. Aquí apenas unos cuantos puntos seleccionados. El acuerdo se aplica a personal militar, tanto como al personal civil y contratistas estadounidenses que intervengan en diversas actividades, incluyendo entrenamiento y ayuda humanitaria, con una serie de prerrogativas e inmunidades. Se obvia la jurisdicción penal sobre ese personal. Se acepta la resolución de conflictos de acuerdo a las leyes estadounidenses y no a las ecuatorianas. Se establecen exenciones fiscales para el personal norteamericano. También se entrega el uso gratuito del espectro radioeléctrico. Se libera del pago de todo tipo de derechos a las embarcaciones de los Estados Unidos, que inclusive no están obligadas a usar los servicios de peritaje en los puertos ecuatorianos. Se establece la vigencia de la ley del Estado del agente a bordo, no la del Estado ecuatoriano, de una manera casi generalizada. Se establecen normas no solo para la interdicción de sustancias prohibidas, sino para interceptar embarcaciones con personas en calidad de emigrantes. Se autorizan sobrevuelos en todo el territorio nacional, incluyendo la permanencia en la Base Aérea Simón Bolívar de Guayaquil y en otros aeropuertos; trato similar recibirán las embarcaciones norteamericanas que podrán acoderar en todos los puertos. Lo que resulta evidente, esto es clave, se asegura el libre movimiento de vehículos, en especial aviones y buques; en otras palabras, las tropas norteamericanas no necesitarían una base específica, podrán recorrer todo el territorio nacional… siempre que informen al Estado ecuatoriano sobre sus actividades, algo que, como bien recordamos cuando estaba la Base de Manta, no era la norma.

Un dato adicional importante. El tan mencionado Plan Fénix, al que se ha referido con frecuencia el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa, para enfrentar el crimen organizado, a la postre parece ser apenas “un plan de seguridad de cinco años para Ecuador”, elaborado sobre todo por el Pentágono. Plan al que se lo bautizó como la Hoja de Ruta de Asistencia de Seguridad, según declaró la jefa del Comando Sur de los EEUU, Laura Richardson. Ella, adicionalmente, al celebrar la aceptación de este acuerdo y al tiempo de participar en la ceremonia de entrega de una nueva donación de equipos militares de los Estados Unidos, declaró que “estoy orgullosa de servir con ustedes en el equipo democracia”, refiriéndose a los militares ecuatorianos presentes.

No puede pasar desapercibido el paquete de otros intereses del águila imperial del norte. El año 2022, al inaugurar la Conferencia Sudamericana de Defensa, reunida en Quito, la misma generala señaló públicamente que China y Rusia son “amenazas malignas” para el hemisferio. Inclusive clasificó a la pesca ilegal como un riesgo para la región, refiriéndose las flotas pesqueras chinas, a las que se les abrió la puerta con la CONVEMAR. Ténganse presente, también, que esta funcionaria, en repetidas ocasiones, ha manifestado que los recursos de América Latina son estratégicos para la seguridad de su país. Democracia, seguridad, desarrollo… todos conceptos con los que con frecuencia se disfrazan las apetencias imperiales.

Controlar Galápagos con el pretexto de proteger su Naturaleza

Con bombos y platillos, el presidente Guillermo Lasso anunció solemnemente durante la COP 26, celebrada en Glasgow, al finalizar el año 2021, que se incrementará la reserva marítima del Archipiélago de Galápagos en 60.000 kilómetros cuadrados, gracias a recursos que se conseguirían con un canje de deuda externa. Aparentemente una buena noticia. Tan es así que los aplausos hasta del jet set mundial no se hicieron esperar.

La realidad, una vez más, quedó muy lejos de la propaganda. El ruido fue más que las nueces.[15] Sin minimizar la importancia de ampliar el área de protección en el Archipiélago, la propuesta financiera no ofreció nada nuevo, ni resultó tan potente como se la intentó posicionar. Algo similar sucede con el reciente canje de deuda externa para proteger la Amazonía.

De hecho, la idea de cambiar deuda externa para financiar inversiones ambientales es muy conocida en muchas partes del mundo. En el Ecuador se practicó hace algunas décadas. La idea de canjear deuda para inversiones ambientales, que tiene mucho recorrido. Fueron grupos ambientalistas los que comenzaron a idear cómo hincarle el diente al problema para sacar recursos que les permitan impulsar inversiones en su área de su preocupación. Thomas Lovejoy, representante del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), en 1984, propuso la conversión de deuda externa a cambio de actividades de conservación de la Naturaleza. La lista de proyectos cristalizados de esta manera es larga.

Si abordamos el tema más allá de su publicidad, constatamos que estas operaciones financieras no resuelven las cuestiones de fondo. Es decir, no enfrentan los orígenes y las repercusiones que derivan del endeudamiento externo en tanto herramienta de especulación y hasta de control y subordinación de los países deudores. Es más, en la práctica estas operaciones no discriminan entre deudas legítimas e ilegítimas, como son las deudas usurarias, odiosas o desde el inicio impagables. Con la intervención de organismos no gubernamentales, incluso extranjeros, en muchos casos, se merma la capacidad de respuesta del Estado. Así, no faltaron momentos en los que la soberanía nacional fue puesta en entredicho por la presencia y poder adquirido por determinados grupos privados de dentro y fuera del país. Y, adicionalmente, los recursos liberados no son para nada suficientes con el fin de remediar los imparables daños ambientales de los diversos extractivismos, por ejemplo.

Además, los anuncios oficiales sugerían que el propósito central del gobierno no es necesariamente la conservación de Galápagos per se. El gobierno de Lasso reconoció su preocupación porque “cada día se vuelve más relevante e importante la sostenibilidad de los destinos para los turistas”. Sus islas, a no dudarlo, son un importante punto de atracción del turismo… de élite. Tampoco pasó desapercibida la afirmación del entonces presidente ecuatoriano, quien aseveró que se tomó esta decisión luego de consultar a representantes de los intereses pesqueros.

En concreto, primó más el afán económico-mediático que el efectivamente conservacionista. Cabría incluso recordar que Lasso estaba empeñado en duplicar la tasa de extracción de crudo en la Amazonía, al tiempo que forzaba la mega-minería en el país. Actividades extractivas que depredan del ambiente y atropellan los derechos de las comunidades circundantes, con una serie de impactos nocivos en otros espacios de la vida nacional. Algo similar acontece con su sucesor, Daniel Noboa, quien porfiadamente está decidido a irrespetar las consultas populares que prohíben la explotación de minerales metálicos en los cantones Girón y Cuenca, en la provincia del Azuay, así como en el noroccidente del Distrito Metropolitano de Quito. Gobernante que incumple con el mandato popular que prohíbe seguir extrayendo el crudo en el Yasuni-ITT, a pesar de que se había comprometido a hacerlo siendo candidato presidencial.

Podemos concluir, entonces, que las “soluciones” basadas en transacciones financieras, como las que emergen desde los canjes deuda-Naturaleza, o desde los mercados de carbono y de servicios ambientales, son cantos de sirena. Con esas narrativas se sigue expandiendo y legitimando la acumulación capitalista al pasar de la conservación del ambiente al terreno de los negocios. El aire, los bosques, los mares, la Tierra misma e inclusive el espacio sideral se vuelven más y más vulgares mercancías. Lo que implica ampliar el “capitalismo verde”, permitiendo, perversamente, que quienes más han coadyuvado a deteriorar el entorno natural, ahora incluso puedan acumular mitigando o remediando los destrozos que ellos mismos provocaron.

Más allá de todas esas cuestiones de fondo, cabe anotar que, el manejo de los recursos a ser utilizados en Galápagos, se hará a través de una suerte de fideicomiso manejado por un directorio en donde representantes extranjeros tienen la mayoría de los votos: una clara pérdida de soberanía nacional. El Consejo Director del Galápagos Life Found está compuesto por 11 miembros, de los cuales 6 son actores privados extranjeros, representantes de la industria local del turismo y de la pesca, así como, de la investigación. Los cinco restantes provienen del gobierno ecuatoriano. Por lo tanto, el sector privado es mayoritario y podrá imponer sus intereses.

Para redondear el tema, no se trata de una anulación de deudas, sino de una reestructuración de las mismas transformadas en nuevas deudas, con condiciones sumamente costosas: una verdadera estafa.[16] Es, en definitiva, una acción de sesión de soberanía, cobijada como una bienvenida respuesta ambiental, como fue la “preocupación ecologista”, que mostró el presidente Franklin D. Roosevelt en 1935.

Ecuador territorio en disputa de intereses geoestratégicos

Aceptemos que, si los capitales del crimen organizado han transformado al Ecuador en una plataforma de sus transnacionales negocios, los Estados Unidos mantienen su lógica geoestratégica. Desean, en lo que podría ser visto como parte de un Plan Cóndor del Siglo XXI, que las fuerzas armadas del Ecuador -así como las de otros países de la región- asuman papeles policiales para combatir al narcotráfico, al terrorismo y a otras amenazas para sus intereses. Esta realidad se constata en muchas partes de Nuestra América, incluso en países con gobiernos progresistas, como México.

Este devenir nos recuerda aquellos viejos principios de la Seguridad Nacional, orientados a fortalecer esquemas de contrainsurgencia -quien sabe si también apuntalados con agrupaciones paramilitares-, que se los puede maquillar como de lucha contra el crimen organizado.

Como para redondear este breve análisis cabría anotar el posicionamiento del gobierno de Daniel Noboa -nacido en Miami- a favor de objetivos e intereses norteamericanos. Mientras cada vez más gobiernos levantan al menos su voz de preocupación e incluso de rechazo por las brutales violaciones de derechos desatadas por el sionismo en contra del pueblo palestino, el gobierno de Noboa apoya la posición del gobierno de Netanyahu y profundiza la cooperación en el ámbito de la asistencia policial que recibe Ecuador de Israel. Igualmente, el hecho de que Ecuador haya intentado entregar arnas de origen ruso y ucraniano a los Estados Unidos a cambio de nuevo armamento norteamericano, implica tomar una posición en ese conflicto europeo, que tiene, sin lugar a dudas, series repercusiones en la geopolítica mundial. No falta, por cierto, la renovada declaración oficial de asumir partido en la compleja situación política de Venezuela, que es aprovechada por todas las potencias para expresar, a su manera, su preocupación por “la democracia” en ese país, cuando en realidad lo único que les mueve es el acceso a las enormes reservas de petróleo y minerales venezolanos.

En la actualidad, la pretendida entrega de un pedazo de territorio de Galápagos a las fuerzas armadas de Estados Unidos, tiene que ser leída en este contexto geoestratégico, sin perder de vista la enorme fragilidad ecológica de ese maravilloso territorio insular, que podría sufrir brutales impactos por la presencia de bases militares, profusamente documentados en las islas de Hawai, en la isla de Vieques en Puerto Rico o en Panamá mismo. No se trata de una base temporal. El enfrentamiento inter-imperial será largo y complejo. Además, la lucha contra el narco tráfico y el crimen organizado -sobre todo por la vía militar- está condenada al fracaso. Y, esta ocasión, las destrucciones ambientales pueden ser mucho mayores, si se considera que el armamento nuclear y químico es una característica cada vez más presente en los arsenales modernos.

Sin minimizar la necesidad de enfrentar al crimen organizado y al narcotráfico, la salida de esta compleja encrucijada no pasa por la instalación de bases militares extranjeras de cualquier procedencia, por la militarización de la sociedad[17] y por el populismo penal, que terminan por crear las condiciones para perseguir a grupos empobrecidos y racializados, que inclusive sirve para reprimir a los pobladores que defienden sus territorios de los extractivismos… Tampoco es tolerable la transformación del Ecuador en una suerte de protectorado de Washington en función de sus intereses imperiales, puesto que, bien sabemos, que la geoestrategia para enfrentar el narcotráfico solo sirve para controlar territorios, cuerpos, subjetividades, sin que se logre erradicarlo.

