Tortuga Antimilitar

Cristina Buhigas

En 1951 se inició el proceso de creación de lo que ahora es la Unión Europea con la pretensión de convertir el continente que había sido el escenario de dos guerras terribles en una especie de Arcadia feliz, en paz, con un respeto absoluto a los derechos humanos y la garantía de un nivel de vida alejado de la pobreza para todos sus ciudadanos, que recorrerían su territorio en libertad. Tres cuartos de siglo después el invento avanza hacia su autodestrucción, armándose para una guerra contra un enemigo incierto por imposición de Estados Unidos, olvidando los derechos más elementales de los seres humanos, especialmente de los inmigrantes, abandonando la lucha contra el cambio climático y sometiéndose a los dictados de las grandes corporaciones industriales y financieras. La firma del tratado entre la UE y Mercosur en Paraguay el próximo sábado 17 de enero es un nuevo paso para convertir aquella ilusión en catástrofe.

“No todo son aranceles, amenazas y malas noticias. Algunos tendemos nuevos puentes y alianzas para forjar una prosperidad compartida”, decía el pasado viernes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez en X, al valorar el acuerdo que acababa de suscribir la UE con Mercosur tras 25 años de negociaciones. Siguiendo su relato habitual, aseguraba que con el acuerdo “las empresas españolas podrán entrar en nuevos mercados, exportar más y generar más empleo” y asumía el tradicional mantra de España como puente entre la UE y Latinoamérica, “esa región hermana y estratégica”. Según el Ministerio de Economía, la firma supone “el compromiso de ambos bloques con el orden internacional basado en reglas, el multilateralismo y la cooperación”. El ejecutivo español trata de oponer la bondad europea a la maldad del actual presidente de EEUU que actúa contra el derecho internacional. El problema es que olvida que Europa se ha comprometido a realizar el mayor gasto en armas de su historia comprándolas precisamente a ese país.

Mercosur lo integran Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay desde 1991, es un mercado de 270 millones de habitantes, que con la UE supondrá la mayor zona de libre comercio del mundo, con más de 700 millones de consumidores y cerca del 25% del PIB mundial. El pacto suprime más del 90% de los aranceles en los intercambios de bienes y servicios con la zona, lo que, según la Comisión Europea, ahorrará a las empresas comunitarias más de 4.000 millones de euros anuales. España realiza el 9% de las exportaciones y el 18% de las importaciones de la UE a Mercosur y es el primer inversor en Uruguay, segundo en Brasil y Argentina y el quinto en Paraguay, superando en total los 100.000 millones de euros en 2023, el 13% de las inversiones españolas directas en el exterior, fundamentalmente en energía, infraestructuras, telecomunicaciones, banca y transporte.

Estos datos parecen augurar un futuro idílico, pero no es así porque las cifras macroeconómicas suelen estar alejadas de la realidad que viven los ciudadanos de a pié y en este caso concreto porque quienes se ahorrarán esos miles de millones y rentabilizarán sus inversiones son mayoritariamente grandes empresas, muy en especial los fabricantes alemanes de automóviles, mientras que los pequeños agricultores europeos sufrirán la competencia de los productos de unos países donde no rigen las mismas exigencias de calidad que en los Veintisiete.

La Comisión Europea presume de más de 40 acuerdos comerciales suscritos con países terceros, pero la verdad es que son una pesadilla para los agricultores, víctimas del desplome de los precios y de que los países de Mercosur, Marruecos y otros no cumplen las normas fitosanitarias europeas, especialmente en el uso de fertilizantes y pesticidas, lo que además es un peligro para los consumidores. Bruselas asegura que el acuerdo incorpora compromisos “firmes” en materia de sostenibilidad y establece mecanismos de protección para los sectores más sensibles, en particular el agrícola. Los agricultores no se fían, ni en España ni en Francia; aunque acaben realizando un ejercicio de resignación y dejen de cortar carreteras ante las promesas de políticos como el president de la Generalitat, Salvador Illa, de realizar un seguimiento de las importaciones para “minimizar” los efectos del acuerdo. Por si Illa no lo sabe: Catalunya no está rodeada de un muro fronterizo frente al resto de la UE, así que le será muy difícil cumplir esa promesa.

Actualmente los países comunitarios están acabando de poner en marcha la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) para 2023/2027, que fue contestada por los pequeños agricultores españoles y repartirá en este periodo 47.724 millones de euros en nuestro país, el tercero más beneficiado tras Francia y Alemania. Las ayudas europeas son el 20% de los ingresos del campo español. Pero las pequeñas y medianas explotaciones están disminuyendo progresivamente en toda Europa, son el 76% las de menos de cinco hectáreas, mientras que las de más de cien hectáreas detentan el 21% de la superficie cultivada total y por tanto son quienes más se benefician de las ayudas. Solo empresas cada vez más grandes pueden invertir en grandes explotaciones con tecnología moderna que optimizan la mano de obra. En lenguaje común: el campo bucólico que Francia intentó establecer en Europa al inventarse la PAC está desapareciendo a favor de grandes inversores que sirven a la industria alimentaria. Las macrogranjas son el exponente más siniestro de un proceso contrario al bienestar animal, la defensa del medio ambiente y la alimentación sana de los seres humanos.

“Todo lo que es susceptible de empeorar lo hará”, dice la famosa Ley de Murphy, y en el caso de la PAC está destinada a cumplirse. En 2028 se pondrá en marcha una nueva reforma destinada a “simplificarla”, que el Parlamento Europeo aprobó justo antes de Navidad y que muchos expertos aseguran que supondrá el desmantelamiento de la que fue pionera de las políticas comunes destinadas a acabar convirtiendo las naciones europeas en una unión política, una utopía que la realidad actual desmiente. La clave de la futura PAC es la “flexibilidad”, al dejar en manos de los gobiernos nacionales decisiones fundamentales de protección del medio ambiente, de los suelos, pastizales y hábitats agrarios, abriendo la puerta a prácticas que “degradarán aún más el campo y la naturaleza, poniendo en riesgo los recursos naturales que hacen posible producir alimentos de calidad y garantizar el futuro del campo europeo”, afirma SEO/BirdLife.

“Si los Estados miembros tienen pleno control sobre la distribución del dinero de la PAC, sin objetivos de gasto para las medidas medioambientales, es probable que disminuyan los incentivos para que los agricultores protejan la naturaleza. Y sin normas claras sobre el gasto, los gobiernos podrían sucumbir a la presión política y canalizar los fondos en beneficio de sistemas agrícolas explotadores de las personas y la naturaleza”, asegura la organización ecologista internacional WWF (World Wildlife Fund, Fondo Mundial para la Naturaleza). En román paladino: el triunfo en las elecciones en cualquier país de la ultraderecha —en España un gobierno PP/Vox— significaría el olvido de cualquier norma para hacer frente a la emergencia climática, permitiría la explotación salvaje del suelo y lo vendería a multinacionales explotadoras, que se beneficiarían de las ayudas, y condenaría a la pobreza a la población rural. No es un futuro distópico de una novela de ciencia ficción, puede estar a la vuelta de la esquina.

Volvamos al acuerdo comercial con Mercosur. La presión de la industria alemana, muy especialmente la del automóvil, ha sido definitiva para que la gran defensora de los intereses de los europeos, la presidenta de la Comisión, la alemana —¡qué casualidad!— Ursula von der Leyen se disponga a rubricar el acuerdo. No olvidemos que la economía de Alemania lleva años con un crecimiento muy débil —se estima un incremento del PIB del 0,2% en 2025—, que la producción de automóviles es su primera actividad, pero atraviesa una profunda crisis. En los últimos años sus fábricas han eliminado 50.000 puestos de trabajo (cuentan actualmente con 770.000). El gobierno del canciller Friedrich Merz ya consiguió hace poco que la Comisión permita que se sigan fabricando vehículos de gasolina y diesel después de 2035 y que se reduzca hasta el 90% el objetivo de emisiones de CO2 en lugar de alcanzar las cero emisiones. Se confirma que Alemania es el motor de combustión de la UE.

