Tortuga Antimilitar

Damos difusión hoy a la resistencia civil contra el nazismo que llevaron a cabo la Rosa Blanca.

Hay ciudades emblemáticas vinculadas al movimiento nacionalsocialista como Nüremberg por sus increíbles y espectaculares reuniones multitudinarias en el Campo Zeppelín, pero la más unida a los nazis es sin duda Münich, dónde Hitler se dirigía cada año a su vieja guardia durante el aniversario del putsch que protagonizó del 8 y 9 de noviembre de 1923 y que le llevó a la cárcel, dónde dicto a su lugarteniente Rudolf Hess el Mein Kampf.

Precisamente en la universidad Ludwig-Maximilians de la capital bávara, durante 1941, empezaba a florecer un movimiento de oposición al régimen nazi.

Donde había una política de silencio algunos no callaban.

Alexander Schmorell y Hans Scholl de 22 y 23 años, ambos, como miles de jóvenes alemanes pertenecieron a las Hitlerjugend, escucharon de los soldados heridos las atrocidades cometidas por la tropas alemanas mientras realizaban sus practicas como médicos. Esto los volvió más decididos a luchar contra los nazis.

A ellos se unieron otros estudiantes, como Cristoph Probst, amigo de Schmorell, Willi Graf, Hans Leipelt y Sophie Scholl, la hermana pequeña de Hans, tambien se le unió Kurt Huber, uno de sus profesores de filosofía. Ellos crearon el movimiento de la Rosa Blanca (Die Weisse Rose).

Cuando varios de ellos tuvieron que partir al frente pudieron corroborar lo que habían oído.

Con el lema «la pluma contra la espada», La Rosa Blanca era un grupo reducido de alumnos de la Universidad de Múnich. Durante junio y julio de 1942, los miembros de la Rosa Blanca, empezaron a distribuir sus primeros panfletos antinazis por todo Münich y otras ciudades alemanas, donde advertían de que la guerra en la que se encontraba Alemania y que había provocado Hitler reduciría las ciudades alemanas a escombros o contaban como 300.000 judíos polacos habían sido «asesinados del modo más brutal«.

Sus octavillas terminaban pidiendo:
«Por favor, haz todas las copias que puedas de este panfleto y distribúyelas«.

Otro de sus métodos era garabatear mensajes del estilo a «Hitler, asesino de masas«, «Abajo Hitler» o «Libertad«.

Inspirados por los sermones del obispo de Münster, el cual también era un firme opositor del nazismo, Hans y sus compañeros empezaron a distribuir panfletos escritos a máquina denunciando al régimen. Con frases tan incendiarias como «cualquier alemán honesto se avergüenza de su gobierno actual» o «un gobierno que comete los crímenes más horribles, crímenes que sobrepasan ilimitadamente cualquier medida humana», los miembros de La Rosa Blanca afirmaron que cualquiera que no actuara era cómplice de esos crímenes y suplicaron a toda la población que se organizase en una gran «resistencia pasiva».

La Gestapo no pasó por alto esta clase de resistencia que minaría la moral patriótica de los alemanes e investigaron las octavillas y su procedencia mientras la Rosa Blanca seguía promoviendo la resistencia contra los nazis y denunciando sus crímenes.

Sus panfletos estaban impresos en tinta de té para evitar ser descubiertos. El último de sus pasquines empezaba: «Desde las llamas de Beresina y Stalingrado los muertos nos convocan…«

Solo pudieron crear seis pasquines. Sus actividades duraron poco, el 18 de febrero de 1943, Hans y Sophie Scholl pegaron y repartieron algunas octavillas y las que les quedaban las lanzaron al aire en el hall de la universidad. El ruido que provocó el lanzamiento alertó a un conserje que agarró a Sophie y los guardias de la universidad los arrestaron. La Gestapo se hizo cargo de ellos y durante los interrogatorios asumieron toda la culpa y no delataron a sus compañeros. En el registro de la casa de Sophie encontraron pruebas que inculpaban a Christoph Probst.

El encargado de dirigir el proceso fue Roland Freisler, un abogado, militar, político y presidente del Tribunal Popular o Corte del Pueblo, que llegó desde Berlín expresamente para ello y actuó más como fiscal que como juez. A lo largo del juicio, Freisler no dejó de gritar, de golpear la mesa y de tachar de traidores a los jóvenes acusados. Tras un juicio sumarísimo, dirigido por el vulgar y soez juez Roland Freisler, que no fue más que una farsa judicial, Hans, Sophie y Probst fueron acusados de alta traición y sentenciados a la pena capital por el método de la guillotina, por orden expresa de Freisler.

Con este método fueron decapitadas 2.800 personas contrarias al régimen nazi, entre 1940 y el final de la guerra.

Las investigaciones de la Gestapo llevaron a la detención del resto de los miembros de La Rosa Blanca. Hubo nuevos juicios en abril de 1943 y octubre de 1944, con cuatro condenas a muerte y penas de prisión.

Sus muertes no apagaron su mensaje. La última de sus octavillas llegó hasta Gran Bretaña gracias al antinazi Helmuth James von Moltke, se realizaron miles de copias que fueron lanzadas por la RAF sobre Alemania a finales 1943.

El último de sus pasquines terminaba:
«Nuestro pueblo se alza contra la esclavización de Europa a manos del nacionalsocialismo en una nueva irrupción de libertad y honor«

Las cifras de alemanes encarcelados por actividades contra el III Reich varía según los autores, entre 750.000 y 1.200.000. Hasta 1944, 12.212 personas fueron ejecutadas en Alemania, unas 7.000 por delitos políticos.

Fuente: https://www.politicanoviolenta.org/...

Llevamos unos años escuchando el extranjerismo crudo "woke" sin conocer con exactitud a qué nos referimos. Quizás la palabra española que más se le acerque sea "progre". Ahora que el gran éxito de Trump se debe, en gran medida, a la construcción de un discurso "antiwoke" (antiprogre) que le han realizado sus bro-técnológicos, parece que tenemos que prestar más atención al término.

Todo, todo, todo lo pronunciado estos días triunfales de Trump ha sido la lucha y referencia contínua contra la socialdemocracia liberal woke. Dualismo de género frente a cualquier otra opción sexual, la agresividad del macho frente a la debilidad de la hembra, americano blanco frente a inmigrantes, el odio al diferente frente a la justicia social, exclusión frente a integración, unicidad frente a la diversidad identitaria, influencers frente a información, energías duras frente a ecología...toda una lucha cultural por la que ha batallado la ultraderecha con éxito.

La izquierda nunca ha estado al tanto de la importancia que tiene la cultura para implantar su discurso sobre la necesidad de lo democrático. Como suele ocurrir entre la izquierda se le regala gratuitamente a la derecha y, en este caso, a la ultraderecha. Seguimos a Gramsci en eso de las guerras de "casamatas" y de "posiciones" y, en realidad, quien lo ha rentabilizado han sido Trump y sus colegas-amos de los algoritmos.

Siempre creí que el PCE, a pesar de su lucha antifranquista, fracasó en la Transición por no comprender lo importante que era tener los dispositivos adecuados de comunicación y cultura. Se hablaba de "la fuerza de la cultura", pero fue incapaz de crear plataformas y medios para su gestión. Sin prensa, sin radios y sin televisiones era imposible llegar a la gente. La derecha y el Psoe lo entendieron mejor.
Superados los medios tradicionales de información por las redes e Internet, en la actualidad sin Twitter, TIKTOK, Facebook, Meta y lo que venga, es imposible ganar unas elecciones.

¿Cómo es posible que un personaje como Trump haya ganado unas elecciones? Imputado, golpista, antidemócrata, machista, clasista, etc. y se convierte en el 47 Presidente de los EE. UU. cuando tendría que estar en la cárcel. Esto no sería entendible sin comprender el papel jugado por las redes en el montaje de los discursos "antiwoke" que han conseguido que un ejército de votantes lo haga, incluso, contra sus propios intereses. El mensaje sobre que la socialdemocracia liberal te roba y engaña ha llegado a los votantes de forma individual a cada votante, gracias a los algoritmos de las redes. Por la contra, el mercado fundamentalista te hace rico como a Musk, a Bezos, a Zuckerberg, a Cook y al resto de plutócratas. Han hecho una perversión total del sistema en la que unos millonarios se han comprado un gobierno que gestionará el poder solo para ellos y nos llevará a una nueva Guerra Fría, la 2.0. Ahora toca invertir en más inteligencia artificial y controlar aún mas los votos. Odiar lo "woke" es el objetivo y la izquierda sin enterarse.

Fuente: https://www.facebook.com/photo/?fbi...

Este día 24 de enero se cumplen dos años y once meses del inicio de la guerra de Ucrania, hecho que nos convoca cada día 24 de mes para pedir el final de las acciones bélicas e instar a las partes enfrentadas a resolver sus diferencias mediante el diálogo. También este mes de enero se cumple un año y tres meses del inicio de esta fase de la guerra de exterminio que Israel perpetra contra la población árabe de Oriente Próximo.

No obstante, como bien sabemos, los de Ucrania e Israel no son los únicos conflictos bélicos que asolan a la humanidad. Queremos aprovechar estas convocatorias para recordar otros escenarios igualmente destructores de la vida y dignidad humana y la naturaleza, que no se suelen nombrar en los medios de comunicación.

Hoy vamos a hablar brevemente sobre el conflicto que enfrenta a Estados Unidos con las personas migrantes procedentes de América Central y del Sur.

Los Estados Unidos de Norteamérica, un país fundado, no hace demasiado tiempo, sobre el genocidio de la población autóctona preexistente y el expolio militarista a gran escala de territorio de los estados vecinos, especialmente México, demográficamente es una nación de inmigrantes, los cuales han llegado allí desde todos los puntos del globo. A lo largo de su historia de tres siglos, los sucesivos gobiernos estadounidenses han ido combinando etapas de aceptación y permisividad de la inmigración, con otras en las que han establecido fuertes trabas. Centrándonos en el siglo XX, tras algunas décadas de grandes restricciones a la inmigración a inicios de siglo, a mediados de la centuria, época de gran crecimiento económico, EEUU permitía la entrada legal de grandes contingentes de población procedente del Sur, sobre todo de México, a fin de dotarse de la mano de obra que precisaba su economía en expansión. Gran parte de esta inmigración accedía con permisos temporales de residencia, vinculados a la actividad laboral (unos 450.000 anuales), pero cada año se autorizaban importantes cupos de residencia permanente (unos 50.000).

Tal situación comenzó a cambiar de forma significativa en la década de los sesenta del siglo XX: A partir de ese momento, por cuestiones de índole política, se redujo drásticamente el número de autorizaciones temporales y de residencias permanentes. Sin embargo, la economía seguía necesitando la mano de obra que llegaba desde los países del Sur. El resultado fue que, desde aquella década hasta hoy, EEUU siguió importando la población migrante que precisaba su crecimento económico pero, desde entonces, la mayoría de estas personas se encontraron en el país en situación de ilegalidad o clandestinidad. Este hecho dio lugar a un rápido crecimiento de la población extranjera no autorizada en el país.

Al mismo tiempo, de la mano de políticos populistas en busca de votos, se desarrolló el imaginario social racista de que los inmigrantes latinos eran delincuenciales y peligrosos, lo cual puso en marcha una auténtica guerra del estado y la sociedad norteamericana contra las personas latinas inmigrantes. En la actualidad, los términos "ilegal" e indocumentado", ante la opinión pública norteamericana, son sinónimos de personas latinas. Éstas, a su vez, no dejan de percibir la creciente animadversión hacia ellas. Por ejemplo, los delitos de odio contra hispanos crecieron un 40% en EEUU de 2003 a 2008. En la actualidad el porcentaje es mayor.

Se da un círculo vicioso en este tema: Desde los altavoces de la política y los medios de comunicación se construye un relato criminalizador contra las personas procedentes del Sur; se les vincula con la delincuencia y se les relaciona falsamente con un número indeterminado de amenazas, incluyendo el terrorismo o el bulo de que reciben más recursos de los que aportan, empobreciendo así a la población nacional (justo el mismo discurso que el fascismo emplea estos días en Europa). A partir de ahí, se legisla en contra de la inmigración, se conculcan derechos de las personas migrantes, se sobredimensionan los aparatos policiales, con grandes aumentos presupuestarios para ello, y se incrementan notablemente las detenciones, los internamientos en centros de concentración y las deportaciones. Todo ello contribuye a reforzar en la percepción social la idea de que inmigración es sinónimo de delincuencia, con lo que el círculo se retroalimenta perpetuamente. De esta forma, el número anual de deportaciones pasó de unas 50.000 a mediados de los años 90, a las cerca de 300.000 actuales.

En la actualidad, se calcula que viven ilegalmente en EEUU aproximadamente 12 millones de personas, las cuales constituyen el 5% de la fuerza laboral del país. Es decir, EEUU cambió deliberadamente un modelo legal y regular de migración para cubrir sus necesidades laborales, por una bolsa de trabajadores irregulares sin derechos que pueden ser explotados fácilmente y viven siempre bajo la amenaza de la expulsión.

En los últimos años, especialmente desde la llegada al poder de Donald Trump en 2017, se ha radicalizado el discurso contra la inmigración, así como las políticas antiinmigratorias. Muchas personas de América Latina siguen hoy tratando de emigrar a EEUU huyendo de la pobreza, la violencia o las consecuencias del cambio climático. También buscando la reunificación familiar con sus seres queridos que residen en un país, EEUU, que en el imaginario de muchos habitantes del Sur, sigue representando el sueño de una vida mejor. Todas estas personas se topan con el endurecimiento de las medidas policiales fronterizas. Tanto ilegales como demandantes de asilo son detenidos y son masivamente deportados a zonas peligrosas de México y otros países de América Central, donde las mafias locales les secuestran, agreden sexualmente y extorsionan.

Las actuales administraciones de EEUU han destruído el llamado "derecho de asilo" y cualquier tipo de garantía para la estancia en el país. Ahora ningún inmigrante irregular está a salvo. Patrullas policiales recorren los hogares y centros de trabajo, llegando a deportar a personas que han pasado toda su vida en el país, casadas con norteamericanos y con descendencia, separándoles de sus hijos si se da el caso, ignorando sus situaciones personales, enfermedades graves u otros factores humanitarios que deberían evitar una deportación.

En la frontera, las personas detenidas son encarceladas en celdas superpobladas o grandes jaulas llamadas "perreras" y se encuentran privadas de atención médica o alimentación suficiente, estando sometidas a diferentes abusos y maltratos. En 2018, además, el gobierno puso en marcha una política dedicada a separar a las familias de sus hijos menores de edad como medida disuasoria contra la inmigración. También legisló para que el hecho de inmigrar irregularmente fuera considerado delito y permitiese el encarcelamiento de las personas migrantes.

De cara a la legislatura que comienza, Donald Trump quien, refiriéndose a las personas migrantes, ha llegado a afirmar que éstas se comen a las mascotas de los norteamericanos, o que EEUU se ha convertido en "el cubo de la basura del mundo", anuncia nuevas medidas, como suprimir el derecho de ciudadanía por nacimiento, o emprender "un esfuerzo de deportación" nunca visto en la historia del país, empleando métodos policiales y también militares.

Por poner alguna nota positiva, esta guerra declarada por la mayor potencia mundial contra seres humanos indefensos ha provocado en el país una gran ola de solidaridad y el crecimiento de todo tipo de organizaciones de apoyo a los derechos humanos y a las personas inmigrantes.

En la frontera Sur de EEUU, como en Ucrania y Palestina, es urgente y necesario que la vida y la dignidad humana recuperen su verdadero valor. Nadie es culpable por vivir en situación de pobreza, de guerra o de inseguridad y, a causa de ello, verse obligado a abandonar su tierra y su cultura para ir a vivir a un país extraño. Más si tomamos en cuenta que estas situaciones indeseables suelen ser provocadas por los estados receptores, o sus empresas multinacionales depredadoras. El mundo es de todos y nadie debería ser criminalizado por desplazarse en busca de una vida mejor.

Por un mundo sin guerras, sin fronteras, con tolerancia, entendimiento, empatía y cooperación entre personas, pueblos, étnias, religiones y culturas. Con respeto al medio ambiente. Por un mundo en Paz.

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Ver también:

Otras guerras que también recordamos: Guerras y conflictos de los que no suele hablarse en los informativos

La guerra de los Estados Unidos contra la inmigración. Efectos paradójicos

Las políticas migratorias de Donald Trump

Grup Antimilitarista Tortuga

Desde Tortuga os invitamos a leer un breve extracto del trabajo aportado por Rosa María Belda en el Congreso Internacional del Centenario “Max Aub, testigo del siglo XX”. Hemos introducido alguno de esos poemas que el autor valenciano "recopiló".

“Estos escritos fueron encontrados en bolsillos y mochilas de muertos árabes y judíos..."
Max Aub

Anónimo

Mordehai Mendil Ha-Levi, enfermero durante la guerra y aun meses después, periodista, me dio este texto. Vive en Jerusalén, trabaja ahora en un ministerio. Nunca quiso decirme nada acerca del autor. Estos fragmentos estaban escritos en inglés en una hoja tamaño oficio, doblado en cuatro sin que se pudiese saber dónde empezaban. Son, sin duda, esbozos paraun poema futuro, de ahí las repeticiones.