Estamos advertidos. Ojalá no sea cierto aquello que afirmaba el filósofo británico Aldous Leonard Huxley, de que “quizá la más grande lección de la historia es que nadie aprendió las lecciones de la historia.”

Notas:

[1] Sobre este tema se pueden consultar los análisis de Luis Cordova Galarza (2025); “Nuevos enclaves militares en Perú y Ecuador ¿Por qué EE.UU. se instala en Talara y Galápagos?” (1 de enero) https://ordenconflictoyviolencia.or... y “Galápagos: un eslabón en la conquista del poder espacial y marítimo” (13 de enero) https://planv.com.ec/historias/poli...

[2] Ya no como un ejercicio de ciencia ficción, ese capital oligárquico transnacional, demostrando su asombroso y perverso ingenio para buscar y encontrar nuevos ámbitos de explotación, en un renovado esfuerzo expansionista, se dispone a extraer recursos minerales fuera de los límites de nuestro planeta e inclusive a crear colonias extraterrestres. Consultar en Peter Bloom, Alberto Acosta (2021); “Fase superior de los extractivismos – Minería en el más allá”. https://rebelion.org/mineria-en-el-...

[3] Ver House oí representattves. 39 th. Congress. 1 st. Scssion. Ex Doc. N 112 Republic oí Ecuador, Library of Congress. Washington, tomado de Manuel Medina Castro (1984); La otra historia: el Ecuador contra la dependencia y la intervención, Edición auspiciada por loas amigos del autor, Guayaquil.

[4] Jorge W. Villacres Moscoso (1982); Historia diplomática de la Repúblia del Ecuador, Tomo III, Universidad de Guayaquil.

[5] Un breve recuento se encuentra en el artículo de Alberto Acosta (2003); “La increíble y triste historia de América latina y su perversa deuda externa”. https://www.lainsignia.org/2002/dic... https://www.lainsignia.org/2002/dic...

[6] Alfredo Pareja Diezcanseco (1990); Ecuador – Historia de la República, Editora Unidad Nacional, Quito.

[7] Un interesante y recomendable recuento de esta atribulada historia -lammentablemente sin la una adecuada presentación de las referencias bibliográficas, se encuentra en el libro de Hugo Idrovo (2008); Baltra – Base Beta – Galápagos y la Segunda Guerra Mundial, Ministerio de Cultura, Quito.

[8] Alberto Acosta (1994), La deuda eterna – Una historia de la deuda externa ecuatoriana, Colección Ensayo, Libresa, cuarta edición íntegramente revisada y actualizada, Quito. https://drive.google.com/file/d/148...

[9] Luis Roballno Dávlla (1973); El 9 de Julio de 1925, Editorial La Unión, Quito.

[10] Luis Ángel Saavedra, Liset Coba (2007); “¿Operaciones de avanzada o base militar operativa? Un análisis de la Base de Manta”, INREHD, Quito. Disponible en https://www.inredh.org/archivos/man...

[11] Ver las entrevista en VISTAZO, 10 de junio del 2019: “No se requiere una base militar (americana) en Ecuador”. https://www.vistazo.com/actualidad/...

[12] Leer el artículo de Natalia Sierra, Alberto Acosta (diciembre 2024); “Ecuador: ¿Un Estado en disolución? Consecuencias de un sistema político y económico fallido”, Revista Ecuador Debate, Número 123, CAAP, Quito. https://drive.google.com/file/d/11Z...

[13] La lista de intervenciones de Marcelo Larrea sobre esta cuestón es muy larga. Aquí como botón de muestra se sugiere escuchar esta entrevista del 23 de diciembre del año 2024: https://www.youtube.com/live/LQEzkJ...

[14] Fernando Carrion (2022), “La violencia en el Ecuador, una tendencia previsible” , Revista Ecuador Debate, número 117, CAAP, Quito. https://repositorio.flacsoandes.edu...

[15] Ver en Alberto Acosta, John Cajas-Guijarro (2021); “Galápagos, más ruido que nueces ¿Un canje deuda-Naturaleza nada novedoso?” https://ecuadortoday.media/2021/11/...

[16] Entre otros muchos trabajos sobre el tema se puede consultar el de Anne Theisen (2023); “La estafa del Canje de «Deuda por Naturaleza» en un Ecuador sobreendeudado”, CADTM. https://www.cadtm.org/La-estafa-del...

[17] Consultar el artículo de Natalia Sierra, Alberto Acosta (diciembre 2024); “De la excepción del Estado a la militarización de Ecuador”, en la Revista descolonialidad del poder, buenos vivires y diálogo de saberes, Número 2, México. https://img1.wsimg.com/blobby/go/0e...;1.PDF?ver=1735525209913

Alberto Acosta: Economista ecuatoriano. Compañero de lucha de los movimientos sociales. Profesor universitario. Ministro de Energía y Minas (2007). Presidente de la Asamblea Constituyente (2007-2008). Candidato a la Presidencia de la República del Ecuador por la Unidad Plurinacional de las Izquierdas (2012-2013). Autor de varios libros y artículos.

Fuente: https://rebelion.org/la-mira-imperi...

Por Chris Hedges
Fuentes: Voces del Mundo [Imagen de portada: “Exploren Gaza” (Mr. Fish)]

Gaza es un páramo de 50 millones de toneladas de escombros. Ratas y perros hurgan entre las ruinas y los fétidos charcos de aguas residuales sin tratar. El hedor pútrido y la contaminación de los cadáveres en descomposición se elevan desde debajo de las montañas de hormigón destrozado. No hay agua potable. Poca comida. Una grave escasez de servicios médicos y apenas refugios habitables. Los palestinos corren el riesgo de morir a causa de municiones sin detonar, abandonadas tras más de 15 meses de ataques aéreos, descargas de artillería, impactos de misiles y explosiones de proyectiles de tanques, así como por diversas sustancias tóxicas, como charcos de aguas residuales sin tratar y amianto.

La hepatitis A, causada por el consumo de agua contaminada, está muy extendida, al igual que las enfermedades respiratorias, la sarna, la desnutrición, el hambre y las náuseas y vómitos generalizados causados por la ingestión de alimentos rancios. Las personas vulnerables, incluidos los niños y los ancianos, junto con los enfermos, se enfrentan a una sentencia de muerte. Alrededor de 1,9 millones de personas han sido desplazadas, lo que representa el 90% de la población. Viven en tiendas improvisadas, acampadas entre losas de hormigón o al aire libre. Muchos se han visto obligados a mudarse más de una docena de veces. Nueve de cada diez viviendas han quedado destruidas o dañadas. Edificios de apartamentos, escuelas, hospitales, panaderías, mezquitas, universidades -Israel voló la Universidad Israa de la ciudad de Gaza en una demolición controlada-, cementerios, tiendas y oficinas han sido arrasados. La tasa de desempleo es del 80% y el producto interior bruto se ha reducido casi un 85%, según un informe de octubre de 2024 publicado por la Organización Internacional del Trabajo.

La prohibición por parte de Israel del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (UNRWA, por sus siglas en inglés) -que calcula que limpiar Gaza de los escombros dejados tras de sí llevará 15 años- garantiza que los palestinos de Gaza nunca tendrán acceso a suministros humanitarios básicos, alimentos adecuados y servicios.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo calcula que reconstruir Gaza costará entre 40.000 y 50.000 millones de dólares y llevará, si se dispone de los fondos necesarios, hasta 2040. Sería el mayor esfuerzo de reconstrucción posbélica desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

Israel, abastecido con miles de millones de dólares en armas por Estados Unidos, Alemania, Italia y el Reino Unido, creó este infierno. Y pretende mantenerlo. Gaza seguirá sitiada. Tras una oleada inicial de entregas de ayuda al comienzo del alto el fuego, Israel ha vuelto a recortar drásticamente la ayuda transportada en camiones. Las infraestructuras de Gaza no se restaurarán. Sus servicios básicos, como plantas de tratamiento de agua, electricidad y alcantarillado, no se repararán. No se reconstruirán sus carreteras, puentes y granjas destruidos. Los desesperados palestinos se verán obligados a elegir entre vivir como cavernícolas, acampados entre trozos irregulares de hormigón, muriendo de enfermedades, hambre, bombas y balas, o el exilio permanente. Estas son las únicas opciones que ofrece Israel.

Israel está convencido, probablemente con razón, de que con el tiempo la vida en la franja costera se volverá tan onerosa y difícil, especialmente a medida que Israel encuentre excusas para violar el alto el fuego y reanudar los ataques armados contra la población palestina, que será inevitable un éxodo masivo. Se ha negado, incluso con el alto el fuego en vigor, a permitir la entrada de la prensa extranjera en Gaza, una prohibición diseñada para impedir la cobertura del horrendo sufrimiento y muerte.

La segunda fase del genocidio de Israel y la expansión del «Gran Israel» -que incluye la toma de más territorio sirio en los Altos del Golán (así como llamamientos a la expansión a Damasco), el sur del Líbano, Gaza y la Cisjordania ocupada- se está consolidando. Organizaciones israelíes, incluida la organización de extrema derecha Nachala, han celebrado conferencias para preparar la colonización judía de Gaza una vez que los palestinos sean objeto de una limpieza étnica. Las colonias exclusivamente judías existieron en Gaza durante 38 años hasta que fueron desmanteladas en 2005.

Washington y sus aliados en Europa no hacen nada para detener la matanza masiva retransmitida en directo. No harán nada para impedir que los palestinos de Gaza se consuman de hambre y enfermedades y acaben por despoblarse. Son cómplices de este genocidio. Seguirán siendo socios hasta que el genocidio llegue a su sombría conclusión.

Pero el genocidio de Gaza es sólo el principio. El mundo se está desmoronando bajo los embates de la crisis climática, que está desencadenando migraciones masivas, Estados fallidos y catastróficos incendios forestales, huracanes, tormentas, inundaciones y sequías. A medida que se desmorone la estabilidad mundial, la aterradora maquinaria de la violencia industrial, que está diezmando a los palestinos, se hará omnipresente. Estos asaltos se cometerán, como en Gaza, en nombre del progreso, de la civilización occidental y de nuestras supuestas «virtudes» para aplastar las aspiraciones de aquellos, en su mayoría gente pobre de color, que han sido deshumanizados y desechados como animales humanos.

La aniquilación de Gaza por parte de Israel marca la muerte de un orden mundial guiado por leyes y normas acordadas internacionalmente, un orden violado a menudo por Estados Unidos en sus guerras imperiales en Vietnam, Iraq y Afganistán, pero que al menos se reconocía como una visión utópica. Estados Unidos y sus aliados occidentales no sólo suministran el armamento para mantener el genocidio, sino que obstruyen la exigencia de la mayoría de las naciones de que se respete el derecho humanitario.

El mensaje que esto envía es claro: Tú, y las normas que pensabas que podrían protegerte, no nos importan. Nosotros lo tenemos todo. Si intentáis quitárnoslo, os mataremos.

Los drones militarizados, los helicópteros de combate, los muros y barreras, los puestos de control, las bobinas de alambre de espino, las torres de vigilancia, los centros de detención, las deportaciones, la brutalidad y la tortura, la denegación de visados de entrada, la existencia de apartheid que conlleva ser indocumentado, la pérdida de derechos individuales y la vigilancia electrónica son tan familiares para los migrantes desesperados a lo largo de la frontera mexicana o que intentan entrar en Europa como lo son para los palestinos.

Israel, que como señala Ronen Bergman en «Rise and Kill First» (Levántate y mata primero) ha «asesinado a más personas que cualquier otro país del mundo occidental», utiliza el Holocausto nazi para santificar su victimismo hereditario y justificar su Estado colonial de asentamientos, el apartheid, las campañas de asesinatos en masa y la versión sionista del Lebensraum.

Primo Levi, que sobrevivió a Auschwitz, veía la Shoah, por esta razón, como «una fuente inagotable de maldad» que «se perpetra como odio en los supervivientes y brota de mil maneras, contra la voluntad de todos, como sed de venganza, como quiebra moral, como negación, como hastío, como resignación».