El tratado no ha sido aprobado por todos los estados miembros, sino que cuenta con la oposición de Francia, Polonia y Hungría. Italia también estaba en contra, de hecho fue la causa de que se pospusiera la firma prevista para el 20 de diciembre; pero Giorgia Meloni cambió de opinión, según ella porque consiguió garantías para los agricultores, como un refuerzo de los controles fitosanitarios y el bloqueo de los precios de los fertilizantes. La primera ministra italiana asegura que se mantendrá “en alerta” para garantizar que los productos que entren desde los cuatro países latinoamericanos no hacen competencia desleal a los italianos. Habría que preguntarse si otros gobiernos, como el español, aceptaron antes un compromiso que desprotegía a sus agricultores.

Gracias a la fascista Meloni el Consejo de la UE aprobó el acuerdo por mayoría cualificada —el procedimiento de voto que se utiliza en los asuntos que afectan a las políticas comunes— porque Emmanuel Macron, presidente de Francia, primer país productor agrícola europeo, no consiguió una minoría de bloqueo para impedirlo. Los agricultores franceses siguen movilizándose y el líder de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, ha presentado una moción de censura contra el Gobierno del primer ministro, Sébastien Lecornu, como protesta ante la “humillación de Francia”. "¿Cómo podemos luchar contra los precios bajísimos de los productos de las inmensas granjas industriales de Brasil o Argentina, que no tienen los mismos niveles salariales ni los mismos estándares de salud, medio ambiente y bienestar animal?”, se pregunta la formación de izquierdas, en sintonía con los movimientos ecologistas.

A pesar de que el sábado se firma, solo entrará en vigor de forma provisional cuando lo ratifique un país de Mercosur. Más adelante debe ratificarlo la Eurocámara y después los parlamentos de todos los estados miembros en un procedimiento largo y complicado. Bruselas ha intentado hacerlo más rápido recurriendo a un truco técnico legislativo, dividiendo el tratado en dos, lo que facilita que la parte comercial entre en vigor provisionalmente, mientras que la más política, que incluye la cooperación y es la que deben aprobar los parlamentos de los Veintisiete la sustituya cuando termine el proceso. Las cámaras de Francia o Hungría seguramente votarán en contra y las de otros países con gobiernos en minoría también podrían oponerse, como sucedió en el suscrito con Canadá, con lo que quedaría en suspenso. Además de toda esta maraña queda la posibilidad de que en algunos países los sectores afectados retrasen de hecho su apertura comercial, con lo que los efectos negativos o beneficiosos no se experimentarían en su totalidad y no se sabe cuando.

Lo que sí sabemos es que la economía y el comercio internacional no son ciencias exactas, están sujetas a imprevistos. ¡Qué nos van a decir a quienes acabamos de empezar 2026!

Fuente: https://www.diario-red.com/articulo...

Redacción El Salto

A la espera del juicio y encarcelados preventivamente por delitos relacionados por su participación en las acciones de Palestine Action, tres de los activistas presos han decidido abandonar la huelga de hambre. Una de ellas. Heba Muraisi, de 31 años, llevaba más de 70 días en huelga. Muraisi ha sido trasladada de prisión a una más cercana a su entorno familiar. Esta ha sido la mayor huelga de hambre coordinada desde 1982, cuando los presos republicanos irlandeses se negaron a comer para hacer valer sus reivindicaciones.

Otros de los cuatro activistas que también estaban en huelga de hambre, habían decidido pausar la protesta por motivos de salud. Ahora, no la reanudarán. Desde hace días se temía por la vida de estas personas, que han llevado su reivindicaciones al límite. Algunos de ellos habían tenido que ser hospitalizados por estar en riesgo de muerte. Solo una persona, Umer Khalid, que lleva en huelga un mes, es la única persona que mantiene la protesta. “Solo pudimos hablar pocos minutos cuando entró alguien a sacarle el teléfono. No tenemos contacto desde entonces, no sabemos nada de él”, afirma a El Salto Francesca Nadin, portavoz de Prisioners 4 Palestine, desde Londres.

Desde esta organización aseguran que los y las huelguistas han permanecido firmes en sus demandas y sabían que el sacrificio era muy grande. “Y no lo hicieron preocupadas por su propia salud, todo lo contrario. Estaban muy, muy claras con todo esto, siempre lo decían y lo repitieron hasta el final: que iban a seguir hasta ganar las demandas”, explica Nadin.

“Una victoria rotunda”

El motivo para abandonar la protesta ha sido el paso dado por el gobierno británico, que da respuesta a una de las demandas del grupo: no adjudicar un nuevo contrato —por valor de 2.000 millones de libras— que estaba previsto a Elbit Systems UK, una filial de Elbit Systems, uno de los mayores fabricantes de armas israelíes.

Prisoners 4 Palestine asegura que se trata de “una victoria rotunda para lxs huelguistas de hambre, que resistieron con sus cuerpos, tras los muros y los barrotes de las prisiones, para sacar a la luz el papel de Elbit Systems, el mayor fabricante de armas israelí, en la colonización y ocupación de Palestina”. Puntualizan que la pérdida de este contrato de 2000 millones de libras esterlinas marca “un punto de inflexión significativo” en esta “sórdida alianza estratégica” y auguran que “los días de Elbit en Gran Bretaña están contados”.

En palabras de Francesca Nadin, “Está claro que esta huelga, además de otras campañas, ha aumentado la presión sobre el Gobierno británico con todo lo que está haciendo con respecto a la represión de activistas y lo que éste sigue haciendo en Palestina. Esto se suma al contexto más grande de la huelga, el poner el foco en eso, y tener a toda la gente de este país hablando de lo mismo”.
Vulneración de derechos básicos

Desde que entraron en prisión, los activistas vienen denunciando una serie de vulneraciones básicas. En primer lugar, no hay que olvidar que el sistema de prisión preventiva británico prevé una pena de seis meses, pero si nada cambia, para cuando se lleve a cabo el juicio de estos activistas, estos habrán pasado más de un año en prisión preventiva. En segundo lugar, Palestine Action ha asegurado que hasta ahora, los detenidos han vivido sometidos a restricciones comunicativas y a interferencias por parte de las administraciones penitenciarias.

También esta situación parece que va a empezar a cambiar. Según Prisioners 4 Palestine, “a pesar de la cruel y constante negligencia médica que sufrieron lxs huelguistas de hambre, como la denegación de ambulancias en casos de emergencia vital y los tratos degradantes en el hospital”, los y las responsables de la atención sanitaria en prisiones se habrían reunido con la organización, “a petición del Ministerio de Justicia”, detallan. Los y las activistas presas también han podido empezar a recibir paquetes y correo que antes se les había retenido.

Palestine Action pedía también la documentación que acredite las relaciones entre los funcionarios del Estado británico con Israel —algo que habría podido suceder—, se exige que se publiquen los registros gubernamentales de todas las exportaciones de Elbit Systems UK de los últimos cinco años y que se rescindan todos los contratos pendientes con la filial. Por último, también se pide la retirada de cargos de los activistas presos y que se elimine a Palestine Action de la lista de “organizaciones terroristas”.

Una clasificación “desproporcionada”

Palestine Action es una organización que fue clasificada como “organización terrorista” por el gobierno británico en julio de 2025, después de que varios de sus activistas allanasen una base aérea en Oxfordshire y vandalizasen una fábrica, cerca de Bristol, de Elbit Systems. Esta clasificación ocasionó gran malestar entre las organizaciones internacionales de derechos humanos por considerarla “desproporcionada”. Incluso el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó a las autoridades del país a revocar la decisión y consideró que gobierno británico estaba confundiendo “la libertad de expresión con actos de terrorismo”. Türk advirtió que la decisión le parecía “desproporcionada”, “innecesaria” e “inadmisible” y que contravenía “las obligaciones internacionales del Reino Unido en materia de derechos humanos”.

Además de encarcelar a estos activistas de manera preventiva por “daños criminales, robo y disturbios violentos”, el gobierno británico ha arrestado a unas 1.600 personas relacionadas con la organización. El Reino Unido prohibió Palestine Action bajo la Ley de Terrorismo del año 2000. Según esto, ser miembro de la organización o expresar apoyo de manera pública puede ocasionar sanciones penales, incluyendo multas y penas de prisión de hasta 14 años.