Destruiste mi casa
mas no lograrás
levantar la tuya
sobre sus cenizas,
esta ceniza es mía;
ceniza palestina
no es ni será judía

¡Palestino, sin saberlo, judío!

Sin huelgon' lo decías
jay, triste palestino!-
que, sin saberlo,
eras judío.
Cuando ceniza
seas, judío
no serás ceniza judía
sino palestina.
Me has vencido, mas no sabes por qué,
yo sí lo sé
y por qué ha sido.

Quedé con el cuidado,
abandonado.

Huelgo. Aliento

En 1982, diez años después de la muerte de Max Aub, se publicaba en Seix-Barral Imposible Sinaí, su último libro de poesía. Las noticias que tenemos sobre su publicación, extraídas de la correspondencia con Carmen Balcells que se conserva en el Archivo de la Fundación Max Aub, nos informan de unos poemas ya listos para su publicación once años antes, en 1971, y que quedaron reducidos al final a una selección de los preparados inicialmente por Max Aub. El libro consiste, al igual que Antología Traducida (1965), en una recopilación de poemas creados por falsos autores, es decir, heterónimos que selecciona y traduce el autor y que tienen en común, en este caso, su participación como soldados en la llamada Guerra de los Seis Días que sucedió, en el Oriente Medio, entre el 5 y el 10 de junio de 1967. Evidentemente, la estancia de Max Aub en Israel, invitado por la UNESCO, para dar un curso sobre literatura española e iberoamericana en la Universidad Hebrea de Jerusalén, en el período comprendido entre noviembre de 1966 y febrero de 1967, apenas unos meses antes de que estallara la Guerra de los Seis Días, fue el desencadenante de la escritura de estos versos....

“Si dijeran que combato por ti, iría hasta donde muriera, pero morir porque sí es más absurdo que haber nacido judío”, escribe Manoce Mohrenwitz, otro de los soldados. Y en un diálogo (supuestamente traducido del ladino) podemos leer estas palabras que no necesitan comentario: “-Tú eres judío, yo mahometano. Ni tú ni yo nos hacíamos daño. / Los dos semitas, los dos oscuros, cuatro ojos negros, pelo crespo. / -Ahora somos dos muertos: morenos, de ojos en blanco, de pelo crespo. / Si nos cambiaran el uniforme...”.

“Escribió este texto la víspera del primer día. Tenía 19 años. No creo —como alguno de los otros papeles aquí reunidos— que sea un poema. O, tal vez, sí. O quizá es, de verdad, una carta. En este caso no iba dirigida a nadie, metida en un sobre en blanco. / Kimron había nacido en un kibutz de Galilea, donde siguen trabajando sus padres, lituanos. Murió el segundo día”. Juzgue el lector si es o no un poema, de lo que no cabe duda es de su conmovedor valor testimonial.

Eliahn Kimron

Cae la noche, se infiltra desde Jordania, tan limpia como todo el cielo.
El sol incendia el lado opuesto.
Brilla el lucero.
Mañana por la mañana, sucederá
lo mismo, del otro lado.
Será otro día. No para mí.
Para mí, será la noche verdadera.
Tengo que cruzar la frontera,
cortar unas alambradas,
depositar unas minas.
No volveré.
No sé por qué lo sé.
Pero lo sé.
Me presenté voluntario. No sé por qué.
Pensé que no me importaría.
Lo pensé y lo hice.
No sabía que era un héroe.
Tú tampoco, mi vida.
Ahora que veo acabarse la luz siento que hice una tontería.
Perder la vida por una tontería ¿es otra tontería?
Es posible que sí, es posible que no.
Solo sé que te quiero
y no serás para mí.
Iré.
Cae la noche.
Para los demás es como todos los días:
mañana será otro día.
No para mí.

....Evidentemente, después de la lectura de Imposible Sinaí, podemos concluir, con Max Aub, que es imposible dar una respuesta al porqué del enfrentamiento árabe israelí, ni siquiera los que murieron en ella podían justificar su muerte por una causa, es más tampoco la guerra resolvió nada y, de hecho, la experiencia anterior, la guerra de 1956, no sirvió para evitar ésta. Ya lo afirma lúcidamente Max Aub al final de la introducción: “(…) la guerra árabe-israelí ha terminado. Es un decir.” Hoy todavía sigue vivo el conflicto árabe-israelí, tan cruento como en 1948 y seguimos sin poder ver un final. Persisten los intereses económicos –ahora son los únicos motivos para una guerra– de las grandes potencias occidentales, antes hostigadoras y ahora agresoras. Pero más allá de esta guerra concreta y de la Guerra Civil Española, Max Aub, en su afán universalizador –el que lamenta que hayan perdido los judíos–, convierte este libro en un manifiesto contra las guerras, nos demuestra, con la palabra –la mejor arma– que una guerra, no resuelve nada. Nos recuerda, también, nuestra obligación de vencer al olvido.

Leer más:

Imposible Sinaí: Un manifiesto poético contra las guerras a propósito del conflicto árabe-israelí:
https://www.uv.es/entresiglos/max/p...

Y no dejéis de leer el artículo de Javier Gil Martín:
https://www.tendencias21.es/Mascara...

AP Washington
Washington

En el servicio interreligioso de investidura, la reverenda Mariann Budde, obispa episcopal de Washington, hizo un llamamiento directo al presidente Donald Trump, para que tenga misericordia de las personas de la comunidad LGBTQ+ y de los trabajadores migrantes que carecen de documentación para residir legalmente en Estados Unidos.

Budde hizo referencia a la creencia de Trump de que fue salvado por Dios de un asesinato y señaló: "Has sentido la mano providencial de un Dios amoroso. En nombre de nuestro Dios, te pido que tengas misericordia de las personas en nuestro país que ahora están asustadas".

El mandatario le exigió una disculpa inmediatamente. "Esta pseudo-obispa que habló en el Servicio Nacional de Oración el martes por la mañana era una radical de izquierda que odia a Trump", escribió en su plataforma Truth Social. "Fue desagradable en su tono y no fue ni convincente ni inteligente..... Ella y su iglesia le deben al público una disculpa!", continuaba el mensaje, informa Afp.

El gobierno de Trump ya ha emitido órdenes ejecutivas que revocan los derechos de los transexuales y endurecen las políticas de inmigración.

Cuando regresó a la Casa Blanca, Trump fue cuestionado sobre el sermón.

"No fue muy emocionante, ¿verdad?", respondió el presidente mientras caminaba con su equipo hacia el Despacho Oval. "No creo que haya sido un buen servicio. Podrían haberlo hecho mucho mejor".

El servicio interreligioso celebrado en la Catedral Nacional de Washington se centró principalmente en la unidad nacional. Trump y el vicepresidente JD Vance asistieron con sus familias, así como con el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y el nominado a secretario de Defensa, Pete Hegseth.

En su sermón, Budde dijo que se reunieron "para orar por la unidad como pueblo y nación, no por un acuerdo, político o de otro tipo, sino por el tipo de unidad que fomenta la comunidad a través de la diversidad y la división".

Añadió: "La unidad no es partidista".

Más de una decena de líderes religiosos hablaron durante el servicio interreligioso, incluidos representantes de las religiones judía, musulmana, budista e hindú.

Sin embargo, una ausencia notable entre el clero invitado con roles de oradores fueron los evangélicos conservadores, quienes están entre los más fuertes partidarios de Trump.

No obstante, algunos de esos partidarios evangélicos estaban sentados en los bancos.

Robert Jeffress, un partidario de Trump de largo tiempo y pastor de la Primera Iglesia Bautista de Dallas, estuvo presente, así como Paula White-Cain, una telepredicadora y principal asesora espiritual durante el primer mandato de Trump, y Lorenzo Sewell, el pastor de la Iglesia 180 de Detroit, quien dio una enérgica bendición en la toma de posesión del lunes.

Budde, crítica con la "retórica radicalizada"

La Catedral Nacional de Washington ha albergado 10 servicios oficiales interreligiosos de investidura para presidentes de ambos partidos. La tradición se remonta a 1933.

El último servicio tuvo un énfasis diferente al de los anteriores. Su enfoque estuvo en la nación en lugar de en el nuevo gobierno —un plan hecho antes del día de las elecciones.

"Estamos en un momento único en la historia de nuestro país, y es hora de abordar esto de manera diferente", señaló el reverendísimo Randy Hollerith, decano de la catedral episcopal, en una declaración en octubre.

"Este será un servicio para todos los estadounidenses, para el bienestar de nuestra nación, para nuestra democracia".

Los textos y canciones giraron en torno a temas de compasión y unión, incluyendo una lectura de Deuteronomio 10:17-21, que habla de cuidar a los huérfanos y viudas y a todos los que están en necesidad.

Los sermones en los servicios de investidura a menudo han sido dados por ministros alineados con el gobierno entrante. En 2021, el reverendo William Barber, un líder de derechos civiles progresista, predicó ante el presidente Joe Biden en la catedral.

Budde, quien dio el sermón de este año, se ha unido a otros líderes de la catedral en criticar previamente a Trump, reprendiendo su "retórica racializada" y culpándolo por incitar a la violencia el 6 de enero de 2021.

Budde estaba "indignada" en 2020 después de que Trump organizara una aparición frente a la Iglesia Episcopal de San Juan, que está cerca de la Casa Blanca. Sostuvo una Biblia después de que la zona había sido despejada de manifestantes pacíficos.

La única parte del servicio del martes que parecía hecha a medida para Trump fue la inclusión del tenor de ópera Christopher Macchio, quien también cantó el himno nacional en la ceremonia de investidura.

El tenor cantó Ave María, una de las canciones religiosas favoritas de Trump y una que Macchio cantó en un mitin de Trump y en la Convención Nacional Republicana.

Antes de que comenzara el servicio, Macchio interpretó himnos como Cuán Grande es Él y otro favorito de Trump, Aleluya, escrita por Leonard Cohen.

A medida que el servicio de oración se acercaba a su fin, Trump se unió a otros cantando America the Beautiful.

Trump también agradeció a muchos del clero que participaron mientras pasaban frente a él, excepto a Budde, a quien no hizo caso.

El Mundo

Washington (EFE).- El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio vía libre este martes a las redadas de migración en lugares previamente considerados «protegidos» como escuelas, iglesias y hospitales.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) revocó una directriz de la Administración de Joe Biden que instruía a las autoridades migratorias a evitar redadas en estos lugares o cerca a ellos.

El Gobierno alega que la decisión de este martes «empodera» a los agentes de migración a «seguir las leyes» y capturar a los que llaman «criminales extranjeros», según indicó un portavoz del DHS en un comunicado.

Además, el texto asegura, sin citar pruebas o ejemplos, que hay «criminales» que se «esconden en las escuelas y las iglesias» de EE.UU. para evadir los arrestos.
Las redadas, clave para las promesas migratorias de Trump

La decisión llega un día después de que Trump asumiera el poder y enfatizara que cumplirá con su promesa de campaña de llevar a cabo la mayor campaña de deportaciones de migrantes en la historia de EE.UU.

La directriz que fue revocada fue emitida por el Gobierno de Biden en 2021 y prohibía a los agentes de migración llevar a cabo arrestos o redadas en algunos lugares sin aprobación de un superior.

Entre los «sitios protegidos» se incluía tanto los centros educativos, como de salud, lugares de culto, albergues para víctimas de violencia doméstica, funerales, manifestaciones o centros de ayuda tras un desastre natural.

La idea de la medida, según el memorando de 2021, era evitar que las personas extranjeras se mostraran reacias a asistir a lugares donde se ofrezcan servicios esenciales.

«Podemos cumplir con nuestra misión sin negar o limitar el acceso de los individuos a la comida, el albergue o la fe», señala ese documento.

EFE

El MOE participa con 180 militares en el mayor ejercicio anual con la OTAN en el este de Europa

Las maniobras en las que se integran los militares de Rabasa se desarrollarán en Bulgaria entre los días 10 y 21 de febrero.

Mercedes Gallego

Me

Cerca de dos centenares de militares del Mando de Operaciones Especiales (MOE) de Rabasa están listos para participar en unas semanas en el mayor ejercicio anual con la OTAN localizado en el este de Europa y que supone la movilización por parte de España de alrededor de 3.000 soldados.

El ejercicio en el que intervienen los militares de Alicante tendrá lugar en Bulgaria entre los días 10 y 21 de febrero y para su desarrollo se realizará una proyección estratégica vía marítima y aérea del personal y medios participantes en el mismo. El MOE que dirige el general Francisco García-Almenta aporta en torno a 180 militares, el grueso de personal desplegado en Bulgaria que conforma el Mando Componente de Operaciones Especiales.

Dentro del programa previsto se encuentra el desarrollo de actividades junto con las unidades de operaciones especiales búlgaras para el intercambio de técnicas, tácticas y procedimientos, así como la utilización de medios aéreos de ala fija y rotatoria, comprendiendo una fase de cross-training y otra de temas tácticos.

El MOE de Rabasa se integra dentro del Mando Componente de Operaciones Especiales (SOCC) aportando el SOLTG (Special Operations Land Task Group) y la CSSU (Combat Service Support Unit), además de personal en apoyo a la Unidad de Transmisiones y al Cuartel General del SOCC, liderado por el Mando Conjunto de Operaciones Especiales (MCOE).

La misión

El objetivo prioritario es probar y entrenar el despliegue operativo y el refuerzo de los elementos de la Fuerza de Reacción Aliada de la OTAN (ARF) en el Área de Vigilancia Sudeste de la Alianza en tiempo de paz, por el que la OTAN pretende ejercer un efecto disuasorio ante cualquier amenaza contra el territorio aliado.

Las maniobras se enmarcan dentro del Steadfast Dart (STDT) 25, un ejercicio conjunto de activación y despliegue de la ARF programado por el mando de nivel estratégico de OTAN con sede en Bélgica y dirigido por el Mando Conjunto de Nápoles en Italia.

Será el primer ejercicio de despliegue de la ARF y el más visible de la OTAN en este año que permite demostrar su capacidad de respuesta. Además, se centrará en el planeamiento y ejecución de una actividad multidominio previa a una crisis, con el objeto de reforzar las fuerzas aliadas desplegadas en Rumanía, Grecia y Bulgaria-

Son los tres países aliados designados como naciones anfitrionas: Grecia, que será empleada como puerto marítimo de desembarco y donde desplegará el Mando Componente Marítimo (MCC); Bulgaria, país donde desplegará el Mando Componente de Operaciones Especiales y parte del Mando Componente Aéreo; y Rumanía, que será la zona de despliegue del Mando Componente Terrestre.

Los 3.000 militares desplegados por España están distribuidos entre los cuatro mandos componentes de la Alianza. Además de este importante despliegue, el MCOE estará al frente del Componente de Operaciones Especiales de la OTAN durante dos años (hasta junio de 2026), tras superar una intensa evaluación de sus capacidades operativas.

España lidera el Mando Componente de Operaciones Especiales aportando el grueso del personal. Las unidades españolas comenzaron el movimiento estratégico el día 16 de enero con la proyección por mar de medios del Ejército de Tierra hacia el puerto griego de Alexandrópolis.

Fuente: https://www.informacion.es/alicante...

Ida Bell Wells, (1862-Chicago, Illinois, 25 de marzo de 1931) fue coetánea de Gandhi (Porbandar, 2 de octubre de 1869-Nueva Delhi, 30 de enero de 1948) pero es muchísimo más desconocida que Mahatma. Sin embargo, su vida fue un ejemplo de noviolencia y de resistencia civil continuada en luchas por los derechos de las mujeres, a favor del sufragismo y contra el racismo, es decir, una vida dedicada a fomentar el cambio social.

Nació siendo esclava, unos meses antes de que Abraham Lincoln dictara la orden de emancipación de los esclavos afroamericanos en septiembre de 1862. Que una niña negra, nacida en el Estado sureño de Mississippi y en una época salvaje, lograra alfabetizarse, estudiar, independizarse, trabajar como periodista de investigación y militar como sufragista y defensora de los derechos civiles es una proeza. En realidad, lo sería para cualquier mujer, pero para una mujer negra, en ese contexto histórico, es algo sencillamente increíble.

Primeros años

A la edad de catorce años perdió a sus padres y a un hermano de nueve años, fallecidos por fiebre amarilla durante una epidemia que asolaba el sur de Estados Unidos. Después de los funerales, el entorno próximo a la familia decidió repartir a los seis hermanos restantes entre diferentes tíos y tías. A Wells no le pareció buena idea que la familia se separase y para ello decidió ir al instituto y encontrar trabajo como profesora en un colegio para personas negras. A pesar de las dificultades, pudo continuar su educación trabajando en el Rust College en Holly Springs.

En 1880, con dieciocho años, Wells se trasladó a Memphis con sus hermanos, a excepción de uno de quince años. Allí obtuvo un trabajo de verano y cuando le era posible acudía a las sesiones de verano de la Fisk University en Nashville.

Contra la segregación racial en el ferrocarril

Era 1884, 71 año antes del sonado incidente protagonizado en un autobús por Rosa Parks.

En 1884, en una campaña en contra de la segregación en el ferrocarril local, cuando un conductor de la Chesapeake, Ohio & South Western Railroad Company (Compañía de ferrocarriles) le obligó a cederle un sitio a un hombre blanco mandándola al vagón de las personas negras, que estaba a rebosar. Así fue como Wells se negó a ceder su sitio 71 años antes de que Rosa Parks lo hiciera.

