Tortuga Antimilitar

Por Edgardo Lander & Daniel Chavez

A principios de setiembre de 2024, varios investigadores y asociados del Transnational Institute mantuvieron una conversación con Edgardo Lander, un Fellow del TNI con una larga trayectoria académica en las ciencias sociales y de militancia en la izquierda latinoamericana. El objetivo de esta conversación, editada por Daniel Chavez, es intercambiar información y análisis sobre la actual realidad política y social de Venezuela, procurando contribuir a superar las visiones dogmáticas, esquemáticas y sectarias que caracterizan a gran parte del flujo internacional de información y análisis sobre ese país

La cobertura de la crisis venezolana en la prensa internacional se ha focalizado fundamentalmente en aspectos políticos, pero quienes conocemos la realidad de tu país sabemos que la crisis tiene varias otras dimensiones. ¿Qué significa la crisis en el actual contexto de Venezuela y cómo explicar su reciente agravamiento?

Durante la última década Venezuela ha estado sufriendo una profunda crisis política, económica y humanitaria. Hoy en día, el producto interno bruto del país es aproximadamente una cuarta parte de lo que era hace diez años. Los servicios públicos –agua, electricidad y telecomunicaciones– funcionan con extrema precariedad. Los servicios de educación y sanidad pública han colapsado. La crisis humanitaria se expresa, entre otras cosas, en altos niveles de desnutrición infantil y en la emigración de casi ocho millones de personas, una cuarta parte de la población, sobre todo jóvenes que no ven futuro en este país.

Esta profunda crisis tiene dos determinantes fundamentales. Por un lado, la ineficiencia, la corrupción y el control militar de buena parte de la economía, junto a la expansión a gran escala de una economía criminal vinculada al narcotráfico y a las actividades extractivas. Por otro lado, las severas sanciones económicas violatorias del derecho internacional impuestas por el gobierno de Estados Unidos. Las sanciones han constituido prácticamente un bloqueo que ha afectado a toda la economía nacional, pero particularmente a la industria petrolera, que durante un siglo ha sido la principal fuente de ingresos del país. Estas sanciones no tienen un impacto significativo en la élite gobernante, pero han causado un daño tremendo a la población, principalmente entre los sectores más vulnerables. No es fácil determinar el peso relativo de cada uno de estos dos factores por separado a la hora de explicar la crisis actual.

¿Cuál es la incidencia real de los intereses de otros países en la crisis actual? Recientemente, una serie de artículos periodísticos han hecho referencia al aparente levantamiento de algunas sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos para habilitar que el petróleo venezolano llegue al mercado europeo, en el marco de la guerra en Ucrania. También se ha insinuado que Estados Unidos está interesado en normalizar las relaciones con Venezuela por consideraciones de política interna.

El tema migratorio es importante para entender las posiciones de otros gobiernos del hemisferio, en particular en tiempos electorales en Estados Unidos. Donald Trump ha hecho públicas sus intenciones no sólo de blindar las fronteras, sino también de expulsar a millones de migrantes si resulta elegido presidente. Esto implica un gran problema para el Partido Demócrata, porque el rechazo a los migrantes es muy popular en algunos estados. La entrada masiva de migrantes venezolanos en el país es algo que el Partido Demócrata tiene que bloquear de alguna manera para mitigar el ascenso de las ideas más radicales planteadas por Trump. Este tema ha motivado algunos movimientos del gobierno de Joe Biden encaminados a hacer menos tensas las relaciones con Caracas.

Algunos analistas de la izquierda venezolana argumentan que para el gobierno de EEUU sería mejor tener a Maduro en el poder que a cualquier otro, incluso si la alternativa es un presidente derechista y pro-Washington. Maduro daría más garantías de estabilidad, una estabilidad que importa a EE.UU por dos razones: la primera es el control sobre las exportaciones del petróleo venezolano, y la segunda es el tema migratorio. Hay muchas especulaciones sobre las futuras relaciones entre la Casa Blanca y Caracas, considerando las crecientes presiones de los republicanos en el Congreso para profundizar las sanciones e incluyendo el posible establecimiento de un bloqueo contra Venezuela similar al impuesto contra Cuba. Pero en todo caso debemos recordar que las sanciones estadounidenses no han sido levantadas por Biden. La mayoría de las sanciones están en vigor, con algunas excepciones para unas pocas compañías petroleras que producen una cantidad limitada de petróleo en Venezuela. Las excepciones se han concedido por un tiempo limitado, lo que significa que pueden ampliarse o reconsiderarse en cualquier momento. Las sanciones son una herramienta utilizada por las administraciones estadounidenses para influir en las negociaciones entre el gobierno de Maduro y la oposición. Las sanciones afectan gravemente la vida cotidiana de la gente común en Venezuela, pero nadie sabe lo que hará el gobierno de EE.UU dentro de unos meses. A Washington no le importa quién esté al mando en Caracas, siempre y cuando el gobierno venezolano le garantice acceso al petróleo y asegure la estabilidad para evitar más migrantes en sus fronteras.

Después de Maduro, el gobierno estadounidense podría enfrentarse a la realidad de un gobierno venezolano aún más neoliberal que el actual, lo que generaría una oleada de movilización social contra el próximo gobierno. El chavismo todavía existe y sigue constituyendo una parte importante de la sociedad venezolana. Maduro obtuvo alrededor del 30% de los votos, lo que significa varios millones de personas. Y el chavismo está organizado y tiene mucha experiencia en las calles. Algunos colectivos están armados y podrían generar mucha inestabilidad en cualquier transición. El gobierno de Estados Unidos es consciente de la fuerza del chavismo, en el corto plazo su principal preocupación es la estabilidad. Todos sabemos que a EE. UU no le importa la democracia.

Nicolás Maduro ha sido proclamado presidente electo de Venezuela por las autoridades judiciales y electorales del país, mientras que la oposición afirma haber ganado la elección con una diferencia de votos abrumadora. ¿Cómo entender posiciones tan polarizadas?

Para entender las controversias sobre el resultado electoral y lo que ellas reflejan sobre el carácter del actual gobierno, debemos considerar varios elementos. En primer lugar, debemos mencionar lo que pasó antes de la elección, comenzando con el nombramiento de un Consejo Nacional Electoral (CNE) completamente controlado por el Poder Ejecutivo. También debemos tener en cuenta la intervención de la mayoría de los partidos de la oposición, incluyendo el nombramiento espurio de autoridades partidarias favorables al gobierno. El caso extremo es el del Partido Comunista de Venezuela (PCV), que formó parte de la coalición gubernamental hasta hace unos años. El PCV se distanció de Maduro tras constatar que él lideraba un gobierno cada vez más neoliberal y antiobrero. Algunos de los nuevos miembros de la actual dirigencia ni siquiera eran miembros del partido, lo que explica que decidieran apoyar a Maduro en la reciente elección presidencial.

También es preciso considerar la inhabilitación inconstitucional de dirigentes políticos de la oposición, quitándoles sus derechos políticos, incluyendo el derecho a ocupar cargos públicos o postularse como candidatos electorales. El gobierno ha decidido arbitrariamente quién podía ser aceptado como candidato y quién no, impidiendo a muchos postulados inscribirse en el Consejo Nacional Electoral. Especialmente a los candidatos de izquierda.

Al constatar el rechazo al gobierno de Maduro por una amplia mayoría de la población, la mayoría de los partidos políticos de oposición abandonó la posición anterior de abstención en las elecciones. Prácticamente todas las organizaciones políticas del país, tanto las de derecha como las de izquierda, decidieron participar en la elección presidencial. El enfrentamiento actual en Venezuela hoy no es entre izquierda y derecha. En el tiempo previo a la campaña electoral se produjo un extraordinario proceso de inteligencia colectiva. Se construyó un consenso asombroso. Hubo un acuerdo generalizado en torno a la importancia de esta elección, acordando todos que lo que estaba en juego no era el programa que presentaban los diferentes candidatos y que el objetivo común debía ser recuperar la democracia y la Constitución de 1999. Para ello, por muchos candidatos que hubiera, había que votar por el candidato que según las encuestas y las movilizaciones durante la campaña electoral tuviera más garantías de derrotar a Maduro. Este resultó ser un total desconocido, un candidato postulado por la coalición de partidos de derecha: Edmundo González Urrutia.

La oposición política y muchas organizaciones sociales de Venezuela no han dudado en afirmar que los resultados electorales anunciados por el gobierno no son válidos. ¿Hubo fraude en la elección del 28 de julio?

El sistema electoral venezolano cuenta con dispositivos automatizados altamente fiables, con pocas posibilidades de ser vulnerables a intentos de fraude. Cuenta con múltiples controles antes, durante y después del acto electoral. Entre los mecanismos de control se encuentra el hecho de que en cada mesa electoral la máquina de votación imprime un acta con los resultados. Estos resultados se cotejan en presencia de testigos de todos los partidos en el momento del recuento de las papeletas electorales físicas correspondientes a cada colegio electoral. Estas actas son firmadas por los miembros de la mesa y por los testigos representantes de los partidos, que conservan copias de las actas firmadas. Cada acta tiene un código de identificación QR único.

Las máquinas transmiten los resultados a un centro nacional de totalización. Al anunciar los resultados, el CNE debe presentar los resultados de cada mesa electoral, para que los testigos de cada mesa puedan comparar lo que dice el centro de totalización con el acta de resultados de su mesa. Esta comparación entre lo que dice el centro de totalización y lo que dicen las actas en manos de los testigos de mesa es el mecanismo de control más importante del proceso electoral.

Durante la jornada de votación de julio, testigos del gobierno y miembros de las fuerzas armadas encargados de garantizar la seguridad del proceso pusieron todo tipo de obstáculos para impedir la presencia de testigos de la oposición en el escrutinio de los resultados y para impedir que obtuvieran copias de las actas electorales de sus respectivas mesas. Sin embargo, pese a todas las trabas, en la mayoría de los centros electorales los votantes consiguieron derrotar las maniobras del gobierno.

En la noche del día de votación, cuando el gobierno constató la avalancha de votos en su contra, el presidente del CNE interrumpió el proceso de totalización argumentando que había habido un hackeo del sistema, supuestamente generado en Macedonia del Norte. Con cifras inventadas, sin sustento alguno, el CNE declaró que Maduro había sido reelecto. Aún hoy, más de un mes después de la elección, con un proceso totalmente automatizado que habría permitido publicitar los resultados de cada mesa la misma noche de los comicios, el Consejo Electoral sigue negándose a hacer públicos los resultados con los que supuestamente Maduro habría ganado las elecciones. Violando la Constitución, Maduro pidió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que no tiene ni las competencias constitucionales ni la capacidad técnica para hacerlo, que ratificara su victoria, lo que el tribunal hizo pocos días después.

¿Qué pasó después de la elección?

La población venezolana es ampliamente consciente de la aplastante derrota del gobierno. Incluso en la mayoría de los centros de votación ubicados en sectores populares, que habían estado durante mucho tiempo dominados por los partidarios del gobierno, ganó la oposición. Decenas de miles de testigos pudieron constatar los resultados en sus mesas con sus propios ojos. Los partidos de la oposición consiguieron recopilar actas correspondientes a más del 70% de los colegios electorales de todo el país. Se publicaron copias de estas actas en una página web de fácil acceso, donde es posible revisar los resultados de cada centro de votación. Según estas actas detalladas, el candidato de la oposición obtuvo más del doble de votos que Maduro.

Ante este flagrante fraude estallaron protestas en todo el país en los dos días siguientes a las elecciones. A diferencia de años anteriores, en los que las protestas callejeras eran principalmente de la clase media, las protestas recientes han sido protagonizadas principalmente por los sectores populares. La respuesta del gobierno fue inmediata: represión generalizada. En esos días hubo 24 muertos, la mayoría por disparos de las fuerzas policiales y militares. Más de 2.000 personas fueron detenidas y acusadas de terrorismo, entre ellas más de 100 menores. A los detenidos no se les permite la defensa privada.

Hoy asistimos a los dolores de parto del proceso de instauración de un régimen dictatorial en el país. No es sólo un fraude electoral masivo que elimina la posibilidad de que la voluntad, y la soberanía del pueblo puedan ser ejercidas. También se están dando pasos acelerados en la instalación de un modelo jurídico-institucional autoritario para imponer mecanismos legales que permitan al gobierno mantener indefinidamente el control del Estado. Entre otras leyes que han sido aprobadas o están por aprobarse, se encuentran tres iniciativas legislativas muy nocivas: la ley contra el odio, la ley contra el terrorismo y la ley de control de las ONG. Dos leyes adicionales están en debate: la ley reguladora de los partidos políticos y la ley contra el fascismo. Por supuesto, el gobierno es quien define lo que es odio, lo que es terrorismo, lo que es fascismo…, con acusaciones que utiliza indiscriminadamente contra quienes expresan críticas a su gestión. Estamos asistiendo a la transición de un gobierno con tendencias autoritarias a un régimen dictatorial.

¿Cuál crees que es la significación de la actual crisis en Venezuela en el pensamiento emancipatorio y debates en curso en torno a la democracia en América Latina y el mundo?

Algunas voces siguen defendiendo a un gobierno autoritario, corrupto, neoliberal, antipopular, represivo, patriarcal y extractivista como si siguiera siendo “de izquierda” con base en el recuerdo de lo que alguna vez, hace muchos años, fue el gobierno de Hugo Chávez, o porque Maduro tiene un discurso a veces (no siempre) antiimperialista. Esas voces contribuyen a legitimar a este gobierno, en lugar de lo que deberíamos esperar de la izquierda: solidaridad con el pueblo que lucha contra un régimen antidemocrático.

Quienes siguen apoyando a Maduro, incluyendo a algunos partidos del Foro de Sao Paulo o los portavoces de Podemos en España, están haciendo un profundo daño a la izquierda en la región y en el mundo. También dañan a los proyectos anticapitalistas en el más amplio sentido de la lucha contra el capitalismo, ya que al apoyar a Maduro favorecen a la derecha. Las personas que saben lo que está pasando en Venezuela, aquellos que han tenido contacto directo con algunos de los casi ocho millones de venezolanos que han abandonado el país en los últimos años, tienen razones para concluir que “si esto es la izquierda, esto no es lo que quiero para mi futuro, para mi país, y entonces voy a votar por la derecha”. Lo que ocurre hoy en Venezuela es un nuevo examen para las izquierdas como lo fue el Gulag soviético en el siglo pasado y más recientemente el gobierno Ortega-Murillo en Nicaragua. Buena parte de las izquierdas globales están reprobando este examen.

