Tortuga Antimilitar

Ver en Tortuga: 'Fue una masacre, no una operación policial': Conmoción en Río de Janeiro por la brutal redada con más de 130 muertos

Naiara Galarraga Gortázar
São Paulo

El gobernador de Río de Janeiro, el bolsonarista Cláudio Castro, está en sintonía con una mayoría de la ciudadanía cuando defiende que la operación policial contra el Comando Vermelho que, el martes pasado, causó 121 muertos fue “un éxito”. Las encuestas realizadas tras el brutal operativo -el más mortal perpetrado por las fuerzas de seguridad de Brasil- indican un alto nivel de aprobación popular a una operación que puso en práctica ese dicho de que Bandido bom é bandido morto (el buen criminal es el criminal muerto). Entre un 57% y un 64% de los encuestados, según los sondeos, aprueba la acción policial frente a un 39% y un 27% que la desaprueba. De todos modos, tampoco lo consideran una gran solución porque más de la mitad también señala que tras la operación no se siente más seguros. Temen las represalias de los criminales. Un 90% abraza la idea de que Río de Janeiro está sumido en una guerra.

Cuatro de las víctimas eran policías. Y entre el resto, al menos 78 del centenar identificado por los forenses tenían antecedentes por delitos graves, según las fuerzas de seguridad.

La letal emboscada policial contra los delincuentes del CV probablmente dará un fuerte impulso a la seguridad pública como una de las cuestiones centrales en la campaña electoral que empieza a echar a andar. Brasil elige en octubre de 2026 presidente, gobernadores y las dos Cámaras parlamentarias. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha confirmado que se presenta. Mientras, la derecha busca relevo para el condenado e inhabilitado Jair Bolsonaro.

El desglose de las encuestas realizadas por Datafolha y por Genial/Quaest indica que el apoyo a la política del gatillo fácil es notablemente superior entre los hombres que entre las mujeres. También sugieren las respuestas que no existen grandes diferencias en función del nivel de renta, pero sí de la edad y de la posición ideológica.

Entre el electorado de derechas, el que se define como bolsonarista y el que no, el apoyo supera el 93%, según los resultados de la encuesta de Genial/Quaest detallados este domingo por el diario O Globo. Entre los que se declaran independientes, el apoyo ronda el 60%. Y en la izquierda, el respaldo es mayor entre los que se consideran lulistas (un 35% aprueba y un 59%) que entre los que no son seguidores del actual presidente. Incluso en este último colectivo, el más reacio en general a la mano dura extrema, el apoyo a la operación es casi de un tercio. El rechazo a la operación entre los 16 y 24 años es mayor que en cualquier otro bloque.

La paradoja es que, pese a la mayoría que apoya neutralizar a balazos a los criminales, más de la mitad de los fluminenses (52%) se siente menos seguro que antes de la matanza. Un 35% se declara más seguro tras esta acción para frenar la expansión del poderoso Comando Vermelho, que con 30.000 hombres gana territorio tanto en la Río como a nivel nacional.

Con la sangrienta operación policial, el gobernador Castro, muy debilitado y a punto de ser juzgado este lunes por abuso de poder político, asoma la cabeza en la carrera electoral para 2026. Busca un escaño de senador. Su popularidad ha subido 10 puntos, hasta el 53%, además de haber recibido el apoyo público tanto de los gobernadores de derechas como de algunas patronales empresariales. El gobernador se quejó desde el primer día de la falta de apoyo del Ejecutivo de Lula para combatir el crimen organizado. La política de seguridad del Gobierno federal es vista por un 60% como negativa.

El presidente Lula respondió a las críticas de las autoridades de Río con la creación de una comisión de coordinación entre ambos Ejecutivos, aceleró varias propuestas parlamentarias para luchar contra los grupos criminales, incluido el endurecimiento de penas, y envió a dos ministras a escuchar las demandas de las familias afectadas por la operación en los complejos de favelas de Penha y Alemão.

Fuente: https://elpais.com/america/2025-11-...

Redacción El Salto

El analista y periodista palestino Muhammad Shehada publicó ayer, 4 de noviembre, más detalles sobre el caso de torturas que actualmente está siendo portada en los medios de Israel. Shehada asegura que conoce el nombre de la víctima de una violación grupal por parte de soldados de las Fuerzas Armadas de Israel (FDI) que tuvo lugar en la prisión y campo de concentración de Sde Teiman. Una violación en el que al detenido “le reventaron los intestinos y le destrozaron el recto”, según explica este periodista y que acarreó el traslado de la víctima a un centro hospitalario del mismo recinto penitenciario el 5 de julio de 2024.

Shehada anunció que no divulgará el nombre de esta persona, que se “sometió a 20 operaciones quirúrgicas, incluyendo colostomía y urostomía, y aún sufre complicaciones médicas”, hasta que éste no preste testimonio. Actualmente se encuentra en Gaza, al haber sido liberado en el intercambio de prisioneros que ha tenido lugar como parte del segundo alto el fuego, acordado en octubre entre Israel y Hamás.

“Israel lo liberó hace tres semanas sin que se le imputaran cargos ni se le juzgara. Probablemente lo liberaron para que no pudiera testificar en el juicio contra sus violadores, quienes siguen prófugos”, añade Shehada.

Los hechos están siendo investigados en Israel, cuyas autoridades se han volcado, no obstante en esclarecer las circunstancias en las que se produjo la filtración del vídeo con las torturas. El domingo, 2 de noviembre, fue detenida la ya exfiscal militar Yifat Tomer-Yerushalmi, acusada de haber filtrado esa grabación.

Esta abogada renunció a su cargo el pasado viernes y admitió los hechos de los que se le acusan. Actualmente está en confinamiento solitario, acusada de obstrucción a la justicia, fraude y abuso de confianza y de poder. Antes, estuvo en paradero desconocido durante varias horas y se especula con que se le encontró en la playa porque había ido a deshacerse de las pruebas que se hallaban en su teléfono.

Su caso es la respuesta a la investigación que se lleva a cabo contra cinco reservistas de las FDI; se investiga si la difusión del vídeo, que se emitió el 6 de agosto de 2024 por Channel 12, influye negativamente en el proceso.

La defensa de los acusados que, presuntamente, son los responsables de las torturas y la violación de ese detenido, quieren demostrar que hay un “abuso procesal” provocada por Tomer-Yerushalmi a quien, paradójicamente, se le ha señalado por impulsar investigaciones destinadas a controlar las pesquisas de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre la comisión de crímenes de guerra por parte de Israel.

Los acusados de este caso de “abuso agravado y lesiones corporales graves” se encuentran ahora mismo en libertad y no están sujetos a medidas cautelares de ningún tipo. En julio de este mismo año, un Tribunal Militar pidió que se suspendiera el juicio contra ellos y que en su lugar se llevara a cabo un “proceso de mediación”.

El domingo, algunos de los militares acusados, que pertenecen a la unidad de reserva de la Policía Militar conocida como Fuerza Cien, se tomaron una foto de grupo, aparecieron en programas de televisión y se jactaron de haber violado a palestinos.

Desde su detención a principios del verano de 2024 han recibido el apoyo de ministros y diputados de derecha. Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, se ha referido al caso de la filtración como un problema de reputación internacional. “La violación en la prisión de Sde Teiman es quizás el mayor fracaso mediático de Israel, no recuerdo un escándalo tan poderoso y concentrado”, declaró el 4 de noviembre Netanyahu.

Gobernantes israelíes y torturadores posan juntos con orgullo.

La tortura se ha recrudecido desde el 7 de octubre

El 4 de noviembre, el escritor Nasser Abu Srour, autor de ‘La historia de un muro' (publicado por Galaxia Gutenberg en 2024), relató desde Egipto a The Guardian algunas de las condiciones de vida en prisión. Abu Srour, otro de los prisioneros liberados en el acuerdo de alto el fuego, ha detallado cómo las torturas se recrudecieron desde el 7 de octubre de 2023.

Este escritor ha estado más de tres décadas detenido en cárceles israelíes, fruto de una confesión obtenida bajo tortura. Según su testimonio, los golpes y las vejaciones se hicieron más frecuentes a medida que Israel llevaba a cabo el genocidio en Gaza y se retiró a los prisioneros la posibilidad de tener papel y elementos de escritura.

Cuando se acerca el primer mes desde el alto el fuego, solo un 7% de las desplazadas por el conflicto han logrado regresar a sus hogares en Gaza, según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). Desde el 11 de octubre de 2025, 240 personas han sido asesinadas por las FDI y 607 han resultado heridas pese al alto el fuego.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/israe...

La ultraderecha israelí celebra la detención de la fiscal que investigó la violación a un preso palestino

El video revelado muestra las torturas contra un detenido palestino en el campo de detención Sde Teiman, inaugurado tras el 7-O.

Un experto de Amnistía Internacional califica las torturas a presos palestinos como una práctica "habitual" dentro de las cárceles de Israel.

Emilia G. Morales

Este miércoles 5 de noviembre se cumplen 72 horas desde que Yifat Tomer-Yerushalmi, fiscal general de las Fuerzas de Defensa Israel (FDI) fuera detenida y puesta en aislamiento. La razón, según reconoció la propia militar el pasado 31 de octubre, fue autorizar la filtración del vídeo de las cámaras de seguridad del campo de detención militar Sde Teiman en el que se intuía cómo varios soldados israelíes torturaban y violaban a un prisionero palestino.

Su detención se produjo después de que la alto cargo de las FDI tratara de simular su suicidio con el que, según la prensa israelí, pretendía deshacerse de un teléfono en el que se encontrarían las pruebas de tal filtración. El fallido intento se saldó con su arresto y un importante despliegue policial para localizar el dispositivo móvil.

Los hechos han logrado acaparar el foco mediático de los israelíes en un sentido inesperado. El escándalo se ha convertido en el arma arrojadiza de los partidos y sectores sociales más conservadores de Israel. Como ha recogido en varias columnas el periódico Haaretz, uno de los que mayor rédito político está sacando de los hechos es Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel.

Lejos de prestar atención a la sistemática violación de los derechos humanos por parte de sus fuerzas armadas, el dirigente ultraconservador ha declarado que la filtración del vídeo ha sido "el mayor fracaso mediático de la historia de Israel" que ha causado "un enorme daño a la reputación de Israel, de las FDI y de nuestros soldados".

Breve historia del vídeo filtrado

La noche del 5 de julio de 2024, varios hombres con indumentaria militar y encapuchados eligieron a uno de los muchos detenidos palestinos que se encuentran atados, con los ojos vendados y tumbados boca abajo, en un patio del centro de detención de de Sde Teiman. Una cámara de seguridad grabó cómo el detenido era llevado aparte y acorralado por los militares. Los cuerpos de los soldados impiden que la cámara capte el detalle lo que hacen con él. Posteriormente, de acuerdo a las informaciones recogidas por RTVE, el detenido fue llevado a un centro médico en estado crítico y con signos de haber sido violado y golpeado.

Quién alertó de los hechos fue uno de los sanitarios que atendió al hombre torturado. Su denuncia dio lugar a la primera investigación interna de Israel por un caso de maltrato a un preso palestino, como la definió France 24. La instrucción fue abierta por la fiscalía que dirigía Tomer-Yerushalmi, cuyas pesquisas dieron lugar al arresto de nueve militares, de los que finalmente cinco están siendo procesados. A finales de julio, cientos de ultras israelíes -algunos de ellos reservistas- y los diputados Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich, miembros del Gobierno de Netanyahu, acudieron a las puertas del campo de detención a protestar contra el procesamiento de los soldados. En un momento dado, la turba logró penetrar en Sde Teiman mientras la policía militar registraba las instalaciones.

Días después, el 6 de agosto de 2024, el canal de televisión Channel 12 publicó el vídeo de la cámara de seguridad del centro de detención. Las imágenes recorrieron el mundo y supusieron un escándalo para el Gobierno de Netanyahu, tanto dentro como fuera del país. Pero también avivaron aún más la ira de los sectores más supremacistas de la sociedad israelí, que consideraron la filtración como una estrategia de sabotaje contra Israel. Una asociación de familiares de víctimas del 7-O pidió al Tribunal Supremo que investigara la filtración del vídeo. De acuerdo a France 24, el Alto Tribunal desestimó la denuncia al haber ya abierta una instrucción con los mismos objetivos.

En un giro de los acontecimientos, el Gobierno de Netanyahu ha logrado canalizar el malestar de la extrema derecha y victimizarse por el impacto en el exterior de la filtración. Un año después de que estallara el escándalo, los cinco militares investigados por la violación esperan el resultado de dicha instrucción en libertad. La fiscal, en cambio, permanece en aislamiento y es la protagonista de una campaña de la extrema derecha contra el poder judicial de Israel.

Por otro lado, uno de los implicados en la tortura al detenido palestino, Meir Ben-Shitrit, se ha convertido en un referente de la extrema derecha israelí y se pasea a menudo por los platós de la televisión. La primera vez que lo hizo fue al día siguiente de la publicación del vídeo, el 7 de agosto de 2024. Apareció frente a la cámara con la cara tapada y aseguró que era "imposible" que los militares de Sde Teiman hubieran hecho "algo así". "No somos violadores" afirmó en Channel 14, sino "soldados de las FDI" que lo dejaron "todo" para "lidiar con esta inmundicia". Pocas semanas después, a finales de agosto de 2024, volvió a aparecer en el mismo medio mostrando el rostro y su verdadera identidad. Como recogió elDiario.es, el canal mostró en pantalla un enlace para recoger fondos para la defensa de Ben-Shitrit y sus compañeros.

"Al tercer día de detención nos metieron en una zanja y empezaron a arrojar arena. Un soldado dio dos disparos al aire y dijo que habían ejecutado a mi esposo. Yo me derrumbé y le rogué que me matara a mí también para que acabara la pesadilla". Estas son las palabras de una de las muchas palestinas detenidas desde el 7-O. Su testimonio está recogido en un comunicado de prensa que Amnistía Internacional publicado en julio de 2024, en el que la organización denuncia las detenciones arbitrarias que sufren los palestinos antes incluso de los ataques de Hamás.

Actualmente son 11.100 los árabes encerrados en prisiones en Israel, según los últimos datos de la organización palestina Addameer. "La mayoría" se encuentran en Sde Teiman, según ha confirmado a este periódico Carlos de las Heras, responsable para Europa y Oriente Medio de Amnistía Internacional.

B'Tselem define el sistema penitenciario de Israel como una red de campos de tortura

El centro de detención situado en el desierto del Négev materializó la venganza de Israel por los ataques de Hamás del 7-O. Desde que abrió sus puertas el 1 de diciembre de 2023, varios medios israelíes y organizaciones internacionales han reportado decenas de asesinatos, amputaciones y torturas contra los palestinos detenidos en él. Pero el conocido como el "Guantánamo" de Israel no es el único lugar en el que se han denunciado torturas por parte de las FDI.

Tal y como lo definió en un informe de 2024 la organización israelí de defensa de los derechos humanos, B'Tselem, el sistema penitenciario de Israel funciona como una red de campos de tortura. Dan cuenta de ello los supervivientes de estos abusos. "Hemos visto marcas y hematomas", relata De las Heras a Público, quien asegura que todas las personas detenidas con las que ha podido hablar Amnistía Internacional habían sufrido algún tipo de tortura.