A pesar de este panorama, Nadin defiende que la situación de los presos ha animado a la gente en muchos lugares a tomar acciones muy parecidos a las de Palestine Action, y que ha habido decenas durante el tiempo que ha durado la huelga. “Sabemos que han empezado grupos como Palestine Action en cerca de 24 países, porque claro, en otros países no es ilegal”, indica. Admite con orgullo que este miércoles la noticia del fin de la huelga salió en todos los medios masivos de Reino Unido, “de manera que reconocieron esta victoria. Entonces, algo ha cambiado desde el principio al final de esta huelga porque al principio, durante semanas, nos ignoraron por completo”, concluye la activista.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/reino...

Por Ricardo Guerrero

La oposición venezolana ha repetido incansablemente que el chavismo ha llevado al país a la ruina absoluta, pintando la Venezuela pre-bolivariana como un paraíso terrenal de prosperidad y estabilidad. Esta narrativa, sin embargo, dista mucho de la realidad. Antes de la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, Venezuela enfrentaba graves problemas estructurales: una desigualdad social profunda, altos niveles de pobreza y una economía dependiente del petróleo que beneficiaba principalmente a una élite corrupta y a empresas extranjeras. Si analizamos con seriedad la situación político-social de aquellas décadas podremos entender que el ascenso de Chávez no fue un accidente, sino la culminación de un proceso de toma de conciencia popular ante una realidad insostenible.

Lejos de ser un edén económico, Venezuela en las décadas de 1980 y 1990 registraba niveles alarmantes de pobreza y desigualdad. Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo, la pobreza aumentó drásticamente al inicio de los años 80, con un incremento del 150% respecto a 1980 en términos de incidencia, exacerbado por recesiones económicas. Para finales de la década de 1990, más de dos tercios de la población vivía por debajo del umbral de pobreza, según informes de la época. Un estudio del Banco Mundial confirma que la incidencia de la pobreza creció significativamente durante los años 80 y 90, pasando de alrededor del 50% en 1992 a cifras aún más altas hacia finales de la década, antes de la llegada de Chávez. En 1999, aproximadamente el 67% de la población se encontraba en situación de pobreza, con un 35% en pobreza extrema, de acuerdo con fuentes del Departamento de Estado de EE.UU.

En cuanto a la desigualdad, el coeficiente de Gini —un indicador estándar que mide la distribución del ingreso, donde 0 representa igualdad perfecta y 1 desigualdad absoluta— se mantenía en niveles elevados. En 1998, justo antes de las elecciones que llevaron a Chávez al poder, el Gini era de 0.495 según la CIA Factbook, y de 0.498 según el Banco Mundial, lo que posicionaba a Venezuela como uno de los países más desiguales de América Latina. Durante los años 80 y 90, este índice fluctuaba entre 0.47 y 0.55, reflejando una concentración extrema de la riqueza. Estas cifras desmienten la idea de una prosperidad generalizada: mientras una minoría se enriquecía con los ingresos petroleros, la mayoría de la población trabajadora luchaba por sobrevivir en un contexto de desempleo alto —que alcanzaba el 14.5% en 1999— y falta de acceso a servicios básicos.

La noción de que Venezuela era un «país próspero» antes de Chávez ignora el colapso económico que sufrió desde finales de los años 70. Aunque en la década de 1970 el país disfrutaba de altos precios del petróleo y era considerado el más rico de América Latina en términos per cápita, esta «prosperidad» era ilusoria y dependiente de un recurso volátil. El PIB real per cápita alcanzó su pico en 1977, pero entre 1978 y 2001 —antes y durante los primeros años de Chávez— el PIB no petrolero cayó casi un 19%, y el petrolero un asombroso 65%. La caída de los precios del petróleo en los años 80 provocó una contracción económica, inflación galopante y una deuda externa acumulada que asfixiaba al país.

Esta supuesta bonanza beneficiaba principalmente a una élite corrupta y a multinacionales extranjeras que controlaban gran parte de la industria petrolera. Los recursos del petróleo no se traducían en bienestar social: la economía estaba orientada a exportaciones, con poca diversificación, lo que dejó al país vulnerable a shocks externos. Venezuela era un país desigual donde la mayoría era pobre a pesar del petróleo, desmontando el relato de una «prosperidad» compartida. En realidad, el sistema político bipartidista de Acción Democrática y COPEI perpetuaba esta inequidad, con corrupción rampante y exclusión de las masas populares.

La insatisfacción acumulada estalló en eventos como El Caracazo, el 27 de febrero de 1989, una oleada de protestas, disturbios y saqueos que comenzó en Guarenas y se extendió a Caracas y otras ciudades. Este levantamiento popular, que dejó cientos de muertos, fue una respuesta directa a las políticas de ajuste estructural impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. Bajo el gobierno de Carlos Andrés Pérez, se implementó un paquete liberal que incluía liberalización de precios, eliminación de subsidios a combustibles y alimentos, y devaluación de la moneda, todo bajo las directrices del FMI.

Estas medidas provocaron un aumento inmediato en los precios de transporte y bienes básicos, afectando duramente a la clase trabajadora y los sectores pobres urbanos. La inflación alcanzó el 81% en 1989, exacerbando la pobreza. El FMI había condicionado préstamos a estas reformas, que Venezuela adoptó en 1989 como parte de un programa de estabilización macroeconómica. El Caracazo representó el rechazo masivo a décadas de políticas que priorizaban el pago de deuda externa sobre el bienestar social, dejando a la población en una situación insostenible. Este evento marcó un punto de quiebre, evidenciando la fragilidad del sistema y allanando el camino para alternativas políticas.

El ascenso de Hugo Chávez en 1999 no fue fortuito, sino la respuesta a un largo proceso de conciencia colectiva contra la exclusión y la corrupción. Intentos previos, como el golpe fallido de 1992 liderado por Chávez, reflejaban el descontento generalizado. En un país donde los ingresos petroleros enriquecían a una élite aliada con intereses extranjeros, mientras la mayoría sufría, el chavismo surgió como una alternativa que prometía redistribuir la riqueza y empoderar al pueblo. Por ello, el proceso bolivariano ha mantenido un apoyo popular significativo y una base social sólida, a pesar de los desafíos posteriores.

Fuente: https://nuevarevolucion.es/la-venez...

Feliz año 2026 a tod@s, y salam aleikum.

Es una buena idea iniciar el año renovando el apoyo a una lucha en la que hemos participado y participamos: acabar con el polígono de tiro de Bardenas.

Manifiesto de Bárdenas Libres Ya

Para ello y para información general, recogemos algunos párrafos del manifiesto del movimiento Bárdenas Libres Ya:

Bardenas Reales es un territorio perteneciente a Navarra y Aragón, considerado Reserva de la Biosfera y Parque Natural. Siempre se ha utilizado como parte del comunal propio de esta tierra, dedicada al pastoreo y la agricultura, conformando con ello un importante legado de nuestra historia y una manera de gestión del espacio desde la base de las poblaciones. Este terreno es regido hoy día por la Junta de Bardenas. Desde 1951, como imposición de la dictadura militar franquista y de los acuerdos con los EE.UU., tiene en el centro un campo de tiro y de entrenamiento militar, transformándose, lo que era una zona agrícola y de pastoreo, en una zona explotada y maltratada, sólo por y para la guerra que, como bien sabemos, actúa en pos de una minoría arrasando la vida de much@s.

En los últimos años hemos visto cómo ha aumentado la actividad militar en el polígono de tiro de Bardenas y el aeródromo de Ablitas, al mismo tiempo que se extendían las guerras imperialistas de la OTAN, y se aceleraba el gasto en armamento y la militarización de nuestra sociedad.

La Junta de Bardenas intenta legitimar la presencia de los ejércitos y el uso militar de las Bardenas a cambio de una contraprestación económica, buscando hacer dependientes de ese dinero a los pueblos de la zona. El dinero se reparte de forma oscura entre los 19 pueblos “congozantes”, dos valles y el monasterio de la Oliva. Con ello se quiere acallar la voz de la población y de todos los municipios bardeneros. Desde la imposición de este polígono de tiro, han protestado por su instalación, movilizándose y manifestándose tanto en la calle como institucionalmente; presentando diferentes iniciativas y posicionándose en contra del polígono y sus maniobras militares. La movilización de la población no ha sido escuchada.