El genocidio y el exterminio masivo no son dominio exclusivo de la Alemania fascista. Adolf Hitler, como escribe Aimé Césaire en «Discurso sobre el colonialismo», parecía excepcionalmente cruel sólo porque presidía «la humillación del hombre blanco». Pero los nazis, escribe, simplemente habían aplicado «procedimientos colonialistas que hasta entonces se habían reservado exclusivamente a los árabes de Argelia, los coolies de la India y los negros de África».

La matanza alemana de los herero y los namaqua, el genocidio armenio, la hambruna de Bengala de 1943 -el entonces Primer Ministro británico Winston Churchill desestimó con ligereza la muerte de tres millones de hindúes en la hambruna llamándolos «un pueblo bestial con una religión bestial»-, junto con el lanzamiento de bombas nucleares sobre los objetivos civiles de Hiroshima y Nagasaki, ilustran algo fundamental sobre la «civilización occidental». Como comprendió Hannah Arendt, el antisemitismo por sí solo no condujo a la Shoah. Fue necesario el potencial genocida innato del Estado burocrático moderno.

«En Estados Unidos», dijo el poeta Langston Huges, «no hace falta que a los negros nos digan lo que es el fascismo en acción. Lo sabemos. Sus teorías de supremacía nórdica y supresión económica han sido realidades para nosotros desde hace mucho tiempo».

Dominamos el mundo no por nuestras virtudes superiores, sino porque somos los asesinos más eficientes del planeta. Los millones de víctimas de proyectos imperialistas racistas en países como México, China, India, el Congo, Kenia y Vietnam son sordos a las fatuas afirmaciones de los judíos de que su condición de víctimas es única. Lo mismo hacemos con los negros, los morenos y los nativos americanos. También sufrieron holocaustos, pero estos holocaustos siguen siendo minimizados o no reconocidos por sus perpetradores occidentales.

«Estos eventos que tuvieron lugar en la memoria viva socavaron el supuesto básico tanto de las tradiciones religiosas como de la Ilustración secular: que los seres humanos tienen una naturaleza fundamentalmente ‘moral'», escribe Pankaj Mishra en su libro «The World After Gaza» (El mundo después de Gaza). «La corrosiva sospecha de que no la tienen está ahora muy extendida. Muchas más personas han presenciado de cerca la muerte y la mutilación, bajo regímenes de insensibilidad, timidez y censura; reconocen con conmoción que todo es posible, que recordar las atrocidades del pasado no es garantía de que no se repitan en el presente, y que los fundamentos del derecho internacional y la moralidad no son seguros en absoluto».

La matanza en masa es tan parte integral del imperialismo occidental como la Shoah. Se alimenta de la misma enfermedad de la supremacía blanca y la convicción de que un mundo mejor se construye sobre la subyugación y erradicación de las razas «inferiores».

Israel encarna el Estado etnonacionalista que la extrema derecha de los Estados Unidos y Europa sueña con crear para sí misma, un Estado que rechaza el pluralismo político y cultural, así como las normas legales, diplomáticas y éticas. Israel es admirado por estos protofascistas, incluidos los nacionalistas cristianos, porque ha dado la espalda al derecho humanitario para utilizar la fuerza letal indiscriminada para «limpiar» su sociedad de aquellos condenados como contaminantes humanos.

Israel y sus aliados occidentales, como vio James Baldwin, se encaminan hacia la «terrible probabilidad» de que las naciones dominantes «que luchan por aferrarse a lo que han robado a sus cautivos y son incapaces de mirarse en el espejo, precipiten un caos en todo el mundo que, si no pone fin a la vida en este planeta, provocará una guerra racial como el mundo nunca ha visto».

Lo que falta no es conocimiento –nuestra perfidia y la de Israel son parte del registro histórico– sino el coraje para nombrar nuestra oscuridad y arrepentirnos. Esta ceguera voluntaria y amnesia histórica, esta negativa a rendir cuentas ante el imperio de la ley, esta creencia de que tenemos derecho a usar la violencia industrial para ejercer nuestra voluntad marca el comienzo, no el final, de las campañas de matanza masiva del Norte Global contra las legiones crecientes de pobres y vulnerables del mundo.

Chris Hedges es un escritor y periodista ganador del Premio Pulitzer. Fue corresponsal en el extranjero durante quince años para The New York Times.

Texto original: The Chris Hedges Report, traducido del inglés por Sinfo Fernández.

Fuente: https://vocesdelmundoes.com/2025/02...

Tomado de: https://rebelion.org/genocidio-al-e...

El gobierno de Estados Unidos, bajo la nueva Administración de Donald Trump, ha dado un paso más en su política de agresión imperialista con dos insólitas medidas que han provocado la indignación mundial.

En primer lugar, Trump ha propuesto un plan para que los palestinos sean expulsados de la Franja de Gaza.

En segundo lugar, ha ordenado la retirada inmediata de los Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Ambas decisiones no son unos simples cambios de estrategia, sino la viva expresión de una política exterior que pretende imponer, mediante la fuerza y el chantaje, los intereses del capital estadounidense y de sus aliados en la zona.

Mientras desmantela cualquier espacio de cooperación multilateral, la Casa Blanca reafirma simultáneamente su respaldo incondicional a Israel, despreciando cualquier noción relacionada con los derechos humanos.

LA EXPULSIÓN DE LOS PALESTINOS DE GAZA: UN CRIMEN ENCUBIERTO DE ESTRATEGIA

El Plan Trump destinado a desalojar a los palestinos de Gaza es una forma indisimulada de poner en marcha una operación de limpieza étnica.

El Plan, presentado bajo el pretexto de “reconfigurar las dinámicas territoriales y de seguridad” en la región, contiene, en una versión actualizada, los mismos propósitos que tuvo en el pasado la "Solución final" de los nazis durante la II Guerra Mundial contra los judíos. Primero, desplazarlos de sus asentamientos históricos. Luego, proceder a su exterminio físico. Con el Plan Trump lo que se pretende es exterminar por disgregación a todo un pueblo.

El razonamiento utilizado por la Casa Blanca para justificar la aplicación su "Solución final" tiene, igualmente, similitudes estremecedoras a la utilizada por Hitler a partir de 1942.

De acuerdo con el argumento esgrimido ahora por Washington, hay que proceder al desalojo de los palestinos debido a su alta concentración demográfica en Gaza, que representa, según el presidente, un peligroso foco de inestabilidad.

Inicialmente, en la década de los treinta del siglo pasado, los nazis argumentaron que la "Solución" del "problema judío" era la emigración forzada y su segregación en guetos. Luego, una vez comenzada la II Guerra Mundial, los nazis pasaron a una segunda fase de su Plan, que consistiría en el exterminio sistemático como única "respuesta viable" en tiempos de guerra, ya que los judíos constituían un permanente potencial enemigo.

La "Solución final" que ahora propone Trump no es el fin del asedio a Gaza, ni tampoco el respeto al derecho de autodeterminación del pueblo palestino, sino su exterminio por disgregación.

En estos momentos, Palestina ha dejado de ser una cuestión que competa exclusivamente a los diplomáticos o a divertimientos palaciegos de políticos institucionales. Nos encontramos ante una gigantesca operación de violencia institucionalizada que amenaza con desplazar y exterminar por disgregación a todo un pueblo. Las cartas, pues, han sido puestas boca arriba por los mismos que han protagonizado este genocidio. Ya no hay lugar para las elucubraciones dilatorias.

En estos días, la única respuesta efectiva a este atropello no puede limitarse a la emisión de simples comunicados oficiales, sino que requiere una movilización global de la humanidad en contra la impunidad con la que actuan los EE UU e Israel en la región.

OPERACIÓN SIMULTANEA: EE.UU. ABANDONA EL "CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS" DE LA ONU

Mientras promueve la expulsión de los palestinos de su tierra, EEUU ha decidido abandonar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, dejando muy claro que los principios de justicia y dignidad solo le interesan cuando pueden ser utilizados como herramientas de presión contra sus enemigos.

Desde la Casa Blanca se ha justificado esta retirada con el argumento de que el organismo en cuestión es ineficaz y parcial, una afirmación realmente cínica si se considera que EE.UU. ha sido uno de los mayores responsables de violaciones a los derechos humanos en el mundo. Pero en cualquier caso, no se trata de una cuestión de eficiencia, sino de intereses: el Consejo de Derechos Humanos ha señalado en repetidas ocasiones los crímenes de Israel, lo que resulta inaceptable para Washington.

Esta retirada tampoco es un gesto aislado. Forma parte de una estrategia mayor que incluye la suspensión de fondos destinados a la Agencia para los Refugiados Palestinos (UNRWA) y la reducción de ayuda humanitaria en otros conflictos.

Mientras se retiran de organismos internacionales, refuerzan su capacidad de intervención unilateral en distintas partes del mundo, utilizando sanciones económicas, financiamiento de grupos armados y bloqueos para imponer su dominio.

El desprecio de la Casa Blanca por los derechos humanos solo reafirma lo que ha sido evidente durante décadas: las instituciones internacionales solo son útiles para EE.UU. cuando sirven a sus intereses. Cuando se convierten en un obstáculo para su política de saqueo y violencia, simplemente se deshacen de ellas.

LLAMAMIENTO A LA MOVILIZACIÓN GLOBAL

La retirada del Consejo de Derechos Humanos y el intento de expulsión de los palestinos de Gaza son expresiones de una misma política imperialista que, en su confrontación con otras grandes potencias rivales por la conquista de los mercados internacionales, está priorizando los beneficios de su propia clase dominante a costa de la vida y la dignidad de millones de personas.

Hoy, pues, el verdadero desafío no consiste en tratar de convencer a la Casa Blanca para que revierta sus monstruosas decisiones, sino en promover la urgente y masiva movilización popular y la solidaridad internacional. Solo con la movilización global y activa de los pueblos lograremos frenar la maquinaria genocida yanqui y sionista que se intenta desplegar con impunidad desde Washington.

Fuente: https://canarias-semanal.org/art/36...

UN CENTENAR DE PERSONAS DENUNCIAMOS LAS POLÍTICAS MIGRATORIAS QUE LLEVAN A LA MUERTE A 28 PERSONAS AL DÍA DURANTE EL 2024, EN LA RUTA MÁS MORTÍFERA DEL MUNDO,LA CANARIA

Alternativa Antimilitarista MOC Las Palmas

Al grito de “no son muertes son asesinatos” se organizó, frente a la delegación de Gobierno de España, en la isla de Gran Canaria, una concentración de denuncia de las políticas migratorias,causantes de más de 10.000 muertes y desapariciones de personas en el intento de acceso a Europa. Entre las víctimas se encuentran 421 mujeres y 1538 niñas, niños y adolescentes.

Expresaron en el manifiesto que “entre las principales causas de este aumento de naufragios y víctimas, se destaca la omisión del deber de socorro, la priorización del control migratorio sobre el derecho a la vida, la externalización de fronteras en terceros países, la inacción y arbitrariedad en los rescates, la criminalización de organizaciones sociales y familias, esto unido a las situaciones de extrema vulnerabilidad que empuja a las migrantes a lanzarse al mar en condiciones muy precarias”. Subrayan la especial situación de violencia que sufren las mujeres que migran. Señalan también “Las familias de las víctimas son revictimizadas por un sistema que las estigmatiza y que considera a sus seres queridos víctimas de segunda clase” y que se enfrentan a un sinfín de obstáculos que dificultan la memoria, la justicia y la reparación.

Hicieron presente a las Victimas en la playa de Tarajal, para no olvidar a las 14 personas que murieron ahogadas mientras la Guardia Civil les disparaba balas de goma y gas lacrimógeno para evitar que llegaran a la costa. Otras 23 personas fueron devueltas a Marruecos desde la misma playa y sin acceso a ningún procedimiento formal. A lo largo de estos años y a pesar de las denuncias, no se ha hecho justicia, no se han depurado responsabilidades y no se ha reparado a las víctimas ni a sus familias. Tampoco a las víctimas de la masacre de Melilla.