Las pruebas de este maltrato también se han encontrado en los cuerpos de los palestinos asesinados por Israel durante el genocidio y cuyos cadáveres fueron devueltos a Gaza, sin identificar, como parte del intercambio entre Israel y Hamás acordado en el alto el fuego de principios de octubre.

Además del maltrato físico y psicológico -De las Heras asegura haber recopilado testimonios de ex prisioneros a los que siquiera les permitía hablar-, los palestinos detenidos también eran privados de comida, sueño o atención médica. Quienes defienden el derecho del pueblo palestino a existir, como los activistas de la Flotilla de la Libertad, también experimentaron una versión más leve de estas torturas. Así lo contó a Público la eurodiputada Rima Hassan (La Francia Insumisa) o la activista ecologista sueca, Greta Thunberg, al medio Aftonbladet.

Dos leyes que favorecen la tortura

La primera vez que se reconoció el derecho de todas las personas a no ser torturadas fue en la Carta Universal de los Derechos Humanos, en 1948. El mismo año que la fundación del Estado de Israel. Este documento ha servido de base para otras declaraciones, convenciones y regulaciones contra la tortura. La más relevante es la Convención contra la Tortura aprobada (CAT) por Naciones Unidas en 1984, que por primera vez estableció un marco jurídico y una hoja de ruta para prevenir la tortura en aquellos países que la ratificaran.

A finales del siglo XX, muchos países integraron de forma explícita en su Código Penal el delito de tortura, como ocurrió en España en 1995. Israel, en cambio, no llegó a dar ese paso. Pese a haber firmado la CAT, el país de Oriente Medio no cuenta con una legislación específica que penalice esta práctica. Por el contrario, ha promulgado dos leyes que, de acuerdo al análisis de Amnistía Internacional, "favorecen" la tortura.

Carlos de las Heras señala, en primer lugar, la ley que permite la detención administrativa, que permite el arresto de los palestinos durante largos periodos sin que existan cargos contra ellos. Además, las pruebas contra los palestinos arrestados son, en gran medida, ocultadas a los propios detenidos y a sus abogados, por lo que "no saben por qué están allí ni de qué se les acusa". Esta norma también se aplica a menores de edad, quienes son retenidos junto a adultos en prisiones bajo régimen militar.

La segunda es la ley de Combatientes Ilegítimos, que "fue promulgada en 2002", pero "se puso en marcha completamente en 2023" tras una reforma, asegura el coordinador de Amnistía Internacional. Esta norma, "otorga al ejército israelí el poder de detener a cualquier persona en Gaza de quién sospeche que pueda representar una amenaza o que haya participado en las hostilidades". Establece además tres plazos prorrogables que retrasan -y, de facto, impiden- el acceso del detenido a sus derechos.

Para empezar, la persona arrestada puede estar hasta 45 días sin que exista una orden de detención, 75 sin tener que compadecer ante un juez y hasta 3 meses sin ser atendido ni asesorado por un abogado. Según De las Heras, estas leyes favorecen la tortura "porque impiden la comprobación del estado físico de las personas detenidas y su comunicación". Lo que ocurre en los campos de detención y prisiones israelíes queda así oculto del ojo público salvo en notorias excepciones, como ha ocurrido con la filtración del vídeo de la tortura en Sde Teiman.

Fuente: https://www.publico.es/internaciona...

Pablo Fernández
José Bautista
Fundación porCausa

Este artículo ha sido modificado con posterioridad a su publicación para añadir dos especificaciones por parte de FIAP.

Diccionario de la RAE:
Cárcel:
1.f. Lugar destinado a reclusión de presos.

Desde el pasado 17 de octubre Mauritania cuenta con dos nuevos centros de detención de migrantes, uno localizado en Nouakchott, capital del país, y otro en Nouadhibou, en la frontera con el Sáhara Occidental bajo ocupación ilegal marroquí. Ambos centros fueron puestos en marcha por la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIAP), una agencia de cooperación del gobierno de España dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores. Las autoridades españolas afirman que estos espacios están inspirados en los Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de las Islas Canarias y admiten que, a diferencia de España, privarán de libertad también a menores de edad, incluidos bebés en edad lactante, un extremo que la legislación española prohíbe. Una fuente desde España implicada en la puesta en marcha de estos centros afirma que, a pesar de su nombre oficial, “se trata obviamente de centros de detención” y matiza que los niños solo serán apresados allí si están con un familiar. Dos fuentes mauritanas corroboran esta aserción. La FIAP, el Gobierno mauritano y la Delegación de la Unión Europea en Mauritania no responden a ninguna de las preguntas formuladas para este reportaje.

El centro de detención construido por el Gobierno español en Nouakchott dispone de al menos 107 plazas, incluyendo dos cunas para bebés, según los documentos de la FIAP a los que tuvo acceso esta investigación, mientras que el de Nouadhibou contará con al menos 76 plazas, además de otras dos cunas. Las obras y suministros para poner en marcha estos edificios fueron sufragadas con dinero de España y del Fondo Fiduciario de Emergencia de la Unión Europea, a través del proyecto policial Asociación Operativa Conjunta (POC, por sus siglas en francés), que está liderado por la FIAP.

España externaliza sus fronteras en Mauritania

Para entender la historia detrás de las cárceles de migrantes que España ha abierto en Mauritania hay que remontarse al pasado 15 de mayo de 2024, cuando 15 gobiernos de la Unión Europea remitieron una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, pidiendo reproducir el ejemplo de Giorgia Meloni, presidenta del Gobierno italiano, que puso en marcha una cárcel de migrantes en Albania. El gobierno de España no firmó esa misiva pero una semana antes, el 8 de mayo de 2024, había adjudicado a la constructora CADG las obras para habilitar dos centros de detención de migrantes en Mauritania. Tres meses después, en agosto de 2024, el presidente de España y la presidenta europea viajaron a Mauritania y prometieron enviar más de 500 millones de euros al gobierno militar del general Mohamed Ould El Ghazouani.

En los últimos años el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez también ha aumentado la transferencia de inteligencia y equipamiento policial al régimen mauritano con el objetivo de reprimir la salida de cayucos con destino a las Islas Canarias. Esta subcontratación del control migratorio en países terceros, conocida como ‘externalización de fronteras' y ejecutada a través de la FIAP, ha llevado a que Mauritania redoble las redadas para detener a migrantes. Agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional desplegados en el país participan en estas operaciones, que incluyen allanamientos de morada sin autorización judicial y detenciones arbitrarias por perfil racial.

La apertura de dos centros de detención de migrantes supuso un desembolso total de al menos 1.080.625 euros de fondos europeos, según los documentos oficiales a los que tuvo acceso esta investigación. Todos los contratos fueron adjudicados sin concurso público por parte de la FIAP y contaron con financiación europea. Mauritania se ha convertido en una de las prioridades financieras de la FIAP coincidiendo con el aumento del flujo migratorio en la ‘ruta canaria'. Sin ir más lejos, el 1 de noviembre esta agencia desembolsó 160.000 euros (sin concurso público) para adquirir un número indeterminado de vehículos 4x4 y drones con visores nocturnos para la policía mauritana.

En una comunicación de FIAP posterior a la publicación de esta pieza, esta agencia niega tajantemente que se adjudicara sin concurso público y defiende que los contratos fueron adjudicados por “procedimiento público” amparándose en la disposición adicional primera de la Ley de Contratación Pública que regula los contratos en el extranjero.

Esta agencia de cooperación del Ministerio de Asuntos Exteriores, envuelta en el escándalo de corrupción conocido como ‘caso Mediador' o ‘caso Tito Berni', tampoco detalla si ha puesto en marcha algún mecanismo o protocolo para evitar que las autoridades mauritanas maltraten y torturen a los encarcelados, ni facilita el reglamento que regirá su funcionamiento. En su página web la FIAP sí reconoce que estos centros ayudarán a “determinar si [las personas migrantes detenidas] son víctimas de trata, menores no acompañados, personas vulnerables o solicitantes de protección internacional”, y asegura que los detenidos permanecerán un máximo de 72 horas recluidos. Esta agencia de cooperación española no ha respondido a ninguna de las preguntas formuladas argumentando que porCausa no es un medio de comunicación.

La inauguración de ambos espacios tuvo lugar el pasado 17 de octubre en presencia de agentes de la Policía Nacional española y representantes de la Unión Europea y el ministro del Interior mauritano. España cuenta con más de 80 funcionarios y agentes de la Guardia Civil, Policía Nacional y CNI desplegados de manera permanente en Mauritania. Tres fuentes con acceso a estos centros de detención afirman que las cárceles de migrantes de la FIAP en Mauritania ya están listas pero todavía no han entrado en fase operativa, por lo que ningún migrante detenido habría pernoctado en ellas de momento.

En un principio al acto de inauguración estaba previsto que asistiera también el comisario Abdel Fattah, jefe de la Oficina de Lucha Contra la Migración y la Trata de Personas de la policía mauritana. Fattah, encargado de recibir y gestionar el equipamiento antimigratorio que España suministra a Mauritania a través de la FIAP, no participó finalmente en el acto porque fue relevado de su cargo tras descubrirse que cobraba sobornos de traficantes de personas que organizan cayucos con destino a Canarias, a cambio de suministrar información errónea a la Guardia Civil, según reveló una investigación de porCausa y los diarios El País y Le Monde. En 2022 Fattah fue condecorado con la medalla al mérito policial por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Este mando de la policía mauritana, primo del expresidente Mohamed Ould Abdel Aziz, está en libertad y no pesan cargos contra él.

Las empresas implicadas

Falcon Consultores, empresa que redactó el estudio técnico de estas cárceles, no ha respondido a las preguntas formuladas para este reportaje. CADG, que realizó las obras y también suministró mobiliario y equipamiento, señala que cuenta con “reglas estrictas” para evitar prácticas corruptas y conflictos de interés de acuerdo con las “normas éticas internacionales” y pide dirimir las preguntas sobre estas cárceles de migrantes con la FIAP.

En Mauritania ambas empresas también son adjudicatarias de varios contratos de TRAGSA, una empresa propiedad del Estado español. Desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, TRAGSA es responsable de diversos contratos relacionados con control migratorio, como las obras de modernización de las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla. Al estar constituida como compañía privada, los periodistas no pueden solicitar información de sus contratos y actividades al amparo de la Ley de Transparencia.

En respuesta a las preguntas formuladas, TRAGSA reconoce que recibió “un encargo de FIAP para la realización del proyecto constructivo y la ejecución de las obras de los centros de internamiento temporal en Nouakchott y Nouadhibou” y aclara que posteriormente, a instancia de la FIAP, “se resolvió” y finalmente no ejecutó esas obras.

FIAP defiende que la resolución de contrato se produjo en términos amistosos y ha enviado el expediente que así lo demuestra con posterioridad a la publicación del artículo en El Salto.

El equipo de periodistas que elabora esta información remitió preguntas también a las autoridades de Mauritania, a través de su Ministerio del Interior y su embajada en Madrid. El Gobierno mauritano no responde a ninguna de las cuestiones formuladas ni aclara qué hará con los migrantes privados de libertad en las dos cárceles de migrantes construidas por España.

Abandonos en el desierto patrocinados por España y la UE

El régimen mauritano realiza redadas –con apoyo e información de la Guardia Civil, la Policía Nacional y el CNI– para detener de forma arbitraria a personas negras, incluidos niños en edad lactante. Las autoridades mauritanas emplean quads, vehículos 4x4, drones y dispositivos tecnológicos suministrados por la FIAP para llevar a cabo estas detenciones. Las personas migrantes arrestadas son privadas de todos sus enseres (incluidos documentos de identidad y teléfonos), conducidas a cárceles y sometidas a estancias de varios días en condiciones infrahumanas, sin alimentos, agua ni acceso a cuartos de baño.

Al menos dos agentes de la Policía Nacional española acuden semanalmente a estos centros, en Nouakchott y Nouadhibou, para tomar huellas y fotografías de los detenidos. La obtención de estos datos no es trivial: España y Mauritania tienen desde 2003 un acuerdo por el cual las autoridades españolas pueden deportar a ciudadanos de terceros países a Mauritania.

Por último, los detenidos son abandonados en zonas alejadas como Gogui, en la desértica frontera con Mali, un territorio con alta presencia de la organización yihadista JNIM, filial de Al Qaeda en el Sahel. Entre los migrantes que sufren estos abandonos en el desierto destacan personas con perfil de solicitante de asilo que huyen de la guerra en países como Mali o Níger, y de la violencia política en naciones como Guinea Conakry.

Cada semana la Policía Nacional española desplegada en Mauritania recibe listas con el nombre y apellidos de las personas que los agentes mauritanos abandonan en zonas remotas. Las pruebas que sustentan esta información constan en una investigación periodística coordinada por Lighthouse Reports, con la participación de porCausa, y un amplio informe de la organización de derechos humanos Human Rights Watch. ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, y la Organización Internacional de las Migraciones están al tanto de estos abusos, según documentos internos a los que tuvo acceso porCausa.

Entre esas víctimas hay jóvenes como Sady Traoré, un joven músico maliense que huyó de Bamako (Mali) tras recibir amenazas por haber organizado conciertos en contra del golpe de Estado militar en su país. Traoré decidió instalarse temporalmente en Mauritania pero, tras ser abandonado dos veces en el desierto por parte de las fuerzas mauritanas, decidió emigrar a España. Este joven llegó a Canarias en enero de 2024 y desde entonces no ha podido ejercer su derecho a pedir asilo. Traoré duerme actualmente debajo de un puente en una localidad cercana a Valencia y sobrevive realizando trabajos puntuales de jornalero en el sector agrícola. El Comité Español de Ayuda al Refugiado (CEAR) está tratando de ayudarle para conseguir una cita para pedir asilo.

Fundación porCausa

El periodismo es una profesión de riesgo en Mauritania. Un profesional de la información que colaboró con este reportaje ha decidido no incluir su firma por temor a represalias. Por razones de seguridad, esta información también omite el nombre y detalles de diversas fuentes humanas, entre las que hay varios migrantes víctimas de este esquema y media decena de funcionarios de las fuerzas y cuerpos de seguridad de España y Mauritania.

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Fuente: https://www.elsaltodiario.com/front...

Decían que el mejor señuelo para atrapar atención es el sexo. Hoy las redes sociales han demostrado que el odio es mucho más adictivo, más orgiástico, más contagioso, más irresistible. El insulto excita al algoritmo y los nuevos magnates hacen caja con nuestros conflictos. El extremismo calculado vende. La furia está bien financiada. Por eso, la temperatura de los discursos se está calentando aún más deprisa que el clima.

Un buen enemigo es el mejor abono para cultivar identidad. Azuzar el rencor frente al adversario enardece a las propias huestes y robustece la sensación de pertenencia. Merced a una lógica perversa, si divides, multiplicas tu protagonismo. El odio viejísimo —pero muy trabajador— goza de envidiable buena forma. Podría parecer una pasión simple y visceral, pero procede de nuestras heridas más hondas; se gesta en el recuerdo de los desprecios sufridos, de los abandonos y las ilusiones perdidas. La misma etimología habla de dolor: la raíz indoeuropea od está presente en “odio” y en “odontólogo”. Según una hipótesis, odiar sería como un dolor de muelas anímico, pero también podría asociarse al gesto de enseñar ferozmente los dientes.