En diciembre del 2008 se firmó el último contrato entre la Junta de Bardenas y el Ministerio de Defensa para continuar con el uso ilegítimo y vergonzoso de parte de las Bardenas como un campo de tiro, por un plazo de 20 años divididos en dos periodos; los 10 primeros se recibió un canon de 7 millones de €. Y a partir de 2018 y pese a las protestas sociales y posiciones políticas en contra de estas instalaciones, no conseguimos evitar la prórroga por otros 10 años más, durante los cuales se está recibiendo 14 millones de € al año, buscando comprar de nuevo la voluntad de la gente. Sin embargo, en 2028 finaliza este contrato y volveremos a encontrarnos con la posibilidad de evitar una nueva firma. Esta fecha tiene que servirnos para recuperar las Bardenas para toda la población del entorno, tanto de Navarra como de Aragón, y poder decidir de forma transparente su utilización.

Reivindicamos

1.- La desmilitarización total y permanente de Las Bardenas. La no colaboración con el uso y la experimentación de armamento y ejercicios militares, que hacen peligrar nuestra seguridad, la del medio ambiente y la de otros pueblos del mundo que hoy están siendo bombardeados.

2.- No consideramos representativa, ni legitimada a la Junta de Bardenas para decidir por nosotr@s. Son los pueblos en su conjunto los que deben decidir cómo gestionar las Bardenas y qué hacer con ellas.

3.- Rechazamos el dinero que se recibe, por estar manchado de sangre, porque perpetúa las guerras y la violencia estructural de este sistema capitalista, sirve a los intereses de la industria militar y genera dependencia local del militarismo.

El bienestar local no puede estar sufragado por la explotación militar de las Bardenas. Para ello proponemos realizar una desconexión programada del canon económico, adecuándose a las realidades y posibilidades de cada municipio.

4.- Exigimos el desmantelamiento inmediato del campo de tiro y el aeródromo de Ablitas, siendo el Ministerio de Defensa quien se encargue de la descontaminación del terreno. Rechazamos su traslado a otro territorio y proponemos un uso alternativo, como por ejemplo un Centro de Interpretación para la Paz.

Noticia recogida en Naiz el 29 de diciembre de 2025

Complementamos el manifiesto de Bardenas Libres Ya con el resumen de una noticia recogida por Naiz:

Mientras se celebraba este lunes (2 de diciembre de 2025) la reunión anual de la Junta General de Bardenas, en Tutera ha tenido lugar este lunes una concentración para exigir que no se renueve el contrato del polígono de tiro, que expira en 2028, y así conseguir que se ponga fin a esa instalación militar.

Durante el acto convocado por Bardenas Libres Ya, se ha recordado que en manos de la Comunidad de Bardenas «está la decisión sobre el contrato de arrendamiento que cede nuestro territorio al Ministerio de Defensa y la OTAN para prácticas de guerra».

Se ha puesto el acento en que «su objetivo consiste en allanar el camino para una nueva renovación en 2028, y que convierte este parque natural en un campo de pruebas para la OTAN».

Los convocantes han pedido que «no nos dejemos engañar otra vez. Recordemos que en 2001, el Ministerio de Defensa de José María Aznar prometió buscar un emplazamiento alternativo y firmar un contrato de desmantelamiento, creando la ilusión de un fin cercano. Pero nadie quería unas instalaciones como estas cerca de sus hogares o en sus entornos naturales, lo que supuso llegar al final de ese contrato sin alternativa real».

Así se llegó a 2008, cuando «la ministra de Defensa del PSOE, Carme Chacón, impuso 20 años más de bombardeos ignorando el voto en contra del Parlamento de Navarra y las protestas populares contra estas instalaciones militares. Aunque la ministra intentó firmar por 30 años, finalmente se firmó un contrato de 20 distribuidos en dos periodos de 10 años cada uno, en los que se doblaba la cantidad de dinero que recibía la Comunidad de Bardenas, y que también pretendía la desmotivación y desmovilización popular».

A prácticamente dos años de que expire ese plazo, «hoy con el rearme de la OTAN, el riesgo es mayor y pretenderán firmar un contrato aún más largo para blindar el polígono durante décadas».

«Chantaje que compra silencios y voluntades»

Han calificado el contrato de «chantaje que compra silencios y voluntades. En los últimos años más de 100 millones de euros se han repartido entre los 22 entes congozantes, como el monasterio de la Oliva, que no parece velar por la paz en el mundo. (En concreto, desde 2008 los congozantes han recibido casi 158 millones de euros). Este dinero es el 84 % del presupuesto de la Comunidad, no es desarrollo en infraestructuras, es un pago por callar ante la destrucción de nuestro territorio y nuestra complicidad con las guerras imperialistas y los genocidios, como el de Palestina o Sudán».

Han añadido que «no aceptamos que la guerra sea un recurso económico para nuestros pueblos. Ni queremos un ‘progreso' manchado por el ensayo de las armas que sirven para asesinar a pueblos como el palestino. ¡Esta vez, la respuesta debe ser más fuerte!»

En este sentido, han insistido en que «si en 2008 la movilización no pudo evitar la imposición, ahora sabemos que no basta con protestar: hay que impedirlo con todas nuestras fuerzas y con todos los mecanismos que tenemos a nuestro alcance, articulando la unidad en torno a objetivos comunes, poniendo por delante lo que nos une: el rechazo a que nuestra tierra sea moneda de cambio y escenario de guerra».

Y, al mismo tiempo, «deslegitimando a la Comunidad de Bardenas para tomar una decisión como esta, por ser un ente medieval completamente ajeno a las necesidades de este territorio y sus habitantes, que hace ya tiempo se sometió al chantaje millonario de la guerra, sin importarles las consecuencias para el futuro de las siguientes generaciones, ni la protección ambiental de este espacio natural».

Han concluido señalando que «la ventana de oportunidad se abre hasta 2028. No dejemos que la cierren con otro contrato largo».

Aleikum salam.

Fuente: https://www.politicanoviolenta.org/...

Más info

Fabian Scheidler

Es un autor independiente. Su libro El fin de la megamáquina. Historia de una civilización en vías de colapso ha sido traducido a numerosos idiomas y será publicada en español en otoño por Icaria (Barcelona) y Abya Yala (Ecuador). Fabian Scheidler recibió el Premio Otto Brenner de Periodismo Crítico. www.fabianscheidler.com

La Unión Europea, el Reino Unido y otros miembros europeos de la OTAN han emprendido una militarización masiva, cuya velocidad y ambición no tienen precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. Si bien la mayoría de los miembros de la OTAN se habían mostrado reacios o incapaces de cumplir el objetivo de destinar el 2% de su PIB al ejército, fijado en 2014, en la cumbre de la OTAN de 2025 se apresuraron repentinamente a comprometer el 5% anual, cediendo a la presión de Donald Trump. Solo el gobierno español se negó a cumplir.

Lo que la OTAN, sus estados miembros y los principales medios de comunicación no comunican es que el 5% del PIB corresponde a aproximadamente el 50% de los presupuestos nacionales. Si los estados realmente cumplieran esos compromisos, tendrían que reducir drásticamente el gasto en bienestar social, incluyendo educación y sanidad, y al mismo tiempo incrementar sus déficits nacionales. El Financial Times resumió la agenda en un titular de marzo de 2025: “Europa debe recortar su Estado de bienestar [wellfarestate] para construir un Estado de guerra [warfarestate]”. En otras palabras, la militarización planificada es una lucha de clases desde arriba. Aunque los gobiernos han suavizado un poco sus compromisos, afirmando que solo se destinará directamente al ejército el 3,5 %, mientras que el 1,5 % se destinará a modernizar las infraestructuras para uso militar, incluso el 35% de los presupuestos nacionales seguiría siendo un duro golpe para lo que queda del modelo europeo de bienestar.