La Civil Rights Act of 1875 (Ley de derechos civiles de 1875), que prohibía la discriminación por raza, credo o color en teatros, hoteles, transportes u otros lugares públicos fue declarada inconstitucional en los Civil Rights Cases (Casos de Derechos Civiles) de 1883 y muchas de las compañías de ferrocarriles podían continuar con la segregación racial de sus pasajeros. Sin embargo, cuando Ida B. Wells regresó a Memphis, inmediatamente contrató a un abogado para demandar a la compañía de ferrocarril, ganó el caso en el tribunal local, pero la compañía apeló en la Corte Suprema de Tennessee la cual dio la vuelta a la sentencia. Fue aquí cuando Wells empezó a escribir bajo el pseudónimo de Iola.​

Ida B. Wells aprendió pronto, y por experiencia propia, a desconfiar de los blancos. La victoria que consiguió en primera instancia en su caso contra la compañía ferroviaria fue posteriormente revocada por el Tribunal Supremo del Estado de Tennessee. «El sistema judicial de este país está enteramente en manos de la gente blanca», escribió Wells. «A esto hay que añadir el prejuicio inherente contra las personas de color, con lo que se verá claramente que un jurado blanco encontrará inevitablemente culpable a un acusado negro si hay la menor evidencia para justificar tal hallazgo». Las estadísticas, 126 años después de que escribiera estas líneas, parecen darle la razón: en 2020, más del 41% de los presos sentenciados a muerte en Estados Unidos (2.555 personas) eran negros; en cambio, el porcentaje de población negra del país no llega al 13,5%.

Contra la prohibición a los negr@s de ir en primera línea de las manifestaciones sufragistas

Otro dato impresionante de su biografía y altamente paradójico, dado que supone luchar contra una discriminación dentro de la lucha contra otra discriminación, es el siguiente:

Por otra parte, durante las manifestaciones por el derecho al voto de la mujer, Wells se opuso a la segregación negándose a ponerse detrás de la marcha por ser de negra, un gesto que le hizo ganar reconocimiento. En 1889 empezó a trabajar de redactora al tiempo que se convirtió en copropietaria del periódico Free Speech (Libertad de expresión) en contra de la segregación que se publicaba en Memphis.

Trabajo como periodista

Los negros podían ser linchados impunemente por el simple hecho de ser «descarados» con los blancos o por «no ceder el paso en la acera a una persona blanca si esta se lo exigía». La turba podía linchar a un negro por un delito imaginado (el más común era el de la violación de mujeres blancas, había una verdadera obsesión con ese tema) incluso después de ser declarado inocente por un jurado. Para más señas: por un jurado enteramente blanco y en un tribunal presidido, obviamente, por un blanco. Ni siquiera eso los ponía a salvo.

Ida B. Wells estuvo viajando por el sur del país buscando testimonios y documentación, haciendo lo que hoy se conoce como periodismo de investigación, en un momento en que el género no estaba aún desarrollado. En sus artículos publicaba el resultado de sus pesquisas. En concreto, en 1892 publicó un famoso panfleto titulado: Southern Horrors: Lynch Law in All Its Phases (Los horrores del sur: La ley de linchamiento en todas sus fases), que junto a otro titulado A Red Record (Un logro rojo), fueron el inicio de su documentada investigación y campaña contra los linchamientos. Habiendo contrastado diferentes casos de linchamiento de hombres negros acusados de violar a mujeres blancas, concluyó que en el sur de Estados Unidos se utilizaba la excusa de supuestas violaciones para provocar esta forma de ejecución sin mediación del sistema judicial. Argumentaba que detrás estaba la reacción de personas blancas que se sentían amenazadas por el progreso económico de las personas afroamericanas, y en su percepción de superioridad blanca respecto a la inferioridad innata del hombre negro.

(Recomiendo seguir el vínculo de A Red Record. Escalofriante, indignante y un grandísimo ejemplo de lo que es la violencia directa, estructural y cultural en acción. ¿Cómo los negros pudieron aguantar y cómo los blancos fueron capaces?).

Sacar a la luz todo esto puso en peligro su vida y Wells se vio obligada a abandonar la ciudad y trasladarse a Chicago. Muchas personas afroamericanas decidieron también irse de la ciudad mientras otras organizaron boicots a los negocios segregacionistas.

Ida B. Wells murió en Chicago hace 90 años, el 25 de marzo de 1931. Tuvo que esperar hasta 2020 para obtener el más alto reconocimiento de la prensa en Estados Unidos. En 2020 se le concedió el premio Pulitzer a título póstumo.

Boicot a la Exposición Mundial Colombina de Chicago (1893)

Wells y más líderes negros organizaron en 1893 un boicot a la Exposición Mundial Colombina de Chicago con un panfleto repartido durante la misma cuyo título era Why the Colored American Is Not in the World's Columbian Exposition (Por qué los americanos de color no están en la Exposición Universal de Chicago) y que detallaban en inglés y otros idiomas el linchamiento a los negros que se estaban produciendo en el sur del país. Wells comentó al abolicionista, activista por los derechos civiles e ideólogo blanco, Albion Tourgée, que habían repartido en la feria 2.000 copias del panfleto.

Denuncia de la discriminación racial en Gran Bretaña

En 1892, auspiciada por la activista británica en contra de la discriminación racial, Catherine Impey, Wells fue a Gran Bretaña. Impey era una opositora del imperialismo y defensora de la igualdad, que quería dar a conocer a la opinión pública de su país el linchamiento de que estaban siendo víctimas los hombres negros. Ambas fundaron la Sociedad para el Reconocimiento de la Hermandad Universal del Ser Humano. La exposición de la situación por parte de Wells estuvo acompañada de una foto de niños blancos pasando por debajo del cadáver de un hombre negro colgado; sin embargo, el público reaccionó con escepticismo y le pagaron tan poco que apenas pudo pagar los gastos del viaje.

Vio con especial tristeza cómo eran recogidas en la prensa inglesa las noticias sobre la violencia contra los negros americanos. El Times de Londres, en un ejercicio supremo de cinismo y frío cálculo capitalista, desaconsejaba estas prácticas, pero no por inhumanas sino en aras de la productividad: «La matanza de negros por turbas sedientas de sangre no es un hecho infrecuente y no conduce al éxito de la industria. (…) El trabajo negro, que significa, en el mejor de los casos, trabajo ineficiente, aún debe confiarse a ellos en gran medida, y este terrorismo espasmódico disminuye aún más su eficiencia».

El recurso de la violencia

Los horrores que vivió le llevaron a radicalizarse:

«Las únicas veces en las que un afroamericano ha sido asaltado y ha podido escapar ha sido cuando tenía un arma a mano y la usó en defensa propia», afirma Ida en uno de sus escritos más revolucionarios. «La lección que esto nos enseña, y que cada afroamericano debería sopesar bien, es si el rifle Winchester debería tener un lugar de honor en cada hogar negro, con el objeto de ser utilizado para conseguir la protección que la ley le niega».

Clamaba para que la violencia directa que sufrían los negr@s fuese frenada por las estructuras, pero veía que las estructuras de la época sólo les devolvían más violencia estructural.

¿Es entendible que una mujer que lucha con métodos noviolentos típicos toda su vida y que no consigue avances significativos acabe radicalizándose hacia la violencia? Es muy entendible, pero con ello, en mi opinión, sólo acaba por caer atrapada en la espiral de violencia que se fomenta desde el bando racista y que complica más la solución noviolenta.

He incluido a Ida Wells en esta recopilación de resistencias noviolentas porque me parece que su vida fue un ejemplo de lucha continuada para cambiar la sociedad por medios noviolentos. Los lectores juzgarán si es merecido. En mi opinión, muchas veces somos demasiado exigentes con la noviolencia y, rápidamente, desdeñamos a muchas personas por unas declaraciones desafortunadas, en nuestra opinión, y damos la espalda a vidas de compromiso y coherencia.

Recurso en vídeo:

Fuente: https://www.politicanoviolenta.org/...

Por Edgardo Lander & Daniel Chavez

A principios de setiembre de 2024, varios investigadores y asociados del Transnational Institute mantuvieron una conversación con Edgardo Lander, un Fellow del TNI con una larga trayectoria académica en las ciencias sociales y de militancia en la izquierda latinoamericana. El objetivo de esta conversación, editada por Daniel Chavez, es intercambiar información y análisis sobre la actual realidad política y social de Venezuela, procurando contribuir a superar las visiones dogmáticas, esquemáticas y sectarias que caracterizan a gran parte del flujo internacional de información y análisis sobre ese país

La cobertura de la crisis venezolana en la prensa internacional se ha focalizado fundamentalmente en aspectos políticos, pero quienes conocemos la realidad de tu país sabemos que la crisis tiene varias otras dimensiones. ¿Qué significa la crisis en el actual contexto de Venezuela y cómo explicar su reciente agravamiento?

Durante la última década Venezuela ha estado sufriendo una profunda crisis política, económica y humanitaria. Hoy en día, el producto interno bruto del país es aproximadamente una cuarta parte de lo que era hace diez años. Los servicios públicos –agua, electricidad y telecomunicaciones– funcionan con extrema precariedad. Los servicios de educación y sanidad pública han colapsado. La crisis humanitaria se expresa, entre otras cosas, en altos niveles de desnutrición infantil y en la emigración de casi ocho millones de personas, una cuarta parte de la población, sobre todo jóvenes que no ven futuro en este país.

Esta profunda crisis tiene dos determinantes fundamentales. Por un lado, la ineficiencia, la corrupción y el control militar de buena parte de la economía, junto a la expansión a gran escala de una economía criminal vinculada al narcotráfico y a las actividades extractivas. Por otro lado, las severas sanciones económicas violatorias del derecho internacional impuestas por el gobierno de Estados Unidos. Las sanciones han constituido prácticamente un bloqueo que ha afectado a toda la economía nacional, pero particularmente a la industria petrolera, que durante un siglo ha sido la principal fuente de ingresos del país. Estas sanciones no tienen un impacto significativo en la élite gobernante, pero han causado un daño tremendo a la población, principalmente entre los sectores más vulnerables. No es fácil determinar el peso relativo de cada uno de estos dos factores por separado a la hora de explicar la crisis actual.

¿Cuál es la incidencia real de los intereses de otros países en la crisis actual? Recientemente, una serie de artículos periodísticos han hecho referencia al aparente levantamiento de algunas sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos para habilitar que el petróleo venezolano llegue al mercado europeo, en el marco de la guerra en Ucrania. También se ha insinuado que Estados Unidos está interesado en normalizar las relaciones con Venezuela por consideraciones de política interna.

El tema migratorio es importante para entender las posiciones de otros gobiernos del hemisferio, en particular en tiempos electorales en Estados Unidos. Donald Trump ha hecho públicas sus intenciones no sólo de blindar las fronteras, sino también de expulsar a millones de migrantes si resulta elegido presidente. Esto implica un gran problema para el Partido Demócrata, porque el rechazo a los migrantes es muy popular en algunos estados. La entrada masiva de migrantes venezolanos en el país es algo que el Partido Demócrata tiene que bloquear de alguna manera para mitigar el ascenso de las ideas más radicales planteadas por Trump. Este tema ha motivado algunos movimientos del gobierno de Joe Biden encaminados a hacer menos tensas las relaciones con Caracas.

Algunos analistas de la izquierda venezolana argumentan que para el gobierno de EEUU sería mejor tener a Maduro en el poder que a cualquier otro, incluso si la alternativa es un presidente derechista y pro-Washington. Maduro daría más garantías de estabilidad, una estabilidad que importa a EE.UU por dos razones: la primera es el control sobre las exportaciones del petróleo venezolano, y la segunda es el tema migratorio. Hay muchas especulaciones sobre las futuras relaciones entre la Casa Blanca y Caracas, considerando las crecientes presiones de los republicanos en el Congreso para profundizar las sanciones e incluyendo el posible establecimiento de un bloqueo contra Venezuela similar al impuesto contra Cuba. Pero en todo caso debemos recordar que las sanciones estadounidenses no han sido levantadas por Biden. La mayoría de las sanciones están en vigor, con algunas excepciones para unas pocas compañías petroleras que producen una cantidad limitada de petróleo en Venezuela. Las excepciones se han concedido por un tiempo limitado, lo que significa que pueden ampliarse o reconsiderarse en cualquier momento. Las sanciones son una herramienta utilizada por las administraciones estadounidenses para influir en las negociaciones entre el gobierno de Maduro y la oposición. Las sanciones afectan gravemente la vida cotidiana de la gente común en Venezuela, pero nadie sabe lo que hará el gobierno de EE.UU dentro de unos meses. A Washington no le importa quién esté al mando en Caracas, siempre y cuando el gobierno venezolano le garantice acceso al petróleo y asegure la estabilidad para evitar más migrantes en sus fronteras.

Después de Maduro, el gobierno estadounidense podría enfrentarse a la realidad de un gobierno venezolano aún más neoliberal que el actual, lo que generaría una oleada de movilización social contra el próximo gobierno. El chavismo todavía existe y sigue constituyendo una parte importante de la sociedad venezolana. Maduro obtuvo alrededor del 30% de los votos, lo que significa varios millones de personas. Y el chavismo está organizado y tiene mucha experiencia en las calles. Algunos colectivos están armados y podrían generar mucha inestabilidad en cualquier transición. El gobierno de Estados Unidos es consciente de la fuerza del chavismo, en el corto plazo su principal preocupación es la estabilidad. Todos sabemos que a EE. UU no le importa la democracia.

Nicolás Maduro ha sido proclamado presidente electo de Venezuela por las autoridades judiciales y electorales del país, mientras que la oposición afirma haber ganado la elección con una diferencia de votos abrumadora. ¿Cómo entender posiciones tan polarizadas?

Para entender las controversias sobre el resultado electoral y lo que ellas reflejan sobre el carácter del actual gobierno, debemos considerar varios elementos. En primer lugar, debemos mencionar lo que pasó antes de la elección, comenzando con el nombramiento de un Consejo Nacional Electoral (CNE) completamente controlado por el Poder Ejecutivo. También debemos tener en cuenta la intervención de la mayoría de los partidos de la oposición, incluyendo el nombramiento espurio de autoridades partidarias favorables al gobierno. El caso extremo es el del Partido Comunista de Venezuela (PCV), que formó parte de la coalición gubernamental hasta hace unos años. El PCV se distanció de Maduro tras constatar que él lideraba un gobierno cada vez más neoliberal y antiobrero. Algunos de los nuevos miembros de la actual dirigencia ni siquiera eran miembros del partido, lo que explica que decidieran apoyar a Maduro en la reciente elección presidencial.

También es preciso considerar la inhabilitación inconstitucional de dirigentes políticos de la oposición, quitándoles sus derechos políticos, incluyendo el derecho a ocupar cargos públicos o postularse como candidatos electorales. El gobierno ha decidido arbitrariamente quién podía ser aceptado como candidato y quién no, impidiendo a muchos postulados inscribirse en el Consejo Nacional Electoral. Especialmente a los candidatos de izquierda.

Al constatar el rechazo al gobierno de Maduro por una amplia mayoría de la población, la mayoría de los partidos políticos de oposición abandonó la posición anterior de abstención en las elecciones. Prácticamente todas las organizaciones políticas del país, tanto las de derecha como las de izquierda, decidieron participar en la elección presidencial. El enfrentamiento actual en Venezuela hoy no es entre izquierda y derecha. En el tiempo previo a la campaña electoral se produjo un extraordinario proceso de inteligencia colectiva. Se construyó un consenso asombroso. Hubo un acuerdo generalizado en torno a la importancia de esta elección, acordando todos que lo que estaba en juego no era el programa que presentaban los diferentes candidatos y que el objetivo común debía ser recuperar la democracia y la Constitución de 1999. Para ello, por muchos candidatos que hubiera, había que votar por el candidato que según las encuestas y las movilizaciones durante la campaña electoral tuviera más garantías de derrotar a Maduro. Este resultó ser un total desconocido, un candidato postulado por la coalición de partidos de derecha: Edmundo González Urrutia.

La oposición política y muchas organizaciones sociales de Venezuela no han dudado en afirmar que los resultados electorales anunciados por el gobierno no son válidos. ¿Hubo fraude en la elección del 28 de julio?

El sistema electoral venezolano cuenta con dispositivos automatizados altamente fiables, con pocas posibilidades de ser vulnerables a intentos de fraude. Cuenta con múltiples controles antes, durante y después del acto electoral. Entre los mecanismos de control se encuentra el hecho de que en cada mesa electoral la máquina de votación imprime un acta con los resultados. Estos resultados se cotejan en presencia de testigos de todos los partidos en el momento del recuento de las papeletas electorales físicas correspondientes a cada colegio electoral. Estas actas son firmadas por los miembros de la mesa y por los testigos representantes de los partidos, que conservan copias de las actas firmadas. Cada acta tiene un código de identificación QR único.

Las máquinas transmiten los resultados a un centro nacional de totalización. Al anunciar los resultados, el CNE debe presentar los resultados de cada mesa electoral, para que los testigos de cada mesa puedan comparar lo que dice el centro de totalización con el acta de resultados de su mesa. Esta comparación entre lo que dice el centro de totalización y lo que dicen las actas en manos de los testigos de mesa es el mecanismo de control más importante del proceso electoral.