¿Cómo construir un frente unitario contra un gobierno represivo? ¿Cuáles crees que son las perspectivas de las movilizaciones por la democracia, considerando que las fuerzas de derecha y sectores de extrema derecha parecen tener tanta influencia en la oposición a Maduro, no sólo en Venezuela sino también a nivel internacional, incluyendo al gobierno estadounidense y a los gobiernos de derecha de América Latina y Europa?

Evidentemente, nos enfrentamos a una tarea muy grande y muy difícil, por lo que la respuesta a esta pregunta no es sencilla. Después de 25 años de Revolución Bolivariana se ha producido un claro giro a la derecha en la sociedad venezolana. Durante las cuatro décadas anteriores, con profundas desigualdades y exclusiones, Venezuela había desarrollado una especie de sentido común socialdemócrata. Los dos principales partidos políticos apoyaban variantes del ideario socialdemócrata, y conceptos clave como democracia y justicia social eran legítimos e importantes tanto para el gobierno como para la oposición. Sin embargo, tras el fracaso del actual gobierno, autodefinido como “socialista”, la sociedad venezolana tiende a asociar cualquier referencia al socialismo o a la izquierda con la corrupción y el autoritarismo del gobierno de Maduro. Se ha producido un claro desplazamiento en la conciencia colectiva y la subjetividad en relación a la clásica división izquierda-derecha. Hoy en día, es muy difícil para nosotros en la izquierda apelar a la población venezolana con el lenguaje clásico de la izquierda. Si hablamos de socialismo o de un horizonte de izquierda, nuestras propuestas son inmediatamente rechazadas, porque la gente tiende a identificar esos términos con el discurso del gobierno. Por lo tanto, nos encontramos en una situación increíblemente difícil y debemos centrar nuestras propuestas en las ideas de democracia, derechos humanos y defensa de la Constitución.

En este contexto, a lo más que podríamos aspirar a corto plazo es a una especie de gobierno de transición, que con toda seguridad daría continuidad a las políticas económicas neoliberales actuales, pero con la recuperación de derechos democráticos básicos. Podríamos en las nuevas condiciones centrar nuestros esfuerzos en el ejercicio del debate político sobre el país que queremos en la recuperada esfera pública, en la organización y en la resistencia a políticas gubernamentales anti-populares, algo que ahora no es posible. No tengo ninguna expectativa de que a corto plazo podamos alterar el marco neoliberal que domina no sólo el discurso dominante (tanto en el gobierno como en la oposición), sino también el imaginario social hegemónico. La transición a la democracia y la recuperación de la vigencia de la constitución con seguridad tomará algún tiempo.

Al principio de esta conversación mencionabas la expansión del extractivismo en Venezuela. ¿Podrías explicar qué significa eso en términos de justicia medioambiental y derechos de los pueblos indígenas?

El gobierno ha abierto enormes extensiones del territorio nacional a lo que definen como “zonas económicas especiales”. Estas zonas constituyen espacios donde no rige la legislación ambiental, laboral o de protección de los derechos indígenas. La prioridad es extraer la mayor cantidad posible de recursos naturales.

El caso más dramático es el Arco Minero del Orinoco, que abarca una zona que forma parte de la cuenca del Amazonas en territorio indígena. Se trata de la principal fuente de agua del país, pero sin embargo ha sido objeto de explotación masiva por parte de todo tipo de minería ilegal, con presencia de paramilitares y guerrilleros colombianos. También es una zona en la que están implicados sectores del ejército venezolano, con terribles repercusiones en las comunidades indígenas. Es el lugar donde operan los llamados “sindicatos”, que no son organizaciones de trabajadores, que controlan grandes segmentos del territorio y deciden sobre quién puede extraer minerales, qué minerales, a qué precio, y sin que las comunidades locales tengan nada que decir.

En la industria petrolera, muchas instalaciones son muy antiguas y ya obsoletas, con fugas por todas partes como consecuencia de la mala gestión y la falta de inversión. Precisamente en estos días, Venezuela sufre un vertido de petróleo que ha afectado a más de 200 kilómetros cuadrados de la costa caribeña. El gobierno ni siquiera ha reconocido públicamente el vertido, a pesar de que las fotografías publicadas en las redes sociales muestran una enorme mancha negra, lo que demuestra que su prioridad es el control político del país. No existe preocupación alguna por el medio ambiente, a pesar de que la situación actual es dramática.

Algunos intelectuales progresistas y activistas de izquierda en América Latina, Europa y otras regiones del mundo siguen defendiendo al gobierno liderado por Nicolás Maduro con el argumento de que Venezuela es un caso típico de un proceso revolucionario atacado por la derecha mundial y los intereses imperialistas del norte. ¿Es coherente seguir refiriéndonos al actual gobierno como “popular”, “democrático” o “de izquierda”?

No se trata en absoluto de un gobierno de izquierda, sino de un gobierno autoritario, de derechas y corrupto. Un gobierno que está dirigido, en palabras del presidente Maduro, por una “alianza cívico-militar-policial”. Durante años, el gobierno ha priorizado su permanencia en el poder sobre las necesidades de la población, violando repetidamente la Constitución de 1999.

El gobierno de Maduro es un gobierno de derecha. Sus políticas económicas son neoliberales. Las condiciones de vida de la clase trabajadora se han deteriorado de forma extrema. El salario mínimo mensual apenas llega a los tres dólares. Para sobrevivir, la población depende de bonos monetarios y algunos paquetes alimenticios que entrega el gobierno discrecionalmente, lo que opera como un eficiente mecanismo de control social. Es un gobierno represivo, hay muchos presos políticos, algunos de ellos sometidos a torturas. El gobierno clausura medios de comunicación críticos, detiene a periodistas y activistas sociales, y ha profundizado el extractivismo. Ya no queda nada “de izquierda” o “progresista” en el actual gobierno.

Lamentablemente, muchos sectores de la izquierda internacional, con lecturas campistas fundadas en la época de la Guerra Fría y que identifican al imperialismo exclusivamente con Estados Unidos, siguen pensando que en Venezuela lo que está ocurriendo es un enfrentamiento entre un gobierno revolucionario antiimperialista y una derecha fascista apoyada por el imperio. La confrontación real en Venezuela es, por el contrario, entre un gobierno de derecha autoritario, represivo, con retórica antiimperialista, y la inmensa mayoría de la población que abarca todo el espectro político, de la izquierda a la derecha.

¿Hasta qué punto es monolítico el apoyo del estamento militar a Maduro? ¿Se mantendrá el apoyo de los militares a largo plazo, teniendo en cuenta que Nicolás Maduro tiene un carisma y una trayectoria muy diferente a las de Hugo Chávez?

Chávez procedía del ejército y por lo tanto conocía las fuerzas armadas desde dentro. Chávez logró dirigir a sus camaradas no por la fuerza o la imposición, sino por convicción. Chávez tenía el control de los militares y sabía todo lo que pasaba dentro de las fuerzas armadas. Ese no es el caso del actual presidente. Maduro procede de un pequeño partido de izquierda –y en Venezuela la izquierda ha estado tradicionalmente en contra de los militares– y no tenía ninguna relación previa con las fuerzas armadas. Para garantizar su apoyo, abrió la puerta a la participación de los militares en puestos gubernamentales, desde los ministerios hasta las juntas directivas de las empresas estatales. La corrupción ha sido masiva como medio para garantizar el apoyo militar. Este no es un gobierno “respaldado” por los militares, sino, como ha dicho el propio Maduro, “un gobierno cívico-militar y policial”.

Alguna gente que sabe más que yo sobre los militares sostiene que toda la cúpula militar está unida en torno a la decisión de proteger a Maduro a toda costa porque están protegiendo sus propios privilegios. Pero ese no es el caso de los mandos subalternos. Los soldados tienen sueldos miserables y sus familias comparten las mismas dificultades del resto de la población venezolana en cuanto al acceso a la alimentación, la salud, la educación o el transporte, y por eso hay descontento. En los últimos años, muchos militares por debajo de la cúpula han sido detenidos y acusados de conspirar contra el gobierno, pero los altos mandos están absolutamente unidos en su defensa de Maduro.

¿Cuál es el papel de la prensa y de otros medios de comunicación en el actual contexto venezolano?

Los medios de comunicación tradicionales –diarios, periódicos, radios y cadenas de televisión– están totalmente bajo control gubernamental. El gobierno cerró algunos medios y compró otros. Sólo queda un diario nacional impreso en papel. Uno solo, Últimas Noticias, y ese único diario está totalmente controlado por el gobierno. Todos los demás diarios han desaparecido o sólo se publican en Internet.

Al mismo tiempo, los medios de comunicación tradicionales desempeñan un papel mucho menos significativo en la comunicación en Venezuela. La gente se comunica principalmente a través de redes sociales como Facebook o Tic-Toc. Pero no todo el mundo tiene fácil acceso a las redes sociales, y algunas de ellas están bloqueadas por el gobierno, ya sea indefinidamente o de forma intermitente. Aporrea, el portal online que ha sido uno de los principales canales de comunicación y debate de la izquierda crítica durante las últimas dos décadas, requiere una VPN para acceder, lo que significa la exclusión de mucha gente que no sabe cómo hacerlo. Y muchos otros canales sociales que habían sido creados durante los gobiernos de Hugo Chávez han sido cerrados, debido a la falta de finanzas para asegurar su funcionamiento.

Las redes sociales son caóticas, todos lo sabemos. Pueden ser usadas y manipuladas por la derecha. Son insultos que van y vienen y que habilitan la circulación de una enorme cantidad de desinformación. Si queremos que algo se debata dentro de la izquierda tenemos que subirlo a Aporrea, y cuando vemos cuánta gente ha tenido acceso uno puede alegrarse si consigue 3.000 lectores, pero 3.000 en un país de 30 millones no es nada.

El gobierno tiene el control de los medios de comunicación tradicionales, y después de las elecciones los ha estado utilizando para vender la noción de “normalidad”. Quieren convencer a la gente de que la elección ha terminado, que Maduro ha ganado, y que por lo tanto todo ha vuelto a la normalidad. Constantemente publican imágenes de gente comprando y fingiendo alegremente que no ha pasado nada raro, intentando demostrar que el descontento no existe.

¿Qué tan fuerte, o más bien qué tan débil, es la izquierda venezolana? Antes mencionabas la intervención del Partido Comunista por parte del Gobierno y el nombramiento de una dirección partidaria ilegítima, pero ¿qué puedes decir de la izquierda chavista?

La izquierda en Venezuela es hoy muy débil. Es también una izquierda fragmentada e internamente diversa. Un componente importante incluye a personas que hace 20, 10 o 5 años habían formado parte del Gobierno chavista y que se han distanciado de Maduro. No siempre es fácil trabajar junto a personas que hasta no hace mucho estaban en el poder o eran cómplices en decisiones gubernamentales a las que nos opusimos. Recuperar la confianza es todo un esfuerzo, pero es un proceso que debemos tomarnos en serio para trabajar juntos en torno a la prioridad común. La mayoría de los ministros civiles y otros funcionarios del Estado que integraban el gabinete durante los gobiernos de Hugo Chávez son ahora opositores a Maduro. Como afirmaba antes, los militares son quienes siguen siendo el principal sostén del actual gobierno.

Al igual que muchos otros países de América Latina, la sociedad venezolana en su conjunto se ha desplazado hacia la derecha durante los gobiernos de Maduro. Sin embargo, algunos activistas de izquierda seguimos intentando reunirnos y trabajar juntos. Debemos reunirnos en Zoom, porque no es seguro organizar reuniones políticas públicas y abiertas. Hay una convicción compartida de que necesitamos reconstruir la confianza, más allá de las diferencias políticas que tuvimos hasta hace poco. Necesitamos dejar atrás esas diferencias y esas interpretaciones pasadas del proceso bolivariano para centrarnos en nuestro objetivo común, que es la recuperación de la Constitución. Yo mismo tengo muchas críticas a la propia Constitución, pero por supuesto ese no es hoy el tema prioritario. La cuestión principal hoy es recuperar las instituciones constitucionales, el sentido de la política y la esfera pública. Una vez que recuperemos la democracia podremos conversar sobre otras transformaciones sociales, económicas o políticas más profundas, pero hoy no es el momento para esos debates. Hoy tenemos que centrarnos en derechos muy básicos, empezando por sacar a las víctimas de la represión de los centros de detención, focalizando nuestras acciones en el respeto a los derechos humanos y los principios básicos de la democracia.

Fuente: https://loquesomos.org/venezuela-un...

El sábado 14 de diciembre estuve con Hilario, Lola y María riéndonos y conmoviéndonos con esta película basada en la vida del humorista Miguel Gila, dirigida y con guion de Alexis Morante y protagonizada por Óscar Lasarte.

Conmoviéndonos porque nos muestra como un grupo de combatientes sobrellevan durante tres años los estragos del conflicto, incluyendo tanto la confrontación armada como la represión en el calabozo e incluso encarar un pelotón de fusilamiento, gracias al humor de una persona que se había visto abocado a ir el frente por amistad, pero sin siquiera tener claro las razones ni mucho menos las consecuencias del conflicto. Como comentó mi amiga María algunas escenas son muy emocionantes, como la del juego de la rueda de llamadas telefónicas, otras son duras como la de la batalla en primera línea.

Como parodia antibelicista me vienen a la memoria algunos referentes. Para empezar en la misma película, en una de las primeras escenas se hace referencia a Charlie Chaplin, quien dirigió y protagonizó "Shoulder Arms" en 1918 y el protagonista imita a Chaplin con el "arma" al hombro. Otra de las escenas me recordó a la obra de teatro "Pic- Nic" de Fernando Arrabal, en la que un soldado ha capturado a un enemigo y dialogan poniéndose en evidencia que tienen casi todo en común, en la película se desarrolla un diálogo muy similar en la escena en la que Gila y un soldado del ejército sublevado ordeñan una vaca. Precisamente la aparición de la vaca me recordó a "La Vaquilla", película dirigida en 1985 por Luis García Berlanga y protagonizada entre otros por Alfredo Landa que también parodiaba el conflicto de España. Ha habido otras parodias antibelicistas internacionales, intemporales e inolvidables como "Monty Python's The Meaning of Life" dirigida por Terry Jones en 1983. Y, por supuesto no me voy a olvidar de reseñar las habituales parodias de colectivos del Movimiento de Objeción de Conciencia del estado español, como "Sinkuartel Komparsa Antimilitarista" denunciando con humor el gasto militarista y el sinsentido de las guerras.

