Tortuga Antimilitar

Cristina Buhigas

En 1951 se inició el proceso de creación de lo que ahora es la Unión Europea con la pretensión de convertir el continente que había sido el escenario de dos guerras terribles en una especie de Arcadia feliz, en paz, con un respeto absoluto a los derechos humanos y la garantía de un nivel de vida alejado de la pobreza para todos sus ciudadanos, que recorrerían su territorio en libertad. Tres cuartos de siglo después el invento avanza hacia su autodestrucción, armándose para una guerra contra un enemigo incierto por imposición de Estados Unidos, olvidando los derechos más elementales de los seres humanos, especialmente de los inmigrantes, abandonando la lucha contra el cambio climático y sometiéndose a los dictados de las grandes corporaciones industriales y financieras. La firma del tratado entre la UE y Mercosur en Paraguay el próximo sábado 17 de enero es un nuevo paso para convertir aquella ilusión en catástrofe.

“No todo son aranceles, amenazas y malas noticias. Algunos tendemos nuevos puentes y alianzas para forjar una prosperidad compartida”, decía el pasado viernes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez en X, al valorar el acuerdo que acababa de suscribir la UE con Mercosur tras 25 años de negociaciones. Siguiendo su relato habitual, aseguraba que con el acuerdo “las empresas españolas podrán entrar en nuevos mercados, exportar más y generar más empleo” y asumía el tradicional mantra de España como puente entre la UE y Latinoamérica, “esa región hermana y estratégica”. Según el Ministerio de Economía, la firma supone “el compromiso de ambos bloques con el orden internacional basado en reglas, el multilateralismo y la cooperación”. El ejecutivo español trata de oponer la bondad europea a la maldad del actual presidente de EEUU que actúa contra el derecho internacional. El problema es que olvida que Europa se ha comprometido a realizar el mayor gasto en armas de su historia comprándolas precisamente a ese país.

Mercosur lo integran Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay desde 1991, es un mercado de 270 millones de habitantes, que con la UE supondrá la mayor zona de libre comercio del mundo, con más de 700 millones de consumidores y cerca del 25% del PIB mundial. El pacto suprime más del 90% de los aranceles en los intercambios de bienes y servicios con la zona, lo que, según la Comisión Europea, ahorrará a las empresas comunitarias más de 4.000 millones de euros anuales. España realiza el 9% de las exportaciones y el 18% de las importaciones de la UE a Mercosur y es el primer inversor en Uruguay, segundo en Brasil y Argentina y el quinto en Paraguay, superando en total los 100.000 millones de euros en 2023, el 13% de las inversiones españolas directas en el exterior, fundamentalmente en energía, infraestructuras, telecomunicaciones, banca y transporte.

Estos datos parecen augurar un futuro idílico, pero no es así porque las cifras macroeconómicas suelen estar alejadas de la realidad que viven los ciudadanos de a pié y en este caso concreto porque quienes se ahorrarán esos miles de millones y rentabilizarán sus inversiones son mayoritariamente grandes empresas, muy en especial los fabricantes alemanes de automóviles, mientras que los pequeños agricultores europeos sufrirán la competencia de los productos de unos países donde no rigen las mismas exigencias de calidad que en los Veintisiete.

La Comisión Europea presume de más de 40 acuerdos comerciales suscritos con países terceros, pero la verdad es que son una pesadilla para los agricultores, víctimas del desplome de los precios y de que los países de Mercosur, Marruecos y otros no cumplen las normas fitosanitarias europeas, especialmente en el uso de fertilizantes y pesticidas, lo que además es un peligro para los consumidores. Bruselas asegura que el acuerdo incorpora compromisos “firmes” en materia de sostenibilidad y establece mecanismos de protección para los sectores más sensibles, en particular el agrícola. Los agricultores no se fían, ni en España ni en Francia; aunque acaben realizando un ejercicio de resignación y dejen de cortar carreteras ante las promesas de políticos como el president de la Generalitat, Salvador Illa, de realizar un seguimiento de las importaciones para “minimizar” los efectos del acuerdo. Por si Illa no lo sabe: Catalunya no está rodeada de un muro fronterizo frente al resto de la UE, así que le será muy difícil cumplir esa promesa.