En la historia universal de la hostilidad y las dentelladas, fue pionero el profeta persa Zaratustra —en griego Zoroastro–, que vivió hace más de dos mil quinientos años. Según la tradición, sus sacerdotes, los magos, visitaron al niño Jesús en el portal: magu era el término que los babilonios daban a los sabios iniciados en el zoroastrismo. Nietzsche lo reintrodujo en el imaginario occidental al convertirlo en portavoz de su propia filosofía. Por lo que sabemos, Zaratustra fue el primero en afirmar que la vida era una batalla extrema entre el bien y el mal, donde nos acecha el archienemigo, llamado Angra Mainyu o Ahrimán, un espíritu destructivo y perverso —que hoy da nombre a villanos de series y videojuegos—. Acusaba a Ahrimán de propagar calumnias y falsedades: era la encarnación de la mentira. Así nació el chivo expiatorio para todo. Desde entonces, cuando concluimos que nuestros adversarios están poseídos por un impulso maligno, ya no hay necesidad de preguntarse por sus razones o sus corazones. La división del mundo entre amigos y enemigos ha hecho que a lo largo de milenios gente perfectamente amable en privado combatiese a otros, los castigase y los sometiera al terror sin conocerlos ni reconocer su humanidad. Por eso, tal vez el único antídoto sea escuchar: puedes elegir ejercitar o el odio o el oído.

Según esta visión del mundo, el estado natural sería el enfrentamiento y, en su lógica, cualquier catástrofe desataría todos los conflictos latentes. Rebecca Solnit dedicó su ensayo Un paraíso en el infierno a reflexionar sobre las reacciones humanas ante cataclismos como terremotos, inundaciones o huracanes: “En muchos desastres nuestra forma de actuar depende de que pensemos que nuestros vecinos y conciudadanos son una amenaza mayor que los estragos provocados por la catástrofe o, por el contrario, un bien mayor que los bienes materiales en las casas y en las tiendas de los alrededores”. Lo que creemos define nuestro comportamiento. Solnit documenta un hecho inquietante: suelen cometer las acciones más terribles quienes están convencidos de que los demás van a comportarse despiadadamente y se plantean la disyuntiva entre devorar o ser devorados. El egoísmo por naturaleza actúa como coartada.

El historiador Rutger Bregman ha estudiado el efecto de la novela El señor de las moscas en el imaginario colectivo. Su autor, William Golding, inventó la trama en 1951. Un grupo de niños supervivientes de un accidente aéreo se descubren solos en una isla desierta, sin adultos. Al principio organizan una democracia y toman todas las decisiones por votación. Eligen como líder a Ralph, un chico atlético, responsable y carismático. Cuando un barco los rescata meses más tarde, tres chavales han sido asesinados y la isla es un páramo humeante. La violencia ha arrasado con el compañerismo. Ralph llora por el fin de la inocencia, por las ilusiones devastadas, por la crueldad que anida en el corazón humano. En la estela de Auschwitz y la Segunda Guerra Mundial, el público estaba predispuesto a aceptar el concepto del mal intrínseco e ineludible. El mismo Golding, excombatiente alcohólico, atormentado y depresivo, conocía el sufrimiento. La novela es una proyección de miedos compartidos.

La aventura relatada en el libro es una ficción: nunca sucedió. Sin embargo, un hecho muy similar ocurrió en 1965. Tras un naufragio, seis chicos entre 13 y 16 años sobrevivieron quince meses en un islote rocoso del Pacífico. Al terminar la odisea, el capitán que los rescató contó que los chicos habían creado una pequeña comuna con un huerto, troncos huecos para almacenar agua de lluvia, un gimnasio con curiosas pesas y gallineros, “todo ello gracias a su trabajo manual, una vieja hoja de cuchillo y mucha determinación”. Mientras los personajes imaginarios de El señor de las moscas batallaban por adueñarse del fuego, los jóvenes de la experiencia vivida se organizaron para mantener la hoguera ardiendo durante más de un año. A veces discutían, pero lo resolvieron sin herirse. Uno de ellos fabricó una guitarra con un trozo de madera flotante, media cáscara de coco y seis alambres de acero rescatados de su barco naufragado, y solía tocar para levantarles el ánimo. Cuando uno de ellos resbaló, cayó por un acantilado y quedó herido, inmovilizaron su pierna con palos y lo cuidaron. En la verdadera historia, los chicos confiaron y colaboraron. Tristemente, el libro de Golding es lectura obligatoria escolar, mientras el episodio auténtico pasó desapercibido. Nos impacta más la realidad de los miedos que la realidad de los hechos. Resulta más persuasivo el cuento de terror, donde cualquier parecido con la solidaridad es pura coincidencia. El odio y la destrucción venden más que la colaboración.

Piensa mal y lo extenderás. La hostilidad, como la confianza, es una dinámica contagiosa. Ciertos líderes políticos refuerzan su poder personal espoleando la cólera: nos regañan como a niños porque no odiamos lo suficiente. Los autoritarismos triunfan cuando acatamos las coordenadas de sus ejes del mal. Fabricar enemigos es uno de los sectores económicos más rentables y con mayor demanda. Las vísceras cotizan en bolsa. El oficio de comentarista furibundo vive un momento dulce. Los magnates de las redes sociales aman nuestras fobias: atizan rencores que nos mantienen absorbidos, crispados y cautivos. Moldean el resentimiento con mensajes que masajean nuestros victimismos y transforman el enfado en capital. Los inversores en el ramo de la furia recogen beneficios. Tu rabia es su riqueza. Las explosiones de enojo, el previsible y sereno crecimiento del negocio. Tu insomnio febril arrulla sus sueños.

El círculo se estrecha, ya no basta recelar del otro. Los algoritmos buscan cebarse en nuestras inseguridades. La publicidad se filtra por las grietas de nuestra autoestima: nos empuja a odiar lo que somos para vendernos soluciones individualistas y perfecciones envasadas, desde la cirugía plástica a la autosuperación. Al final, necesitamos creer en nosotros mismos para creer en los demás. Frente a los accionistas de la ira, podemos fortalecer los vínculos y decidir que confiamos en nuestros vecinos. Urge usar las palabras no como arma, sino como argamasa: cultivar el debate frente al combate. No podemos permitirnos tener más odios que ideas.

Irene Vallejo es filóloga y escritora, Premio Nacional de Ensayo de 2020 por El infinito en un junco (Siruela).

Fuente: https://elpais.com/opinion/2025-10-...

Guillermo Martínez

Si el sueldo de los funcionarios de prisiones depende en gran medida del complemento de seguridad, tendrán que hacer pensar a la sociedad y la Administración que existe una supuesta y cada vez creciente inseguridad en las cárceles para poder elevar sus nóminas. Aunque sea a costa de los internos. Esa es la tesis que defiende el sociólogo José Navarro en 'Un poder carcelario. Sindicatos de prisiones y sistema penal' (Virus, 2025), una investigación que aborda la genealogía de las organizaciones laborales del sector desde la muerte de Francisco Franco en 1975 hasta la actualidad, cuando nuevas agrupaciones muestran sin complejos su cercanía con la extrema derecha.

A día de hoy, asociaciones como Marea Blava Presons (MBP) en Catalunya o Tu abandono me puede matar (TAMPM) a nivel estatal centran sus reivindicaciones en el aumento de medios coercitivos tanto físicos, contra los reclusos, como legislativos. De ahí que, en algunos casos, hayan llegado a demandar el uso de pistolas táser o sprays pimienta contra los internos, así como que los funcionarios de prisiones pasen a ser considerados agentes de la autoridad, con todo lo que ello comporta a nivel penal.

Navarro se retrotrae al franquismo para explicar los inicios de este cuerpo que en ningún caso sufrió una depuración con la llegada de la democracia, al igual que sucedió en otros ámbitos, como el policial y judicial. “Muchos funcionarios eran antiguos militares. Si eras alferez, llegabas a las cárceles como oficial directamente, no como auxiliar”, apunta el experto.

El sociólogo también recalca que, históricamente, el cuerpo de funcionarios ha encontrado una elevada protección por la judicatura, donde su palabra siempre ha gozado de la presunción de veracidad por encima de la del preso, lo que se une a la propia endogamia del aparato judicial. “El juez que juzgó los casos de tortura en Herrera de la Mancha era hijo de un juez del Tribunal de Orden Público franquista”, ejemplifica.

El Sindicato Democrático de Prisiones

Una vez derribado el régimen dictatorial, el sindicalismo de clase, liderado por CCOO y UGT, no supo atraer a los funcionarios de prisiones más progresistas o de corte democrático. Por otra parte, las centrales anarcosindicales de CNT y CGT vetaron la afiliación de estos trabajadores. Sin embargo, durante la Transición apareció el Sindicato Democrático de Prisiones (SDP), una loable experiencia de funcionarios que siempre persiguieron la dignificación de las cárceles y la lucha contra las torturas y vejaciones que en muchas ocasiones sufrían los reclusos.

Jorge García entró en 1981 en la Cárcel Modelo de Valencia, y luego pasó a la de Picassent. Ahora tiene 69 años y más de 40 los ha pasado trabajando en prisión como funcionario. Integró el SDP: “Nuestro principal objetivo era que el cuerpo de funcionarios de prisiones se adaptara al nuevo sistema democrático”, comenta. Aquello duró apenas unos años, hasta que se autodisolvieron y sus militantes integraron otros sindicatos. Él pasó primero por UGT, aunque lo abandonó en menos de una semana. Años después se afilió a CCOO, que también dejó de lado.

Tras el fracaso de los grandes sindicatos dentro de los centros penitenciarios, poco a poco fueron apareciendo otras agrupaciones mucho más corporativistas. “Se caracterizan por una nula solidaridad con los trabajadores de otros sectores y por unos reclamos de mejoras laborales basados en discursos que explotan las alarmas sociales”, añade Navarro.

En su monografía, apunta que primero fue la alarma creada por la entrada de la heroína en la cárcel. Más tarde, que ETA les declarara objetivos militares de la organización hizo que sus demandas volvieran a resurgir con fuerza. De hecho, surtieron efecto con la creación del régimen FIES, “que institucionalizó el estado de excepción”, según recoge el investigador en su libro. Por último llegarían, como se aprecia en la actualidad, la explotación de la alarma social generada por los “crímenes mediáticos”.

La subida salarial acorde al supuesto incremento de la inseguridad en las prisiones no es el único reclamo de organizaciones como MBP o TAMPM. Muchos de los funcionarios se decantan por ellas por los servicios jurídicos que ofrecen a la afiliación ante posibles accidentes laborales o la cobertura legal en juicios sobre denuncias de presos. “Son prácticamente empresas de seguros y servicios jurídicos”, sintetiza Navarro.

En este sentido, la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP), surgida a principios de 1990 y actualmente coaligada con UGT, “lleva la voz cantante en la Administración General del Estado porque tiene los mejores servicios jurídicos”, explica el autor de la monografía publicada por Virus.
Medidas a favor de la coerción

Décadas después llegaría MBP, surgida al calor de las movilizaciones en torno a 2018 en las que denunciaban, según el colectivo, el aumento de agresiones hacia el cuerpo de funcionarios. “Se basan en el descrédito hacia los grupos de apoyo de presos y asociaciones que vigilan el respeto a los derechos humanos, así como contra ciertos cargos de la Administración”, describe Navarro. Algo parecido sucede con TAMPM, entidad que habitualmente ha recibido el apoyo de políticos de Vox y del PP. Sin ir más lejos, “MBP calificó como 'Tripadvisor del delincuente' un informe publicado por el Comité para la Prevención de la Tortura”, señala el sociólogo.

El pretendido aumento de inseguridad que pregonan estas agrupaciones es desmentido por García, el veterano funcionario de prisiones: “Yo no sentía que me jugara la vida cuando iba a trabajar. Yo veía que un interno tenía un cuchillo en la mano, se lo pedía y me lo daba”, ilustra. Este madrileño afincado en Valencia recalca que “la violencia es un absurdo cuando sois dos funcionarios y hay 250 tíos ahí metidos”.

García se queja de que las reivindicaciones de asociaciones como MBP y TAMPM están dirigidas a la coerción y no a otros factores, como la demanda de más psicólogos en las cárceles. “La gente que está en estas organizaciones es por su populismo. No es que todos sean nazis, ni mucho menos, son gente normal que se dejan llevar por estos encantadores de serpientes”, opina.

Iñaki Rivera, director del Observatori del sistema penal i els drest humans de Catalunya, conoce bien este descrédito que ha llegado a materializarse hasta en amenazas. “Son organizaciones con un discurso sumamente reaccionario y autoritario que siempre ha combatido a las medidas de tratamiento penitenciario que no sean las de puro orden, control y disciplina”, introduce el también catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Barcelona (UB). Sobre las amenazas que profieren a las asociaciones de apoyo a los presos y sus familias, el catedrático de la UB recalca que denunció unas amenazas que terminaron en condena hacia un funcionario de prisiones que ejerce en Catalunya.

Estas entidades ligadas a la extrema derecha reclaman, en ocasiones de forma violenta, apunta Rivera, seguir aplicando las contenciones mecánicas, por ejemplo. Se trata de un protocolo cuya abolición está demandada desde hace dos décadas por instituciones internacionales como el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidad.

El director del Observatori también critica cómo los funcionarios de prisiones realizaron una “operación de cierto travestismo” y desembarcaron en UGT y CCOO. “Sindicatos honorables a nivel histórico han dado cobijo a estas secciones con plena autonomía que no consideraron suficientemente duras las reivindicaciones, por lo que se crearon MBP y TAMPM”, explica. La vinculación de estas organizaciones sindicales con demandas que también defiende la extrema derecha política “puede sorprender a quien no conozca el mundo de la cárcel, pero es tan solo la versión española de un sindicalismo penitenciario que cada vez quiere parecerse más al sistema estadounidense”, arguye Rivera.

La lucha por el relato oficial

Por su parte, Cristina Garés, coordinadora de Sirecovi, un Sistema de Registro y Comunicación para la protección de víctimas de Violencia Institucional, admite que no se puede generalizar con el funcionariado de prisiones. Según enfatiza, es un cuerpo que “se siente victimizado por la sociedad civil, que no les entiende y desde la que se les critica, y tampoco los cargos de la Administración les representan”.

Esta integrante de Sirecovi apuesta por tomar algunas medidas por parte de la Administración para, por ejemplo, poder llegar a dejar de realizar contenciones mecánicas a los reclusos. “No es solo una cuestión de los funcionarios, sino de los medios de los que disponen”. Aun así, Garés remarca sobre TAMPM y MBP que si tanto “intentan que no entremos en prisión, parece que quieren ocultar algo”.

Para Navarro, en definitiva, lo que se dirime en esta presuntuosa lucha sindical es que, “para cubrir las necesidades pseudolaborales de un colectivo, lo que se hace es machacar al que está por debajo; es una lucha por el relato oficial y, evidentemente, el que está más introducido en la sociedad es el que acaba ganando y escribiendo la historia”.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/extre...

Casi 15 años después de las mayores manifestaciones vividas en España, las instituciones públicas han olvidado la exigencia ciudadana por la paz. España sigue en la Guerra de Irak, se ha convertido en el 7º exportador mundial de armas y solo permite la objeción de conciencia contra el aborto, no para evitar participar en prácticas militaristas.

Público

Corren tiempos en los que la fuerza de una idea se mide por las personas que es capaz de sacar a la calle en manifestación. Representantes políticos de todo signo, ofreciendo cifras de asistencia en la mayoría de los casos exageradas, usan la voluntad de expresión de la ciudadanía para dotar de contundencia a su argumentario político. No obstante, llama la atención que todos ellos hayan olvidado que el consenso más sólido que han mostrado los españoles es su repulsa a la violencia. Si hubiera que elegir un adjetivo para España según sus manifestaciones, éste sería sin duda pacifista.