La película a su vez me recordó unas reflexiones que publiqué hace un par de meses en redes sociales tras la lectura del libro "Gobernar el caos" de Francisco Gracia Alonso sobre la historia del ejército español. En una escena Gila pregunta a otro "voluntario" que se muestra temeroso y apesadumbrado si era su primera guerra. Y me recordó que en realidad España ya se había visto envuelta en otra guerra pocos años antes, en los 20s, contra Marruecos, que había suscitado mucho rechazo y oposición en la ciudadanía, incluidas muchas deserciones a consecuencia precisamente de los estragos y muertes en el frente que supuso. Lo cual me hacía reflexionar y con esta película me vuelve la reflexión sobre lo curioso de que el conflicto de 1936, por el contrario, generara un entusiasmado alistamiento de personas voluntarias. Copiando un párrafo de aquella reflexión destaco que "En estos capítulos no aparece ningún dato de desertores o prófugos, a pesar de que se habla de coerción para evitarlos, a pesar de que se dan profusamente datos de los sucesivos reclutamientos de personas cada vez más jóvenes, a pesar de que se llega a criticar las numerosas muertes de estos jóvenes, especialmente de las llamadas "quintas del biberón". Pareciera que en esta última guerra, a diferencia de todas las anteriores no hubiera habido ningún rechazo a los alistamientos de los ejércitos contendientes. Pero sabemos que La Liga de Refractarios a la Guerra estuvo activa hasta que los sublevados tomaron el poder y obligaron a sus activistas a exiliarse". En la cena con Hilario me dijo que debería inculcarse desde la más tierna infancia el rechazo a las guerras. Sin embargo asistimos a menudo a exposiciones de material bélico en ferias "educativas" que deberían ser antibelicistas, se sigue "educando" con el militarista lema de "Si vis pacem para bellum". Y, como también estuvimos comentando, gran parte de la historia que se estudia en los centros educativos está centrada en las guerras, batallas, ocupaciones, invasiones, conquistas y heroicidades militaristas.

Por otro lado hubo otra frase de la película que me trajo otra reflexión. Cuando el militar de mando (no recuerdo qué rango) le dice a Gila que "Nos han enseñado a odiar, pero no nos han enseñado a pedir perdón". Estoy de acuerdo, pero asumo una de las reivindicaciones de los colectivos de Memoria Histórica: No podemos perdonar cuando nadie nos ha pedido aún perdón sino que por el contrario los que se erigen como descendientes ideológicos de quienes "vencieron" se siguen jactando de ello, siguen ensalzando el levantamiento e impidiendo que se juzguen democráticamente los crímenes cometidos. Como ya dijo en su momento Miguel de Unamuno "Vencer no es convencer".

Desde luego es una buena película para seguir construyendo y reflexionando sobre el antimilitarismo y el sentido de la paz y la justicia.

Fuente: https://floredo.blogspot.com/2024/1...

Rafel Montaner

La Delegación de Defensa en la Comunitat Valenciana tiene encomendada la gestión patrimonial de las 310 propiedades inmobiliarias que los tres ejércitos tienen repartidas por la geografía valenciana. Este patrimonio militar suma en su conjunto 46,4 km², una superficie que supera en tamaño a los términos de hasta 386 de los 542 municipios valencianos.

El planeta militar valenciano es tan diverso que incluye desde joyas arquitectónicas medievales, como el antiguo Convento de Santo Domingo de València, sede del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad (CGTAD) del Ejército, hasta una de las bases militares más grandes de España, la General Almirante de Marines, e incluso dos bases de la Guerra Fría construidas por EE UU, el Escuadrón de Vigilancia Aérea (EVA) nº 5 del pico de Aitana y la Estación Radionaval de Guardamar del Segura, así como dos colegios y un hospital.

Joyas arquitectónicas protegidas

Por su relevancia histórica destaca el cuartel de Santo Domingo de la plaza de Tetuán. Conocido aún como Capitanía General, conserva el antiguo convento de padres predicadores del Cap i Casal, el mayor de la ciudad, y entre sus tesoros sobresale su claustro gótico.

También es patrimonio histórico protegido el acuartelamiento de San Juan de Ribera de la Alameda de València. Estos cuarteles de finales del siglo XIX son la actual sede la Delegación de Defensa y de dos regimientos: Inteligencia nº 1 y Operaciones de Información nº 1.

Igualmente han jugado un papel en la historia reciente, y siguen jugándolo, los dos enclaves militares de la Guerra Fría que levantó EE UU en territorio valenciano tras los Pactos de Madrid de 1953 entre el régimen de Franco y el Gobierno del general Dwight D. Eisenhower. El primero data de 1957 y está en el origen de que el techo de Alicante, los 1.558 metros de altitud del pico de Aitana, haya una Kansas.

La ‘Kansas' de Confrides

Este es el indicativo que dieron los americanos al EVA nº 5, ubicado en el término de Confrides y que en 1964 pasó a depender del Ejército del Aire y del Espacio. Esta estación radar es uno de los 13 EVA que vigilan el espacio aéreo de España las 24 horas del día, de ahí que su lema sea Siempre vigilantes.

Está a la espera de incorporar uno de los nuevos radares fijos de largo alcance Lanza 3D LRR (Long Range Radar) que Defensa ha encargado a Indra. Este radar tridimensional de última generación tiene un alcance vertical de 30 km y horizontal de 470 km, solo limitado por la curvatura terrestre, y está dotado con un interrogador de identificación amigo-enemigo. Cuenta con la tecnología más avanzada para detectar aeronaves, drones y misiles, incluso los que usan materiales y técnicas furtivas.

La torre más alta de Europa

El segundo vestigio en suelo valenciano de los años más duros de la Guerra Fría es la Estación Radionaval de Guardamar, que en la Vega Baja todos conocen como la torreta o la torre de los americanos, pues fue la US Navy quien la levantó en 1962 y no fue hasta después de la I Guerra del Golfo, en 1991, cuando pasó a depender de la Armada Española, que controla su transmisor desde la base naval de Rota.

Con sus 380 metros de altura es la torre más alta de la Unión Europea. Esta antena en forma de mástil de sección triangular, con un ascensor de mantenimiento en el centro, emite en baja frecuencia (LF) y por eso sus ondas penetran bajo el mar hasta unos 20 metros. Esto es clave para garantizar su misión de controlar el tráfico marítimo, pues se encarga de guiar a la flotilla de submarinos de la Armada con base en Cartagena cuando salen a navegar.

El gigante valenciano de la Defensa

Por su tamaño, el gigante valenciano de la Defensa es la base General Almirante, pues sus 25,5 km² de superficie repartida por cuatro términos (Gátova, Llíria, Marines y Olocau) suponen más de la mitad del suelo militar valenciano. El antiguo Centro de Instrucción de Reclutas (CIR) nº 7 de los años setenta, protagonista de las historias de la mili de miles de valencianos, alberga hoy tres regimientos: los Dragones de la Muerte del Caballería Lusitania nº 8 de la Brigada Paracaidista (Bripac); Transmisiones nº 21, y el Grupo de Misiles Patriot del Artillería Antiaérea nº 73, que tiene una batería desplegada en Turquía desde hace años en una misión de apoyo a la OTAN.

En cuanto a impacto económico destaca la Base Jaime I de Bétera, sede del Cuartel General de Despliegue Rápido de la Alianza Atlántica, Este centro militar internacional, según el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) incrementa en 25,7 millones de euros la renta valenciana y genera 644 empleos directos e indirectos. Aloja también unidades de tres batallones (el adscrito al CGTAD, el de Policía Militar I y el de helicópteros medios de la Unidad Militar de Emergencias) así como el Mando de Transmisiones.

Los boinas verdes de Rabasa

De alto valor estratégico es también el acuartelamiento Alférez Rojas Navarrete, en Rabasa (Alicante), que es la sede de los boinas verdes, el Mando de Operaciones Especiales (MOE) compuesto por comandos de élite entrenados en tácticas de guerrilla. El otro gran cuartel que sigue activo es el Daoíz y Velarde de Paterna, sede del Regimiento NBQ nº 1, el referente del Ejército de Tierra en defensa contra agresivos de carácter Nuclear, Biológico y Químico. Y ya de menor tamaño y quizás por ello menos conocido, el cuartel que el Ejército del Aire y del Espacio tiene en el Vedat de Torrent, sede de la Escuadrilla de Transmisiones nº 4.

Igualmente son patrimonio militar el antiguo Hospital Militar de Mislata Vázquez Bernabeu, cedido por 75 años a la Generalitat, o los dos colegios también cedidos por 99 años a la Conselleria de Educación: el Jaume I de Paterna y el Sector Aéreo de València.

Diario Levante

Rubén Márquez

Las innovaciones digitales están provocando que la Generación Z nos sólo esté abandonando la habilidad de escribir, sino también los conocimientos básicos para expresarse claramente. La duda entre si es parte de la transformación que experimenta la sociedad o un problema de la Generación Z que hay que atajar, preocupa a los expertos.

Aunque hubo que esperar hasta la Revolución Industrial y la creación de la imprenta para ver cómo se democratizaba su aprendizaje. Pese a que fue entonces cuando se consiguió que la escritura saltase de una selección de expertos hasta el resto de la población, podría decirse que nuestra habilidad para escribir lleva acompañándonos desde las primeras culturas. Alrededor de 5.500 años en los que sumerios, egipcios y chinos, marcaron un camino que la Generación Z está dejando de lado.

La pérdida de la escritura entre la Generación Z

Según varios estudios y declaraciones recogidas por Türkiye Today de la mano de profesores de distintas universidades, los jóvenes de la Generación Z se han acostumbrado tanto al uso de teclados que han terminado palideciendo al saltar de la escritura digital a la tradicional.

Como toda habilidad que se pierde poco a poco al no utilizarla, los estudiantes demuestran ahora una considerable pérdida en su forma de escribir a mano, a menudo torciéndose en la página y demostrando una caligrafía ininteligible. Un estudio realizado en la Universidad de Stavanger, en Noruega, demostró que en apenas un año de centrarse únicamente en la escritura digital, provocó que el 40% de los estudiantes perdiesen fluidez en su escritura manual. Sin embargo, aseguran que el hecho de tener "mala letra" o cansarse más de la cuenta al escribir en papel no es lo peor.

Motivado por el uso de las redes sociales como medio de comunicación, a menudo evitan frases largas o fallan al construir párrafos con sentido. La Generación Z no sólo tienen más dificultades para escribir y comunicarse de forma efectiva, sino que independientemente de si lo hacen a mano o con teclado, fallan a la hora de crear párrafos con frases independientes, lo que hace que sea más caótico y difícil al intentar entender sus textos.

La buena noticia es que su capacidad de síntesis para intentar explicar cualquier concepto en menos de 10 palabras ha mejorado notablemente, pero a la larga hace que profundizar en temas más complejos les resulte especialmente difícil. Entre la pérdida de ciertas normas ortográficas, y la habilidad para estructurar correctamente lo que quieren transmitir, la preocupación sobre el camino que tomará la escritura conforme la tecnología siga creciendo es, cada vez más, una realidad tangible.

Fuente: https://www.3djuegos.com/3djuegos-t...

RADHIKA DESAI, PROFESORA de ECONOMÍA de la UNIVERSIDAD MANITOBA, CANADÁ

El sistema del dólar es el generador de desigualdad más poderoso que jamás se haya conocido. Es el aparato que permite a los países capitalistas centrales, debilitados productivamente, mantener su prosperidad absorbiendo el valor producido en otros países.

La búsqueda actual de alternativas al sistema monetario internacional basado en el dólar está motivada principalmente por su utilización como arma mediante sanciones ilegales y unilaterales.

Sin embargo, a medida que avanza esta búsqueda, crece la conciencia que el sistema dólar nunca ha servido bien al mundo.

Por ejemplo, el informe encargado por el gobierno ruso antes de la cumbre BRICS de 2024 en Kazán, titulado “Mejora del sistema monetario y financiero internacional”, señala que el sistema monetario y financiero internacional basado en el dólar se ha caracterizado por «crisis frecuentes, desequilibrios comerciales y de cuenta corriente persistentes, niveles elevados y crecientes de deuda pública y volatilidad desestabilizadora de los flujos de capital y los tipos de cambio» y que «sirve principalmente a los intereses de las economías avanzadas».

Podría haber añadido que es posiblemente la causa más importante de desigualdad en el mundo, dentro de las sociedades y entre ellas.

En contraste con las opiniones liberales que atribuyen los conflictos internacionales a desviaciones de los principios liberales, incluido el sistema monetario internacional basado en el dólar, o el realismo que los atribuye a factores «políticos» y «geopolíticos», este artículo sostiene que el sistema de dolar desde su raíz produce la desigualdad internacional.

En este sentido, nos alineamos con perspectivas críticas sobre el capitalismo y el imperialismo como las de Marx y Lenin, Polanyi y Hobson, en las que se basa mi propio enfoque de la economía geopolítica.

Las perspectivas de estos teóricos explican cómo el imperialismo ha impedido históricamente el desarrollo y la igualdad y cómo el antiimperialismo es una herramienta de lucha por la igualdad y el desarrollo.

Hoy en día, se podría decir que el sistema del dólar es el generador de desigualdad más poderoso que jamás se haya conocido. Es el aparato que permite a los países capitalistas centrales, debilitados productivamente, mantener su prosperidad absorbiendo el valor producido en otros países.

Según las estimaciones de la UNCTAD y Jason Hickel, esos flujos de valor alcanzaron un máximo de entre 1 billón y 3 billones de dólares, entre el 10 y el 15 por ciento de la inversión mundial, y la mayor parte de la reciente reducción se debe a que China se libró de esa sangría, gracias, por supuesto, a su desarrollo, lo que significa, entre otras cosas, la capacidad de impedir a los países imperialistas apropiarse de ingresos ganados por el expolio

Déjenme explicar.

Existe una enorme literatura del FMI basado en el dólar, la mayor parte de ella comprometida con Estados Unidos y contrariamente a toda evidencia, celebra el eficaz «servicio público del dólar al mundo” y predice su longevidad.

También existe una enorme literatura sobre la financiarización y sus daños. Sin embargo, hasta mi Economía Geopolítica de 2013 , nadie hablaba de su íntima conexión.

Allí y en otras publicaciones, como Capitalism, Coronavirus and War, argumenté que después de 1971 el sistema del dólar se apoya en los cimientos volátiles de sucesivas financiarizaciones, en una serie de expansiones de la actividad financiera denominada en dólares, cada una de las cuales involucra activos, actores, flujos y regulaciones. Cada una de estas financiarizaciones eran, por supuesto, insostenibles, provocando sucesivas crisis.

Cada financiarizacion tuvo que ser reemplazada por otra. Al aumentar la demanda puramente financiera del dólar, se contrarrestaron la presión a la baja que ejercían sobre la moneda los déficits fiscal, de cuenta corriente y comercial de Estados Unidos. Esta presión habría expulsado al dólar de su desmesurado papel mundial, como Robert Triffin predijo en la década de 1950.