Actualmente los países comunitarios están acabando de poner en marcha la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) para 2023/2027, que fue contestada por los pequeños agricultores españoles y repartirá en este periodo 47.724 millones de euros en nuestro país, el tercero más beneficiado tras Francia y Alemania. Las ayudas europeas son el 20% de los ingresos del campo español. Pero las pequeñas y medianas explotaciones están disminuyendo progresivamente en toda Europa, son el 76% las de menos de cinco hectáreas, mientras que las de más de cien hectáreas detentan el 21% de la superficie cultivada total y por tanto son quienes más se benefician de las ayudas. Solo empresas cada vez más grandes pueden invertir en grandes explotaciones con tecnología moderna que optimizan la mano de obra. En lenguaje común: el campo bucólico que Francia intentó establecer en Europa al inventarse la PAC está desapareciendo a favor de grandes inversores que sirven a la industria alimentaria. Las macrogranjas son el exponente más siniestro de un proceso contrario al bienestar animal, la defensa del medio ambiente y la alimentación sana de los seres humanos.

“Todo lo que es susceptible de empeorar lo hará”, dice la famosa Ley de Murphy, y en el caso de la PAC está destinada a cumplirse. En 2028 se pondrá en marcha una nueva reforma destinada a “simplificarla”, que el Parlamento Europeo aprobó justo antes de Navidad y que muchos expertos aseguran que supondrá el desmantelamiento de la que fue pionera de las políticas comunes destinadas a acabar convirtiendo las naciones europeas en una unión política, una utopía que la realidad actual desmiente. La clave de la futura PAC es la “flexibilidad”, al dejar en manos de los gobiernos nacionales decisiones fundamentales de protección del medio ambiente, de los suelos, pastizales y hábitats agrarios, abriendo la puerta a prácticas que “degradarán aún más el campo y la naturaleza, poniendo en riesgo los recursos naturales que hacen posible producir alimentos de calidad y garantizar el futuro del campo europeo”, afirma SEO/BirdLife.

“Si los Estados miembros tienen pleno control sobre la distribución del dinero de la PAC, sin objetivos de gasto para las medidas medioambientales, es probable que disminuyan los incentivos para que los agricultores protejan la naturaleza. Y sin normas claras sobre el gasto, los gobiernos podrían sucumbir a la presión política y canalizar los fondos en beneficio de sistemas agrícolas explotadores de las personas y la naturaleza”, asegura la organización ecologista internacional WWF (World Wildlife Fund, Fondo Mundial para la Naturaleza). En román paladino: el triunfo en las elecciones en cualquier país de la ultraderecha —en España un gobierno PP/Vox— significaría el olvido de cualquier norma para hacer frente a la emergencia climática, permitiría la explotación salvaje del suelo y lo vendería a multinacionales explotadoras, que se beneficiarían de las ayudas, y condenaría a la pobreza a la población rural. No es un futuro distópico de una novela de ciencia ficción, puede estar a la vuelta de la esquina.

Volvamos al acuerdo comercial con Mercosur. La presión de la industria alemana, muy especialmente la del automóvil, ha sido definitiva para que la gran defensora de los intereses de los europeos, la presidenta de la Comisión, la alemana —¡qué casualidad!— Ursula von der Leyen se disponga a rubricar el acuerdo. No olvidemos que la economía de Alemania lleva años con un crecimiento muy débil —se estima un incremento del PIB del 0,2% en 2025—, que la producción de automóviles es su primera actividad, pero atraviesa una profunda crisis. En los últimos años sus fábricas han eliminado 50.000 puestos de trabajo (cuentan actualmente con 770.000). El gobierno del canciller Friedrich Merz ya consiguió hace poco que la Comisión permita que se sigan fabricando vehículos de gasolina y diesel después de 2035 y que se reduzca hasta el 90% el objetivo de emisiones de CO2 en lugar de alcanzar las cero emisiones. Se confirma que Alemania es el motor de combustión de la UE.