En la agenda de la mayoría de los países europeos están los recortes masivos del gasto público para canalizar fondos al complejo militar-industrial. El gobierno alemán es uno de los más entusiastas en este sentido. El ministro de Finanzas, Lars Klingbeil, del Partido Socialdemócrata (SPD), se comprometió a triplicar el presupuesto militar, desde los 52.000 millones de euros en 2024 a la cifra sin precedentes de 153.000 millones en 2029, mientras que el canciller Friedrich Merz (CDU) ya ha anunciado drásticos recortes en las prestaciones por desempleo para cubrir parte de este déficit.

La resistencia en el Bundestag es inquietantemente débil. Los Verdes han sido durante mucho tiempo unos de los defensores más fervientes del rearme y, en marzo de 2025, votaron a favor de una enmienda constitucional que eliminó todas las restricciones presupuestarias para los servicios militares y de inteligencia, manteniendo la austeridad para todos los demás tipos de gasto. El partido de derechas Alternativa para Alemania (AfD), que ha liderado algunas encuestas recientes, está igualmente comprometido con el refuerzo militar y la reducción del estado del bienestar. Aunque Die Linke se opone oficialmente a esta agenda, sus representantes en la segunda cámara federal, el Bundesrat, han votado a favor de la enmienda constitucional, lo que ha generado malestar en el partido. Para algunos observadores, la falta de oposición parlamentaria ha evocado siniestros recuerdos de los créditos de guerra de 1914, aprobados por unanimidad en el Reichstag con los votos del SPD.

En otros países europeos, sin embargo, ha surgido más resistencia. En el Reino Unido, Keir Starmer se enfrentó a una férrea oposición a sus planes de recortar las prestaciones sociales, incluso dentro de su propio Partido Laborista, y se vio obligado a dar marcha atrás. En Francia, el primer ministro François Bayrou fue destituido por una moción de censura a raíz de un plan de recorte presupuestario de 44.000 millones de euros. En España, las manifestaciones multitudinarias contra el genocidio han ejercido una presión considerable sobre el primer ministro Sánchez.

Si bien aún no está claro hasta qué punto los gobiernos europeos podrán impulsar su agenda de “todo para las armas, nada de mantequilla”, la embestida contra los servicios públicos y la clase trabajadora es continua y generalizada. La militarización descontrolada se ha convertido en el proyecto clave de la Unión Europea, que intenta reparar sus fracturados cimientos forjando una unión militar.

La militarización de la sociedad alemana

En Alemania, una ola de militarización impensable hace unos años se extiende por todo el país. Afecta a escuelas, universidades, medios de comunicación y espacios públicos. Los tranvías están pintados con camuflaje militar. Enormes anuncios del ejército presentan la guerra como una gran aventura que fortalece el espíritu de equipo. La Bundeswehr está reclutando agresivamente a jóvenes en las calles, en las escuelas y en las universidades. Incluso menores de 18 años están siendo reclutados, en violación de los principios de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, como han señalado organizaciones como Terre des Hommes. Se envía a oficiales juveniles a las aulas, donde publicitan el ejército ante estudiantes que, a veces, apenas tienen 13 años. En lugar de fomentar debates en las escuelas sobre el ejército, se les da vía libre. La administración también planea introducir ejercicios de defensa civil en las escuelas, con la intención explícita de preparar mentalmente a los estudiantes para la guerra.

En los medios de comunicación, la cadena pública alemana ARD ha empezado a promocionar el ejército y sus preparativos para la guerra en su programa infantil “9 ½”, con recomendaciones sobre cómo involucrarse. El programa no plantea preguntas críticas sobre el ejército ni menciona que el despliegue en zonas de guerra puede causar muertes y traumas. Lo mismo ocurre con la segunda cadena ​​pública, que promociona al ejército como una fuerza de paz amable y caritativa en su programa infantil ZDFtivi.

Las universidades se ven cada vez más obligadas a cooperar con el ejército. Si bien algunos Estados federales aún prohíben la investigación militar en las universidades públicas y unas 70 universidades se han comprometido voluntariamente a dedicarse exclusivamente a la investigación civil, Robert Habeck (Los Verdes) declaró a principios de 2025, cuando era vicerrector, que “necesitamos replantearnos la estricta separación del uso y desarrollo militar y civil” en el ámbito académico. En Baviera, la administración ya ha prohibido cualquier cláusula civil en las universidades, eliminando así la posibilidad de rechazar la investigación militar. Además, el Ejército alemán ha desarrollado un exhaustivo y clasificado “Plan de Operaciones Alemania” para subordinar las instituciones civiles a los objetivos militares.

Estos esfuerzos concertados para crear un Estado de Guerra buscan, entre otras cosas, transformar la actitud de la población alemana, que en su mayoría se ha mostrado escéptica respecto a las fuerzas armadas, y en particular respecto a la intervención en el extranjero, durante décadas. Desde finales de la década de 1960 y a lo largo de las décadas de 1970 y 1980, el auge de los movimientos pacifistas logró superar las arraigadas tradiciones militaristas en Alemania. En 1981, al menos 300.000 personas se manifestaron en Bonn contra el rearme nuclear de la OTAN. El Partido Verde, fundado un año antes, desempeñó un papel clave en este movimiento. Su manifiesto fundacional exigía la inmediata “disolución de los bloques militares, especialmente la OTAN y el Pacto de Varsovia”. En el apogeo de la Guerra Fría, exigió “el desmantelamiento de la industria armamentística alemana y su reconversión a la producción pacífica”.

Sin embargo, con su primera participación en un gobierno federal en 1998, el partido dio un giro de 180 grados a estas posturas, impulsando la guerra ilegal de la OTAN contra Serbia, que carecía de mandato de la ONU. Desde entonces, el partido ha sido uno de los principales defensores de la expansión de la OTAN y las intervenciones extranjeras, mientras que sus líderes han sido cooptados por centros de investigación transatlánticos como el German Marshall Fund y el Atlantik-Brücke.

Un desarrollo similar se observa en el SPD, que bajo el canciller Willy Brandt y su asesor Egon Bahr fue en su momento una fuerza destacada en las políticas de distensión. Sus esfuerzos contribuyeron decisivamente a la creación de la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa (CSCE) en 1973 y sentaron las bases para el fin pacífico de la Guerra Fría y la reunificación alemana después de 1990. Con la invasión rusa de Ucrania, la facción dominante dentro del SPD renunció a las políticas de distensión e incluso culpó a esas políticas de la guerra en Ucrania, en una notable distorsión de la historia. Mientras que una pequeña minoría en torno al exlíder parlamentario Rolf Mützenich aún exige negociaciones de paz sinceras y límites a la escalada militar, los halcones han tomado el control casi total del partido.

El “orden internacional basado en reglas” y el genocidio de Gaza

El proyecto del Estado de Guerra y los sacrificios que la población debe hacer para su creación son presentados por líderes políticos tanto en Alemania como en la UE como algo para lo que no hay alternativa. El argumento que justifica esta postura se basa en dos pilares. El primero es la afirmación de que se requiere un rearme masivo para defender la democracia, los valores occidentales y el derecho internacional contra un estado despótico y rebelde dispuesto a desmantelar el orden internacional basado en normas. Si bien la invasión rusa fue, sin duda, un delito grave y una violación masiva del derecho internacional, la idea de que grandes potencias occidentales como Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y Alemania sean defensores del derecho internacional resulta poco convincente, ya que precisamente estos países han participado en guerras ilegales de agresión, desde Serbia hasta Iraq y más allá, así como en operaciones neocoloniales de cambio de régimen durante décadas. Con la complicidad de estos Estados en el genocidio en curso en Gaza, el mito del Occidente virtuoso que lucha por el derecho internacional se ha derrumbado irrevocablemente.