De hecho el sistema financiero del dólar ha aumentado enormemente la desigualdad internacional. A continuación, se ofrece una lista incompleta de las formas en que esto ha ocurrido:

Subvalúa sistemáticamente las monedas de la Mayoría Mundial, lo que permite a los tenedores de dólares comprar productos y servicios de la Mayoría Mundial a precios muy baratos.
Se basa en desequilibrios persistentes que provocan el subdesarrollo, ya que no existe un imperativo que imponga la autosuficiencia ni aborde la falta de competitividad.
Ofrece a los gobiernos y empresas de la mayoría mundial crédito, a tasas de interés usurarias, no cuando lo necesitan sino sólo cuando los acreedores en dólares necesitan prestar. (habitualmente no de forma contracíclica sino procíclica).

El sistema dólar ha inducido crisis de deuda cuando las autoridades monetarias occidentales han aumentado los tipos de interés, como en los años 1980 y nuevamente hoy.

En las reestructuraciones de deuda que siguieron, el principio de responsabilidad de los acreedores fue borrado por el FMI y el Banco Mundial, que actuaron exclusivamente como alguaciles de las instituciones financieras occidentales, lo que dio lugar a nefastos flujos inversos de capital mediante los cuales los países pobres han pagado muchas veces la deuda que originalmente contrajeron, imponiendo un retraso económico a millones de personas.

Con las crisis el sistema dólar exige el levantamiento de los controles de capital para liberar los flujos de capital que transfieren aún más riqueza de los países de la mayoría mundial a los países capitalistas centrales, ya que los ricos transfieren riqueza para evadir impuestos en su país y participar en la actividad especulativa que abunda en el sistema financiero internacional denominado en dólares.

Los estudios empíricos definen que los flujos de inversión de los países de la mayoría mundial hacia los países avanzados son un problema importante ya que el sistema ha desviado la inversión de la producción a la especulación, debilitando los esfuerzos de desarrollo.

Ha inflado sistemáticamente burbujas de activos: las más recientes fueron la burbuja punto-com, las burbujas inmobiliaria y crediticia, y la actual «burbuja de todo».

Un buen número de estas burbujas de activos ocurren en los mercados de materias primas, que elevan los precios de los productos más comercializados por los países de la mayoría mundial.

El estallido de las burbujas provoca dolorosas crisis financieras en las que los pobres –personas y países– son los que más sufren, mientras que los ricos –países y personas– obtienen paracaídas dorados.

Estos salvatajes suministrados por los gobiernos en forma de subsidios y por los bancos centrales como dinero fácil, sólo sientan las bases para la próxima financiarización.

Los paracaídas gubernamentales han regulado los sectores financieros, incluyendo la autorización de libres flujos de capital, NO para promover la producción y el desarrollo sino la especulación, no para una economía de creadores sino para una economía de especuladores, no para la generación de empleo sino para la preservación del valor de las reservas ociosas de riqueza.

Esta lista de las formas en que este sistema genera desigualdad entre países no sólo es incompleta, sino que excluye las formas en que genera desigualdad dentro de los países, lo que también contribuye a la desigualdad internacional, en particular al reducir el mercado mundial y dificultar el desarrollo.

En Estados Unidos, la desigualdad generada por este sistema es responsable de la división social, la polarización política y la confrontación cultural que sufre el país y que lo ha llevado al borde de una guerra civil.

Esta crisis de EEUU debería ser una señal para cualquier país que piense que puede reemplazar al dólar por su propia moneda y no por una cesta de monedas.

Hay que recordar que el sistema también ha promovido guerras contra países como Irak y Libia simplemente porque buscaban salir del sistema dólar.

El sistema dólar está a punto de derrumbarse por su propio peso: razón de más para idear alternativas. Ya es hora de que avancemos en ese proyecto.

Fuente: https://observatoriocrisis.com/2025...

Por Jonathan Cook

Traducido para Rebelión por Paco Muñoz de Bustillo

De repente, tras años tergiversando a Hamás, políticos y medios de comunicación occidentales se han vuelto frenéticos para aclarar la diferencia entre yihadistas y nacionalistas islámicos.

Es algo muy extraño. Durante años los políticos y los grandes medios de comunicación occidentales han sido completamente indiferentes al hecho de que Hamás no sea un movimiento yihadista, como Al-Qaeda o el Estado Islámico (ISIS), sino específicamente un movimiento de resistencia palestino, aunque su base sea una ideología islamista que le distingue de movimientos de resistencia palestinos laicos como Fatah.

Poco después del ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre del pasado año, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu coincidió con el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, y afirmó sin rechistar: «Hamás es ISIS [Estado Islámico]… y debe ser tratado exactamente igual que el ISIS».

Pero Hamás, a diferencia de Al-Qaeda o el Estado Islámico, no pretende recrear un califato que incluya a los musulmanes allá donde vivan, sin tener en cuenta las fronteras nacionales. Lo que Hamás desea es crear un Estado palestino en Palestina e Israel está determinado a impedir lo de cualquier modo, incluso si ello supone cometer un genocidio.

Hamás no exige una adherencia estricta a la ley religiosa y no prioriza el islam sobre la identidad nacional palestina.

No forma parte, como Israel y sus apologistas de Occidente tratan de hacer creer, de ninguna cruzada islamista que libra una guerra global contra los valores de una supuesta “civilización” judeocristiana.

Hamás no oprime a los cristianos (en Gaza existía pacíficamente una comunidad cristiana hasta que Israel empezó a bombardear sus templos), ni obliga a las mujeres a llevar velo.

La designación de Hamás como grupo terrorista por parte del Reino Unido, tanto de sus ramas militar como político-social, ha sido en gran parte justificada merced a esa tergiversación del carácter ideológico de Hamás.

Si suscito este asunto no es para alabar a Hamás (véase la nota legal más abajo) sino para resaltar la indignante hipocresía actual de todos los medios de comunicación occidentales.

Ahora nos encontramos con una rama de Al Qaeda en Siria, rebautizada como HTS [Hay'at Tahrir al-Sham , Organización para la Liberación del Levante]. Y los periodistas occidentales, encabezados como siempre por la BBC, se desviven por explicar cómo el grupo se ha transformado de la noche a la mañana de un yihadismo que cortaba cabezas en un movimiento de resistencia nacional sirio moderado y “favorable a la diversidad”.

Dichos medios se muestran de pronto muy preocupados por aclarar la diferencia entre yihadismo militante y resistencia nacional islamista, e insisten en que esta última es respetable.

Esto, por supuesto, se presenta como la razón por la que los gobiernos británico y estadounidense han puesto fin rápidamente a la designación de HTS como organización terrorista, incluso cuando esos mismos gobiernos mantienen proscrito a Hamás en su totalidad. Es la razón que se da para acoger a este sucedáneo de Al Qaeda como un buen movimiento nacionalista sirio, supuestamente deseoso de unificar el país.

Lo que pretendo decir es que los medios de comunicación occidentales son bastante capaces de entender la diferencia entre yihadistas y nacionalistas islámicos cuando quieren. Pero solo lo hacen cuando los estados de seguridad nacional británico y estadounidense se lo ordenan.

Esa es la conducta de nuestra supuesta “prensa libre”.

Nota legal: Las observaciones anteriores se hacen con fines puramente analíticos y no pretenden en modo alguno “fomentar el apoyo” a Hamás, lo que supondría una violación del artículo 12 de la Ley de Terrorismo del Reino Unido. El gobierno británico considera a Hamás una organización terrorista.

Después de todo, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar la sensatez del gobierno al utilizar la legislación antiterrorista para encarcelar a periodistas hasta 14 años por señalar la aplicación incoherente de sus políticas?

¿Quiénes somos nosotros para cuestionar el derecho de la policía británica a asaltar los hogares de periodistas independientes, investigarlos y detenerlos, como les ha pasado a Richard Medhurst y Asa Winstanley, por presuntamente no adherirse por completo a la posición del gobierno británico sobre Hamás?

¿Quiénes somos nosotros para cuestionar por qué los medios de comunicación británicos, defensores de una gloriosa tradición de libertad de prensa, no están aplicando los mismos estándares periodísticos a Hamás y al HTS –o informando del arresto de periodistas independientes por parte de la policía por presuntamente infringir la Sección 12 respecto a Hamás, cuando a policía parece totalmente indiferente a la aplicación del artículo 12 en relación con el HTS?

Atención: Nada de lo anterior debe interpretarse en modo alguno como una sugerencia de que Gran Bretaña no sea plenamente democrática o de que muestre signos de convertirse en un Estado policial.

Fuente: https://jonathancook.substack.com/p...

Nota de Tortuga: las características no yihadistas que el autor atribuye a Hamás, hasta donde esta web conoce, son también de plena aplicación al movimiento libanés Hezbolá, una organización igualmente islámica pero que también ejerce la tolerancia religiosa allá donde gobierna y que no está interesada en la promoción de un estado islámico ni en una guerra religiosa. Ignoramos si estas características son o no extensibles en este momento a los grupos que controlan Siria o a la propia teocracia que gobierna Irán.

Tomado de Rebelión: https://rebelion.org/el-dia-que-los...

Ali Hamad, APAimages, para WAFA (agencia de noticias), vía Wikimedia Commons

Instituciones financieras europeas han prestado o invertido más de 60.000 millones de euros en empresas que venden armas a Israel. Esto es lo que se desprende de un nuevo informe internacional publicado por 19 organizaciones de la sociedad civil. Banco Santander y BBVA figuran entre los diez principales proveedores europeos de crédito a estas compañías, superando entre los dos los 3.300 millones de euros.

La investigación examina las relaciones financieras entre seis de las mayores compañías productoras de armas del mundo (Boeing, General Dynamics, Leonardo, Lockheed Martin, RTX y Rolls-Royce), que suministran armas a Israel, y las instituciones financieras europeas. El informe concluye que estas entidades financiadoras han concedido 36.100 millones de euros en préstamos y suscripciones a las empresas señaladas y poseen 26.000 millones de euros en acciones y bonos de las empresas armamentistas que abastecen al ejército israelí.

Préstamos de Santander y BBVA

Con 1.981 millones de euros en préstamos y suscripciones desde 2021, Banco Santander aparece como el séptimo financiador europeo de las empresas armamentísticas que abastecen al ejército israelí. Junto a él, el BBVA también también concedió préstamos a estas compañías por valor de 1.378 millones de euros, desde 2021. El Banco de Santander ya aparecía en el último informe de la coalición Don't Buy Into Occupation, como entidad financiadora de los asentamientos israelíes.

Las organizaciones autoras del informe invitaron a las instituciones financieras que aparecen reflejadas a responder a las conclusiones. La respuesta de Santander y BBVA aparece publicada en uno de los anexos. El Banco Santander alude a que la entidad «aplica políticas estrictas a la hora de conceder préstamos a empresas o instituciones que operan en sectores sensibles, incluido el de defensa«. Pone como ejemplo su veto a la financiación de «la fabricación, el comercio, la distribución o el mantenimiento de productos o materiales relacionados con armas nucleares, químicas o biológicas, minas antipersona, municiones de racimo o municiones que contengan uranio empobrecido«.

Invertir en una empresa conecta al inversor con todas las actividades de la empresa

Para los autores de la investigación, según los estándares internacionales sobre empresas y derechos humanos, las instituciones financieras tienen una clara responsabilidad de garantizar que no invierten en empresas que contribuyen a violaciones de derechos humanos. «No afirmamos que la totalidad de estos flujos de capital se haya destinado a la producción de armas destinadas a Israel. Sin embargo, como las inversiones en una empresa generalmente la apoyan en su totalidad, invertir en una empresa conecta al inversor con todas las actividades de la empresa y, en consecuencia, con todos los efectos adversos de estas actividades«, indica el estudio. «Independientemente de la inversión o la proporción del capital que fluye directamente a la producción de bienes destinados a Israel, las instituciones financieras tienen la clara responsabilidad de utilizar su influencia para influir en los actores implicados en las violaciones para prevenir, mitigar y abordar esos daños«.

El informe expone que, de 2019 a 2023, seis de los mayores productores de armas del mundo -Boeing, General Dynamics, Leonardo, Lockheed Martin, RTX y Rolls-Royce- han vendido armas o sistemas de armas a Israel. Para la investigación, a través de estas ventas, estas empresas corren un alto riesgo de contribuir a graves violaciones del derecho internacional humanitario en Gaza. El banco francés BNP Paribas es, con diferencia, el mayor proveedor de financiación, habiendo proporcionado 5.700 millones de euros en préstamos y suscripciones de préstamos desde 2021. Otros grandes inversores identificados por el informe son los bancos Crédit Agricole , Deutsche Bank , Barclays y UBS, así como el fondo de pensiones del gobierno noruego GFPG y la compañía de seguros Allianz.

En su llamado de febrero de 2024 a un embargo de armas, los expertos de la ONU se refirieron a las obligaciones de los Estados en virtud del Tratado sobre el Comercio Internacional de Armas (TCA), que prohíbe a los estados autorizar transferencias de armas si saben que estas armas se utilizarán para cometer genocidio y crímenes contra la humanidad. o crímenes de guerra. Según el informe, los Estados miembros de la UE están además obligados por la Posición Común de la UE sobre exportaciones de armas, que exige a los estados miembros de la UE «rechazar una licencia de exportación si existe un riesgo manifiesto de que la tecnología o el equipo militar que se exportará se utilice para cometer violaciones graves del derecho internacional humanitario«. La orden de la Corte Internacional de Justicia del 26 de enero permite establecer la existencia de este “riesgo manifiesto”.

Fuente: https://www.economiasolidaria.org/n...

Aitana Irving

La guerra civil de Sudán está repleta de acusaciones de crímenes de guerra y de crímenes contra la humanidad, con investigaciones que evidencian un genocidio salvaje contra comunidades no musulmanas. Los actores principales son las Fuerzas Armadas de Sudán (SAF) y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), ambas facciones del gobierno militar sudanesa. Esta guerra ha matado a decenas de miles de personas y ha creado más de 11 millones de personas desplazadas.

Además de los crímenes de guerra investigados y documentados por el New York Times (NYT), la hambruna está destrozando a la población. Tanto la SAF como la FAR están restringiendo el acceso a comida y a las ayudas exteriores, creando una escasez de comida intencionada; el país está en camino de convertirse en la peor crisis de hambruna del mundo, según Amnistía Internacional. Un alto oficial de la Organización de Comida y Agricultura de Naciones Unidas, Dervla Cleary, ha dicho que 638.000 personas están sufriendo hambruna, de acuerdo con PBS. Además, la mitad de la población -24,6 millones de personas- está enfrentada a una inseguridad alimenticia aguda.