El tratado no ha sido aprobado por todos los estados miembros, sino que cuenta con la oposición de Francia, Polonia y Hungría. Italia también estaba en contra, de hecho fue la causa de que se pospusiera la firma prevista para el 20 de diciembre; pero Giorgia Meloni cambió de opinión, según ella porque consiguió garantías para los agricultores, como un refuerzo de los controles fitosanitarios y el bloqueo de los precios de los fertilizantes. La primera ministra italiana asegura que se mantendrá “en alerta” para garantizar que los productos que entren desde los cuatro países latinoamericanos no hacen competencia desleal a los italianos. Habría que preguntarse si otros gobiernos, como el español, aceptaron antes un compromiso que desprotegía a sus agricultores.

Gracias a la fascista Meloni el Consejo de la UE aprobó el acuerdo por mayoría cualificada —el procedimiento de voto que se utiliza en los asuntos que afectan a las políticas comunes— porque Emmanuel Macron, presidente de Francia, primer país productor agrícola europeo, no consiguió una minoría de bloqueo para impedirlo. Los agricultores franceses siguen movilizándose y el líder de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, ha presentado una moción de censura contra el Gobierno del primer ministro, Sébastien Lecornu, como protesta ante la “humillación de Francia”. "¿Cómo podemos luchar contra los precios bajísimos de los productos de las inmensas granjas industriales de Brasil o Argentina, que no tienen los mismos niveles salariales ni los mismos estándares de salud, medio ambiente y bienestar animal?”, se pregunta la formación de izquierdas, en sintonía con los movimientos ecologistas.

A pesar de que el sábado se firma, solo entrará en vigor de forma provisional cuando lo ratifique un país de Mercosur. Más adelante debe ratificarlo la Eurocámara y después los parlamentos de todos los estados miembros en un procedimiento largo y complicado. Bruselas ha intentado hacerlo más rápido recurriendo a un truco técnico legislativo, dividiendo el tratado en dos, lo que facilita que la parte comercial entre en vigor provisionalmente, mientras que la más política, que incluye la cooperación y es la que deben aprobar los parlamentos de los Veintisiete la sustituya cuando termine el proceso. Las cámaras de Francia o Hungría seguramente votarán en contra y las de otros países con gobiernos en minoría también podrían oponerse, como sucedió en el suscrito con Canadá, con lo que quedaría en suspenso. Además de toda esta maraña queda la posibilidad de que en algunos países los sectores afectados retrasen de hecho su apertura comercial, con lo que los efectos negativos o beneficiosos no se experimentarían en su totalidad y no se sabe cuando.

Lo que sí sabemos es que la economía y el comercio internacional no son ciencias exactas, están sujetas a imprevistos. ¡Qué nos van a decir a quienes acabamos de empezar 2026!

Fuente: https://www.diario-red.com/articulo...

Redacción El Salto

A la espera del juicio y encarcelados preventivamente por delitos relacionados por su participación en las acciones de Palestine Action, tres de los activistas presos han decidido abandonar la huelga de hambre. Una de ellas. Heba Muraisi, de 31 años, llevaba más de 70 días en huelga. Muraisi ha sido trasladada de prisión a una más cercana a su entorno familiar. Esta ha sido la mayor huelga de hambre coordinada desde 1982, cuando los presos republicanos irlandeses se negaron a comer para hacer valer sus reivindicaciones.