La ciudadanía española llegó a asombrar al mundo por ello en 2003. Cuando hasta 600 ciudades de todo el mundo se llenaron de protestas contra la inminente Guerra de Irak, España se convirtió en eje de la más visible repulsa internacional. "La política exterior de EEUU no la pueden marcar los manifestantes de Barcelona", llegó a afirmar George W. Bush, impulsor de aquel conflicto y creador de la teoría de las inexistentes armas de destrucción masiva con la inestimable colaboración de José María Aznar y Tony Blair.

Más de 1,3 millones de personas dijeron "No a la Guerra" en la ciudad condal, según la Guardia Urbana. Más de un millón en Madrid; medio millón en Valencia (donde la marcha tuvo que empezar una hora antes de lo previsto debido a la avalancha de gente, a la que seguía acudiendo gente tras su finalización); 300.000 en Zaragoza; 200.000 en Sevilla; misma suma que en las tres capitales de provincia del País Vasco. En total se superaron ampliamente los tres millones de manifestantes en todo el Estado.

Las concentraciones superaron cualquier cota de asistencia alcanzada hasta esa fecha: ni la capital la noche en la que Tejero secuestró el Congreso de los Diputados; ni la manifestación a favor del Estatut de Autonomía en Barcelona en 1977; ni la protesta contra el Plan Hidrológico Nacional de Zaragoza fueron mayores que el "No a la guerra". Solo el rechazo del terrorismo del ETA y al yihadismo han unido a los españoles en cotas similares. Y a pesar de ello, las instituciones han desoído el mandato ciudadano de aquel "No a la Guerra".

Casi tres lustros después, España sigue participando en la Guerra de Irak, fase dos: la del contraataque de Daesh. Lo hace con tropas, (profesionales de la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas adiestran a personal iraquí sobre el terreno) y con apoyo logístico y financiero. Unos fondos que podrían aumentar en 15 millones de euros, tal y como se filtró la misma mañana en la que Mariano Rajoy se reunió con Donald Trump, justo antes de la consulta del 1-O, consiguiendo que éste se pronunciara a favor de que "España siguiera unida" —aunque utilizando un lenguaje verbal y no verbal que transmitía ideas muy vagas sobre el país y su relación con Catalunya— Años después de Zapatero retirara las tropas, España sigue muy presente en Irak, pero en ese tiempo ha evolucionado en algo diferente.

Si en algo destaca el militarismo español de 2017 es en el papel de arsenal para cualquier país con dinero para pagar las armas que aquí se producen, cuyo I+D+i se paga con dinero público. Prueba de ello es el ínfimo porcentaje de denegación de solicitudes de exportación de armas que tiene la junta interministerial del Gobierno al cargo del asunto, la JIMDDU (siempre en torno al 1% anual). Este órgano tiene el deber de vetar los envíos a países en conflicto o donde se violen los derechos humanos, ya que violarían la propia ley española de comercio de armas.

A pesar de ello uno de los principales clientes de la industria de la muerte española es Arabia Saudí, acusada por Naciones Unidas y Unicef de provocar la mayor catástrofe humanitaria del mundo con sus bombardeos en Yemen, que han asesinado a 10.000 civiles, hiriendo a otros 50.000. El brote de cólera que asola el país es el más mortífero brote de cólera del que se tienen registros históricos, con 2.100 muertos y más de 750.000 infectados, según los datos de la propia ONU publicados en septiembre.
​Objeción de conciencia a la guerra, ilegal

La hipocresía política hizo tope en la comisión de Defensa del Congreso de los Diputados a finales de septiembre, cuando todos los grupos, incluido el PP, pidieron al Gobierno que aumentara los controles para asegurar que las armas que vende España no se utilizan contra la población ni en violaciones de los derechos humanos. En la misma sesión, PP, PSOE y Ciudadanos votaron en contra de un veto explícito a la venta de armas a Arabia Saudí, acusada de violar los derechos humanos sistemáticamente contra sus propios ciudadanos (al menos 66 personas han sido decapitadas en lo que va de 2017, según Amnistía Internacional) y de cometer crímenes de guerra en Yemen.

El tráfico de armas hacia la monarquía absolutista islámica tiene uno de sus focos en el puerto de Bilbao. Allí, en uno de los despliegues rutinarios de seguridad por la carga de material peligroso en el que participan retenes de seguridad de los bomberos, uno de ellos se plantó. "Por la numeración de los contenedores podían ser proyectiles con cabeza explosiva, detonadores… Armamento. Cuando pregunté a los responsables me dijeron que, efectivamente, había bombas y proyectiles". Inazio Robles, de 41 años y padre de dos hijos, comunicó a sus superiores que no custodiaría un envío de armas por motivos de conciencia, quedando a la espera de nuevas órdenes.

Los hechos ocurrieron en marzo. Seis meses después, el expediente que le abrió la Diputación de Bizkaia está a punto de cerrar su primera fase de investigación. Podría acarrearle hasta cuatros años de suspensión de empleo y sueldo. En su expediente, el instructor ha pedido la opinión de un constitucionalista sobre su caso. No obstante, su rechazo ideológico a la guerra no tiene cabida en la legislación española.

"La única que está constitucionalmente reconocida es la objeción de conciencia al servicio militar", explica a este medio Ana Valero, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla La Mancha. "¿Puede haber otras objeciones de conciencia? Sí, pero tienen que estar recogidas en una ley. Existirán mientras la ley las contemple. ¿Cuál se ha regulado? La objeción de conciencia en la práctica de abortos", ahonda Miguel Ángel Presno, catedrático en la misma materia y profesor de la Universidad de Oviedo. Es decir: La ley permite objetar a la práctica del aborto, pero no a colaborar con una guerra donde se cometen violaciones de derechos humanos. "Ha habido una carga política en la regulación del derecho, evidentemente", corrobora el docente.

"Yo diría que no tiene derecho a la objeción de conciencia. Puede negarse, pero no ejercer la objeción de conciencia bajo un amparo legal", afirma Presno sobre Inazio. "Sin duda es un tema complejo", reconoce Valero. "Sin embargo —continúa la profesora— el Derecho sancionador siempre ha de aplicarse proporcionalmente y, desde mi punto de vista, suspender sin empleo y sueldo a un padre de familia por un acto de estas características, sin duda llevado a cabo de conformidad con sus más íntimas convicciones, sería a todas luces desproporcionado".

Mordaza por señalar a los vendedores de armas

Si las instituciones públicas han olvidado el "No a la Guerra" y la legislación española no permite alegar objeción de conciencia a los ciudadanos para no colaborar con una guerra, ¿qué les ocurre a aquellos que recurren a la protesta no violenta para señalar la hipocresía del Estado en la venta de armas? Se enfrentan a la aplicación de la ley mordaza con toda su dureza.

Así les ha ocurrido a los 19 activistas antimilitaristas que protestaron el pasado mes de marzo frente al recinto ferial Ifema en la capital por acoger la feria de armamento Homsec. La platafoma Desarma Madrid, organizadora de la protesta junto a miembros de Alternativa Antimilitarista MOC, denunció que en ese evento se negocia por el armamento que terminará matando en Yemen, Siria, Libia, Palestina o Irak. Mientras un grupo de activistas desplegaba pancartas en la acera, otros seis (el número de ediciones de la feria) se arrojaba pintura por encima emulando la sangre de las víctimas de los conflictos que alimenta la industria española. Fueron todos detenidos.

Las multas llegaron hace menos de 10 días. 11.419 euros en total, 601 euros a cada activista por violación del artículo 36.6 del Código Penal, falta grave por "desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones". Se trata de una de las trampas antidisidencia introducidas en el ordenamiento jurídico con la reforma y uno de los artículos más aplicados de la ley mordaza. "Acusan de lo mismo a toda la gente que estaba allí, incluso a la gente que estaba en la acera. A otros les acusan de manchar de pintura a los agentes cuando fueron ellos los que se mancharon cuando les cogieron...", explica a Público uno de los activistas sancionados, de KEM-MOC Bilbao.

La Policía argumenta que los activistas obstaculizaron el tráfico e impidieron la entrada al recinto. "Harían falta miles de personas rodeando Ifema para eso, tiene varios accesos. El objetivo era la denuncia, no obstaculizar el acceso o el tráfico porque sabemos que eso no es posible. Solo queríamos denunciar que en esa feria se vendían armas para Arabia Saudí", niega el activista.

Fuente: https://www.publico.es/politica/gue...

Analista y exnegociador israelí, es uno de los firmantes de una carta dirigida a los gobiernos del mundo: “Si queremos que Israel y los israelíes se comporten de otro modo, hay que dejar de recompensarlos por acciones criminales”

Olga Rodríguez

Daniel Levy, analista británico e israelí, es uno de los impulsores de la carta suscrita esta semana por cientos de judíos del mundo, en la que señalan la “creciente evidencia de que las acciones de Israel serán juzgadas como genocidio” y piden a Naciones Unidas y “los líderes del mundo” que adopten sanciones contra Israel para poner fin a su impunidad. Para ello, exigen rendición de cuentas y el fin de la ocupación y del apartheid israelíes.

Entre los firmantes destacan nombres como la escritora canadiense Naomi Klein, el cineasta británico Jonathan Glazer –con un Óscar en 2024–, las ganadoras de un Emmy Ilana Glazer y Hannah Einbinder, el premio Pulitzer Benjamin Moser, el director de orquesta israelí Ilan Volkov, el cómico estadounidense Eric André, el novelista sudafricano Damon Galgut o el periodista y documentalista israelí, ganador de un Óscar, Yuval Abraham.

Daniel Levy fue negociador israelí en el proceso de los Acuerdos de Oslo 2 en los años noventa y en la Cumbre de Taba de 2001. En una entrevista telefónica con elDiario.es, desde su residencia habitual en Londres, reitera la importancia de la presión internacional para que el alto el fuego se mantenga.

¿Cómo surgió esta carta?

Sabemos que la comunidad judía tiene diferentes voces y opiniones, también respecto a Israel. En los dos últimos años Israel impulsó su campaña destructiva que ha llevado a lo que cada vez está más claro que será reconocido como un genocidio, como decimos en la carta. Israel hizo esto en nombre de los judíos, en nuestro nombre, dando a entender que, de algún modo, quizá el Holocausto justificaba esto.

Hemos visto en todo el mundo a personas judías participando en las protestas y diciendo, cada vez con más fuerza, 'no en mi nombre': “No, eso no es lo que somos, no vamos a seguir callados”. Hemos querido reunir nuestras voces, con la voluntad de llegar a nuevas audiencias de forma global, dejando claro qué es exactamente lo que reclamamos.

Esta carta llega poco después del alto el fuego enmarcado en el plan Trump.

Ya hablábamos de ello antes del alto el fuego, pero ahora se convierte en algo de extrema importancia, porque si volvemos a lo que se llama normalidad, todo se repetirá, volverá a suceder. Este alto el fuego es frágil, ha llegado después de crímenes terribles, y tiene que haber rendición de cuentas si realmente queremos un mañana mejor y una posibilidad de paz.

Trump tiene la mayor influencia sobre Israel, pero lo que llevó a este frágil alto el fuego fue la presión internacional, la presión pública. La gente salió a las calles en muchos lugares, en sitios como España, para decir que no es normal que Israel haga lo que hace y siga participando en el deporte internacional, ya sea ciclismo o cualquier otro.

Este es el momento de pedir, por el bien de todos, que se mantenga la presión, y de hacer una declaración muy clara sobre los valores judíos, sobre lo que hemos aprendido de la historia judía: que esto no se hace en nuestro nombre. Por eso pedimos sanciones.

Ha mencionado en un artículo esta semana las violaciones del alto el fuego por Israel. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora para que esta vez sea diferente a las anteriores?

Una cosa es el alto el fuego, y otra, la paz. El alto el fuego significa la ausencia de un tipo particular de ataques agresivos en Gaza. También implica la puesta en libertad de los rehenes israelíes que quedaban en cautiverio y de prisioneros palestinos, muchos de ellos detenidos sin cargos ni juicio, o juzgados por tribunales militares de una potencia de ocupación ilegal.

Pero seguimos en un estado de guerra: Israel todavía ocupa ilegalmente todo el territorio palestino, incluyendo la ocupación directa, con tropas, de más de la mitad de Gaza, y de toda Cisjordania y Jerusalén Este. Israel sigue en guerra con el pueblo palestino todos los días, tanto en Cisjordania como en Gaza. Esto no es un plan de paz. Fue un plan para conseguir un alto el fuego.

Cuando el presidente de Estados Unidos dice: “He terminado con esto, lo logré; llegué y lo hice”, eso es pura ficción. Cisjordania ni siquiera aparece en el plan. No se dice nada sobre poner fin a la ocupación, la palabra “ocupación” no es mencionada ni una vez, tampoco el derecho internacional o la rendición de cuentas.

¿Qué debería contener un plan de paz, en su opinión?

Primero se tienen que dar las garantías para mantener el alto el fuego. Si no hay presión, sin un enfoque de armisticio para la gobernanza—uno que no sea una estructura colonial, sino que pertenezca a los palestinos— no será posible. No se puede esperar que los movimientos de resistencia se desarmen mientras continúe una ocupación ilegal.

Así que, primero hay que tomarse en serio los términos del alto el fuego. Y después, hay que crear las condiciones para que exista una posibilidad real de paz. Esas condiciones deben incluir un punto central: el fin de la impunidad. Mientras Israel goce de impunidad, continuará con la ocupación y con los asesinatos. No creo que las sanciones lo resuelvan todo, pero si queremos que Israel y los israelíes se comporten de otra manera, hay que dejar de recompensarlos por actividades criminales.

Durante décadas, Israel ha mantenido un régimen de ocupación y apartheid, y, sin embargo, sus relaciones comerciales han mejorado, el comercio de armas ha aumentado, y su participación en todo tipo de torneos internacionales se ha incrementado.

Cuando se les dice: “Esto es ilegal, no ayuda a la paz, es profundamente desestabilizador y radicalizante”, los israelíes no lo creen, y no lo creerán mientras el mundo siga tratándolo como algo normal. Hay que actuar en la política, en el comercio y en las relaciones diplomáticas, dejar de normalizarlas, así es como cambiará Israel.

Como acaba de mencionar, antes del alto el fuego estábamos viendo que la presión social internacional iba en aumento. Vimos a la Unión Europea, Eurovisión y otros decir que estaban considerando sanciones. Ahora todo eso se ha detenido. ¿Qué papel podría desempeñar la movilización continua?

El papel más importante. Todas esas cosas que usted mencionó marcarían una gran diferencia. Son medidas que la mayoría de los gobiernos nunca quisieron tomar. Y ahora van a mirar hacia otro lado y no adoptarán medidas.

En este momento la mayoría de los gobiernos son cómplices de acciones ilegales y, a veces, de crímenes de guerra y crímenes de atrocidad masiva. Tenemos el fallo de la Corte Internacional de Justicia. O creemos en el derecho internacional o no.

Por tanto, si queremos cumplir con el derecho internacional —pero también si queremos cambiar la dinámica, si no queremos volver simplemente a la ocupación, al apartheid, a la destrucción y al desplazamiento en Cisjordania— si realmente queremos cambiar la estructura de incentivos para Israel y para los israelíes, si queremos tener un impacto que genere paz, entonces tenemos que defender esas medidas y decir que siguen siendo relevantes. Los crímenes siguen cometiéndose.