En Europa, los gobiernos alemanes se han destacado especialmente por pisotear el derecho internacional en lo que respecta a Palestina. Tras el inicio de la ofensiva israelí, el gobierno alemán multiplicó por diez sus exportaciones de armas a Israel, que alcanzaron un total de 326 millones de euros solo en 2023. Eso lo convierte en el segundo mayor proveedor mundial de armas a Israel, solo por detrás de Estados Unidos. En noviembre de 2023, cuando ya hacía tiempo que existían pruebas abrumadoras de los crímenes de guerra sistemáticos cometidos por Israel, el canciller alemán Olaf Scholz (SPD) declaró que Israel “está comprometido con los derechos humanos y el derecho internacional y actúa en consecuencia”. Incluso después de que la Corte Internacional de Justicia considerara plausible la demanda sudafricana por genocidio contra Israel en enero de 2024, el gobierno alemán no modificó su postura. En octubre de 2024, cuando ya habían muerto más de 40.000 palestinos, la ministra de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock (Verdes), declaró ante el Bundestag alemán: “Si los terroristas de Hamás se esconden tras la gente, tras las escuelas, entonces [...] los lugares civiles también pueden perder su estatus de protección [...]. Alemania lo mantiene firme; para nosotros, esto significa la seguridad de Israel”. Con estas palabras, desestimó efectivamente las Convenciones de Ginebra, que obligan a los firmantes, incluidos Israel y Alemania, a priorizar la protección de los civiles sobre los objetivos militares y prohíben el castigo colectivo.

Después de que Amnistía Internacional, Human Rights Watch y muchos renombrados estudiosos del genocidio, incluido el historiador israelí Omer Bartov, declararan que Israel estaba cometiendo genocidio en Gaza, el comisionado del gobierno alemán para combatir el antisemitismo, Felix Klein, proclamó en mayo de 2025: “Llamar a esto genocidio es antisemita”.

Bajo el canciller Friedrich Merz (CDU), quien inmediatamente después de su elección se comprometió a invitar a Benjamin Netanyahu a Berlín a pesar de la orden de arresto de la Corte Penal Internacional, Alemania ha sido la principal fuerza en la UE que bloquea todas las iniciativas para sancionar a Israel por su comportamiento. Por ejemplo, ha impedido la suspensión del Acuerdo de Asociación UE-Israel. Las autoridades e instituciones alemanas también han participado en la supresión de la libertad de expresión a una escala sin precedentes en la historia reciente de Alemania, incluyendo intentos de impedir que la Relatora Especial de la ONU para los Territorios Ocupados, Francesca Albanese, hablara en Berlín.

Con esta conducta, las autoridades alemanas han ignorado abiertamente a las Naciones Unidas, el derecho internacional y los derechos humanos fundamentales para permitir que Israel continúe su genocidio. Dado este historial —que coincide en gran medida con el comportamiento de Estados Unidos, el Reino Unido y Francia—, la idea de que estos países se comprometan a defender la Carta de la ONU es simplemente absurda.

La amenaza rusa

Si bien el argumento de que la nueva carrera armamentística se centra en la defensa de un orden internacional basado en normas y la inviolabilidad de las fronteras (que Israel, por cierto, viola a diario) ha perdido credibilidad, y con la disminución de las posibilidades de Ucrania de recuperar sus territorios, ha surgido otra narrativa para justificar el aumento de la presencia militar: la amenaza de una invasión rusa de los países de la OTAN. En junio de 2024, el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, declaró que Alemania debe estar “preparada para la guerra” porque Rusia podrá invadir la OTAN en 2029.

Sin embargo, no hay indicios de que Rusia tenga intención de atacar a países de la OTAN, y mucho menos a Alemania. Incluso el informe anual de inteligencia estadounidense afirma claramente que el Kremlin “casi con toda seguridad no está interesado en un conflicto militar directo con las fuerzas estadounidenses y de la OTAN”. El almirante Sir Tony Radakin, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas británicas y todo menos un títere ruso, confirmó: “Vladimir Putin no quiere una guerra directa con la OTAN”. De hecho, no existen motivos plausibles para un ataque a la OTAN, que sumergiría a Rusia en un conflicto devastador con la alianza militar más poderosa de la historia de la humanidad. Incluso si los líderes rusos fueran completamente dementes y suicidas (de lo cual no hay pruebas), carecerían de los medios para emprender semejante empresa. Durante años, Rusia solo ha logrado avances lentos contra un ejército ucraniano exhausto. El presupuesto militar de la OTAN sigue siendo diez veces mayor que el de Rusia, y solo los estados europeos de la OTAN gastan más del triple y son abrumadoramente superiores a Rusia militarmente.

Dado que la amenaza rusa a la OTAN es claramente exagerada, incluso a ojos de la inteligencia occidental, surge la pregunta de por qué el gobierno alemán, junto con otros líderes europeos, sigue difundiendo la narrativa de una invasión inminente. La pregunta cobra aún más pertinencia dado que la UE y sus Estados miembros más poderosos están socavando activamente las negociaciones de paz serias, aumentando así el riesgo de una confrontación grave con Rusia. La propuesta de enviar tropas de la OTAN a Ucrania tras un posible alto el fuego, por ejemplo, aumenta los incentivos para que Rusia continúe combatiendo, ya que impedir el despliegue de tropas de la OTAN en Ucrania fue un motivo clave para iniciar la guerra. Si bien la UE debería tener un claro interés en apagar el fuego a sus puertas, sigue echándole más leña, comprometiendo tanto sus propios intereses de seguridad como los de Ucrania. ¿Qué impulsa este comportamiento aparentemente irracional?

La agitación geopolítica y la “división internacional de la humanidad”

Una posible respuesta a este enigma es que un sector destacado de las élites políticas y económicas de Alemania y la UE considera el proyecto de militarización desenfrenada como un medio para contrarrestar las enormes convulsiones que amenazan su poder a nivel geopolítico, nacional y económico. Y para ello, es indispensable mantener una amenaza importante, un enemigo aterrador que no desaparecerá rápidamente. Si la amenaza rusa, por el contrario, resultara menos grave de lo que se describe, y si Rusia pudiera ser complacida con un acuerdo de paz que incluyera la neutralidad ucraniana, todo el sistema de justificación para el aumento de la presencia militar se desmoronaría.

Para analizar este argumento con mayor detenimiento, es necesario analizar con mayor detenimiento el contexto histórico. Geopolíticamente, Occidente está perdiendo la posición dominante en el sistema mundial que ha ocupado durante siglos, un proceso que ha provocado graves turbulencias y fracturas dentro del bloque occidental. Estados Unidos está desplegando todas las estrategias posibles para recuperar su otrora posición hegemónica, sin dudar en desacreditar a la UE si es necesario. Tras el fracaso de la estrategia del gobierno de Biden de debilitar a Rusia mediante la guerra de Ucrania, que llevó a Rusia a los brazos de Pekín, el gobierno de Trump ha intentado desesperadamente retirarse de Ucrania para centrarse en Asia y contener a su principal rival, China. Por esta razón, Estados Unidos intenta trasladar la carga financiera de la guerra a Europa.

Para los gobiernos europeos, y en particular para la administración alemana, que han seguido al pie de la letra las instrucciones estadounidenses, subordinando sus propios intereses, este cambio de rumbo ha provocado un caos y una confusión considerables. En primer lugar, cedieron a la presión estadounidense para cortar todos los lazos con Rusia. Si bien esto no contribuyó a poner fin a la guerra en Ucrania, causó graves problemas económicos, especialmente a Alemania. Bruselas y Berlín también han adoptado una postura agresiva hacia Pekín e incluso están dispuestos a reducir sus lazos económicos con China para complacer a Washington. Pero cuando Trump asumió el cargo en enero de 2025, resultó que la recompensa por esta obediencia fue una bofetada en forma de aranceles masivos a las exportaciones europeas, que, de nuevo, resultan especialmente dolorosos para Alemania. Desde entonces, los europeos se encuentran cada vez más aislados y rodeados de potencias más o menos hostiles, sin apenas socios fiables. Para colmo, el apoyo de países como Alemania al genocidio en Gaza ha distanciado profundamente a gran parte del Sur Global.