La violencia de género es una pieza central en esta guerra, con una multitud de casos de violaciones, agresiones y esclavitud sexual sufridas por las mujeres sudanesas por parte del FAR. En vídeos de miembros de esta milicia, como una del comandante Mohamed Al Fatih, reclaman que la violación a las mujeres es: “nuestro derecho y lo hemos cogido”. “Si violamos a tu hermana o a tu hija, cosechas lo que siembras”, añadió el comandante. “El número de casos son mucho mayores de lo que cualquier persona se pueda imaginar”, contó un miembro de la Iniciativa Estrategia para Mujeres en el Cuerno de África, Hala Al Karib, en una entrevista con el NYT.

Soldados del FAR han grabado las atrocidades cometidas sobre la población como trofeos, incluyendo la violencia, las ejecuciones y la quema de edificios. Estas grabaciones serán utilizadas como evidencia para juzgar a miembros del grupo por crímenes contra la humanidad en el Tribunal Internacional de Justicia. El NYT ha documentado tres patrones principales del FAR: la ejecución de rehenes desarmados, la quema de comunidades y el abuso directo de civiles, incluyendo la violencia sexual.

Debido a la naturaleza opaca de la organización, no se ha podido identificar la estructura de mando hasta ahora; en la investigación del NYT, se ha podido identificar a, por lo menos, 20 figuras claves, junto con el líder del grupo, Mohamed Hamdan Dagalo, quien probablemente será juzgado como autor principal de los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad.

Limpieza étnica

El FAR ha sido acusado por varias organizaciones internacionales de derechos humanos de cometer genocidio en Darfur del Este (estado de Sudán). Entre abril y noviembre de 2023, miles de personas fueron exterminadas en una campaña de limpieza étnica de los Masalit (población que vive mayoritariamente en el oeste de Darfur) y la población no musulmana de El Geneina y sus afueras, según el informe del Observatorio de Derechos Humanos (HRW).

El 15 de junio de 2023 hubo una masacre a gran escala. El FAR disparó a civiles escoltados por luchadores Masalit en un convoy de un kilómetro de longitud que huían del conflicto. La milicia persiguió, acorraló y mató a hombres, mujeres y niños que intentaban escapar, según HRW. Una consultora especial de la ONU para la prevención del genocidio, Alice Wairimu Nderitu, advirtió que “el incremento en hostilidades en El Fasher (localidad en Darfur del Norte) han abierto un capítulo muy alarmante en el conflicto”, añadiendo que la situación es “similar a la de Ruanda” en 1994, según la BBC.

El grupo ha quemado pueblos enteros y han desplazado a miles de personas que han huido a Chad, Egipto, Sudán del Sur y otros países vecinos. Han vaciado comunidades, asesinado a sus ciudadanos y destruido las infraestructuras. Varios vídeos muestran a comandantes locales afirmando que no querían rehenes, implicando que los militantes asesinaran a todos que encontraban, de acuerdo con los vídeos recopilados por el NYT. Además, utilizan lenguaje de limpieza étnica, diciendo en vídeos: “Te juro que hemos aniquilado esta gente. Ya no quedan”.

En octubre de este año, la FAR llevó a cabo otra masacre en al-Seriha, un pueblo a 90km de la capital del país, Khartoum. La ONU dice que asesinaron a 124 personas mientras que el Congreso Gezira, un grupo local, dice que este número podría alcanzar 140 personas, de acuerdo con la investigación de la BBC. Después del ataque, los hombres sobrevivientes fueron juntados y detenidos por el grupo armado. Soldados del FAR grabaron vídeos burlándose de los rehenes, obligándoles a hacer sonidos de animales: “Di baa, perros, di baa, di baaa. Si os atrevéis a volver a coger las armas, no os volváis a meter con las Fuerzas de Apoyo Rápido”.

El origen del conflicto

La naturaleza de esta guerra civil es muy similar a la segunda guerra civil sudanesa que finalizó en 2005. La guerra en Darfur empezó en 2003 y fue clasificado como un genocidio contra la población no musulmana como los Fur, los Zaghawa y los Masalit -una naturaleza que refleja la actual-, según el Rastreador de Conflictos Globales (CFR). Se estima que más de 300.000 personas fueron masacradas por la milicia Janjaweed, el germen del FAR, y que sus estrategias son las mismas que las de ahora.

En 2019, el FAR y el SAF trabajaron juntos para derrocar al dictador Omar al-Bashir, pese a que el FAR trabajaba para el gobernante. Debido a las tensiones entre ambos grupos para liderar el país y conseguir sus intereses particulares, en 2023 soldados de ambos grupos fueron desplegados en Khartoum y a lo largo de Sudán. En abril, hubo una serie de explosiones en la capital, donde ambos lados acusaron al otro de lanzar el primer ataque. Aunque se ha intentado conseguir un acuerdo de paz posteriormente, ninguno de los lados ha cumplido con los altos al fuego. Las tensiones solo han escalado desde entonces.

Fuente: https://www.elplural.com/politica/i...

Ya han pasado dos navidades y 16 meses desde que se desató la locura violenta entre Israel y Palestina. Parece que la noticia va perdiendo fuerza en los medios de comunicación. Damos seguimiento en este artículo a los recorridos legales y políticos de la demanda de genocidio que interpuso Sudáfrica contra Israel. Al ser un tema legal se vuelve, automática y penosamente, en un tema difícil de seguir y entender. Esperamos que el esfuerzo realizado sirva a nuestr@s lector@s para tener una recopilación de las actuaciones transcurridas durante este año.

El desafío de Sudáfrica

“La ley internacional no es ni verdaderamente internacional, ni genuinamente ley”, sino ideología: una fuerza ideológica al servicio del hegemonismo y sus aliados y un formidable instrumento de poder, dice Perry Anderson. Fundamentalmente la “justicia internacional” es un espectáculo. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, ninguna guerra de Estados Unidos ha merecido la atención de la Corte Internacional de Justicia, principal órgano judicial de la ONU. Las invasiones y ocupaciones propias o de los amigos han sido bendecidas o silenciadas, mientras que las de los adversarios fueron condenadas cuando no objeto de intervención bélica. Todo eso ya lo sabíamos.

También sabemos, desde los romanos, que es mejor un mundo con ciertas reglas, aunque sean fraudulentas o no se cumplan, o solo deban observarlas unos pero no otros, que la completa carencia de ellas. Al fin y al cabo, siendo el derecho el dictado de los poderosos, es mejor que su ausencia. A veces hay resquicios en el muro de los poderosos por donde se cuelan ciertas oportunidades de justicia.

La denuncia de Sudáfrica a Israel por genocidio en Gaza es más que una de esas oportunidades. Formalmente impecable, es un desafío abierto a Estados Unidos, la potencia que tutela y bendice la masacre de palestinos desde hace décadas. El equipo sudafricano, dirigido por John Dugard, que fue defensor de Nelson Mandela y de Desmond Tutu y relator de la ONU sobre Derechos Humanos en los territorios palestinos ocupados, pone en evidencia a los regímenes árabes, que han sido incapaces de dar un paso semejante.

Sudáfrica vs. Israel: la justicia ha de servir a la vida

Aunque ya fue parcialmente anunciada el pasado 21 de diciembre, el día 29 se hizo pública la presentación de una demanda por parte de Sudáfrica contra Israel, en la que se le acusa de la violación de la Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio de 1948. En la demanda se contextualiza la situación del pueblo palestino, en especial en la franja de Gaza, en una dimensión histórica, pero el objeto esencial de la misma son las actuaciones militares llevadas a cabo por Israel a partir del 7 de octubre del año pasado.

El 2 de enero, el portavoz israelí Eylon Levy declaró públicamente que, con esta demanda, Sudáfrica se convertía en un defensor pro bono de Hamás, en un cómplice del genocidio contra el pueblo judío; en suma, una especie de abogado del diablo que había redactado un “libelo de sangre”.

En los días siguientes, varios Estados, como Turquía, Jordania, Malasia o Bolivia manifestaron su adhesión a la demanda; otros, como Estados Unidos, señalaron que era una medida contraproducente y carente de todo fundamento. A la par, cerca de 800 ONGs mostraron su apoyo a la demanda en una carta pública. En lo más cercano, más de 250 juristas de nuestro país reclamaban que España se sumase a ella. Pareciera pues que las huestes de “abogados del diablo” van en aumento y han trascendido de las fronteras sudafricanas.

La posición aparentemente más difundida de Israel es que a partir del 7 de octubre inició una serie de operaciones militares con el objeto de “vengarse” de Hamás, con la intención de destruirlo completamente. Sudáfrica mantiene, sin embargo, que el objetivo de las acciones y ataques ha sido y sigue siendo el pueblo palestino, y que la intención que se persigue es destruirlo en todo o en parte. Y a esto, en Derecho, se le llama genocidio. Su comisión, o el incitamiento a su comisión, están absolutamente prohibidos por el Derecho Internacional, y en concreto por la Convención de 1948.

Ciertamente, el objeto de la demanda es más complicado, como iremos señalando, pero podemos considerar este el punto de partida para entender las discusiones que se han dado ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya el 11 y 12 de enero. El debate se centró, no obstante, en la solicitud de varias medidas cautelares dirigidas a Israel, que pueden sinterizarse en la suspensión de toda operación militar en Gaza y la entrada de ayuda humanitaria urgente.

En primer lugar, esta demanda se ha presentado ante la Corte Internacional de Justicia, un órgano que condena a los Estados, no a las personas, pues de esto se ocupa la Corte Penal Internacional. De hecho, oficialmente la Fiscalía de esta Corte lleva investigando la comisión de presuntos crímenes internacionales en Palestina desde hace cinco años. No nos vamos a detener en ello, pero es preciso señalar que no está muy claro si el Fiscal “está” o “se le espera”, porque los frutos públicos de su actuación no se han concretado aún en nada tangible.

De otro lado, la calificación jurídica internacional de los hechos que se están examinando no es una cuestión de blanco o negro. Es decir, resultan equivocadas las posiciones que mantienen que se trata de genocidio o de nada. Por limitarlo a los crímenes internacionales más graves, gran parte de los hechos ocurridos desde el 7 de octubre en adelante, con seguridad, pueden calificarse como crímenes de guerra, probablemente como crímenes contra la humanidad, y es posible que como genocidio. Es una discusión técnica, complicada, pero de cualquier modo los tres “tipos” de crímenes internacionales citados comparten una cuestión esencial: la consecuencia derivada de su comisión. La respuesta es clara, como mínimo, desde los juicios del Tribunal de Nuremberg de 1945-46, y de hecho se considera el primer principio general del Derecho Internacional Penal: toda persona que los cometa u ordene cometerlos es responsable de ello, y debe ser sometida a un proceso judicial y castigada, en su caso, con una pena adecuada a su gravedad. De ello, insistimos, no se ocupa ni puede ocuparse la Corte Internacional de Justicia, y es por lo que Sudáfrica le pide a la Corte, entre otras cosas, que ordene a Israel que las personas responsables de la comisión de genocidio sean castigadas por sus tribunales o que facilite que lo haga la Corte Penal Internacional. No es, en fin, una cuestión caprichosa de un “abogado del diablo” u otro.

Sudáfrica explica en la demanda presentada el 29 de diciembre de 2023 que los actos y las omisiones de Israel son genocidas porque tienen la finalidad específica de destruir a una parte sustancial del grupo nacional, racial y étnico de Palestina. Los actos se concretan en los tres primeros supuestos, es decir, en la matanza de los palestinos de Gaza, causarles lesiones graves a su integridad física y mental, y someterlos intencionalmente a condiciones de existencia que acarrean su destrucción física. En palabras de Sudáfrica, Israel ha fracasado no solo en la prevención del genocidio, sino que lo está cometiendo en manifiesta violación de la Convención. También aduce en su demanda que Israel está violando otras obligaciones como la sanción por la incitación pública y directa al genocidio cometida por los oficiales israelíes.

Sudáfrica busca en primer lugar que la Corte dicte la orden que obligue a Israel a suspender de manera inmediata sus actividades militares en y contra Gaza; a adoptar medidas para prevenir los actos de genocidio; a que desista de la comisión de los actos descritos como genocidio en la Convención; y a que revoque todas las órdenes relativas a la expulsión de la población palestina de Gaza, y a la privación del acceso a alimentos, ayuda humanitaria y medicamentos esenciales para la población palestina.

Corte Penal Internacional (CPI) y Corte Internacional de Justicia (CIJ)

Para entender esta situación es necesario analizar primero el papel de la Corte Penal Internacional (CPI). Establecida en 2002 mediante el Estatuto de Roma, en gran medida como respuesta a las lecciones aprendidas de los tribunales ad hoc creados para juzgar los crímenes de las guerras de Yugoslavia y el genocidio de Ruanda, así como para prevenir la repetición de dichos crímenes en el futuro, su misión principal es enjuiciar a individuos, es decir, a personas físicas acusadas de cometer crímenes de especial gravedad, como genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. la CPI es un tribunal penal que juzga y condena a los responsables individuales de organizar o llevar a cabo crímenes contra la humanidad.

Mientras, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) se centra en la resolución pacífica de las disputas entre los diferentes Estados;

la Corte Internacional de Justicia –establecida por la Carta de las Naciones Unidas como órgano judicial principal de las Naciones Unidas– tiene competencias para conocer todos los litigios que las partes le sometan. Es decir, que los Estados deben aceptar la competencia de la Corte para que esta conozca la controversia.

¿Y cómo aceptan los Estados la competencia de la Corte? Una forma de hacerlo es formar parte de un tratado internacional que contenga una cláusula, un artículo, por el que se reconoce dicha competencia. Esto es lo que ocurre en el Convenio sobre Genocidio. Este contiene un artículo por el que los Estados parte aceptan someter a la Corte Internacional de Justicia todas las controversias relativas a la interpretación, aplicación o ejecución de la Convención de Genocidio. Israel se adhirió a la Convención en 1951 y Sudáfrica en 1998. De manera que ambos Estados han aceptado que las controversias sobre la Convención de Genocidio puedan ser resueltas por la Corte.

Los Estados que son parte de esta Convención de 1948 se comprometen a “prevenir y a sancionar el genocidio”. Así lo establece el primer artículo. Sobre esta base, Sudáfrica alega que tiene la obligación legal de prevenir el genocidio. Su interés en que se acate la Convención sobre Genocidio es el que le lleva a acudir a la Corte Internacional de Justicia, no el hecho de que los actos objeto del litigio le hayan provocado una lesión o un daño directo.

Genocidio

Por otro lado, la Convención recoge la definición de genocidio, entendida como cualquier acto, de los mencionados a continuación, perpetrado con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Ha de tratarse de la matanza de los miembros del grupo; la lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; el sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial; las medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; o el traslado por la fuerza de niños de un grupo a otro grupo.