¿Qué tipo de presión propone?

Presión pública. Los gobiernos —la mayoría de gobiernos, insisto en “la mayoría” porque no son todos— seguirán violando las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia, etc. Así que hará falta presión pública para que los gobiernos rindan cuentas. Es posible que la gente pregunte qué significa que sus gobiernos envíen ayuda a Gaza, por qué no hacen más, por qué los envíos de ayuda a Gaza siguen pasando antes por Israel, por qué Israel sigue decidiendo qué entra y qué sale.

La movilización necesaria para generar reacción es aquella que afecta al comercio, al turismo, a las alianzas y la participación de Israel en Europa.

¿Debemos nosotros, como europeos, pensar que está bien que israelíes viajen sin visado aunque puedan haber estado implicados en crímenes de guerra o en incitar al genocidio? Por lo menos deberían firmar una declaración asegurando que no estuvieron involucrados. Es lo correcto, es lo que pide el derecho internacional y es lo que puede cambiar el cálculo de los israelíes, para que se pregunten si vale la pena.

Las relaciones bilaterales con el país que comete esos crímenes son muy fuertes. ¿Por qué creamos este excepcionalismo alrededor de Israel?

Con ese tipo de presión y de medidas, la estructura de incentivos, el cálculo coste-beneficio, cambiará en Israel. Cuando se cometen crímenes de guerra debe haber rendición de cuentas. Si no hay rendición de cuentas, la señal que se manda a todo el mundo es luz verde: “adelante, priva de alimento a la gente, bombardea”.

Hay crímenes que ocurren en otras partes del mundo, pero este es un lugar en el que las relaciones bilaterales con el país que comete esos crímenes son muy fuertes. ¿Por qué creamos este excepcionalismo alrededor de Israel? Esto es lo que nos obliga a poner el foco y no apartar la atención.

La sociedad israelí se ha ido radicalizando cada vez más porque el mensaje que le llega desde fuera es que puede hacer lo que quiera, que no hay reglas para Israel, que gozará de impunidad. El consentimiento social para el genocidio ha sido fabricado, y no desaparecerá si no hay una reconstrucción activa en sentido contrario. Es decir, si no se eliminan esos incentivos ante los crímenes.

Israel ocupa militarmente más de la mitad de Gaza y traza la llamada línea amarilla, con la que divide la Franja para afianzar esa ocupación de territorio. ¿Qué consecuencias tiene esto?

Esa línea amarilla forma parte de los graves problemas y defectos estructurales de este acuerdo de alto el fuego. El pacto detuvo la matanza y destrucción masiva diarias, pero no plantea cuestiones que deben ser abordadas ya, y autoriza a Israel a crear una “línea amarilla” que, según su propio criterio, puede convertirse en permanente.

Esa línea no está señalizada en el terreno, ahora Israel está pintando algunos lugares de color amarillo en la Franja; en varias áreas esa frontera imaginaria pasa por el medio de ciudades y barrios. Un palestino puede tener su casa destruida en un lado de la línea, cruzarla sin darse cuenta y ser abatido a tiros, como ya ha ocurrido. Será una nueva frontera de ocupación militar total.

Además, las zonas controladas por Israel se utilizarán para desestabilizar el resto de Gaza. Israel está armando y financiando bandas, matones, milicias y pandillas para provocar el caos. Estas bandas son un diseño israelí, creadas para fomentar una guerra civil.

Israel busca impedir una autoridad que los palestinos puedan aceptar. Se está hablando ya incluso de que las zonas controladas por Israel tengan acceso a materiales de reconstrucción y otros bienes y servicios que los palestinos necesitan, pero que serían prohibidos en las zonas no controladas por Israel. Sería una especie de estructura de incentivos perversa.

Es muy poco probable que funcione, porque los palestinos —después de lo que Israel les ha hecho— difícilmente querrán estar en una zona controlada por Israel.

La sociedad israelí se ha radicalizado más porque el mensaje que le llega desde fuera es que puede hacer lo que quiera; el consentimiento social para el genocidio no desaparecerá si no se eliminan esos incentivos ante los crímenes.

En su plan de 2020, Trump apoyaba la anexión de al menos una parte de Cisjordania.
Ahora él y su equipo dicen que no apoyarán la anexión. Hablan de una anexión oficial, pero en la práctica ya existe una anexión de facto de, al menos, parte de Cisjordania.

La mayoría de los partidos llamados “de oposición” —los que son anti-Bibi (Netanyahu), pero no pro-paz— votaron en favor de la anexión esta semana en el Parlamento israelí. Esa votación es una distracción respecto de lo que realmente está ocurriendo sobre el terreno. Hay un juego de apariencias.

Al votar sí o no a la anexión parece que no hay anexión real, que no pasa nada en Cisjordania. En realidad, lo que se está haciendo en Cisjordania va incluso más allá de una anexión formal: confiscación de tierras, destrucción de infraestructuras, desplazamiento de palestinos en campos de refugiados, y todo esto a una escala mayor que en cualquier momento desde 1967.

Se siguen construyendo asentamientos, ampliando infraestructuras que sirven a judíos israelíes pero no a palestinos. En otras palabras, hay un sistema de apartheid, con separación y desigualdad, donde los palestinos son confinados en enclaves cada vez más pequeños, en bantustanes. El hecho de que no haya una anexión formal no significa que no haya una anexión de facto en marcha.

Y creo que, una vez más, muchos gobiernos europeos intentarán decir cómodamente:
“Bueno, si Israel se anexiona territorio, entonces haremos X, Y o Z”. Con ello no están siendo valientes, ni están haciendo lo correcto, ni están ayudando a la paz, ni siquiera a la idea de dos Estados. Lo que están diciendo, en realidad, es: “Israel, puedes hacer lo que quieras, siempre que no hagas esa sola cosa”. Y esa sola cosa es solo una entre muchas otras.

Fuente: https://www.eldiario.es/internacion...

Contra el rearme en Europa y la complicidad con el genocidio en Gaza, se realizan diversas acciones en todo el estado, ante las plantas de fabricación de armas del grupo multinacional Rheinmetall, ante la evidencia de la venta de armas de Rheinmetall a Israel y el creciente ambiente de militarización y aumento de la inversión en armamento de Europa.

El sábado 25 de Octubre, activistas contra el rearme han realizado una protesta performativa delante de la fábrica de Rheinmetall en Javali Viejo con los mensajes: Rheinmetall Fábrica de Muerte, Desarme Por la Paz y Los Pueblos Queremos Paz.

La portavoz explica que es un acto contra el Plan de REARME europeo, la industria armamentística y su complicidad en el genocidio de Gaza, la guerra en Yemen, en Siria y los hasta 56 conflictos activos en este momento. “Denunciamos la deshumanización del genocidio y de la guerra, la normalización del rearme como respuesta institucional y empresarial. No podemos permitir que sigan financiando esta maquinaria de muerte.
Queremos el #DesarmePorLaPaz”, declara la portavoz.

LA GUERRA empieza aquí, y aquí hay que pararla! es un lema de la movilización a nivel estatal que se está realizando simultáneamente en las plantas que la multinacional alemana Rheinmetall, tiene en Murcia y en Madrid, Asturies, Burgos y Cáceres. Juntxs expresamos nuestra repulsa a este inhumano negocio.

Participan además los grupos Extremadura por Palestina que ha convocado la 2ª manifestación hasta la fábrica, comida comunitaria y asamblea; El Colectivo Burgos con las personas refugiadas y Ongietorri de Euskadi, se concentran en la Subdelegación del Gobierno y realizan una “Marcha en bici contra las armas” hasta la factoría, pedaleando juntos contra las armas y el genocidio. En Asturias, la Plataforma Asturies pola paz, anuncia movilizaciones contra la empresa preparándose para los próximos días.

Desde el año 2023 que Rheinmetall adquirió la empresa española EXPAL, principal productora de munición y fabrica de bombas, granadas, proyectiles de artillería y componentes de misiles, se ha consolidado la presencia de la industria armamentística en el territorio español. Y lo hace con un gran coste de vidas humanas.

Con esta acción, las activistas, han querido visibilizar que:

– España se ha consolidado como el 8º mayor exportador de armamento del mundo desde 2013 y es en gran parte por sus vínculos comerciales con regímenes autoritarios como Arabia Saudí, que emplea, entre otros, este armamento español en sus ataques a Yemen.

– Israel también es un cliente habitual (por un total de 50M€ en 2023), antes y después del asalto militar de octubre a Gaza. Y a pesar del EMBARGO aprobado por el RDL 10/2025, las ventas se siguen realizando, ya que la ley no afecta a los contratos previos y tampoco se han revocado los 46 contratos hechos con empresas israelíes por valor de 1.000M de € después de octubre.

Estamos viviendo una clara escalada global de la militarización. Se ha disparado una nueva carrera armamentística, la mayor desde la Guerra Fría, aumentando un 9,4% el gasto total respecto al de 2023. En la UE, se ha aumentado un 17,4% este año dilapidando 343.000M de € y se planea elevar el criminal derroche hasta 800.000M€, lo que supondría un 5% del PIB para fines militares.

Mark Rutte, secretario general de la OTAN, ha declarado: “Europa se debe rearmar y sacrificar su estado del bienestar”.

Este crecimiento disparado del gasto militar, aumenta alarmantemente la deuda pública en un 100% y va en detrimento de políticas sociales tan necesarias como vivienda, sanidad, educación, etc. y la prevención de problemas asociados a las multicrisis sistémicas que enfrentamos, y que las armas y las guerras agudizan.

¿Y cuánto nos cuesta el gasto militar en casa? En 2025 el gasto real español superará los 40.457M de €, casi el 2,5 del PIB. España no está dejándose llevar por la corriente; es un actor esencial del rearme y de la construcción del clima bélico, no sólo fuera, sino también en nuestro territorio se ha aumentado el militarismo contra el “enemigo interno”. “El Gobierno ha decidido dejar de lado las urgencias de la Tierra, de todos sus habitantes humanos y no humanos. En lugar de apostar por los cuidados, el diálogo y la diplomacia, apuestan por el Rearme, el saqueo y la destrucción. Están financiando una maquinaria de muerte que no va a detenerse si no lo exigimos juntas. No aceptamos que el dinero de nuestros hospitales públicos, nuestras escuelas y nuestras Universidades públicas, atención a la pobreza, lucha contra la crisis climática, la violencia machista, el racismo y de protección frente a emergencias (hoy hace dos semanas que algun@s vecin@s del Mar Menor no tienen agua potable) se asigne a la compra de tanques, fusiles y misiles. Las manifestaciones que vendrán, las acciones colectivas y las resistencias populares serán fundamentales para frenar esta narrativa de deshumanización y rearme. Entre todas y todos construiremos un relato alternativo, profundamente humano, que se niegue a aceptar la lógica del genocidio, la guerra y el negocio de las armas. Queremos y necesitamos recuperar el poder colectivo y reconstruir un mundo donde la vida sea el centro. Organización popular para poner freno a este capitaloceno sin futuro y por el DERECHO A LA ESPERANZA!” declara la portavoz.

L@s manifestantes exigen:

• El cese inmediato de la producción y exportación de armamento destinado a alimentar guerras y ocupaciones. #ContraElRearme

• Políticas activas de paz, justicia y reparación para los pueblos víctimas de agresión militar. #DesarmePorLaPaz

• La ruptura de todo vínculo institucional, diplomático, comercial y tecnológico con el Estado de Israel hasta que se cumpla el derecho internacional y se ponga fin al genocidio en Palestina. #JusticiayPazMundial

Fuente: https://el-latido.com/2025/10/26/pr...

Cómo una empresa china ganó la guerra que le declaró Estados Unidos

Autor: Felix Abt

Durante décadas, Estados Unidos defendió el libre mercado y la competencia leal, hasta que dejó de tener la ventaja. Hoy en día, oligarcas como Peter Thiel, figura clave en el aparato de seguridad estadounidense y fundador de Palantir, el gigante de la vigilancia y la elaboración de perfiles financiado con dinero de los contribuyentes y creado con el respaldo de la CIA, afirman que la competencia es «mala para los negocios».

En el mundo de Thiel, el monopolio no solo es aceptable, sino que es el verdadero motor de la innovación y los beneficios, lo que da un giro radical al ideal estadounidense de mercados abiertos. En realidad, el «compromiso» de Washington con el libre mercado siempre ha sido de boquilla. Estados Unidos ha intentado constantemente aplastar a los competidores superiores de sus grandes empresas. La guerra económica no es nada nuevo.

Tomemos como ejemplo a Toshiba: según un artículo de agosto de 1992 de Los Angeles Times, era el principal fabricante de chips de Japón en la década de 1980, con un 80 % del mercado mundial de memorias dinámicas de acceso aleatorio (DRAM) en 1987. Al igual que Huawei hoy en día, Toshiba se convirtió en objetivo de Estados Unidos bajo la bandera de la «seguridad nacional».

Después de que Toshiba y una empresa noruega vendieran máquinas fresadoras avanzadas a la Unión Soviética en 1986, al igual que habían hecho otras empresas europeas, Washington se abalanzó sobre ellas. Impuso una prohibición general de dos a cinco años a todos los productos de Toshiba, alegando una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Este golpe allanó el camino para los fabricantes de chips estadounidenses, mientras que otras empresas extranjeras que vendían equipos similares a la URSS salieron indemnes.

O pensemos en Alstom, que en su día fue aclamada como la «joya de la industria francesa». Líder mundial en tecnología energética y de transporte, compitió directamente con el gigante estadounidense General Electric a principios de la década de 2010. Entonces llegó la jugada de Washington: en 2013, el ejecutivo de Alstom Frédéric Pierucci —autor de The American Trap: My Battle to Expose America's Secret Economic War Against the Rest of the World (La trampa estadounidense: mi batalla para desenmascarar la guerra económica secreta de Estados Unidos contra el resto del mundo) https://www.youtube.com/watch?v=svV... — fue detenido en un aeropuerto de Nueva York por unos controvertidos cargos de soborno relacionados con un contrato en Indonesia. Pierucci explicó que le ofrecieron una elección draconiana: declararse culpable y salir en libertad en unos meses, o arriesgarse a pasar 125 años en prisión. Varios ejecutivos de Alstom también fueron detenidos, y los tribunales estadounidenses impusieron una multa de 772 millones de dólares. Ante esta forma de coacción y la implacable presión legal, Alstom se vio obligada en 2014 a vender sus divisiones principales de energía y redes eléctricas a General Electric, lo que supuso el desmantelamiento efectivo de un importante competidor europeo.

El patrón se repite en otros lugares. Bajo la enorme presión de Estados Unidos, Suiza se vio obligada a abolir el secreto bancario y sus cuentas numeradas anónimas, que durante mucho tiempo habían sido la piedra angular de su industria financiera. Mientras tanto, los estados de Estados Unidos mantuvieron discretamente su propio sistema de sociedades ficticias anónimas, convirtiendo a Estados Unidos en el mayor refugio del mundo para el blanqueo de capitales y la evasión fiscal. Se convirtió en el refugio preferido de los cárteles de la droga latinoamericanos para guardar de forma segura sus ganancias ilícitas.