Durante la jornada de votación de julio, testigos del gobierno y miembros de las fuerzas armadas encargados de garantizar la seguridad del proceso pusieron todo tipo de obstáculos para impedir la presencia de testigos de la oposición en el escrutinio de los resultados y para impedir que obtuvieran copias de las actas electorales de sus respectivas mesas. Sin embargo, pese a todas las trabas, en la mayoría de los centros electorales los votantes consiguieron derrotar las maniobras del gobierno.

En la noche del día de votación, cuando el gobierno constató la avalancha de votos en su contra, el presidente del CNE interrumpió el proceso de totalización argumentando que había habido un hackeo del sistema, supuestamente generado en Macedonia del Norte. Con cifras inventadas, sin sustento alguno, el CNE declaró que Maduro había sido reelecto. Aún hoy, más de un mes después de la elección, con un proceso totalmente automatizado que habría permitido publicitar los resultados de cada mesa la misma noche de los comicios, el Consejo Electoral sigue negándose a hacer públicos los resultados con los que supuestamente Maduro habría ganado las elecciones. Violando la Constitución, Maduro pidió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que no tiene ni las competencias constitucionales ni la capacidad técnica para hacerlo, que ratificara su victoria, lo que el tribunal hizo pocos días después.

¿Qué pasó después de la elección?

La población venezolana es ampliamente consciente de la aplastante derrota del gobierno. Incluso en la mayoría de los centros de votación ubicados en sectores populares, que habían estado durante mucho tiempo dominados por los partidarios del gobierno, ganó la oposición. Decenas de miles de testigos pudieron constatar los resultados en sus mesas con sus propios ojos. Los partidos de la oposición consiguieron recopilar actas correspondientes a más del 70% de los colegios electorales de todo el país. Se publicaron copias de estas actas en una página web de fácil acceso, donde es posible revisar los resultados de cada centro de votación. Según estas actas detalladas, el candidato de la oposición obtuvo más del doble de votos que Maduro.

Ante este flagrante fraude estallaron protestas en todo el país en los dos días siguientes a las elecciones. A diferencia de años anteriores, en los que las protestas callejeras eran principalmente de la clase media, las protestas recientes han sido protagonizadas principalmente por los sectores populares. La respuesta del gobierno fue inmediata: represión generalizada. En esos días hubo 24 muertos, la mayoría por disparos de las fuerzas policiales y militares. Más de 2.000 personas fueron detenidas y acusadas de terrorismo, entre ellas más de 100 menores. A los detenidos no se les permite la defensa privada.

Hoy asistimos a los dolores de parto del proceso de instauración de un régimen dictatorial en el país. No es sólo un fraude electoral masivo que elimina la posibilidad de que la voluntad, y la soberanía del pueblo puedan ser ejercidas. También se están dando pasos acelerados en la instalación de un modelo jurídico-institucional autoritario para imponer mecanismos legales que permitan al gobierno mantener indefinidamente el control del Estado. Entre otras leyes que han sido aprobadas o están por aprobarse, se encuentran tres iniciativas legislativas muy nocivas: la ley contra el odio, la ley contra el terrorismo y la ley de control de las ONG. Dos leyes adicionales están en debate: la ley reguladora de los partidos políticos y la ley contra el fascismo. Por supuesto, el gobierno es quien define lo que es odio, lo que es terrorismo, lo que es fascismo…, con acusaciones que utiliza indiscriminadamente contra quienes expresan críticas a su gestión. Estamos asistiendo a la transición de un gobierno con tendencias autoritarias a un régimen dictatorial.

¿Cuál crees que es la significación de la actual crisis en Venezuela en el pensamiento emancipatorio y debates en curso en torno a la democracia en América Latina y el mundo?

Algunas voces siguen defendiendo a un gobierno autoritario, corrupto, neoliberal, antipopular, represivo, patriarcal y extractivista como si siguiera siendo “de izquierda” con base en el recuerdo de lo que alguna vez, hace muchos años, fue el gobierno de Hugo Chávez, o porque Maduro tiene un discurso a veces (no siempre) antiimperialista. Esas voces contribuyen a legitimar a este gobierno, en lugar de lo que deberíamos esperar de la izquierda: solidaridad con el pueblo que lucha contra un régimen antidemocrático.

Quienes siguen apoyando a Maduro, incluyendo a algunos partidos del Foro de Sao Paulo o los portavoces de Podemos en España, están haciendo un profundo daño a la izquierda en la región y en el mundo. También dañan a los proyectos anticapitalistas en el más amplio sentido de la lucha contra el capitalismo, ya que al apoyar a Maduro favorecen a la derecha. Las personas que saben lo que está pasando en Venezuela, aquellos que han tenido contacto directo con algunos de los casi ocho millones de venezolanos que han abandonado el país en los últimos años, tienen razones para concluir que “si esto es la izquierda, esto no es lo que quiero para mi futuro, para mi país, y entonces voy a votar por la derecha”. Lo que ocurre hoy en Venezuela es un nuevo examen para las izquierdas como lo fue el Gulag soviético en el siglo pasado y más recientemente el gobierno Ortega-Murillo en Nicaragua. Buena parte de las izquierdas globales están reprobando este examen.

¿Cómo construir un frente unitario contra un gobierno represivo? ¿Cuáles crees que son las perspectivas de las movilizaciones por la democracia, considerando que las fuerzas de derecha y sectores de extrema derecha parecen tener tanta influencia en la oposición a Maduro, no sólo en Venezuela sino también a nivel internacional, incluyendo al gobierno estadounidense y a los gobiernos de derecha de América Latina y Europa?

Evidentemente, nos enfrentamos a una tarea muy grande y muy difícil, por lo que la respuesta a esta pregunta no es sencilla. Después de 25 años de Revolución Bolivariana se ha producido un claro giro a la derecha en la sociedad venezolana. Durante las cuatro décadas anteriores, con profundas desigualdades y exclusiones, Venezuela había desarrollado una especie de sentido común socialdemócrata. Los dos principales partidos políticos apoyaban variantes del ideario socialdemócrata, y conceptos clave como democracia y justicia social eran legítimos e importantes tanto para el gobierno como para la oposición. Sin embargo, tras el fracaso del actual gobierno, autodefinido como “socialista”, la sociedad venezolana tiende a asociar cualquier referencia al socialismo o a la izquierda con la corrupción y el autoritarismo del gobierno de Maduro. Se ha producido un claro desplazamiento en la conciencia colectiva y la subjetividad en relación a la clásica división izquierda-derecha. Hoy en día, es muy difícil para nosotros en la izquierda apelar a la población venezolana con el lenguaje clásico de la izquierda. Si hablamos de socialismo o de un horizonte de izquierda, nuestras propuestas son inmediatamente rechazadas, porque la gente tiende a identificar esos términos con el discurso del gobierno. Por lo tanto, nos encontramos en una situación increíblemente difícil y debemos centrar nuestras propuestas en las ideas de democracia, derechos humanos y defensa de la Constitución.

En este contexto, a lo más que podríamos aspirar a corto plazo es a una especie de gobierno de transición, que con toda seguridad daría continuidad a las políticas económicas neoliberales actuales, pero con la recuperación de derechos democráticos básicos. Podríamos en las nuevas condiciones centrar nuestros esfuerzos en el ejercicio del debate político sobre el país que queremos en la recuperada esfera pública, en la organización y en la resistencia a políticas gubernamentales anti-populares, algo que ahora no es posible. No tengo ninguna expectativa de que a corto plazo podamos alterar el marco neoliberal que domina no sólo el discurso dominante (tanto en el gobierno como en la oposición), sino también el imaginario social hegemónico. La transición a la democracia y la recuperación de la vigencia de la constitución con seguridad tomará algún tiempo.

Al principio de esta conversación mencionabas la expansión del extractivismo en Venezuela. ¿Podrías explicar qué significa eso en términos de justicia medioambiental y derechos de los pueblos indígenas?

El gobierno ha abierto enormes extensiones del territorio nacional a lo que definen como “zonas económicas especiales”. Estas zonas constituyen espacios donde no rige la legislación ambiental, laboral o de protección de los derechos indígenas. La prioridad es extraer la mayor cantidad posible de recursos naturales.

El caso más dramático es el Arco Minero del Orinoco, que abarca una zona que forma parte de la cuenca del Amazonas en territorio indígena. Se trata de la principal fuente de agua del país, pero sin embargo ha sido objeto de explotación masiva por parte de todo tipo de minería ilegal, con presencia de paramilitares y guerrilleros colombianos. También es una zona en la que están implicados sectores del ejército venezolano, con terribles repercusiones en las comunidades indígenas. Es el lugar donde operan los llamados “sindicatos”, que no son organizaciones de trabajadores, que controlan grandes segmentos del territorio y deciden sobre quién puede extraer minerales, qué minerales, a qué precio, y sin que las comunidades locales tengan nada que decir.

En la industria petrolera, muchas instalaciones son muy antiguas y ya obsoletas, con fugas por todas partes como consecuencia de la mala gestión y la falta de inversión. Precisamente en estos días, Venezuela sufre un vertido de petróleo que ha afectado a más de 200 kilómetros cuadrados de la costa caribeña. El gobierno ni siquiera ha reconocido públicamente el vertido, a pesar de que las fotografías publicadas en las redes sociales muestran una enorme mancha negra, lo que demuestra que su prioridad es el control político del país. No existe preocupación alguna por el medio ambiente, a pesar de que la situación actual es dramática.

Algunos intelectuales progresistas y activistas de izquierda en América Latina, Europa y otras regiones del mundo siguen defendiendo al gobierno liderado por Nicolás Maduro con el argumento de que Venezuela es un caso típico de un proceso revolucionario atacado por la derecha mundial y los intereses imperialistas del norte. ¿Es coherente seguir refiriéndonos al actual gobierno como “popular”, “democrático” o “de izquierda”?

No se trata en absoluto de un gobierno de izquierda, sino de un gobierno autoritario, de derechas y corrupto. Un gobierno que está dirigido, en palabras del presidente Maduro, por una “alianza cívico-militar-policial”. Durante años, el gobierno ha priorizado su permanencia en el poder sobre las necesidades de la población, violando repetidamente la Constitución de 1999.

El gobierno de Maduro es un gobierno de derecha. Sus políticas económicas son neoliberales. Las condiciones de vida de la clase trabajadora se han deteriorado de forma extrema. El salario mínimo mensual apenas llega a los tres dólares. Para sobrevivir, la población depende de bonos monetarios y algunos paquetes alimenticios que entrega el gobierno discrecionalmente, lo que opera como un eficiente mecanismo de control social. Es un gobierno represivo, hay muchos presos políticos, algunos de ellos sometidos a torturas. El gobierno clausura medios de comunicación críticos, detiene a periodistas y activistas sociales, y ha profundizado el extractivismo. Ya no queda nada “de izquierda” o “progresista” en el actual gobierno.

Lamentablemente, muchos sectores de la izquierda internacional, con lecturas campistas fundadas en la época de la Guerra Fría y que identifican al imperialismo exclusivamente con Estados Unidos, siguen pensando que en Venezuela lo que está ocurriendo es un enfrentamiento entre un gobierno revolucionario antiimperialista y una derecha fascista apoyada por el imperio. La confrontación real en Venezuela es, por el contrario, entre un gobierno de derecha autoritario, represivo, con retórica antiimperialista, y la inmensa mayoría de la población que abarca todo el espectro político, de la izquierda a la derecha.

¿Hasta qué punto es monolítico el apoyo del estamento militar a Maduro? ¿Se mantendrá el apoyo de los militares a largo plazo, teniendo en cuenta que Nicolás Maduro tiene un carisma y una trayectoria muy diferente a las de Hugo Chávez?

Chávez procedía del ejército y por lo tanto conocía las fuerzas armadas desde dentro. Chávez logró dirigir a sus camaradas no por la fuerza o la imposición, sino por convicción. Chávez tenía el control de los militares y sabía todo lo que pasaba dentro de las fuerzas armadas. Ese no es el caso del actual presidente. Maduro procede de un pequeño partido de izquierda –y en Venezuela la izquierda ha estado tradicionalmente en contra de los militares– y no tenía ninguna relación previa con las fuerzas armadas. Para garantizar su apoyo, abrió la puerta a la participación de los militares en puestos gubernamentales, desde los ministerios hasta las juntas directivas de las empresas estatales. La corrupción ha sido masiva como medio para garantizar el apoyo militar. Este no es un gobierno “respaldado” por los militares, sino, como ha dicho el propio Maduro, “un gobierno cívico-militar y policial”.

Alguna gente que sabe más que yo sobre los militares sostiene que toda la cúpula militar está unida en torno a la decisión de proteger a Maduro a toda costa porque están protegiendo sus propios privilegios. Pero ese no es el caso de los mandos subalternos. Los soldados tienen sueldos miserables y sus familias comparten las mismas dificultades del resto de la población venezolana en cuanto al acceso a la alimentación, la salud, la educación o el transporte, y por eso hay descontento. En los últimos años, muchos militares por debajo de la cúpula han sido detenidos y acusados de conspirar contra el gobierno, pero los altos mandos están absolutamente unidos en su defensa de Maduro.

¿Cuál es el papel de la prensa y de otros medios de comunicación en el actual contexto venezolano?

Los medios de comunicación tradicionales –diarios, periódicos, radios y cadenas de televisión– están totalmente bajo control gubernamental. El gobierno cerró algunos medios y compró otros. Sólo queda un diario nacional impreso en papel. Uno solo, Últimas Noticias, y ese único diario está totalmente controlado por el gobierno. Todos los demás diarios han desaparecido o sólo se publican en Internet.

Al mismo tiempo, los medios de comunicación tradicionales desempeñan un papel mucho menos significativo en la comunicación en Venezuela. La gente se comunica principalmente a través de redes sociales como Facebook o Tic-Toc. Pero no todo el mundo tiene fácil acceso a las redes sociales, y algunas de ellas están bloqueadas por el gobierno, ya sea indefinidamente o de forma intermitente. Aporrea, el portal online que ha sido uno de los principales canales de comunicación y debate de la izquierda crítica durante las últimas dos décadas, requiere una VPN para acceder, lo que significa la exclusión de mucha gente que no sabe cómo hacerlo. Y muchos otros canales sociales que habían sido creados durante los gobiernos de Hugo Chávez han sido cerrados, debido a la falta de finanzas para asegurar su funcionamiento.

Las redes sociales son caóticas, todos lo sabemos. Pueden ser usadas y manipuladas por la derecha. Son insultos que van y vienen y que habilitan la circulación de una enorme cantidad de desinformación. Si queremos que algo se debata dentro de la izquierda tenemos que subirlo a Aporrea, y cuando vemos cuánta gente ha tenido acceso uno puede alegrarse si consigue 3.000 lectores, pero 3.000 en un país de 30 millones no es nada.

El gobierno tiene el control de los medios de comunicación tradicionales, y después de las elecciones los ha estado utilizando para vender la noción de “normalidad”. Quieren convencer a la gente de que la elección ha terminado, que Maduro ha ganado, y que por lo tanto todo ha vuelto a la normalidad. Constantemente publican imágenes de gente comprando y fingiendo alegremente que no ha pasado nada raro, intentando demostrar que el descontento no existe.

¿Qué tan fuerte, o más bien qué tan débil, es la izquierda venezolana? Antes mencionabas la intervención del Partido Comunista por parte del Gobierno y el nombramiento de una dirección partidaria ilegítima, pero ¿qué puedes decir de la izquierda chavista?

La izquierda en Venezuela es hoy muy débil. Es también una izquierda fragmentada e internamente diversa. Un componente importante incluye a personas que hace 20, 10 o 5 años habían formado parte del Gobierno chavista y que se han distanciado de Maduro. No siempre es fácil trabajar junto a personas que hasta no hace mucho estaban en el poder o eran cómplices en decisiones gubernamentales a las que nos opusimos. Recuperar la confianza es todo un esfuerzo, pero es un proceso que debemos tomarnos en serio para trabajar juntos en torno a la prioridad común. La mayoría de los ministros civiles y otros funcionarios del Estado que integraban el gabinete durante los gobiernos de Hugo Chávez son ahora opositores a Maduro. Como afirmaba antes, los militares son quienes siguen siendo el principal sostén del actual gobierno.

Al igual que muchos otros países de América Latina, la sociedad venezolana en su conjunto se ha desplazado hacia la derecha durante los gobiernos de Maduro. Sin embargo, algunos activistas de izquierda seguimos intentando reunirnos y trabajar juntos. Debemos reunirnos en Zoom, porque no es seguro organizar reuniones políticas públicas y abiertas. Hay una convicción compartida de que necesitamos reconstruir la confianza, más allá de las diferencias políticas que tuvimos hasta hace poco. Necesitamos dejar atrás esas diferencias y esas interpretaciones pasadas del proceso bolivariano para centrarnos en nuestro objetivo común, que es la recuperación de la Constitución. Yo mismo tengo muchas críticas a la propia Constitución, pero por supuesto ese no es hoy el tema prioritario. La cuestión principal hoy es recuperar las instituciones constitucionales, el sentido de la política y la esfera pública. Una vez que recuperemos la democracia podremos conversar sobre otras transformaciones sociales, económicas o políticas más profundas, pero hoy no es el momento para esos debates. Hoy tenemos que centrarnos en derechos muy básicos, empezando por sacar a las víctimas de la represión de los centros de detención, focalizando nuestras acciones en el respeto a los derechos humanos y los principios básicos de la democracia.