Se expusieron las denuncias:
- Que el Estado omite su deber de socorro permitiendo las muertes en el mar sin proporcionar auxilio en todos los casos, y tampoco facilita a las familias la búsqueda e identificación de sus familiares muertos o desaparecidos.
Que Frontex sigue siendo el brazo ejecutor de una política de fortificación de las fronteras y de criminalización de las vidas migrantes
La violencia colonial y racista de las políticas europeas, y especialmente, el “Pacto Europeo de Migraciones y Asilo”, incompatible con los derechos humanos.
La falta de una voluntad política real para garantizar una acogida digna, tanto a nivel estatal, como en las políticas de la comunidad autónoma
- la violencia administrativa, la falta de personal formado y las trabas burocráticas que dificultan trámites fundamentales para poder acceder a los derechos y a la igualdad real.

Plantearon las exigencias siguientes:
• Garantizar vías legales y seguras, con acceso a visados que permitan viajar en las vías regulares, reconociendo el derecho a la libre circulación de todas las personas
• Que se reconozca como deber el rescatar todas vidas en el mar, y se pongan los medios para ello.
• Unas políticas sociales dotadas de presupuestos y recursos, que ofrezcan una acogida digna para todas las personas migrantes y refugiadas.
• Garantías para el derecho a asilo a todas las personas que lo soliciten tanto dentro como fuera del territorio español
• Que cese la externalización y militarización de las fronteras buscando otras maneras de gestión de las dinámicas migratorias que garanticen la vida digna, y con garantías del cese de violencia policial y militar
• Unas políticas que combatan los discursos de odio y que deroguen las legislaciones que atentan contra la dignidad de las personas migrantes y racializadas.
• Unas política de reparación a las víctimas: las de Tarajal, las de Melilla, y de todas las que cada día mueren, sí, 30 cada día. Reparación, justicia y garantía de no repetición.

Deseamos firmemente que este año 2025 no tenga ni una sola muerte más en una vía migratoria, y seguiremos trabajando en ello, porque no podemos mirar a otra lado. Las vidas migrantes importan, las vidas negras importan, todas las vidas importan. No son muertes, son asesinatos Migrar es un derecho, no un delito.

Concluyó la movilización con un poema de Jose Miguel Perera dedicado a las niñas y niños que pierden su vida por estas necropolíticas.

Gastón Trelles

Las denuncias por acoso dentro de las Fuerzas Armadas Españolas en 2023, último año con datos, han superado todos los registros hasta la fecha al alcanzar los 46 procedimientos abiertos, por encima de los 39 iniciados en 2021, año que ostentaba el récord hasta ahora. Así lo expone el último informe del Observatorio de la vida militar, órgano dependiente de las Cortes Generales, en el que se detalla que, al 1 de enero de 2024, ninguna de estas denuncias por acoso sexual o laboral habían acabado en una condena o sanción contra los supuestos autores.

De acuerdo al estudio, de entre todas las denuncias realizadas ante las distintas Unidades de Protección frente al Acoso (UPA), 17 han sido tramitadas por vía penal y 21 por vía disciplinaria (aquellos que se dirimen puertas adentro del ejército), mientras que ocho han dado lugar a la apertura de procesos tanto penales como disciplinarios. Del total, 18 denuncias fueron archivadas y, en cambio, 35 continuaban en trámite al momento de confeccionar este trabajo estadístico.

En las acusaciones se han señalado a 58 presuntos acosadores, la gran mayoría de ellos de sexo masculino, a excepción de dos mujeres. En cuanto a su escala, diez son oficiales; 19, suboficiales; y 30 pertenecen a la tropa. Por su parte, de las 48 víctimas que reflejan las demandas, 46 son féminas y sólo dos son hombres: tres oficiales, seis suboficiales y 39 integran la escala más baja -y numerosa- de las Fuerzas Armadas.

La mayoría de las demandas (33) se han llevado a cabo en el Ejército de Tierra, que es la fuerza más numerosa: 72.794 hombres y mujeres que suponen el 62,5% del total de militares en activo. Por su parte, en la Armada y el Ejército del Aire, con alrededor de 20.000 efectivos cada uno, se registraron seis y tres denuncias, respectivamente. El resto de procedimientos tuvieron lugar en el Estado Mayor de la Defensa (tres) y en el Órgano Central (1).

43 condenas en ocho años

Desde que entró en vigor el protocolo de actuación ante el acoso elaborado por el Ministerio de Defensa, se han realizado, entre 2016 y 2023, un total de 265 demandas. De estas, 142 han seguido el camino penal y 187 la vía disciplinaria. Según los datos que recoge el Observatorio de la vida militar, solo el 16% de los casos denunciados (43) han supuesto una condena o sanción para los acosadores mientras que, por contra, el 60% de las acusaciones (160) fueron archivadas. En los primeros días de 2024, 38 de los procedimientos abiertos no se habían resuelto.

De igual manera, en estos ocho años, han existido 29 denuncias por acoso sexual que posteriormente han cambiado de calificación. Esto ocurre, explica el informe, cuando el órgano judicial considera que los hechos constituyen otro tipo de delito o cuando la autoridad disciplinaria estima que los mismos no suponen acoso, pero sí otro tipo de infracción.

En este sentido, el trabajo ha señalado que en algunos procesos penales se observan retrasos en su resolución, lo que implica también que no se cierran varias actuaciones disciplinarias. Esto último dado que una misma denuncia puede dar lugar a la apertura de dos procedimientos diferentes cuando, iniciada la vía disciplinaria, la jurisdicción considera que los hechos comportan un delito. En estos casos, los procesos disciplinarios no se archivan sino que se suspenden hasta que finalice la causa penal. Si los hechos denunciados son condenados se procederá al cese de la vía disciplinaria, pero si no hubiese responsabilidad penal sí se continuará el trámite para determinar si existe infracción disciplinaria.

Desde la entidad que analiza de manera permanente la condición de militar en España y la forma con que el Estado vela por los intereses de los miembros de las Fuerzas Armadas han valorado positivamente el funcionamiento en el protocolo ante estos casos establecido por Defensa. En concreto, el Observatorio de la vida militar han constatado la confianza que los efectivos tienen en las UPA, dado que “prácticamente la totalidad de las víctimas” ha acudido directamente a ellas para denunciar situaciones de acoso.

Fuente: https://www.infobae.com/espana/2025...

elDiario.es Galicia

Un informe del Defensor del Pueblo vuelve a poner el foco en las vulneraciones de derechos que se dan en los sanatorios psiquiátricos gallegos. En esta ocasión se trata de un centro privado -que tiene concierto con la Xunta- situado en el municipio coruñés de O Pino, La Robleda, del grupo Hestia Alliance. Según publica el diario El País, una inspección sorpresa hecha en septiembre de 2024 detectó que hay pacientes atados durante semanas, a los que se encierra en sus habitaciones y también denuncias de agresión sexual, además de ingresos que se prolongan durante años sin una justificación médica y otras vulneraciones como cámaras de videovigilancia en todas las habitaciones o restricciones para acceder a la tecnología.

El centro psiquiátrico funciona desde hace medio siglo, pero no se trasladó a su actual emplazamiento hasta 2007. Son estas instalaciones las que visitaron hace unos meses sin previo aviso los técnicos del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, dependiente del Defensor del Pueblo y centrado en las instalaciones en las que hay privación de libertad, como los psiquiátricos, las cárceles o los centros de menores. Las conclusiones se han remitido ya a la Consellería de Sanidade de la Xunta, a la Fiscalía y al sanatorio inspeccionado.

Entre las medidas que consideran “mala praxis” están el uso “habitual” de la llamada contención mecánica, es decir, atar al paciente, un recurso que organizaciones médicas y de derechos humanos piden evitar usar en personas con patologías psiquiátricas. Los responsables del Defensor del Paciente, que se entrevistaron con personas ingresadas en La Robleda y con los trabajadores, destacan que constan inmovilizaciones que se prolongaron durante semanas. Citan el caso de una persona a la que se ve “claramente tranquila” y sin mostrar “ningún signo de agresividad, colaborando en la retirada de su ropa y en el resto de instrucciones” a la que se ata. Lo vieron en grabaciones de las cámaras del centro. Otro paciente, añade la información de El País, estuvo inmovilizado nueve días y pasó luego otros tres encerrado con llave en su habitación, lo que es “una vulneración grave de los derechos básicos”

Esa práctica de aislar a un paciente es, según el informe, “muy común” en el sanatorio, pero no se recoge en las circulares ni en los documentos internos. Tampoco hay para ella “ningún soporte legal”, prosigue el Defensor del Pueblo. Analiza también el caso de una paciente que denunció que un trabajador la agredió sexualmente y la denigró cuando ella estaba siendo sometida a contención mecánica. Ella dijo que le había tocado “sus partes íntimas” y que la había insultado. Estas declaraciones aparecen en el historial médico. La reacción del centro fue anotar que se revisarían las grabaciones de las cámaras, pero no figuran las conclusiones o la activación de ningún protocolo a raíz de este caso. Otro paciente fue sorprendido mientras le tocaba el pecho a esta misma interna, algo que se registró solo en el expediente médico del hombre.

El informe considera “incuestionable”, a la vista de lo ocurrido, que “se requiere extremar el rigor en la detección de casos de posible agresión sexual”. La empresa Hestia Alliance respondió al respecto que hizo “las investigaciones pertinentes”, pero “sin poder dar validez a las afirmaciones de la persona en cuestión”. La información recoge también que el grupo, que tiene 14 centros sociosanitarios y de salud mental en varias comunidades, asegura que desarrolla su actividad con “criterios y supervisión médica” y que la inspección del Defensor del Pueblo “deja mucho que desear en su metodología”. Sostiene que hay “una notable e inevitable diferencia” entre “un trato médico diario y continuado en el tiempo” y la que “se deriva de una aproximación tangencial y esporádica, por muy bienintencionada que sea, en el transcurso de una visita”. Añade que la Xunta hace una supervisión “exigente”. El Gobierno gallego manifiesta en la información que vigila que se dé una atención “correcta” en el centro a los pacientes que le deriva, que son actualmente 26. En cualquier caso, dice que tendrá en cuenta las recomendaciones del Defensor del Pueblo.

En las conclusiones del organismo que dirige Ángel Gabilondo se añade que, cuando se inmoviliza a algún paciente, se le pone “de manera rutinaria” un pañal porque hay una “ausencia de supervisión y falta de control”. En muchos casos, agrega, no se especifican los motivos, el profesional responsable ni la fecha final de una contención. Y se ha comprobado que hay pacientes que han sido inmovilizados en sus cuartos, algo que denuncian los inspectores por las posibles consecuencias: “Supone enfrentarse a la situación de tener que dormir en una cama y una habitación donde las personas ingresadas se han tenido que ver en momentos que pueden ser vividos de manera altamente traumática”.

El Defensor del Pueblo agrega que hay cámaras de videovigilancia en todas las habitaciones, lo que puede suponer una violación del derecho a la intimidad; que a los pacientes fumadores se les limita el número diario de cigarrillos, lo que “contraviene la libertad individual”; y que los internos tienen prohibido el empleo de dispositivos tecnológicos. No hay ordenadores propios ni compartidos y el acceso a la televisión se hace de forma restringida. También considera que hay falta de personal para atender a todos los pacientes y apunta que la estancia media en el centro, de 187 días, está por encima de la media de hospitalización psiquiátrica en Galicia.

El BNG ha anunciado ya que va a exigir responsabilidades a la Xunta por lo que califica de “gravísima situación” en La Robleda. Lo hará, avanzó la diputada Iria Carreira, a través de iniciativas en el Parlamento en las que reclamará “transparencia y que salga a la luz todo lo que está ocurriendo” en ese centro. A su juicio, los hechos que recoge el Defensor del Pueblo son muestra de “la escasa preocupación de la Xunta por la salud mental y las pacientes psiquiátricas”. Recalca que esto sucede en una clínica con financiación pública.