Si bien esto podría haber sido una llamada de atención para que Europa cambiara de rumbo y se reposicionara en un nuevo mundo multipolar, para que se desvinculara de un imperio estadounidense en decadencia y cada vez más errático, y actuara como una fuerza moderadora de la paz entre las grandes potencias, los líderes de la UE han optado por un camino diferente. Al comprometerse a aumentar masivamente su gasto militar, intentan apaciguar a Estados Unidos, reparar la fractura de la alianza transatlántica e impedir que Washington imponga más cargas económicas. Al mismo tiempo, los líderes europeos ven una oportunidad para rehabilitar su menguante posición en el sistema mundial por medios militares. En Alemania, este proyecto se remonta a la época de la Guerra contra el Terror, cuando las administraciones alemanas intensificaron los despliegues en el extranjero para defender los intereses alemanes en el Hindukush y en todo el mundo. La invasión rusa ha proporcionado una justificación aún más sólida para este esfuerzo, que permite a Alemania superar parte de la desconfianza histórica que otras naciones occidentales han albergado hacia el desarrollo militar alemán.

A pesar de la rivalidad y las luchas internas entre las naciones occidentales, la nueva ola de militarización tiene al menos un denominador geopolítico común: el mantenimiento de lo que Vijay Prashad ha llamado la “división internacional de la humanidad”. El sistema mundial capitalista se ha basado durante siglos en el dominio de las naciones occidentales blancas sobre los pueblos del Sur Global mediante la colonización y el régimen neocolonial. Este orden se ve amenazado por el auge del Sur Global y los BRICS, y Alemania, al igual que otras potencias europeas, no está dispuesta a permitir que las “naciones más oscuras” tengan la misma voz en los asuntos mundiales como tampoco a renunciar a su posición privilegiada entre los principales depredadores de la cadena alimentaria. Dado que la influencia económica y el poder blando de Alemania están en declive, sus líderes parecen creer que pueden revertir las tendencias mediante una mayor militarización.

Decadencia económica y remilitarización

A nivel económico y nacional, Alemania se ha convertido, como muchos otros países occidentales, en una sociedad en decadencia. Uno de cada cinco niños vive en la pobreza. Gran parte de las infraestructuras se encuentran en un estado lamentable, y algunas se están desmoronando, incluyendo escuelas y puentes. El ferrocarril alemán, que en su día fue un modelo para muchos países, se ha convertido en un símbolo de mala gestión y decadencia. La inversión en educación y sanidad está rezagada, y la desigualdad de ingresos y riqueza ha aumentado drásticamente desde mediados de la década de 1990, manteniéndose elevada durante más de una década.

Esta situación es el resultado de décadas de austeridad y privatización, promovidas por socialdemócratas, verdes, conservadores y liberales por igual. Además, desde el bombardeo de los gasoductos Nord Stream y la imposición de sanciones contra Rusia, los precios de la energía se han disparado, lo que supone una carga significativa para las industrias alemanas. Durante los dos últimos años, Alemania ha atravesado una grave recesión, la más larga de la historia de la República Federal. Esto solo se conoció después de que la Oficina Federal de Estadística tuviera que admitir, en julio de 2025, que había circulado previamente datos falsos y edulcorados. Para empeorar las cosas, la industria automovilística alemana, otrora un motor de la economía, ha perdido rápidamente fuerza, especialmente en la competencia con China. Los aranceles estadounidenses están socavando aún más la posición del antiguo líder exportador.

Esta grave situación económica tiene consecuencias sociales y políticas de gran alcance. Con la contracción económica, la contradicción entre los intereses del capital y los del trabajo se acentúa y los capitalistas adoptan, como ha expresado Nancy Fraser, métodos caníbales para asegurar el crecimiento continuo de sus ganancias. La especulación inmobiliaria está elevando aún más los alquileres, haciendo que la vida en las grandes ciudades sea inasequible para muchos. Al mismo tiempo, el gasto en servicios públicos e infraestructura se está recortando aún más drásticamente.

Todo esto agrava la frustración de gran parte de la población, que está perdiendo la confianza no solo en esta o aquella administración en particular, sino en el sistema político en su conjunto. Las encuestas muestran que solo el 21 % de los alemanes aún confía en el gobierno, mientras que la cifra en el caso de los partidos políticos es de tan solo el 13 %. Además, el declive social y económico se percibe como parte de una cadena interminable de malas noticias y desastres para los cuales la política no solo no tiene respuestas, sino que, de hecho, las exacerba. Con nuevas calamidades a causa de las guerras, el caos climático y la inteligencia artificial desatada que se avecina, la gran narrativa de que las cosas están mejorando, al menos a largo plazo, se vuelve cada día menos convincente. La promesa central de progreso continuo que ha mantenido unido al mundo occidental en todos los bandos políticos durante siglos se está desmoronando ante nuestros propios ojos, tanto en Alemania como en la mayoría de las demás naciones occidentales. En la medida en que la modernidad capitalista ya no puede cumplir sus promesas centrales, la cohesión ideológica y política se está volviendo cada vez más frágil y las fuerzas centrífugas están en auge.

El desarrollo militar puede aportar soluciones útiles a este caos desde la perspectiva de las fuerzas políticas y económicas dominantes, que intentan mantener su poder, privilegios y riqueza en medio de la crisis sistémica. En primer lugar, impulsar el complejo militar-industrial podría considerarse una forma de keynesianismo militar para impulsar las industrias nacionales y reactivar el crecimiento. Sin embargo, es dudoso que un proyecto de este tipo funcione a nivel macroeconómico. Es cierto que los productores de armas alemanes están en pleno auge: solo Rheinmetall espera pedidos adicionales por valor de entre 300.000 y 400.000 millones de euros y el valor de las acciones de la empresa se ha multiplicado por quince en los últimos años, pero gran parte del armamento que el gobierno alemán pretende comprar se producirá en Estados Unidos, incluidos los aviones F-35, los helicópteros Boeing Chinook y los sistemas de misiles antibalísticos Arrow 3.

Si este programa pretendía efectivamente reactivar la economía nacional mediante la creación de demanda interna, cabe preguntarse por qué los gobiernos alemanes, al igual que en otros países occidentales, han sido y siguen siendo tan reacios a invertir más en educación, sanidad y otros servicios públicos, que generarían demanda interna de forma mucho más eficaz. La enmienda constitucional de marzo de 2025 aborda el núcleo de esta paradoja: si bien mantiene la austeridad para la sociedad en general, ha permitido un gasto y un endeudamiento ilimitados para el ejército y el Estado profundo.
Policrisis y estado de excepción permanente

Noam Chomsky comentó en una ocasión que el desmantelamiento del estado de bienestar en favor del complejo militar-industrial es un viejo proyecto que se remonta a la época del New Deal. Según Chomsky, las prestaciones sociales estimulan el deseo de la gente de mayor autodeterminación y derechos democráticos, obstaculizando así el autoritarismo. El gasto militar, en cambio, genera grandes beneficios sin el “peligroso” beneficio de los derechos sociales. Las fuerzas neoliberales de la UE llevan décadas presionando para recortar el bienestar público y aumentar el gasto militar. Mantener viva la amenaza rusa contribuye enormemente a legitimar este proyecto.

La respuesta completa, sin embargo, podría ser aún más profunda. Con el desmoronamiento de la coherencia ideológica en Occidente, el Estado de Guerra puede proporcionar un sentido de dirección y unidad entre las élites gobernantes. Además, la amenaza de un enemigo abrumador, ya sea real o ficticio, permite la imposición de un estado de excepción a la sociedad en su conjunto. “Soberano es quien decide sobre el estado de excepción”, escribió Carl Schmitt, el teórico estatal alemán de la derecha, ya en 1922. Ante una policrisis en escalada, el estado de excepción es una opción para introducir un régimen autoritario y eliminar la disidencia sin tener que abandonar formalmente las instituciones de una democracia representativa. Si el mundo está, como se nos dice, en medio de una batalla existencial entre el bien y el mal, entonces no hay espacio para la deliberación, y la disidencia se convierte en traición.

El estado de excepción también permite una redistribución masiva hacia arriba, canalizando billones de dólares a manos de la clase multimillonaria sin mucha supervisión democrática. Presupuestos especiales como los “Sondervermögen” (fondos extrapresupuestarios) alemanes y una legislación ad hoc de gran alcance son típicos de esta estrategia de choque. De hecho, se puede argumentar que el capitalismo occidental, que lleva décadas en crisis de acumulación, solo puede mantenerse a flote con estas inyecciones masivas de dinero público. Esto es aún más cierto en una economía alemana estancada e incluso en contracción.