Fuente: https://loquesomos.org/venezuela-un...

El sábado 14 de diciembre estuve con Hilario, Lola y María riéndonos y conmoviéndonos con esta película basada en la vida del humorista Miguel Gila, dirigida y con guion de Alexis Morante y protagonizada por Óscar Lasarte.

Conmoviéndonos porque nos muestra como un grupo de combatientes sobrellevan durante tres años los estragos del conflicto, incluyendo tanto la confrontación armada como la represión en el calabozo e incluso encarar un pelotón de fusilamiento, gracias al humor de una persona que se había visto abocado a ir el frente por amistad, pero sin siquiera tener claro las razones ni mucho menos las consecuencias del conflicto. Como comentó mi amiga María algunas escenas son muy emocionantes, como la del juego de la rueda de llamadas telefónicas, otras son duras como la de la batalla en primera línea.

Como parodia antibelicista me vienen a la memoria algunos referentes. Para empezar en la misma película, en una de las primeras escenas se hace referencia a Charlie Chaplin, quien dirigió y protagonizó "Shoulder Arms" en 1918 y el protagonista imita a Chaplin con el "arma" al hombro. Otra de las escenas me recordó a la obra de teatro "Pic- Nic" de Fernando Arrabal, en la que un soldado ha capturado a un enemigo y dialogan poniéndose en evidencia que tienen casi todo en común, en la película se desarrolla un diálogo muy similar en la escena en la que Gila y un soldado del ejército sublevado ordeñan una vaca. Precisamente la aparición de la vaca me recordó a "La Vaquilla", película dirigida en 1985 por Luis García Berlanga y protagonizada entre otros por Alfredo Landa que también parodiaba el conflicto de España. Ha habido otras parodias antibelicistas internacionales, intemporales e inolvidables como "Monty Python's The Meaning of Life" dirigida por Terry Jones en 1983. Y, por supuesto no me voy a olvidar de reseñar las habituales parodias de colectivos del Movimiento de Objeción de Conciencia del estado español, como "Sinkuartel Komparsa Antimilitarista" denunciando con humor el gasto militarista y el sinsentido de las guerras.

La película a su vez me recordó unas reflexiones que publiqué hace un par de meses en redes sociales tras la lectura del libro "Gobernar el caos" de Francisco Gracia Alonso sobre la historia del ejército español. En una escena Gila pregunta a otro "voluntario" que se muestra temeroso y apesadumbrado si era su primera guerra. Y me recordó que en realidad España ya se había visto envuelta en otra guerra pocos años antes, en los 20s, contra Marruecos, que había suscitado mucho rechazo y oposición en la ciudadanía, incluidas muchas deserciones a consecuencia precisamente de los estragos y muertes en el frente que supuso. Lo cual me hacía reflexionar y con esta película me vuelve la reflexión sobre lo curioso de que el conflicto de 1936, por el contrario, generara un entusiasmado alistamiento de personas voluntarias. Copiando un párrafo de aquella reflexión destaco que "En estos capítulos no aparece ningún dato de desertores o prófugos, a pesar de que se habla de coerción para evitarlos, a pesar de que se dan profusamente datos de los sucesivos reclutamientos de personas cada vez más jóvenes, a pesar de que se llega a criticar las numerosas muertes de estos jóvenes, especialmente de las llamadas "quintas del biberón". Pareciera que en esta última guerra, a diferencia de todas las anteriores no hubiera habido ningún rechazo a los alistamientos de los ejércitos contendientes. Pero sabemos que La Liga de Refractarios a la Guerra estuvo activa hasta que los sublevados tomaron el poder y obligaron a sus activistas a exiliarse". En la cena con Hilario me dijo que debería inculcarse desde la más tierna infancia el rechazo a las guerras. Sin embargo asistimos a menudo a exposiciones de material bélico en ferias "educativas" que deberían ser antibelicistas, se sigue "educando" con el militarista lema de "Si vis pacem para bellum". Y, como también estuvimos comentando, gran parte de la historia que se estudia en los centros educativos está centrada en las guerras, batallas, ocupaciones, invasiones, conquistas y heroicidades militaristas.

Por otro lado hubo otra frase de la película que me trajo otra reflexión. Cuando el militar de mando (no recuerdo qué rango) le dice a Gila que "Nos han enseñado a odiar, pero no nos han enseñado a pedir perdón". Estoy de acuerdo, pero asumo una de las reivindicaciones de los colectivos de Memoria Histórica: No podemos perdonar cuando nadie nos ha pedido aún perdón sino que por el contrario los que se erigen como descendientes ideológicos de quienes "vencieron" se siguen jactando de ello, siguen ensalzando el levantamiento e impidiendo que se juzguen democráticamente los crímenes cometidos. Como ya dijo en su momento Miguel de Unamuno "Vencer no es convencer".

Desde luego es una buena película para seguir construyendo y reflexionando sobre el antimilitarismo y el sentido de la paz y la justicia.

Fuente: https://floredo.blogspot.com/2024/1...

Rafel Montaner

La Delegación de Defensa en la Comunitat Valenciana tiene encomendada la gestión patrimonial de las 310 propiedades inmobiliarias que los tres ejércitos tienen repartidas por la geografía valenciana. Este patrimonio militar suma en su conjunto 46,4 km², una superficie que supera en tamaño a los términos de hasta 386 de los 542 municipios valencianos.

El planeta militar valenciano es tan diverso que incluye desde joyas arquitectónicas medievales, como el antiguo Convento de Santo Domingo de València, sede del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad (CGTAD) del Ejército, hasta una de las bases militares más grandes de España, la General Almirante de Marines, e incluso dos bases de la Guerra Fría construidas por EE UU, el Escuadrón de Vigilancia Aérea (EVA) nº 5 del pico de Aitana y la Estación Radionaval de Guardamar del Segura, así como dos colegios y un hospital.

Joyas arquitectónicas protegidas

Por su relevancia histórica destaca el cuartel de Santo Domingo de la plaza de Tetuán. Conocido aún como Capitanía General, conserva el antiguo convento de padres predicadores del Cap i Casal, el mayor de la ciudad, y entre sus tesoros sobresale su claustro gótico.

También es patrimonio histórico protegido el acuartelamiento de San Juan de Ribera de la Alameda de València. Estos cuarteles de finales del siglo XIX son la actual sede la Delegación de Defensa y de dos regimientos: Inteligencia nº 1 y Operaciones de Información nº 1.

Igualmente han jugado un papel en la historia reciente, y siguen jugándolo, los dos enclaves militares de la Guerra Fría que levantó EE UU en territorio valenciano tras los Pactos de Madrid de 1953 entre el régimen de Franco y el Gobierno del general Dwight D. Eisenhower. El primero data de 1957 y está en el origen de que el techo de Alicante, los 1.558 metros de altitud del pico de Aitana, haya una Kansas.

La ‘Kansas' de Confrides

Este es el indicativo que dieron los americanos al EVA nº 5, ubicado en el término de Confrides y que en 1964 pasó a depender del Ejército del Aire y del Espacio. Esta estación radar es uno de los 13 EVA que vigilan el espacio aéreo de España las 24 horas del día, de ahí que su lema sea Siempre vigilantes.

Está a la espera de incorporar uno de los nuevos radares fijos de largo alcance Lanza 3D LRR (Long Range Radar) que Defensa ha encargado a Indra. Este radar tridimensional de última generación tiene un alcance vertical de 30 km y horizontal de 470 km, solo limitado por la curvatura terrestre, y está dotado con un interrogador de identificación amigo-enemigo. Cuenta con la tecnología más avanzada para detectar aeronaves, drones y misiles, incluso los que usan materiales y técnicas furtivas.

La torre más alta de Europa

El segundo vestigio en suelo valenciano de los años más duros de la Guerra Fría es la Estación Radionaval de Guardamar, que en la Vega Baja todos conocen como la torreta o la torre de los americanos, pues fue la US Navy quien la levantó en 1962 y no fue hasta después de la I Guerra del Golfo, en 1991, cuando pasó a depender de la Armada Española, que controla su transmisor desde la base naval de Rota.

Con sus 380 metros de altura es la torre más alta de la Unión Europea. Esta antena en forma de mástil de sección triangular, con un ascensor de mantenimiento en el centro, emite en baja frecuencia (LF) y por eso sus ondas penetran bajo el mar hasta unos 20 metros. Esto es clave para garantizar su misión de controlar el tráfico marítimo, pues se encarga de guiar a la flotilla de submarinos de la Armada con base en Cartagena cuando salen a navegar.

El gigante valenciano de la Defensa

Por su tamaño, el gigante valenciano de la Defensa es la base General Almirante, pues sus 25,5 km² de superficie repartida por cuatro términos (Gátova, Llíria, Marines y Olocau) suponen más de la mitad del suelo militar valenciano. El antiguo Centro de Instrucción de Reclutas (CIR) nº 7 de los años setenta, protagonista de las historias de la mili de miles de valencianos, alberga hoy tres regimientos: los Dragones de la Muerte del Caballería Lusitania nº 8 de la Brigada Paracaidista (Bripac); Transmisiones nº 21, y el Grupo de Misiles Patriot del Artillería Antiaérea nº 73, que tiene una batería desplegada en Turquía desde hace años en una misión de apoyo a la OTAN.

En cuanto a impacto económico destaca la Base Jaime I de Bétera, sede del Cuartel General de Despliegue Rápido de la Alianza Atlántica, Este centro militar internacional, según el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) incrementa en 25,7 millones de euros la renta valenciana y genera 644 empleos directos e indirectos. Aloja también unidades de tres batallones (el adscrito al CGTAD, el de Policía Militar I y el de helicópteros medios de la Unidad Militar de Emergencias) así como el Mando de Transmisiones.

Los boinas verdes de Rabasa

De alto valor estratégico es también el acuartelamiento Alférez Rojas Navarrete, en Rabasa (Alicante), que es la sede de los boinas verdes, el Mando de Operaciones Especiales (MOE) compuesto por comandos de élite entrenados en tácticas de guerrilla. El otro gran cuartel que sigue activo es el Daoíz y Velarde de Paterna, sede del Regimiento NBQ nº 1, el referente del Ejército de Tierra en defensa contra agresivos de carácter Nuclear, Biológico y Químico. Y ya de menor tamaño y quizás por ello menos conocido, el cuartel que el Ejército del Aire y del Espacio tiene en el Vedat de Torrent, sede de la Escuadrilla de Transmisiones nº 4.

Igualmente son patrimonio militar el antiguo Hospital Militar de Mislata Vázquez Bernabeu, cedido por 75 años a la Generalitat, o los dos colegios también cedidos por 99 años a la Conselleria de Educación: el Jaume I de Paterna y el Sector Aéreo de València.

Diario Levante

Rubén Márquez

Las innovaciones digitales están provocando que la Generación Z nos sólo esté abandonando la habilidad de escribir, sino también los conocimientos básicos para expresarse claramente. La duda entre si es parte de la transformación que experimenta la sociedad o un problema de la Generación Z que hay que atajar, preocupa a los expertos.

Aunque hubo que esperar hasta la Revolución Industrial y la creación de la imprenta para ver cómo se democratizaba su aprendizaje. Pese a que fue entonces cuando se consiguió que la escritura saltase de una selección de expertos hasta el resto de la población, podría decirse que nuestra habilidad para escribir lleva acompañándonos desde las primeras culturas. Alrededor de 5.500 años en los que sumerios, egipcios y chinos, marcaron un camino que la Generación Z está dejando de lado.

La pérdida de la escritura entre la Generación Z

Según varios estudios y declaraciones recogidas por Türkiye Today de la mano de profesores de distintas universidades, los jóvenes de la Generación Z se han acostumbrado tanto al uso de teclados que han terminado palideciendo al saltar de la escritura digital a la tradicional.

Como toda habilidad que se pierde poco a poco al no utilizarla, los estudiantes demuestran ahora una considerable pérdida en su forma de escribir a mano, a menudo torciéndose en la página y demostrando una caligrafía ininteligible. Un estudio realizado en la Universidad de Stavanger, en Noruega, demostró que en apenas un año de centrarse únicamente en la escritura digital, provocó que el 40% de los estudiantes perdiesen fluidez en su escritura manual. Sin embargo, aseguran que el hecho de tener "mala letra" o cansarse más de la cuenta al escribir en papel no es lo peor.

Motivado por el uso de las redes sociales como medio de comunicación, a menudo evitan frases largas o fallan al construir párrafos con sentido. La Generación Z no sólo tienen más dificultades para escribir y comunicarse de forma efectiva, sino que independientemente de si lo hacen a mano o con teclado, fallan a la hora de crear párrafos con frases independientes, lo que hace que sea más caótico y difícil al intentar entender sus textos.

La buena noticia es que su capacidad de síntesis para intentar explicar cualquier concepto en menos de 10 palabras ha mejorado notablemente, pero a la larga hace que profundizar en temas más complejos les resulte especialmente difícil. Entre la pérdida de ciertas normas ortográficas, y la habilidad para estructurar correctamente lo que quieren transmitir, la preocupación sobre el camino que tomará la escritura conforme la tecnología siga creciendo es, cada vez más, una realidad tangible.

Fuente: https://www.3djuegos.com/3djuegos-t...

RADHIKA DESAI, PROFESORA de ECONOMÍA de la UNIVERSIDAD MANITOBA, CANADÁ

El sistema del dólar es el generador de desigualdad más poderoso que jamás se haya conocido. Es el aparato que permite a los países capitalistas centrales, debilitados productivamente, mantener su prosperidad absorbiendo el valor producido en otros países.

La búsqueda actual de alternativas al sistema monetario internacional basado en el dólar está motivada principalmente por su utilización como arma mediante sanciones ilegales y unilaterales.

Sin embargo, a medida que avanza esta búsqueda, crece la conciencia que el sistema dólar nunca ha servido bien al mundo.

Por ejemplo, el informe encargado por el gobierno ruso antes de la cumbre BRICS de 2024 en Kazán, titulado “Mejora del sistema monetario y financiero internacional”, señala que el sistema monetario y financiero internacional basado en el dólar se ha caracterizado por «crisis frecuentes, desequilibrios comerciales y de cuenta corriente persistentes, niveles elevados y crecientes de deuda pública y volatilidad desestabilizadora de los flujos de capital y los tipos de cambio» y que «sirve principalmente a los intereses de las economías avanzadas».

Podría haber añadido que es posiblemente la causa más importante de desigualdad en el mundo, dentro de las sociedades y entre ellas.

En contraste con las opiniones liberales que atribuyen los conflictos internacionales a desviaciones de los principios liberales, incluido el sistema monetario internacional basado en el dólar, o el realismo que los atribuye a factores «políticos» y «geopolíticos», este artículo sostiene que el sistema de dolar desde su raíz produce la desigualdad internacional.

En este sentido, nos alineamos con perspectivas críticas sobre el capitalismo y el imperialismo como las de Marx y Lenin, Polanyi y Hobson, en las que se basa mi propio enfoque de la economía geopolítica.

Las perspectivas de estos teóricos explican cómo el imperialismo ha impedido históricamente el desarrollo y la igualdad y cómo el antiimperialismo es una herramienta de lucha por la igualdad y el desarrollo.

Hoy en día, se podría decir que el sistema del dólar es el generador de desigualdad más poderoso que jamás se haya conocido. Es el aparato que permite a los países capitalistas centrales, debilitados productivamente, mantener su prosperidad absorbiendo el valor producido en otros países.

Según las estimaciones de la UNCTAD y Jason Hickel, esos flujos de valor alcanzaron un máximo de entre 1 billón y 3 billones de dólares, entre el 10 y el 15 por ciento de la inversión mundial, y la mayor parte de la reciente reducción se debe a que China se libró de esa sangría, gracias, por supuesto, a su desarrollo, lo que significa, entre otras cosas, la capacidad de impedir a los países imperialistas apropiarse de ingresos ganados por el expolio

Déjenme explicar.

Existe una enorme literatura del FMI basado en el dólar, la mayor parte de ella comprometida con Estados Unidos y contrariamente a toda evidencia, celebra el eficaz «servicio público del dólar al mundo” y predice su longevidad.

También existe una enorme literatura sobre la financiarización y sus daños. Sin embargo, hasta mi Economía Geopolítica de 2013 , nadie hablaba de su íntima conexión.

Allí y en otras publicaciones, como Capitalism, Coronavirus and War, argumenté que después de 1971 el sistema del dólar se apoya en los cimientos volátiles de sucesivas financiarizaciones, en una serie de expansiones de la actividad financiera denominada en dólares, cada una de las cuales involucra activos, actores, flujos y regulaciones. Cada una de estas financiarizaciones eran, por supuesto, insostenibles, provocando sucesivas crisis.

Cada financiarizacion tuvo que ser reemplazada por otra. Al aumentar la demanda puramente financiera del dólar, se contrarrestaron la presión a la baja que ejercían sobre la moneda los déficits fiscal, de cuenta corriente y comercial de Estados Unidos. Esta presión habría expulsado al dólar de su desmesurado papel mundial, como Robert Triffin predijo en la década de 1950.