Composición del Tribunal

15 jueces de Estados Unidos, Rusia, Eslovaquia, Francia, Marruecos, Somalia, China, Uganda, India, Jamaica, Líbano, Japón, Alemania, Australia y Brasil.

¿Qué se discutió en la CIJ?

Los planteamientos que fueron objeto de discusión el pasado 11 y 12 de enero, pueden sintetizarse en tres puntos:

La primera cuestión está relacionada con lo que los internacionalistas denominamos la competencia de la Corte para conocer de la demanda, es decir, la posibilidad de que los jueces puedan decidir sobre este caso. Por supuesto, Sudáfrica sustentó la competencia de la Corte en la Convención de 1948 (artículo IX) que citamos al inicio, de la cual Israel es Estado Parte desde 1950 y Sudáfrica desde 1998, y que establece el deber de prevenir su comisión y de no cometer genocidio. Israel, por su parte, negó tal competencia argumentando que no existe una controversia con Sudáfrica por el cumplimiento de esta Convención, lo cual es requisito indispensable para que la Corte pueda decidir sobre un caso. En otras palabras, Israel considera que ha sido demandado sin haber tenido conocimiento ni haber tenido la oportunidad de tratar el supuesto incumplimiento que sostiene Sudáfrica antes de que presentase la demanda. También señaló, en línea con lo que expondremos en los dos párrafos siguientes, que los actos alegados por Sudáfrica no son en ningún caso genocidas, sino que pudieran ser, en algún mínimo supuesto, entendidos como crímenes de guerra, y la Corte no tiene competencia sobre ellos con base en la Convención contra el genocidio.

La segunda cuestión se centra en las alegaciones de fondo. Como hemos avanzado, Sudáfrica afirmaba que las operaciones militares israelís en Gaza no han tenido como objeto destruir a Hamás, sino al pueblo palestino que vive en ese territorio, en todo o en parte. Prueba de ello serían las declaraciones públicas de algunas autoridades de Israel que tratan a los palestinos de “animales” o “hijos de la sombra”; la manera indiscriminada en que se han llevado a cabo los ataques militares que han dejado un gran porcentaje de niños muertos, ciudades destruidas por completo y una población desplazada sin acceso a comida, agua ni energía; así como la negativa a permitir la entrada de ayuda humanitaria. En otras palabras, si solo quieren “vengarse” de Hamás, ¿por qué han castigado y condenado prácticamente a la muerte a todos los palestinos de Gaza? En su defensa, Israel insistió en que es Hamás quien quiere destruirlos como pueblo, por eso ha sido y seguirá siendo su objetivo militar. Los miembros del gobierno y de la cúpula militar encargados de tomar las decisiones operativas han reiterado que ese es el único objetivo de sus acciones, y la mayoría de las declaraciones públicas que invocaba Sudáfrica para fundamentar el genocidio, dijo que habían sido desautorizadas. No obstante, la cuestión fundamental ignorada por Sudáfrica es, para Israel, que Hamás lleva a cabo sus ataques desde áreas urbanas densamente pobladas y edificios civiles como hospitales y escuelas. Es entonces Hamás quien ha puesto en riesgo a la población civil y la ha expuesto a los daños producto de la respuesta militar del ejército israelí. A su vez, Israel sostuvo que ha coordinado la entrada de ayuda humanitaria, el desplazamiento de civiles a refugios, el acceso al agua y la atención de enfermos. Dicho de otro modo, para Israel, si Hamás no utilizara a los civiles y sus edificios en sus operaciones militares, no habría tantos muertos ni una situación humanitaria tan deplorable.

La tercera cuestión tiene que ver con la concesión de las medidas cautelares, cuyo propósito es impedir que se produzca un daño irreparable ante un peligro inminente. Para Sudáfrica es urgente que la Corte ordene a Israel parar cualquier operación militar en Gaza, permitir la entrada de ayuda humanitaria, y castigar a todas las personas que inciten a cometer o cometan genocidio. De nuevo, parecen peticiones o deseos solo propios del Maligno. De lo contrario, concluyó Sudáfrica, los palestinos que viven en Gaza seguirán sufriendo y habrán desaparecido para cuando la Corte tome una decisión definitiva sobre su derecho a vivir como pueblo. En total oposición, Israel negó la existencia de un peligro inminente que justifique las medidas; cuestionó la legalidad de una posible orden que no le permita defenderse de quienes quieren destruirlo; indicó que las operaciones militares no constituyen una amenaza directa contra la población civil; informó de que la intensidad de los enfrentamientos se ha reducido por un cambio en la estrategia defensiva; y reafirmó que se encuentra trabajando activamente con Naciones Unidas para garantizar condiciones básicas de subsistencia de la población Palestina en Gaza. Así las cosas, insistió en que las medidas no sólo no son necesarias, sino que su concesión pondría en riesgo a la población israelí de sufrir otro ataque como el del pasado 7 de octubre.

Todo este cruce dialéctico que hemos intentado resumir condensa algo que ya apuntamos casi al inicio. Desde el punto de vista del Derecho, en estos días se ha construido un laberinto minado de tecnicismos en el que lo más natural es terminar, como mínimo, desorientado. Y la justicia internacional es por definición lenta, con lo que habrá que esperar años hasta, en su caso, la resolución completa de esta demanda.

Ahora bien, hace ya mucho tiempo nos sumamos a la idea esencial de que el Derecho o sirve para la vida o no sirve para nada.

Medidas provisionales

La Corte tiene facultad, según su Estatuto, para indicar, “si considera que las circunstancias así lo exigen, las medidas provisionales que deban tomarse para resguardar los derechos de cada una de las partes”. Es decir, el Tribunal, cuando adopta medidas provisionales, debe justificar que las circunstancias lo exigen. En este momento, su labor es encontrar esta justificación.

La clave reside en que la Corte tiene que encontrar una relación, un vínculo, entre los actos de genocidio denunciados en la demanda y la petición de las medidas provisionales. Si considera que existen probabilidades de que se estén cometiendo actos de genocidio, entonces dictará la orden de medidas provisionales. El objetivo de esto es garantizar el efecto útil del proceso judicial desde el primer momento.

Ahora bien, el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia es muy escueto a la hora de explicar en qué consiste el establecimiento de las medidas provisionales porque no nos dice qué circunstancias ha de tener en cuenta el tribunal, ni siquiera en qué deben consistir estas medidas. Esto se ha ido clarificando a través de la práctica, que ha evolucionado hasta establecer el criterio de la “plausibilidad”. Este concepto tan abstracto se traduce en que la Corte tiene que considerar que existen “indicios razonables para creer” que los hechos que son objeto de la demanda podrían estar cometiéndose. Que son plausibles.

Toda orden adoptada por la Corte sobre las medidas provisionales es obligatoria. Ahora bien, es cierto que las posibilidades de que Israel acate las medidas provisionales son escasas. Este escenario está previsto en la Carta de Naciones Unidas, que dice que si una de las partes en un litigio dejara de cumplir las obligaciones que le impone un fallo de la Corte, la otra parte podrá recurrir al Consejo de Seguridad. Y este podrá, si lo cree necesario, hacer recomendaciones o dictar medidas con el objeto de que se lleve a efecto la ejecución del fallo. De algún modo, el Consejo de Seguridad se convierte en el garante de las medidas provisionales decididas por la Corte.

En el análisis de las medidas cautelares nos apoyamos en el artículo de Javier Chinchón Álvarez: Las medidas cautelares: luces y una sombra.

Con una celeridad que hay que agradecer ante el grado de horror al que estamos asistiendo, la Corte Internacional de Justicia emitió el viernes 26 de enero su decisión sobre las medidas cautelares en el caso por genocidio de Sudáfrica contra Israel. Muchas de las reacciones inmediatas la celebraron como “una decisión histórica”.

Con todo, hay sin duda una parte luminosa en la decisión del Tribunal. Lo primero es que existían dos cuestiones iniciales que habrían podido llevar a desestimar la demanda de un plumazo. Sobre una de ellas, la Corte decidió que tenía competencia para atender el caso sobre la base del artículo IX de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948. Hubiera sido un escándalo que hubiese concluido otra cosa, vista su jurisprudencia anterior. La otra cuestión se resumía en si existía una verdadera “controversia” entre Sudáfrica e Israel, lo que es también un requisito indispensable para que la Corte pueda examinar un caso.

Acertada y afortunadamente, la Corte no siguió esas posiciones y concluyó en este caso que dos y dos debían ser cuatro, de tal modo que se declaró plenamente competente para examinarlo.

A partir de ahí, la Corte ofreció al mundo una conclusión que debería remover la conciencia de cualquier persona de bien: a la luz de las evidencias disponibles, dijo, resultaba “plausible” afirmar que Israel estaba cometiendo y/o incitando a la comisión de un genocidio contra el pueblo palestino. A diferencia de otras cuestiones que trataré más adelante, se cuidó mucho –muy especialmente la inmensa mayoría de los votos particulares– de explicar, especificar y puntualizar de manera reiterada que eso no significaba que estuviera ya demostrado (judicialmente) que esas violaciones de la Convención contra el Genocidio hubieran ocurrido.

Sobre esta base, la Corte abordó las medidas cautelares solicitadas por Sudáfrica, que eran nueve. No creo que sea posible afirmar que las resolvió porque, amparándose en el artículo 75.2 de su Reglamento, decidió que iba a acordar una serie de medidas que no eran, en todo o en parte, coincidentes con las que pidió Sudáfrica. Fueron finalmente seis, y resulta muy llamativa no solo una omisión, sino que en todo el texto de su fallo no hay una sola línea que intente explicar el porqué de esta desaparición. Me refiero, de hecho, a lo primero que solicitó Sudáfrica: la suspensión inmediata de las operaciones militares en Gaza. Solamente en algunos de los votos particulares que acompañan a esta decisión, como el de la jueza ugandesa Sebutinde, se ofrecen algunos argumentos al respecto. Y no es desde luego una cuestión menor. Por aportar un dato adicional, el voto particular del juez israelí ad hoc Barak comienza precisamente destacando que la Corte rechazó esta petición, que caracterizó como “el principal argumento” de Sudáfrica, extrayendo de ello que así había reafirmado el derecho de Israel a defenderse –como lo está haciendo–, y en consecuencia subrayó que las medidas provisionales indicadas por la Corte tenían “un alcance significativamente más limitado” que las solicitadas por el Estado sudafricano. Así las cosas, creo que este saldo final complica la valoración de “decisión histórica”, como ya avancé.

No está entre las seis medidas acordadas, sin más. Y este silencio ha alimentado la cada vez más extendida convicción de que se están manejando dos varas de medir muy distintas: que la vida de los ciudadanos de un país europeo es más valiosa que la de los que viven en Oriente Medio, recordando las medidas que se adoptaron en la demanda de Ucrania contra Rusia. Y basta con citar la primera: que la Federación de Rusia debía suspender inmediatamente las operaciones militares que inició el 24 de febrero de 2022 en el territorio de Ucrania.

En este sentido, en el voto particular del juez Bhandari es donde encontramos una petición final a “todos los participantes en el conflicto” para que “todos los combates y hostilidades cesen de inmediato”. La decisión de la Corte se cierra con otro buen deseo en el que recuerda “que todas las partes en el conflicto en la Franja de Gaza están sujetas al derecho internacional humanitario”, y pide la liberación de todos los rehenes secuestrados durante el ataque de Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023.

De cualquier modo, lo que es indiscutible es que la Corte no ordenó a Israel detener sus operaciones militares, y por tanto, a su juicio, puede seguir con ellas, si así lo estima, pero tomando una serie de medidas para impedir la comisión de actos de genocidio, así como para poder sancionar a los que los pudieran incitar, cometer o estar cometiendo. Esto ha sido valorado positivamente por varios analistas, en el entendido de que ello obligará a Israel a replantear y/o limitar sus actuaciones militares. Yo no soy tan optimista, por varios motivos que resumiré en uno: Israel ha mantenido que nada de lo que está haciendo supone un acto prohibido por la Convención contra el Genocidio. En consecuencia, ¿qué cabe esperar que haga para cumplir las órdenes de la Corte? Me temo que exactamente lo mismo que está haciendo, porque a su entender, lo que está haciendo es exactamente eso: no hacer nada que pueda considerarse como actos genocidas. En otras palabras, es posible que sostenga que está acatando la decisión de la Corte mientras no modifica su comportamiento en absolutamente nada.

La sombra que proyecta esta lectura de la decisión de la Corte ofrece, no obstante, un pequeño rayo de luz final. Pues hay una medida concreta que debería cambiar sustancialmente al menos un aspecto del espanto que parece no tener fin. Me refiero a la orden de tomar medidas inmediatas y efectivas para permitir la prestación de servicios básicos y asistencia humanitaria que se necesitan con urgencia para abordar lo que llama “condiciones adversas de vida que enfrentan los palestinos en la Franja de Gaza”. En lenguaje más adecuado a la realidad, para poner fin a las condiciones que hacen la vida casi imposible en Gaza para miles y miles de personas; aquellas mismas, conviene no olvidarlo, que el Ministerio de Defensa de Israel definió como “animales humanos” cuya existencia iba a convertir “en un infierno”. Esta medida, no expresamente solicitada por Sudáfrica en su demanda, fue apoyada hasta por el juez israelí ad hoc Barak, pero los acontecimientos inmediatos tampoco invitan al optimismo.

La última medida cautelar aprobada por la Corte Internacional de Justicia ordena a Israel que le informe de todas las medidas adoptadas para dar efecto a su decisión en el plazo de un mes. Sudáfrica, en su demanda, había pedido que fuera en una semana. Ante el nivel de destrucción y sufrimiento que no para de crecer, un mes parece algo más que una eternidad. Con todo, de conformidad con el artículo 41.2 del Estatuto de la Corte, desde el viernes 26 de enero, su decisión está en la mesa del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

La demanda cuenta con el apoyo de la OCI (Organización de Cooperación Islámica), que reúne a 57 países, Bolivia, Brasil, Colombia y Venezuela. En España, 250 juristas han pedido al Gobierno que la respalde, pero no han tenido éxito.

Sobre la posición del Gobierno español, que no ha respaldado la demanda, la analista considera que las razones políticas han pesado más que las jurídicas en la decisión.

La Corte Penal Internacional

Ya desde octubre de 2023 el diario Público se preguntaba si era posible llevar a Netanyahu ante la Corte Penal Internacional. La CPI solo puede juzgar a personas, no a Estados, es decir, ante la Corte Penal Internacional podría responder el responsable del gobierno israelí, así como sus ministros, especialmente los relacionados con la defensa, y los mandos militares.