Además, el estado de guerra, latente o manifiesto, es un medio perfecto para distraer a una población cada vez más escéptica y evitar que considere las causas sistémicas de la creciente policrisis. Ya sea la desigualdad o el caos climático, la lógica de la guerra nos llama a dejar de lado estos problemas para defender la civilización occidental contra los Sauron y los Voldemort del bárbaro Oriente. Esta estrategia recuerda a la Guerra contra el Terror, que, además de ser un desastre para el mundo, logró desviar la atención de los problemas sociales y ecológicos, al tiempo que convertía a musulmanes y migrantes en chivos expiatorios.

Hoy, como entonces, la guerra parece ser la única opción para un cuerpo político que no tiene respuestas para nada, ya sea la pobreza generalizada, el caos climático, la ira popular o los desafíos geopolíticos. Si bien se suele decir que la política se centra en la solución de problemas, el proyecto del Estado de Guerra busca distraer la atención de los problemas reales hipnotizando al público y centrando su atención en una amenaza externa.

¿Autodestrucción o seguridad común?

Las consecuencias del proyecto de Estado de Guerra son devastadoras a todos los niveles. Sobre todo, la situación de seguridad de la UE en general, y de Alemania en particular, se deteriorará significativamente si se continúa la vía del rearme y la confrontación, y se sabotea la diplomacia efectiva. Una de las lecciones más importantes de la primera Guerra Fría es que el mayor riesgo de una guerra nuclear no se deriva de que una de las partes presione el botón rojo de improviso, sino de malentendidos y amenazas inminentes percibidas, que aumentan significativamente cuando se suspende el diálogo y se agitan las banderas en las fronteras. Alemania, que ha anunciado que permitirá el estacionamiento de nuevos misiles estadounidenses de alcance medio en su territorio, sería uno de los primeros países en ser aniquilados en caso de una conflagración.

Además, al negar las nuevas realidades geopolíticas e intentar mantener su posición privilegiada en el sistema mundial mediante el rearme, Alemania solo aumentará su aislamiento en el escenario mundial. El proyecto de Estado de Guerra también exacerbará la crisis social al desviar fondos de inversiones muy necesarias en servicios públicos, una política que, a su vez, generará mayor inestabilidad política. La extrema derecha se verá beneficiada aún más, mientras que la UE podría correr el riesgo de desintegrarse bajo el peso de intereses contrapuestos y de la indignación pública.

Para Alemania y sus aliados, solo hay una salida razonable a esta espiral de autodestrucción: aceptar que ya no tienen la última palabra, que un orden multipolar es inevitable y, de hecho, ya es una realidad. Si Alemania fuera capaz de aceptar este hecho, podría desempeñar un papel constructivo en la mediación entre las grandes potencias. De hecho, cuenta con una impresionante tradición de distensión que podría invocar. En la década de 1970 y principios de la de 1980, políticos alemanes como Willy Brandt y Egon Bahr fueron clave en el desarrollo del concepto de “seguridad común”. Como expresó el exsecretario de Estado estadounidense Cyrus Vance en su prólogo al emblemático Informe Olof Palme de 1982: “Ninguna nación puede lograr una seguridad real por sí sola. [...] Porque la seguridad en la era nuclear…” es sinónimo de seguridad común.

En otras palabras, la cooperación con adversarios geopolíticos es un requisito previo para la supervivencia. En este enfoque, la clave para la paz reside en respetar los intereses de seguridad de todos los actores. No solo israelíes, ucranianos, alemanes y estadounidenses tienen derecho al respeto de sus intereses de seguridad, sino también palestinos, rusos, iraníes, chinos y colombianos. Si bien el gobierno alemán, junto con gran parte de Occidente, se opone hoy al mismo concepto que en su día ayudó a crear, la gran mayoría del Sur Global desea un orden multipolar basado en la seguridad común, no en la confrontación. Alemania debe decidir de qué lado de la historia quiere estar.

Bienestar, no guerra

La convergencia de movimientos en torno a la cuestión de la paz desempeñará un papel clave para determinar si se puede detener la carrera hacia el abismo. Los ataques a las ayudas sociales para financiar el aumento de armamentos ya han incitado una resistencia popular masiva en países como Gran Bretaña, España, Francia e Italia. Si bien los movimientos pacifistas alemanes siguen siendo históricamente débiles debido a las divisiones internas, una serie de importantes manifestaciones este otoño, tanto en torno a los problemas de Gaza como de Ucrania, podrían indicar un punto de inflexión.

Detener el aumento de la presencia militar y la nueva confrontación de bloques es una cuestión clave para la izquierda europea, ya que todos los posibles logros progresistas en materia de derechos laborales, democracia y justicia ambiental se verían destruidos si los líderes de la UE se salen con la suya con la agenda del Estado de Guerra. Después de todo, hoy más que nunca se trata de ayudas sociales, no de guerra.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/anali...

elDiario.es

Tres carros de combate israelíes atacaron a cascos azules españoles este lunes por la tarde en el sur de Líbano, según ha informado el Estado Mayor de la Defensa, que precisa que ningún militar español resultó herido y se encuentran “a salvo”.

En un comunicado, el EMAD detalla que sobre las 16:30 del lunes, tres carros de combate israelíes tomaron posición al norte de la buffer zone en el área de responsabilidad del Batallón Español de la Brigada Este de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (FPNUL, llamada UNIFIL en inglés), la “zona de seguridad en torno a las posiciones que las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, por sus siglas en inglés) mantienen en territorio libanés”.

“Como reacción, una patrulla española se dirigió hacia el lugar —al sur de la localidad de El Khiam— para monitorizar a dichos carros, puesto que estaban fuera de la citada buffer zone. En ese momento, los carros israelíes efectuaron tres disparos con su arma principal (cañón), y los proyectiles cayeron a 150 metros y 380 metros de la patrulla”, prosigue.

El Estado Mayor de la Defensa indica que, a continuación, la patrulla española “fue replegada a una zona segura, retrocediendo los carros israelíes posteriormente hasta su base de retaguardia. Sin más incidentes, la patrulla regresó a la base Miguel de Cervantes en Marjayoun”.

“Las fuerzas de UNIFIL, entre las que se encuentran nuestros militares españoles, están contribuyendo a la paz y estabilidad en el sur del Líbano, siempre en coordinación tanto con las Fuerzas Armadas Libanesas como con las israelíes. Cualquier acción hostil contra ellas representa una seria violación de la Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 1701, además de poner en peligro su seguridad”, concluye el texto.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores de España ha condenado en otro comunicado “los continuos e inaceptables ataques israelíes contra las posiciones de FINUL, el último de los cuales amenazó otra vez más la integridad física del contingente español”. “El Gobierno de España urge a Israel a respetar las fuerzas de paz y a cumplir con sus obligaciones en materia de derecho internacional y con el acuerdo de alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024”, dice el texto.

Se trata del último incidente de este tipo. La FPNUL ha denunciado numerosos ataques de Israel contra sus posiciones y personal en el sur de Líbano, calificándolos de violaciones graves de la Resolución 1701, que tiene como objetivo mantener la paz en la zona desde hace casi 20 años.

La misión de cascos azules de la ONU en el sur de Líbano ha sido prorrogada por el Consejo de Seguridad solo hasta finales de 2026 debido principalmente a la insistencia de Estados Unidos, aliado de Israel, para poner fin a estas fuerzas establecidas con diferentes nombres desde 1978, lo que las convertía en unas de las más longevas de cascos azules en el mundo.

Pese a que Hizbulá dejó de bombardear el norte de Israel, zona a la que lanzaba misiles y drones durante la guerra de 2024, el Gobierno israelí del primer ministro Benjamín Netanyahu ha intensificado sus ataques en el sur del país alegando que el movimiento chií está intentando rearmarse.

Esta escalada de ataques tiene lugar en un momento en el que el Ejército libanés ha anunciado la finalización de la primera fase del plan de desarme de Hizbulá en cumplimiento con los objetivos del Gobierno para lograr la exclusividad de las armas en manos del Estado.

Fuente: https://www.eldiario.es/internacion...