De hecho el sistema financiero del dólar ha aumentado enormemente la desigualdad internacional. A continuación, se ofrece una lista incompleta de las formas en que esto ha ocurrido:

Subvalúa sistemáticamente las monedas de la Mayoría Mundial, lo que permite a los tenedores de dólares comprar productos y servicios de la Mayoría Mundial a precios muy baratos.
Se basa en desequilibrios persistentes que provocan el subdesarrollo, ya que no existe un imperativo que imponga la autosuficiencia ni aborde la falta de competitividad.
Ofrece a los gobiernos y empresas de la mayoría mundial crédito, a tasas de interés usurarias, no cuando lo necesitan sino sólo cuando los acreedores en dólares necesitan prestar. (habitualmente no de forma contracíclica sino procíclica).

El sistema dólar ha inducido crisis de deuda cuando las autoridades monetarias occidentales han aumentado los tipos de interés, como en los años 1980 y nuevamente hoy.

En las reestructuraciones de deuda que siguieron, el principio de responsabilidad de los acreedores fue borrado por el FMI y el Banco Mundial, que actuaron exclusivamente como alguaciles de las instituciones financieras occidentales, lo que dio lugar a nefastos flujos inversos de capital mediante los cuales los países pobres han pagado muchas veces la deuda que originalmente contrajeron, imponiendo un retraso económico a millones de personas.

Con las crisis el sistema dólar exige el levantamiento de los controles de capital para liberar los flujos de capital que transfieren aún más riqueza de los países de la mayoría mundial a los países capitalistas centrales, ya que los ricos transfieren riqueza para evadir impuestos en su país y participar en la actividad especulativa que abunda en el sistema financiero internacional denominado en dólares.

Los estudios empíricos definen que los flujos de inversión de los países de la mayoría mundial hacia los países avanzados son un problema importante ya que el sistema ha desviado la inversión de la producción a la especulación, debilitando los esfuerzos de desarrollo.

Ha inflado sistemáticamente burbujas de activos: las más recientes fueron la burbuja punto-com, las burbujas inmobiliaria y crediticia, y la actual «burbuja de todo».

Un buen número de estas burbujas de activos ocurren en los mercados de materias primas, que elevan los precios de los productos más comercializados por los países de la mayoría mundial.

El estallido de las burbujas provoca dolorosas crisis financieras en las que los pobres –personas y países– son los que más sufren, mientras que los ricos –países y personas– obtienen paracaídas dorados.

Estos salvatajes suministrados por los gobiernos en forma de subsidios y por los bancos centrales como dinero fácil, sólo sientan las bases para la próxima financiarización.

Los paracaídas gubernamentales han regulado los sectores financieros, incluyendo la autorización de libres flujos de capital, NO para promover la producción y el desarrollo sino la especulación, no para una economía de creadores sino para una economía de especuladores, no para la generación de empleo sino para la preservación del valor de las reservas ociosas de riqueza.

Esta lista de las formas en que este sistema genera desigualdad entre países no sólo es incompleta, sino que excluye las formas en que genera desigualdad dentro de los países, lo que también contribuye a la desigualdad internacional, en particular al reducir el mercado mundial y dificultar el desarrollo.

En Estados Unidos, la desigualdad generada por este sistema es responsable de la división social, la polarización política y la confrontación cultural que sufre el país y que lo ha llevado al borde de una guerra civil.

Esta crisis de EEUU debería ser una señal para cualquier país que piense que puede reemplazar al dólar por su propia moneda y no por una cesta de monedas.

Hay que recordar que el sistema también ha promovido guerras contra países como Irak y Libia simplemente porque buscaban salir del sistema dólar.

El sistema dólar está a punto de derrumbarse por su propio peso: razón de más para idear alternativas. Ya es hora de que avancemos en ese proyecto.

Fuente: https://observatoriocrisis.com/2025...

Por Jonathan Cook

Traducido para Rebelión por Paco Muñoz de Bustillo

De repente, tras años tergiversando a Hamás, políticos y medios de comunicación occidentales se han vuelto frenéticos para aclarar la diferencia entre yihadistas y nacionalistas islámicos.

Es algo muy extraño. Durante años los políticos y los grandes medios de comunicación occidentales han sido completamente indiferentes al hecho de que Hamás no sea un movimiento yihadista, como Al-Qaeda o el Estado Islámico (ISIS), sino específicamente un movimiento de resistencia palestino, aunque su base sea una ideología islamista que le distingue de movimientos de resistencia palestinos laicos como Fatah.

Poco después del ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre del pasado año, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu coincidió con el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, y afirmó sin rechistar: «Hamás es ISIS [Estado Islámico]… y debe ser tratado exactamente igual que el ISIS».

Pero Hamás, a diferencia de Al-Qaeda o el Estado Islámico, no pretende recrear un califato que incluya a los musulmanes allá donde vivan, sin tener en cuenta las fronteras nacionales. Lo que Hamás desea es crear un Estado palestino en Palestina e Israel está determinado a impedir lo de cualquier modo, incluso si ello supone cometer un genocidio.

Hamás no exige una adherencia estricta a la ley religiosa y no prioriza el islam sobre la identidad nacional palestina.

No forma parte, como Israel y sus apologistas de Occidente tratan de hacer creer, de ninguna cruzada islamista que libra una guerra global contra los valores de una supuesta “civilización” judeocristiana.

Hamás no oprime a los cristianos (en Gaza existía pacíficamente una comunidad cristiana hasta que Israel empezó a bombardear sus templos), ni obliga a las mujeres a llevar velo.

La designación de Hamás como grupo terrorista por parte del Reino Unido, tanto de sus ramas militar como político-social, ha sido en gran parte justificada merced a esa tergiversación del carácter ideológico de Hamás.

Si suscito este asunto no es para alabar a Hamás (véase la nota legal más abajo) sino para resaltar la indignante hipocresía actual de todos los medios de comunicación occidentales.

Ahora nos encontramos con una rama de Al Qaeda en Siria, rebautizada como HTS [Hay'at Tahrir al-Sham , Organización para la Liberación del Levante]. Y los periodistas occidentales, encabezados como siempre por la BBC, se desviven por explicar cómo el grupo se ha transformado de la noche a la mañana de un yihadismo que cortaba cabezas en un movimiento de resistencia nacional sirio moderado y “favorable a la diversidad”.

Dichos medios se muestran de pronto muy preocupados por aclarar la diferencia entre yihadismo militante y resistencia nacional islamista, e insisten en que esta última es respetable.

Esto, por supuesto, se presenta como la razón por la que los gobiernos británico y estadounidense han puesto fin rápidamente a la designación de HTS como organización terrorista, incluso cuando esos mismos gobiernos mantienen proscrito a Hamás en su totalidad. Es la razón que se da para acoger a este sucedáneo de Al Qaeda como un buen movimiento nacionalista sirio, supuestamente deseoso de unificar el país.

Lo que pretendo decir es que los medios de comunicación occidentales son bastante capaces de entender la diferencia entre yihadistas y nacionalistas islámicos cuando quieren. Pero solo lo hacen cuando los estados de seguridad nacional británico y estadounidense se lo ordenan.

Esa es la conducta de nuestra supuesta “prensa libre”.

Nota legal: Las observaciones anteriores se hacen con fines puramente analíticos y no pretenden en modo alguno “fomentar el apoyo” a Hamás, lo que supondría una violación del artículo 12 de la Ley de Terrorismo del Reino Unido. El gobierno británico considera a Hamás una organización terrorista.

Después de todo, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar la sensatez del gobierno al utilizar la legislación antiterrorista para encarcelar a periodistas hasta 14 años por señalar la aplicación incoherente de sus políticas?

¿Quiénes somos nosotros para cuestionar el derecho de la policía británica a asaltar los hogares de periodistas independientes, investigarlos y detenerlos, como les ha pasado a Richard Medhurst y Asa Winstanley, por presuntamente no adherirse por completo a la posición del gobierno británico sobre Hamás?

¿Quiénes somos nosotros para cuestionar por qué los medios de comunicación británicos, defensores de una gloriosa tradición de libertad de prensa, no están aplicando los mismos estándares periodísticos a Hamás y al HTS –o informando del arresto de periodistas independientes por parte de la policía por presuntamente infringir la Sección 12 respecto a Hamás, cuando a policía parece totalmente indiferente a la aplicación del artículo 12 en relación con el HTS?

Atención: Nada de lo anterior debe interpretarse en modo alguno como una sugerencia de que Gran Bretaña no sea plenamente democrática o de que muestre signos de convertirse en un Estado policial.

Fuente: https://jonathancook.substack.com/p...

Nota de Tortuga: las características no yihadistas que el autor atribuye a Hamás, hasta donde esta web conoce, son también de plena aplicación al movimiento libanés Hezbolá, una organización igualmente islámica pero que también ejerce la tolerancia religiosa allá donde gobierna y que no está interesada en la promoción de un estado islámico ni en una guerra religiosa. Ignoramos si estas características son o no extensibles en este momento a los grupos que controlan Siria o a la propia teocracia que gobierna Irán.

Tomado de Rebelión: https://rebelion.org/el-dia-que-los...

Ali Hamad, APAimages, para WAFA (agencia de noticias), vía Wikimedia Commons

Instituciones financieras europeas han prestado o invertido más de 60.000 millones de euros en empresas que venden armas a Israel. Esto es lo que se desprende de un nuevo informe internacional publicado por 19 organizaciones de la sociedad civil. Banco Santander y BBVA figuran entre los diez principales proveedores europeos de crédito a estas compañías, superando entre los dos los 3.300 millones de euros.

La investigación examina las relaciones financieras entre seis de las mayores compañías productoras de armas del mundo (Boeing, General Dynamics, Leonardo, Lockheed Martin, RTX y Rolls-Royce), que suministran armas a Israel, y las instituciones financieras europeas. El informe concluye que estas entidades financiadoras han concedido 36.100 millones de euros en préstamos y suscripciones a las empresas señaladas y poseen 26.000 millones de euros en acciones y bonos de las empresas armamentistas que abastecen al ejército israelí.

Préstamos de Santander y BBVA

Con 1.981 millones de euros en préstamos y suscripciones desde 2021, Banco Santander aparece como el séptimo financiador europeo de las empresas armamentísticas que abastecen al ejército israelí. Junto a él, el BBVA también también concedió préstamos a estas compañías por valor de 1.378 millones de euros, desde 2021. El Banco de Santander ya aparecía en el último informe de la coalición Don't Buy Into Occupation, como entidad financiadora de los asentamientos israelíes.

Las organizaciones autoras del informe invitaron a las instituciones financieras que aparecen reflejadas a responder a las conclusiones. La respuesta de Santander y BBVA aparece publicada en uno de los anexos. El Banco Santander alude a que la entidad «aplica políticas estrictas a la hora de conceder préstamos a empresas o instituciones que operan en sectores sensibles, incluido el de defensa«. Pone como ejemplo su veto a la financiación de «la fabricación, el comercio, la distribución o el mantenimiento de productos o materiales relacionados con armas nucleares, químicas o biológicas, minas antipersona, municiones de racimo o municiones que contengan uranio empobrecido«.

Invertir en una empresa conecta al inversor con todas las actividades de la empresa

Para los autores de la investigación, según los estándares internacionales sobre empresas y derechos humanos, las instituciones financieras tienen una clara responsabilidad de garantizar que no invierten en empresas que contribuyen a violaciones de derechos humanos. «No afirmamos que la totalidad de estos flujos de capital se haya destinado a la producción de armas destinadas a Israel. Sin embargo, como las inversiones en una empresa generalmente la apoyan en su totalidad, invertir en una empresa conecta al inversor con todas las actividades de la empresa y, en consecuencia, con todos los efectos adversos de estas actividades«, indica el estudio. «Independientemente de la inversión o la proporción del capital que fluye directamente a la producción de bienes destinados a Israel, las instituciones financieras tienen la clara responsabilidad de utilizar su influencia para influir en los actores implicados en las violaciones para prevenir, mitigar y abordar esos daños«.

El informe expone que, de 2019 a 2023, seis de los mayores productores de armas del mundo -Boeing, General Dynamics, Leonardo, Lockheed Martin, RTX y Rolls-Royce- han vendido armas o sistemas de armas a Israel. Para la investigación, a través de estas ventas, estas empresas corren un alto riesgo de contribuir a graves violaciones del derecho internacional humanitario en Gaza. El banco francés BNP Paribas es, con diferencia, el mayor proveedor de financiación, habiendo proporcionado 5.700 millones de euros en préstamos y suscripciones de préstamos desde 2021. Otros grandes inversores identificados por el informe son los bancos Crédit Agricole , Deutsche Bank , Barclays y UBS, así como el fondo de pensiones del gobierno noruego GFPG y la compañía de seguros Allianz.

En su llamado de febrero de 2024 a un embargo de armas, los expertos de la ONU se refirieron a las obligaciones de los Estados en virtud del Tratado sobre el Comercio Internacional de Armas (TCA), que prohíbe a los estados autorizar transferencias de armas si saben que estas armas se utilizarán para cometer genocidio y crímenes contra la humanidad. o crímenes de guerra. Según el informe, los Estados miembros de la UE están además obligados por la Posición Común de la UE sobre exportaciones de armas, que exige a los estados miembros de la UE «rechazar una licencia de exportación si existe un riesgo manifiesto de que la tecnología o el equipo militar que se exportará se utilice para cometer violaciones graves del derecho internacional humanitario«. La orden de la Corte Internacional de Justicia del 26 de enero permite establecer la existencia de este “riesgo manifiesto”.

Fuente: https://www.economiasolidaria.org/n...

Aitana Irving

La guerra civil de Sudán está repleta de acusaciones de crímenes de guerra y de crímenes contra la humanidad, con investigaciones que evidencian un genocidio salvaje contra comunidades no musulmanas. Los actores principales son las Fuerzas Armadas de Sudán (SAF) y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), ambas facciones del gobierno militar sudanesa. Esta guerra ha matado a decenas de miles de personas y ha creado más de 11 millones de personas desplazadas.

Además de los crímenes de guerra investigados y documentados por el New York Times (NYT), la hambruna está destrozando a la población. Tanto la SAF como la FAR están restringiendo el acceso a comida y a las ayudas exteriores, creando una escasez de comida intencionada; el país está en camino de convertirse en la peor crisis de hambruna del mundo, según Amnistía Internacional. Un alto oficial de la Organización de Comida y Agricultura de Naciones Unidas, Dervla Cleary, ha dicho que 638.000 personas están sufriendo hambruna, de acuerdo con PBS. Además, la mitad de la población -24,6 millones de personas- está enfrentada a una inseguridad alimenticia aguda.

La violencia de género es una pieza central en esta guerra, con una multitud de casos de violaciones, agresiones y esclavitud sexual sufridas por las mujeres sudanesas por parte del FAR. En vídeos de miembros de esta milicia, como una del comandante Mohamed Al Fatih, reclaman que la violación a las mujeres es: “nuestro derecho y lo hemos cogido”. “Si violamos a tu hermana o a tu hija, cosechas lo que siembras”, añadió el comandante. “El número de casos son mucho mayores de lo que cualquier persona se pueda imaginar”, contó un miembro de la Iniciativa Estrategia para Mujeres en el Cuerno de África, Hala Al Karib, en una entrevista con el NYT.

Soldados del FAR han grabado las atrocidades cometidas sobre la población como trofeos, incluyendo la violencia, las ejecuciones y la quema de edificios. Estas grabaciones serán utilizadas como evidencia para juzgar a miembros del grupo por crímenes contra la humanidad en el Tribunal Internacional de Justicia. El NYT ha documentado tres patrones principales del FAR: la ejecución de rehenes desarmados, la quema de comunidades y el abuso directo de civiles, incluyendo la violencia sexual.

Debido a la naturaleza opaca de la organización, no se ha podido identificar la estructura de mando hasta ahora; en la investigación del NYT, se ha podido identificar a, por lo menos, 20 figuras claves, junto con el líder del grupo, Mohamed Hamdan Dagalo, quien probablemente será juzgado como autor principal de los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad.

Limpieza étnica

El FAR ha sido acusado por varias organizaciones internacionales de derechos humanos de cometer genocidio en Darfur del Este (estado de Sudán). Entre abril y noviembre de 2023, miles de personas fueron exterminadas en una campaña de limpieza étnica de los Masalit (población que vive mayoritariamente en el oeste de Darfur) y la población no musulmana de El Geneina y sus afueras, según el informe del Observatorio de Derechos Humanos (HRW).

El 15 de junio de 2023 hubo una masacre a gran escala. El FAR disparó a civiles escoltados por luchadores Masalit en un convoy de un kilómetro de longitud que huían del conflicto. La milicia persiguió, acorraló y mató a hombres, mujeres y niños que intentaban escapar, según HRW. Una consultora especial de la ONU para la prevención del genocidio, Alice Wairimu Nderitu, advirtió que “el incremento en hostilidades en El Fasher (localidad en Darfur del Norte) han abierto un capítulo muy alarmante en el conflicto”, añadiendo que la situación es “similar a la de Ruanda” en 1994, según la BBC.