España puede como estado miembro de la CPI llevar una comunicación ante la fiscalía de la Corte para que estudiara si es posible iniciar una investigación contra Netanyahu y sus ministros. Así lo pidió hace unos días la ministra de Derechos Sociales en funciones y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, a Pedro Sánchez.

No sería la primera vez que la Corte Penal Internacional planteara sentar en el banquillo a Netanyahu. En 2021 la CPI declaró su jurisdicción en los territorios ocupados por Israel en Palestina: Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este –ocupados tras la guerra de 1967–, abriéndose una investigación por crímenes de guerra, en concreto en la Franja de Gaza.

La atención de la Corte Penal Internacional hacia los territorios ocupados por Israel en Palestina ya venía de atrás. En 2015, se abrió un examen preliminar para evaluar si el hostigamiento a la población de Gaza podría ser investigado. En aquella ocasión, se incluía en el examen preliminar la operación israelí contra Gaza ‘Margen protector', que tuvo lugar en el verano de 2014 y por la que murieron más de 2.000 palestinos y un centenar de israelíes, según las cifras que dio Naciones Unidas. Pese a las presiones que tuvo que soportar el tribunal, incluida la petición de Israel para «desmantelar» la CPI, se mantiene la investigación y, según indican fuentes jurídicas, perfectamente se podría ampliar ahora a los hechos actuales.

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas podría también llevar ante la CPI la actuación del Gobierno israelí en Palestina, pero el derecho de veto de los Estados miembros, entre ellos varios aliados de Israel, convierte la opción es inviable.

Ordenes de arresto emitidas por la Corte Penal Internacional

Más cercano en el tiempo, en noviembre de 2024, Naciones Unidas informa de la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI) emitió este jueves una orden de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, así como contra el comandante de Hamas Mohammed Mohammed Deif (presuntamente muerto), por cargos que incluirían crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos durante la conflagración entre Israel y Hamas iniciada el 7 de octubre de 2023.

En dos decisiones separadas, los magistrados del máximo órgano criminal rechazaron por unanimidad las impugnaciones de desconocimiento del Estatuto de Roma, el documento fundacional de la Corte, presentadas por el Estado de Israel, y ordenaron los mencionados arrestos de sus dos altos funcionarios. Israel también solicitó a la Corte que ordenara a la Fiscalía suspender cualquier investigación o procedimiento pertinente, como la evaluación de emitir órdenes de arresto de Netanyahu y Gallant, presentada por la Fiscalía el 20 de mayo de este año.

La Corte señaló que no es necesario que Israel acepte su competencia de la Corte, ya que el tribunal puede ejercer sobre la base de la competencia territorial de Palestina. Al ser Israel y Palestina partes de las Convenciones de Ginebra de 1949 y porque Israel ocupa al menos parte de Palestina, se aplicó el derecho internacional humanitario, explicó.

Asimismo, consideró que, de conformidad con el artículo 19(1) del Estatuto de Roma, los Estados no tienen derecho a impugnar la competencia de la Corte en virtud del artículo 19(2) antes de que se dicte una orden de arresto.

Con respecto a dichas órdenes, los jueces indicaron haber encontrado “motivos razonables” para creer que Benjamín Netanyahu y Yoav Gallant “son responsables penalmente de los siguientes crímenes como coautores por haber cometido los actos conjuntamente con otros: el crimen de guerra de hacer morir de hambre como método de guerra; y los crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos”.

La Corte también halló bases para pensar que Netanyahu y Gallant tienen responsabilidad penal, como superiores civiles, por el crimen de guerra de dirigir intencionalmente un ataque contra la población civil.

La Corte encontró “que la presunta conducta de Netanyahu y Gallant se refería a las actividades de los órganos gubernamentales israelíes y las fuerzas armadas contra la población civil en Palestina, más específicamente contra los civiles en Gaza”. También subrayó la relación entre una potencia ocupante y la población en un territorio ocupado.

“Por estas razones, en lo que respecta a los crímenes de guerra, la Sala consideró apropiado emitir las órdenes de arresto de conformidad con el derecho de los conflictos armados internacionales. La Sala también concluyó que los presuntos crímenes contra la humanidad formaban parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil de Gaza”.

Esta decisión obliga a los 124 Estados miembros del Estatuto de Roma a cumplir con las órdenes de arresto y detener a los acusados, incluso si se encuentran en alguno de los pocos países que no son parte del Estatuto, la Corte podría solicitar su extradición. Bajo estas circunstancias, si cualquiera de los dos dirigentes pone un pie en la capital de países tradicionalmente aliados o cercanos a Israel, como Canadá, el Reino Unido o Alemania, la policía de estos estados podría detenerles y enviarles a La Haya para acabar sentados en frente de un juez.

Este juicio marca un hito histórico, nunca antes la Corte Penal Internacional había acusado y ordenado el arresto de altos cargos electos de una democracia por su presunta implicación en crímenes contra la humanidad.

El caso contra Netanyahu y Gallant comenzó el 17 de noviembre de 2023, cuando la República de Sudáfrica junto con Bangladesh, Bolivia, Comoras y Yibuti, invocaron la prerrogativa para referir la situación en Palestina al Fiscal de la Corte. La Remisión es el equivalente en justicia estatal a una denuncia, un conjunto de alegaciones contra un acusado, en este caso el ejecutivo israelí, por unos hechos, las acciones cometidas por Israel en los territorios palestinos, acciones que podrían ser consideradas crímenes bajo la lupa del Estatuto de Roma.

Sin embargo, todavía falta un elemento. Como en todo proceso legal, para que un tribunal pueda dictar sentencia en un caso se requiere que el mismo tenga jurisdicción, esto es, el poder para juzgar los hechos. La Corte Penal Internacional es un tribunal de jurisdicción voluntaria, lo que significa que, para que ejerza su autoridad sobre un caso, los Estados Parte deben aceptar su jurisdicción. El Estatuto de Roma reconoce dos condiciones previas bajo las cuales la CPI puede ejercer su jurisdicción: la conexión territorial y la conexión por razón de nacionalidad. Es decir, la Corte tiene jurisdicción para juzgar a los acusados si el crimen se ha cometido en el territorio de un Estado que ha ratificado el Estatuto de Roma o si el acusado es nacional de un Estado Parte.

Aunque Israel no ha firmado ni ratificado el Estatuto de Roma, Palestina es parte integral de este tratado. El 1 de enero de 2015, el Gobierno del Estado de Palestina aceptó y formalizó la jurisdicción de la Corte sobre su territorio, dándole poder para juzgar cualquier crimen contra la humanidad cometido por ciudadanos palestinos o en el territorio internacionalmente reconocido como Palestina (Línea Verde). La ratificación habilita a la Corte Penal Internacional para juzgar a Netanyahu y Gallant por las acciones cometidas en Gaza, ya que estas se llevaron a cabo, supuestamente, en el territorio del Estado palestino y tras la ratificación del Estatuto.

Ya están presentes todas las piezas del puzle:

- Las acciones del gobierno israelí en los territorios palestinos durante la guerra de Gaza, y las acusaciones de crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra derivados de dichas acciones.
- Los acusados, el Primer Ministro Benjamin Netanyahu y el antiguo Ministro de Defensa Yoav Gallant, como sumos responsables de dirigir las operaciones.
- Las pruebas: ataques probados de las fuerzas armadas israelíes contra objetivos civiles, los desplazamientos forzados de población civil ordenados por las Fuerzas de Defensa de Israel, la violación de Resoluciones de Naciones Unidas y declaraciones de ciertos miembros del gabinete.

El 17 de noviembre de 2023 Sudáfrica remitió las acusaciones contra Israel ante la Corte Penal Internacional y, poco después, el Fiscal acordó iniciar un procedimiento judicial para llegar al fondo de las acusaciones. Estas son las bases y el inicio de un juicio llamado a pasar a la historia. ¿Qué ocurrirá al final?

Fuente: https://www.politicanoviolenta.org/...

Por Lucía Camacho/Xiomara Cantera/Fernando Valladares*

Las guerras son devastadoras. El primer desastre es la pérdida de vidas humanas que conllevan. Además de ese horrible impacto, los misiles, las bombas y el armamento en general afectan directamente a las infraestructuras y los lugares de conflicto

Sudán, Myanmar, Gaza, Ucrania y un largo listado de países siguen en guerra por todo el planeta este 2024 y continuarán en 2025. A sus desgarradoras consecuencias, hay que sumarle que los conflictos armados traen consigo una degradación profunda del territorio. Se pierden ecosistemas que no solo están ligados a la identidad de cada cultura, sino que permiten el acceso a bienes básicos como el agua y regulan directa e indirectamente la salud de personas, animales y plantas.

Tanques en la frontera con Gaza

El primer golpe es descarnado y brutal pero no termina ahí, sino que se mantiene a largo plazo. ¿Cómo se pueden retomar los cultivos o la ganadería que alimentaban a la población si la tierra está quemada y los animales muertos? ¿Cómo se reconstruyen los caminos que tejen la red que une a la población si hay minas antipersona? Y si no hay caminos, ¿cómo pueden volver quienes huyeron de la masacre?

Los conflictos armados no paran de aumentar, pero el mundo bulle con iniciativas enfocadas a reducir nuestro impacto en el planeta: en el Sahel se plantan miles de árboles y arbustos para tratar de evitar la expansión del desierto; en Sri Lanka y en Pakistán llevan décadas restaurando los bosques de manglares que protegen la costa de los efectos de los huracanes y tsunamis; en India se conceden microcréditos a mujeres para el desarrollo de iniciativas locales sostenibles; en Latinoamérica hay proyectos para proteger a las comunidades indígenas frente a la deforestación y aprender de ellas cómo tener una relación saludable con la naturaleza.

¿Cómo se reconstruyen los caminos que tejen la red que une a la población si hay minas antipersona?

Aquí, en Europa, se multiplican los programas educativos que incluyen el compostaje y el desarrollo de huertos urbanos para enseñar lo importante que es reducir nuestra huella ambiental. Pero ¿cómo se puede mantener el compromiso y la ilusión de las personas implicadas en todos estos proyectos si el ahorro en combustibles o en contaminantes apenas compensan las emisiones producidas por los conflictos armados y la industria militar asociada?

¿Cuáles son las emisiones de esta industria?

Hace ya décadas que desde la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se instó a los países industrializados a reportar las emisiones de dióxido de carbono con el fin de recopilar datos completos y transparentes y poder así tomar medidas para su mitigación. Sin embargo, la industria militar quedó fuera del acuerdo ya que, en aras de proteger el secreto de las operaciones militares, se decidió que fuera voluntario reportar sus emisiones.

Esta protección dificulta enormemente las estimaciones de los niveles de CO2 emitidos y comprometen el cumplimiento de los acuerdos y la reducción global de emisiones. El resultado de esta situación es una industria militar que actúa con total impunidad en materia climática, operando fuera del marco legal al que quedan sujetos el resto de los sectores.

Si no se conocen las emisiones que generan, ninguna institución o gobierno puede exigir que se reduzcan. La industria militar se convierte en juez y parte al ser la encargada de crear y revisar sus propias normativas y acciones para contribuir en la reducción de las emisiones globales.

Qué dicen los estudios científicos

Pese a la opacidad que existe en torno a las emisiones que genera la industria militar, Linsey Cottrell y Stuart Parkinson, del Conflict and Environment Observatory y el Scientists for Global Responsability respectivamente, calcularon en una investigación presentada en 2022 que el sector militar era responsable del 5,5 % de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por su parte, el Transnational Institute apuntaba en 2023 que la industria militar de EE UU es la responsable del 31,2 % de las emisiones históricas del país.

Según la investigación de Rasa Samaliukiene, publicada en 2018, en la que analizaba la documentación en torno al tema, la industria militar tiene efectos nocivos sobre los tres pilares en los que se basa el desarrollo sostenible: el medioambiente, la economía y la sociedad.

Medioambientalmente, la industria militar y sus efectos tienen un enorme impacto, tanto en emisiones como en destrucción de ecosistemas; económicamente, moviliza enormes cantidades de dinero, pero el efecto que tiene sobre las economías de los países donde se instalan bases militares se acerca más a la desestabilización que a la sostenibilidad; y en lo que al ser humano se refiere, tiene un efecto negativo tanto a corto como a largo plazo en la salud física y mental de niños y adultos.

No parece que estos “detalles” se estén teniendo en cuenta cuando, según el estudio que Denise García, profesora en la Universidad Northeastern de Boston (EE UU) y vicepresidenta del Comité Internacional para el Control de Armas Robóticas, publicó en Nature en 2020.

Este trabajo indica que la inversión de los países, empresas e instituciones internacionales en una industria que genera tanta destrucción es tres veces superior a la que se dedica a mitigar los efectos del cambio climático y la crisis ambiental que enfrentamos. Algo muy chocante dado que el cambio climático mata al menos veinte veces más que todos los conflictos armados juntos.

La inversión en una industria que genera tanta destrucción es tres veces superior a la que se dedica a mitigar los efectos del cambio climático

Resulta difícil de explicar que las inversiones económicas en la industria militar estén muy por encima de lo que amenaza en grado tan extenso la vida humana, la crisis climática actual.

A contracorriente del desarrollo sostenible

Cabe preguntarse si la existencia de una industria altamente contaminante que va en contra de todos los pilares del desarrollo sostenible es compatible con el plan de futuro que estamos construyendo.

Más allá de nuestro deseo de alcanzar la paz y el desarme global, cosa que hoy por hoy parece poco probable, ¿es posible avanzar hacia un desarrollo sostenible si, en nombre de la seguridad, mantenemos los datos sobre la industria militar fuera de la contabilidad ambiental? ¿Qué sentido tiene hacer esfuerzos para reducir las emisiones si los conflictos armados, que a menudo surgen por el interés de unos pocos, destruyen el progreso alcanzado por grandes mayorías?

Mientras detenemos la guerra, algo en la voluntad de todos, pero en cualquier caso complejo y lejano, resulta imprescindible que la industria militar comience a dar datos sobre su huella ambiental y sus emisiones.

Si nuestra meta es un mudo más pacífico y sostenible, hoy es el mejor momento para poner en marcha políticas conjuntas y más audaces para el desarme, la adaptación ante el cambio climático y la crisis ambiental.

* Lucía Camacho, estudiante de Máster en Desarrollo Sostenible y Gobernanza Global de la Universidad Carlos III de Madrid; Xiomara Cantera, responsable de prensa en el Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC); Fernando Valladares, doctor en Ciencias Biológicas por la UCM, profesor de investigación del CSIC y profesor asociado de la Universidad RJC. Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC).

Fuente: https://loquesomos.org/la-industria...