Otros de los cuatro activistas que también estaban en huelga de hambre, habían decidido pausar la protesta por motivos de salud. Ahora, no la reanudarán. Desde hace días se temía por la vida de estas personas, que han llevado su reivindicaciones al límite. Algunos de ellos habían tenido que ser hospitalizados por estar en riesgo de muerte. Solo una persona, Umer Khalid, que lleva en huelga un mes, es la única persona que mantiene la protesta. “Solo pudimos hablar pocos minutos cuando entró alguien a sacarle el teléfono. No tenemos contacto desde entonces, no sabemos nada de él”, afirma a El Salto Francesca Nadin, portavoz de Prisioners 4 Palestine, desde Londres.

Desde esta organización aseguran que los y las huelguistas han permanecido firmes en sus demandas y sabían que el sacrificio era muy grande. “Y no lo hicieron preocupadas por su propia salud, todo lo contrario. Estaban muy, muy claras con todo esto, siempre lo decían y lo repitieron hasta el final: que iban a seguir hasta ganar las demandas”, explica Nadin.

“Una victoria rotunda”

El motivo para abandonar la protesta ha sido el paso dado por el gobierno británico, que da respuesta a una de las demandas del grupo: no adjudicar un nuevo contrato —por valor de 2.000 millones de libras— que estaba previsto a Elbit Systems UK, una filial de Elbit Systems, uno de los mayores fabricantes de armas israelíes.

Prisoners 4 Palestine asegura que se trata de “una victoria rotunda para lxs huelguistas de hambre, que resistieron con sus cuerpos, tras los muros y los barrotes de las prisiones, para sacar a la luz el papel de Elbit Systems, el mayor fabricante de armas israelí, en la colonización y ocupación de Palestina”. Puntualizan que la pérdida de este contrato de 2000 millones de libras esterlinas marca “un punto de inflexión significativo” en esta “sórdida alianza estratégica” y auguran que “los días de Elbit en Gran Bretaña están contados”.

En palabras de Francesca Nadin, “Está claro que esta huelga, además de otras campañas, ha aumentado la presión sobre el Gobierno británico con todo lo que está haciendo con respecto a la represión de activistas y lo que éste sigue haciendo en Palestina. Esto se suma al contexto más grande de la huelga, el poner el foco en eso, y tener a toda la gente de este país hablando de lo mismo”.
Vulneración de derechos básicos

Desde que entraron en prisión, los activistas vienen denunciando una serie de vulneraciones básicas. En primer lugar, no hay que olvidar que el sistema de prisión preventiva británico prevé una pena de seis meses, pero si nada cambia, para cuando se lleve a cabo el juicio de estos activistas, estos habrán pasado más de un año en prisión preventiva. En segundo lugar, Palestine Action ha asegurado que hasta ahora, los detenidos han vivido sometidos a restricciones comunicativas y a interferencias por parte de las administraciones penitenciarias.

También esta situación parece que va a empezar a cambiar. Según Prisioners 4 Palestine, “a pesar de la cruel y constante negligencia médica que sufrieron lxs huelguistas de hambre, como la denegación de ambulancias en casos de emergencia vital y los tratos degradantes en el hospital”, los y las responsables de la atención sanitaria en prisiones se habrían reunido con la organización, “a petición del Ministerio de Justicia”, detallan. Los y las activistas presas también han podido empezar a recibir paquetes y correo que antes se les había retenido.

Palestine Action pedía también la documentación que acredite las relaciones entre los funcionarios del Estado británico con Israel —algo que habría podido suceder—, se exige que se publiquen los registros gubernamentales de todas las exportaciones de Elbit Systems UK de los últimos cinco años y que se rescindan todos los contratos pendientes con la filial. Por último, también se pide la retirada de cargos de los activistas presos y que se elimine a Palestine Action de la lista de “organizaciones terroristas”.