Fuente: https://www.eldiario.es/galicia/vio...

No nos dejemos engañar, la realidad es que la geopolítica de Estados Unidos enfrenta riesgos significativos si el presidente Donald J. Trump continúa con su enfoque irracional y arbitrario en las relaciones con Latinoamérica, marcado por sus actitudes de amenaza y confrontación.

En Colombia, un ejemplo es la instalación de un potente radar militar en el Parque Nacional Natural Gorgona bajo el pretexto de combatir el narcotráfico. Este proyecto es financiado por la Oficina Internacional de Asistencia Antinarcóticos de los Estados Unidos.

Gorgona es un lugar para la ciencia, un mosaico de biodiversidad, santuario de ballenas, refugio de innumerables especies endémicas y migratorias, cuya protección y preservación es fundamental para la vida.

La comunidad de Guapi y otras aledañas, así como científicos, biólogos, guias turísticos, colectivos de activistas ambientales de todo el país y el mundo, deberían aprovechar esta coyuntura para reactivar su lucha ambiental, que lleva años solicitando el retiro de este proyecto.

Esta es una oportunidad de oro para decirle no al proyecto militar de los Estados Unidos en Gorgona!

Fuente: https://www.facebook.com/photo/?fbi...

Joost Bastmeijer / Saskia Houttuin / Mark Townsend

Cientos de mujeres fueron violadas y quemadas vivas durante el caos desatado tras la entrada de un grupo rebelde apoyado por Ruanda en la ciudad congoleña de Goma la semana pasada.

Las reclusas fueron atacadas en su ala dentro de la prisión Munzenze de Goma durante una fuga masiva, según un alto funcionario de la ONU.

La jefa adjunta de la fuerza de mantenimiento de la paz de la ONU con base en Goma, Vivian van de Perre, declaró que mientras varios miles de hombres consiguieron escapar de la prisión, la zona reservada a las mujeres fue incendiada.

Las imágenes tomadas poco después de que los rebeldes del M23, apoyados por Ruanda, alcanzaran el centro de Goma mostraban enormes columnas de humo negro que se elevaban desde la prisión en la mañana del 27 de enero.

Aunque los detalles del incidente son escasos, la atrocidad parece ser la peor del reciente conflicto liderado por el M23 en el este de la República Democrática del Congo (RDC). Sin embargo, las fuerzas de paz de la ONU no han podido visitar la prisión para investigar más a fondo debido a las restricciones impuestas por los rebeldes del M23, lo que significa que la identidad de los autores sigue sin estar clara.

El martes se supo que unos 2.000 cadáveres seguían a la espera de ser enterrados en Goma después de que los combatientes del M23 tomaran la ciudad, capital de la provincia de Kivu Norte, el 27 de enero.

Van de Perre, que ahora se encuentra en Goma con miles de tropas de mantenimiento de la paz de la ONU desplegadas para proteger a los ciudadanos, declaró: “Hubo una gran fuga de 4.000 presos. También había unos cientos de mujeres en esa prisión”.

“Las violaron a todas y luego prendieron fuego al ala de mujeres. Después murieron todas”, añadió.

Esta semana, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) advirtió de que los grupos armados rivales estaban utilizando la violencia sexual como arma de guerra en Goma.

La ciudad, donde viven más de un millón de personas, está bajo el control total de las fuerzas del M23. Pero en un acontecimiento imprevisto a última hora del lunes, la milicia anunció un “alto el fuego” unilateral.

Hasta entonces, se temía que Ruanda estuviera decidida a arrebatar más territorio a su vasto vecino, ya que las fuerzas del M23 se dirigían constantemente hacia el sur, en dirección a Bukavu, capital de la provincia de Kivu del Sur, a 190 kilómetros de Goma.

La coalición político-militar Alianza del Río Congo, de la que forma parte el M23, anunció en un comunicado que “no tiene intención de tomar el control de Bukavu ni de otras localidades”.

En respuesta a la noticia del inesperado alto el fuego. Van de Perre declaró: “Espero que siga así, porque ellos [el M23] ya se estaban moviendo en dirección a Bukavu con refuerzos y armamento pesado, que se puede ver pasar [por] las calles de Goma.

“Si se retiran, es una buena noticia. De lo contrario, tendremos un nuevo enfrentamiento con la posibilidad de miles de muertos más”.

Dijo que el M23 podría haber recapacitado repentinamente tras la llegada de refuerzos de Burundi a Bukavu y la utilización de un aeropuerto cercano por parte de la fuerza aérea congoleña.

“Los burundeses han enviado 2.000 soldados más a Bukavu y son muy buenos combatientes. Creo que el M23 se está replanteando sus próximos pasos”, explica la jefa adjunta de la misión de la ONU.

A pesar de las pruebas, Ruanda niega estar respaldando al M23 o que sus fuerzas hayan cruzado al este de R.D. Congo.

Sin embargo, Van de Perre, que forma parte de la fuerza de mantenimiento de la paz de la ONU conocida como Monusco, afirmó que sus colegas habían visto a soldados ruandeses durante las patrullas, un comportamiento tan descarado que sugiere que no les preocupan las repercusiones internacionales.

Van de Perre instó al Consejo de Seguridad de la ONU a aumentar la presión sobre Ruanda. “Realmente necesitamos volver a la mesa de negociaciones. Y eso sólo es posible si los miembros del Consejo de Seguridad y otros países importantes ejercen suficiente presión sobre Ruanda y R.D. Congo”, afirmó.

Anteriormente, otro alto funcionario de la ONU había especulado con que el vecino de la RDC quería anexionarse un trozo de RDC mayor que la propia Ruanda. “Se trata de una política a largo plazo para conseguir que la zona más amplia de Kivu pase a la esfera de influencia ruandesa y, más adelante, quede bajo control administrativo total”, afirmaron.

Antes de que se anunciara el alto el fuego a última hora del lunes, Van de Perre dijo que estaba preocupada por los informes de que los grupos se estaban preparando para un contraataque. “Ya tenemos noticias de que en algunos lugares la gente se está reuniendo y organizando”, declaró.

Van de Perre afirmó que mantiene un “diálogo constante” con los oficiales del M23 a cargo de Goma y que las condiciones humanitarias en la ciudad eran terribles.

Dijo que era difícil cruzar la ciudad. “Ellos [el M23] nos permiten llevar comida y agua a nuestras bases, pero aparte de eso apenas podemos movernos”.

Fuente: https://www.eldiario.es/internacion...

Por Malak Hijazi / La Intifada Electrónica
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Parece que ni Israel ni Estados Unidos están dispuestos a dejar que nosotros, los habitantes de Gaza, vivamos en paz. Incluso después del anuncio de un frágil alto el fuego en la guerra genocida perpetrada por la ocupación colonial israelí –respaldado por el apoyo estadounidense y negociado con garantías egipcias y qataríes–, el presidente estadounidense Donald Trump hizo otra declaración profundamente polémica. Propuso “ limpiar todo eso”, sugiriendo la reubicación de “un millón y medio” de palestinos en países vecinos como Jordania y Egipto, presentándolo como una supuesta solución humanitaria.

Leí sus palabras dos veces, tratando de captar todo el peso de lo que quería decir con “cosa”. Era inequívoco: se refería a Gaza, una tierra que alberga a más de dos millones de personas que han soportado décadas de asedio, bombardeos y desplazamientos forzados. Para Trump, Gaza no es un lugar de vida, historia y resistencia, sino un obstáculo que hay que eliminar, su gente reducida a un problema que el niño mimado favorito de Estados Unidos debe “resolver”.

Al describir una conversación telefónica con el rey Abdullah II de Jordania, Trump calificó a Gaza de “un verdadero desastre” y dijo que instó al rey Abdullah a acoger a más palestinos. Sugirió que el nuevo acuerdo podría ser temporal o de largo plazo para los desplazados, afirmando que les permitiría “vivir en paz para variar”.

“Me gustaría que Egipto acogiera a la gente, y me gustaría que Jordania acogiera a la gente”, dijo . Sin embargo, tanto Egipto como Jordania rechazaron la propuesta de reubicar a los palestinos de Gaza.

Esto no es nuevo. Trump no considera a Gaza como una patria, sino como un problema inmobiliario que debe resolverse. Hace poco la calificó de “ubicación fenomenal”, pero al mismo tiempo la comparó con un “sitio de demolición masiva”. Sus palabras se hacen eco de las de su yerno, Jared Kushner, quien el año pasado habló de las “valiosas” propiedades costeras de Gaza como si fueran tierras de primera para la reurbanización, una vez que su gente fue borrada convenientemente.

Desafío y desesperación

En Gaza, la propuesta de Trump fue recibida con desafío y profunda preocupación. Algunos la rechazaron de plano, negándose a tomar en serio sus palabras, especialmente después de que el ejército israelí se retiró de la mayoría de las áreas del territorio costero, permitiendo que los residentes regresaran a sus barrios devastados en el norte de Gaza. El sentimiento general expresado en Gaza fue que si no se fueron durante los bombardeos, cuando la presión para abandonar las casas estaba en su punto máximo, ¿por qué lo harían ahora, después de que la matanza se detuvo?

Otros, sin embargo, interpretaron su declaración como una advertencia de que la reconstrucción de Gaza podría verse deliberadamente paralizada, volviéndola inhabitable y obligando a sus residentes a marcharse. Incluso sin una acción militar directa, continúa otro tipo de guerra: la de las privaciones. Las severas restricciones a los alimentos, los medicamentos, el agua y el combustible han convertido la vida cotidiana en una batalla por la supervivencia. Los hospitales luchan por funcionar, las familias esperan en interminables colas para obtener agua potable y los frecuentes cortes de electricidad sumen a barrios enteros en la oscuridad.

Si persisten estas condiciones, quedarse en Gaza puede convertirse en una elección insoportable. Los padres se enfrentarán a la dolorosa decisión de ver a sus hijos sufrir hambre y enfermedades o abandonar su patria. La ayuda humanitaria –que ya es un salvavidas para la supervivencia– podría convertirse en un arma, condicionada de manera que se presione a la reubicación bajo el pretexto de la necesidad. Lo que las bombas no lograron, la desesperación creciente sí lo logrará.

Aunque hasta ahora Egipto y Jordania se han resistido a tales propuestas, los esfuerzos diplomáticos podrían generar presión sobre ellos para que acepten a los refugiados palestinos como parte de un acuerdo de paz internacional.

Una larga historia de desplazamiento forzado

El 11 de octubre de 2023, cuando el funcionario estadounidense John Kirby habló de un “paso seguro” para que los habitantes de Gaza pudieran huir, mi padre, sentado en nuestra sala de estar, apagó la radio con disgusto. Su rostro se ensombreció y agitó la mano con desdén. “No nos iremos”, dijo con firmeza, como si se dirigiera al propio Kirby o a las fuerzas detrás de los incesantes ciclos de desplazamiento que han perseguido a nuestro pueblo durante generaciones.

Mi padre hablaba a menudo del exilio de su abuelo en 1948, de las tierras perdidas, de la dolorosa separación de su padre tras la guerra de 1967. Cuando mi abuelo se fue a trabajar a Egipto, nunca le permitieron regresar. No eran historias aisladas, sino parte de una larga historia de desplazamientos, de familias destrozadas, de promesas incumplidas.

Me habló de la década de 1970: la expulsión de familias del campo de refugiados de Jabaliya, cuando el ejército israelí marcó con una X las casas de los combatientes por la libertad, dándoles sólo 48 horas para marcharse antes de que sus casas fueran destruidas. Otras casas fueron demolidas con el pretexto de ensanchar las carreteras, otra táctica de desplazamiento forzado. Una de esas familias eran los Daoud, vecinos de mi padre, que vinieron a despedirse antes de ser obligados a ir a Al-Arish, en Egipto, sin saber si algún día volverían.