Los centros financieros extraterritoriales de Panamá, Singapur y el Caribe se vieron sacudidos por filtraciones y escándalos, pero nunca las instituciones estadounidenses. No fue una casualidad: la NSA y otras agencias de espionaje estadounidenses se centran en los bancos extranjeros, no en los estadounidenses.

Estados Unidos perforó el secreto bancario suizo como si fuera un queso suizo, mientras fortificaba sus propias instituciones financieras para convertirlas en fortalezas impenetrables. [Fuente: bbc.com]

Ya sea Toshiba, Alstom o la banca suiza, la historia es la misma: Washington utiliza la «ley», la «seguridad» y la «ética» como armas para eliminar a sus rivales y luego adopta las mismas prácticas que condena en el extranjero. Pero Huawei —y, por extensión, China— es un objetivo diferente. A diferencia de Japón, Francia o Suiza, China no puede ser fácilmente coaccionada para que se someta. Por el contrario, es mucho más probable que la campaña de Estados Unidos contra Huawei resulte contraproducente y se convierta en una derrota decisiva para los agresores occidentales, como se verá en el resto de este artículo.

El campo de batalla económico: cómo Estados Unidos apuntó a Huawei

Antes del 29 de agosto de 2023, el mundo había sido testigo de una lucha casi cinematográfica: Estados Unidos, la nación más poderosa del planeta, librando una guerra económica contra una sola empresa privada. Huawei, un titán mundial de las telecomunicaciones en ascenso, se enfrentó a sanciones devastadoras, bloqueos paralizantes de la cadena de suministro, batallas legales implacables y la sonada detención de la directora financiera Meng Wanzhou en Canadá por acusaciones en gran parte infundadas. Se presionó a países de todo el mundo para que prohibieran a Huawei acceder a las redes 5G, y la empresa fue calificada oficialmente como «amenaza para la seguridad nacional». Para los observadores externos, Huawei parecía estar al borde del abismo.

Entonces llegó el 29 de agosto de 2023. De forma discreta y sin fanfarria, Huawei incluyó el Mate 60 Pro en su página web. Al principio, los expertos en tecnología se quedaron perplejos, luego sorprendidos y, finalmente, incrédulos. Dentro de este elegante smartphone se encontraba el Kirin 9000S, un sistema en chip de 7 nanómetros con capacidad 5G completa. Para los ajenos al sector, no era más que un chip. Para quienes seguían la rivalidad tecnológica entre Estados Unidos y China, era toda una declaración: Huawei no solo había sobrevivido, sino que había contraatacado. El Mate 60 Pro vendió más de 14 millones de unidades en China, combinando el triunfo tecnológico con el orgullo patriótico.

Renacer de sus cenizas: el viaje de Huawei hacia el liderazgo nacional

La guerra económica contra Huawei y otras empresas chinas ha alimentado una ola de consumo patriótico en toda China. Muchos consumidores están dejando de lado los productos occidentales en favor de las marcas nacionales, apoyando la innovación local, impulsando las industrias autóctonas y reforzando el impulso de China hacia la autosuficiencia tecnológica.

El ingeniero implacable: de la pobreza a la cima de Huawei

Ren Zhengfei, fundador de Huawei, no era un director ejecutivo cualquiera. Nacido en 1944 en la pobre zona rural de Guizhou, creció en una familia que se enfrentaba a graves dificultades económicas. Su juventud estuvo marcada por la Revolución Cultural, el encarcelamiento de su padre y largos períodos de adversidad. Estas dificultades moldearon su filosofía de chī kǔ, «comer amargura», una mentalidad que más tarde definiría la cultura corporativa de Huawei.

Tras años como ingeniero en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército Popular de Liberación, Ren se encontró entre los muchos oficiales que se vieron obligados a pasar a la vida civil cuando las reformas radicales de Deng Xiaoping en la década de 1980 redujeron el tamaño del ejército para redirigir los recursos hacia el crecimiento económico. Al carecer de otras oportunidades profesionales, se dedicó a los negocios como forma de aprovechar sus conocimientos técnicos y ganarse la vida.

En 1987, con solo 21 000 yuanes (unos 5000 dólares), Ren se trasladó a Shenzhen y fundó Huawei. Al principio, la empresa funcionaba como un pequeño distribuidor de conmutadores PBX, pero pronto adoptó la ingeniería inversa y la autosuficiencia. En 1993, Huawei había desarrollado con éxito su primer conmutador digital de producción nacional, lo que indicaba que la supervivencia —y, en última instancia, el éxito— dependía de la independencia tecnológica.

Contexto: de las economías planificadas al poder del mercado

Hace cincuenta años, la actividad económica en China y la URSS estaba dictada por planificadores centrales. Hoy en día, China es el primer exportador mundial y está profundamente arraigada en el capitalismo de mercado global.

Pero, ¿qué significa realmente el «socialismo con características chinas»?

En The New China Playbook: Beyond Socialism and Capitalism, el profesor Keyu Jin, economista chino formado en Harvard, describe una «economía de alcaldes locales», en la que los funcionarios compiten por fomentar las empresas privadas que se alinean con los objetivos del Partido Comunista. Cada plan quinquenal establece prioridades —crecimiento del PIB, protección del medio ambiente, desarrollo de vehículos eléctricos, etc.— y se evalúa el rendimiento de los funcionarios, recompensando a los que obtienen mejores resultados con ascensos.

Si bien el Partido establece la estrategia nacional, la ejecución depende de una interacción dinámica entre las empresas privadas, las empresas estatales y los funcionarios locales, todos ellos compitiendo por alcanzar objetivos ambiciosos. Esta competencia ha convertido a la economía china en uno de los escenarios más dinámicos del mundo, impulsando una innovación y unos avances tecnológicos incesantes, al tiempo que se busca reducir las diferencias de riqueza y avanzar hacia el objetivo de la «prosperidad compartida» (共同富裕, gòngtóng fùyù).

Y, a diferencia de las plutocracias de estilo occidental dominadas por oligarcas, China funciona como una meritocracia, un tema que exploro en mi artículo Cuando la China imperial tenía un primer ministro vietnamita. When Imperial China Had a Vietnamese Prime Minister: The Surprising Origins of Meritocracy—And Why It Outperforms the West More Than Ever

De la cultura del lobo al dominio mundial

La «cultura del lobo» de Ren, inspirada en el ejército, impulsó el auge mundial de Huawei. En lugar de enfrentarse directamente a los gigantes occidentales, la empresa conquistó mercados desatendidos en África, América Latina y Rusia con precios agresivos, financiación flexible y un servicio excepcional.

A mediados de la década de 2000, Huawei se había asociado con 31 de los 50 principales operadores de telecomunicaciones del mundo. A continuación, la empresa se expandió al sector de la electrónica de consumo, lanzando las series Ascend, Mate y P, junto con sus chips Kirin de fabricación propia. En 2018, Huawei había superado a Apple en China y estaba desafiando a Samsung a nivel mundial, lo que provocó un intenso escrutinio y sanciones por parte de Estados Unidos.

En el metro, se puede ver a niños y madres chinos llevando relojes inteligentes, una señal de lo rápido que Huawei ha alcanzado y superado a Apple como líder del mercado. Más allá de los relojes inteligentes, Huawei también tiene ventaja en las gafas inteligentes, mientras que Apple aún no ha lanzado ninguna.

Proyecto «Eliminar a Estados Unidos»: el camino hacia la supervivencia

Con las ventas internacionales de teléfonos inteligentes paralizadas, Huawei puso en marcha una audaz estrategia denominada internamente «Proyecto Eliminar a Estados Unidos», que consistía en eliminar sistemáticamente la tecnología estadounidense de su ecosistema. HarmonyOS sustituyó a Android, Huawei Mobile Services sustituyó a las aplicaciones de Google y se aceleró la producción nacional de chips. El Mate 60 Pro y el Kirin 9000S se convirtieron en los símbolos definitivos de este regreso, un gesto de desafío tecnológico al bloqueo estadounidense.

Más allá de los teléfonos inteligentes

Las ambiciones de Huawei van mucho más allá de los teléfonos. Sus servicios en la nube rivalizan con los líderes mundiales, sus chips de IA y sus modelos de lenguaje de gran tamaño impulsan la innovación de próxima generación, y sus soluciones automovilísticas inteligentes alimentan los vehículos inteligentes de empresas como SERES y Chery. Sus soluciones de IoT y automatización industrial modernizan los puertos y las infraestructuras críticas. Huawei es más que una empresa de teléfonos inteligentes: es una potencia tecnológica diversificada que está transformando industrias enteras y convirtiendo la coacción occidental en un catalizador de la innovación.

En sus tiendas, Huawei ahora exhibe teléfonos inteligentes, dispositivos portátiles y automóviles nuevos equipados con tecnologías inteligentes, desde funciones avanzadas de infoentretenimiento y conectividad hasta soluciones de conducción autónoma, lo que destaca su expansión más allá de la electrónica de consumo hacia la automoción.

Huawei también ofrece un conjunto completo de servicios en la nube, que incluyen computación con IA, almacenamiento de datos, ciberseguridad y soluciones empresariales, respaldados por un ecosistema completo que abarca infraestructura de telecomunicaciones, chips personalizados, plataformas de borde a nube e innovación en IA.

El coste del regreso

El resurgimiento tuvo un precio. En 2024, los ingresos alcanzaron los 120 000 millones de dólares, pero el beneficio neto cayó un 28 %. La I+D consumió más del 20 % de los ingresos y el 67 % de las operaciones se concentraron en China, lo que dejó a la empresa expuesta a las fluctuaciones nacionales. Las brechas tecnológicas persisten —los chips de 7 nm de SMIC están por detrás de los procesos de 3 nm y 2 nm de TSMC—, pero los ingenieros, la innovación y la fuerza de voluntad de Huawei sugieren que nos esperan más sorpresas.

Oculto tras los árboles, pero no tras sus competidores, el centro de I+D de Huawei en Shenzhen es un importante centro de innovación que alberga a miles de ingenieros y científicos que trabajan en 5G, IA, semiconductores y tecnologías en la nube. A pesar de las sanciones globales y los bloqueos de la cadena de suministro, o quizás precisamente por ellos, Huawei sigue invirtiendo fuertemente en I+D —más de 20 000 millones de dólares al año—, lo que le permite seguir siendo competitiva con los gigantes tecnológicos occidentales y, en varios ámbitos, incluso superarlos.

Persisten los obstáculos geopolíticos y de reputación. Las investigaciones europeas, incluida la investigación de Bruselas de 2025, y la exclusión de Huawei de las asociaciones industriales ponen de relieve la continua presión occidental. Sin embargo, Huawei ha recuperado el mercado chino y avanza con paso firme en los mercados del futuro, donde reside la mayoría mundial, en lugar de en el Occidente en declive.

El desafío de Huawei: innovación, soberanía y la caída del dominio occidental

Estados Unidos, una nación con menos de tres siglos de antigüedad y superpotencia mundial solo desde el final de la Segunda Guerra Mundial, se enfrenta a China, una civilización con cinco mil años de historia y una potencia económica dominante durante gran parte de los últimos dos milenios, que desempeñó un papel clave como proveedor del Imperio Romano mucho antes del nacimiento de Cristo. En este contexto, el auge de Huawei es nada menos que legendario.

Huawei, una empresa privada sometida al implacable ataque del Estado más poderoso del mundo, ha desafiado las expectativas con una innovación audaz y atrevida. El Mate 60 Pro y el Kirin 9000S son más que dispositivos: son símbolos de resistencia, ingenio y desafío inquebrantable. Cada avance en múltiples tecnologías consolida la posición de Huawei como una fuerza global que Occidente ya no puede ignorar.

El mensaje es inequívoco: China ya no tolerará el acoso ni la humillación. Está reafirmando su poderío tecnológico y su soberanía, y enviando una severa advertencia de que subestimarla tiene un alto precio.

Más allá de Huawei, la amplia, próspera y rápidamente creciente clase media china, la más grande del mundo, contrasta fuertemente con la clase media estadounidense, cada vez más reducida y endeudada. Esta realidad demográfica y económica posiciona a las empresas chinas, y a las empresas de todo el Sur Global, para dominar la próxima era de los mercados globales, incluso mientras las corporaciones occidentales luchan contra el estancamiento y el declive.

A pesar del aumento del gasto en vivienda, electrónica, viajes y artículos de lujo, la clase media china sigue manteniendo altas tasas de ahorro, especialmente en comparación con sus homólogos occidentales.

La trayectoria de Huawei es una llamada de atención: el equilibrio del poder tecnológico y económico está cambiando, el dominio occidental se está tambaleando y los esfuerzos por contener a China solo han acelerado su propio declive.

Publicado en: How a Private Company Won the War Waged on It by the Mightiest State: Huawei's Secret Comeback Revealed

Fuente: https://rafaelpoch.com/2025/10/25/l...

Renán Vega Cantor

A pesar de todas las declaraciones altisonantes sobre el Derecho Internacional, los DDHH, la defensa de la libertad y mil pamplinas por el estilo, en las últimas décadas Israel y EEUU han implantado a la brava un "nuevo derecho": el derecho al asesinato. Eso en realidad forma parte del ADN de estos dos estados canallas y criminales, desde su misma conformación histórica, porque EEUU se erigió sobre el genocidio de los pueblos nativos de Norteamérica e Israel es resultado de la limpieza étnica y el genocidio de los habitantes ancestrales de Palestina. Lo nuevo radica en que ahora no lo disimulan, sino que alardean de su carácter de asesinos.

EEUU ha impuesto, después del fin de la II Guerra Mundial un pretendido orden basado en normas, las suyas, pero que las deben cumplir los demás, menos ellos mismos, Israel y la Unión Europea. Dicho orden ya había establecido el derecho de asesinar por parte de los países mencionados. El gansterismo en los asuntos internacionales, que incluye el asesinato de los enemigos del "nuevo orden mundial", se justificaba con diversas argucias, pero nunca se admitía en público el tal derecho a asesinar.

En los últimos años las cosas han cambiado tanto que ya no se oculta ni por parte de EEUU ni de Israel que ellos gozan del privilegio que les confiere su fuerza armada de asesinar a todos los que consideran enemigos o adversarios. El derecho internacional de índole liberal que EEUU impuso hace 80 años fue demolido por ellos mismos y hemos entrado en el nuevo orden del capital, en donde el asesinato cotidiano es una de sus pautas distintivas. En esa ley del Lejano Oeste, Israel y EEUU marchan a la cabeza del asesinato y la impunidad.

1

El régimen israelí, que lleva la voz cantante en materia de asesinatos, goza de patente de corso, concedida por el Occidente Imperial. La impunidad ronda sus acciones, sin que nadie ni nada lo detenga.

Asesina en los territorios ocupados y fuera de ellos. En Gaza y Cisjordania se lleva a cabo el asesinato sistemático de sus habitantes, incluyendo niños. Con saña genocida se bombardea en forma inmisericorde viviendas, escuelas, hospitales y de sus acciones criminales se enorgullecen los altos mandos civiles y militares del Estado sionista y la mayor parte de los habitantes de Israel se deleita con los crímenes.

Fuera de Palestina, Israel asesina a diestra y siniestra. Para ello utiliza al Mosad, una fábrica de asesinos, y a los bombarderos que lanzan toneladas de explosivos sobre seres humanos. En los últimos meses, Israel ha masacrado a altos dirigentes civiles, militares, religiosos, a científicos, artistas, deportistas de Gaza y Cisjordania. Y esas prácticas asesinas las ha trasladado fuera de sus fronteras, puesto que ha matado a altos dignatarios en el Líbano, Yemén, Irán, Siria, Qatar... Israel es un asesino transnacional, para el cual no existen fronteras, ya que proclama que donde se encuentren los "terroristas de HAMAS" (Movimiento de Resistencia Islámica, por sus siglas en árabe) o sus cómplices procederá a actuar, esto es, asesinarlos pura y simplemente.