Una clasificación “desproporcionada”

Palestine Action es una organización que fue clasificada como “organización terrorista” por el gobierno británico en julio de 2025, después de que varios de sus activistas allanasen una base aérea en Oxfordshire y vandalizasen una fábrica, cerca de Bristol, de Elbit Systems. Esta clasificación ocasionó gran malestar entre las organizaciones internacionales de derechos humanos por considerarla “desproporcionada”. Incluso el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó a las autoridades del país a revocar la decisión y consideró que gobierno británico estaba confundiendo “la libertad de expresión con actos de terrorismo”. Türk advirtió que la decisión le parecía “desproporcionada”, “innecesaria” e “inadmisible” y que contravenía “las obligaciones internacionales del Reino Unido en materia de derechos humanos”.

Además de encarcelar a estos activistas de manera preventiva por “daños criminales, robo y disturbios violentos”, el gobierno británico ha arrestado a unas 1.600 personas relacionadas con la organización. El Reino Unido prohibió Palestine Action bajo la Ley de Terrorismo del año 2000. Según esto, ser miembro de la organización o expresar apoyo de manera pública puede ocasionar sanciones penales, incluyendo multas y penas de prisión de hasta 14 años.

A pesar de este panorama, Nadin defiende que la situación de los presos ha animado a la gente en muchos lugares a tomar acciones muy parecidos a las de Palestine Action, y que ha habido decenas durante el tiempo que ha durado la huelga. “Sabemos que han empezado grupos como Palestine Action en cerca de 24 países, porque claro, en otros países no es ilegal”, indica. Admite con orgullo que este miércoles la noticia del fin de la huelga salió en todos los medios masivos de Reino Unido, “de manera que reconocieron esta victoria. Entonces, algo ha cambiado desde el principio al final de esta huelga porque al principio, durante semanas, nos ignoraron por completo”, concluye la activista.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/reino...

Por Ricardo Guerrero

La oposición venezolana ha repetido incansablemente que el chavismo ha llevado al país a la ruina absoluta, pintando la Venezuela pre-bolivariana como un paraíso terrenal de prosperidad y estabilidad. Esta narrativa, sin embargo, dista mucho de la realidad. Antes de la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, Venezuela enfrentaba graves problemas estructurales: una desigualdad social profunda, altos niveles de pobreza y una economía dependiente del petróleo que beneficiaba principalmente a una élite corrupta y a empresas extranjeras. Si analizamos con seriedad la situación político-social de aquellas décadas podremos entender que el ascenso de Chávez no fue un accidente, sino la culminación de un proceso de toma de conciencia popular ante una realidad insostenible.

Lejos de ser un edén económico, Venezuela en las décadas de 1980 y 1990 registraba niveles alarmantes de pobreza y desigualdad. Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo, la pobreza aumentó drásticamente al inicio de los años 80, con un incremento del 150% respecto a 1980 en términos de incidencia, exacerbado por recesiones económicas. Para finales de la década de 1990, más de dos tercios de la población vivía por debajo del umbral de pobreza, según informes de la época. Un estudio del Banco Mundial confirma que la incidencia de la pobreza creció significativamente durante los años 80 y 90, pasando de alrededor del 50% en 1992 a cifras aún más altas hacia finales de la década, antes de la llegada de Chávez. En 1999, aproximadamente el 67% de la población se encontraba en situación de pobreza, con un 35% en pobreza extrema, de acuerdo con fuentes del Departamento de Estado de EE.UU.

En cuanto a la desigualdad, el coeficiente de Gini —un indicador estándar que mide la distribución del ingreso, donde 0 representa igualdad perfecta y 1 desigualdad absoluta— se mantenía en niveles elevados. En 1998, justo antes de las elecciones que llevaron a Chávez al poder, el Gini era de 0.495 según la CIA Factbook, y de 0.498 según el Banco Mundial, lo que posicionaba a Venezuela como uno de los países más desiguales de América Latina. Durante los años 80 y 90, este índice fluctuaba entre 0.47 y 0.55, reflejando una concentración extrema de la riqueza. Estas cifras desmienten la idea de una prosperidad generalizada: mientras una minoría se enriquecía con los ingresos petroleros, la mayoría de la población trabajadora luchaba por sobrevivir en un contexto de desempleo alto —que alcanzaba el 14.5% en 1999— y falta de acceso a servicios básicos.