Esta estrategia de expulsión de los palestinos de Gaza no es nueva. En 1953, un plan negociado entre Egipto y la UNRWA (la agencia de la ONU para los refugiados palestinos) tenía como objetivo reubicar a 60.000 refugiados de Gaza en el Sinaí, con el respaldo de 30 millones de dólares de financiación de la UNRWA. En 1955, cuando las incursiones militares israelíes se intensificaron, el plan cobró impulso, pero las protestas masivas obligaron a cancelarlo.

En 1956-57, el ministro de finanzas israelí, Levi Eshkol, destinó 500.000 dólares para financiar la salida de 200 familias de refugiados palestinos de Gaza. En 1969, los funcionarios israelíes estaban considerando medidas para reducir el nivel de vida de Gaza en comparación con Cisjordania con el fin de alentar la emigración. Bajo el mando militar de Ariel Sharon en 1971, Israel destruyó miles de viviendas y deportó a 12.000 civiles al Sinaí, muchos de los cuales fueron ubicados en el “campamento de Canadá”, cerca de la frontera con Egipto, donde vivieron en el limbo durante años. Estas políticas fueron parte de una estrategia más amplia para fragmentar la sociedad palestina, reducir la población de refugiados y eliminar su identidad política, continuando la larga historia de desplazamientos en Gaza.

Estas políticas han moldeado desde hace tiempo la conciencia palestina, reforzando la comprensión colectiva de que el desplazamiento no es incidental sino deliberado. Por eso, muchos habitantes del norte de Gaza se negaron a trasladarse al sur durante la reciente guerra genocida, reconociendo las últimas llamadas órdenes de evacuación como parte de una estrategia familiar de traslado forzoso. Sabían que no se trataba sólo de escapar de los bombardeos, sino de resistirse a la eliminación.

De la misma manera, en el sur, a pesar de la presión y la violencia incesantes, muchos optaron por quedarse en lugar de correr el riesgo de convertirse en parte de otra ola de exilio forzado. Nunca consideraron cruzar la frontera hacia Egipto. La resistencia en Gaza nunca ha sido sólo un acto individual; es una postura colectiva contra una historia que exige repetirse.

Gaza no es una “cosa”

Las potencias coloniales occidentales consideran desde hace mucho tiempo a Gaza, y a los palestinos en general, no como un pueblo con historia, cultura y capacidad de acción, sino como una población que hay que controlar, descartar o gestionar. Para ellas, somos animales humanos, marginados y prescindibles, a los que hay que desplazar, privar de alimentos y borrar del mapa sin consecuencias. Las palabras de Trump –que reduce Gaza a una “cosa” que hay que “limpiar”– no son una anomalía, sino un claro reflejo de esta mentalidad deshumanizadora.

Sin embargo, la historia demuestra que están equivocados. Gaza no es un objeto de política ni una mera zona de crisis. Está llena de carne y hueso, es una tierra de resistencia que ha desafiado todos los intentos de borrarla. Los que son etiquetados como refugiados han desmantelado hasta las estrategias coloniales más sofisticadas. La gente considerada impotente ha desbaratado continuamente los planes mejor trazados del ocupante.

Lo que hemos padecido no es una guerra más ni una catástrofe humanitaria más, sino un esfuerzo sistemático por destruirnos y borrarnos de en medio. Y, a pesar de todo, no lo han logrado. Nuestras pérdidas son inconmensurables: grandes personas, familias enteras, hogares, calles e historias grabadas en los muros de nuestras ciudades. Nos han robado sueños y futuros. Pero cuando vimos a la gente regresar a sus hogares destruidos el 27 de enero de 2025, pisando ruinas y escudriñando los escombros, quedó demostrado que nuestro vínculo con esta tierra es inquebrantable.

Así como Gaza ha frustrado planes anteriores de traslado forzoso, también frustrará el actual. Un lugar que acoge en su mayoría a refugiados palestinos expulsados ​​en 1948 perseguirá por siempre a Israel como una maldición. Y, así como los palestinos de Gaza han regresado a sus ruinas del norte, un día volverán a sus lugares de origen.

Esta gran marcha de retorno habla de una verdad más profunda que incluso los ejércitos más poderosos deben afrontar ahora. Frente a armamento avanzado, guerra impulsada por inteligencia artificial , misiles y un arsenal diseñado para aplastarlos, los llamados más pobres y marginados se han mantenido firmes.

Gaza nunca volverá a ser lo que fue, una verdad que no podemos negar. Tal vez lo que nos espera sea aún más duro, tal vez ya se esté gestando otra guerra. Pero hay algo que queda claro: nuestra conexión con esta tierra es más fuerte que cualquier fuerza que intente separarla. Israel no nos entiende. Tampoco Estados Unidos, porque existe una diferencia fundamental entre pertenecer a una tierra y ocuparla. Ellos creen que el control se logra a través de la dominación. Nosotros sabemos que la verdadera pertenencia es inquebrantable.

*Malak Hijazi es un escritor radicado en Gaza.

Fuente: https://www.resumenlatinoamericano....

Este periódico ha tenido acceso a una serie de audios que desvelan una trama en el cuerpo policial

Teresa Gómez

THE OBJECTIVE ha tenido acceso a un audio grabado de forma oculta entre el jefe de la Policía Local de Granada, José Manuel Jiménez Avilés, y un inspector del cuerpo que iba a formar parte del tribunal de oposiciones del pasado año 2024. En el mensaje de voz, a pesar de la calidad deficiente, se escucha cómo el jefe de la Policía le dice a uno de los miembros del tribunal que un aspirante debe aprobar «porque lo necesita». En la grabación, le solicita también las preguntas y acuerdan que el alumno en cuestión no debe obtener un diez, sino un ocho o un ocho y medio.

Las oposiciones corresponden a cuatro plazas de turno libre para la Policía Local del Ayuntamiento de Albolote, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Granada el 25 de enero de 2024. El tribunal está compuesto por el inspector Alberto Pérez Sánchez, quien ascendió en un tribunal presidido por su jefe Jiménez Avilés y «pagará con favores este nombramiento», según fuentes consultadas por este periódico. También forman parte del tribunal Santiago Jesús Jiménez y dos agentes, uno cuya pareja ascendió bajo el mando del actual jefe y otro que es aspirante a oficial.

Este periódico ha tenido acceso a una serie de audios grabados entre noviembre y diciembre de 2024 que incriminan a José Manuel Jiménez Avilés, al inspector Alberto Pérez Sánchez y a los subinspectores Santiago Jesús Jiménez y Roberto López Tendero, sobrino político de Jiménez Avilés. «Los audios desvelan la confabulación y la maquinación para favorecer a opositores afines a ellos», aseguran fuentes internas.

El primer audio refleja una conversación entre José Manuel Jiménez Avilés, jefe de la Policía Local de Granada, y Alberto Pérez Sánchez, inspector de la Policía. El jefe le dice: «Hay un niño que… mira, ese niño tienes que ayudarle porque su hermana está muy malica». Luego, le pide las preguntas al inspector Alberto Pérez Sánchez, que forma parte del tribunal. «Tú dámelo a mí que yo se lo daré. Lo que tú quieras que te ponga allí, que tú vas… solo a ese, Alberto. Solo a ese. A mí, nada más. Ese niño tiene que salir porque lo necesita, ese me lo tienes que dar a mí, nada más», le asegura. El inspector le advierte: «No lo pongas todo, todo, todo, que no saque un diez». Y el jefe responde: «Que saque un ocho o un ocho y medio».

En otra conversación entre José Manuel Jiménez Avilés, jefe de la Policía Local de Granada, y el subinspector Santiago Jesús Jiménez, hablan de aprobar «al gachón ese de ahí, el del Maimi». El miembro del tribunal justifica su postura diciendo que «el muchacho lleva ya muchos años y está bien preparado». El jefe aprovecha la ocasión para hablar de sus hijos, que también forman parte del cuerpo, y asegura que uno de ellos «tiene dos huevos y es un buen policía. Va a llegar lejos, si vosotros lo permitís, porque deberíais permitirlo».

En otro audio, José Manuel Jiménez Avilés conversa con su sobrino político, el subinspector Roberto López Tendero, sobre si tiene información de las oposiciones en Albolote. Jiménez le asegura que si estuviera dos años más al frente de la Policía, le promocionaba a intendente.

Presunto amaño en las oposiciones a policía

Este periódico ha llevado a cabo una investigación en la que se demuestra que los implicados, entre los que se encuentra el jefe de la Policía de Granada, José Manuel Jiménez Avilés, han cometido presuntamente delitos de prevaricación, descubrimiento y revelación de secretos, tráfico de influencias y cohecho.

Estas irregularidades en el cuerpo de agentes locales de Granada, ciudad en la que actualmente gobierna el PP, se remontan al año 2007, motivo por el cual se consideran unos «hechos de carácter continuado, con la finalidad de obtener un control de la Policía Local mediante la concentración de cargos de relevancia destinados a afines a determinadas personas», según denuncian fuentes internas a este periódico.

El primer hecho del que se tiene constancia ha sido condenado por la vía del contencioso-administrativo y, por tanto, se ha revocado dicha oposición de ascenso a subinspector. Sin embargo, la presunta trama, lejos de frenar en seco el amaño, diseñó un nuevo modus operandi, mejor confeccionado, que permitía continuar colocando a afines en determinados puestos sin, a priori, ser descubiertos. «Tal método instaurado y continuado en el tiempo es perfectamente conocido a nivel interno por todo el cuerpo policial, si bien por temor a represalias internas se viene manteniendo en silencio», denuncian a este periódico.

Misión: colocar al hijo del jefe

En junio de 2019 se convoca una plaza para ascender a inspector en la Policía de Granada. El tribunal está formado por José Manuel Jiménez Avilés, jefe de la Policía de Granada, entre otros. El aprobado en dicho concurso fue Alberto Pérez Sánchez, que «pagará con favores su ascenso de la mano de su jefe Avilés, entre ellos, con su participación y figura principal en el tribunal de oposiciones a Policía Local de Pulianas (municipio de Granada) en el año 2022, en el que consigue plaza S.J.F., el hijo del jefe José Manuel Jiménez Avilés», según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico.

En 2021 sale a concurso una plaza de subinspector y el tribunal lo componen el jefe de la Policía de Granada, José Manuel Jiménez Avilés; el inspector Alberto Pérez Sánchez y el subinspector Roberto López Tendero, que es sobrino del jefe. El agraciado en esta ocasión fue Roberto Gálvez, pareja de la policía Eva María Santana, que participó en el tribunal por el que ascendió O.J.F, el otro hijo del jefe de la Policía Local de Granada; y J.F.M., hijo del secretario general del sindicato SIPLG, Francisco M.F.R.

Seguidamente, se convocan dos plazas de policía local para el municipio granadino de Pulianas. El tribunal estaba formado por el inspector Alberto Pérez Sánchez, ascendido en el tribunal del que formaba parte Jiménez Avilés, y Roberto López Tendero, sobrino del jefe de la Policía de Granada, Jiménez Avilés. En la oposición consigue la plaza S.J.F, hijo del jefe de la Policía de Granada, José Manuel Jiménez Avilés. Además, hay que destacar que el miembro del tribunal, López Tendero, es primo de la persona que finalmente consigue obtener la plaza.

Teresa Gómez (Badajoz, 1990). Es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y cursa el Grado de Derecho en la… Ver más

Fuente: https://theobjective.com/espana/202...

Pedro Águeda

Jesús Figón, un ciudadano español residente en Brasil, se presentó en la mañana del 12 de mayo de 2015 en una comisaría de la Policía Civil de Vitoria, la capital del estado de Espírito Santo. Contó a los agentes que había matado a su mujer, una ciudadana brasileña con la que llevaba casado treinta años. También explicó a los policías qué hacía él en su país: Jesús Figón era el máximo representante del Ministerio del Interior español ante las autoridades locales. Este dato ha condicionado durante una década el caso. A poco de cumplirse diez años del crimen de Rosemary Justino Lopes, el comisario de la Policía Nacional Jesús Figón reside en España y no ha pisado un solo día la cárcel.