El grupo ha quemado pueblos enteros y han desplazado a miles de personas que han huido a Chad, Egipto, Sudán del Sur y otros países vecinos. Han vaciado comunidades, asesinado a sus ciudadanos y destruido las infraestructuras. Varios vídeos muestran a comandantes locales afirmando que no querían rehenes, implicando que los militantes asesinaran a todos que encontraban, de acuerdo con los vídeos recopilados por el NYT. Además, utilizan lenguaje de limpieza étnica, diciendo en vídeos: “Te juro que hemos aniquilado esta gente. Ya no quedan”.

En octubre de este año, la FAR llevó a cabo otra masacre en al-Seriha, un pueblo a 90km de la capital del país, Khartoum. La ONU dice que asesinaron a 124 personas mientras que el Congreso Gezira, un grupo local, dice que este número podría alcanzar 140 personas, de acuerdo con la investigación de la BBC. Después del ataque, los hombres sobrevivientes fueron juntados y detenidos por el grupo armado. Soldados del FAR grabaron vídeos burlándose de los rehenes, obligándoles a hacer sonidos de animales: “Di baa, perros, di baa, di baaa. Si os atrevéis a volver a coger las armas, no os volváis a meter con las Fuerzas de Apoyo Rápido”.

El origen del conflicto

La naturaleza de esta guerra civil es muy similar a la segunda guerra civil sudanesa que finalizó en 2005. La guerra en Darfur empezó en 2003 y fue clasificado como un genocidio contra la población no musulmana como los Fur, los Zaghawa y los Masalit -una naturaleza que refleja la actual-, según el Rastreador de Conflictos Globales (CFR). Se estima que más de 300.000 personas fueron masacradas por la milicia Janjaweed, el germen del FAR, y que sus estrategias son las mismas que las de ahora.

En 2019, el FAR y el SAF trabajaron juntos para derrocar al dictador Omar al-Bashir, pese a que el FAR trabajaba para el gobernante. Debido a las tensiones entre ambos grupos para liderar el país y conseguir sus intereses particulares, en 2023 soldados de ambos grupos fueron desplegados en Khartoum y a lo largo de Sudán. En abril, hubo una serie de explosiones en la capital, donde ambos lados acusaron al otro de lanzar el primer ataque. Aunque se ha intentado conseguir un acuerdo de paz posteriormente, ninguno de los lados ha cumplido con los altos al fuego. Las tensiones solo han escalado desde entonces.

Fuente: https://www.elplural.com/politica/i...

Ya han pasado dos navidades y 16 meses desde que se desató la locura violenta entre Israel y Palestina. Parece que la noticia va perdiendo fuerza en los medios de comunicación. Damos seguimiento en este artículo a los recorridos legales y políticos de la demanda de genocidio que interpuso Sudáfrica contra Israel. Al ser un tema legal se vuelve, automática y penosamente, en un tema difícil de seguir y entender. Esperamos que el esfuerzo realizado sirva a nuestr@s lector@s para tener una recopilación de las actuaciones transcurridas durante este año.

El desafío de Sudáfrica

“La ley internacional no es ni verdaderamente internacional, ni genuinamente ley”, sino ideología: una fuerza ideológica al servicio del hegemonismo y sus aliados y un formidable instrumento de poder, dice Perry Anderson. Fundamentalmente la “justicia internacional” es un espectáculo. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, ninguna guerra de Estados Unidos ha merecido la atención de la Corte Internacional de Justicia, principal órgano judicial de la ONU. Las invasiones y ocupaciones propias o de los amigos han sido bendecidas o silenciadas, mientras que las de los adversarios fueron condenadas cuando no objeto de intervención bélica. Todo eso ya lo sabíamos.

También sabemos, desde los romanos, que es mejor un mundo con ciertas reglas, aunque sean fraudulentas o no se cumplan, o solo deban observarlas unos pero no otros, que la completa carencia de ellas. Al fin y al cabo, siendo el derecho el dictado de los poderosos, es mejor que su ausencia. A veces hay resquicios en el muro de los poderosos por donde se cuelan ciertas oportunidades de justicia.

La denuncia de Sudáfrica a Israel por genocidio en Gaza es más que una de esas oportunidades. Formalmente impecable, es un desafío abierto a Estados Unidos, la potencia que tutela y bendice la masacre de palestinos desde hace décadas. El equipo sudafricano, dirigido por John Dugard, que fue defensor de Nelson Mandela y de Desmond Tutu y relator de la ONU sobre Derechos Humanos en los territorios palestinos ocupados, pone en evidencia a los regímenes árabes, que han sido incapaces de dar un paso semejante.

Sudáfrica vs. Israel: la justicia ha de servir a la vida

Aunque ya fue parcialmente anunciada el pasado 21 de diciembre, el día 29 se hizo pública la presentación de una demanda por parte de Sudáfrica contra Israel, en la que se le acusa de la violación de la Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio de 1948. En la demanda se contextualiza la situación del pueblo palestino, en especial en la franja de Gaza, en una dimensión histórica, pero el objeto esencial de la misma son las actuaciones militares llevadas a cabo por Israel a partir del 7 de octubre del año pasado.

El 2 de enero, el portavoz israelí Eylon Levy declaró públicamente que, con esta demanda, Sudáfrica se convertía en un defensor pro bono de Hamás, en un cómplice del genocidio contra el pueblo judío; en suma, una especie de abogado del diablo que había redactado un “libelo de sangre”.

En los días siguientes, varios Estados, como Turquía, Jordania, Malasia o Bolivia manifestaron su adhesión a la demanda; otros, como Estados Unidos, señalaron que era una medida contraproducente y carente de todo fundamento. A la par, cerca de 800 ONGs mostraron su apoyo a la demanda en una carta pública. En lo más cercano, más de 250 juristas de nuestro país reclamaban que España se sumase a ella. Pareciera pues que las huestes de “abogados del diablo” van en aumento y han trascendido de las fronteras sudafricanas.

La posición aparentemente más difundida de Israel es que a partir del 7 de octubre inició una serie de operaciones militares con el objeto de “vengarse” de Hamás, con la intención de destruirlo completamente. Sudáfrica mantiene, sin embargo, que el objetivo de las acciones y ataques ha sido y sigue siendo el pueblo palestino, y que la intención que se persigue es destruirlo en todo o en parte. Y a esto, en Derecho, se le llama genocidio. Su comisión, o el incitamiento a su comisión, están absolutamente prohibidos por el Derecho Internacional, y en concreto por la Convención de 1948.

Ciertamente, el objeto de la demanda es más complicado, como iremos señalando, pero podemos considerar este el punto de partida para entender las discusiones que se han dado ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya el 11 y 12 de enero. El debate se centró, no obstante, en la solicitud de varias medidas cautelares dirigidas a Israel, que pueden sinterizarse en la suspensión de toda operación militar en Gaza y la entrada de ayuda humanitaria urgente.

En primer lugar, esta demanda se ha presentado ante la Corte Internacional de Justicia, un órgano que condena a los Estados, no a las personas, pues de esto se ocupa la Corte Penal Internacional. De hecho, oficialmente la Fiscalía de esta Corte lleva investigando la comisión de presuntos crímenes internacionales en Palestina desde hace cinco años. No nos vamos a detener en ello, pero es preciso señalar que no está muy claro si el Fiscal “está” o “se le espera”, porque los frutos públicos de su actuación no se han concretado aún en nada tangible.

De otro lado, la calificación jurídica internacional de los hechos que se están examinando no es una cuestión de blanco o negro. Es decir, resultan equivocadas las posiciones que mantienen que se trata de genocidio o de nada. Por limitarlo a los crímenes internacionales más graves, gran parte de los hechos ocurridos desde el 7 de octubre en adelante, con seguridad, pueden calificarse como crímenes de guerra, probablemente como crímenes contra la humanidad, y es posible que como genocidio. Es una discusión técnica, complicada, pero de cualquier modo los tres “tipos” de crímenes internacionales citados comparten una cuestión esencial: la consecuencia derivada de su comisión. La respuesta es clara, como mínimo, desde los juicios del Tribunal de Nuremberg de 1945-46, y de hecho se considera el primer principio general del Derecho Internacional Penal: toda persona que los cometa u ordene cometerlos es responsable de ello, y debe ser sometida a un proceso judicial y castigada, en su caso, con una pena adecuada a su gravedad. De ello, insistimos, no se ocupa ni puede ocuparse la Corte Internacional de Justicia, y es por lo que Sudáfrica le pide a la Corte, entre otras cosas, que ordene a Israel que las personas responsables de la comisión de genocidio sean castigadas por sus tribunales o que facilite que lo haga la Corte Penal Internacional. No es, en fin, una cuestión caprichosa de un “abogado del diablo” u otro.

Sudáfrica explica en la demanda presentada el 29 de diciembre de 2023 que los actos y las omisiones de Israel son genocidas porque tienen la finalidad específica de destruir a una parte sustancial del grupo nacional, racial y étnico de Palestina. Los actos se concretan en los tres primeros supuestos, es decir, en la matanza de los palestinos de Gaza, causarles lesiones graves a su integridad física y mental, y someterlos intencionalmente a condiciones de existencia que acarrean su destrucción física. En palabras de Sudáfrica, Israel ha fracasado no solo en la prevención del genocidio, sino que lo está cometiendo en manifiesta violación de la Convención. También aduce en su demanda que Israel está violando otras obligaciones como la sanción por la incitación pública y directa al genocidio cometida por los oficiales israelíes.

Sudáfrica busca en primer lugar que la Corte dicte la orden que obligue a Israel a suspender de manera inmediata sus actividades militares en y contra Gaza; a adoptar medidas para prevenir los actos de genocidio; a que desista de la comisión de los actos descritos como genocidio en la Convención; y a que revoque todas las órdenes relativas a la expulsión de la población palestina de Gaza, y a la privación del acceso a alimentos, ayuda humanitaria y medicamentos esenciales para la población palestina.

Corte Penal Internacional (CPI) y Corte Internacional de Justicia (CIJ)

Para entender esta situación es necesario analizar primero el papel de la Corte Penal Internacional (CPI). Establecida en 2002 mediante el Estatuto de Roma, en gran medida como respuesta a las lecciones aprendidas de los tribunales ad hoc creados para juzgar los crímenes de las guerras de Yugoslavia y el genocidio de Ruanda, así como para prevenir la repetición de dichos crímenes en el futuro, su misión principal es enjuiciar a individuos, es decir, a personas físicas acusadas de cometer crímenes de especial gravedad, como genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. la CPI es un tribunal penal que juzga y condena a los responsables individuales de organizar o llevar a cabo crímenes contra la humanidad.

Mientras, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) se centra en la resolución pacífica de las disputas entre los diferentes Estados;

la Corte Internacional de Justicia –establecida por la Carta de las Naciones Unidas como órgano judicial principal de las Naciones Unidas– tiene competencias para conocer todos los litigios que las partes le sometan. Es decir, que los Estados deben aceptar la competencia de la Corte para que esta conozca la controversia.

¿Y cómo aceptan los Estados la competencia de la Corte? Una forma de hacerlo es formar parte de un tratado internacional que contenga una cláusula, un artículo, por el que se reconoce dicha competencia. Esto es lo que ocurre en el Convenio sobre Genocidio. Este contiene un artículo por el que los Estados parte aceptan someter a la Corte Internacional de Justicia todas las controversias relativas a la interpretación, aplicación o ejecución de la Convención de Genocidio. Israel se adhirió a la Convención en 1951 y Sudáfrica en 1998. De manera que ambos Estados han aceptado que las controversias sobre la Convención de Genocidio puedan ser resueltas por la Corte.

Los Estados que son parte de esta Convención de 1948 se comprometen a “prevenir y a sancionar el genocidio”. Así lo establece el primer artículo. Sobre esta base, Sudáfrica alega que tiene la obligación legal de prevenir el genocidio. Su interés en que se acate la Convención sobre Genocidio es el que le lleva a acudir a la Corte Internacional de Justicia, no el hecho de que los actos objeto del litigio le hayan provocado una lesión o un daño directo.

Genocidio

Por otro lado, la Convención recoge la definición de genocidio, entendida como cualquier acto, de los mencionados a continuación, perpetrado con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Ha de tratarse de la matanza de los miembros del grupo; la lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; el sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial; las medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; o el traslado por la fuerza de niños de un grupo a otro grupo.

Composición del Tribunal

15 jueces de Estados Unidos, Rusia, Eslovaquia, Francia, Marruecos, Somalia, China, Uganda, India, Jamaica, Líbano, Japón, Alemania, Australia y Brasil.

¿Qué se discutió en la CIJ?

Los planteamientos que fueron objeto de discusión el pasado 11 y 12 de enero, pueden sintetizarse en tres puntos:

La primera cuestión está relacionada con lo que los internacionalistas denominamos la competencia de la Corte para conocer de la demanda, es decir, la posibilidad de que los jueces puedan decidir sobre este caso. Por supuesto, Sudáfrica sustentó la competencia de la Corte en la Convención de 1948 (artículo IX) que citamos al inicio, de la cual Israel es Estado Parte desde 1950 y Sudáfrica desde 1998, y que establece el deber de prevenir su comisión y de no cometer genocidio. Israel, por su parte, negó tal competencia argumentando que no existe una controversia con Sudáfrica por el cumplimiento de esta Convención, lo cual es requisito indispensable para que la Corte pueda decidir sobre un caso. En otras palabras, Israel considera que ha sido demandado sin haber tenido conocimiento ni haber tenido la oportunidad de tratar el supuesto incumplimiento que sostiene Sudáfrica antes de que presentase la demanda. También señaló, en línea con lo que expondremos en los dos párrafos siguientes, que los actos alegados por Sudáfrica no son en ningún caso genocidas, sino que pudieran ser, en algún mínimo supuesto, entendidos como crímenes de guerra, y la Corte no tiene competencia sobre ellos con base en la Convención contra el genocidio.

La segunda cuestión se centra en las alegaciones de fondo. Como hemos avanzado, Sudáfrica afirmaba que las operaciones militares israelís en Gaza no han tenido como objeto destruir a Hamás, sino al pueblo palestino que vive en ese territorio, en todo o en parte. Prueba de ello serían las declaraciones públicas de algunas autoridades de Israel que tratan a los palestinos de “animales” o “hijos de la sombra”; la manera indiscriminada en que se han llevado a cabo los ataques militares que han dejado un gran porcentaje de niños muertos, ciudades destruidas por completo y una población desplazada sin acceso a comida, agua ni energía; así como la negativa a permitir la entrada de ayuda humanitaria. En otras palabras, si solo quieren “vengarse” de Hamás, ¿por qué han castigado y condenado prácticamente a la muerte a todos los palestinos de Gaza? En su defensa, Israel insistió en que es Hamás quien quiere destruirlos como pueblo, por eso ha sido y seguirá siendo su objetivo militar. Los miembros del gobierno y de la cúpula militar encargados de tomar las decisiones operativas han reiterado que ese es el único objetivo de sus acciones, y la mayoría de las declaraciones públicas que invocaba Sudáfrica para fundamentar el genocidio, dijo que habían sido desautorizadas. No obstante, la cuestión fundamental ignorada por Sudáfrica es, para Israel, que Hamás lleva a cabo sus ataques desde áreas urbanas densamente pobladas y edificios civiles como hospitales y escuelas. Es entonces Hamás quien ha puesto en riesgo a la población civil y la ha expuesto a los daños producto de la respuesta militar del ejército israelí. A su vez, Israel sostuvo que ha coordinado la entrada de ayuda humanitaria, el desplazamiento de civiles a refugios, el acceso al agua y la atención de enfermos. Dicho de otro modo, para Israel, si Hamás no utilizara a los civiles y sus edificios en sus operaciones militares, no habría tantos muertos ni una situación humanitaria tan deplorable.

La tercera cuestión tiene que ver con la concesión de las medidas cautelares, cuyo propósito es impedir que se produzca un daño irreparable ante un peligro inminente. Para Sudáfrica es urgente que la Corte ordene a Israel parar cualquier operación militar en Gaza, permitir la entrada de ayuda humanitaria, y castigar a todas las personas que inciten a cometer o cometan genocidio. De nuevo, parecen peticiones o deseos solo propios del Maligno. De lo contrario, concluyó Sudáfrica, los palestinos que viven en Gaza seguirán sufriendo y habrán desaparecido para cuando la Corte tome una decisión definitiva sobre su derecho a vivir como pueblo. En total oposición, Israel negó la existencia de un peligro inminente que justifique las medidas; cuestionó la legalidad de una posible orden que no le permita defenderse de quienes quieren destruirlo; indicó que las operaciones militares no constituyen una amenaza directa contra la población civil; informó de que la intensidad de los enfrentamientos se ha reducido por un cambio en la estrategia defensiva; y reafirmó que se encuentra trabajando activamente con Naciones Unidas para garantizar condiciones básicas de subsistencia de la población Palestina en Gaza. Así las cosas, insistió en que las medidas no sólo no son necesarias, sino que su concesión pondría en riesgo a la población israelí de sufrir otro ataque como el del pasado 7 de octubre.

Todo este cruce dialéctico que hemos intentado resumir condensa algo que ya apuntamos casi al inicio. Desde el punto de vista del Derecho, en estos días se ha construido un laberinto minado de tecnicismos en el que lo más natural es terminar, como mínimo, desorientado. Y la justicia internacional es por definición lenta, con lo que habrá que esperar años hasta, en su caso, la resolución completa de esta demanda.