La noción de que Venezuela era un «país próspero» antes de Chávez ignora el colapso económico que sufrió desde finales de los años 70. Aunque en la década de 1970 el país disfrutaba de altos precios del petróleo y era considerado el más rico de América Latina en términos per cápita, esta «prosperidad» era ilusoria y dependiente de un recurso volátil. El PIB real per cápita alcanzó su pico en 1977, pero entre 1978 y 2001 —antes y durante los primeros años de Chávez— el PIB no petrolero cayó casi un 19%, y el petrolero un asombroso 65%. La caída de los precios del petróleo en los años 80 provocó una contracción económica, inflación galopante y una deuda externa acumulada que asfixiaba al país.

Esta supuesta bonanza beneficiaba principalmente a una élite corrupta y a multinacionales extranjeras que controlaban gran parte de la industria petrolera. Los recursos del petróleo no se traducían en bienestar social: la economía estaba orientada a exportaciones, con poca diversificación, lo que dejó al país vulnerable a shocks externos. Venezuela era un país desigual donde la mayoría era pobre a pesar del petróleo, desmontando el relato de una «prosperidad» compartida. En realidad, el sistema político bipartidista de Acción Democrática y COPEI perpetuaba esta inequidad, con corrupción rampante y exclusión de las masas populares.

La insatisfacción acumulada estalló en eventos como El Caracazo, el 27 de febrero de 1989, una oleada de protestas, disturbios y saqueos que comenzó en Guarenas y se extendió a Caracas y otras ciudades. Este levantamiento popular, que dejó cientos de muertos, fue una respuesta directa a las políticas de ajuste estructural impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. Bajo el gobierno de Carlos Andrés Pérez, se implementó un paquete liberal que incluía liberalización de precios, eliminación de subsidios a combustibles y alimentos, y devaluación de la moneda, todo bajo las directrices del FMI.

Estas medidas provocaron un aumento inmediato en los precios de transporte y bienes básicos, afectando duramente a la clase trabajadora y los sectores pobres urbanos. La inflación alcanzó el 81% en 1989, exacerbando la pobreza. El FMI había condicionado préstamos a estas reformas, que Venezuela adoptó en 1989 como parte de un programa de estabilización macroeconómica. El Caracazo representó el rechazo masivo a décadas de políticas que priorizaban el pago de deuda externa sobre el bienestar social, dejando a la población en una situación insostenible. Este evento marcó un punto de quiebre, evidenciando la fragilidad del sistema y allanando el camino para alternativas políticas.

El ascenso de Hugo Chávez en 1999 no fue fortuito, sino la respuesta a un largo proceso de conciencia colectiva contra la exclusión y la corrupción. Intentos previos, como el golpe fallido de 1992 liderado por Chávez, reflejaban el descontento generalizado. En un país donde los ingresos petroleros enriquecían a una élite aliada con intereses extranjeros, mientras la mayoría sufría, el chavismo surgió como una alternativa que prometía redistribuir la riqueza y empoderar al pueblo. Por ello, el proceso bolivariano ha mantenido un apoyo popular significativo y una base social sólida, a pesar de los desafíos posteriores.

Fuente: https://nuevarevolucion.es/la-venez...

Feliz año 2026 a tod@s, y salam aleikum.

Es una buena idea iniciar el año renovando el apoyo a una lucha en la que hemos participado y participamos: acabar con el polígono de tiro de Bardenas.