Ninguna instancia internacional impide esos asesinatos y EEUU y la Unión Europea los aprueban y legitiman, como aconteció hace unos meses cuando Israel bombardeo, sin previa declaración de guerra, el territorio de Irán y mato a decenas de personas, entre ellas científicos e investigadores. Esta agresión fue aplaudida por el Occidente imperial, uno de cuyos voceros, el Canciller de Alemania, llegó a decir que "Israel estaba haciendo el trabajo sucio por todos nosotros" y eso era aceptable porque "También somos víctimas de este régimen (Irán) [...] que ha traído muerte y destrucción al mundo». La novedad no está en las acusaciones falsas ni en los métodos de matar, sino en la sinceridad en reconocerlo, con lo que estamos regresando a la ley del Lejano Oeste, en donde se proclama que sobreviven los más fuertes y se elimina a los más débiles.

2

EEUU asesina a la luz del día y, como el régimen de Netanyahu, presume de sus crímenes. En esa perspectiva de sinceridad asesina, Trump representa un avance sustancial con respecto a los presidentes anteriores, porque no guarda las formas, ni oculta su sed de matar, ni trata de dar justificaciones de índole diplomática. Nada de eso, ahora EEUU le anuncia al planeta entero que va a matar a todo aquel que considere su enemigo y la lista, por supuesto, es interminable.

Trump profesa un odio visceral a los migrantes, los deshumaniza, los cataloga de criminales que deben ser expulsados de ese territorio y si es necesario eliminados, como ya viene sucediendo con bastante frecuencia.

A nivel internacional impera otra vez la Diplomacia de las Cañoneras y EEUU se autodesigna como el policía matón que puede acribillar a todos los que son considerados enemigos. Para el efecto, recurre al socorrido argumento de que seres perversos están contaminando a los habitantes de los EEUU con drogas prohibidas (cocaína, fentanilo, y un interminable etcétera). Ya se han señalado las supuestas organizaciones de narcotraficantes y terroristas que inundan con sus productos ilícitos la cristalina sociedad de EEUU.

Se está imponiendo la ley del Lejano Oeste, en donde el matón del barrio elimina a todos sus adversarios y demuestra quien es el que manda. Trump ha dado la orden de bombardear las lanchas de pescadores que se dice están repletas de drogas y se dirigen a los EEUU. Sin ningún tipo de juicio, ni evidencia cierta y creíble, estos asesinatos comenzaron el 2 de septiembre con la destrucción de una pequeña embarcación y el asesinato de sus once pasajeros. Sin mediar advertencia ni señales para que esas personas se entregaran fueron masacradas por tropas del Comando Sur.

Se asesina a personas a las que se acusa de traficar con droga, sobre lo cual Trump alardeó en público: «Literalmente destruimos un barco que transportaba drogas, mucha droga. [...] El ataque resultó en la muerte de 11 terroristas en combate". Pero a los banqueros estadounidenses que blanquean el dinero de la droga no se los menciona.

3

Israel y EEUU han implantado el derecho de asesinar y con ello se ha enterrado lo que quedaba del Derecho Internacional, del respeto a la soberanía de los Estados y a cualquier autodeterminación nacional y el derecho de gentes.

Esto abre la puerta a un capitalismo gore en donde los ultra millonarios y poderosos (y Trump es uno de ellos) pueden matar a cualquiera que no sea de su clase en cualquier momento. Eso abre las puertas a una nueva Caja de Pandora, como consecuencia de lo cual ese derecho de asesinar se les aplique a aquellos que hoy matan a mansalva, y que tarde o temprano van a ser víctimas de su propio invento.

El Colectivo

Tomado de: https://www.lahaine.org/mundo.php/e...

Maxi de Diego: Teatro antimilitarista (contra las guerras y sus secuaces)
Selección de poemas y pequeñas obras teatrales de temática antimilitarista.

MASA

Al fin de la batalla,
y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre
y le dijo: «¡No mueras, te amo tanto!»
Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo.

Entonces todos los hombres de la tierra
le rodearon; les vio el cadáver triste, emocionado;
incorporóse lentamente,
abrazó al primer hombre; echóse a andar...

César Vallejo

Rey, ¿qué te pasa?

El REY, nervioso, pasea por un gran salón de palacio. Un SÚBDITO le sigue a cierta
distancia.

(Sale el SÚBDITO y poco a poco se va haciendo el OSCURO.)

Los rebeldes matan al menos a 460 personas en un ataque contra un hospital materno en Sudán

Miles de civiles intentan huir de las ejecuciones perpetradas por los milicianos en El Fasher.

José Naranjo
Dakar

Al menos 460 pacientes y acompañantes han sido asesinados en un ataque sobre el Hospital Materno Saudí de El Fasher, una ciudad de Darfur del Norte (Sudán) tomada por las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés) desde el fin de semana pasado, según ha denunciado este miércoles la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La cifra de fallecidos la ha aportado el director general de la agencia sanitaria de la ONU, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter). La organización que dirige se muestra “horrorizada y profundamente conmocionada” por la masacre, que llega después de otros ataques y detenciones de trabajadores sanitarios.

En los dos años y medio de conflicto entre ejército sudanés y las RSF, la OMS ha verificado al menos 185 ofensivas contra la red sanitaria sudanesa, que se han cobrado la vida de 1.204 personas y han causado 416 heridos, incluidos pacientes y trabajadores sanitarios. Tedros ha reclamado el “fin inmediato e incondicional de los ataques” y que “todos los pacientes, trabajadores de la salud e instalaciones sanitarias” sean “protegidos por el derecho internacional humanitario”.

Los rebeldes sudaneses de las RSF están ejecutando masivamente a miles de civiles en la ciudad de El Fasher, que cayó en sus manos el pasado domingo tras 500 días de asedio. Así lo aseguran una multitud de informes y testimonios, y lo muestran imágenes de satélite de la Universidad de Yale (Connecticut, Estados Unidos) y vídeos que circulan en redes sociales, en los que se puede ver a milicianos disparando contra civiles desarmados que huyen, así como personas colgadas de árboles, atropelladas o ejecutadas en plena detención. La ONU asegura que hay indicaciones de motivaciones étnicas en estos crímenes y destaca la “violencia sexual generalizada” contra mujeres y niñas.

Cadáveres amontonados

Este martes, investigadores de Yale hicieron públicas imágenes de satélite de la ciudad de El Fasher. En ellas se pueden ver grupos de supuestos cadáveres amontonados y amplias zonas donde el suelo está teñido de rojo, equivalentes a grandes manchas de sangre. Civiles que en las últimas horas han conseguido llegar al campo de refugiados de Tawila, situado a unos 60 kilómetros, llegan traumatizados tras haber presenciado masacres durante su huida de la ciudad, según Naciones Unidas. El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) asegura tener informes de “ejecuciones atroces”, así como de numerosos casos de violaciones y abusos sexuales contra mujeres y niñas.

“Todo apunta a que el El Fasher sufre un sistemático e intencionado proceso de limpieza étnica de las comunidades autóctonas no árabes Fur, Zaghawa y Berti mediante desplazamiento forzoso y ejecuciones sumarias”, asegura en su informe el Laboratorio de Investigación Humanitaria de Yale. Las RSF sudanesas, de mayoría árabe y herederas de los Janjawid, que entre 2003 y 2005 llevaron a cabo el genocidio de Darfur, han sido señaladas por llevar a cabo matanzas étnicas de las poblaciones no árabes en esta región durante la actual guerra civil sudanesa. Así lo determinó, por ejemplo, el Gobierno estadounidense, que el pasado mes de septiembre impuso sanciones contra dirigentes de esta fuerza rebelde.

El ejército sudanés confirmó este martes la caída de El Fasher en manos de los paramilitares, que el domingo ya habían logrado hacerse con el control del cuartel general tras una rápida ofensiva. La ciudad, capital de Darfur del Norte, ha estado más de un año y medio bajo un intenso asedio por parte de los rebeldes, que han bloqueado los accesos a la misma usando el hambre como arma de guerra. El Gobierno sudanés asegura que al menos 2.000 personas murieron en este asedio que provocó que más de 200.000, la mitad de ellas niños, quedaran atrapadas en la ciudad, según Naciones Unidas. De ellas, 26.000 han logrado escapar en los últimos días mientras se producía el asalto final de las RSF.

La peor crisis humanitaria hoy

La ciudad de El Fasher era la última de Darfur que se resistía a los rebeldes y su toma es una importante victoria estratégica para los paramilitares. Por primera vez desde que comenzó el conflicto en abril de 2023, las RSF, con ayuda de mercenarios y de Emiratos Árabes Unidos, cuyo Gobierno lo niega, se hacen con el control de todo el territorio de Darfur, su principal feudo. El principal frente de la guerra se traslada ahora a Kordofán, donde la ONU ha observado patrones de violencia similares a los de Darfur. La reciente caída de la ciudad de Bara, en Kordofán del Norte, en manos de los paramilitares muestra su intención de avanzar hacia Jartum, capital del país y principal sede del ejército.

El conflicto sudanés, la peor crisis humanitaria en el mundo en la actualidad, ha dejado tras de sí decenas de miles de muertos [el enviado especial de EE UU en Sudán, Tom Perriello, apunta que unos 150.000], unos 12 millones de desplazados de sus hogares y 30 millones de personas con necesidad de ayuda humanitaria urgente. Los rebeldes de las RSF, bajo el mando de Mohamed Hamdan Dagalo, se enfrentan al ejército sudanés del general Abdelfatá al Burhan. Ambos contribuyeron a la caída del dictador Omar al Bashir en 2019, pero acabaron enfrentados por el poder desencadenando una atroz guerra civil.

Fuente: https://elpais.com/internacional/20...

El conflicto de Sudán se recrudece con el avance de los rebeldes en Darfur

Sin piedad contra los civiles.

La sangrienta toma de la ciudad de El Fasher reabre el temor a un nuevo genocidio

Xavier Aldekoa

El horror más despiadado tomó varias formas esta semana en Sudán: de un anciano tembloroso que entrega sus pertenencias a un niño soldado, de apenas diez u once años, quien tras revisar el fardo levanta su kaláshnivov y lo asesina a sangre fría. De un grupo de soldados que se graba con el móvil mientras ejecuta a una docena de civiles atados de pies y manos que suplican por su vida. De uniformados que obligan a un chico a colocarse delante de las ruedas de un camión y le pasan por encima. De mujeres ahorcadas en árboles, de ejecuciones sumarias puerta por puerta, de cientos de cuerpos amontonados en fosas comunes…

Sudán escribió esta semana uno de los capítulos más negros de su historia reciente y reabre el temor a un nuevo genocidio en la región. Tras más de 18 meses de sitio, con un bloqueo total de la ayuda humanitaria que condenó a una hambruna feroz a sus habitantes, la capital de Darfur Norte, El Fasher, cayó el domingo a manos del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), comandadas por el general Mohamed Hamdan Dagalo, Hemedti , y cuyo origen son las terribles milicias yanyauid, responsables de más de 300.000 muertes en Darfur y por las que se acusó de genocidio al dictador Omar al Bashir.

El movimiento militar es de una importancia táctica enorme, ya que las FAR controlan ya todas las grandes ciudades de Darfur. El coste humano ha sido y será descomunal. La huida en desbandada de las Fuerzas Armadas de Sudán, del general Abdel Fatah al Burhan, dejó a decenas de miles de civiles a merced de una barbarie salpicada de odio étnico (árabes contra etnias no árabes y negras), de lucha por el poder y los recursos, pero no con motivaciones religiosas, ya que todas las partes profesan la religión musulmana.

No ha habido piedad. En los últimos días, se han difundido por las redes los vídeos de la masacre, grabados por los propios asesinos, que salieron a la caza, en sus vehículos o camellos, de quienes huían campo a través, o recorrieron la ciudad para ejecutar en sus casas a los civiles, entre ellos ancianos, mujeres o niños. Nadie se salvó de la sed de sangre de las FAR. Las Naciones Unidas denunciaron que los 460 pacientes del hospital de El Fasher fueron asesinados y la Red de Médicos de Sudán denunció que las instalaciones médicas se habían convertido en “mataderos humanos”. En un vídeo grabado en el centro hospitalario se observa un pasillo cubierto de cadáveres y cómo, al final de una escalera, un miliciano dispara en la cabeza a un hombre.

La matanza fue tal –está siendo, ya que las FAR siguen en la ciudad sin oposición donde vivían atrapadas 250.000 personas– que su rastro se vio desde el cielo. El Laboratorio de Investigación Humanitaria publicó imágenes satelitales donde se observan decenas de charcos de sangre en varios puntos de la ciudad, una “evidencia consistente” de un proceso “sistemático e intencionado de limpieza étnica” contra comunidades no árabes (fur, zaghawa, berti).

Las atrocidades de estos días del conflicto sudanés, iniciado en abril del 2023 y que ha acabado con la vida de más de 40.000 personas, son tan crudas y brutales que provocaron la reacción del Consejo de Seguridad de la ONU, que programó para ayer jueves una reunión de emergencia sobre la situación en Darfur.

El director ejecutivo de Human Rights Watch, Federico Borello, denunció crímenes “atroces” y señaló a quienes se lucran de una guerra. “Los patrocinadores de las FAR, en particular los Emiratos Árabes Unidos, deberían presionar a sus líderes para controlar a sus fuerzas, mientras que los líderes mundiales deben adoptar medidas contundentes contra la cúpula del grupo”.

Aunque el detonante de la guerra fue la lucha por el poder de los generales Hemedti y Al Burhan (ambos se aliaron en el 2021 para dar un golpe de Estado y acabar con la transición democrática del país tras la caída de Al Bashir, pero se enfrentaron posteriormente) la enorme riqueza del subsuelo sudanés, petróleo, litio, tierras fértiles, pero sobre todo oro, está en las raíces de la violencia.

Aunque el Gobierno de Emiratos lo niega, hay numerosas evidencias de que el país del Golfo, a cambio de recibir oro por canales clandestinos vía Chad, Sudán del Sur o Kenia, envía armas a las FAR a través de Libia o la frontera chadiana (a menudo camuflada como supuesta ayuda humanitaria).

Una investigación de la agencia Reuters destapó que al menos 86 vuelos emiratíes cargados de armamento habían aterrizado en el discreto aeropuerto de Amdjarass, en el este de Chad, con destino a territorio sudanés. Además, esta semana The Washington Post publicó que varias agencias de inteligencia estadounidense habían detectado un aumento significativo del armamento entregado por parte de Emiratos a Sudán, especialmente sofisticados drones chinos, que podrían haber sido claves en la caída de El Fasher el pasado domingo. Rusia, Egipto, Arabia Saudí o Turquía son otros actores implicados en un conflicto que ha provocado más de 14 millones de desplazados.