En marzo de 2023, ocho años después del crimen, un tribunal del Estado de local condenó a Figón a 9 años, 4 meses y 15 días de cárcel por un delito de homicidio simple, según la denominación del código penal brasileño. La Fiscalía pedía una pena mayor, 11 años, pero el tribunal entendió que Figón “actuó por emoción violenta después de una provocación injusta de la víctima”. Para entonces, el comisario ya había regresado a España y pudo seguir el juicio por videoconferencia. Casi una anécdota entre el cúmulo de circunstancias excepcionales que ha vivido el caso contra el comisario español.

Los abogados de Figón recurrieron a una instancia superior para intentar que el juicio se repitiera por un defecto de forma. No han conseguido ese objetivo pero sí que el Tribunal de Justicia del Espírito Santo (TJES) reduzca la condena a 7 años y 9 meses, informan a elDiario.es fuentes jurídicas locales. La defensa de Figón no ha abandonado su interés en repetir el juicio y ha apelado a la tercera instancia, el Tribunal Superior de Justicia de Brasilia. Un problema en la digitalización de la causa ha retrasado que la causa viaje de Vitoria al tribunal de la capital administrativa del país. Además se perdió el acta del juicio y los tomos del procedimiento han tenido que regresar físicamente al tribunal que juzgó a Figón.

Entretanto, la Fiscalía brasileña ha pedido que el comisario español ingrese ya en prisión. El Ministerio Público de ese país, sin embargo, se ha vuelto a topar con la protección diplomática de la que gozaba el comisario español cuando cometió el crimen y a la que el Gobierno del Partido Popular nunca renunció. La defensa en Brasil del policía alega que hasta que no haya sentencia firme, Figón no puede ingresar en prisión. La decisión del Ejecutivo de Mariano Rajoy de no renunciar a en su momento a la “inmunidad de jurisdicción” implica que, si llega a ser condenado en firme, Figón cumplirá su condena en una cárcel española.

Rosemary Justino Lopes, de 50 años y nacionalidad brasileña, falleció por cinco heridas de arma blanca. El comisario asegura que la encontró dormida cuando regresó a casa y ella, que había bebido, le atacó con un cuchillo. En el transcurso de la pelea, la mujer resultó muerta, siempre según la versión del policía.

La sentencia de la Primera Vara Criminal de la Comarca de Vitoria estableció que Figón intentó alterar la escena del crimen para descargarse de responsabilidad. “El acusado es licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca y tiene el más alto rango de Policía (en Brasil equivaldría al de coronel de la Policía Militar), habiendo ocupado el puesto número 4 del escalafón en un Cuerpo de 80.000 agentes. Eso significa que toda la alteración de la escena del crimen fue minuciosamente pensada por el acusado, profundo conocedor y experto en investigación criminal”, recogía el fallo.

Al día siguiente del crimen, el ministro de Exteriores de entonces, José Manuel García Margallo, anunció que España renunciaría a la inmunidad diplomática de la que gozaba Figón si se confirmaba que la investigación era por un crimen machista. La inmunidad, dijo el canciller español, “en ningún caso puede servir de coartada en hechos tan deleznables como los que se están investigando allí”.

La realidad fue que Figón ni siquiera fue apartado de su puesto como máximo representante del Ministerio del Interior en Brasil y que España solo renunció a la “inmunidad de jurisdicción”. Eso permitió al país sudamericano hacerse cargo de la investigación y juzgar al policía español pero, al mantener la “inmunidad de ejecución”, Jesús Figón cumpliría cualquier condena en España, siempre que el fallo fuera firme. Si eso ocurre, lo hará en las condiciones que establezca la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior español.

Un nuevo cargo con inmunidad

Entre el desinterés del caso en España ocurrió otro hecho significativo: Jesús Figón continuó siendo el consejero de Interior de la Embajada de España en Brasil después de matar a su mujer y haberlo reconocido a la Policía local. El puesto de consejero de Interior supone ser el máximo responsable policial de España en una embajada. Estos destinos están cotizadísimos en la Policía por la remuneración que implican y el de Figón no bajaba de los 11.000 euros brutos mensuales.

Pese a que una comisión de destinos en el Ministerio del Interior elige entre los candidatos, las embajadas se asignan tradicionalmente como una recompensa procedente de la Dirección de cada Cuerpo, la Policía o la Guardia Civil, ya sea por trayectoria, o como ha ocurrido en múltiples ocasiones, por afinidad personal o ideológica.

En la Policía era conocida la amistad de Jesús Figón con Eugenio Pino, entonces director adjunto operativo de la Policía y considerado el artífice de la brigada política del PP durante la primera legislatura de Mariano Rajoy. Figón fue comisario de Alcalá de Henares, el municipio donde aún hoy reside el antiguo DAO, quien será juzgado en 2026 por las maniobras para destruir pruebas del caso de la caja B del PP y para el que la Fiscalía solicita 15 años de cárcel.

La situación de Figón tampoco cambió cuando, cuatro meses después del presunto homicidio, la Fiscalía brasileña presentó una acusación formal, en septiembre de 2015. El problema para el comisario y quienes le protegían iba a llegar cuando alcanzara la edad de jubilación. Eso ocurrió el 23 de enero de 2016, pero la cúpula policial y el Gobierno de entonces encontraron una solución: Figón seguiría gozando de inmunidad al convertirse en “consejero asesor” de la Embajada española en materia de Interior. El departamento de Jorge Fernández Díaz lo propuso y Exteriores aceptó.

A los pocos días del crimen de Rosemary, la única hija del matrimonio había abierto la posibilidad de que su padre fuera juzgado en España. Presentó ante la Audiencia Nacional una querella admitida a trámite por el juez Eloy Velasco: un ciudadano español había cometido presuntamente un delito en el extranjero y el tribunal especializado era competente para investigarlo. Pero la Fiscalía brasileña informó a la española que ya había una causa abierta en el país sudamericano y eso obligó al juez Velasco a archivar provisionalmente el caso, después de haber imputado y citado a declarar al policía.

El matrimonio se había conocido en España y llevaban casados treinta años cuando se produjo el crimen, en mayo de 2015. Figón había sido destinado a Brasil en 2012, tras la victoria del PP. El comisario podría conseguir unos considerables ahorros para su jubilación pasando los últimos años de su carrera profesional en el país de su esposa. A los tres años de estar en el país, Figón mató a su mujer a puñaladas.

Jesús Figón cumplió hace una semana 74 años. Hace casi una década que él y sus compañeros se jubilaron. Ingresados en la Policía en los estertotes del franquismo o durante la transición, de los que viven, ninguno parece saber de él o interesarse por el caso. Algunos tienen problemas con la justicia porque llegaron a la élite del Cuerpo en lo más oscuro de su etapa reciente, los años de Fernández Díaz en Interior, los de la Operación Catalunya, el caso Kitchen o la guerra sucia a Podemos.

Una pregunta parlamentaria de la antigua diputada de Compromís Marta Solís permitió saber que la confesión inicial de Figón se convirtió en una versión exculpatoria del crimen. “Durante la instrucción de la causa se ha aducido la legítima defensa en un primer momento y la autolesión de la víctima en un momento posterior”, recogía la respuesta por escrito del Gobierno. “No puede hablarse, pues, de haberse declarado ‘confeso de asesinato'”, añadía.

Fuente: https://www.eldiario.es/politica/co...

Autor: Craig Murray

Ayer (26 de enero N del T)), Israel no solo no evacuó a su ejército del sur del Líbano como se estipulaba en el acuerdo de alto el fuego, sino que también disparó contra más de 130 civiles libaneses que intentaban regresar a sus hogares de acuerdo con lo estipulado, matando a 23 e hiriendo a 109 (algunos de ellos en estado crítico).

Entre ellos se encontraba un niño de 12 años herido en el cuello en Kfarkela, que estaba justo al lado de mi productor local Mahmood. Yo estaba a veinte metros de distancia y de camino hacia ellos. Cuatro murieron en Kfarkela y durante la noche el ejército israelí demolió numerosas casas allí como «castigo».

Aparte de un soldado del ejército libanés, todos los muertos eran civiles que simplemente intentaban regresar a sus hogares. Al menos cinco de los muertos eran niños. Todos fueron asesinados a tiros, no bombardeados.

La excusa de Israel para no retirarse es que el acuerdo de alto el fuego no se ha cumplido, ya que Hezbolá no ha sido desarmado al sur del río Litani y el ejército libanés no ha asumido el control.

He pasado cada hora de los tres días que he estado despierto recorriendo toda la frontera sur (recuerdese que Líbano es un país casi tres veces más pequeño que Bélgica y la región fronteriza demarcada es aún mucho más pequeña).

Puedo garantizar que el ejército libanés tiene pleno control de la zona. Hay puestos de control del ejército en todos los cruces importantes y entradas de ciudades, y en todos los caminos que conducen a las colinas. Y lo que es más importante, no vi a nadie que llevara armas, excepto al ejército libanés.

Hezbollah sigue teniendo una presencia política significativa (es el partido político más grande del Líbano), pero no llevan armas en la zona de alto el fuego al sur del Litani. Además, el ejército libanés ha ocupado y tomado o desmantelado las posiciones militares de Hezbollah en esta zona. Han confiscado más de 50 alijos de armas.

Las únicas zonas del sur del Líbano que no están bajo el control de las fuerzas armadas libanesas son las ocupadas por el ejército israelí.

El papel del ejército libanés es extremadamente dudoso, pero 100 % a favor de Israel. El ejército libanés está totalmente bajo control estadounidense. Literalmente, el 50 % del salario de cada soldado libanés es pagado directamente por el gobierno estadounidense.

Ayer, el ejército libanés se limitó a observar cómo el ejército israelí masacraba a civiles libaneses. Si el ejército libanés estaba protegiendo a alguien ayer, estaba protegiendo a las Fuerzas de Defensa de Israel.

Aún más extraordinario es que el nuevo Gobierno libanés no protestara por el hecho de que Israel no se retirara, y la administración Trump ha anunciado posteriormente que el Líbano ha acordado ampliar el plazo de retirada hasta el 18 de febrero.

De hecho, ni Israel ni EE. UU. tuvieron nunca la más mínima intención de que las FDI se retiraran. Israel ha demolido más de 2000 casas libanesas durante el periodo de alto el fuego, aproximadamente la mitad de ellas en ciudades y pueblos a los que Israel no pudo llegar durante los combates, pero que ha ocupado durante el alto el fuego.

Ayer visité la ciudad de Khiam y me quedé simplemente atónito por la magnitud de la devastación. Israel ha demolido más de 1000 casas en Khiam.

Entre todos los escombros, logré localizar el piano de la Dra. Julia Ali, que se convirtió en un meme de Internet después de que ella publicara un vídeo en el que se la veía tocándolo en su hermosa casa, y luego los soldados israelíes se burlaban de él después de que la casa fuera devastada.

La casa es un caso de estudio interesante. Los propagandistas sionistas respondieron a los vídeos de Internet afirmando que había una instalación de cohetes de Hezbolá en el jardín. Busqué exhaustivamente y no encontré absolutamente ninguna prueba de que se tratara de otra cosa que no fuera una casa civil. No había signos de nada inusual en el jardín.

La casa no fue bombardeada, sino que fue parcialmente demolida con explosivos, tiroteada e incendiada, después de haber sido utilizada como cuartel israelí. Los muebles que quedaron en pie fueron destrozados con cuchillos, y los espejos, las lámparas de araña, el piano, la porcelana y el cristal, todos rotos.

La ropa de mujer estaba esparcida por todas partes, al igual que las muñecas. En las paredes se pintaron grandes dibujos obscenos y grafitis en hebreo. En una sala utilizada para las comidas, los platos de papel usados estaban todos boca abajo en el suelo y se habían utilizado para ensuciar la comida. El suelo estaba lleno de latas de comida, cubiertos de plástico usados, botellas de bebidas vacías y excrementos humanos también deliberadamente expuestos.