Manifiesto de Bárdenas Libres Ya

Para ello y para información general, recogemos algunos párrafos del manifiesto del movimiento Bárdenas Libres Ya:

Bardenas Reales es un territorio perteneciente a Navarra y Aragón, considerado Reserva de la Biosfera y Parque Natural. Siempre se ha utilizado como parte del comunal propio de esta tierra, dedicada al pastoreo y la agricultura, conformando con ello un importante legado de nuestra historia y una manera de gestión del espacio desde la base de las poblaciones. Este terreno es regido hoy día por la Junta de Bardenas. Desde 1951, como imposición de la dictadura militar franquista y de los acuerdos con los EE.UU., tiene en el centro un campo de tiro y de entrenamiento militar, transformándose, lo que era una zona agrícola y de pastoreo, en una zona explotada y maltratada, sólo por y para la guerra que, como bien sabemos, actúa en pos de una minoría arrasando la vida de much@s.

En los últimos años hemos visto cómo ha aumentado la actividad militar en el polígono de tiro de Bardenas y el aeródromo de Ablitas, al mismo tiempo que se extendían las guerras imperialistas de la OTAN, y se aceleraba el gasto en armamento y la militarización de nuestra sociedad.

La Junta de Bardenas intenta legitimar la presencia de los ejércitos y el uso militar de las Bardenas a cambio de una contraprestación económica, buscando hacer dependientes de ese dinero a los pueblos de la zona. El dinero se reparte de forma oscura entre los 19 pueblos “congozantes”, dos valles y el monasterio de la Oliva. Con ello se quiere acallar la voz de la población y de todos los municipios bardeneros. Desde la imposición de este polígono de tiro, han protestado por su instalación, movilizándose y manifestándose tanto en la calle como institucionalmente; presentando diferentes iniciativas y posicionándose en contra del polígono y sus maniobras militares. La movilización de la población no ha sido escuchada.

En diciembre del 2008 se firmó el último contrato entre la Junta de Bardenas y el Ministerio de Defensa para continuar con el uso ilegítimo y vergonzoso de parte de las Bardenas como un campo de tiro, por un plazo de 20 años divididos en dos periodos; los 10 primeros se recibió un canon de 7 millones de €. Y a partir de 2018 y pese a las protestas sociales y posiciones políticas en contra de estas instalaciones, no conseguimos evitar la prórroga por otros 10 años más, durante los cuales se está recibiendo 14 millones de € al año, buscando comprar de nuevo la voluntad de la gente. Sin embargo, en 2028 finaliza este contrato y volveremos a encontrarnos con la posibilidad de evitar una nueva firma. Esta fecha tiene que servirnos para recuperar las Bardenas para toda la población del entorno, tanto de Navarra como de Aragón, y poder decidir de forma transparente su utilización.

Reivindicamos

1.- La desmilitarización total y permanente de Las Bardenas. La no colaboración con el uso y la experimentación de armamento y ejercicios militares, que hacen peligrar nuestra seguridad, la del medio ambiente y la de otros pueblos del mundo que hoy están siendo bombardeados.

2.- No consideramos representativa, ni legitimada a la Junta de Bardenas para decidir por nosotr@s. Son los pueblos en su conjunto los que deben decidir cómo gestionar las Bardenas y qué hacer con ellas.

3.- Rechazamos el dinero que se recibe, por estar manchado de sangre, porque perpetúa las guerras y la violencia estructural de este sistema capitalista, sirve a los intereses de la industria militar y genera dependencia local del militarismo.

El bienestar local no puede estar sufragado por la explotación militar de las Bardenas. Para ello proponemos realizar una desconexión programada del canon económico, adecuándose a las realidades y posibilidades de cada municipio.

4.- Exigimos el desmantelamiento inmediato del campo de tiro y el aeródromo de Ablitas, siendo el Ministerio de Defensa quien se encargue de la descontaminación del terreno. Rechazamos su traslado a otro territorio y proponemos un uso alternativo, como por ejemplo un Centro de Interpretación para la Paz.