El odio étnico y el veneno de una cultura de la guerra inoculado en la sangre de muchos hombres explican el resto. Un vídeo recibido por este periodista, donde un miliciano de las FAR habla a cámara en árabe, resume el horror: “La gente dice –comenta el rebelde– ‘¡Oh, han violado, han asesinado, han robado y hecho pillajes!' y cosas así. Hermano, es nuestro derecho, ¿lo entiendes? Este es nuestro derecho, por eso lo tomamos, ¿de acuerdo? Así que vamos a seguir violando a vuestras hermanas e hijas, ¿vale?”

Fuente: https://www.lavanguardia.com/intern...

Activistas convocados por el grupo antimilitarista Kakitzat se han concentrado ante la fábrica de componentes aeroespaciales ITP Aero en el barrio de Desierto para protestar por la participación de esta empresa en la industria militar y, en concreto, por su "colaboración en la fabricación y mantenimiento de los aviones militares del ejército israelí". Según los manifestantes, ITP Aero está "implicada" así en el "genocidio del pueblo palestino".

Kakitzat afirma que ITP Aero fabrica "piezas del motor del avión de combate F-35 de la empresa estadounidense Lockheed Martin" que "son los utilizados por el Ejército israelí para bombardear a la población civil gazatí y perpetrar el genocidio sobre el pueblo palestino". Ante esta situación, el colectivo llama a parar la "producción militar vasca".

Comunicado de Kakitzat

Barakaldo, jueves 23 de octubre de 2025

Ante la factoría en Barakaldo de la fábrica armamentística ITP Aero protesta en denuncia de la implicación de esta empresa en el genocidio del pueblo palestino.

Hay que tener en cuenta que ITP Aero colabora con la fabricación y mantenimiento de los aviones del ejército israelí que bombardean salvaje -e indiscriminadamente- la franja de Gaza y su actividad militar representa ya un 39% de su negocio total.

ITP Aero reconoce que el sector bélico representa el 39% de su negocio debido a su participación, por ejemplo, en la fabricación de las piezas del motor del Avión de Combate F-35 de la empresa estadounidense Lockheed Martin.

Hay que tener en cuenta que los cazas F-35 son los utilizados por el ejército israelí para bombardear a la población civil gazatí y perpetrar el genocidio sobre el pueblo palestino

Cabe destacar que ITP Aero se dedica, además, a la producción de componentes para el avión de transporte militar Airbus A400M o el Avión de Combate Europeo Eurofighter. Por otro lado, tiene un contrato de 111,5 millones de euros para el mantenimiento de las aeronaves del Ejército Español del Aire.

Por todos estos motivos, desde el colectivo antimilitarista se denuncia la importante implicación institucional con las empresas de armas vascas frente a los recortes en sanidad, pensiones, políticas de igualdad, prestaciones sociales o en las posibilidades de acceso a una vivienda digna.

Prueba de la cada vez mayor apuesta institucional con la industria militar es que el Gobierno Vasco subvenciona, vía presupuestos, con 100 millones a la industria de la guerra vasca. Fábricas de armas, principalmente ligadas al sector aeronáutico, como es el caso de ITP Aero.

Según datos del Ministerio de Defensa son 206 las empresas vascas las que se dedican a la producción militar. En concreto, Euskadi es la tercera comunidad autónoma del Estado, solo por detrás de Madrid y Andalucía, en facturación militar.

En solidaridad con el pueblo palestino, detengamos ya la producción militar vasca.

KAKITZAT koordinakunde antimilitaristak euskal arma-enpresek Palestinako herriaren genozidioan duten inplikazioa salatu nahi du

ITP Aero arma-fabrikak Barakaldon duen lantegiaren aurrean protesta egin dugu Palestinako herriaren genozidioan enpresa horrek duen inplikazioa salatzeko.

Kontuan izan behar da ITP Aerok Gazako zerrenda basatiki - inolako bereizterik gabe- bonbardatzen duten Israelgo armadaren hegazkinak fabrikatzen eta mantentzen laguntzen duela, eta bere jarduera militarra negozio osoaren % 39 dela.

ITP Aerok onartzen du sektore belikoa bere negozioaren % 39 dela, adibidez, Lockheed Martin enpresa estatubatuarraren F-35 Borroka Hegazkinaren motorreko piezen fabrikazioan parte hartzen duelako.

Kontuan izan behar da F-35 ehiza-hegazkinak Israelgo armadak erabiltzen dituela Gazako biztanleria zibila bonbardatzeko eta Palestinako herriaren aurkako genozidioa burutzeko.

Aipatzekoa da ITP Aerok, gainera, Airbus A400M garraio militarreko hegazkinerako edo Eurofighter Europako Borrokarako Hegazkinerako osagaiak ekoizten dituela. Bestalde, 111,5 milioi euroko kontratua du Espainiako Aire Armadaren aireontziak mantentzeko.

Arrazoi horiengatik guztiengatik, kolektibo antimilitaristak salatu egiten du administrazioaren erakundeek EAEko arma-enpresekin duten inplikazio sakona. Bitartean aplikatzen ari dira murrizketak osasunean, pentsioetan, berdintasun-politiketan, gizarte-prestazioetan edo etxebizitza duina lortzeko aukeretan .

Industria militarrarekiko erakundeen gero eta apustu handiagoaren erakusgarri da Eusko Jaurlaritzak, aurrekontuen bidez, 100 milioiko dirulaguntza ematen diola EAEko gerraren industriari. Arma-fabrikak, nagusiki sektore aeronautikoari lotuak, ITP Aeroren kasuan bezala.

Defentsa Ministerioaren datuen arabera, 206 euskal enpresa ari dira ekoizpen militarrean. Zehazki, Euskadi Estatuko hirugarren autonomia-erkidegoa da, Madrilen eta Andaluziaren atzetik bakarrik, fakturazio militarrari dagokionez.

Palestinako herriari elkartasuna adierazteko, geldi dezagun euskal ekoizpen militarra.

Fuente: https://barakaldodigital.blogspot.c...

Dime que sólo quieres esas cosas que el dinero no puede comprar. A mí no me importa demasiado el dinero. El dinero no puede comprarme amor. Can't buy me loooooove! No! No! No! No!

Tom Phillips
Río de Janeiro

Aún no había amanecido, pero en la calle principal de la favela Vila Cruzeiro ya había decenas de cadáveres esparcidos tras la operación policial más letal en la historia de Río de Janeiro, en la que murieron más de 130 personas. Desfigurados hasta lo grotesco y manchados de sangre, los cuerpos habían sido arrastrados desde los bosques cercanos y reposaban sobre las lonas azules y láminas de plástico negras que cubrían la calle.

“Sólo yo he traído a 53... Debe de haber otros 12 o 15 allá arriba, en el bosque”, dice el presidente de la asociación de vecinos, Erivelton Vidal Correia, con los ojos llorosos tras una noche en vela bajando del cerro cuerpos de vecinos del barrio acribillados a balazos.

Vidal Correia se desmorona al recordar la incesante búsqueda nocturna de cadáveres tras esta masacre policial en Río, una de las peores en la historia moderna de Brasil. “Nunca había visto nada igual en mi vida, hermano, ni siquiera en la Franja de Gaza ocurre esto... No puedo soportar ver más cadáveres”, cuenta llorando y cubriéndose la cara con los guantes quirúrgicos que se había puesto para mover los cuerpos.

Las autoridades de Río comunicaron el martes que al menos 64 personas, cuatro agentes de policía entre ellas, habían perdido la vida en la operación policial desplegada por 2.500 agentes antes del amanecer en Alemão y Penha, el extenso conjunto de favelas del que forma parte Vila Cruzeiro. En la madrugada del miércoles, el fiscal general comunicó que el número de muertos había ascendido a 132, por encima la cifra tristemente célebre de la masacre en la prisión de Carandiru (São Paulo), donde 111 presos perdieron la vida en 1992.

Entre las 4:15 h y las 9:00 h, cuando por fin llegaron los servicios funerarios del Gobierno, The Guardian pudo presenciar cómo decenas de cadáveres eran transportados en camionetas a la plaza de San Lucas Evangelista, en Vila Cruzeiro. “Nunca había visto nada igual... Todavía no consigo comprender qué ha ocurrido; me siento vacío, no tengo palabras”, dijo el activista de la favela Raull Santiago ante la llegada de otro cargamento de cadáveres y el frenesí de las mujeres de la zona que buscaban a hijos, maridos y hermanos desaparecidos.

La mayoría de los fallecidos parecen ser adolescentes, veinteañeros y treintañeros. Es probable que muchos, si no todos, fueran miembros de la organización local de narcos llamada Comando Rojo, contra la que iba dirigida la operación policial del martes. Casi todos los cadáveres estaban desnudos, pero algunos llevaban trajes de camuflaje, la ropa que emplean francotiradores, cazadores y fotógrafos especializados en vida silvestre para ocultarse en la vegetación.

Entre las decenas de personas congregadas en la plaza había gente enfurecida. Decían que la policía debía haber detenido a los jóvenes, antes que proceder a una ejecución sumaria. “Más allá de que estas personas estuvieran o no involucradas en el tráfico de drogas en la zona, en Brasil no existe la pena de muerte... Deberían haber sido arrestados”, dijo Raull Santiago.

“¡Asesinos! ¡Asesinos!”, gritaba Cida Santana. Su hijo Fabio le había enviado un mensaje en torno a las 15.00 h del martes para decirle que había recibido un disparo en el pie y que estaba tratando de entregarse a la policía. Dieciséis horas después, el cadáver de Fabio yacía cubierto por una manta con estampado de flores y manchada de sangre. Su cuerpo parecía tener heridas de arma blanca en la zona del pecho. “¡Dios mío! ¡Haz un milagro, Dios!”, suplicaba Cida, derrumbada en el suelo junto a su hijo muerto.

Pero el hijo de Cida no resucitará, ni lo harán las docenas de cadáveres con heridas de bala en las extremidades, el torso y la cabeza, alineados junto al suyo en el exterior de un restaurante de sushi. Uno de los hombres había sido decapitado, su cabeza dentro de una bolsa verde oliva en el suelo. Varios de los cadáveres tenían los huesos gravemente fracturados o presentaban heridas punzantes en la carne.

En algunos momentos, un silencio de estupefacción se apoderaba de la multitud mientras continuaba el flujo de camionetas con nuevos cadáveres. Nadie había visto nunca un derramamiento de sangre a esa escala. Ni los veteranos periodistas de sucesos, ni los predicadores de las áreas tomadas por las bandas, ni los vecinos de las favelas, hastiados de la lucha. Hasta esta semana, la operación policial más letal de Río había sido la redada de 2021 en Jacarezinho, otro bastión del Comando Rojo, durante la que murieron 28 personas.

“Es surrealista”, dice Antônio Carlos Costa, líder religioso y activista de derechos humanos al pedir la destitución inmediata de Cláudio Castro, gobernador de Río de Janeiro y aliado del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro. En su opinión, lo ocurrido representa “una humillación histórica” para Brasil en vísperas de la cumbre climática de la COP30, que se celebra el próximo mes en la ciudad amazónica de Belém.

En otros momentos, los espectadores estallaban de rabia al contemplar el dantesco espectáculo. Conmocionados, los amigos y familiares de los fallecidos arrancaban las sábanas que cubrían los cuerpos mutilados y exigían a los periodistas que filmaran la matanza para mostrársela al mundo. “¡Ayúdennos, por favor!”, imploraba temblando de rabia Cláudia Silva, de 53 años, mientras denunciaba lo que ella y otros calificaban de “genocidio”. “Cuando vienen aquí, matan hasta a las ratas”, añadió, refiriéndose a la policía.

“Esto ha sido una masacre, no una operación, vinieron a matar”, dijo Cida Santana junto al cadáver de su hijo, sentada sobre una bolsa de basura cubierta de sangre.

“En 30 años trabajando [en las favelas], este es el mayor acto de salvajismo, la mayor masacre que he presenciado”, dijo la abogada Flávia Pinheiro Fróes, que había acudido para apoyar a los familiares de los fallecidos.

Frente a una sensación generalizada de indignación creciente, el gobernador Castro sigue justificando la operación policial. Entre los críticos figura la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, que se mostró horrorizada por las muertes. Castro celebra que se haya asestado “un duro golpe” a los narcotraficantes fuertemente armados que a lo largo de los últimos 40 años se han hecho con el control de muchos de los cientos de favelas que hay en Río.

El ufano gobernador Castro

“Las únicas víctimas de ayer fueron los policías”, dijo el gobernador en referencia a los cuatro agentes muertos durante el intenso tiroteo del martes con los delincuentes. “Narcoterroristas”, los llamó.

Con la estola púrpura sobre los hombros, el sacerdote Edmar Augusto, de 50 años, rociaba de agua bendita los más de 50 cadáveres que se habían acumulado en la entrada de la favela mientras hablaba el gobernador. “No queremos guerra, queremos paz”, dijo a los dolientes de la favela con voz quebrada por la emoción. “Hay tantas familias llorando y yo quiero llorar con ellas, la sociedad no puede permanecer en silencio”, increpó el sacerdote antes de rezar el padrenuestro volviendo la mirada hacia el cielo.

Mientras esperaba la llegada de otro coche cargado de cadáveres, el presidente de la asociación de vecinos Vidal Correia recordó la advertencia que dos décadas antes había hecho un grupo de misioneros evangélicos: decían que la favela sufriría un día una sangrienta masacre. “No les creímos, nunca creímos que fuera a suceder”, dijo. “Pero ellos lo profetizaron y hoy se ha cumplido”, lamentó.

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Italia se prepara para una jornada de huelga general los días 28 y 29 de noviembre. La convocatoria incluye a sindicatos como Unione Sindicale di Base (USB) y Confederazione Unitaria di Base (CUB), situada en un contexto de indignación creciente entre la clase trabajadora por las políticas económicas del gobierno de Giorgia Meloni, al que acusan de haber confeccionado una “economía de guerra”. Los sindicatos han llamado así a paralizar el país en una jornada que culminará en una manifestación nacional en Roma el 29 de noviembre.​

En el comunicado oficial del llamamiento a la huelga recuerdan que el presupuesto destina cada vez más fondos a programas de armamento y modernización militar mientras millones de jubilados viven con pensiones mínimas y los salarios pierden poder adquisitivo frente a la inflación. “Italia se empobrece mientras se llenan los bolsillos de los fabricantes de armas”, señala el texto de USB . Los dirigentes sindicales acusan además al Ejecutivo de proteger los beneficios bancarios y minimizar los impuestos extraordinarios a las entidades financieras, un gesto que consideran una “entrega total al capital”.​

El pasado sábado, desde una manifestación nacional en Roma, la CGIL declaró que "podría estar dispuesta" a otro sciopero generale, pero aún no lo ha anunciado oficialmente. UIL, la segunda mayor central sindical, no se ha pronunciado al respecto.

"Contra la economía de guerra"

Las exigencias sindicales de los sindicatos de clase, en cambio, son directas y de largo alcance: salario base mínimo de 2.000 euros netos, reducción de la edad de jubilación a 62 años y subsidios para vivienda y sanidad financiados con la reorientación de los gastos militares. Los sindicatos recalcan que el país está experimentando un deterioro sostenido del poder adquisitivo y una precarización estructural de la clase obrera que amenaza con convertir a Italia en una "economía de pobres con empleo”.​

El gobierno neofascista de Meloni, alineado con las políticas de rearme impulsadas por Washington y Bruselas, insiste en que su presupuesto “garantiza la seguridad y la estabilidad fiscal del país”. El movimiento sindical, en cambio, habla de un “pacto de sumisión” a la agenda atlantista.

Fuente: https://diariosocialista.net/2025/1...