Por todo el edificio y el jardín había numerosas cajas de munición esparcidas, desde armas pequeñas hasta proyectiles de tanque. Todo era de fabricación estadounidense.

Todos los televisores, receptores de satélite, equipos de música y aparatos eléctricos de cocina fueron arrancados, al igual que el grupo electrógeno.

Fui a la villa vecina, donde una señora propietaria estaba rescatando entre los escombros con su yerno. Una vez más, se habían llevado todos los equipos eléctricos y el grupo electrógeno. También desaparecieron joyas, una valiosa colección de alfombras antiguas y cuadros importantes. Nada de esto estaba entre los escombros.

Investigamos más a fondo en la zona y no pudimos encontrar ningún caso de televisores u objetos de valor, o sus restos, descubiertos entre los escombros. También encontramos casos de tiendas, en particular una tienda de ropa de diseño y una tienda de teléfonos, cuyo contenido había sido saqueado por completo.

Un soldado no puede llevarse un generador o una alfombra antigua en la mochila. Este saqueo a escala industrial tiene que estar oficialmente sancionado por las FDI e implicar vehículos de transporte militar o vehículos requisados por el ejército.

Puede que no sea comparable al asesinato de niños, pero es en sí mismo un crimen de guerra. Los medios de comunicación occidentales, que hicieron mucho ruido sobre el saqueo ruso en Ucrania, nunca han mencionado este saqueo masivo israelí.

El Acuerdo de alto el fuego fue una vergüenza que estaba destinada a conducir a esta conclusión. La idea de que sus supervisores, Francia y Estados Unidos, son en algún sentido neutrales es ridícula. Israel no tiene intención alguna de retirarse del sur del Líbano y continúa destruyendo diariamente hogares libaneses mientras construye al menos cinco bases militares fortificadas.

Lo que todavía me parece asombroso es que el nuevo presidente libanés Aoun y el primer ministro Mikati hayan acordado prolongar la ocupación israelí con estos pretextos obviamente falsos. Israel ha cometido más de 120 violaciones documentadas del alto el fuego. Hezbolá ha cometido una, a principios de diciembre, en respuesta a múltiples ataques israelíes contra civiles.

Hezbollah corre un peligro real de quedar en ridículo. Aceptó desarmarse en el acuerdo de alto el fuego, lo que permitiría a Israel anexionarse el sur del Líbano sin una oposición seria sobre el terreno. Parece que las pérdidas bélicas de Hezbollah y el asesinato de sus líderes le han dejado incapaz de dar una respuesta militar significativa a la prolongada ocupación israelí. Su respuesta a la masacre de ayer ha sido solo retórica.

A día de hoy, Israel parece estar bien preparado para consolidar su extensión del Gran Israel tanto en el sur del Líbano como en el sur de Siria, con la complicidad activa de los gobiernos respaldados por Estados Unidos tanto en Beirut como en Damasco.

A largo plazo, creo que las atrocidades de Israel serán rechazadas por los pueblos de la región y provocarán su caída. Pero actualmente son Netanyahu y Trump quienes sonríen.

Fuente: https://rafaelpoch.com/2025/02/02/l...

Redacción Tortuga.

El pasado 30 de enero, Día escolar de la noviolencia y la paz se dio a conocer la próxima publicación del libro “La noviolencia como acción política. Cambio global frente al militarismo y la violencia rectora” escrito por Juan Carlos Rois, miembro del ya extinto colectivo Utopía Contagiosa y colaborador habitual de la página del Grup antimilitarista Tortuga y de otros colectivos pacifistas y antimilitaristas.

El libro ha sido editado por la editorial La imprenta y será distribuido principalmente por Traficantes de Sueños.

El texto será presentado públicamente en breve en Madrid y con posterioridad en otros lugares.

Se trata de un ensayo sobre la noviolencia y su potencialidad de servir como una potente metodología de lucha, prefiguración alternativa y transformación social y política al servicio del cambio global.

En nuestro panorama editorial, y salvando honrosas excepciones, la noviolencia no ha sido tratada por lo general sino de forma apologética y dogmática, o como mero recetario de acciones “eficaces” para desencadenar luchas en determinados contextos, o de forma muy superficial y marginal, de modo que no contamos con una presentación amplia, ordenada y documentada de sus metodologías, prácticas, potencialidades y debilidades.

El presente libro es un libro activista y respectivo, pero no quiere renunciar al rigor y a la crítica. En el mismo se ha intentado despoblar la propia concepción de la noviolencia de encorsetamientos y malentendidos que la han acompañado en su devenir y encuentro con otras tradiciones de lucha social. Sin renunciar al afán divulgador, se aspira a profundizar en los aspectos relevantes de la noviolencia y a presentarla como una práctica de acción en diálogo tanto con las distintas disciplinas sociales, como con los desafíos de nuestra sociedad y las articulaciones sociales más dinámicas y de aspiración de cambio global.

Para ello se parte del estudio de la violencia, de su eficacia y del despliegue de la misma sus diversas modalidades (violencia directa, estructural o sistémica, cultural o simbólica, y sinérgica o coordinadora), para profundizar en su carácter de sistema complejo estructurante en nuestras sociedades y su uso desde lo cotidiano a lo político e internacional. La idea de violencia rectora y la descripción de un paradigma de violencia-dominación servirán para encuadrar la noviolencia como una práctica (más que una técnica) de acción colectiva para “desaprender” la violencia rectora e impulsar un paradigma alternativo de noviolencia-cooperación.

Un segundo capítulo se dedica a abordar la noviolencia en sí, cuya pretensión es provocar cambios, y a despejar lo que no es la noviolencia.

La noviolencia no es una ortodoxia, sino una ortopraxis, y no pretende crear hombres virtuosos ni comunidades de ángeles, sino empoderar a las sociedades para luchar, consciente y eficazmente, contra las injusticias concretas y contra la violencia rectora. Lucha que cuenta con una doble dimensión de quitar poder a su paradigma y construir simultáneamente (no después) un paradigma alternativo de noviolencia rectora que, si repasamos la historia invisibilizada de las resistencias y alternativas sociales, ya está en construcción.

Descartando las descripciones tradicionales que diferencian entre una noviolencia holística y de enfoque ético-filosófico y otra pragmática o instrumental, se describe la noviolencia como “( …) una propuesta de acción política colectiva, de orden pragmático, encaminada a provocar cambios sociales o a resistirse a la violencia rectora y sus expresiones directa, estructural, cultural o sinérgica. Deliberadamente rechaza en su praxis de lucha el ejercicio social o político de la violencia y utiliza estratégicamente un repertorio de acción colectiva y pública basado en tres grandes dinámicas: 1) el empoderamiento social, 2) la resistencia y la no colaboración pública con el mal contra el que se lucha (con acciones tanto legales como ilegales, el boicot y la no sumisión al poder o a sus lógicas, con acciones directas y comunicativas y en la desobediencia civil), y 3) la puesta en práctica de relaciones tentativas alternativas de ejercicio de poder popular e inteligencia colectiva, cuidados y prácticas cooperativas.
En el capítulo se abordan sus aspectos metodológicos, sus técnicas, sus herramientas y sus principales estrategias de lucha social (disruptiva/gradual; transformacional/ transicional) y sus aspiraciones prefigurativas y de construcción de prácticas de contraste que anticipan (ya pero todavía no) el mundo de sueños despiertos y aspiraciones que construyen las esperanzas del activismo noviolento.

El tercer y último capítulo aborda la noviolencia en su potencial de nuevo argumentario metodológico y político para acción global que, ya y ahora, promueven diferentes expresiones de la lucha social, desde el ecologismo, el feminismo, el antimilitarismo, hasta los aspectos culturales, la acción por los derechos humanos y la solidaridad, y un largo etcétera.

Se ahonda en la idea del “trans-arme” o “desmilitarización” como estrategia llamada a llenarse de contenido de coordinación de agendas de las distintas articulaciones sociales que hacen uso de la noviolencia y de apuesta por un nuevo argumentario común y transversal de “defensa de la vida”, basado en la idea de seguridad humana, que reorganice las energías alternativas de los movimientos por el cambio de paradigma.

El texto fue compuesto en el contexto de la pandemia, en parte mientras el autor se encontraba aislado y en pleno contagio del coronavirus y algunas personas conocidas y cercanas, incluso algunas militancias con las que ha compartido parte del camino, estaban muy graves o fallecieron. Por eso mantiene a su vez una cierta preocupación por la transmisión de un especia de legado de experiencia, “para que a los nuevos activismos novioelentos no les pase como a nosotros, que tuvimos que inventar de nuevo luchas que ya se habían dado y prácticas que ya habían tenido lugar”.

Tras su elaboración, que llevó casi dos años, y gracias al impulso entusiasta del colectivo alternativas noviolentas, verdadero acompañante de todo el proceso de debate y edición del libro, se mantuvieron varios encuentros durante el año 2023 en torno al material previo, con personas vinculadas a distintas articulaciones y prácticas noviolentas para debatir y enriquecer la perspectiva del texto, dando lugar al documento que ahora, en formato de libro, sale a la luz.

Dada la pretensión práctica del documento, es de esperar que tras su edición y circulación, se provoquen distintos debates y actividades para las que el autor ya ha mostrado su plena disposición.

Su mujer exige respuestas tras la muerte de su marido, Juan Antonio Hans Checa, ocurrida en extrañas circunstancias hace más de una semana.

Elena Castillejo

Han pasado ya más de diez días desde la muerte del empresario sevillano Juan Antonio Hans Checa en un hotel de Estepona, y su viuda, Cristina Navarro, sigue sin poder ver su cuerpo. «No puedo llevarme a mi marido sin ver que es él. No entiendo por qué no nos dejan», declara con indignación. La familia reclama no solo poder despedirse de Juan Antonio, sino también que se esclarezcan las causas de su fallecimiento, que consideran «extrañas».

El trágico suceso ocurrió la noche del 23 de enero, cuando Hans Checa, de 41 años, falleció tras ser reducido por hasta ocho agentes de la Policía Nacional. Los agentes fueron requeridos por su «estado de nerviosismo» en un hotel de Estepona, adonde había regresado tras un primer altercado en un bar de la zona. A pesar de haber presentado una hoja de reclamaciones en el Instituto de Medicina Legal (IML) de Málaga y de interponer un recurso de reforma ante el Juzgado Número 7 de Málaga, la familia sigue sin obtener autorización judicial para reconocer el cadáver.

Según informó la Policía Nacional, el primer incidente se produjo alrededor de las seis de la tarde en el bar Peña de Estepona, donde Hans Checa estaba «alterado». Los agentes consiguieron calmarlo y lo acompañaron a su hotel. Cristina Navarro explica que su marido solía sufrir «brotes de alucinaciones» y que, aunque se había medicado anteriormente, se encontraba estabilizado. Aquel día, decía que lo estaban «envenenando».

Posteriormente, a las 21:40 horas, la Policía fue llamada de nuevo al hotel Ona Valle Romano debido a la actitud agresiva del empresario. Los agentes intentaron reducirlo empleando «la mínima fuerza imprescindible» y grilletes reglamentarios. Fue en ese momento cuando Hans Checa entró en parada cardiorrespiratoria. Los agentes intentaron reanimarlo con maniobras de RCP y un desfibrilador, sin éxito.

En un intento desesperado por ayudar a su marido, Cristina, que es enfermera, llamó al 112 alertando que sufría un posible brote psicótico. «Siento que los protocolos deben adecuarse a cada caso y creo que no se hizo así», lamenta.

Ahora, Cristina Navarro busca respuestas y poder despedirse de su marido. «Echa en falta más información frente a tanto silencio», afirma. La familia espera que el recurso interpuesto permita esclarecer lo sucedido y dar finalmente sepultura a Juan Antonio en Lora del Río, su localidad natal.

Fuente: https://www.areacostadelsol.com/202...

Ver también:
«No me matéis que tengo dos niños chiquititos»: Muere en Estepona una persona con problemas mentales al ser reducido por la policía