Noticia recogida en Naiz el 29 de diciembre de 2025

Complementamos el manifiesto de Bardenas Libres Ya con el resumen de una noticia recogida por Naiz:

Mientras se celebraba este lunes (2 de diciembre de 2025) la reunión anual de la Junta General de Bardenas, en Tutera ha tenido lugar este lunes una concentración para exigir que no se renueve el contrato del polígono de tiro, que expira en 2028, y así conseguir que se ponga fin a esa instalación militar.

Durante el acto convocado por Bardenas Libres Ya, se ha recordado que en manos de la Comunidad de Bardenas «está la decisión sobre el contrato de arrendamiento que cede nuestro territorio al Ministerio de Defensa y la OTAN para prácticas de guerra».

Se ha puesto el acento en que «su objetivo consiste en allanar el camino para una nueva renovación en 2028, y que convierte este parque natural en un campo de pruebas para la OTAN».

Los convocantes han pedido que «no nos dejemos engañar otra vez. Recordemos que en 2001, el Ministerio de Defensa de José María Aznar prometió buscar un emplazamiento alternativo y firmar un contrato de desmantelamiento, creando la ilusión de un fin cercano. Pero nadie quería unas instalaciones como estas cerca de sus hogares o en sus entornos naturales, lo que supuso llegar al final de ese contrato sin alternativa real».

Así se llegó a 2008, cuando «la ministra de Defensa del PSOE, Carme Chacón, impuso 20 años más de bombardeos ignorando el voto en contra del Parlamento de Navarra y las protestas populares contra estas instalaciones militares. Aunque la ministra intentó firmar por 30 años, finalmente se firmó un contrato de 20 distribuidos en dos periodos de 10 años cada uno, en los que se doblaba la cantidad de dinero que recibía la Comunidad de Bardenas, y que también pretendía la desmotivación y desmovilización popular».

A prácticamente dos años de que expire ese plazo, «hoy con el rearme de la OTAN, el riesgo es mayor y pretenderán firmar un contrato aún más largo para blindar el polígono durante décadas».

«Chantaje que compra silencios y voluntades»

Han calificado el contrato de «chantaje que compra silencios y voluntades. En los últimos años más de 100 millones de euros se han repartido entre los 22 entes congozantes, como el monasterio de la Oliva, que no parece velar por la paz en el mundo. (En concreto, desde 2008 los congozantes han recibido casi 158 millones de euros). Este dinero es el 84 % del presupuesto de la Comunidad, no es desarrollo en infraestructuras, es un pago por callar ante la destrucción de nuestro territorio y nuestra complicidad con las guerras imperialistas y los genocidios, como el de Palestina o Sudán».

Han añadido que «no aceptamos que la guerra sea un recurso económico para nuestros pueblos. Ni queremos un ‘progreso' manchado por el ensayo de las armas que sirven para asesinar a pueblos como el palestino. ¡Esta vez, la respuesta debe ser más fuerte!»

En este sentido, han insistido en que «si en 2008 la movilización no pudo evitar la imposición, ahora sabemos que no basta con protestar: hay que impedirlo con todas nuestras fuerzas y con todos los mecanismos que tenemos a nuestro alcance, articulando la unidad en torno a objetivos comunes, poniendo por delante lo que nos une: el rechazo a que nuestra tierra sea moneda de cambio y escenario de guerra».

Y, al mismo tiempo, «deslegitimando a la Comunidad de Bardenas para tomar una decisión como esta, por ser un ente medieval completamente ajeno a las necesidades de este territorio y sus habitantes, que hace ya tiempo se sometió al chantaje millonario de la guerra, sin importarles las consecuencias para el futuro de las siguientes generaciones, ni la protección ambiental de este espacio natural».

Han concluido señalando que «la ventana de oportunidad se abre hasta 2028. No dejemos que la cierren con otro contrato largo».

Aleikum salam.

Fuente: https://www.politicanoviolenta.org/...

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