Cachivaches antimilitaristas, con la guerra del mes y otros invitados.

Gracias a los trozitos de audio de incompetech.com y soundzabound.com

Y también a Maniática!! A U2 no y a los Dead Kennedys

Dedicado a Jose Soli que sabemos que no le va a gustar ;-)

Escuchar aquí: https://www.ivoox.com/cuesta-enero-...

Ante la presencia del buque militar de los EEUU en el mar canario, organizaciones antimilitaristas, antirracistas, feministas,vecinales, por la justicia social, ecologistas, en defensa de los servicios públicos, sindicales,asociaciones culturales, centros sociales autogestionados, antifascistas, anticapitalistas, de solidaridad internacionalista,de todas las islas, expresan el rechazo del uso del archipiélago como plataforma de apoyo y ensayo de la guerra, y como lugar de tránsito de armas, exigiendo una Canarias de Paz y Neutralidad, lugar de solidaridad, encuentro, paz y noviolencia, sin complicidad con los mercaderes y mercenarios de la muerte.

Comunicado completo: NO QUEREMOS SER CÓMPLICES DE LA GUERRA DESDE CANARIAS

Merodea un buque militar en nuestro mar, el Cape Texas del ejército de EEUU, una flota preparada para apoyar la guerra permanente y global en la que vivimos, un instrumento del crimen contra la humanidad que es la guerra y su preparación; una herramienta que posiciona carga de combate en todo el mundo, siguiendo la injerencia en las soberanías de los pueblos, allá donde va; un buque que suministra fuerzas de combate, mueve equipos militares y da apoyo logístico, realizando lo que llaman misiones especiales y que no es más que sembrar la destrucción y defender los intereses de los más ricos del planeta, a costa de la muerte de seres humanos, comunidades y todo lo que se les ponga por delante.

Fondea este buque en el Puerto de la Luz y de Las Palmas, en una zona alejada de la ciudad, reservada para barcos con mercancía peligrosa. Peligrosa para las que defendemos las soberanías, los derechos y libertades, la comunidad, la igualdad y la Justicia social. Peligrosa para la VIDA.

Inquietante y despreciable el merodeo y fondeo de este buque militar, que nos recuerda que este archipiélago es territorio OTAN, el brazo armado del Capitalismo, de este terrorismo neoliberal que nos tiene a la mayoría de las personas y comunidades empobrecidas, explotadas, y en miseria.

Inquietante y despreciable que Canarias siga siendo utilizada como plataforma de apoyo logístico y agresión a otros pueblos y gentes, para seguir defendiendo patrias y fronteras y sobre todo los intereses de las élites.

Inquietante y despreciable la injerencia que este buque y otras intervenciones militares disfrazan de misiones humanitarias y de Paz, maquillando el objetivo de lo militar, destruir al enemigo y el ejercicio de la violencia como única vía de resolución de los conflictos.

Inquietante y despreciable que lo que se gasta en todo lo militar se resta y quita de la inversión en las verdaderas necesidades humanas cuya satisfacción es lo que nos da seguridad: alimentación, vivienda, sanidad, educación, servicios sociales, garantía de renta…

Inquietante y despreciable que estos ejércitos sigan siendo un eje central de la injusticia climática y ecológica y sean agentes principales responsables de este modelo de desarrollo que nos lleva a la destrucción del planeta en su conjunto.

No queremos una Canarias así. No en nuestro nombre, ni con nuestra complicidad. Es urgente una Canarias libre de ejércitos, de OTAN, de merodeos militares, libre de ensayos y apoyos a las guerras. Nos comprometemos a seguir construyendo un archipiélago de Paz y Neutralidad, lugar de solidaridad, encuentro, paz y noviolencia, sin complicidad con los mercaderes y mercenarios de la muerte.

Colectivos que apoyan:

Alternativa Antimilitarista. MOC/ADNV; Asamblea Canaria por el reparto de la riqueza;Anticapitalistas Canarias;Asoc. Domitila Hernández por la Igualdad de Mujeres y hombres de Tenerife; Attac Canarias; Antifascistas Elsa Wolff; ADNT- Asamblea en defensa de nuestra Tierra; Asociación Centro Humanista de las Culturas; A.Vecinas de Ciudad Alta “Avecalta”; Asociación para la defensa de las Pensiones públicas de Canarias; Alternativa sindical Obrera Canaria; Federación Ben Magec-Ecologistas en Acción; Café despacio,centro social autogestionado; Comisiones de Base de Canarias; Colectivo Ecologista Guanil; Comité Canario de Solidaridad con los pueblos; Canarias insumisa; Comité por la Paz de Tenerife; Colectivo feminista Mujeres en el encuentro; Canarias por Palestina(Coordinación Gran Canaria); Colectivo Ecofeminista de Fuerteventura ECO-FEM; Coordinadora Fuerteventura tiene un límite; Colectivo cultural Altahay; Cemtro socio cultural La Casa Verde de Firgas; Espacio socio cultural La Casa; El Taller la Isleta; La Sorora subversiva-Tamboras feministas; La Colectiva. Fundación Canaria de pensamiento crítico; La Vinca-Ecologistas en Acción; La Plataforma Feminista 8M de Tenerife; La Plataforma de la Palma por Palestina; MOC de Tenerife; Mujeres por la Paz y Acción solidaria con palestina; PIE(Paz,Igualdad y Educación); PCPC; Recreándome Colectivo Feminista; Regularización Ya Canarias y Estatal; Redesscan (Red Canaria en defensa de los servicios sociales); Recortes 0 Canarias; Red feminista de Gran Canaria; Sindicato de inquilinas de Fuerteventura; Sindicato de inquilinas de Tenerife; Tamaranae activistas.

En Canarias a 12 de Enero del 2025.

SAM MEDNICK Y JULIA FRANKEL

JERUSALÉN (AP) — Yotam Vilk dice que la imagen de soldados israelíes matando a un adolescente palestino desarmado en la Franja de Gaza está grabada en su mente.

Vilk, un oficial del cuerpo blindado, dijo que las instrucciones eran disparar a cualquier persona no autorizada que entrara en una zona de contención controlada por Israel en Gaza. Vio al menos a 12 personas muertas, dijo, pero lo que no puede olvidar es el tiroteo contra el adolescente.

“Murió como parte de una historia más grande. Como parte de la política de quedarse allí y no ver a los palestinos como personas”, dijo Vilk, de 28 años, a The Associated Press.

Yotam Vilk, quien sirvió en una unidad blindada en la Franja de Gaza y ahora es uno de los cada vez más numerosos soldados israelíes que se manifiestan contra el conflicto que dura ya 15 meses, posa para un retrato en Tel Aviv, Israel, el viernes 10 de enero de 2025. (Foto AP/Maya Alleruzzo)

Vilk es uno de los cada vez más numerosos soldados israelíes que se manifiestan contra el conflicto que dura ya 15 meses y se niegan a seguir sirviendo, alegando que vieron o hicieron cosas que traspasaron los límites éticos. Aunque el movimiento es pequeño (unos 200 soldados firmaron una carta en la que decían que dejarían de luchar si el gobierno no conseguía un alto el fuego), los soldados dicen que es la punta del iceberg y quieren que otros se animen a dar un paso al frente.

Su negativa se produce en un momento en que aumenta la presión sobre Israel y Hamás para que pongan fin a los combates. Las negociaciones para un alto el fuego están en marcha y tanto el presidente Joe Biden como el presidente electo Donald Trump han pedido que se llegue a un acuerdo antes de la investidura del 20 de enero.

Fuente: https://apnews.com/article/soldiers...

Traducida del inglés con traductor automático y repasada por Tortuga.

El Straight Edge ha resistido a lo largo de las últimas décadas como una cultura hardcore punk libre de drogas. Sin embargo, su legado político permanece a menudo ambiguamente asociado con una soberbia postura machista autorreferencial y con un puritanismo conservador. A pesar de que algunos elementos de la cultura Straight Edge se alimentan de tal percepción, la historia política del movimiento es de lejos mucho más compleja.

Desde los orígenes del Straight Edge en Washington D.C. a inicios de los años 80, individualidades, bandas y escenas enteras a lo largo del mundo lo ha vinculado al pensamiento y al compromiso radical. Una vida sobria para la revolución traza esta historia.

Esto incluye contribuciones –en la forma de profundas entrevistas, ensayos y manifiestos– de un gran número de artistas y activistas con vínculo con el Straight Edge, desde Ian MacKaye (Minor Threat/Fugazi) a Dennis Lyxzén (Refused/The (International) Noise Conspiracy) u otras bandas musicales, hasta proyectos feministas (Emancypunx), activistas disidentes sexuales y de género, pasando por colectivos radicales como CrimethInc u otros dedicados tanto a una vida sobria como a la lucha por un mundo mejor.

Fuente:https://www.facebook.com/photo/?fbi...

Ver también en Tortuga:

"El opio del pueblo: Crítica al modelo de ocio y fiesta en nuestra sociedad"

Antonio Remiro Brotons

La seguridad ha sido siempre un concepto central en la construcción de un sistema institucionalizado de relaciones internacionales. La Carta de las Naciones Unidas hizo de ella su columna vertebral. Pero esa seguridad, la seguridad de la Carta, se entendía en estrecha relación con la paz. Ambos conceptos aparecen juntos veintinueve de las treinta y dos veces que son mencionados en el texto. Esa vinculación es la que da a la seguridad toda su energía positiva; más aún cuando la paz se asocia con la libertad, la justicia, el desarrollo. La seguridad de la Carta era –y es-, por otro lado, colectiva, de todos, a pesar de los límites impuestos por la facultad de veto de los miembros permanentes del Consejo, ejercido antaño, frecuentemente, por la Unión Soviética y, hogaño, por Estados Unidos, especialmente al proteger incondicionalmente los actos criminales de Israel.

Ahora la paz, la justicia o la libertad se aprovechan como muletillas retóricas o eslóganes de legitimación de ilícitas acciones unilaterales; la seguridad, como referente básico del nuevo orden, prefiere a la vieja relación con estos conceptos una acumulación de adjetivaciones que la presentan como democrática, energética, ecológica, económica o demográfica, acentuando la percepción de que se vive en una sociedad de alto riesgo.

Se trata, además, de una seguridad posicional, de mí o nuestra seguridad -la del Norte, la de Estados Unidos y sus clientes- frente a sus amenazas (las del Sur, las del abierto eje del mal). La hipótesis de que los otros puedan sentirse amenazados por nosotros o la forma en que su seguridad pueda verse comprometida por nuestras acciones es descartada de plano.

Una presentación así refuerza el retorno a la autotutela individual y grupal en detrimento de las respuestas de Naciones Unidas. Estados Unidos y sus clientes tienen derecho, se dice, a salvaguardar su seguridad, en su poliédrica expresión, recurriendo a los medios de su elección, incluido el recurso a la fuerza armada, allí donde la crean en peligro. Ya en 2002, el documento sobre estrategia de seguridad nacional, firmado por Bush jr, había cuidado incluir como un requisito sine qua non de la definición de Estado hampón, blanco de sus iras, el odio a los Estados Unidos. Gobiernos corruptos y criminales que amaban a América estaban a salvo.

La seguridad, como concepto vertebrador de toda clase de abusos, ha dado cobertura al crimen con el beneplácito de amplios sectores de las sociedades primimundistas adoctrinados para vivir en clave de permanente amenaza. En los países democráticos las primeras víctimas han sido -y son- los derechos individuales y colectivos, las libertades públicas, las garantías judiciales, la transparencia de la información y la pluralidad informativa, la restricción en el uso de la fuerza represiva. Al final del día, convertidos en siervos, nadie garantizará una seguridad que acabaremos perdiendo después de haber sacrificado por ella la libertad, la paz y la justicia.

La seguridad es un concepto puramente negativo si no va acompañado de estos valores. Usted conoce, sin duda, a alguna Paz, a alguna Libertad (probablemente menor de cincuenta años), a más de un Justo y una Justa. Decenas de nombres emparentan con estos conceptos, como atestigua el Registro Civil. Hay plazas, avenidas, calles, monumentos a la Libertad, a la Paz, palacios de Justicia; pero, ¿conoce a alguien a quienes sus padres hayan puesto de nombre Seguridad? ¿Se sabe de avenida, monumento o palacio que le hayan sido dedicados? A lo más, uno se encuentra con herramientas de inteligencia artificial que generan nombres para negocios de esta índole, que acaban en el Registro Mercantil. En el plano arquitectónico la Seguridad se asocia con las cloacas. Incluso en el oficio religioso de la misa los feligreses se dan fraternalmente la paz, no la seguridad que en lo civil es, más bien, cosa de bancos.

Instalados en la habitación del pánico, vivimos tiempos oscuros. El Mal existe y hay motivos más que sobrados para estar preocupados. El número de psicópatas en posiciones de poder ha superado el umbral que la sociedad internacional puede asimilar. Por añadidura, un buen currículo criminal, lejos de arruinar una carrera política, permite afianzarla. La idea de ser los buenos frente a los malos parece irresistible para las masas intoxicadas, capaces de endosar fraudes, falsedades, bombardeos y sanciones filantrópicas.

En un mundo gobernado por psicópatas que disponen de armas nucleares, el escenario es aún más inquietante. Son explicables los discursos de quienes se niegan a ver la realidad y cultivan en maceta la nostalgia, tanto como lo son los distópicos, que advierten del fin del mundo, si no nos ponemos las pilas, o lo creen irremediable, a falta de fijar la fecha. Desde este punto de vista la supervivencia en comunidades subterráneas, como las anunciadas por Clive Staples Lewis hace ochenta años, parece incluso demasiado optimista. Tal vez, algunos afortunados puedan sobrevivir emigrando a otros planetas y, en este sentido, el presidente Trump ha sido previsor al contar con Elon Musk a su lado. En cambio, quienes optaron por la criogenización de sus cuerpos, desde que James Bedford quiso garantizar su resurrección por este método en 1967, pueden verse defraudados al encontrarse solos al despertar del sueño en medio del caos.

Pero cultivemos, aún vivos, otros sueños, los utópicos, las metas inalcanzables que justifican el camino, evitando los trillados que se nos han venido ofreciendo. Conservar el planeta y satisfacer las necesidades básicas de la población forman parte de ese camino. Hay que volver a la Carta de las Naciones Unidas y, a partir de ella, gestar un nuevo modelo de vida, dando sentido a la noción de humanidad, la patria genuina de todos nosotros, aldeanos del mundo. Con eso rescataremos también la noción de comunidad internacional, hoy objeto de saqueo por la llamada oligarquía global. Persigamos las sombras para mantener viva la esperanza.

Fuente: https://www.informacion.es/opinion/...

Rafah, sur de Gaza, después de la limpieza étnica.

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