Ahora bien, hace ya mucho tiempo nos sumamos a la idea esencial de que el Derecho o sirve para la vida o no sirve para nada.

Medidas provisionales

La Corte tiene facultad, según su Estatuto, para indicar, “si considera que las circunstancias así lo exigen, las medidas provisionales que deban tomarse para resguardar los derechos de cada una de las partes”. Es decir, el Tribunal, cuando adopta medidas provisionales, debe justificar que las circunstancias lo exigen. En este momento, su labor es encontrar esta justificación.

La clave reside en que la Corte tiene que encontrar una relación, un vínculo, entre los actos de genocidio denunciados en la demanda y la petición de las medidas provisionales. Si considera que existen probabilidades de que se estén cometiendo actos de genocidio, entonces dictará la orden de medidas provisionales. El objetivo de esto es garantizar el efecto útil del proceso judicial desde el primer momento.

Ahora bien, el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia es muy escueto a la hora de explicar en qué consiste el establecimiento de las medidas provisionales porque no nos dice qué circunstancias ha de tener en cuenta el tribunal, ni siquiera en qué deben consistir estas medidas. Esto se ha ido clarificando a través de la práctica, que ha evolucionado hasta establecer el criterio de la “plausibilidad”. Este concepto tan abstracto se traduce en que la Corte tiene que considerar que existen “indicios razonables para creer” que los hechos que son objeto de la demanda podrían estar cometiéndose. Que son plausibles.

Toda orden adoptada por la Corte sobre las medidas provisionales es obligatoria. Ahora bien, es cierto que las posibilidades de que Israel acate las medidas provisionales son escasas. Este escenario está previsto en la Carta de Naciones Unidas, que dice que si una de las partes en un litigio dejara de cumplir las obligaciones que le impone un fallo de la Corte, la otra parte podrá recurrir al Consejo de Seguridad. Y este podrá, si lo cree necesario, hacer recomendaciones o dictar medidas con el objeto de que se lleve a efecto la ejecución del fallo. De algún modo, el Consejo de Seguridad se convierte en el garante de las medidas provisionales decididas por la Corte.

En el análisis de las medidas cautelares nos apoyamos en el artículo de Javier Chinchón Álvarez: Las medidas cautelares: luces y una sombra.

Con una celeridad que hay que agradecer ante el grado de horror al que estamos asistiendo, la Corte Internacional de Justicia emitió el viernes 26 de enero su decisión sobre las medidas cautelares en el caso por genocidio de Sudáfrica contra Israel. Muchas de las reacciones inmediatas la celebraron como “una decisión histórica”.

Con todo, hay sin duda una parte luminosa en la decisión del Tribunal. Lo primero es que existían dos cuestiones iniciales que habrían podido llevar a desestimar la demanda de un plumazo. Sobre una de ellas, la Corte decidió que tenía competencia para atender el caso sobre la base del artículo IX de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948. Hubiera sido un escándalo que hubiese concluido otra cosa, vista su jurisprudencia anterior. La otra cuestión se resumía en si existía una verdadera “controversia” entre Sudáfrica e Israel, lo que es también un requisito indispensable para que la Corte pueda examinar un caso.

Acertada y afortunadamente, la Corte no siguió esas posiciones y concluyó en este caso que dos y dos debían ser cuatro, de tal modo que se declaró plenamente competente para examinarlo.

A partir de ahí, la Corte ofreció al mundo una conclusión que debería remover la conciencia de cualquier persona de bien: a la luz de las evidencias disponibles, dijo, resultaba “plausible” afirmar que Israel estaba cometiendo y/o incitando a la comisión de un genocidio contra el pueblo palestino. A diferencia de otras cuestiones que trataré más adelante, se cuidó mucho –muy especialmente la inmensa mayoría de los votos particulares– de explicar, especificar y puntualizar de manera reiterada que eso no significaba que estuviera ya demostrado (judicialmente) que esas violaciones de la Convención contra el Genocidio hubieran ocurrido.

Sobre esta base, la Corte abordó las medidas cautelares solicitadas por Sudáfrica, que eran nueve. No creo que sea posible afirmar que las resolvió porque, amparándose en el artículo 75.2 de su Reglamento, decidió que iba a acordar una serie de medidas que no eran, en todo o en parte, coincidentes con las que pidió Sudáfrica. Fueron finalmente seis, y resulta muy llamativa no solo una omisión, sino que en todo el texto de su fallo no hay una sola línea que intente explicar el porqué de esta desaparición. Me refiero, de hecho, a lo primero que solicitó Sudáfrica: la suspensión inmediata de las operaciones militares en Gaza. Solamente en algunos de los votos particulares que acompañan a esta decisión, como el de la jueza ugandesa Sebutinde, se ofrecen algunos argumentos al respecto. Y no es desde luego una cuestión menor. Por aportar un dato adicional, el voto particular del juez israelí ad hoc Barak comienza precisamente destacando que la Corte rechazó esta petición, que caracterizó como “el principal argumento” de Sudáfrica, extrayendo de ello que así había reafirmado el derecho de Israel a defenderse –como lo está haciendo–, y en consecuencia subrayó que las medidas provisionales indicadas por la Corte tenían “un alcance significativamente más limitado” que las solicitadas por el Estado sudafricano. Así las cosas, creo que este saldo final complica la valoración de “decisión histórica”, como ya avancé.

No está entre las seis medidas acordadas, sin más. Y este silencio ha alimentado la cada vez más extendida convicción de que se están manejando dos varas de medir muy distintas: que la vida de los ciudadanos de un país europeo es más valiosa que la de los que viven en Oriente Medio, recordando las medidas que se adoptaron en la demanda de Ucrania contra Rusia. Y basta con citar la primera: que la Federación de Rusia debía suspender inmediatamente las operaciones militares que inició el 24 de febrero de 2022 en el territorio de Ucrania.

En este sentido, en el voto particular del juez Bhandari es donde encontramos una petición final a “todos los participantes en el conflicto” para que “todos los combates y hostilidades cesen de inmediato”. La decisión de la Corte se cierra con otro buen deseo en el que recuerda “que todas las partes en el conflicto en la Franja de Gaza están sujetas al derecho internacional humanitario”, y pide la liberación de todos los rehenes secuestrados durante el ataque de Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023.

De cualquier modo, lo que es indiscutible es que la Corte no ordenó a Israel detener sus operaciones militares, y por tanto, a su juicio, puede seguir con ellas, si así lo estima, pero tomando una serie de medidas para impedir la comisión de actos de genocidio, así como para poder sancionar a los que los pudieran incitar, cometer o estar cometiendo. Esto ha sido valorado positivamente por varios analistas, en el entendido de que ello obligará a Israel a replantear y/o limitar sus actuaciones militares. Yo no soy tan optimista, por varios motivos que resumiré en uno: Israel ha mantenido que nada de lo que está haciendo supone un acto prohibido por la Convención contra el Genocidio. En consecuencia, ¿qué cabe esperar que haga para cumplir las órdenes de la Corte? Me temo que exactamente lo mismo que está haciendo, porque a su entender, lo que está haciendo es exactamente eso: no hacer nada que pueda considerarse como actos genocidas. En otras palabras, es posible que sostenga que está acatando la decisión de la Corte mientras no modifica su comportamiento en absolutamente nada.

La sombra que proyecta esta lectura de la decisión de la Corte ofrece, no obstante, un pequeño rayo de luz final. Pues hay una medida concreta que debería cambiar sustancialmente al menos un aspecto del espanto que parece no tener fin. Me refiero a la orden de tomar medidas inmediatas y efectivas para permitir la prestación de servicios básicos y asistencia humanitaria que se necesitan con urgencia para abordar lo que llama “condiciones adversas de vida que enfrentan los palestinos en la Franja de Gaza”. En lenguaje más adecuado a la realidad, para poner fin a las condiciones que hacen la vida casi imposible en Gaza para miles y miles de personas; aquellas mismas, conviene no olvidarlo, que el Ministerio de Defensa de Israel definió como “animales humanos” cuya existencia iba a convertir “en un infierno”. Esta medida, no expresamente solicitada por Sudáfrica en su demanda, fue apoyada hasta por el juez israelí ad hoc Barak, pero los acontecimientos inmediatos tampoco invitan al optimismo.

La última medida cautelar aprobada por la Corte Internacional de Justicia ordena a Israel que le informe de todas las medidas adoptadas para dar efecto a su decisión en el plazo de un mes. Sudáfrica, en su demanda, había pedido que fuera en una semana. Ante el nivel de destrucción y sufrimiento que no para de crecer, un mes parece algo más que una eternidad. Con todo, de conformidad con el artículo 41.2 del Estatuto de la Corte, desde el viernes 26 de enero, su decisión está en la mesa del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

La demanda cuenta con el apoyo de la OCI (Organización de Cooperación Islámica), que reúne a 57 países, Bolivia, Brasil, Colombia y Venezuela. En España, 250 juristas han pedido al Gobierno que la respalde, pero no han tenido éxito.

Sobre la posición del Gobierno español, que no ha respaldado la demanda, la analista considera que las razones políticas han pesado más que las jurídicas en la decisión.

La Corte Penal Internacional

Ya desde octubre de 2023 el diario Público se preguntaba si era posible llevar a Netanyahu ante la Corte Penal Internacional. La CPI solo puede juzgar a personas, no a Estados, es decir, ante la Corte Penal Internacional podría responder el responsable del gobierno israelí, así como sus ministros, especialmente los relacionados con la defensa, y los mandos militares.

España puede como estado miembro de la CPI llevar una comunicación ante la fiscalía de la Corte para que estudiara si es posible iniciar una investigación contra Netanyahu y sus ministros. Así lo pidió hace unos días la ministra de Derechos Sociales en funciones y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, a Pedro Sánchez.

No sería la primera vez que la Corte Penal Internacional planteara sentar en el banquillo a Netanyahu. En 2021 la CPI declaró su jurisdicción en los territorios ocupados por Israel en Palestina: Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este –ocupados tras la guerra de 1967–, abriéndose una investigación por crímenes de guerra, en concreto en la Franja de Gaza.

La atención de la Corte Penal Internacional hacia los territorios ocupados por Israel en Palestina ya venía de atrás. En 2015, se abrió un examen preliminar para evaluar si el hostigamiento a la población de Gaza podría ser investigado. En aquella ocasión, se incluía en el examen preliminar la operación israelí contra Gaza ‘Margen protector', que tuvo lugar en el verano de 2014 y por la que murieron más de 2.000 palestinos y un centenar de israelíes, según las cifras que dio Naciones Unidas. Pese a las presiones que tuvo que soportar el tribunal, incluida la petición de Israel para «desmantelar» la CPI, se mantiene la investigación y, según indican fuentes jurídicas, perfectamente se podría ampliar ahora a los hechos actuales.

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas podría también llevar ante la CPI la actuación del Gobierno israelí en Palestina, pero el derecho de veto de los Estados miembros, entre ellos varios aliados de Israel, convierte la opción es inviable.

Ordenes de arresto emitidas por la Corte Penal Internacional

Más cercano en el tiempo, en noviembre de 2024, Naciones Unidas informa de la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI) emitió este jueves una orden de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, así como contra el comandante de Hamas Mohammed Mohammed Deif (presuntamente muerto), por cargos que incluirían crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos durante la conflagración entre Israel y Hamas iniciada el 7 de octubre de 2023.

En dos decisiones separadas, los magistrados del máximo órgano criminal rechazaron por unanimidad las impugnaciones de desconocimiento del Estatuto de Roma, el documento fundacional de la Corte, presentadas por el Estado de Israel, y ordenaron los mencionados arrestos de sus dos altos funcionarios. Israel también solicitó a la Corte que ordenara a la Fiscalía suspender cualquier investigación o procedimiento pertinente, como la evaluación de emitir órdenes de arresto de Netanyahu y Gallant, presentada por la Fiscalía el 20 de mayo de este año.

La Corte señaló que no es necesario que Israel acepte su competencia de la Corte, ya que el tribunal puede ejercer sobre la base de la competencia territorial de Palestina. Al ser Israel y Palestina partes de las Convenciones de Ginebra de 1949 y porque Israel ocupa al menos parte de Palestina, se aplicó el derecho internacional humanitario, explicó.

Asimismo, consideró que, de conformidad con el artículo 19(1) del Estatuto de Roma, los Estados no tienen derecho a impugnar la competencia de la Corte en virtud del artículo 19(2) antes de que se dicte una orden de arresto.

Con respecto a dichas órdenes, los jueces indicaron haber encontrado “motivos razonables” para creer que Benjamín Netanyahu y Yoav Gallant “son responsables penalmente de los siguientes crímenes como coautores por haber cometido los actos conjuntamente con otros: el crimen de guerra de hacer morir de hambre como método de guerra; y los crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos”.

La Corte también halló bases para pensar que Netanyahu y Gallant tienen responsabilidad penal, como superiores civiles, por el crimen de guerra de dirigir intencionalmente un ataque contra la población civil.

La Corte encontró “que la presunta conducta de Netanyahu y Gallant se refería a las actividades de los órganos gubernamentales israelíes y las fuerzas armadas contra la población civil en Palestina, más específicamente contra los civiles en Gaza”. También subrayó la relación entre una potencia ocupante y la población en un territorio ocupado.

“Por estas razones, en lo que respecta a los crímenes de guerra, la Sala consideró apropiado emitir las órdenes de arresto de conformidad con el derecho de los conflictos armados internacionales. La Sala también concluyó que los presuntos crímenes contra la humanidad formaban parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil de Gaza”.

Esta decisión obliga a los 124 Estados miembros del Estatuto de Roma a cumplir con las órdenes de arresto y detener a los acusados, incluso si se encuentran en alguno de los pocos países que no son parte del Estatuto, la Corte podría solicitar su extradición. Bajo estas circunstancias, si cualquiera de los dos dirigentes pone un pie en la capital de países tradicionalmente aliados o cercanos a Israel, como Canadá, el Reino Unido o Alemania, la policía de estos estados podría detenerles y enviarles a La Haya para acabar sentados en frente de un juez.

Este juicio marca un hito histórico, nunca antes la Corte Penal Internacional había acusado y ordenado el arresto de altos cargos electos de una democracia por su presunta implicación en crímenes contra la humanidad.

El caso contra Netanyahu y Gallant comenzó el 17 de noviembre de 2023, cuando la República de Sudáfrica junto con Bangladesh, Bolivia, Comoras y Yibuti, invocaron la prerrogativa para referir la situación en Palestina al Fiscal de la Corte. La Remisión es el equivalente en justicia estatal a una denuncia, un conjunto de alegaciones contra un acusado, en este caso el ejecutivo israelí, por unos hechos, las acciones cometidas por Israel en los territorios palestinos, acciones que podrían ser consideradas crímenes bajo la lupa del Estatuto de Roma.

Sin embargo, todavía falta un elemento. Como en todo proceso legal, para que un tribunal pueda dictar sentencia en un caso se requiere que el mismo tenga jurisdicción, esto es, el poder para juzgar los hechos. La Corte Penal Internacional es un tribunal de jurisdicción voluntaria, lo que significa que, para que ejerza su autoridad sobre un caso, los Estados Parte deben aceptar su jurisdicción. El Estatuto de Roma reconoce dos condiciones previas bajo las cuales la CPI puede ejercer su jurisdicción: la conexión territorial y la conexión por razón de nacionalidad. Es decir, la Corte tiene jurisdicción para juzgar a los acusados si el crimen se ha cometido en el territorio de un Estado que ha ratificado el Estatuto de Roma o si el acusado es nacional de un Estado Parte.

Aunque Israel no ha firmado ni ratificado el Estatuto de Roma, Palestina es parte integral de este tratado. El 1 de enero de 2015, el Gobierno del Estado de Palestina aceptó y formalizó la jurisdicción de la Corte sobre su territorio, dándole poder para juzgar cualquier crimen contra la humanidad cometido por ciudadanos palestinos o en el territorio internacionalmente reconocido como Palestina (Línea Verde). La ratificación habilita a la Corte Penal Internacional para juzgar a Netanyahu y Gallant por las acciones cometidas en Gaza, ya que estas se llevaron a cabo, supuestamente, en el territorio del Estado palestino y tras la ratificación del Estatuto.

Ya están presentes todas las piezas del puzle:

- Las acciones del gobierno israelí en los territorios palestinos durante la guerra de Gaza, y las acusaciones de crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra derivados de dichas acciones.
- Los acusados, el Primer Ministro Benjamin Netanyahu y el antiguo Ministro de Defensa Yoav Gallant, como sumos responsables de dirigir las operaciones.
- Las pruebas: ataques probados de las fuerzas armadas israelíes contra objetivos civiles, los desplazamientos forzados de población civil ordenados por las Fuerzas de Defensa de Israel, la violación de Resoluciones de Naciones Unidas y declaraciones de ciertos miembros del gabinete.

El 17 de noviembre de 2023 Sudáfrica remitió las acusaciones contra Israel ante la Corte Penal Internacional y, poco después, el Fiscal acordó iniciar un procedimiento judicial para llegar al fondo de las acusaciones. Estas son las bases y el inicio de un juicio llamado a pasar a la historia. ¿Qué ocurrirá al final?

Fuente: https://www.politicanoviolenta.org/...